“Uribe trató de legalizar las mafias narcoparamilitares en Colombia”... Uribe fue un firme aliado de Estados Unidos que gobernó Colombia de 2002 a 2010. Durante su presidencia hubo miles de ejecuciones extrajudiciales de civiles, y creó un grupo paramilitar en su hacienda, el llamado bloque Metro (senador Iván Cepeda)

 "El expresidente de Colombia Álvaro Uribe ha sido condenado a 12 años de arresto domiciliario tras ser declarado culpable de soborno a testigos y fraude procesal. Uribe fue condenado por sobornar a miembros encarcelados de grupos paramilitares para que cambiaran testimonios que lo perjudicaban y que exponían los vínculos de Uribe con grupos paramilitares de derecha respaldados por Estados Unidos. Uribe fue un firme aliado de Estados Unidos que gobernó Colombia de 2002 a 2010. Durante su presidencia hubo miles de ejecuciones extrajudiciales de civiles, que luego fueron identificados intencionalmente como combatientes rebeldes en lo que se conoció como el escándalo de los “falsos positivos”. Las ejecuciones tuvieron lugar entre 2004 y 2008, cuando el ejército colombiano, respaldado por Estados Unidos, intensificó su represión contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

“Uribe es un hombre supremamente poderoso, es el líder más reconocido de la extrema derecha colombiana, que intentó imponer en el año 2002 un modelo de sociedad en el cual las mafias narcoparamilitares se legalizaran y ejercieran un dominio”, dice el senador y activista por los derechos humanos Iván Cepeda, quien encabezó los esfuerzos para investigar los vínculos de Uribe con los paramilitares.

Transcripción

AMY GOODMAN: Esto es Democracy Now!, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, soy Amy Goodman, con Juan González.

Hoy hablamos de Colombia, donde el expresidente Álvaro Uribe ha sido condenado a 12 años de arresto domiciliario tras ser declarado culpable de soborno a testigos y fraude procesal. Uribe fue condenado por sobornar a miembros encarcelados de grupos paramilitares para que cambiaran testimonios que lo perjudicaban y que exponían los vínculos de Uribe con grupos paramilitares de derecha respaldados por Estados Unidos.

Uribe fue un firme aliado de Estados Unidos que gobernó Colombia de 2002 a 2010. Durante su presidencia hubo miles de ejecuciones extrajudiciales de civiles, que luego fueron identificados intencionalmente como combatientes rebeldes en lo que se conoció como el escándalo de los “falsos positivos”. Las ejecuciones tuvieron lugar entre 2004 y 2008, cuando el ejército colombiano, respaldado por Estados Unidos, intensificó su represión contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

Para más información nos acompaña desde Bogotá, la capital colombiana, el senador de izquierda Iván Cepeda, quien encabezó los esfuerzos para investigar los vínculos de Uribe con los paramilitares. El padre de Iván Cepeda, el líder político de izquierda Manuel Cepeda, fue asesinado en 1994.

Es un honor tenerlo con nosotros, Iván Cepeda, ¿puede hablar sobre la importancia de lo que le acaba de suceder a Uribe, su condena y sentencia, y lo que significa para una audiencia global?

IVÁN CEPEDA: Bueno, gracias a Amy Goodman, a Juan González y a Democracy Now. Yo creo que tiene dos grandes significados, este hecho judicial que se ha producido el pasado 28 de julio. El primero es que no había ocurrido en Colombia que un ex jefe de Estado o jefe de Estado en ejercicio fuera juzgado y menos, por supuesto, condenado.

Y en segundo lugar, que se trata de un hombre supremamente poderoso. Es el líder más reconocido de la extrema derecha colombiana. Y yo diría que un líder muy visible de la extrema derecha en el continente y que intentó imponer en el año 2002 un modelo de sociedad en el cual las mafias narcoparamilitares se legalizaran y ejercieran un dominio.

JUAN GONZÁLEZ: ¿Nos puede dar detalles de la evidencia en contra de Uribe y su conexión personal al caso?

IVÁN CEPEDA: En el año 2011, cuando yo pasé de ser miembro de una organización de derechos humanos a congresista defensor de derechos humanos, dos paramilitares entregaron declaraciones en las cárceles que decían que Uribe había fundado un grupo paramilitar en una de sus grandes haciendas. Hice un debate en el Congreso sobre ese asunto y Uribe creó un aparato criminal en el que más de 20 falsos testigos intentaron engañar a la justicia. Esos falsos testigos eran paramilitares o narcotraficantes.

JUAN GONZÁLEZ: Uribe lo acusó de difamación en el 2012. ¿Nos puede explicar un poco qué pasó ahí?

IVÁN CEPEDA: Sí, Uribe intentó decir que las declaraciones de los paramilitares eran una calumnia y que yo había intentado sobornarlos a través de ofrecimientos de dineros y de ayuda jurídica para que ellos testificaran en contra de él y de su hermano Santiago. Luego de la investigación que hizo la Corte Suprema de Justicia en el año 2018, la corte demostró que yo no había incurrido en ningún delito y que, por el contrario, había razones para investigar a Uribe y se invirtieron entonces los lugares. Uribe pasó a ser el investigado en 2018 y yo pasé a ser la víctima.

JUAN GONZÁLEZ: ¿Nos puede hablar de otras investigaciones en contra de Uribe, especialmente cuando él era gobernador de Antioquia, en los 90, en 1997, y una masacre de campesinos [a manos] de los paramilitares?

IVÁN CEPEDA: Sí, Uribe tiene múltiples investigaciones, pero aquellas de la década de 1990, cuando él era gobernador de Antioquia, son básicamente tres grandes investigaciones. Una es por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, que fue asesinado por sus denuncias en materia de violaciones que se estaban cometiendo bajo el Gobierno departamental de Uribe.

En segundo lugar, las masacres de El Aro y La Granja, que fueron masacres que perpetraron los grupos paramilitares.

Y la tercera situación es la creación de este grupo paramilitar en su hacienda, el llamado bloque Metro. Esas tres investigaciones ahora forman un solo caso y van a tener seguramente un impulso a raíz de esta decisión que se ha tomado en mi caso, puesto que lo que estaba intentando Uribe era ocultar su responsabilidad presunta en esos hechos que se estaban investigando de paramilitarismo.

AMY GOODMAN: Senador Cepeda, usted está sentado en su despacho, y detrás de usted hay un letrero que dice 6.402. ¿Puede explicar qué significa ese número? ¿Y podría contarnos también lo que le pasó a su padre, el líder político de izquierda Manuel Cepeda?

IVÁN CEPEDA: Bueno, esa cifra es la que han establecido las autoridades judiciales que fueron las víctimas de los mal llamados “falsos positivos” bajo los dos gobiernos de Uribe. Se presume que son muchas más, pero por ahora la Justicia habla de 6.402 víctimas, jóvenes que fueron asesinados por miembros de Fuerza Pública y presentados como si fueran terroristas o guerrilleros ante la opinión pública.

Y con relación a mi padre, mi padre fue asesinado ya hace más de 30 años y hoy en día, luego de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado ha reconocido que fueron militares los responsables del asesinato de mi padre en una operación conjunta con paramilitares. El Estado colombiano ha pedido perdón y hay algunos de los responsables, sobre todo materiales, que han ido a la cárcel.

AMY GOODMAN: Quería preguntarle sobre el papel de Estados Unidos a lo largo de estas décadas con el apoyo a lo que se conoce como el Plan Colombia, y ahora con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien denunció el juicio contra Uribe y escribió en las redes sociales: “El único delito de Uribe ha sido luchar y defender incansablemente su patria. El uso del poder judicial de Colombia como un arma política por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”. Esto casi me hace pensar que se podrían imponer más aranceles a Colombia para liberar [a Uribe] de su arresto domiciliario. ¿Puede comentar sobre el papel de Estados Unidos a lo largo de estos años, senador Cepeda?

IVÁN CEPEDA: Bueno, sobre los años del Plan Colombia, está claramente establecido que, durante la vigencia de ese plan, Colombia vivió su peor época de violación masiva de derechos humanos. Las peores cifras, cifras realmente enormes de desplazamiento forzado, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y crecimiento del paramilitarismo se dieron exactamente en los años en que se suponía que esta ayuda que estaba dando el Gobierno de Estados Unidos iba a contribuir a superar la violencia en Colombia.

Y con relación a las declaraciones del secretario Marco Rubio, yo quiero simplemente suscribir lo que ha dicho el representante a la Cámara, el demócrata Jim McGovern: es una declaración vergonzosa porque implica una intromisión grosera en la soberanía de nuestro país a través de una acusación temeraria contra todo el Poder Judicial y contra una juez que ha actuado en el ejercicio del Estado de derecho para condenar, por razones claramente jurídicas, a un exmandatario que es un ciudadano como cualquier otro. Así que, como lo hizo ayer el presidente Petro, exigimos que se respete nuestra soberanía como nación.

JUAN GONZÁLEZ: Ya son casi diez años desde que el Gobierno de Colombia llegó a un acuerdo de paz con las FARC, el grupo guerrillero más grande de Colombia, de los muchos que había en el país en los últimos 60 años. ¿Cuál es el estado hoy en día de la violencia política en Colombia? ¿Los sindicatos laborales y organizaciones de derechos humanos están libres para operar en el país?

IVÁN CEPEDA: El proceso de paz y el acuerdo de paz de 2016 significó un avance histórico en Colombia. Hubo efectivamente una reducción significativa de la violencia y en algunas partes del país se logró llegar a una situación mejor en materia de derechos humanos, pero lamentablemente esto no significa que se haya acabado la violencia. Hay todavía grupos guerrilleros, hay organizaciones del narcotráfico, redes paramilitares que siguen operando y en ese sentido el problema del narcotráfico sigue siendo un problema esencial en Colombia, que requiere una solución distinta a la que se ha planteado.

Y por último, diría que este Gobierno, el Gobierno actual, el Gobierno del presidente Petro, tiene unos recursos muy importantes con relación a un descenso enorme en materia de violaciones de derechos humanos, las fuerzas militares en estos años han registrado que los hechos violatorios de derechos humanos han decrecido significativamente y en algunos casos casi que desaparecido.

JUAN GONZÁLEZ: Quisiera preguntarle en términos del Gobierno presente del presidente Petro y la posición de su Gobierno en términos de la guerra de Israel en contra de los palestinos, y especialmente del genocidio en Gaza. Su presidente ha sido uno de los que han condenado de forma más firme a Israel. ¿Nos puede hablar de cuál ha sido la reacción tanto de otros Gobiernos en América Latina como en el resto del mundo a la posición de Colombia?

IVÁN CEPEDA: El presidente Petro, para orgullo nuestro, ha cumplido un rol de líder internacional en este campo. No solamente antes de que comenzara esta fase, esta última fase del genocidio contra el pueblo palestino, hizo propuestas para una conferencia internacional para que se resolviera el problema entre Israel y Palestina por la vía pacífica, sino que cuando comenzó esta fase del ataque más criminal, obviamente la acción de Hamás, pero sobre todo este genocidio del pueblo palestino por parte del Gobierno israelí, el presidente Petro asumió una posición vertical, de ruptura de relaciones con ese Gobierno, de búsqueda de justicia y de detener inmediatamente el genocidio contra el pueblo palestino. Hay voces en América Latina y el concierto internacional que han acompañado esa posición, pero es evidente que, frente a un hecho tan grave que afecta a la humanidad, la respuesta tiene que ser una respuesta mucho más clara y decidida por parte de la comunidad internacional en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en fin, en otras partes del planeta en la cual la reacción ha sido, hay que decirlo, débil por parte de los Gobiernos.

AMY GOODMAN: Senador Iván Cepeda, queremos darle las gracias por acompañarnos. Defensor de los derechos humanos, se comunicó desde Bogotá, la capital de Colombia. El padre de Iván Cepeda, el líder político de izquierda Manuel Cepeda, fue asesinado en 1994.

(Entrevista a Iván Cepeda, Amy Goodman, Juan González, Democracy Now, 07/08/25)

Intento de golpe de Estado en Colombia... Entre tramas mafiosas e intereses económicos, la estabilidad de Colombia vuelve a estar en la cuerda floja... hay similitudes con el golpe en Honduras contra el presidente Manuel Zelaya, derrocado por un golpe militar en 2009. Zelaya, que intentaba promover reformas a favor de las clases más pobres, fue destituido bajo la acusación de haber intentado cambiar la Constitución... La destitución de Zelaya es un precedente significativo porque muestra cómo los intentos de golpe de Estado no se limitan necesariamente a las intervenciones militares tradicionales (Giulio Chinappi)

 "El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha denunciado un inminente golpe de Estado, con inquietantes similitudes con los escenarios de desestabilización de Venezuela y Honduras. Entre tramas mafiosas e intereses económicos, la estabilidad de Colombia vuelve a estar en la cuerda floja.

América Latina atraviesa en los últimos años una nueva fase de creciente inestabilidad política, alimentada por tensiones sociales y económicas y conflictos de intereses entre distintos sectores de poder, con una evidente injerencia de fuerzas extranjeras. Colombia, Venezuela y Honduras son tres ejemplos emblemáticos de esta situación, con intentos de golpe de estado, intentos de desestabilización y amenazas a las instituciones democráticas emergiendo como temas centrales en el panorama regional. Tras abordar las cuestiones de Venezuela y Honduras, donde los gobiernos progresistas han sido objeto de intentos de desestabilización, en este artículo nos centraremos en los últimos acontecimientos en la situación colombiana.

 En Colombia, el presidente progresista Gustavo Petro denunció recientemente un intento de golpe de Estado orquestado por sectores económicos y políticos históricamente vinculados al poder económico del país. Petro, el primer presidente de izquierdas de la historia colombiana, puso de relieve cómo el Consejo Electoral (CE) está poniendo en marcha una estrategia para suspenderle del cargo e impedir cualquier proceso de transformación a favor de las clases históricamente desfavorecidas.

La denuncia de Petro llamó la atención no sólo en Colombia, sino en toda la región. El presidente dijo que la CE está investigando supuestas irregularidades en la financiación de su campaña, lo que interpretó como un pretexto para sacarlo del poder. Estas acusaciones se enmarcan en un contexto más amplio de feroz oposición a las reformas sociales y políticas que Petro ha intentado introducir, como la reforma agraria y la reforma sanitaria, ambas fuertemente contestadas por los sectores más conservadores del país, liderados por la derecha que ha gobernado durante décadas con el apoyo de Estados Unidos.

 Petro también hizo hincapié en la implicación del crimen organizado en los intentos de desestabilización, afirmando que se necesitaban importantes sumas de dinero para financiar estos esfuerzos. En particular, el presidente expresó su preocupación por un posible atentado contra su vida, de acuerdo con la información recibida de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) sobre un plan para asesinarlo.

La situación en Colombia recuerda en muchos aspectos a los recientes acontecimientos en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro ha denunciado repetidamente intentos de golpe de Estado apoyados por fuerzas externas e internas. También en Venezuela, las tensiones entre el Gobierno y la oposición han dado lugar a episodios de violencia política, intentos de derrocamiento y continuas injerencias extranjeras.

Un ejemplo emblemático fue el intento de golpe de Estado de 2019, cuando Juan Guaidó, líder de la oposición, se autoproclamó presidente interino con el apoyo de varios países occidentales, entre ellos Estados Unidos. Maduro, sin embargo, siempre ha logrado mantener el control del país, gracias en parte al apoyo de las Fuerzas Armadas e importantes sectores de la sociedad civil venezolana.

 Por ello, las acusaciones de Petro de que se prepara un golpe de Estado en su contra resuenan de forma preocupante, sobre todo teniendo en cuenta las similitudes con lo ocurrido con Maduro. Ambos presidentes representan gobiernos de izquierda, ambos han propuesto reformas radicales y ambiciosas, y ambos han enfrentado una fuerte oposición de las élites tradicionales y sectores conservadores.

Otro caso relevante, como se mencionó anteriormente, es el de Honduras, donde el presidente Manuel Zelaya fue derrocado en un golpe militar en 2009. Zelaya, que intentaba promover reformas a favor de las clases más pobres, fue destituido bajo la acusación de haber intentado cambiar la Constitución para prolongar su mandato presidencial. Este episodio marcó el inicio de un periodo de inestabilidad política y social en el país centroamericano, con un creciente control de las fuerzas conservadoras sobre el gobierno, al menos hasta la reciente victoria electoral de Xiomara Castro, esposa de Zelaya.

La destitución de Zelaya es un precedente significativo porque muestra cómo los intentos de golpe de Estado no se limitan necesariamente a las intervenciones militares tradicionales (al estilo Pinochet, para entendernos). En el caso de Zelaya, fueron las instituciones jurídicas y políticas del país las que orquestaron su destitución, una táctica que ahora parece utilizarse también en Colombia, donde Petro ha denunciado que un órgano del Estado, el Consejo Electoral, está supuestamente intentando deslegitimar su gobierno a través de un proceso judicial y político.

Otro aspecto en común entre Colombia, Venezuela y Honduras (pero podríamos alargar la lista añadiendo otros países de la región) es el papel de fuerzas externas e intereses económicos en los intentos de desestabilización. En los tres países, los gobiernos progresistas han denunciado la influencia de potencias extranjeras, en particular de Estados Unidos, en el apoyo a la oposición y en el intento de bloquear las reformas sociales y económicas.

En el caso de Petro, indicó que hay sectores empresariales y criminales que están financiando los intentos de desestabilización. Estos grupos, según Petro, ven sus políticas como una amenaza a sus intereses económicos y están dispuestos a utilizar todos los medios a su alcance, incluida la violencia, para frenar su gobierno.

También en este aspecto la situación es similar a lo ocurrido en Venezuela, donde Maduro denunció la implicación de potencias extranjeras, en particular Estados Unidos, en el apoyo a intentos golpistas en su contra. Lo mismo ocurre en Honduras, donde los intereses económicos y políticos vinculados a las élites tradicionales desempeñaron un papel central en el derrocamiento de Zelaya y en los nuevos intentos de desestabilizar el gobierno de Xiomara Castro.

A la luz del artículo, podemos decir que Colombia, Venezuela y Honduras representan tres ejemplos de cómo la democracia en América Latina está siendo presionada por fuerzas internas y externas que buscan mantener el status quo. Los gobiernos progresistas de Petro, Maduro y la pareja Zelaya-Castro han intentado implementar reformas a favor de las clases más desfavorecidas, desafiando los intereses de las élites económicas y políticas que han dominado la región durante décadas.

Sin embargo, estas experiencias demuestran lo difícil que es lograr cambios significativos en un contexto de fuerte oposición interna y externa. Los intentos de golpe de Estado, ya sean de naturaleza militar, política o económica, suponen una amenaza real para la estabilidad y la continuidad democrática de estos países."                (Giulio Chinappi , Marx21, 24/09/24)

Golpe blando en Colombia contra Petro... El golpe se lleva a cabo desde tres frentes: el mediático, el jurídico y el sabotaje a medicamentos y carburantes, con paros de los camioneros como en el Chile de 1973 previo al golpe de Pinochet... El objetivo es crear odio y miedo hacia Petro y todo lo que le rodea, incluida su hija de 14 años que tuvo que salir del país por el reiterado acoso recibido por gente contratada para ello. El ataque también es jurídico, de nuevo contra el presidente, su familia, el Ejecutivo, los partidos de Gobierno y contra las reformas que se están llevando a cabo, como la reforma pensional, que ya suma 120 demandas en las Cortes. “Buscan el desgaste físico y moral del gobierno”... Advierten del peligro añadido de que la ultraderecha fascista está armada

 "El gobierno de Gustavo Petro de Colombia está sufriendo un brutal golpe blando. Así lo han explicado el secretario nacional de Organización del Partido Comunista Colombiano (PCC), Jorge Gómez, y su director administrativo y financiero, Jefferson Corredor, en un encuentro mantenido con Mundo Obrero en Madrid. El golpe se lleva a cabo desde tres frentes: el mediático, el jurídico y el sabotaje a medicamentos y carburantes, con paros de los camioneros como en el Chile de 1973 previo al golpe de Pinochet. La situación ha llegado a un punto en el que el Partido Comunista Colombiano se ha declarado en estado de alerta.

“Estamos viviendo la mayor ofensiva mediática que nadie haya soportado en este país” dijo el secretario nacional del PCC, una ofensiva “descomunal” contra Petro, su familia, el gabinete de Gobierno, el Pacto Histórico y los partidos que lo forman. Emplean muchas calumnias y las características utilizadas por los ideólogos del fascismo y toda la ofensiva mediática se hace desde un cerco en el que destacan el Grupo Prisa Caracol. El objetivo es crear odio y miedo hacia Petro y todo lo que le rodea, incluida su hija de 14 años que tuvo que salir del país por el reiterado acoso recibido por gente contratada para ello.

El ataque también es jurídico, de nuevo contra el presidente, su familia, el Ejecutivo, los partidos de Gobierno y contra las reformas que se están llevando a cabo, como la reforma pensional, que ya suma 120 demandas en las Cortes. “Buscan el desgaste físico y moral del gobierno”, resumió Jorge Gómez.

Los dirigentes colombianos advirtieron de la organización de un proyecto de ultraderecha fascista y de la necesidad de permanecer unidos para hacer frente a esa derecha que defiende los intereses de clase de los terratenientes y empresarios. La oligarquía tiene un largo historial de violencia y asesinatos en el país —que dejó más de 9.000 muertos en el partido comunista— a los que hay que sumar decenas de miles de desplazamientos y la estigmatización de la militancia. Advierten del peligro añadido de que la ultraderecha fascista está armada.

Esa amenaza se suma al miedo a la pertenencia que generó la guerra sucia en Colombia. Miedo sobre todo a la pertenencia al Partido Comunista. Hay razones fundadas: en lo que va de año ya han sido asesinados 700 líderes y lideresas de movimientos sociales y acción comunal.

La unión vuelve a ser la única solución no sólo para mantener el gobierno y la apertura democrática sino para plantar resistencia al golpe blando y a la ofensiva fascista. También para asegurar la supervivencia vital. Y esa unión tiene que articular el movimiento popular y el Pacto Histórico. En este sentido, este fin de semana se celebrará un gran encuentro para organizar la Coordinadora Nacional por el Cambio, un proyecto político que vaya más allá de lo electoral.

Los miembros del Buró del PCC contaron que en la izquierda es fácil dividirse, que lo difícil es unirse y trabajar una política de frente amplio. El Partido Comunista Colombiano trabaja en esa línea y lo hace desde unos principios claros: no disolver el Partido, aunque están dispuestos a entregar la personalidad jurídica; trabajar con un acuerdo programático y con la participación de los movimientos sociales; un funcionamiento absolutamente democrático y sin caudillismos; listas paritarias cremallera y una financiación muy clara. Todo para posibilitar un Pacto Histórico fuerte que lidere un frente amplio. “El gobierno es un escenario en disputa contra el Neoliberalismo, contra la corrupción y contra las viejas formas de hacer política” y ahí hay que ir unidos.

El encuentro sirvió para profundizar en la colaboración entre los periódicos de ambos partidos comunistas, Voz y Mundo Obrero, a la hora de dar a conocer las realidades de la situación política y social de cada país, y reforzar la lucha ideológica contra el neoliberalismo y el imperialismo."                    (MundoObrero, 13/09/24)

Existe una convicción creciente en la opinión pública internacional de que la estrategia de guerra contra las drogas impulsada por Estados Unidos y sus aliados en todo el mundo durante más de medio siglo fue un rotundo fracaso... Los países productores de materia prima para la elaboración de drogas ilegales, como es el caso de la coca en Colombia y de la amapola en Afganistán, han sido los más castigados por la intervención exterior y la violencia extrema de las mafias del narcotráfico consolidadas con la política represiva. Dichas organizaciones criminales se han adueñado de los principales resortes de poder de los respectivos Estados... ante esta situación, el Gobierno de Colombia ha tomado la iniciativa mundial en proponer un cambio de paradigma en el tratamiento del comercio mundial de drogas psicoactivas... el presidente Gustavo Petro esbozó los fundamentos de la política de drogas de Colombia durante su presidencia, enmarcada en un proyecto estratégico de lucha contra el cambio climático como prioridad absoluta. Abandonar la inútil y perjudicial guerra contra las drogas para centrar los esfuerzos en combatir el uso de combustibles fósiles fue la principal idea-fuerza de su alocución... Petro formuló este enorme desafío: “¿Qué es más venenoso para la humanidad, la cocaína, el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida... Estas son las cosas del poder mundial, cosas de la injusticia, cosas de la irracionalidad, porque el poder mundial se ha vuelto irracional... El Grupo de Puebla constata que el narcotráfico se ha convertido en un problema transnacional y global, Por eso proponemos una alianza latinoamericana para encontrar una solución basada en la desregulación de la prohibición de las drogas, y de dar un tratamiento social y sanitario, y no exclusivamente penal, a la adicción y el consumo

 “Les propongo como presidente de uno de los países más hermosos de la tierra, y de los más ensangrentados y violentados, acabar la guerra contra las drogas y permitir que nuestro pueblo viva en paz”

Gustavo Petro, primer discurso ante la ONU

 Existe una convicción creciente en la opinión pública internacional de que la estrategia de guerra contra las drogas impulsada por Estados Unidos y sus aliados en todo el mundo durante más de medio siglo fue un rotundo fracaso. Esa estrategia antinarcóticos militarizada naufragó en su propósito de reducir la producción de sustancias psicoactivas ilegales, que no dejó de crecer año tras año. Tampoco fue efectiva en la contención del consumo y menos aún en reducir los problemas de salud pública de los usuarios. 

Los países productores de materia prima para la elaboración de drogas ilegales, como es el caso de la coca en Colombia y de la amapola en Afganistán, han sido los más castigados por la intervención exterior y la violencia extrema de las mafias del narcotráfico consolidadas con la política represiva. Dichas organizaciones criminales se han adueñado de los principales resortes de poder de los respectivos Estados, aliándose con dirigentes políticos, fiscales, policías, jueces, militares y terratenientes para aumentar su influencia y conservar la impunidad.

El fracaso de la guerra contra las drogas

El Gobierno de Colombia ha tomado la iniciativa mundial en proponer un cambio de paradigma en el tratamiento del comercio mundial de drogas psicoactivas. En su primera intervención ante la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2022, el presidente Gustavo Petro esbozó los fundamentos de la política de drogas de Colombia durante su presidencia. Una política nacional de drogas completamente opuesta a la de sus antecesores, enmarcada en un proyecto estratégico de lucha contra el cambio climático como prioridad absoluta. Abandonar la inútil y perjudicial guerra contra las drogas para centrar los esfuerzos en combatir el uso de combustibles fósiles fue la principal idea-fuerza de su alocución.

Consciente de que ambos cambios de rumbo deben articularse en un contexto de cooperación internacional, Petro formuló este enorme desafío: “¿Qué es más venenoso para la humanidad, la cocaína, el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis, y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada, pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial, cosas de la injusticia, cosas de la irracionalidad, porque el poder mundial se ha vuelto irracional”.

La necesidad de una nueva política internacional de drogas estuvo presente en el encuentro que mantuvieron Gustavo Petro y el presidente mexicano, Manuel López Obrador, en noviembre de 2022 en México. Ambos mandatarios convocaron a una gran conferencia de dirigentes de la región con el fin de “rediseñar y replantear la política de drogas”, según se indicó entonces en un comunicado conjunto de las dos cancillerías.

Manuel López Obrador declaró unos días más tarde: “El presidente Gustavo Petro tiene una propuesta, la esbozó, dio a conocer los lineamientos generales. La idea es atender más lo preventivo, el que se pueda evitar que la gente, sobre todo los jóvenes, por necesidad, se dediquen a estas actividades ilícitas”. Y aseguró que su Gobierno coincide con esos lineamientos. Ambos presidentes promueven desde entonces conjuntamente un cambio de paradigma en la lucha antidrogas que apunte a las causas estructurales del consumo, poniendo énfasis en la cuestión de la demanda que genera la persistencia de la oferta. 

En apoyo de la política de drogas del Gobierno de Colombia se manifestaron también los países con políticas progresistas integrados en el Grupo de Puebla, durante la reunión que mantuvieron en noviembre de 2022 en Santa Marta. El comunicado final del VIII Encuentro de mandatarios y expresidentes de estos países sitúa los nuevos términos del debate: “El Grupo de Puebla constata que el narcotráfico se ha convertido en un problema transnacional y global. Los principales países consumidores deben asumir su responsabilidad en buscar una salida distinta al problema. Por eso proponemos una alianza latinoamericana para encontrar una solución basada en la desregulación de la prohibición de las drogas, y de dar un tratamiento social y sanitario, y no exclusivamente penal, a la adicción y el consumo”.

Conferencia Latinoamericana sobre Drogas

A fin de intercambiar ideas y buscar soluciones continentales a la situación actual, impuesta por las políticas de los países consumidores, los gobiernos de Colombia y México convocaron a una Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, celebrada en Cali entre el 7 y el 9 de septiembre de 2023. A la reunión asistió Manuel López Obrador e intervinieron una veintena de delegaciones de países latinoamericanos y caribeños. En palabras de la ministra colombiana de Ambiente, Susana Muhamad, con esta iniciativa se busca “construir un consenso latinoamericano” para abordar desde otro enfoque la problemática de las drogas. Esta primera reunión de expertos de diferentes países sería la antesala de una futura cumbre de presidentes de la región.

En su intervención de cierre de la Conferencia, el presidente de Colombia expuso los principales lineamientos de su política de drogas, formulada en un documento de 80 páginas titulado Sembrando vida desterramos el narcotráfico. Petro ahondó en sus críticas al fracaso de la guerra contra las drogas declarada por Estados Unidos y situó a los países latinoamericanos como las principales víctimas de esas políticas perjudiciales y contraproducentes.

Tras recordar que Colombia tiene “una experiencia de 50 años, sanguinaria y feroz”, de fracasada guerra contra las drogas, Gustavo Petro definió el motivo fundamental de la convocatoria: “Quizás el hecho de ser los citantes de esta reunión Colombia y México, tiene un valor en el planeta Tierra, en la Humanidad. Porque nosotros somos las mayores víctimas de esta política”, dijo, a pesar de haber sido señalados 50 años como victimarios. Argumentó que la fallida estrategia de guerra acabó por extenderse a todo el continente, convirtiéndose en un problema americano, “de todas las Américas”: “Nuestro silencio en estos 50 años ha sido cómplice con un genocidio en nuestros países, porque eso es lo que ha provocado la política oficial de guerra contra las drogas en nuestra América Latina, un genocidio”.

El propósito de la Conferencia es que “América Latina hable por sí misma, y no repita los discursos oficiales del poder mundial en este tema específico”, que tiene unas consecuencias dramáticas para los países latinoamericanos: “La guerra contra las drogas ha hecho víctimas a todas las sociedades latinoamericanas de sus consecuencias.”

Uno de los principales resultados del encuentro fue la firma de un documento por parte de las delegaciones de los 19 países latinoamericanos participantes en la Conferencia, comprometiéndose a abordar el problema internacional de las drogas con un nuevo enfoque que permita crear espacios de diálogo para legitimar y revalorizar internacionalmente a las plantas de uso ancestral como la coca. Uno de los puntos más controvertidos de la Conferencia, no reflejado en el documento final, fue la propuesta de sacar a la hoja de coca de la lista amarilla de estupefacientes, en la que figura desde la Convención sobre Estupefacientes celebrada en Viena en 1961. El debate seguirá abierto mediante la conformación de un Grupo de Seguimiento que aportará sus conclusiones a organismos internacionales, como la Comisión de Estupefacientes de la ONU, que se reúne en marzo de 2024, con el fin de propiciar una cumbre de jefes de Estado en 2025 también en el marco de Naciones Unidas.

Los debates sobre la regulación de las drogas en Colombia

Varias instituciones colombianas y organizaciones internacionales se han abocado desde hace mucho tiempo a la tarea de investigar cómo sería una posible regulación del cultivo y comercio de las principales drogas consideradas ‘ilícitas’ que se producen en Colombia. Por ejemplo, seis instituciones académicas y de la sociedad civil (CESED, ATS, Elementa DDHH, Dejusticia, Viso Mutop y FIP) han elaborado conjuntamente un Memorando al Gobierno Nacional sobre la nueva política de drogas, presentado en septiembre de 2022, con una serie de recomendaciones para “reformar” esa política. Dicha reforma es “un paso necesario para alcanzar la paz en Colombia” ya que “el prohibicionismo ha sido un factor de persistencia del conflicto armado”. El Memorando sugiere una estrategia a seguir en el corto y mediano plazo sobre la regulación del cannabis, las plantaciones de coca y la producción y el consumo de cocaína. 

La regulación del cannabis recreativo

El proyecto de ley para regularizar el cannabis de uso adulto fue radicado en el Congreso por el senador liberal Juan Carlos Losada y contó con el firme respaldo del Pacto Histórico y de otros sectores políticos. No es el primer proyecto presentado en este sentido, ya que se tramitaron otros similares en 2019, 2020 y 2021, que sin embargo no consiguieron llegar al debate en sesión plenaria. 

El mayor obstáculo de un proyecto semejante es que que supone cambiar el artículo 49 de la Constitución sobre el Derecho a la Salud, que fue modificado en 2009, durante el Gobierno de Uribe, a fin de incluir la prohibición del porte y consumo de sustancias psicoactivas, un precepto que antes no existía en la norma constitucional. Con ese añadido quedó reforzado el prohibicionismo como el principal rasgo de la política nacional de drogas.

La propuesta de ley de regulación del cannabis de uso adulto fue aprobada en octubre de 2022 por la Cámara de Representantes, con 105 votos a favor y 33 votos en contra, incluyendo la necesaria modificación del artículo 49 de la Constitución, y todo parecía indicar que también se aprobaría en el Senado, donde fue necesario realizar nueve debates antes de someter a votación el proyecto de ley. Se votó el 20 de junio de 2023, el último día de la legislatura, y la oposición consiguió impedir que esa ley prosperase. En efecto, la propuesta de regulación del cannabis para uso recreativo obtuvo 47 votos favorables y 43 en contra, pero no hubo suficiente quorum y la ley naufragó por falta de mayoría calificada. Se requerían como mínimo 54 votos a favor para aprobar la iniciativa. Votaron afirmativamente los senadores del Pacto Histórico, los Comunes, la casi totalidad de Verde Centro Esperanza, y varios representantes del Partido Liberal y algunos de la U. Con todos los votos en contra del Centro Democrático, el Partido Conservador y el Partido Radical.

Dado este resultado, el mejor alcanzado hasta la fecha pero aún insuficiente, el gobierno del Pacto Histórico deberá sopesar la correlación de fuerzas con los demás grupos políticos antes de volver a presentar un proyecto similar en la nueva legislatura.

Regular la coca y sus derivados

El inicio del boom económico de la cocaína en Colombia comenzó años después del de la marihuana, a finales de la década de 1970, con la expansión de la demanda de esta droga en el mercado estadounidense. La hoja de coca empleada como materia prima de la cocaína ya se cultivaba desde la década de 1960, pero su articulación en forma de economías regionales y su exportación a gran escala fue posterior. 

Las estrategias de erradicación forzada de las plantaciones de coca no consiguieron reducir la superficie sembrada sino todo lo contrario. Los cultivos de hoja de coca aumentaron desde unas 140.000 Ha al comienzo del Plan Colombia, en el año 2000, hasta 204.000 Ha en 2021 y 230.000 Ha en 2022, según los más recientes datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), publicados en informes de marzo y septiembre de 2023, en los que se asegura que la producción mundial de cocaína se ha disparado en los últimos años. Esta evolución de los cultivos ilegales, a pesar de haberse aplicado todas la técnicas represivas auspiciadas por Estados Unidos —con el enorme daño que han causado a la población—, demuestra la inutilidad de una estrategia militarizada de erradicación, que arrasa los territorios con glifosato u otros productos nocivos para los habitantes y el medio ambiente.

En realidad, atendiendo a estos datos, el consumo de cocaína sigue en aumento y no fue sustituido por el de ninguna otra droga. Las incautaciones practicadas en 2021 alcanzaron la cifra récord de casi 2.000 toneladas. Los datos de incautaciones indican que el tráfico se está expandiendo hacia África, Asia y Australia, más allá de los tradicionales grandes mercados en Norteamérica y Europa. El consumo de cocaína habría crecido en más del 10 % en dos años, desde 20 millones de personas en 2019 hasta más de 22 millones en 2021.

No hay una correlación directa entre el aumento del consumo de fentanilo en Estados Unidos y la caída de la demanda de la pasta básica de coca. El perfil social del consumidor habitual de fentanilo y de otras metanfetaminas no se corresponde con el del consumidor de cocaína, y es muy extraña la combinación de ambas drogas. En cambio, el fentanilo sí suele emplearse con otras drogas como la heroína, aumentando así su letalidad. En este sentido convendría establecer un diagnóstico realista para la construcción de la nueva política de drogas: con las estadísticas a la vista, la tendencia del mercado consumidor no apunta a sustituir la cocaína por el fentanilo, ya que ambas drogas están presentes simultáneamente e incrementan su penetración en distintos segmentos de la sociedad. 

El mercado internacional no redujo su interés por la cocaína, aunque podría afirmarse que sí lo hizo (¿temporalmente?) por la cocaína colombiana, o al menos por la pasta básica que se produce en algunas regiones del país (por ejemplo el Putumayo). La caída del precio de la hoja de coca y de la pasta básica para los cultivadores colombianos podría entenderse como el resultado de un desplazamiento de las compras de suministros hacia otros mercados, que permitan a las organizaciones narcotraficantes abastecerse sin los controles cada vez más estrictos que establece la nueva política de drogas del gobierno colombiano.

Este desplazamiento del mercado hacia otros proveedores, como Perú y posiblemente Bolivia, explicaría la caída de la demanda y de los precios de la hoja de coca y de la pasta básica colombianas. El investigador Ricardo Vargas da cuenta en un completo informe que “el cálculo de Estados Unidos sobre el potencial productivo de cocaína (por Ha cultivada) para Perú y Bolivia es el doble del que estima para Colombia”. Indica también que las hectáreas cultivadas en Perú pasaron de 48.000 Ha en 2017 a 84.400 Ha en 2021, un incremento en una escala muy superior al de Colombia. 

Un primer proyecto de regulación de la hoja de coca y sus derivados se presentó ante una Comisión del Senado colombiano en abril de 2021. Auspiciado por los senadores Feliciano Valencia e Iván Marulanda, obtuvo 12 votos a favor y ninguno en contra. Esta propuesta de ley no prosperó después en un debate general. Su finalidad era “regular toda la cadena de valor de la hoja de coca, desde su producción hasta su procesamiento y distribución en el mercado”. El Estado se encargaría de comprar toda la cosecha de hoja de coca que producen los campesinos cultivadores para suministrarla a “líneas de producción básicamente ancestrales, artesanales, de las comunidades indígenas y campesinas: alimentos, cosméticos, productos medicinales”, según afirmó Iván Marulanda en la presentación del proyecto de ley, en agosto de 2020. Por otro lado, el Estado se ocuparía de producir y distribuir la cocaína necesaria para atender el mercado interno, que se calcula en unos 260.000 consumidores. “El Estado va a entregarle a esos consumidores una droga de primera calidad a través de la red sanitaria del país”, después de una entrevista con un facultativo del sistema de salud. Según este proyecto se legalizarían todos los cultivos que estuvieran certificados en los registros de Naciones Unidas y los demás se declararían ilegales. 

La propuesta contó con notables apoyos internacionales. Por ejemplo, la ONG Transform Drug Policy Foundation, influyente en algunos sectores del Parlamento británico, sugirió que el Estado debería centralizar todos los procesos en una eventual regulación: “El Estado debería comprarles a los campesinos la materia prima, brindar licencias a laboratorios para su procesamiento y tendría el monopolio de la distribución en puntos de venta estilo farmacia, teniendo en cuenta que la cocaína genera más riesgos que, por ejemplo, la marihuana y su venta debe contemplar factores como la edad y la historia médica”, declaró Mary Ryder, investigadora de esa ONG.

El aspecto que se considera clave de este cambio de política es la dignificación del campesino que vive del cultivo de la coca, superando el estigma que implica la estrategia de erradicación forzada con la complementación de una estrategia de valorización de su producto. El relato habitual de los campesinos es que mientras la cosecha de yuca y otros alimentos apenas les garantiza la supervivencia, la producción de hoja de coca les ha permitido una vida digna, con acceso a la educación y la salud para sus hijos. 

Este problema se relaciona directamente con el incumplimiento, durante el Gobierno de Iván Duque, del Punto 4 del Acuerdo de Paz, que estableció compensar a los campesinos que emprendieran la erradicación voluntaria de las plantas de coca con otros proyectos productivos. El Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) atrajo durante los gobiernos anteriores la incorporación de 99.000 familias, pero cinco años después solo el 8,6 % de estas familias que erradicaron sus cultivos de coca contaban con un proyecto productivo. Un problema agravado por la escasa titulización de las tierras que trabajan los cultivadores de coca. Se calcula que hasta un 75 % de los cultivos de coca se realizan en tierras fiscales o de titularidad no registrada.

La nueva política de drogas 2023-2033

La política de drogas 2023-2033 se fundamenta en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que la considera un componente esencial para alcanzar sus objetivos: “Resulta indispensable diseñar una nueva política de drogas, basada en el cuidado de la vida, con enfoque territorial y ambiental, y construida a partir de espacios plurales de diálogo con actores estratégicos, autoridades y étnicas, sustentada en un cambio cultural para dejar atrás el prohibicionismo.” 

Esta nueva política es un enorme desafío, articulado a su vez con la necesidad de alcanzar la Paz Total en los territorios. Al frente de este plan de largo aliento se ha situado a Gloria Miranda, la directora de Política de Drogas, quien se ocupó durante los meses de recabar propuestas y sugerencias entre las comunidades directamente afectadas por los cultivos considerados ilícitos. Tras mantener reuniones con campesinos y comunidades étnicas en el marco de una Comisión Mixta con presencia del Gobierno, se suscribió una declaración conjunta de apoyo desde los territorios al nuevo enfoque de la política nacional de drogas. “La apuesta es corregir esa ausencia histórica del Estado en los territorios”, resalta Gloria Miranda, y justifica el plazo de diez años porque “en cuatro años es imposible cambiar más de medio siglo de unas políticas que no han dado los resultados esperados”.

Durante los meses de abril y mayo de 2023 se inició un diálogo continuo con las comunidades más implicadas en esta problemática, cuyas conclusiones se conocieron en una sesión de Rendición de Cuentas de la Construcción de la Política de Drogas realizada a finales de agosto en el Putumayo. Las consultas a los campesinos se efectuaron en 27 espacios de participación de la sociedad civil, repartidos en 17 departamentos, los que reúnen mayores cultivos ilícitos. Participaron unos 130 delegados en cada uno de esos encuentros: organizaciones sociales de campesinos, cultivadores, indígenas, afrodescendientes, mujeres y jóvenes. En total participaron más de 2.700 personas. 

La nueva política de drogas que ha definido el gobierno Petro se articula mediante la combinación de dos pilares básicos: oxígeno y asfixia. ‘Oxígeno’ para las comunidades campesinas y étnicas para poder diversificar sus cultivos y optar por la sustitución voluntaria con apoyo del gobierno. Y ‘asfixia’ para los narcotraficantes, aumentando el volumen de incautaciones, pero también adoptando una serie de medidas destinadas a impedir la producción de cocaína o heroína a gran escala. Una de las medidas más importantes, junto con la destrucción de laboratorios, es el control que se ejercerá sobre la infraestructura, con un sistema de registro de las empresas metalúrgicas que provean equipos para la producción de estas sustancias. Así mismo, se establecerá un control estratégico de la producción de insumos y precursores químicos utilizados para la producción de drogas, y se profundizará la persecución de las finanzas ilegales y el lavado de activos.

En contrapartida, el pilar ‘oxígeno’ consiste en “apoyar el tránsito integral hacia economías lícitas y la reducción de vulnerabilidades de los territorios y poblaciones (rurales y urbanas) que dependen y han sido afectadas por el mercado ilegal de las drogas”. Ello implica también “transformar las condiciones económicas, sociales y culturales de los territorios afectados.”

El plan estima el impacto social que tendrán estas medidas: “Esta política posibilitará que aproximadamente 50.000 familias, de las casi 115.000 que actualmente dependen de la coca de manera ilegal como su medio de sustento, puedan transitar hacia actividades económicas legales”. Ello se conseguiría cumpliendo con el objetivo de una “reducción de 90.000 hectáreas de coca de uso ilícito para el 2026”, de las cuales 69.000 se erradicarán voluntariamente, en el marco de procesos de desarrollo rural, “y 23.000 hectáreas con cultivos de alto rendimiento industrial se eliminarán forzosamente”. 

El plan Sembrando vida, desterramos el narcotráfico “reconoce que el mercado de drogas es un problema transnacional”, y plantea que “todos los países deben abordar conjuntamente este flagelo, evitando que los costos recaigan principalmente en los productores y países de tránsito”, según un principio de responsabilidad compartida. 

Este nuevo enfoque del tema de las drogas se abre camino en el mundo, impulsado ahora bajo el liderazgo del gobierno de Colombia. Los esfuerzos de Gustavo Petro por situar el cambio de la política de drogas como prioridad estratégica de su política exterior han recibido importantes apoyos internacionales. Por ejemplo, ha contado con el decidido apoyo de la Comisión Global sobre Política de Drogas, una institución a la que pertenecen, entre otros, los ex presidentes colombianos César Gaviria y Juan Manuel Santos, así como el ex presidente mexicano Ernesto Zedillo y el ex presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso. La amplitud de estos apoyos, que proceden de ex mandatarios cuyos gobiernos aplicaron políticas económicas neoliberales o en las antípodas de las reformas de Petro, muestra que la urgencia del cambio propuesto trasciende las fronteras del progresismo social e interesa a un sector creciente del arco político. Al objetivo de alcanzar la paz social estrangulando los recursos del paramilitarismo, dejándolo fuera del negocio de la droga a través de su regulación, se suma la exigencia de respeto a las libertades individuales y al derecho al consumidor, conformándose así un amplio frente contra el enfoque represivo en el que participan los partidos progresistas, ecologistas y las distintas ramas del liberalismo."           (Eduardo Giordano  , El Salto, 20/09/23)

El debate de la legalización de la cocaína se abre paso en Colombia... El fracaso de la lucha contra el narcotráfico lleva a algunos políticos y organizaciones a defender la despenalización de su consumo... El mercado negro alrededor del polvo blanco ha creado bandas criminales capaces de enfrentarse con armamento pesado al Ejército, como ha ocurrido en México o en Colombia... La legalización podría debilitar a los cárteles, que perderían su principal fuente de financiación. “No acabaría con ellos, aunque sufrirían un choque fuerte en sus finanzas”... la experiencia que da haber legalizado el uso recreativo de la marihuana sirve como guía de lo que podría ocurrir llegado el momento. “No se trata de que se venda en supermercados, sino de que exista una regulación clara y firme y genere riqueza legalizada”... Su consumo se asocia al placer de los ricos, aunque en realidad llega a una franja de la población mucho más amplia. “A medida que se vuelve más barata y accesible, el desafío de regulación se vuelve más apremiante. Un enfoque de salud pública debe centrarse en reducir los daños potenciales de su uso”

 "En lugar de una caja registradora, sobre los mostradores descansan básculas. En un puñado de pueblitos aislados de Colombia, en mitad de la selva, la gente compra en las tiendas con gramos de pasta de coca en vez de dinero. Los billetes y las monedas son una rareza, un producto más de la televisión. ¿Cuánto cuesta una cerveza? 1,4 gramos, unos 60 céntimos de dólar. ¿Una libra de carne? El doble, 2,8. ¿Un teléfono móvil? 194 gramos, algo más de 80 dólares. 

Los habitantes de estas zonas remotas en las que se cultiva y produce cocaína acumulan kilos y kilos que más tarde venderán al intermediario de un cártel, que colocará la mercancía en discotecas de Nueva York, Madrid o Roma tras multiplicar por 100 su valor. La droga parece legalizada de facto en este pequeño universo campesino al que se tarda en llegar varios días por río. ¿Podría extenderse esa frontera de legitimación al resto del país? ¿Y al mundo?

En las últimas semanas se ha abierto el debate en el primer productor mundial de cocaína. “Si alguien tiene que comenzar esta discusión es Colombia. ¡Nadie más lo va a hacer!”, asegura Catalina Gil Pinzón, oficial en política de drogas de la Open Society Foundations. El momento resulta propicio. El nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro, habla con insistencia de cambiar el paradigma de la guerra contra las drogas que inició el presidente Richard Nixon hace medio siglo. La conclusión general es que utilizar el presupuesto para perseguir a los capos de la droga y erradicar de manera forzosa las plantaciones de hoja de coca no ha funcionado. Cuando se fumiga un sembradío en un monte, se traslada al de enfrente. El resultado es que el flujo de cocaína hacia Estados Unidos alcanzó su récord en 2021, mientras que Colombia produce más que nunca. Washington ha dilapidado 10.000 millones de dólares en los últimos 20 años en políticas fracasadas.

Los primeros en verle la ventaja a la legalización han sido los encargados de las arcas públicas. El director de los impuestos y las aduanas colombianas, Luis Carlos Reyes, lo dijo sin rodeos: “Hay que legalizar y gravar la cocaína”. Poco antes, Petro había compartido con entusiasmo un editorial de The Economist en el que se acusaba a Joseph Biden de ser demasiado tímido respecto al problema de las drogas. El presidente de Estados Unidos.

 acababa de indultar a 6.000 estadounidenses condenados por posesión de una pequeña cantidad de marihuana, pero la revista veía difícil que se atreviera a hacer algo así con presos relacionados con la cocaína. A Petro le ha ocurrido algo parecido. Su excitación inicial no se ha traducido en una apuesta firme por la legalización. El exguerrillero confía en la compra masiva de tierras improductivas a ganaderos para dárselas a los campesinos —la primera gran reforma agraria que ejecutaría el país— y con eso crear una industria de los alimentos que sustituya la tentación de participar en el negocio de la cocaína. Su ministro de Justicia ha negado tajantemente que el Gobierno vaya a aventurarse en algo semejante. Ningún gobernante, por ahora, quiere mostrarse como un amigo de las drogas.

Esas políticas de sustitución no siempre han sido exitosas en el pasado. “No va a funcionar mientras haya un gran mercado mundial de cocaína. El consumo no se puede frenar, hagamos lo que hagamos. Las drogas no siempre llevan a un consumo problemático, ni a una sobredosis ni a una muerte”, agrega Gil Pinzón, que considera fundamental desestigmatizar los narcóticos. Si la cocaína fuese legal la gente tendría la opción de consumirla o no, como con el alcohol o el tabaco. Existen muy pocos estudios sobre la adicción que produce. Las enormes cantidades de dinero que se destinan en armamento para enfrentar a los cárteles, cree la investigadora, podría destinarse a investigar los efectos de la sustancia, a campañas de información y accesos a servicios de salud.

 El mercado negro alrededor del polvo blanco ha creado bandas criminales capaces de enfrentarse con armamento pesado al Ejército, como ha ocurrido en México o en Colombia. Criminales como El Chapo Guzmán o Pablo Escobar son legendarios. Los funcionarios públicos y los políticos de las regiones productoras de cocaína quedan a merced de estos poderes en la sombra, que levantan un Estado paralelo. La legalización podría debilitar a los cárteles, que perderían su principal fuente de financiación. “No acabaría con ellos, aunque sufrirían un choque fuerte en sus finanzas”, se suma a la conversación desde Estados Unidos Juan Carlos Garzón, investigador asociado de Ideas para la Paz. A su modo de ver, la experiencia que da haber legalizado el uso recreativo de la marihuana sirve como guía de lo que podría ocurrir llegado el momento. “No se trata de que se venda en supermercados, sino de que exista una regulación clara y firme y genere riqueza legalizada”.

La cocaína es seguramente la más molesta de todas las drogas cuando se trata de regulación. En un estudio de la Transform Drug Policy Foundation, se señala que el desafío se complica por el hecho de que exista una amplia gama de productos a base de coca, desde la hoja sin procesar hasta la cocaína en polvo y el crack fumable. Y que tenga una cadena de producción y suministro tan compleja.

 Su consumo se asocia al placer de los ricos, aunque en realidad llega a una franja de la población mucho más amplia. “A medida que se vuelve más barata y accesible, el desafío de regulación se vuelve más apremiante. Un enfoque de salud pública debe centrarse en reducir los daños potenciales de su uso”, se lee en el texto.

 A menudo se dice en Colombia que si Estados Unidos tuviera plantaciones de coca el mundo estaría inundado de establecimientos de MCcocaine’s. Pero es al revés. Los países productores y consumidores ven el problema desde diferente óptica. Norteamérica ha puesto las sobredosis, pero América Latina los muertos por la violencia y la desestabilización de sus democracias. Por eso se trata de un asunto binacional. La regulación en Colombia no tendría mucho sentido si no se hiciera en los países consumidores. El mercado local es muy pequeño y las bandas criminales seguirían teniendo los mismos ingresos millonarios por transportar la droga de forma clandestina. La regulación, a día de hoy, todavía resulta lejana, pero el hecho de que se debata sobre un tema que hasta hace nada era tabú abre una compuerta. Llegado el día, esos pueblitos colombianos en mitad de la nada podrán decir que fueron pioneros."                  (Juan Diego Quesada, El País, 22/10/22)

El discurso de Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, ha sido calificado de lírico, poético, crudo, agresivo, explosivo, retador y hasta cruel... Petro habló como un psicoanalista del “sur global” que le muestra al “norte desarrollado” un camino ecológico para superar su “soledad narcotizada” por el consumismo suicida... Aunque se asumió como vocero de los colombianos y defensor de la Amazonía, en su catilinaria incluyó a los estadounidenses que mueren por sobredosis, a las comunidades negras (“afros”) que son discriminados y encarcelados, a los migrantes que son rechazados y/o expulsados, y a muchos otros sectores de la población global. Habló como humanidad y para la humanidad... Petro sorprende afuera y adentro, y de alguna manera se enfrenta a los paradigmas existentes. Recién empieza a gobernar pero en menos de 6 semanas se ha hecho sentir

 "En ocasión del discurso de Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU  en Nueva York, que muchas personas han calificado de lírico, poético, crudo, agresivo, explosivo, retador y hasta cruel, planteo algunos aspectos de su accionar político. No se trata de justificar o idealizar sino de ubicar lo “diferente” o “nuevo” con respecto a otras experiencias de América Latina.

Petro se expresó como una víctima o como el representante de las víctimas de un modelo económico injusto, depredador e irracional. Usó el tema de la coca y la cocaína, de la guerra contra las drogas y de la lucha contra el cambio climático para plantear una crítica profunda y sentida al capitalismo. Aunque se asumió como vocero de los colombianos y defensor de la Amazonía, en su catilinaria incluyó a los estadounidenses que mueren por sobredosis, a las comunidades negras (“afros”) que son discriminados y encarcelados, a los migrantes que son rechazados y/o expulsados, y a muchos otros sectores de la población global. Habló como humanidad y para la humanidad. 

De alguna manera su discurso incluyó a los poderosos porque ellos no pueden superar su adicción a las ganancias, al poder y al dinero. Petro habló como un psicoanalista del “sur global” que le muestra al “norte desarrollado” un camino ecológico para superar su “soledad narcotizada” por el consumismo suicida. Petro con su beligerante discurso hizo avergonzar al mundo. Desnudó la hipocresía existente. Denunció la “adicción a la ganancia” como la madre de todas las adicciones que lleva a toda la humanidad hacia su extinción. Se enfrentó –siendo presidente de una nación- a la lógica de muerte del gran Capital sin caer en la trampa del alineamiento internacional.

Lo interesante del proceso político que impulsa Petro es que actúa a varios niveles y con cierto eclecticismo y flexibilidad. Él mismo ha dicho que su proceso es “una búsqueda”. En lo interno, dirige un gobierno (su equipo de ministros y colaboradores) con mucho sentido práctico y poca ortodoxia. Petro no oculta la variada composición social y política de su gobierno (“alianza inter-clasista”), la hace evidente y la convierte en una ventaja tanto a nivel interno como externo. 

Paralelamente, se mueve en otros terrenos de la administración y de la vida del país apoyándose en otros funcionarios (y organizaciones) más cercanos a su idea, como es el caso del comisionado de paz y otros personajes que promueven la participación de la gente en diversos niveles y escenarios. Impulsa actualmente los “diálogos regionales vinculantes” adaptando su temática y participación a las necesidades de la gente en amplios territorios. Así mismo, se apoya en la “coalición multipartidista” para aprobar leyes y propuestas en el Congreso sin tener que “tensionar mucho la pita”. Ha nombrado en cargos importantes a gente experimentada con enfoques relativamente tradicionales, pero también permite y estimula que dirigentes surgidos de movimientos sociales o de la academia se prueben y aprendan en el campo de la gestión del Estado.

Igualmente, Petro ha empezado a moverse en varios niveles en el campo internacional. Desarrolla relaciones bilaterales; promueve la comunidad andina; construye alianzas ambientales; tiene como eje a América Latina pero no pierde de vista lo que ocurre en el mundo. Es crítico del capitalismo pero sabe que tiene que “actuar dentro de él”. Es consciente que no puede enfrentarse con el gobierno de los EE.UU. porque fácilmente lo pueden aislar. Tampoco puede hacerlo frente al BM o al FMI, dado que debe relacionarse con ellos. Por ello, es capaz de rechazar las guerras (todas) y no se alinea con ningún bloque o potencia. Y todo ello, le permite tomar decisiones que ningún gobierno progresista o de izquierda de “línea dura” se atrevería a asumir, como aprobar de entrada una reforma tributaria o incrementar los precios de los combustibles para enfrentar la grave situación fiscal que heredó del anterior gobierno. 

Petro es el primer gobernante progresista de la región que parece actuar con una visión sistémica, compleja y “no lineal”. De esa manera, los pueblos y los trabajadores pueden apoyarse en él sin que ello implique delegar toda la acción social y política en su liderazgo. Él mismo ha pedido que los movimientos y organizaciones sociales mantengan su autonomía. Tampoco se ha propuesto construir una organización política tradicional (“partido”), porque sabe que hasta allí llegaría “su búsqueda”. Es consciente que ese tipo de organización cae con facilidad en prácticas burocráticas y verticales que debilitan los procesos reales y anulan las relaciones creativas entre dirigentes y militantes de diversos grupos y movimientos. Todo indica que le interesa construir una “corriente de pensamiento” que sirva de referente para la acción social y política. 

En ese sentido, Petro combina el aprendizaje de lo vivido en países vecinos o que han tenido “procesos progresistas” (Bolivia, Ecuador, Brasil, México, España, Grecia, etc.) con el estudio teórico de diferentes autores clásicos y actuales. Y le apuesta a desarrollar su propia experiencia. 

Es por todas esas particularidades que Petro todavía no es interpretado por las izquierdas que colocan como tarea central el enfrentamiento con el gobierno de los EE.UU. Los más radicales “ambientalistas” tampoco lo entienden porque Petro ha planteado la necesidad de desarrollar el capitalismo, así tenga en mente una variante que combina un “nuevo tipo de industrialización” con la superación de la matriz energética dependiente de combustibles fósiles. Y menos es comprendido por los sectores más extremos de derechas e izquierdas que tienen esquemas preconcebidos y no saben cómo reaccionar frente a esa variedad y multiplicidad de enfoques y conductas.  

Así y todo, el discurso de Petro en la ONU llamó la atención. Su “búsqueda” se abre nuevos espacios, avanza en nuevos terrenos y aprende (y enseña) sobre la marcha. Petro sorprende afuera y adentro, y de alguna manera se enfrenta a los paradigmas existentes. Recién empieza a gobernar pero en menos de seis (6) semanas se ha hecho sentir."             (Fernando Dorado , Rebelión, 26/09/2022)

El narcoparamilitarismo irrumpe en la campaña en Colombia con el plan de asesinar a Gustavo Petro... El plan se sustenta en el hecho de que cinco sicarios ya habrían recibido la mitad de su paga, 500 millones de pesos cada uno, involucrando a políticos regionales, policías y militares... El paramilitarismo, indisociable del narcotráfico y controlado por sectores próximos al poder político y militar, ha irrumpido como un factor de intimidación que condiciona el desarrollo de la campaña electoral en unos comicios que apuntan a una victoria de la izquierda... en uno de cada diez municipios de Colombia presenta algún nivel de riesgo electoral... dado que Petro se perfila como el triunfador imbatible en la segunda vuelta de las elecciones contra cualquier otro candidato presidencial... el nerviosismo de los sectores hegemónicos ante la posibilidad del cambio da rienda suelta a los actores paramilitares incrustados en el viejo esquema de poder

 "El próximo 29 de mayo se celebran elecciones presidenciales en Colombia tras las elecciones legislativas del 13 de marzo que dieron una amplia victoria a la izquierda en el Senado y la Cámara de Representantes. Por primera vez se produjo un cambio en la correlación de fuerzas que favorece al Pacto Histórico de las fuerzas progresistas en detrimento de las viejas maquinarias políticas y de los dirigentes tradicionales. El paramilitarismo, indisociable del narcotráfico y controlado por sectores próximos al poder político y militar, ha irrumpido como un factor de intimidación que condiciona el desarrollo de la campaña electoral.

Desde los primeros meses de campaña se produjo una intensificación de la violencia en muchas regiones del país, con una especial incidencia en el departamento de Arauca, donde los ataques de las llamadas disidencias de las FARC y de la organización narcoparamilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo han causado varias masacres de población civil. Durante los dos primeros meses del año 2022 hubo en ese departamento más de un centenar de muertos. A ello se sumó el paro armado declarado por la guerrilla del ELN, interpretado por candidatos del Pacto Histórico como un regalo al uribismo gobernante y a su estrategia de militarización de la lucha política. 

También ha aumentado la violencia en el suroeste del país, en particular en el Cauca, donde se han denunciado hasta 14 asesinatos de líderes indígenas en el transcurso de los primeros dos meses y medio de este año. En este caso, es la organización paramilitar Águilas Negras la que amenaza a los líderes sociales y dirigentes políticos del Pacto Histórico (PH). En toda Colombia fueron asesinados 31 líderes sociales y defensores de derechos humanos durante los primeros dos meses de 2022, uno cada dos días.

 Según un informe presentado en enero de 2022 por la Misión de Observación Electoral (MOE), una plataforma de organizaciones sociales que promueve el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, uno de cada diez municipios de Colombia presenta algún nivel de riesgo electoral. El documento alerta que en 131 municipios repartidos por casi todos las regiones existen riesgos de que se produzca fraude o violencia.

La violencia paramilitar reciclada

La campaña electoral se desarrolló con una gran disparidad de recursos de comunicación entre los candidatos de los distintos sectores, en particular entre los partidos de derecha y centroderecha, que cuentan con el decidido respaldo de los principales medios de comunicación, y los líderes de partidos de izquierda y movimientos progresistas, que si bien han podido convocar multitudinarias concentraciones en sus recorridos a través del país, estas carecen de eco mediático y se transmiten casi exclusivamente a través de las redes sociales.

Ante el evidente ascenso de la izquierda en todas las encuestas, los grupos narcoparamilitares se propusieron amedrentar a los líderes sociales que la apoyan y sabotear los actos de campaña del Pacto Histórico. En este sentido, actúan como el instrumento extremo de la clase gobernante tras el derrumbe de sus expectativas de perpetuarse en el poder bajo formas democráticas. Los ejemplos son muy numerosos. A finales de 2021, el Clan del Golfo amenazó de muerte al gobernador del departamento del Magdalena, el progresista Carlos Caicedo, quien tuvo que exilarse durante algunos días hasta que el Gobierno le aseguró la debida protección. En enero de 2022, al inicio de la campaña electoral, un comunicado de la organización paramilitar Águilas Negras amenazó de muerte a algunos de los principales dirigentes del Pacto Histórico, entre otros a Gustavo Petro e Iván Cepeda, así como a varios magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre otras personas señaladas con nombre y apellido. El panfleto es una declaración de intenciones:

“Entre nuestras misiones está la de evitar la toma del poder por parte de los narcoterroristas guerrilleros, defender a Colombia de la amenaza del comunismo progresista […] los encontraremos en cualquier parte del territorio nacional […] los vamos a encontrar, a torturar, descuartizar vivos y a desaparecer para que sean ejemplo de lo que le hacemos a los sapos [soplones], traidores, colaboradores y cómplices de las FARC, a quienes también exterminaremos”.

El comunicado añade: “No permitiremos que […] se instaure en el poder la dictadura del narcoterrorismo comunista progresista o que conviertan a Colombia en otra Venezuela”, mostrando una total sintonía con los argumentos no menos rudimentarios al respecto del presidente Iván Duque y su partido Centro Democrático. Al final del panfleto destaca el lema del supuesto 'Comando General de las Águilas Negras de Colombia': Por un nuevo plan de ordenamiento y limpieza directa.

La organización paramilitar Águilas Negras surgió bajo la presidencia de Álvaro Uribe. Su paternidad se atribuye al temible jefe paramilitar Vicente Castaño, impulsor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien fundó esta organización en desacuerdo con la desmovilización de las AUC pactada por su hermano Carlos Castaño con Álvaro Uribe, efectuada entre los años 2004 y 2006 con grandes beneficios para quienes se acogieran a ella.

El uribismo permitió la expansión y diversificación de los grupos paramilitares después de la desmovilización de las AUC, que se fueron reconvirtiendo en un sinfín de organizaciones: las AGC o Clan del Golfo, Los Rastrojos, Los Pachenca, Los Caparrapos, La Constru, etc. Ante el avance de esta legión de grupos mafiosos y ultraderechistas, el Estado fue cediendo terreno y en muchos casos les permitió controlar el territorio o, a lo sumo, los combatió como bandas criminales, desvinculando sus fechorías de todo tinte ideológico.

Las distintas organizaciones paramilitares que han proliferado desde entonces fueron reciclando la violencia con nuevas denominaciones y marcas, pero muchas de ellas permanecieron interconectadas. Algunos de sus integrantes ‘migraron’ al Clan del Golfo, una estructura que debe su nombre a los carteles mexicanos del narcotráfico y que actúa como organización paramilitar con el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Muchos sicarios del Clan del Golfo, conocido también como Clan Úsuga o Bloque Héroes de Castaño, proceden del antiguo bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización paramilitar desmovilizada en 2004, bajo el Gobierno de Álvaro Uribe. Se estima que este grupo sería responsable de la mitad del tráfico de toda la cocaína que hoy sale de Colombia. Sus principales clientes son los carteles mexicanos de Sinaloa y el Cartel del Noreste de México.

Por el contrario, hay serias dudas de que realmente exista una organización centralizada que responda al nombre de Águilas Negras. No obstante, detrás de sus comunicados y acciones hay algún comando paramilitar centrado en difundir amenazas —llegando en un caso a consumarlas— en plena campaña electoral. Desde hace más de una década no hay rastros de sus campamentos, ni se ha capturado a ninguno de sus miembros, según informes policiales, y varias organizaciones de derechos humanos consideran que se trata de una pantalla para mantener en la impunidad a los verdaderos autores de los asesinatos de líderes sociales, ambientalistas, ex guerrilleros y políticos de oposición. En enero de 2020 hubo otra serie de amenazas similares, dirigida a diversos políticos e intelectuales críticos, incluida la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el periodista y politólogo Ariel Ávila (subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación), entre otros. Los afectados claman desde entonces sin éxito al Gobierno de Iván Duque que investigue quién promueve estas gravísimas intimidaciones.

Amenazas a líderes sociales y “paro armado”

Las amenazas a políticos de izquierda y líderes sociales arreciaron a mediados de marzo de 2022, tras la victoria del PH en las elecciones legislativas. Las intimidaciones fueron cada vez más graves. La senadora electa por el PH, María José Pizarro, mostró en redes sociales un comunicado de las AN amenazando a todo el equipo del PH en Valle del Cauca. Una amenaza de muerte efectivamente se cumplió con el asesinato del líder indígena nasa Miller Correa, que hizo campaña por el PH. Su asesinato en el Norte del Cauca al día siguiente de las elecciones fue reivindicado por las Águilas Negras como un ejemplo de cumplimiento de su palabra.

Otro panfleto del autodenominado Bloque Occidente de las Águilas Negras, con fecha del 19 de marzo, amenazó sin ambages a los activistas de Valle del Cauca que se implicasen en la campaña: “seguimos cumpliendo con nuestra palabra de limpiar a todos esos llamados líderes indígenas y sociales […] que apoyan al tal llamado Pacto Histórico”. Se señalaba con nombre y apellido a nueve dirigentes locales, coaccionándolos de forma brutal: “comenzó la cacería y no descansaremos hasta tenerlos a todos bajo tierra, los siguientes difuntos serán ustedes”. El líder indígena Capaz Lectamo, en representación de la consejería del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), aseguró que no hay dudas sobre cuál fue el móvil de los asesinos de Miller: “Estamos convencidos que se trata de una retaliación (…) por el liderazgo que ha dado el movimiento indígena caucano en torno a los resultados”.

En el Valle del Cauca y su capital, Cali, la prolongada lucha popular que sostuvo la juventud en las calles durante el largo Paro Nacional se transformó en votos para el proyecto progresista del Pacto Histórico. El PH obtuvo cinco representantes y tres senadores en este departamento, cuando anteriormente los partidos alternativos no contaban con ninguna representación. El paramilitarismo actúa por cuenta de los sectores gobernantes que quisieran retrotraer la situación a su anterior dominio incontestado.

La extradición a Estados Unidos del máximo jefe del Clan del Golfo, alias Otoniel, sirvió de excusa a esta organización para declarar un “paro armado” que en los primeros cuatro días ya supuso un balance de muerte y destrucción en 11 departamentos (con afectaciones en 119 municipios), además de haber causado el confinamiento de la población de 74 comunidades. El grupo paramilitar impuso restricciones sobre el comercio, el desplazamiento de vehículos por carreteras y la movilidad de las personas. La pertinencia o no de la extradición de Otoniel implica analizar otras cuestiones que merecen un desarrollo más amplio, como la posibilidad de privación a las víctimas en Colombia de su derecho a la verdad y justicia. En cualquier caso, no está de más señalar el “sentido de la oportunidad” del Gobierno de Duque de dar lugar a una situación como ésta a pocos días de las elecciones presidenciales.

El plan de asesinar a Gustavo Petro

Las intimidaciones de los paramilitares alcanzaron a toda la plana mayor del PH. Primero a la candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez, que denunció haber recibido hasta por tres veces consecutivas muy graves amenazas de las Águilas Negras. El objetivo más probable era dificultar la participación personal de la lideresa en la campaña, pero no lo han conseguido. En el caso del candidato presidencial del PH, Gustavo Petro, se descubrió un plan para asesinarlo que impidió su asistencia a algunos actos de campaña.

El equipo coordinador de la campaña de Gustavo Petro denunció a principios de mayo que el grupo paramilitar La Cordillera había planeado atentar contra la vida del candidato izquierdista durante su gira por los departamentos del Eje Cafetero, suspendida por obvias razones de seguridad. Los coordinadores de la campaña supieron de fuentes policiales y militares que “un integrante de la SIJIN (Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional), que habría participado en el asesinato del líder juvenil Lucas Villa, también sería parte del plan criminal”. Lucas Villa fue asesinado en las protestas del Paro Nacional de mayo de 2021 y su muerte continúa sin esclarecerse, aunque hay indicios de que también pudo haber intervenido en su ejecución La Cordillera. El comunicado del equipo de campaña de Petro describe el trasfondo de esta estructura mafiosa: “La Cordillera es una organización paramilitar dedicada al narcotráfico y al sicariato que ha logrado un amplio control sobre las autoridades civiles regionales y políticos del Eje Cafetero, además de algunas instancias de la policía y del ejército, toda vez que algunos de sus miembros participan de dicha organización criminal”.

El plan de asesinar a Petro se sustentaría en el hecho de que cinco sicarios ya habrían recibido la mitad de su paga, 500 millones de pesos cada uno. Así mismo, según ha revelado el portal Cuestión Pública citando fuentes de la campaña de Petro, en este plan estarían involucrados políticos regionales, policías y militares. Tanto el presidente Iván Duque como la Policía rechazaron que existieran pruebas de las denuncias. Sin embargo, tras una reunión del equipo de campaña de Petro con el ministro del Interior, Daniel Palacios, este anunció que reforzaría el esquema de seguridad del candidato del Pacto Histórico.

La intervención del paramilitarismo contra los líderes del Pacto Histórico se vuelve cada vez más virulenta a medida que Gustavo Petro se perfila como el triunfador imbatible en la segunda vuelta de las elecciones contra cualquier otro candidato presidencial, según la encuesta de Invamer publicada a comienzos del mes de mayo. El nerviosismo de los sectores hegemónicos ante la posibilidad del cambio es lo que da rienda suelta a los actores paramilitares incrustados en el viejo esquema de poder."              (Eduardo Giordano  , El Salto, 11/05/22)