Las rentas inferiores a 60.000 euros pagan ya el doble de impuestos que las empresas en España

"Las familias y el consumo sostienen la recaudación tributaria en España. Pese a que hubo un tiempo (año 2007) en el que las empresas aportaban casi el 25% de la recaudación anual del Estado a través del impuesto de Sociedades, hoy en día ese porcentaje se ha desplomado hasta el 11,9%, según los datos de la Agencia Tributaria referidos al ejercicio 2018.

Sin embargo, como las últimas estadísticas de declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) son las del año 2017, este artículo centrará su análisis sobre ese ejercicio, en donde la aportación total de las personas con rentas inferiores a 60.000 euros fue de 46.717 millones de euros y el de las empresas de 23.143 millones.

En total, el Estado recaudó en 2017 a través de impuestos 193.951 millones de euros. De toda esa cantidad, los tres gravámenes principales aportaron 74.828 millones (todos los tramos del IRPF), 63.000 millones (IVA) y 23.143 millones (Sociedades).

Dicha aportación de las empresas dista mucho de los guarismos que registraban en 2007, cuando la recaudación de Sociedades fue de 44.800 millones de euros (un 49% más). En aquel año, estas compañías aportaban más dinero al Estado vía impuestos que las personas con rentas inferiores a 60.000 euros, que tributaron un total de 40.494 millones de euros.

Sin embargo, la crisis y los cambios legislativos de corte impositivo han permitido que las empresas cada vez paguen menos y, por el contrario, que la recaudación cada vez dependa más de las familias.

En ese sentido, las personas con rentas menores a 60.000 euros aportaron en 2017 un total de 46.717 millones de euros, 23.000 millones más que las empresas y 6.000 millones más que esas mismas personas diez años atrás.

El salto en las exenciones por doble imposición aplicado a partir de 2015, con la entrada en vigor de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, ha permitido que las empresas cada vez pesen menos en la recaudación del Estado. De hecho, esta semana se ha conocido que 27 multinacionales españolas no pagan impuestos pese a tener un beneficio de más de 25.000 millones.

 La caída de la aportación impositiva de las empresas en España (- 51% en 10 años) nada tiene que ver con los ingresos. Según los datos del Ministerio de Hacienda, los beneficios empresariales actuales son 28.000 millones superiores a los de 2007."                  (Ander Cortázar, El Boletín, 01/12/19)

Desde el año 2008 los seis bancos más grandes de España no han pagado en su conjunto ni un solo euro por impuesto de Sociedades a pesar de haber obtenido beneficios por valor de 84.000 millones de euros

  "El Impuesto de Sociedades lo pagan las empresas en función de sus beneficios. Cuantos más beneficios, más impuestos. Sin embargo, las empresas ya han recuperado los beneficios de antes de la crisis pero pagan LA MITAD en el impuesto. Es un agujero negro en la recaudación.

 Esto se debe a muchos motivos, pero el principal es que el Estado perdona impuestos a las grandes empresas que tuvieron pérdidas durante la crisis. Un trato privilegiado que no reciben ni las familias ni las pequeñas y medianas empresas.

 Para muestra un botón: esde e

  "El Impuesto de Sociedades lo pagan las empresas en función de sus beneficios. Cuantos más beneficios, más impuestos. Sin embargo, las empresas ya han recuperado los beneficios de antes de la crisis pero pagan LA MITAD en el impuesto. Es un agujero negro en la recaudación.

 Esto se debe a muchos motivos, pero el principal es que el Estado perdona impuestos a las grandes empresas que tuvieron pérdidas durante la crisis. Un trato privilegiado que no reciben ni las familias ni las pequeñas y medianas empresas.

 Para muestra un botón: desde el año 2008 los seis bancos más grandes de España no han pagado en su conjunto ni un solo euro por impuesto de Sociedades a pesar de haber obtenido beneficios por valor de 84.000 millones de euros.

 Otro factor importante es que el Estado perdona impuestos a los grandes grupos consolidados por tributar en otros países. Pero como en otros países tampoco tributan mucho porque eligen los de menor presión fiscal, al final ni pagan aquí ni allí. Elusión fiscal de libro.

 Por eso, el gobierno debería lograr un mínimo de tributación del 15% de los grandes grupos consolidados. Se ingresarían unos 6.000 millones de euros más, eliminando el déficit público de un plumazo. Esperemos que no se echen atrás (...)"     (Eduardo Garzón, Twitter, 06/09/18)

l año 2008 los seis bancos más grandes de España no han pagado en su conjunto ni un solo euro por impuesto de Sociedades a pesar de haber obtenido beneficios por valor de 84.000 millones de euros.

 Otro factor importante es que el Estado perdona impuestos a los grandes grupos consolidados por tributar en otros países. Pero como en otros países tampoco tributan mucho porque eligen los de menor presión fiscal, al final ni pagan aquí ni allí. Elusión fiscal de libro.

 Por eso, el gobierno debería lograr un mínimo de tributación del 15% de los grandes grupos consolidados. Se ingresarían unos 6.000 millones de euros más, eliminando el déficit público de un plumazo. Esperemos que no se echen atrás (...)"     (Eduardo Garzón, Twitter, 06/09/18)

Desde hace 25 años nuestro sistema fiscal ha sido sometido a múltiples reformas fiscales, todas en la misma línea, con reducción de los impuestos directos (IRPF, sociedades, patrimonio y sucesiones) e incremento de los indirectos... ganan los ricos

"(...) Desde hace por lo menos 25 años nuestro sistema fiscal ha sido sometido a múltiples reformas fiscales, todas en la misma línea, con reducción de los impuestos directos (IRPF, sociedades, patrimonio y sucesiones) e incremento de los indirectos, cumpliéndose así, todo lo descrito en el párrafo anterior.

 El resultado de ellas se refleja en la insuficiencia de nuestro sistema tributario; parece por ello increíble que lo único que se le ocurra al Gobierno sea prometer nuevas bajadas de impuestos. Esperemos que la carencia de mayoría absoluta le impida cumplir esta promesa. (...)

Paradójicamente, todo lo que implique rebaja de impuestos ha adquirido buena prensa y goza de un plus en la valoración de la opinión pública. Pero lo cierto es que casi todas estas medidas son perjudiciales para la mayoría de la población: 

a) A la disminución de impuestos directos le suele seguir el incremento de gravámenes indirectos, o de tasas, con lo que el sistema fiscal se hace más regresivo; 

b) los recursos que se dedican a la minoración de los impuestos tienen su coste de oportunidad, no pueden orientarse a otras aplicaciones (sanidad, educación, pensiones, etc.) con mayor provecho para las capas de población más numerosas y de rentas bajas y medias; 

c) las rebajas de los impuestos directos, por su mismo carácter, son tanto mayores cuanto mayores son las rentas del sujeto pasivo; 

d) el gravamen para los trabajadores en el impuesto sobre la renta se materializa casi en su totalidad en retenciones sobre el salario y, al ser considerado este por los empleados a menudo en términos netos, se produce un cierto espejismo fiscal. 

La bajada de impuestos es compensada por una reducción o un menor incremento de las retribuciones, con el consiguiente traslado del beneficio a los empresarios. (...)

El ministro de Hacienda compareció la semana pasada en el Congreso con la finalidad de anunciar el plan de actuación de su Ministerio para estos cuatro años de legislatura. Entre los objetivos del plan figura en primer lugar –cómo no- su propósito de bajar de nuevo los impuestos.

 La presión fiscal de España se sitúa a la cola de los países europeos: trece puntos nos separan de Francia y de Dinamarca, doce puntos de Bélgica, diez de Austria, Finlandia y Suecia; nueve de Italia, cinco de Alemania y hasta países como Grecia, Portugal, Hungría, Ucrania o Serbia presentan cifras más elevadas de presión fiscal. Pues bien, a pesar de esta evidencia, se continúa reclamando una bajada de impuestos, (...)

Esta insuficiencia recaudatoria, como no podía ser menos, tiene su traducción en todas las partidas del gasto público y, por lo tanto, en el gasto social que en porcentaje sobre el PIB coloca a nuestro país en el puesto 17 de la Unión Europea, a siete u ocho puntos de Francia, Finlandia y Dinamarca, y por debajo, entre otros, de Austria, Italia, Suecia, Grecia, Eslovenia, Bélgica y Alemania. 

Estos datos son tanto más significativos en cuanto que España tiene un nivel de paro mucho más elevado que todos estos países, excluyendo a Grecia, y por consiguiente tendría que dedicar al seguro de desempleo mayores recursos. 

Pues bien, el ministro de Hacienda declara que en cuanto las finanzas públicas se hayan saneado y exista remanente, dedicará más fondos no a la educación ni a la sanidad ni a aumentar la cobertura del seguro de desempleo o a conseguir que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Nada de eso. Lo único que Montoro promete es bajar los impuestos. (...)"                (Juan Francisco Martín Seco, República.com, 19/01/17)

La Gran Coalición piensa que va a solucionar el agujero fiscal con parches de 7.500 miillones (de ilusiones, tabacos y colas). Sólo la recaudación perdida en paraísos fiscales es de: 7.400 millones... curioso

"Las decisiones sobre política fiscal tomadas por los gobiernos de Rajoy, y también por los últimos de Zapatero, no responden a ninguna planificación, ni ideología, sino a meros espasmos para cuadrar el déficit, una vez fracasada la hoja Excel de los Presupuestos.

 Solo así, se puede explicar las prisas para aprobar el último paquete fiscal, que será apoyado por la otra pata de la Gran Coalición, el PSOE, que incluye unas ligeras subidas de impuestos especiales (tabaco y alcohol) y un ensanchamiento de las bases imponibles en el Impuesto de Sociedades. (...)

Las cifras que aporta el ejecutivo en materia de recaudación, casi 7.500 mill€ se necesitan, son, de nuevo, un brindis al sol, que no tienen cotejadas con la realidad, y que sin duda responden, una vez, más a ejercicios de simulación en la oscuridad de los bajos del Ministerio en el antiguo edificio de Aduanas. Lo que sí sorprende es que hasta ahora, se podían deducir las empresas las pérdidas cuando tenían participadas que operaban en paraísos fiscales. 

Es decir, una forma de diluir beneficios era comprar o crear una filial en un paraíso fiscal, declarar pérdidas, como hacían algunas entidades financieras, y luego descontar esas pérdidas del resultado consolidado. Estas prácticas, tan injustas como insolidarias, reflejan hasta qué punto, las grandes corporaciones han estado mimadas por los diferentes gobiernos, aunque el primero de la clase fue, curiosamente, el mal llamado socialista de Zapatero.

 Estas grandes corporaciones, cuyos despachos de abogados y fiscalistas, dictan la política fiscal de los gobiernos, crean menos empleo que las empresas de menor tamaño y su contribución a las arcas públicas, resultaba ridícula, por más que los grandes liberales salgan en tromba a defenderlas, con el argumento que suponen y engordan la marca España, engendro de marketing para gloria de los grandes grupos empresariales que beben y se nutren del BOE.

 Con estos parches fiscales, un pellizco del tabaco, otro del alcohol, solo licores espirituosos ya que el vino y la cerveza son saludables, por lo que no cabe desincentivar el consumo, y los anticipos del Impuesto de Sociedades, la Gran Coalición ya piensa que va a solucionar el problema del agujero fiscal donde todos los años se licuan y se blanquean miles de millones de euros.

 Las mejores estimaciones apuntan a que solo en el IRPF se calcula que el fraude alcanza los 20.0000 mill€, casi un 2% del PIB, junto a las rentas en paraísos fiscales que se cuantifican en más de 144.000 mill (7.400 mill de recaudación perdida).  (...)

Como la práctica y la filosofía fiscal en España es compartida por PP y PSOE, se entiende la rapidez con la que se han puesto de acuerdo en los últimos días para acometer este pastiche fiscal, amén de la subida del salario mínimo y por supuesto el techo de gasto y la traca final de los Presupuestos.

 Con estas ayudas políticas, el PSOE salva al PP de las garras de Ciudadanos, que pretendía darle un giro más liberal a la política económica, y por supuesto pretendía eliminar el salario mínimo, variable denostada por las huestes de Garicano, al estilo de los académicos anglosajones. (...)

 Lamentablemente, la Gran Coalición no acometerá la gran reforma fiscal que necesita España y que pasa por una equiparación de la fiscalidad de rentas del trabajo y capital, por una verdadera cruzada contra el fraude en rendimientos de capital mobiliario, por la instauración de un impuesto que grave la riqueza y por supuesto la equiparación de la fiscalidad de sucesiones en toda España. 

Seguimos siendo un país con baja presión fiscal relativa respecto a nuestra posición en el PIB europeo, con un 34,4% del PIB, muy lejos de Francia (47.8%), Alemania (39,8%), Italia (43,7%) y por supuesto los países nórdicos, todos ellos en el umbral del 40%.  En resumen, las medidas que se han aprobado por RD, como le gusta al PP, no van a solucionar los graves problemas de recaudación que tiene España. 

Como el PSOE ha asumido el techo de gasto impuesto por el PP, que consolidad los recortes ya realizados en 2016, cuando la recaudación se desvíe y no cumplamos el déficit (3,3% en 2017), el sentido de Estado les obligará a recortar más gasto. Qué pena de capital político tenemos en España y que solos estamos los ciudadanos."               (Alejandro Inurrieta, Vox Populi, 05/12/16)

Desde que gobierna Rajoy, las familias españolas con hijos a su cargo ha sido el grupo más castigado por las subidas de impuestos

"(...) Jamás en la historia fiscal ni de España ni del mundo desarrollado (OCDE) los impuestos han subido tanto y en tan poco tiempo. Rajoy ha llevado la fiscalidad a niveles claramente expropiatorios. 

Han subido o creado 85 figuras tributarias, algo insólito en los anales del mundo civilizado. Expolian todo lo expoliable para mantener intacto el despilfarro público. Y en contra del engaño de la “reducción” de impuestos, en su informe a Bruselas de diciembre, el Gobierno detallaba como la presión fiscal subirá en 2015, 16 y 17.

 

La cifra que utilizan para “demostrar” que los impuestos no son excesivos es la presión fiscal, o el total de impuestos dividido por el PIB, que nos sitúa en una posición media. Esta cifra no sirve para nada. 

Primero, porque las cifras de PIB oficiales están sobrevaloradas en torno al 20%, debido a la manipulación sistemática de las mismas desde 2008. Si suponemos el PIB oficial de 2007 igual a 100, el PIB de 2014 fue casi 100, es decir, no ha habido ninguna crisis. Sin embargo, las bases imponibles, que como es lógico siguen una tendencia paralela al PIB, se hundirían, pasando de 100 a 83, algo que no ha sucedido en ningún otro país.

Pero el PIB real (como no puede ser de otra manera, ya que hay 3,3 millones de parados más que en 2007, cientos de miles de pymes y autónomos han desaparecido y la renta disponible de las familias se ha desplomado un 14%) ha caído a un ritmo similar al de las bases imponibles. 

El PIB real de España está en torno a los 850.000 millones de euros, algo que demuestran además todos los análisis independientes. Y la segunda es que la presión fiscal es una media, y si las rentas más altas están exentas de la mayoría de impuestos a través de las sicavs, y si las grandes empresas apenas pagan nada, el resultado es el expolio de las clases trabajadoras. ¿A qué espera Eurostat para auditar nuestra Contabilidad Nacional?

La única forma de valorar nuestra posición es a través de comparaciones de lo que pagan las familias o las empresas individuales. Según la Tax Foundation, una organización líder en análisis de impuestos, en 2014 y de los 34 países de la OCDE España ocupa el lugar número 31 en cuanto al nivel de impuestos personales.

 Eso en una media, pero cuando el cálculo se hace sobre la fiscalidad soportada por las clases media y trabajadora, España es el país con la fiscalidad más alta. Es la misma conclusión a la que llega la propia OCDE.

La presión fiscal media sobre los salarios es la más alta de toda la Organización y en todas las categorías de hogares. La pareja española con hijos paga de media un 34,8 % mientras que la media de los países desarrollados es de un 26,4%. 

Desde que gobierna Rajoy, las familias españolas con hijos a su cargo ha sido el grupo más castigado por las subidas de impuestos, y cuanto menor es la renta peor es la situación relativa. Una familia con dos hijos y con una renta que no llegue al 70% del salario medio –el 67% de las familias– paga el doble de impuestos que la media del mundo desarrollado, un 30,3% como media, mientras que la de la OCDE es de un 17,2%.

En palabras del BdE, durante 2008-2013, el impuesto de sociedades solo contribuyó un 2% del PIB, los impuestos indirectos –socialmente regresivos– aportaron el 4,8%, mientras que el IRPF se mantuvo en un 6,6%. Blanco y en botella: los asalariados perciben un trozo cada vez más pequeño del pastel pero continúan aportando como siempre, mientras que el capital incrementa sus ingresos y contribuye cada vez menos.

 Uno de los resultados del “escaqueo de las rentas de capital” es el incremento del déficit fiscal, que se enjuga con emisiones de deuda pública, la cual supera ya el billón de euros. Esta es la misma cantidad acumulada en solo una década por el 10% de hogares más ricos, y sus intereses, una de las principales partidas del gasto, se han convertido en una vía de negocio esencial para la banca. Un expolio “producto de decisiones políticas impulsadas por las élites en su propio beneficio”.

Ha tenido que ser Bruselas, no el BdE ni los servicios de estudio de los oligarcas del IBEX, la que haya expresado su “grave preocupación por la enorme desigualdad de la distribución de la renta y la riqueza en España, y que sigue creciendo sin pausa”. 

(Rajoy, líder de Europa en impuestos y desigualdad, de Roberto Centeno en El Confidencial, en Caffe Reggio, 04/05/2015)

Rajoy le dijo a la UE que subirá los impuestos y seguirá con los recortes en 2015, 2016 y 2017

"(...) Causa sonrojo ver cada día artículos en los medios que explican el dinero que representará para los ciudadanos la rebaja de tipos del IRPF, sin molestarse siquiera en analizar cuánto dinero les costará la drástica reducción de las deducciones, lo que representará la eliminación de los coeficientes de actualización y abatimiento en el pago de plusvalías por venta de viviendas o el corralito financiero para quienes decidan instalar sus negocios fuera de España. 

Pero sobre todo silenciando que ocurre con el resto de figuras tributarias estatales, autonómicas y locales, que se acercan ya al centenar. Si alguien escribe o habla sobre fiscalidad, lo menos que debe exigírsele son conocimientos y honestidad.

 Pero aquí ni lo uno ni lo otro, como nos decían cuando afirmaban que no había ninguna crisis o que teníamos el sistema financiero más sólido de la galaxia.

Nuestro mendaz Gobierno no ha tenido más remedio que, como se dice coloquialmente, “cantar la gallina” en Bruselas. Al cumplir la obligación de actualizar el Programa de Estabilidad 2014-2017 ante la UE, no han podido eludir decir la verdad, que es exactamente lo opuesto a lo que proclaman en sus discursos y declaraciones en España. 

Es decir, que los impuestos subirán en 2015, 2016 y 2017, que los gastos sociales se verán recortados, y que los gastos imprescindibles de la nación se verán drásticamente cercenados para mantener el despilfarro de la casta política y los cientos de miles de familiares y amigos que han enchufado. 

Espero que todos aquellos analistas honestos contribuyan a explicar a los españoles lo que tienen previsto hacer Rajoy y sus secuaces si ganan las elecciones. Las 109 páginas que han enviado a Bruselas lo dicen perfectamente. (...)

El aumento de ingresos impositivos en 2015 provendrá de la imposición medioambiental (una denominación puramente camelista para disfrazar una vulgar subida de impuestos), impuesto sobre transacciones financieras, que será íntegramente repercutido a los usuarios de estos servicios, y las subidas del IVA camufladas como “armonización” con la normativa comunitaria. Todo ello superará con creces la “pérdida neta” de recaudación por IRPF.

El recorte de las prestaciones sociales vendrá de la mano de la caída del gasto por prestaciones por desempleo y las pensiones, que perderán poder de compra durante todo el periodo, a lo que se añade que, para aquellas personas con más de 61 años que hayan sido despedidas y quieran jubilarse, Rajoy les ha recortado la pensión un 30% de por vida respecto a lo que tienen derecho. 

Pues bien, esto es exactamente –más impuestos y menos gasto social– lo que votarán quienes opten por el PP. (...)"            

 (Rajoy a la UE: los impuestos subirán en 2015, 2016 y 2017, de Roberto Centeno en El Confidencial, en Caffe Reggio, 05/01/2015)

Rajoy, su subida de impuestos es un saqueo que padecerán en sus propias carnes todos los ciudadanos, no las grandes empresas

"Poco orgulloso estará el Gobierno de su actuación durante los últimos dos años y medio cuando, en plena campaña electoral para las europeas, se afana en ocultar y falsear una parte crucial de las decisiones que han tomado y por las que, según ellos mismos blasonan, hemos salido de la crisis.

En la última semana, nos hemos topado con dos elocuentes ejemplos: el del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, siempre dispuesto a mentir con tal de seguir esquilmando la cartera del contribuyente; y el del candidato del PP a las elecciones europeas, Miguel Arias Cañete, siempre dispuesto a mentir con tal de arrancar el voto de los españoles asegurándose un mullido y bien remunerado sillón en Bruselas.

Así, el pasado miércoles, Cristóbal Montoro justificó las brutales subidas de impuestos acometidas desde el primer día de legislatura afirmando que el PP se encontró con un agujero presupuestario inesperado y que, ante una coyuntura tan crítica, optaron por cubrir buena parte de ese agujero reclamando un sacrificio a aquellos que “más tienen”; hasta el punto, dijo, que quienes han padecido el mayor rejonazo fiscal de su departamento han sido las “grandes empresas”.

Dejando de lado la muy reiterada fabulación de que el PP desconocía en noviembre de 2011 el agujero presupuestario real de España cuando ese agujero se gestó en las comunidades autónomas que ellos mismos venían gobernando y supervisando desde mayo de 2011, la narrativa de Montoro contiene otra desvergonzada mentira adicional: no han sido las grandes empresas quienes han sufrido la mayor mordida fiscal.

Aunque a diferencia de Montoro no tengo ningún ultramontano interés en que las grandes empresas, por el mero hecho de ser grandes y exitosas, soporten un sobreproporcional machetazo tributario, lo que no debería hacerse jamás es mentir y, además, mentir con reiteración y ensañamiento.

 

Según la propia Actualización del Programa de Estabilidad Económica 2014-2017 que el Gobierno de España ha remitido a la Comisión Europea, la carga fiscal extraordinaria que el PP impuso a los contribuyentes durante los años 2012 y 2013 se repartió del siguiente modo: 8.852 millones de euros adicionales por Impuesto de Sociedades; 9.454 millones de euros adicionales por IRPF; 3.687 millones de euros adicionales en impuestos especiales; y 11.169 millones de euros adicionales por IVA.

Incluso excluyendo el aumento de la tributación autonómica, municipal y de la Seguridad Social (que asciende a 14.377 millones de euros), ¿en qué sentido puede afirmarse que la mayor parte de la mordida la sufrieron las grandes empresas cuando sólo la recaudación adicional por indirectos fue un 50% superior a la recaudación adicional por Sociedades? En ninguno. La mayor parte del sablazo montoriano la sufrieron, como siempre, las clases medias.

Pero Montoro no fue el único en deformar la realidad hasta volverla irreconocible. El pasado viernes, Miguel Arias Cañete prometió desde los micrófonos de Radio Nacional de España que al final la legislatura todos los contribuyentes pagarán menos impuestos que al empezarla.

Acaso el muy docto y documentado candidato del PP a las elecciones europeas no haya leído los informes que el Gobierno del que formaba parte remite a la burocracia bruselense de la que espera formar parte. Si lo hiciera, descubriría que lejos de pagar a finales de 2015 menos impuestos que a finales de 2011, su correligionario Cristóbal Montoro se propone consolidar el abrasivo infierno fiscal que él mismo ha creado.

De este modo, y nuevamente según la Actualización del Plan de Estabilidad Económica 2015-2017, en 2015 los contribuyentes españoles pagarán al fisco 43.000 millones de euros más que a finales de 2011: de esos 43.000, sólo 5.700 los abonarán las empresas en concepto de Impuesto de Sociedades; el resto será un saqueo que, en mayor o menor medida, padecerán en sus propias carnes todos los demás ciudadanos."            (Juan Ramón Rallo, 14/05/2014)

Hay que subir los impuestos sobre los productos azucarados

"Estos días, Dame Sally Davies, el director médico del Reino Unido, ha comentado a un comité de su parlamento que no tiene ninguna confianza de que los fabricantes de alimientación y de bebidas actúen voluntariamente para reducir el contenido de azucar en sus productos. 

 Al contrario, a pesar de sus declaraciones de buenas intenciones, estas empresas van a necesitar imposiciones gubernamentales para conseguir lo que se busca.

Cuando el presidente de Coca Cola Europa dice “creo que Coca Cola tiene un poco de azúcar en ella“ (en la entrevista de la BBC en el primer artículo vinculado), está claro que la transparencia y el cambio no son sus prioridades. (...)

Además, contó que el alto y la creciente obesidad resultará, por primera vez, en una generación que sufrirá una reducción de su longevidad.

Sus palabras reflejan las de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que está en medio de una consulta pública sobre el consumo de azúcares. Su objetivo es presentar a los países sus recomendaciones sobre la limitación del consumo de azúcar con el objetivo de reducir los problemas de salud pública provenientes de la obesidad y de la caries dental.

Actualmente, la OMS recomienda limitar el consumo de azúcar de limitarse al 10% del consumo calorífico diario. Se está barajando reducir esta cifra a la mitad, aunque sólo como recomendación condicional, no como recomendación firme. (...)

Pues toca un impuesto sobre los productos con azucar que es la mejor forma de regular el consumo y de recaudar fondos para pagar los gastos."          (Onésimo Alvarez-Moro, El blog salmón, 14/03/2014)

Las empresas del Ibex pagan 500 millones menos en impuestos

"Las empresas del Ibex 35 destinaron 5.995,1 millones de euros al pago del impuesto de sociedades en los nueve primeros meses del año, lo que representa una disminución del 8,4% respecto a la suma abonada en el mismo período de 2012, que ascendió a 6.544,5 millones de euros, según datos de estas compañías.

De esta forma, las grandes compañías cotizadas consignaron aproximadamente el 23% de sus ganancias brutas al pago del impuesto sobre beneficios entre los pasados meses de enero y septiembre, siete puntos por debajo del tipo del impuesto de sociedades, que se sitúa en el 30%.  

 Además, cuatro empresas anotaron en las cuentas de los nueve primeros meses importes positivos en el capítulo de impuestos, ya sea por bonificaciones, créditos fiscales u otras causas. Se trata de Iberdrola, que suma 1.557,9 millones, CaixaBank con 373 millones y, a mayor distancia, Ferrovial (70,4 millones) y FCC (55,4 millones). (...)"     (Público, 24/11/2013)

En España es obvio que si las clases ricas y las multinacionales pagaran los impuestos que les corresponden, no harían falta recortes

"Hoy sabemos que el 95% de las 35 empresas que forman el IBEX actúan de forma habitual en paraísos fiscales y su nivel de defraudación roza el 50% de los 75.000 millones de defraudación al Estado ¿Qué han hecho los gobiernos del PP y del PSOE para atajar este escándalo? (...)

Actualmente, la prensa escrita de este país demanda una baja de impuestos para salir de la crisis. Sin embargo, la situación es mucho más compleja que subir o bajar impuestos. Analicemos.

La presión fiscal en nuestro país está ocho puntos por debajo de la europea, el 32,4% en España por el 40,1% en la U.E. Sin embargo, como hemos visto las rentas salariales están muy castigadas, mientras que la del capital apenas pagan. La cuestión hoy no es bajar o subir impuestos, sino quien debe pagar, cuanto se paga y que se hace con el dinero recaudado.

En resumen podemos afirmar que España no tiene un problema de gasto público excesivo, sino de insuficientes ingresos impositivos, por eso una reforma fiscal es necesaria e imprescindible. Es falso que las pensiones o el Estado del bienestar sean insostenibles por falta de medios. Es obvio que si las clases ricas y las multinacionales pagaran los impuestos que les corresponden, no harían falta recortes. (...)

Como dice Pedro Saura “la eficacia y los retornos que un euro gastado en la lucha contra el fraude tiene para la Hacienda Pública española es uno de los costes más bajos de la Unión Europea, ya que el coste de gestión de nuestra Agencia Tributaria es de 0,78 euros por cada cien euros líquidos obtenidos. La disyuntiva en el presupuesto no es entre inspectores y profesores, sino que la existencia de más inspectores financiaría la presencia de más profesores en las aulas”. (...)

La primera medida a tomar de forma responsable es volver al IVA existente a la subida de Rajoy. La segunda es mantener de forma indefinida el gravamen complementario del IRPF y añadiendo tres impuestos, uno sobre bienes suntuarios, otro sobre transacciones financieras y riqueza y el tercero un impuesto sobre depósitos bancarios con un gravamen del 0,2%.

Modificación de la actual estructura de las SICAV, modificando su escandaloso 1% y llegando al 5%. El Impuesto de Sociedades debería seguir en sus actuales gravámenes del 30-35%, pero sí con una desaparición de muchas de sus exenciones actuales y que en ningún caso pagarán menos del 25% real.

Eliminar la deducción de la vivienda con carácter retroactivo y eliminación de forma progresía en alrededor de cinco años esta deducción por vivienda. Eliminación de las deducciones por aportaciones a planes de pensiones privados.

Se debería trabajar en los llamados impuestos verdes, donde temas como la contaminación, carburantes, tema del agua etc. Por ejemplo se debería implantar un impuesto sobre el uso de aguas públicas por las empresas eléctricas, que en España es prácticamente de coste cero, y ponerse uno parecido al de Alemania que por ejemplo produciría una recaudación de 1.200 millones de euros anuales.

El gobierno del PP decidió subir los impuestos a las clases medias y no ha hecho nada frente al fraude fiscal, y sí concediendo amnistías fiscales que legaliza conductas defraudadoras.

 Rajoy se debía haber centrado en aumentar los ingresos, tocando a los poderosos, pero como son los que le apoyan prefirió recortar para explotar a los más débiles. Debemos recordar la frase “tu evasión es mi desempleo y tu paraíso es mi infierno”. (...)"             (Edmundo Fayanas Escuer, Rebelión, Attac Madrid, 17/09/2013)

Los tributos hacen aguas: España, el país que menos impuestos recauda

"La política tributaria emprendida por el Ministerio de Hacienda supone un lastre para la reactivación económica y apenas consigue recaudar más. Tal y como demuestra el informe de la consultora Freemarket, España ha ingresado menos impuestos que otros países de la periferia europea pese a experimentar caídas del PIB más moderadas (ver los dos gráficos de abajo). 

Y la explicación de este fenómeno radica en que hemos subido más que ellos los impuestos, sobre todo los de tributación directa como el IRPF y Sociedades, que tienen un mayor efecto sobre el crecimiento.

Si además atendemos a los principales países de la Unión o incluso a la media europea, España tiene una presión fiscal, entendida como un porcentaje de ingresos impositivos sobre el PIB, bastante más baja (ver la tabla de abajo). De hecho, la recaudación se ha mantenido relativamente estable prácticamente en todas las naciones salvo en España, donde ha llegado en algún momento a retroceder hasta 7 puntos del PIB, unos 70.000 millones.

Y como apunta Freemarket, durante las últimas décadas la mayor parte de los países han reducido la tributación directa y no la han incrementado al enfrentarse a la Gran Recesión. En los últimos diez años, la UE ha ido recortando de media casi 9 puntos de los tipos máximos de Sociedades y unos 6 puntos de los marginales de la Renta.

En cambio, España ha tomado la senda opuesta y durante la crisis el tipo marginal de la Renta ha alcanzado una de las cotas más elevadas de la UE pese a que nuestra capacidad adquisitiva se halla en niveles muy por debajo, lo que ha provocado un peor comportamiento de la recaudación.

En opinión de Freemarket, se trata de un claro caso de Curva de Laffer: al incrementar los tipos de IRPF y Sociedades y situarlos entre los más altos de Europa, se ha exprimido al sector privado pero las consecuencias no han sido unos ingresos mucho mayores.

Es más, las arcas de Grecia, Portugal e Irlanda han aguantado mejor que las de España porque sus impuestos directos son más bajos y sus indirectos, más altos.

En un primer momento, las alzas impositivas en España han podido recaudar algo más, pero ese impacto se ha difuminado conforme los agentes económicos incorporan los incrementos de fiscalidad a sus decisiones de trabajo, consumo, ahorro e inversión.

 Así, por el recargo del IRPF Hacienda sólo consiguió un paupérrimo 1,2 por ciento más de recaudación en 2012, y en el primer trimestre de 2013 ya perdía 853 millones de ingresos.

En Sociedades mantenemos unos de los tipos nominales más onerosos, del 30 por ciento. Sin embargo, nuestra recaudación es baja y el tipo efectivo alcanza el 19 por ciento. La conclusión es que unos tipos nominales altos desincentivan la inversión extranjera y fomentan que las compañías intenten eludir sus obligaciones tributarias o desplacen su actividad hacia lugares más ventajosos.   (...)

Según las tesis de Freemarket, cuando los Gobiernos pretenden recortar el déficit a golpe de impuestos, la recesión simplemente se alarga. En cambio, si se hace a fuerza de recortes, el periodo recesivo dura menos. En el estudio de Biggs, Hasset y Jensen sobre las reducciones de déficit exitosas a lo largo de la historia de EEUU, se concluye que la proporción adecuada entre recortes e impuestos ha de ser un 85-15, muy por encima del 67-33 llevado a cabo por Hacienda."               (Vox Pópuli, 03/07/2013)

La Generalitat de Catalunya tiene alternativas a los recortes

"Una postura bastante generalizada en centros financieros y económicos de Catalunya, que se reproduce también en medios de información próximos a las opciones políticas de sensibilidad conservadora y/o liberal, es que el gobierno de la Generalitat ha agotado ya, en la práctica, la posibilidad de generar más recursos a través de impuestos. (...)

Se dice y escribe con gran frecuencia que la única salida que le queda para alcanzar el objetivo de déficit público es recortar el gasto público, incluyendo el gasto público social, que ya ha alcanzado unos niveles tan bajos que están afectando muy seriamente a la propia viabilidad de los servicios públicos del ya escasamente financiado Estado del Bienestar. 

Los datos no avalan esta postura. Veamos, impuesto por impuesto, empezando por el impuesto de sucesiones y donaciones. Las diferentes reformas que este impuesto (sobre el que la Generalitat tiene plena potestad) ha experimentado, han causado una reducción de los ingresos a la Generalitat desde 1.000 millones de euros (que representan el 0,47% del PIB de Catalunya) en 2008 a 400 millones (el 0,19% del PIB de Catalunya) en 2011. 

Esto quiere decir que se han reducido los ingresos al gobierno catalán por una cantidad de 600 millones de euros, que podrían recuperarse año tras año si los recortes de tales impuestos se revirtieran. (...)

Otro impuesto que también se redujo fue el impuesto del patrimonio, reducción que benefició especialmente a las personas que tienen más patrimonio. Tal reducción (que equivalió en la práctica a la eliminación del impuesto) significó, el año en que tuvo lugar esta reforma, la pérdida de 500 millones de euros de recaudación (que representaba el 0,25% del PIB de Catalunya), fondos que podrían recuperarse si aquella reforma de 2008 se revirtiera aplicando los mismos tipos y exenciones que se aplicaban antes.

Otra fuente de ingresos podría ser el aumento del impuesto sobre los viajes en avión. Según Aena, la compañía pública gestora de los aeropuertos en Catalunya, los aeropuertos catalanes en 2012 tuvieron un tráfico de 38.874.897 pasajeros (salidas y entradas de los aeropuertos de Catalunya). Si cada pasajero pagara 3 euros de impuesto, la Generalitat podría cobrar 116 millones de euros más de los que obtiene. (...)

Otra fuente de ingresos poco desarrollada en Catalunya y en España son los impuestos ecológicos, que en España representan un porcentaje sobre el PIB (1,65%) muy por debajo de la media de la Unión Europea de los 27 (2,37%). Si Catalunya igualara tal media, la Generalitat de Catalunya ingresaría 1.200 millones de euros adicionales. (...)

Otro impuesto que habría generado grandes ingresos a la Generalitat de Catalunya habría sido el gravamen sobre el valor añadido de las transacciones financieras que, según el Fondo Monetario Internacional, representa el 5,3% del PIB para España. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que este dato es muy similar para Catalunya. Si estas transacciones se grabaran como se grava el consumo (al tipo del IVA reducido, es decir, un 10%) se podrían haber recaudado 1.110 millones de euros más en 2011.  (...)

Otra vía es, como ha hecho Canadá, crear un impuesto finalista, encaminado a generar recursos para la sanidad. Siguiendo esta política fiscal, Catalunya podría ingresar más de 1.000 millones de euros, que podrían sustituir o complementar los sistemas de copagos. (...)

Otras fuentes, como determinar las multas y sanciones según el nivel de ingresos del sancionado, tal como se hace en Finlandia, podrían generar también considerables recursos. Una estimación inicial sería de 150 millones de euros.

Todos estos son ejemplos de medidas que podrían aumentar los ingresos a la Generalitat de Catalunya. Que se lleven a cabo o no depende de su voluntad política."     ( Artículo publicado por Vicenç Navarro, cuya versión original se publicó en catalán en el diario ARA, 11 de abril de 2013, en www.vnavarro.org, 17/04/2013)  

España no tiene un problema fundamentalmente de excesivo gasto público. El 90% de la recaudación cae sobre las rentas del trabajo medias y bajas, mientras las rentas del capital y las empresas sólo aportan el 10% restante

"España no tiene un problema fundamentalmente de excesivo gasto público – se encuentra 5 puntos por debajo de la media europea – sino de insuficientes ingresos, por eso una reforma tributaria profunda es tan necesaria. (...)

La propuesta socialista persigue corregir las cuatro grandes carencias de las que adolece el sistema tributario español: su falta de equidad que hace recaer el 90% de la recaudación sobre las rentas del trabajo medias y bajas, mientras los contribuyentes más pudientes, las rentas del capital y las empresas sólo aportan en conjunto el 10% restante; inestabilidad de la recaudación en el tiempo; insuficiencia de ingresos y; poca eficiencia para combatir el fraude.(...)

 Para lograr estos objetivos, el PSOE coloca la lucha contra el fraude como un prioridad política y no evita mentar la bicha; habrá subidas de impuestos, pero enfocadas en los grandes patrimonios y fortunas que en España apenas contribuyen, así como las grandes empresas y la banca. Para ello se plantea la integración del IRPF y el impuesto de patrimonio en una figura tributaria única, siguiendo el modelo holandés, que permita capturar y gravar la capacidad global de cada contribuyente. 

Además, se equipararía la tributación de rentas del capital con las del trabajo, la revisión de las SICAV, reintroducción del impuesto de sucesiones y donaciones, o la eliminación de las deducciones regresivas del IRPF, entre otras medidas.

Por el lado de las empresas, el PSOE quiere acercar la tributación real a la tributación nominal, con la introducción de un tipo efectivo mínimo compensable del 15% sobre el beneficio contable y eliminando de forma permanente el grueso de deducciones y exenciones que benefician sobre todo a las grandes empresas. 

También se introducirán dos impuestos a la banca -para que contribuya a sufragar los costes de una crisis provocada en gran parte por su comportamiento irresponsable- inspirados en las recomendaciones del FMI poco sospechoso de izquierdoso radical, ¿o es que ahora sí lo es?.
Aumentar la tributación a la riqueza no solo es una cuestión de recaudación, sino también de equidad y justicia social, puesto que la desigualdad en términos de riqueza es muy superior a la desigualdad en renta; el 10% de los individuos más ricos acumula un patrimonio 135 veces mayor que el 20% más pobre, mientras que en renta la diferencia es de 13 a 1.   (...)

Rajoy prometió que no habría subidas de impuestos, pero al llegar al poder, alegando desconocimiento de las cuentas, aumentó el IRPF e IVA golpeando a las clases medias. Además, ha llevado a cabo una amnistía fiscal a los grandes defraudadores profundamente injusta.

 En contraposición, el PSOE plantea una reforma fiscal profunda, haciendo de la lucha contra el fraude la prioridad más absoluta y, que no suponga mayores esfuerzos para las clases medias, sino basada en subidas de impuestos para el 10% más pudiente. Son dos formas diferentes de aumentar la recaudación y reducir el déficit."          (MANUEL DE LA ROCHA VÁZQUEZ, El País, 26/04/2013)

España recauda 80.000 millones menos que Grecia pese a subir los impuestos. Si recaudara lo mismo que el país heleno, dispondrían de unos 80.000 millones de euros adicionales

"Los datos están aquí. Y reflejan la crisis fiscal del Estado. Un país como Grecia, sometido a durísimos programas de ajuste que han desplomado la actividad económica (el PIB está cayendo por encima del 6% anual), recauda más que España. Y no de forma marginal o esporádica.

 Muy al contrario, ingresa bastante por encima y desde hace bastante tiempo. En concreto, y según Eurostat, el Estado griego recaudó el año pasado una cifra equivalente al 44,7% del producto interior bruto (PIB). Es decir, muy por encima del 36,4% que lograron ingresar las Administraciones Públicas españolas en 2012. (...)

Grecia no es un caso único. Portugal, también con una seria crisis económica, es capaz de recaudar al año el 41% de su PIB, casi cinco puntos más que España. Incluso Italia, también en medio de una recesión tan intensa como la española, recauda el 47,7%.

No ocurre, desde luego, lo mismo con España, que pese al aumento de la presión fiscal derivada de las dificultades financieras del sector público todavía no ha llegado alcanzar los niveles de recaudación de Grecia en plena crisis. En 2009, en concreto, los ingresos públicos equivalían el 35,1% del PIB. Un año más tarde, se alcanzó el 36,6%, pero en 2011 esta proporción respecto del PIB había bajado de nuevo hasta el 35,7%. 

En 2012, la recaudación ha vuelto a crecer hasta el 36,4% del PIB, pero aun así continúa situándose más de ocho puntos por debajo de Grecia. O dicho en otros términos, si las distintas Administraciones Públicas recaudaran lo mismo que el país heleno, dispondrían de unos 80.000 millones de euros adicionales. En otras palabras, el Estado no tendría déficit presupuestario sin incluir las ayudas a la banca. (...)

La crisis fiscal de España es de tal envergadura que sólo Irlanda, un país de baja tributación en el Impuesto de Sociedades, recauda menos dentro de la Eurozona, lo que refleja la dimensión del problema. La media en la zona del euro se sitúa, de hecho, en el 46,2% del PIB, casi diez puntos más que España.

 Y ello se produce pese a que los tipos impositivos españoles se encuentran entre los más elevados de la Unión Europea. Incluso el Reino Unido, que siempre ha hecho gala de tener una economía competitiva debido a su baja tributación, recauda seis puntos de PIB más que España.

Los problemas de recaudación de las Administraciones Públicas explican, en buena medida, el imparable aumento del endeudamiento público. Hasta el extremo de que, según las previsiones del Gobierno remitidas a Bruselas, la deuda alcanzará a finales de este año los 960.000 millones de euros. Por lo tanto, algo más de 76.000 millones de euros más que en 2012.

 La causa de esos problemas recaudatorios hay que relacionarla con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, que llevó la recaudación a niveles históricos. Ahora ese 'castillo de naipes' es el que se ha venido abajo. Entre otras cosas, por la pérdida de puestos de trabajo."            (El Confidencial, 23/04/2013)

La causa del cuantioso déficit del sector público español se encuentra no en el exceso de gastos sino en la caída de la recaudación. Hacienda publicó la lista de todos los contribuyentes, durante 2 años... con gran eficacia. No durá mucho tiempo

"A finales del mes de diciembre publicaba en este diario un artículo con el mismo título en el que mantenía la tesis de que la causa del cuantioso déficit del sector público español se encuentra no en el exceso de gastos sino en la caída de la recaudación, y añadía que, para equilibrar las finanzas públicas, no queda otro camino que no sea el de reformar a fondo el sistema fiscal.

Recientemente, Eurostat ha hecho público el dato de presión fiscal armonizada en 2011 para todos los países de la Unión Europea, confirmando lo que en aquel artículo se decía: en primer lugar, que nuestro país tiene la presión fiscal más baja de la Europa de los quince (32,4%), inferior incluso a Grecia (34,9) y a Portugal (36,1), y no hablemos de la diferencia, por ejemplo, con Francia que es de trece puntos, o con Italia y Alemania, de diez y de ocho puntos respectivamente; en segundo lugar, que desde el comienzo de la crisis (año 2007) la presión fiscal ha descendido casi seis puntos.

Es este segundo aspecto el que resulta un tanto sorprendente, porque si en una crisis como esta resulta lógico que la recaudación descienda, la coherencia desaparece cuando hablamos de presión fiscal (cifra de ingresos obtenidos, dividida por la renta nacional o por el PIB), ya que el decremento se produce tanto en el numerador como en el denominador y, por lo tanto, la presión fiscal debería mantenerse más o menos constante, o aumentar si, tal como ha ocurrido en España, se han introducido cambios normativos con subidas de tipos.

La explicación de fenómeno tan extraño hay que buscarla en un reparto desigual de la carga de la crisis y de los impuestos. Son las capas bajas y medias las que están soportando principalmente los ajustes y es precisamente sobre estos mismos colectivos sobre los que recae en mayor medida la carga fiscal. 

Eso hace que la recaudación descienda mucho más que el PIB, y se reduzca en consecuencia la presión fiscal. Lo cierto es que sin incrementar esta última magnitud será imposible corregir el déficit y mantener el Estado del bienestar, y para incrementarla se precisa un reparto de la carga más equitativo y generalizado. (...)

Conviene recordar a este respecto que cuando se creó el IRPF en los años de la Transición se impuso al Ministerio de Hacienda la obligación de publicar la lista de todos los contribuyentes con indicación para cada uno de ellos de la cantidad con la que había contribuido. 

Durante dos o tres años las listas se hicieron públicas con regularidad y gran eficacia, de modo que cada ciudadano podía saber cuánto había tributado el vecino y cuál había sido la carga fiscal de las grandes fortunas, y de los políticos y demás personajes públicos. La medida ciertamente no duró mucho tiempo. 

Era demasiada transparencia y dejaba al descubierto muchas vergüenzas. Con el pretexto del terrorismo, se suprimió para siempre jamás. ¿No habrá llegado el momento de retomarla? Las realidades tremendamente escandalosas se corrigen muchas veces, o al menos se palian, a través del mero conocimiento por parte de la sociedad. Imposible mantenerlas cuando son conocidas por todos. “Luz y taquígrafos” puede convertirse en arma principal en la lucha contra el fraude fiscal."         (Juan Francisco Martín Seco, Attac España, 27/01/2013)

Los impuestos, estúpidos, son los impuestos

"El elevado déficit público ha puesto patas arriba todas las partidas de gasto: la sanidad, la educación, las infraestructuras, las pensiones, la dependencia, la investigación, la justicia, la Administración en general; sin embargo, tanto el último gobierno de Zapatero como el actual de Rajoy son remisos a enfrentarse con la verdadera causa: la caída de la recaudación. 

Ello tiene quizá fácil explicación: los intereses en juego que se mueven entre bambalinas. Ahora bien, corregir el déficit resultará imposible sin acometer una reforma fiscal en profundidad. (...)

Deberíamos plantearnos qué es lo que ha ocurrido y continúa ocurriendo con nuestro sistema fiscal para que presente un comportamiento tan irregular y tan distinto del de la mayoría de los países de la OCDE, cuya presión fiscal ha subido en este periodo. Desde principios de los noventa las reformas fiscales han servido para, lejos de corregir los defectos que aún arrastraba el sistema tributario, ahondar más en ellos reduciendo la progresividad y la suficiencia.

 Especialmente significativos son los doce años que transcurren desde 1996 hasta el comienzo de la crisis, es decir las dos legislaturas de Aznar y la primera de Zapatero, en las que, tanto desde el punto de vista normativo como desde el práctico, (en la persecución del fraude,) la Hacienda pública experimenta un fuerte deterioro.

 Son los años en los que bajar los impuestos es de izquierdas de Zapatero o los de la curva de Laffer mal aprendida por Aznar; en los que cualquier pichichi del PP repetía como un papagayo que bajando los impuestos se recaudaba más. 

Todo se cubría con la burbuja inmobiliaria y financiera y, al igual que creaba una sensación falsa de riqueza, originaba también la creencia de que el sistema fiscal mantenía su potencial recaudatorio. No obstante, fue suficiente que se pinchase la burbuja para que ambos espejismos se esfumasen.

Las reformas no solo han dañado la capacidad recaudatoria, esto es la suficiencia del sistema para atender las prestaciones y servicios públicos del Estado social, sino también la progresividad, redistribuyendo la carga fiscal en contra de las clases bajas y medias y a favor de las adineradas. 

Ello junto con el hecho de que el coste de la crisis está incidiendo mucho más sobre las primeras que sobre las segundas explica que los ingresos del Estado se estén reduciendo en mucha mayor medida de lo que lo hace el PIB, ya que la renta de los que pagan impuestos (las rentas bajas) disminuye más que la media. (...)

Si se pretende de verdad corregir el déficit no queda más remedio que enfrentarse con los ingresos. En especial, habrá que promover por fuerza una distribución más equitativa de la carga fiscal, lo que conduce como primer tema a la lucha contra la evasión. Hace por lo menos veinte años que no existe voluntad política para perseguir el fraude, incluso se ha cambiado la normativa para hacerla más permisiva, por ejemplo la Ley General Tributaria en tiempos de Aznar. 

Hoy los defraudadores saben que cuentan con patente de corso. De ahí que la amnistía fiscal de Montoro haya sido un estrepitoso fracaso. Dejando al margen su posible iniquidad, una amnistía fiscal solo puede tener éxito si al mismo tiempo se transmite la certeza de que a partir de ese momento no va a haber tregua en la lucha contra la evasión.

La primera condición para obtener resultados positivos en la lucha contra el fraude es conseguir que cale en la sociedad la idea de que de los impuestos dependen, tal como estamos viendo, las pensiones, la sanidad, la educación, la igualdad en la justicia, las obras públicas y tantos servicios públicos, y que, en consecuencia, el que defrauda está cometiendo no una falta, sino un delito contra toda la sociedad. 

Su fraude puede ser la causa de la muerte de un niño por falta de asistencia sanitaria, el paro de muchos trabajadores o el desamparo de un anciano. Robar a toda la comunidad debe ser tenido como delito de tanta o mayor gravedad que robar a un particular. 

El defraudador fiscal se apropia de dinero público, por lo que se le debería juzgar con la misma severidad que empleamos a la hora de hablar de la corrupción de los políticos o de los empleados públicos. Y a la lucha contra la evasión fiscal se tendría que aplicar todo tipo de medios, aun los más extremos, aquellos que la sociedad emplea para defenderse ante los delincuentes."             (Attac España, 31/12/2012)

Alternativas a los recortes (en Catalunya, en España)

"Pero hay otros medios de reducir el déficit de la Generalitat que apenas han salido en este debate. Y uno de ellos es la subida de los ingresos a la Generalitat de Catalunya a través del aumento de impuestos.

 En realidad, en la gran mayoría de países que están reduciendo su déficit, esta reducción se realiza no sólo mediante recortes del gasto público, sino también mediante aumento de los impuestos. Así, el gobierno portugués redujo su déficit a través de la reducción de gasto público (un 50% de la reducción del déficit) y un aumento de los impuestos (el otro 50%).

 Lo mismo está proponiendo el Partido Laborista británico. Incluso David Cameron, que dirige el gobierno de coalición del partido conservador con el partido liberal en Gran Bretaña, ha subido los impuestos para complementar la reducción del déficit del estado británico a base de recortes (en una proposición de un 20 % en subida de impuestos y un 80% en recortes del gasto público). El Presidente Obama ha propuesto un 50%/50%. 

En cambio, el gobierno de la Generalitat basa su estrategia de recortar el déficit de la Generalitat, casi exclusivamente en los recortes del gasto público, y muy especialmente de los servicios públicos del estado del bienestar. (...)

Los impuestos de la Generalitat y del estado español están entre los más regresivos que existen en la UE-15, lo cual quiere decir que, mientras la mayoría de la población que está en nómina paga porcentajes de sus rentas comparables a la media de la UE-15, las rentas superiores no están contribuyendo en términos homologables al resto de la UE-15. 

Es importante subrayar este punto, ya que en Cataluña la insuficiencia de ingresos al estado se ha centrado en el déficit fiscal que el estado español debe a la Generalitat, déficit que es real y debe corregirse, pero que es insuficiente para cubrir el enorme déficit de gasto público social de la Generalitat, que se basa en la escasa progresividad fiscal de la Generalitat, sobre la que el gobierno catalán tiene plena responsabilidad.

El economista David Lizoain, que conoce bien la construcción del presupuesto de la Generalitat, estimó que ésta podría recoger fácilmente 2.788 millones de euros mediante las siguientes medidas: 

1.000 millones mediante un impuesto finalista (que fuera a la sanidad) de carácter progresista , tal como se hizo en Canadá; 

600 millones de euros a base de grabar los beneficios exuberantes del capital financiero, tal como sugirió el propio Fondo Monetario Internacional; 

400 millones de euros, resultado de mantener y no eliminar el impuesto de sucesiones; 

538 millones de euros como consecuencia de recuperar el impuesto sobre el patrimonio, modificado para centrarse en las grandes fortunas; 

150 millones de euros mediante la modificación de las multas y sanciones para hacerlas más progresivas, tal como ocurre en los países nórdicos, donde la multa que un ciudadano debe pagar depende de la renta del sancionado; 

150 millones de euros de un impuesto ecológico que consistiría en un impuesto de cinco euros por cada vuelo que salga del Aeropuerto del Prat.

A esta lista, que no afectaría a la mayoría de la población, podrían sumarse otras intervenciones que, de nuevo, no afectarían a la mayoría de los contribuyentes y que en cambio serían muy populares. 

Entre ellas destaca la corrección del fraude fiscal, muy acentuado entre las rentas superiores en Catalunya, y en las grandes empresas. En realidad, si los cálculos que han hecho los propios inspectores de Hacienda del estado español, se aplicaran en Catalunya (lo cual es probable que sea una subestimación), el número de millones de euros que no se pagan a la Generalitat de Catalunya podría llegar a los 8.000 millones de euros. 

 Otros podrían ser los impuestos al tabaco y al alcohol, que podrían recoger hasta 200 millones de euros más. Y otra fuente de ingresos podría ser el pago por parte de las mutuas patronales de accidentes y enfermedades laborales en la sanidad pública por los gastos que ocasionan los enfermos por causas laborales, que ellos deberían abonar, y que podría alcanzar la cifra de 230 millones de euros.

¿Por qué no se consideran estas alternativas? La respuesta es de carácter político. Estas medidas afectarían grupos de la sociedad que tienen mucho más poder político y mediático que las clases populares que son las más perjudicadas por los recortes sociales. Así de claro."          (Vicenç Navarro, Público, 12/12/2012)

Las multinacionales pagan, en España, unos impuestos ... ¡¡del 5%!!

"Un argumento utilizado por los independentistas catalanes para defender la tesis de que Catalunya tendría más recursos si se independizara de España es que España está “expoliando” a Catalunya. 

No voy a entrar en este artículo en este tema, sobre el cual he escrito extensamente en varios artículos mostrando que el escaso desarrollo social de Catalunya no se debe al supuesto expolio nacional sino al enorme poder que las derechas catalanas y españolas han tenido y continúan teniendo a los dos lados del Ebro, situación responsable del subdesarrollo social de Catalunya y de otras partes de España, como documento en mi libro 

El Subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias, Anagrama. 2006. En este artículo quiero centrarme en la existencia de un expolio del cual ni los nacionalistas de los dos lados del Ebro ni nadie más están hoy hablando, ni en Catalunya ni en España. 

Es el expolio de una minoría -lo que solía llamarse la burguesía financiera e industrial- al resto de la población, y que está ocurriendo a lo largo de todo el territorio español, incluyendo Catalunya. Tal minoría no está contribuyendo al Estado (tanto central como autonómico) lo que contribuyen todos los demás.

 Si pagara al Estado lo que pagan todos los demás, la cifra resultante para toda España sería de más de 30.000 millones de euros al año, con lo cual podríamos haber evitado hacer todos los recortes de gasto público y social que están dañando de una manera muy acentuada el bienestar y calidad de vida de la mayoría de la población en general y de las clases populares en particular, tanto en Catalunya como en el resto de España. (Ver el informe del Observatorio Social de España, El impacto de la crisis en las familias y en la infancia. Ariel. 2012). 

Para entender la naturaleza de este expolio, hay que entender cuáles son las fuentes de ingreso más importantes al Estado que incluye, como he señalado en el párrafo anterior, no sólo el Estado central, sino los Estados autonómicos.

Pues bien, cuatro son las fuentes más importantes: una son los ingresos derivados de los impuestos sobre las rentas, primordialmente del trabajo, o IRPF (que es un impuesto que paga la mayoría de la población trabajadora); la otra fuente son los impuestos sobre el capital que afectan a un grupo muy minoritario de la población (predominantemente los burgueses y los grandes empresarios); la tercera fuente son los impuestos sobre el consumo, IVA, que toda la población, independientemente de sus ingresos, paga cuando compra algo, y que es sumamente regresivo; una cuarta fuente son los impuestos especiales que, como su nombre indica, son impuestos para fines concretos; y, finalmente, otra categoría que se define como “otros impuestos”.

Pues bien, según el excelente informe de la Fundación 1º de Mayo de Comisiones Obreras (uno de los centros de estudios más  rigurosos que publica periódicamente informes que cuestionan la credibilidad del conocimiento producido por los centros de estudios financiados por la Banca y la Gran Patronal, como FEDEA), escrito por el economista Manuel Lago (y del cual extraigo la mayoría de los datos que presento en este artículo), los ingresos derivados del IRPF en España, desde el último año antes de que se iniciara la crisis, 2006, hasta el año 2011, crecieron un 6%, pasando el Estado de ingresar 64.638 millones de euros a 68.557 millones.

 Los fondos públicos procedentes del impuesto sobre el consumo bajaron sólo ligeramente (-2%), pasando de 52.817 millones de euros a 51.580 millones. Los fondos que el Estado recogía vía los impuestos especiales crecieron muy poco (2%), pasando de 18.699 millones de euros a 19.025 millones, y la categoría de “otros impuestos” subió más (5%), pasando de 5.696 millones de euros a 5.971 millones. 

Estos fondos procedentes de tales impuestos derivan, en gran parte, de la mayoría de la gente que trabaja y consume (lo que la literatura sociológica definiría como clase trabajadora y clases medias). Y a lo largo del periodo 2006-2011 se han mantenido o han aumentado.

Ahora bien, si analizamos qué ha pasado con las rentas derivadas del capital y de sus diferentes componentes, tales como capital financiero (bancos, compañías de seguros y compañías de alto riesgo, entre otros), capital industrial (grandes corporaciones multinacionales) o capital de servicios (empresas de marketing y asesorías, entre otras) vemos que los ingresos al Estado derivados de la carga impositiva sobre el capital han bajado de una manera muy acentuada, casi espectacular (-68%), pasando de 41.675 millones de euros a 13.383 millones. 

Es decir, en otras palabras, el Estado ha dejado de ingresar 28.292 millones de euros. En realidad, el descenso total de ingresos al Estado, pasando de 183.525 millones de euros a 158.516 millones, procede mayoritariamente de gravar menos las rentas del capital,  hecho que es el mayor responsable de la bajada de ingresos al Estado durante este periodo (14%). 

En total el Estado ha pasado a ingresar 25.009 millones de euros menos, que es una cifra muy cercana a los 28.292 millones que el Estado no ingresó como consecuencia del descenso de los ingresos procedentes de las empresas, es decir, del capital.  (...)

Y lo más llamativo es que los ingresos procedentes del impuesto de sociedades (que es el impuesto al capital), que representaban el 23% de todos los impuestos en el año 2006, han pasado a ser sólo un 8%. Sí, lo ha leído bien, sólo un 8%. El mundo empresarial contribuye mucho, mucho menos que la mayoría de la población, incluyéndole a usted, lector, y a mí.

Ni que decir tiene que los centros de estudios financiados por la banca y por la gran patronal han intentado explicar tal descenso de su contribución al Estado atribuyéndolo a la reducción de sus beneficios, resultado de la crisis económica. Manuel Lago muestra contundentemente que ello no es del todo cierto.

 La reducción de beneficios es sólo una pequeña parte de la causa del descenso de los ingresos al Estado procedente de las empresas. Tal descenso es mucho mayor que el descenso de beneficios, una situación que es particularmente acentuada entre las grandes empresas, llamadas multinacionales.

 En realidad, el descenso de su aportación al Estado es consecuencia de la gran cantidad de lo que llaman incentivos fiscales, incluyendo las enormes deducciones, y nuevos sistemas de ingeniería contable que hacen que lo que en teoría pagan las rentas del capital (35%, bajado más tarde a 30%) se haya reducido en la realidad a un 5%. 

 Sí, repito, ha leído bien, a un 5%. Las otras empresas (que no son grandes empresas multinacionales y facturan menos de diez millones de euros) pagan menos que su tipo nominal, siendo el real 15,3%, más de tres veces más que las multinacionales. (...)

El significado de estos datos y otros aportados por el informe es que, durante el periodo de la crisis 2007-2011, las empresas financieras, industriales y de servicios (es decir, el capital) declararon 851.933 millones de euros de beneficios, por los cuales tributaron 101.421 millones, es decir, un 11,9%. 

Si hubieran pagado el 28,5%, que es lo que la Agencia Tributaria considera como el tipo nominal medio, el Estado hubiera ingresado 242.801 millones de euros, es decir, 141.380 millones de euros más, unos 35.000 millones de euros más anuales (tomando las cifras de 2009), que es, por cierto, la cifra de recortes de gasto público que los sucesivos gobiernos han estado exigiendo a la población española, recortes que se están haciendo para compensar las enormes ventajas fiscales que se han hecho a las rentas del capital. 

Es el tamaño de lo que debería llamarse el expolio social, muchas veces superior al supuesto expolio nacional. Y, en cambio, el gran debate es sobre este último (entre aquellos que sustentan que hay un expolio nacional y los que señalan que no lo hay), y no sobre el anterior, que está perjudicando a las clases populares de toda España, incluida Catalunya. 

El hecho de que los establishments políticos y mediáticos españoles y catalanes se centren en el debate nacional y no en el debate social, se explica por el enorme poder que el capital tiene sobre tales establishments a los dos lados del Ebro. Así de claro. (...)

Créanme que en España, incluyendo Catalunya, el que no está indignado es que no sabe lo que está pasando en su entorno. Así de claro."           (Artículo de Vicenç Navarro que se publicará en el diario PÚBLICO, 6 de diciembre de 2012, en www.vnavarro.org, 05/12/2012)

Dinero hay, lo que no hay es voluntad de recaudarlo

"Recientemente el Sub-Secretario de Estado de Cooperación Internacional, Gonzalo Robles, afirmaba que “no se puede redistribuir riqueza cuando no la hay”. Así justificaba el nuevo recorte que ha sufrido la cooperación en el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2013.

La afirmación del Sr. Robles parte de dos premisas que son erróneas. Primera: dinero hay, lo que no hay es voluntad política de recaudarlo. El dinero que se mueve al año en transacciones financieras asciende a más de 70 veces el PIB mundial.

 La implantación en España de un impuesto que grave estas transacciones con un tipo de, por ejemplo el 0,05%, podría suponer una recaudación de más de 5.000 millones de euros [1]. Por otra parte, el fraude fiscal se sitúa en torno al 20-25% del PIB español; una práctica que se extingue con medias activas y no sólo preventivas.

Veamos algunas cifras. Si se redujera la economía sumergida se recaudarían 38.577 m€; si se impusiera un tipo del 35% al impuesto de sociedades, las arcas públicas recibirían 13.950 m€. Este dinero, junto a los 5.000 millones de la tasa a las transacciones financieras y otro tipo de medias supondrían en total, casi 64.000 millones de euros. Un dinero que el Estado españolpodría ingresar y no ingresa.

Si profundizamos en el análisis, esa cifra de 64.000 millones, coincide con el déficit en gasto social que tiene España con respecto a la media europea.  Es decir, España deja de recaudar ese dinero que –tal como hacen sus socios europeos con economías similares- debería invertir en garantizar su Estado de bienestar: sanidad, educación, inmigración, cooperación para el desarrollo, dependencia, igualdad, etc.

Segunda premisa errónea del Sr. Robles. La distribución sí se realiza, sólo que no de la manera más justa y equitativa. Las cifras hablan por sí solas. Mientras la Agencia Española de Cooperación Internacional sufre desde 2011 un recorte acumulado del 70%; el programa del Ministerio de Defensa, destinado a la modernización del ejército –fundamentalmente compra de material militar- ha aumentado un 175% en los Presupuestos de 2013. 

Y éste es solo un ejemplo de la asimetría de los presupuestos del Estado para 2013.

No se trata por tanto de repetir como mantra que el país ha vivido por encima de sus posibilidades, sino de asumir y afrontar que este país recauda por debajo de sus responsabilidades."                (Attac Madrid, 25/10/2012)

Hay alternativas al rescate. Lo que tiene que hacerse es dejar de endeudarse, renegociando una deuda que ha beneficiado a la banca y a sus accionistas, pero a nadie más.

"La solución a la crisis económica pasa por romper el círculo vicioso que inicia con un endeudamiento que quiere resolverse a base de políticas de austeridad que determinan un descenso de la actividad económica y de los ingresos al Estado, lo cual lleva a pedir prestado más dinero y a endeudarse. Este círculo vicioso es lo que está llevando la Eurozona al desastre. (...)

Lo que tiene que hacerse es dejar de endeudarse, renegociando una deuda que ha beneficiado a la banca y a sus accionistas, pero a nadie más. No se puede avanzar con un sistema financiero que funciona para tan pocos a costa del sacrificio de tantos. La banca privada ya ha perdido su función social, que es la de proveer crédito. Si no ofrece crédito, no tiene lógica su existencia.

 El tamaño del sector financiero en una economía debe por lo tanto reducirse sustancialmente mediante toda una serie de medidas, que incluyen desde una carga impositiva mucho más elevada a la banca (sin afectar los ahorros del ciudadano normal y corriente), gravando principalmente a los grandes depósitos, las largas transacciones y las actividades especulativas.

 Otras medidas deberían incluir su nacionalización, con pleno intervencionismo del Estado para garantizar la disponibilidad de crédito razonable y accesible. No puede permitirse que la banca privada sea el aparato sanguíneo del cuerpo económico.

Por otra parte, los Estados deben dejar de depender tanto de los préstamos externos, observación que es especialmente relevante para los países llamados en la terminología anglosajona PIGS (o GIPSI si se incluye Italia). 

Cada uno de estos Estados (cuyos ingresos al Estado son excesivamente bajos) debe incrementar sustancialmente sus ingresos públicos. Si España tuviera la carga fiscal de Suecia, el Estado español ingresaría 200.000 millones de euros más al año.(...)

 Otras propuestas también altamente populares es la reducción del gasto en las Fuerzas Armadas. (...)

Ni que decir tiene que estas propuestas alternativas, populares a nivel de calle, son inmensamente impopulares en los establishments que gobiernan a los países de la Eurozona, que están imponiendo políticas opuestas, altamente impopulares. 

Hoy existen unas instituciones que no han sido elegidas por la población, que gobiernan e imponen lo que favorece a sus intereses particulares, a costa de los intereses generales.

 Las fuerzas auténticamente democráticas deberían coordinarse a nivel europeo, incluyendo una huelga general a nivel de toda la Eurozona para indicar que las clases populares están diciendo basta ya de esta dictadura financiera que está llevando a todos los países al desastre."           (Vicenç Navarro, Attac España, 24/10/2012)