La patronal del juego se cuela en los gobiernos autonómicos e indigna a los afectados: “Los están blanqueando” Al menos seis comunidades autónomas han abierto la puerta al Proyecto FES, una iniciativa de las empresas de locales de apuestas y de tragaperras para mejorar su imagen y llegar hasta los escolares, entrando ya en colegios e institutos

 "Aragón, Cantabria, Illes Balears, Andalucía, Canarias o Extremadura. La patronal del juego, que aglutina a las empresas de locales de apuestas o de máquinas tragaperras, está consiguiendo permear en los gobiernos autonómicos a través del denominado Proyecto FES, con el que está entrando ya en colegios e institutos. Su actividad se centra en poner el foco en los problemas de las pantallas en los adolescentes, mientras aparecen relegadas las afecciones causadas por el juego. Tanto los expertos como las asociaciones de jugadores rehabilitados han expresado su indignación: consideran que las administraciones están “blanqueando” su actividad.

El Proyecto FES cuenta con una página web en la que esconden su origen y con una cara visible: el 'coach' televisivo Pedro García Aguado. “Por una sociedad sensibilizada y una juventud responsable con la gestión sana de su tiempo libre”, aparece como primer impacto en el portal de la iniciativa. Detrás de FES está la Plataforma para el Juego Sostenible, entre cuyos asociados están salas de juego y apuestas, bingos y operadores de máquinas tragaperras en la hostelería.

Al menos seis comunidades autónomas han colaborado recientemente con el Proyecto FES. La última de ellas ha sido Aragón, con la que van a organizar el próximo 25 de abril el I Congreso de Familias de la comunidad. En la presentación de esta actividad, junto con la consejera de Servicios Sociales autonómica, Carmen Susín, se sentó Alfredo Llop, presidente la Asociación Empresarial de Máquinas Recreativas de Aragón (Azemar) –y teniente de alcalde por Vox en el Ayuntamiento de Daroca–. “A través de este proyecto, el sector intenta ayudar a paliar las adicciones de nuestros jóvenes a las pantallas en un sentido amplio”, dijo Llop, quien asoció en ese mismo “sentido amplio” a los videojuegos y a internet que a los juegos de azar.

El presidente de Azemar agradeció la “mano tendida” por la directora general de Familia del Gobierno de Aragón, Eva Fortea, y apuntaló el objetivo del sector: “Ampliar la campaña a todos los colegios públicos de Aragón y a la red de técnicos del Instituto Aragonés de la Juventud y de la Dirección General de Familias”.

Fuentes de este Departamento del Ejecutivo aragonés explican a elDiario.es que no hay propuestas en ese sentido y limitan la colaboración con el Proyecto FES a la charla que en el Congreso de Familias impartirá García Aguado, con quien Fortea coincidió en la presentación de FES en Zaragoza. Un acto que contó precisamente con la participación también de la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández.

En la legislatura pasada, con Javier Lambán al frente del Ejecutivo autonómico, la patronal del juego ya intentó llegar a acuerdos con la Administración –y también a forzar encuentros con los representantes políticos–, pero el Gobierno socialista lo frenó. Ahora, con el popular Jorge Azcón como presidente, la situación ha cambiado.

“Nadie está utilizando el concepto de 'juego sostenible' en el mundo académico, es un neologismo que utilizan solo desde una parte, de forma interesada, para dar al juego una apariencia de aceptabilidad social y unas connotaciones positivas que no puede tener”, critica José C. Perales, catedrático de Psicología en la Universidad de Granada e investigador en adicciones comportamentales y toma de decisiones. Perales es claro respecto a la participación del Proyecto FES en las políticas públicas: “Yo veo un conflicto de intereses muy evidente. El juego de azar es una amenaza para la salud pública y así se le debe tratar. No es el tipo de organización que yo querría tener en un congreso dirigido a las familias”.

De la misma opinión es Juan Lamas, director técnico de la FEJAR, la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. “Es una operación de marketing, están blanqueando el juego”, advierte, antes de separar los problemas que generan las pantallas en los adolescentes con “la prevalencia del trastorno del juego como categoría clínica”.

Desde el Colegio de Psicólogos de Aragón, su presidente, Santiago Boira, se muestra también crítico con el papel del Proyecto FES y de sus impulsores. “Que se hable de prevención y de sensibilización está bien. Lo que genera desconfianza y quizás un conflicto de intereses es que quien esté detrás sean empresas del juego. Sabiendo que además no conocemos el programa”, explica. Boira considera por otro lado “inadecuado” el término 'juego sostenible': “Cuando hablamos de adicciones, no podemos referirnos al consumo de sustancias sostenibles: no existe un consumo sostenible de tabaco”, pone como ejemplo.

El presidente de los psicólogos de Aragón recuerda que el juego es “un problema de salud pública” que, además, afecta a menores, por lo que “el nivel de garantía de los procedimientos debe ser muy alto”. Por eso, critica también –sin mencionarlo– el papel de García Aguado con sus charlas: “La Plataforma tiene figuras con visibilidad en redes, pero en cualquier procedimiento de intervención se necesitan profesionales. La prevención está muy bien, pero debe estar hecha por psicólogos. Y con intervenciones validadas científicamente”.

Según el Informe sobre adicciones comportamentales y otros trastornos adictivos 2024, de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, uno de cada cinco menores de entre 14 y 18 años participan en juegos de azar, ya sea online o de manera presencial. Pese a que la diferencia entre ambos se va acortando, el presencial sigue siendo más habitual en menores: un 17,7% frente a un 10,7%. Respecto al informe anterior –de 2021–, del juego presencial descienden varias categorías, pero esto no sucede ni con las máquinas de azar (sube 10 puntos, hasta el 27,7%) ni con el bingo (aumenta 5,5 puntos, hasta el 35,9%).

La Plataforma de Juego Sostenible afirma en su página web que su aspiración es “ayudar a paliar las posibles externalidades negativas” de su actividad mediante un intento de “aportar en positivo”. Sin embargo, en la misma web incluyen dentro del apartado de material divulgativo una pestaña con “creencias erróneas sobre el juego”; en ella ponen en duda los efectos que tienen las apuestas deportivas entre los jóvenes o que la proximidad de los locales a los colegios tenga incidencia en los menores.

Fuentes de este organismo recuerdan que el Proyecto FES es una iniciativa “en materia de prevención” que “responde a la colaboración público-privada” entre el sector y gobiernos autonómicos “de todo color político”. Una relación, explican, en la que la Plataforma aporta “contenido y profesionales” y la Administración, “contacto con los centros educativos y familiares” y una “supervisión de los contenidos”.  

Desde la Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación (Azajer) creen, sin embargo, que “llama la atención” que “desde el sector del negocio del juego se promueva una iniciativa en la que se pone el foco en la problemática del uso de las tecnologías, sin entrar en las consecuencias y problemas que generan los juegos de azar y las apuestas en todos los planos de la vida”. Y, como en el Colegio de Psicólogos, consideran “fundamental” que se cuente con “profesionales cualificados en prevención y tratamiento de los diagnósticos de salud mental para hacer frente a las distintas adicciones”, aunando “el rigor que aporta la ciencia y la investigación” por un lado, con “la realidad que viven y experimentan los jóvenes” por el otro.

Cantabria

En el caso de Cantabria, el aterrizaje del Proyecto FES se produjo durante la pasada legislatura, con el bipartito PRC-PSOE presidido por el regionalista Miguel Ángel Revilla en el poder, informa Laro García. De hecho, fue el propio expresidente el que dio cobertura política y mediática a esta controvertida iniciativa, participando en la inauguración de la primera conferencia impartida por Pedro García Aguado en un instituto público de Santander.

Según difundió el propio Gobierno autonómico hace ahora tres años, en abril de 2022, el Proyecto FES llegó a los institutos de Cantabria con el objetivo de “impartir cursos y charlas de formación específicas para prevenir conductas adictivas y sensibilizar sobre la importancia de encarar el juego de una manera responsable”, con la implicación directa de las consejerías de Presidencia y Educación, ambos departamentos en manos del PRC, en coordinación con la Plataforma de Juego Sostenible, encargada de diseñar una propuesta que se iba a desarrollar en Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y entre los padres y madres integrados en las AMPAS, y que también tuvo su penetración en los centros privados de enseñanza.

El Ejecutivo cántabro reconoció en aquel momento que esta iniciativa para supuestamente combatir la ludopatía entre los jóvenes y advertir de las conductas adictivas en las aulas se ponía en marcha junto a una entidad integrada por empresas del sector del juego y de forma prácticamente paralela a la redacción de la nueva Ley del Juego de Cantabria que debía regular la presencia de estos negocios en la comunidad autónoma y mientras se producían protestas vecinales por la apertura de casas de apuestas en los entornos escolares de Santander.

Los nuevos responsables de la Consejería de Educación tras la llegada del PP al Gobierno de Cantabria en 2023 han negado a preguntas de elDiario.es que se mantenga vigente ningún tipo de acuerdo o convenio con la Plataforma de Juego Sostenible y que el Proyecto FES siga desarrollándose en las aulas de la comunidad autónoma, sin aportar más detalles sobre la posible financiación económica, el balance de las charlas o el tipo de contenido de esas actividades que pudieron llevarse a cabo con aparente normalidad durante la legislatura anterior.

Consultadas algunas organizaciones sociales de Cantabria que mantienen distintos programas contra la ludopatía y el juego patológico, como son Proyecto Hombre o la Asociación AMAT–Afrontando Adicciones, en ambos casos han mostrado su “sorpresa” por la penetración del Proyecto FES de la Plataforma de Juego Sostenible en las aulas de Cantabria y han señalado que puede haber “conflicto de intereses” si se permite que se desarrolle una propuesta que tiene detrás precisamente a las empresas del sector del juego.

Además, portavoces autorizados de Proyecto Hombre y la Asociación AMAT han recordado que en Cantabria, año a año, se constata un “importante incremento” en las adicciones al juego –apuestas online, videojuegos, uso de pantallas– en la población más joven. “Nos preocupa mucho hacer una prevención eficaz”, insisten desde estas organizaciones sin ánimo de lucro.

Andalucía

Desde Andalucía –tal y como informa Javier Ramajo–, el presidente la Federación Andaluza de Asociaciones de Jugadores de Azar en Rehabilitación (FAJER), Francisco Abad, señala que el proyecto FES “llegó hace tiempo” a la comunidad. En concreto, fue a partir del cambio de Gobierno en la Junta, en 2019, cuando “lo empezaron a poner en marcha”.

“Este proyecto no habla de juego, sino de redes sociales, pero está impulsado por los empresarios de juego para lavar su imagen y por algunos políticos que también quieren quizá a lo mejor lavar un poquito su conciencia del daño que nos están haciendo en este país los juegos de azar”.

“Como ahora se quiere poner en marcha la identificación de las personas en las máquinas de azar de los bares, ellos vuelven otra vez a contraatacar diciendo que esto es una maravilla. Como tienen dinero, pueden hacerlo, y los que jugamos pues poco más o menos tenemos la culpa de las cosas que nos pasan”.

Desde la Consejería de Desarrollo Educativo andaluza indican que actualmente no se tiene relación alguna con el Proyecto FES. Hace unos años “simplemente se trasladó información a los centros educativos que participaban en el programa de hábitos saludables de la Consejería por si querían participar en este proyecto”, detallan, sin que se llegara a firmar convenio alguno al respecto, aseguran fuentes oficiales.

Esto sí que ha sucedido con la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad: el Instituto Andaluz de la Juventud –dependiente de este Departamento– y la Plataforma para el Juego Sostenible acaban de cerrar un convenio de colaboración para, en el marco del Proyecto FES, llevar a cabo una “campaña de prevención de adicciones comportamentales en el ámbito del juego”.

Canarias

Aunque la entrada del Proyecto FES en las Islas Canarias es más reciente, lo ha hecho con un gran respaldo del Gobierno autonómico: los consejeros de Educación y de Presidencia asistieron a la presentación el pasado mes de septiembre de la iniciativa. Es más: según informó el Ejecutivo canario –de Coalición Canaria y el PP–, la Plataforma para el Juego Sostenible va a ceder materiales pedagógicos a centros educativos de todas las islas. El acto de presentación del organismo que representa a las empresas del juego tuvo lugar en un auditorio repleto de niños, en el CIFP Felo Monzón Grau Bassas de Las Palmas.

Dos meses después, la propia Plataforma suscribió un convenio de colaboración con la Universidad de La Laguna “para promocionar y difundir en diferentes ámbitos hábitos de vida saludable y prevención de adicciones comportamentales”.

Illes Balears

En Illes Balears, el Proyecto FES se presentó en marzo del año pasado y al acto acudió el director general de Empresa, Autónomos y Comercio del Govern, José Antonio Caldés. La propia Plataforma se hizo eco de la amplia repercusión que tuvo el acto, que también contó con la presencia de Carmen Planas, presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB). “Aplaudimos la iniciativa Proyecto FES para formar, educar y sensibilizar a los adolescentes ante los riesgos por el abuso de juegos, redes sociales o nuevas tecnologías”, manifestó en la red social X la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia.

Comunidad de Madrid

La Plataforma para el Juego Sostenible, a través del Proyecto FES, ha entrado en los colegios privados madrileños, concertados y no concertados, de la mano de CECE-Madrid, la Confederación Española de Centros de Enseñanza. De nuevo con Pedro García Aguado, exdirector general de Juventud en esta comunidad autónoma, ambas entidades y CEIM Confederación Empresarial de Madrid suscribieron un convenio hace dos años para desplegar en estos centros educativos “una campaña de prevención de adicciones comportamentales en adolescentes”. De nuevo, el acento se puso en las nuevas tecnologías y no en los daños causados por el juego en los menores.

Extremadura

En Extremadura, la presidenta María Guardiola no ha tenido problema en varias ocasiones de protagonizar actos públicos con los responsables del grupo murciano Orenes, una de las mayores firmas del negocio del juego en España. La última de ellas es muy reciente, para validar una donación de 140.000 euros para asociaciones locales. “No solo genera riqueza y empleo en la región, sino que está comprometido con todas las cuestiones sociales”, destacó la jefa del Ejecutivo autonómica en relación con el grupo.

Región de Murcia

En esta comunidad autónoma no consta una relación formal entre el Gobierno autonómico y la Plataforma para el Juego Sostenible, aunque el Proyecto FES sí que ha intentado entrar en la región. Mercedes Escavy, del Proyecto ADICTlescentes, asegura que están muy alertas sobre esta cuestión: “Queremos gritar alto que no nos engañen, que sepamos lo que hay detrás de sus aparentes buenas intenciones. Ya han manchado el deporte, y ahora la formación y la educación”.

Aquí sí son habituales los actos organizados por el mencionado Grupo Orenes con altos cargos del Gobierno murciano, incluido el presidente, Fernando López Miras. También han sido numerosos los integrantes del Ejecutivo del PP en la comunidad que han terminado trabajando en este conglomerado empresarial del juego."

(Luis Faci , eldiario.es, 20/04/25)

La titánica tarea de un vecindario contra una casa de apuestas

 "Una notificación emitida por el Ayuntamiento de Antequera (Málaga), el pasado 25 de febrero, sorprendió a la Comunidad de Vecinos de la Avenida Cuesta Talavera, 8. La carta, firmada por su alcalde, Manuel J. Barón, del Partido Popular, comunicaba a las personas residentes la solicitud presentada por una empresa de juego para ocupar el local que se encuentra sin actividad justo debajo de su bloque. 

La comunidad comenzó a organizarse unida por el rechazo absoluto a este negocio y se puso en contacto con la plataforma Málaga contra las casas de apuestas, una organización sin ánimo de lucro que lleva más de tres años prestando auxilio y asesorando a los vecindarios de la provincia. 

“En la reunión pudimos explicarle a la comunidad las tres vertientes más importantes para frenar la apertura de un salón de juegos: iniciar un proceso administrativo, trabajar en la movilización de los afectados y comenzar una cobertura mediática del caso”, explica la portavoz de la plataforma, María Martínez, que insiste en que aunque las competencias en materia de juego son asumidas por las comunidades autónomas, los ayuntamientos tienen la última palabra.  

 Así, veinte días después de la notificación, los vecinos y vecinas comenzaron un proceso administrativo de alegaciones presentadas ante el Área de Urbanismo, Actividades y Mantenimiento, órgano competente para otorgar la licencia de apertura. Más de 150 páginas de alegaciones que han sido avaladas por la firma de 210 vecinos del bloque, 144 firmas de vecinos no residentes e informes de agentes sociales de la zona. 

Uno de los argumentos de la comunidad para que el Ayuntamiento no conceda la licencia es la cercanía con centros de formación. Los vecinos ponen en duda que se cumpla la distancia mínima recogida en la normativa respecto a una escuela infantil. Tras el decreto de la Junta de Andalucía que entró en vigor el pasado año, la única limitación autonómica para la instalación de estos negocios es una distancia de 150 metros respecto a los centros educativos de enseñanza reglada no universitaria. 

Por otro lado, el instituto más cercano a la zona, Los Colegiales, ha emitido un informe exponiendo su preocupación por el impacto que puede llegar a tener la implantación del negocio en sus 848 alumnos y alumnas. “Gran parte del alumnado vive en la zona. Es por ello, por lo que diariamente, en su trayecto desde y hacia casa, muchos han de pasar por la puerta del local”, expone el centro educativo. Además, añade que existen estudiantes que cursan ciclos formativos o  2º de Bachillerato con materias aprobadas o convalidadas y que, debido a la escasez de espacios del instituto, no tienen donde pasar las “horas muertas”.

 Dos de los clubes de la ciudad han firmado también un manifiesto de oposición a la apertura. La UD Antequera Femenino y la AD El Maulí consideran que, debido a la cercanía del local, con la afluencia de jóvenes en sus pistas, se ven obligados a impugnar el posible negocio. 

“Aunque parezca maquiavélico, el hecho de que exista un centro educativo a escasos minutos evidencia que el público objetivo es la juventud. Otro aspecto, que a veces se olvida, es que hay municipios con altas rentas donde también hay casas de apuestas por motivos comerciales. Cerca de la ubicación del local hay dos supermercados, un centro comercial y un constante tránsito de personas trabajadoras que suelen ser aquellas que terminan entrando en los locales de juego”, advierte la antropóloga Cristina Barrial, coautora del libro La Apuesta Perdida.  

Otro de los argumentos recogidos en las alegaciones administrativas hace referencia al proyecto técnico del negocio. Uno de los vecinos que pudo comprobar en el Ayuntamiento las condiciones del establecimiento se percató de que la salida de emergencia del local sería colocada de cara a un recinto privado de la propia comunidad. Este factor preocupa también profundamente a los vecinos. “Las salidas de emergencia de los locales no pueden evacuar a zonas comunes de ningún edificio. Así lo recoge el primer punto del Código Técnico del Documento Básico de Seguridad contra Incendios. Independientemente, este factor lo deben estudiar los técnicos del Ayuntamiento, que son los que deciden”, explica Pablo Florido, arquitecto técnico y experto en seguridad.

 El Ayuntamiento de Antequera, en respuesta a las consultas realizadas por este diario, afirma que la administración municipal es un “mero tramitador del expediente” puesto que la actividad que se solicita requiere autorización expresa de la Consejería de Interior de la Junta de Andalucía. También informan de que van a remitir las alegaciones presentadas a dicha Consejería para que las tengan presentes a la hora de validar o no la apertura del negocio. 

No obstante, cualquier gobierno municipal, en virtud del buen uso de sus competencias, puede rechazar cualquier licencia de una actividad si considera que no se adecua a las condiciones técnicas pertinentes. Así como, con voluntad política, legislar municipalmente con medidas que pueden llegar incluso a la paralización de concesión de licencias. En ese aspecto, el concejal de Izquierda Unida Francisco Matas denuncia que el Ayuntamiento no puede seguir negando una realidad excusándose en la falta de competencias. Por otro lado, explica que su grupo municipal quiso presentar este mes una propuesta de modificación del PGOU (Plan General de Organización Urbana) con intención de regular la actividad de las casas de apuestas; sin embargo, el Partido Popular ha rechazado discutir la moción vía ordinaria al no considerarla urgente, y ha emplazado el debate al próximo mes.

La Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía argumentó el pasado año que una modificación del PGOU que afecte al régimen de distancias mínimas podría suponer una invasión de las competencias. Sin embargo, esto es lo que han hecho municipios como Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde el mes pasado se terminó aprobando la modificación que impide la implantación de casas de juego a menos de 500 metros de equipamientos educativos, deportivos, culturales o sociales. El Ayuntamiento de Málaga, con el Partido Popular al frente, también aprobó una moción similar. 

La provincia de Málaga es la que tiene mayor número de casas de apuestas en Andalucía: 813 de las 3.400 registradas. En el municipio de Antequera, una población que no supera los 41.000 habitantes, ya existen seis negocios de esta naturaleza. 

El que afecta a esta comunidad de vecinos se encuentra en la primera fase de la vía administrativa y serán los técnicos especializados los que decidan si el negocio cumple con todas las condiciones legales para comenzar la actividad. “En caso de que las peticiones de los vecinos sean rechazadas, comenzaremos movilizaciones sin descanso en la zona. No vamos a permitir que el interés empresarial supere al interés de la ciudadanía”, insiste la plataforma Málaga contra las casas de apuestas.

Los vecinos y vecinas tienen esperanza y aseguran sentirse respaldados, aunque también afirman que tienen miedo a posibles represalias."                      (Alejandro Torre E., La Marea, 13/04/22)

Un millonario chanchullo: cómo consigue la industria del juego sortear la ley Garzón... firmando acuerdos de patrocinio con entidades públicas o privadas bajo el paraguas de lo que denominan ‘acción social’... o sea, el lobo cuidando de las ovejas... Andalucía, Cantabria y Euskadi, han suscrito un proyecto de empresas del juego para dar charlas de «prevención» en los institutos. La industria del juego dando charlas sobre prevención a la ludopatía... y realizando campañas de divulgación sobre las apuestas deportivas, y continuando con la promoción de políticas de juego responsable. Vamos, un intento de blanqueamiento por parte de la industria del juego que debería hacer replantearse al Gobierno el papel de este sector y su influencia en la sociedad. Ya está bien de que nos tomen el pelo

 "El pasado 31 de agosto entraba en vigor en España el Real Decreto de comunicaciones comerciales de las actividades del juego que regula la publicidad del sector de las apuestas y juegos de azar ‘online’.

 La norma prohíbe la publicidad audiovisual fuera del horario de 1.00 a 5.00 horas. Además, el nuevo texto ajusta el contenido de los mensajes publicitarios con la intención de proteger a los sectores más vulnerables e impide a los operadores del mercado del juego la emisión de bonos de captación de jugadores, entre otras medidas.

Según señalaba el ministerio de Consumo, con la nueva regulación, las empresas solo podrán dirigir sus ofertas a clientes registrados y verificados y, en ningún caso, a personas que hayan mostrado comportamientos patológicos en la actividad del juego.

Además, los clubes deportivos no podrán firmar contratos de patrocinio con casas de apuestas que implique llevar publicidad de juegos de azar en camisetas y equipaciones. Del mismo modo, la publicidad en Internet queda relegada a los portales de las empresas del juego.

En cuanto al contenido del mensaje en los anuncios no se podrá trasladar la percepción falsa o equívoca de gratuidad o de falta de onerosidad de las promociones, ni inducir a confusión respecto a la naturaleza del juego; ni incluir testimonios de personas beneficiarias previas, reales o figurados, de la promoción; ni basarse en la habilidad del jugador, tal y como informaba Europa Press.

 Desde entonces, la industria del juego ha impulsado una ofensiva para sortear dicha ley, echando mano de las leyes autonómicas o firmando acuerdos de patrocinio con entidades públicas y privadas bajo el paraguas de lo que llaman acción social.

La directora de LUH Noticias, Dina Bousselham, ha hablado de este tema este lunes en su videoblog: «El 31 de agosto entró en vigor el Real Decreto que regula la publicidad del sector de las apuestas y juegos de azar ‘online’ en España, la famosa ley Garzón. Desde entonces, la industria del juego ha impulsado una ofensiva para sortear la ley estatal. ¿Cómo? Pues echando mano de las leyes autonómicas o firmando acuerdos de patrocinio con entidades públicas o privadas bajo el paraguas de lo que denominan ‘acción social’».

«Veamos unos ejemplos que ilustran bien su modus operandi. Como bien recordaba Roberto Sotomayor en redes sociales, este fin de semana durante el partido que disputaba el Osasuna contra el Sevilla, pudimos ver en el Sadar, el estadio del Osasuna, cuya titularidad, por cierto, es del Gobierno de Navarra, unos rótulos que ponían Bingo Slots».

«¿Quién está detrás de esos rótulos y por qué han conseguido sortear la ley estatal de Garzón? Pues sencillamente porque el Gobierno de Navarra, en este caso, lo ha permitido. Detrás de Bingo Slots está Circa Slots, que comparte con Bingo Slots el domicilio fiscal en Terrasa. Pero es que detrás de ambas, agárrense, está nada más y nada menos que el fondo buitre Blackstone. Sí, uno de los mayores caseros de España que a diario especula con nuestro derecho a la vivienda y que, además, ha sabido diversificar sus negocios, y ahora también invierte en casas de apuestas y juegos de azar».

«Otro ejemplo: En Aragón, el Casademont Basket Zaragoza tiene firmado un patrocinio con la casa de apuestas Arabingo, además de la exhibición de su publicidad en el pabellón Príncipe Felipe, por cierto, también de titularidad pública municipal, y la difusión en redes sociales cada vez que el equipo marca un triple, «El Triple Arabingo», lo llaman. Y es que han buscado la fórmula de escapar de la ley estatal haciéndolo bajo el paraguas de «otro tipo de juego de azar» que queda al margen de la normativa estatal».

«Otro ejemplo más: la casa de apuestas Bwin consiguió sortear le ley Garzón emitiendo publicidad encubierta durante la supercopa en el partido que enfrentó a Real Madrid con el Athletic de Bilbao, cambiando los escudos de los clubes para evitar que los multaran».

El lobo cuidando de las ovejas

«Por si no fuera poco, estas empresas cuentan con la connivencia de determinados actores políticos que les dan vía libre para seguir lucrándose con un negocio que crea adicción, sobre todo en el colectivo más joven y vulnerable económicamente. Es el ejemplo de Andalucía, Cantabria y Euskadi, que han suscrito recientemente un proyecto de empresas del juego para dar charlas de «prevención» en los institutos. La industria del juego dando charlas sobre prevención a la ludopatía. O lo que es lo mismo, el lobo cuidando de las ovejas».

«Pero es que la cosa va a peor. Hace unos días Codere, Luckia y Sportium se han constituido como asociación cuyo fin, según dicen en sus estatutos, es seguir dando a conocer su contribución a la sociedad: realizar campañas de divulgación sobre las apuestas deportivas y continuar la promoción de políticas de juego responsable. Vamos, un intento de blanqueamiento por parte de la industria del juego que debería hacer replantearse al Gobierno el papel de este sector y su influencia en la sociedad. Ya está bien de que nos tomen el pelo. Creo que hay que ponerles freno y empezar a jugar limpio», zanjaba Bousselham."                    (Laura Izquierdo, Contrainformación, 11/02/22)

Al despenalizar la posesión de drogas para uso personal, Oregón se ha convertido en el primer estado que reconoce que es imposible considerar, al mismo tiempo, la adicción como una enfermedad y como un delito... La criminalización intensifica el estigma de la adicción, y el estigma es uno de los mayores obstáculos para la recuperación... Tenemos que dejar de tratar a las adicciones como un delito. Y hay una alternativa... la política de drogas debe liberarse de la idea de que, sin sanciones penales, nadie dejaría las drogas... el encarcelamiento por consumo de drogas aumenta el riesgo de sobredosis, suicidio y enfermedades... La investigación es inequívoca en cuanto a que encarcelar a un adicto en realidad exacerba su condición y lo pone en un riesgo mucho mayor de recaída

 "Morgan Godvin llegó a la cárcel del condado de Multnomah, en Oregón, en junio de 2013. Se había presentado voluntariamente para ingresar a prisión durante una comparecencia ante el tribunal de narcóticos por un delito de posesión de heroína. 

Como muchos estadounidenses, creía que el encarcelamiento la ayudaría a recuperarse. Sin embargo, cuando solicitó el medicamento que le habían recetado para tratar su adicción, la enfermera “se limitó a reírse”, dijo. A Godvin se le negó el tratamiento de referencia para el trastorno por consumo de opioides, por lo que tuvo que suspenderlo abruptamente.

Casi diez años después, tras haber cumplido cuatro años de prisión por varias condenas relacionadas con drogas, Godvin está usando su dolorosa experiencia. Ha estado en recuperación desde 2015 y ahora forma parte de un consejo estatal que ayuda a supervisar la despenalización generalizada de la posesión de drogas en Oregón, que fue aprobada como iniciativa legislativa por una mayoría del 58 por ciento de los votos en 2020. La idea es que las personas más perjudicadas por la guerra contra las drogas —como los adictos y las personas de color— sean quienes ayuden a encontrar una solución pacífica.

Hoy, las personas que, como Godvin, son sorprendidas en Oregón con cantidades para uso personal de heroína, metanfetamina u otras drogas reciben el equivalente a una multa de tránsito con un costo de 100 dólares. La multa puede anularse si la persona se somete a un examen médico en el que se puede recomendar un tratamiento, aunque este no sea obligatorio. Vender o llevar cantidades superiores a las permitidas para el consumo personal puede acarrear penas de prisión.

Al despenalizar la posesión de drogas para uso personal, Oregón se ha convertido en el primer estado que reconoce que es imposible considerar, al mismo tiempo, la adicción como una enfermedad y como un delito. Este tipo de modelo se necesita con urgencia en Estados Unidos, donde el fentanilo que se consigue en las calles es la principal causa de muerte entre las personas de 18 a 45 años y donde enviar a la gente a la cárcel por consumir drogas no ha evitado la peor crisis de adicción y sobredosis en la historia del país.

La criminalización intensifica el estigma de la adicción, y el estigma es uno de los mayores obstáculos para la recuperación. El estigma es un obstáculo tan importante que la mayoría de las organizaciones que trabajan en la lucha contra la adicción tienen iniciativas ambiciosas enfocadas en abordarlo. “Creo que el más grande asesino es el estigma”, dijo una vez Jerome Adams, ex cirujano general de Estados Unidos, en un discurso sobre la adicción a los opioides. “El estigma mantiene a la gente en la sombra. El estigma impide que la gente se acerque y pida ayuda”.

Por mucho que los expertos intenten eliminar la estigmatización de las adicciones con conferencias y llamados a favor de un lenguaje más respetuoso, no se puede separar el estigma del enfoque de criminalización de las drogas. Después de todo, uno de los objetivos fundamentales de hacer que la posesión de drogas sea un delito es desalentarla al avergonzar y castigar a los infractores de la ley.

Para reducir el estigma y mitigar la crisis de adicción, la política de drogas debe liberarse de la idea de que, sin sanciones penales, nadie dejaría las drogas. Porque lejos de alentar la recuperación, las detenciones, el encarcelamiento y los antecedentes penales pueden agravar los problemas con las drogas. La historia de Godvin es un ejemplo.

“A los nueve meses de la primera vez que estuve en la cárcel, mis inyecciones empeoraron mucho”, aseguró. Otra detención provocó que la despidieran de su trabajo. Eso ocurrió a pesar de que las investigaciones demuestran que el desempleo empeora la adicción, mientras que el empleo mejora las probabilidades de recuperación.

Además, debido a que la posesión de incluso una pequeña cantidad de residuos de drogas era un delito grave en Oregón en el momento en que detuvieron a Godvin, tuvo que renunciar a su sueño de convertirse en paramédica.

Durante las más de tres décadas en las que he cubierto la política de drogas, he escuchado cientos de historias similares, o incluso peores. Mientras que algunas personas en recuperación dicen que la cárcel las ayudó a dejar las drogas, otras describen condiciones espantosas, tratamientos ineficaces y experiencias traumáticas.

Por ejemplo, más del 80 por ciento de las cárceles y prisiones no permiten el consumo de metadona y buprenorfina, los únicos medicamentos que, según se ha demostrado, reducen la tasa de mortalidad del trastorno por consumo de opioides. Las investigaciones demuestran que experiencias como ser privadas de medicamentos mientras están encerradas disuaden a las personas de buscar más ayuda. Los estudios también revelan que el encarcelamiento por consumo de drogas aumenta el riesgo de sobredosis, suicidio y enfermedades. Asimismo, los estados estadounidenses con más detenciones por drogas no tienen menos consumo de drogas.

Estos datos han llevado a Nora Volkow, directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas del gobierno federal de Estados Unidos, que financia la mayor parte de las investigaciones mundiales sobre la adicción, a abogar por la despenalización para mejorar la política de drogas. Es la primera vez que veo un apoyo tan rotundo de esa agencia.

“La investigación es inequívoca en cuanto a que encarcelar a un adicto en realidad exacerba su condición y lo pone en un riesgo mucho mayor de recaída”, explicó.

Durante la campaña de despenalización de Oregón, algunas de las mayores críticas provinieron de personas en recuperación que pensaban que las sanciones penales no debían eliminarse hasta que no se estableciera un nuevo sistema de tratamiento. Algunos argumentaban que la amenaza del encarcelamiento es esencial para motivar la recuperación.

Sin embargo, las afirmaciones anecdóticas sobre los efectos positivos del encarcelamiento son desmentidas por los datos. Además, en Oregón, las organizaciones que reciben fondos estatales para ampliar la atención médica reconocen el desafío. Para tener éxito, deben reformar o sustituir los centros de rehabilitación que adoptan un enfoque punitivo y no reconocen que ser tratado como criminal es un obstáculo para buscar ayuda.

 “Tenemos que adaptarnos a la situación real de la gente”, dijo Larry Turner, presidente de Fresh Out, un programa de reinserción social de Portland, que atiende sobre todo a personas negras. Turner también está en recuperación. Su organización ofrece comida, alojamiento, grupos de apoyo y otro tipo de ayuda. Aunque algunos de los servicios (por ejemplo, el alojamiento) requieren abstinencia, otros no. La idea es atraer a la gente a la recuperación creando relaciones, no haciéndola sentir mal.

“Apoyamos todos los caminos hacia la recuperación”, dijo Fernando Peña, director ejecutivo del Centro de Apoyo de NW Instituto Latino de Portland, quien también se encuentra en recuperación. Al igual que Fresh Out, el grupo de Peña ofrece una variedad de opciones para ayudar a las personas a avanzar hacia la recuperación, desde regalar agujas limpias hasta brindar apoyo para la abstinencia.

Es demasiado pronto para evaluar la eficacia del enfoque de Oregón. La nueva ley entró en vigor el pasado mes de febrero y cerca del 90 por ciento de los fondos para los servicios de recuperación no llegarán a los proveedores sino hasta los próximos meses. Pero, en 2021, los arrestos por posesión de drogas se redujeron casi un 75 por ciento en comparación con la cifra de 2019.

Los críticos señalan que la policía no está emitiendo muchas citaciones por posesión y pocos de los que son citados están haciendo la llamada telefónica para obtener la evaluación de tratamiento requerida. Sin embargo, los partidarios argumentan que la reducción de arrestos y encarcelamientos ayuda a la recuperación y que la creación de un mejor sistema toma tiempo.

“Las personas que consumen drogas ya no estarán tan apartadas de la sociedad, lo cual mejora de inmediato los problemas de salud, reduce el estigma y aumenta su acceso y disposición a participar en los servicios”, dijo Godvin.

Portugal, el modelo para los cambios de Oregón, despenalizó la posesión de drogas en 2001 y amplió el tratamiento. Las tasas de adicción a la heroína, las infecciones por VIH y las muertes por sobredosis se redujeron, mientras que las tasas de consumo de drogas entre los jóvenes se mantuvieron igual que en países similares que no tuvieron ningún cambio de política. Los políticos estadounidenses estarían celebrando si las tasas de delincuencia y consumo de drogas de Estados Unidos cayeran alguna vez a los bajos niveles que se observan ahora en Portugal.

Como resultado, Massachusetts y Vermont ahora están analizando proyectos de ley para la despenalización y los activistas están trabajando en una iniciativa en California para 2024.

Los partidarios de estos esfuerzos saben que si Estados Unidos quiere resolver la crisis de las sobredosis, debe empezar a tratar la adicción como un trastorno médico. El primer paso es seguir el ejemplo de Oregón y dejar de tratar las adicciones como un delito."                (Maia Szalavitz, The New York Times, 27/01/22)

Confesiones de un adicto: “Nadie se autodestruye porque quiere. Nadie, jamás”

 "Javier Giner, cineasta bilbaíno y el hombre que desde hace años lleva las agendas mediáticas de Penélope Cruz y Pedro Almodóvar, está experimentando esta mañana de martes la cara oscura de haber publicado un libro sobre la época más vulnerable de su vida: repetir la historia una y otra vez en entrevistas. 

“Esto no se lo he dicho a nadie, pero cuando tuve el manuscrito final, llamé a mi editor y le dije: ‘Que sepas que estoy fantaseando con no dar entrevistas, que sea el libro el que se defienda’. En el mundo en que vivimos eso es irreal, a no ser que seas, no sé, Philip Roth”, explica durante una pausa de la promoción, que hace por Zoom desde su piso en Barcelona. “Pero no te puedo negar que es una sensación extrañísima. Llevo dos días haciendo entrevistas de 30 minutos con gente que no conozco y ellos tienen acceso no ya a secretos de mi vida, sino a la parte más oculta. Si lo pienso, me muero del vértigo”.

Esa parte más oculta de su vida es la adicción de Giner al alcohol y la cocaína, así como su rehabilitación, que cuenta en Yo, adicto (Paidós). “Es el proyecto más importante que he llevado a cabo en toda mi vida. No el libro, sino mi reconstrucción personal”, confiesa. No se trata solo de un relato autobiográfico. Es la deconstrucción de una enfermedad, la toxicomanía, no para hacer un manual con su experiencia, sino para convertirla en universal. 

“Hago un esfuerzo por derribar el estigma del toxicómano, que no es el que va por la calle con la jeringa en la mano. No es el otro, ese que nada tiene que ver conmigo: es una persona profundamente enferma y la realidad de su enfermedad es emocional y psicológica, dos cosas que compartimos todos los seres humanos. Los miedos, las inseguridades, la no aceptación de uno mismo, la ira, la frustración, el malestar… Intento acercar ese prejuicio y decir, ‘en distinta medida, toxicómanos somos todos”.

Los años más oscuros de su adicción se despachan en las primeras 43 páginas del libro, un delirio de autodestrucción, de sesiones de drogas y sexo compulsivo (y créditos al banco para financiarlo todo). Ningún adicto se ve reflejado en las cosas que hace movido por su enfermedad. 

“Lo comparo con La invasión de los ultracuerpos, con una posesión demoníaca; una forma absurda de explicarlo, pero muy directa. Sigues teniendo tu aspecto, sigues siendo tú, pero el resto ya no tiene nada que ver con tu identidad”, explica el autor. “Uno de los grandes dramas de esta enfermedad es que te convierte en alguien que hace cosas en las que ni siquiera te reconoces. Intento incidir mucho en eso en el libro: nadie se autodestruye porque quiere. Nadie, jamás”.

El resto del libro, casi 500 páginas, recoge los días de 2009 que Giner pasó en una clínica de rehabilitación, su resistencia a enfrentarse los vacíos que le condujeron al abismo, la convivencia con otros toxicómanos en los que aprende a verse a sí mismo (y nosotros con él), el pánico a la vida. “Tuve que aprender que ese proceso no me iba a convertir en alguien que no era yo, sino que justamente, si salía de él con éxito, era convertirme en el yo más auténtico que he tenido en mi vida”, confiesa.

 “Hay un momento revelador: en la clínica, desde que llegué, firmaba con una especie de burruño que no se entendía nada. Anaís, mi educadora social, me dijo, ‘chico, es que no se ve tu nombre’. En ese momento, empecé a firmar como Javier Giner, hasta el día de hoy. Javier. Giner. Entré en esa clínica como un burruño sin identidad, y salí con un nombre y un apellido: los míos”.

El final, su exitosa desintoxicación, no solo hace del libro algo más luminoso: lo convierte en un testimonio importante. “Cuando esto haya pasado, cuando este artículo esté publicado, volveré a mi clínica, a decir: ‘chicos, llevo 12 años sobrio, de esto se puede salir’. Cuando ingresas, las únicas personas que vuelven son las que recaen. El mensaje que estás recibiendo es: ‘vuelve otro, vuelve otro, vuelve otro”, explica. “Es importante que esas personas sepan lo que digo en el libro. Vas a encontrar 1.500 obstáculos, vas a sufrir como un perro. Pero de esto se puede salir”.               (Tom C. Avendaño, Icon, El País, 12/05/21)

La prensa y la ludopatía contra Garzón: 80 cabeceras de la prensa presentaron un recurso contra la ley que limita la publicidad de las apuestas... las casas de apuestas les inyectaron 183 millones en publicidad en 2019... ¿qué sucede cuando un gobierno, un partido político o un líder propone y aprueba una medida que afecta a los intereses económicos de los medios de comunicación? ¿Cómo estarán informando esos periódicos de las medidas de Gobierno? ¿Manipularán esa información? Pura miseria moral...

 "(...) Renaud Lambert se preguntaba hace unos años en Le Monde Diplomatique, ¿qué sucede cuando un gobierno, un partido político o un líder propone y aprueba una medida que afecta a los intereses económicos de los medios de comunicación? Al hilo de esta pregunta surgen otras: ¿se pondrán las empresas al lado de la información objetiva?, ¿valorarán de forma neutral a esos políticos?, ¿le darán la trascendencia real a ese asunto o lo magnificarán? En definitiva, ¿nos podremos fiar de la información que nos ofrezcan?

El pasado mes de noviembre el Consejo de Ministros aprobó a propuesta del Ministerio de Consumo, el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades del Juego, una norma que limita drásticamente los anuncios de los operadores del juego y los patrocinios deportivos de las casas de apuestas. 

Según explicó el ministro de Consumo, Alberto Garzón, esa norma respondía a una "alarma social" que estaba "justificada" ante la "extraordinaria" expansión de las apuestas de los últimos años, especialmente entre los jóvenes, con los que se está "cebando" el crecimiento del juego. Además, "cumple" el acuerdo de Gobierno PSOE-Unidas Podemos firmado en diciembre de 2019. El decreto fue reformulado y endurecido tras la experiencia de la prohibición temporal de la publicidad del juego durante el estado de alarma y tramitado de urgencia en Bruselas ante la posibilidad de que eventuales "rebrotes puntuales" del coronavirus forzasen nuevos confinamientos de la población. 

En los últimos cuatro años, las cifras de inversión en publicidad de apuestas se han triplicado en nuestro país, mientras que se ha producido un aumento del consumo del juego entre jóvenes de 18 a 25 años. En 2017, el 28% de los nuevos jugadores formaba parte de esta franja de edad. Dos años después, en 2019, la cifra se había incrementado doce puntos y se sitúa en el 40%. 

Además, la medida venía precedida de movilizaciones en varios barrios humildes de las grandes ciudades por lo que consideraban la lacra de las casas de apuestas, con lo que contó con un mayoritario apoyo social, sin apenas contestación por parte de los grupos políticos.

Ahora hemos sabido que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de la Asociación de Medios e Información (AMI) a este Real Decreto. La AMI está formada por 80 cabeceras de la prensa, y en su directiva están los altos cargos de las empresas editoras españolas. El presidente de AMI es a su vez presidente de Unidad Editorial (editora de El Mundo y el diario deportivo Marca, entre otros medios); como vicepresidentes figuran entre otros el consejero delegado de Prisa (El País, AS, Cadena Ser…), el consejero delegado de Vocento (ABC) o su homólogo en el Grupo Godó (La Vanguardia). 

Para ellos, la limitación de la publicidad de las casas de apuestas es algo "discriminatorio, injusto y desproporcionado". Y es que, según datos de la Dirección General de la Ordenación del Juego, estas casas de apuestas inyectaron en los medios durante 2018 170 millones de euros en publicidad, y en 2019 otros 183 millones.

Llegados a este punto, nos debemos hacer una pregunta inevitable. ¿Cómo estarán informando esos periódicos de la medida del Ministerio de Consumo teniendo en cuenta que su aprobación les afecta con esa disminución de sus ganancias, hasta el punto de que han acudido a los jueces para paralizar la nueva ley?

 Hace su aparición ese cuarto poder, recordemos, ese que velaba por los ciudadanos ante el poder del Estado, pidiendo a los jueces que les dejen seguir anunciando las casas de apuestas en sus páginas sin importarles que los estudios estimen una prevalencia de la ludopatía del 1,8%, y de jugadores problemáticos entre el 2,5 y el 5%. Ya en 2009 se hablaba de un millón y medio de españoles con problemas de juego patológico. Y un 11% de los que hoy son tratados en las consultas de ludopatía son menores de edad (¡Jugad, jugad, malditos!, Luís Díez y Daniel Díez. Akal, 2020).

No es el primer ejemplo en el que los dueños de los periódicos reman en dirección contraria a los intereses y los valores sociales de una comunidad.(...)"               (Pascual Serrano, eldiario.es)

Más del 25% de los adolescentes españoles apuesta y uno de cada cuatro acaba enganchado

 "Ponemos el foco en que esto puede ser un problema a medio plazo, porque nuestros jóvenes están socializando en estos ambientes", advierte Ángel Dolado, Justicia de Aragón (defensor del pueblo autonómico), ante la habitualidad de la presencia de menores de 14 a 18 años en casas de apuestas y salones de juego, a las que van como clientes pese a tener teóricamente prohibida la entrada, y ante la elevada prevalencia de la ludopatía en ese sector de la población.

"Lo ven como una forma de socializar, como en otras épocas ocurrió con los salones recreativos o con los cromos. Por eso este tipo de locales se ubican en el entorno de los institutos", apunta.

 Tan frecuente es esa cercanía que comunidades autónomas y ayuntamientos han comenzado a ponerles límites, aunque se trata de una medida que, por llegar con el mercado al borde de la saturación, puede acabar operando, en realidad, como un blindaje para las empresas que ahora mismo cuentan con licencias, ya que las trabas solo afectarían a sus eventuales proyectos de expansión o a los nuevos operadores.

 Esa proliferación de casas de apuestas y locales de juego, tolerada de hecho hasta hace poco en la mayor parte del país, ha tenido, entre otros, efectos como atraer a un numeroso público en edad adolescente pese a que los menores de edad tienen vetado el acceso y como provocar una prevalencia de la ludopatía de magnitud epidémica: hasta un 6% de los chavales de 14 a 18 años la padecen, una tasa netamente superior a la detectada por el estudio de seroprevalencia de la mortífera primera ola de la pandemia, que se quedó en el 5,2%, y que rebasa con creces la de contagios por coronavirus que detecta el sistema sanitario en España (3,7%, 1,72 millones de casos).

 Los datos del último Informe Estudes del Plan Nacional sobre Drogas y del Informe Especial sobre el Juego y los Menores en Aragón, elaborado por el Justicia, ofrecen registros inquietantes sobre la penetración del juego y la prevalencia de la ludopatía entre los adolescentes.

Así, según el primero de esos estudios, un 25,5% de los muchachos españoles de 14 a 18 años ha apostado dinero en juegos de azar presenciales en los últimos doce meses mientras otro 10,3% lo hacía online, con un 7,4% que opera en los dos formatos.

 En la relación entre el dato de "ha apostado" por grupos de edad resultan determinantes el volumen y la frecuencia de las apuestas de los mayores de edad en loterías y quinielas, netamente superior a la de los jóvenes. Sin embargo, la práctica por parte de estos del juego online y de la combinación de ambos viene a triplicar al del conjunto de la población.

 En Aragón, un estudio elaborado por la Universidad de Zaragoza sitúa en el 18,9% la tasa de muchachos de 14 a 18 años que juega presencialmente y en un 9,4% la de los que lo hacen online, mientras que en el grupo específico de los estudiantes de instituto un 38,4% ha apostado alguna vez, un 6% admite que tiene "problemas con el juego" y un 3,3% "podría tener adicción ya".

La aparentemente paradójica mayor afición al juego presencial que al de formato cibernético en la generación más digital que ha vivido en el país no es tal. "En los locales de apuestas también se juega online", aunque se registra en el otro capítulo, aclara Dolado, que duda de que, en este caso, los datos sitúen a Aragón como al ‘Ohio demoscópico’ del que hablan los politólogos por su frecuente (y rota por Teruel Existe) sintonía de sus resultados electorales con los estatales: "La situación tiene que ser peor en los barrios de ciudades como Madrid y Barcelona, donde la presencia de estas salas es mayor todavía".

 "Formalmente cabría pensar que nuestros menores no pueden tener acceso a los juegos de azar y apuestas, ya sea de forma presencial en establecimientos legalmente abiertos al público o por la vía, muchas veces incontrolable, de participación online", señala el informe del Justicia, que destaca la "discordancia" entre los resultados de operaciones policiales como el dispositivo Arcade, que el año pasado localizó solo a 28 adolescentes en los 1.881 locales inspeccionados, y las explicaciones que los propios adolescentes ofrecen.

Pese a esas diferencias, añade, "diversos trabajos estadísticos y académicos han venido evidenciando la existencia de un amplio grupo de menores que tiene o ha tenido acceso a los juegos de azar y apuestas, tanto de forma presencial como online".

Y, en este sentido, llama la atención sobre la constatación "públicamente evidente" del "crecimiento de situaciones de riesgo por el juego problemático y juego patológico", algo que "requiere afrontar el problema transversalmente por las administraciones públicas", al mismo tiempo que recuerda cómo "el sistema de identificación de los ciudadanos registrados presenta irregularidades incluso desde cuestiones tan simples como la detección en la entrada de los locales (donde igualmente debería procederse a la detección de posibles menores)".

 El listado de conclusiones del informe plantea, negro sobre blanco, algunas de las disyuntivas que pone sobre la mesa la evolución que está teniendo el sector del juego y su incidencia en los adolescentes, entre las que destaca una: "optar por una regulación liberadora del sector a la vista de su repercusión económica, tanto pública como privada, [o] por el contrario, su limitación e incluso prohibición ante el perjuicio que en una determinada parte de la sociedad causa, y con mayor importancia cuando ese colectivo es el de nuestros menores".

"El juego de azar y las apuestas no son las únicas adicciones que pese al evidente daño que directa o potencialmente pueden producir en los ciudadanos, el Estado decide permitir", como ocurre con el consumo de tabaco y de alcohol, "asumiendo el coste de la repercusiones de las posibles patologías que se produzcan como daño colateral por la aportación económica" de esos sectores a sus arcas vía impuestos y tributos, algo que, "como contrapartida" le obliga a implementar "planes sanitarios de adicciones y de educación en la materia", concluye.

Sin embargo, la realidad pone en evidencia la consistencia de los argumentos economicistas favorables a los juegos de azar tras la irrupción del juego online y sus elevadas facturaciones, las cuales generan un déficit cercano a los mil millones de euros anuales en la balanza comercial por explotar entre dos tercios y tres cuartas partes del negocio empresas con sede en otros estados.

 "El juego no genera zonas de confort, sino adicciones, y en el análisis coste-beneficio son mayores los gastos que provoca que los ingresos", explica Dolado, que plantea que "a lo mejor habría que advertir en sus productos que puede crear conductas adictivas, lo mismo que se advierte de los riesgos para la salud en el tabaco".                    (Eduardo Bayona, Público, 16/12/20)

Pura miseria moral: El Gobierno andaluz ayuda al sector del juego mientras recorta el presupuesto para luchar contra las adicciones

 "El pasado 17 de noviembre el Ejecutivo andaluz aprobó un paquete de medidas urgentes para mantener a flote algunos sectores golpeados por la pandemia de Covid-19. La hostelería, el comercio, el taxi, las peluquerías y los feriantes han sido los principales destinatarios de unas ayudas que además intentan aliviar la situación de los autónomos. También del sector del juego.

En este contexto, el Gobierno andaluz ha impulsado una bonificación tributaria del 50% sobre los juegos de suerte, envite o azar relativa a máquinas recreativas y de azar. Durante los anteriores trimestres del año las tasas devengadas eran del 100%. La tasa es fija y, por lo tanto, no entiende de restricciones de aforo ni de modificaciones horarias. "No pueden cobrar por una actividad cuando estás cerrado o tienes limitaciones", dice el director general del Consejo Empresarial del Juego (CEJUEGO), Alejandro Landaluce.

La Junta de Andalucía apoya esta iniciativa como "palanca" para un sector "especialmente afectado por la crisis de Covid-19". "Esto no es un premio sino el reconocimiento a una realidad", apunta Landaluce. Después del cierre de los tres primeros meses de la pandemia, el juego volvió a recuperar "la normalidad" aunque ahora encara nuevas dificultades con la vuelta de las medidas de prevención del coronavirus. A pesar de que se denomine bonificación, la medida de la Junta es, en la práctica, una bajada de impuestos para acolchar el desplome de los ingresos del sector. "La caída en el sector es de un 50% a día de hoy y estamos expectantes por ver cómo vienen las navidades", dice Landaluce. (...9

David De la Encina, diputado socialista delegado del Área de Bienestar Social de la Diputación de Cádiz, no cuestiona ninguna medida que pretenda ayudar al sector de la hostelería, pero incide en que la bonificación de la tasa fiscal al sector del juego "no es la solución". Además se pregunta si "el verdadero apoyo" es para los hosteleros o para los grandes capitales detrás del sector del juego.

El psicólogo y el director del Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA) de Adicciones de Cádiz, Carlos Atienza, razona en la misma línea. Entiende que del sector dependen económicamente muchas familias, pero "no todo es justificable" cuando se trata de salud pública. "Es apostar por una economía vacía que genera sufrimiento", dice. Desde la Federación Andaluza de Asociaciones de Jugadores de Azar en Rehabilitación (FAJER) califican estas ayudas de "aberración". "Estamos hablando de salud y esto es algo que va en contra de muchos andaluces", dice su presidente, Francisco Abad.

Un 3,2% menos

La medida llegó en la misma semana que el Ejecutivo andaluz sacaba adelante los Presupuestos autonómicos de 2021. En esas cuentas, la partida destinada al Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones de 2021 es de 40,4 millones de euros. Esto es un 3,2% menos con respecto a 2020 donde el gasto presupuestado fue de 41.7 millones de euros. (...)

La bajada es "grave e injustificada" para ENLACE ya que repercute en las entidades privadas que trabajan en la prevención y la intervención cuyo presupuesto ha sido recortado. También han desaparecido las partidas a los proyectos de reforma y construcción. "Los problemas de adicciones no han disminuido y además nos encontramos con nuevas demandas que nos desbordan a las que estamos intentado darle nuevas respuestas", ha expresado la tesorera de ENLACE, Auxiliadora Fernández.(...)"           (Javier Domínguez reguera, eldiadio.es, 29/11/20)

El lucrativo juego peligroso de las apuestas deportivas vascas. El sector del juego generó casi el 1% del PIB en 2016... desde entonces no ha dejado de crecer

 "(...) las apuestas han estado ligadas a los juegos y deportes populares en Euskal Herria. En su libro Juegos y apuestas en la historia de Euskal Herria (2018), Aspiazu hace una recopilación de anécdotas sobre apuestas en los deportes y la cultura vasca desde el siglo XVI. Para muestra, un botón. Reciente. ASPE y ASEGARCE, los dos equipos principales de la liga profesional de pelota vasca en la actualidad, están relacionados con las dos empresas más importantes del sector del juego. ASPE posee acciones de Euskal Apostuak, la empresa más grande del sector. ASEGARCE, en cambio, tiene acciones de su principal competidora en el mercado, Tele Apostuak.

Singularidad vasca o no, en Euskal Herria se dedica más dinero que sus vecinas a las apuestas deportivas. Cada habitante de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y de Navarra gasta de media 21,3 y 18,6 euros al año, respectivamente, en esta clase de juegos. Son los dos territorios que más apuestan, según el Anuario del Juego en España 2018, publicado por el grupo Codere. A continuación, en la lista se sitúan La Rioja (17,5 euros), Valencia (13,1 euros), Galicia (11,1 euros) y Madrid (11,1 euros).

Además de la tradición, el anuario de Codere apunta a la regulación como uno de los motivos del éxito de las apuestas deportivas vascas. Ambas comunidades permiten máquinas de apuestas en los locales de hostelería. Los datos oficiales registran cerca de 2.100 máquinas de apuestas distribuidas entre Bizkaia, Gipuzkoa y Araba. La mayoría de sus apuestas deportivas se han realizado en locales de hostelería y solo desde 2013 la cantidad apostada online supera a la presencial. En Navarra hay 1.100 máquinas de este tipo, según el registro del Gobierno foral.

El gasto en apuestas deportivas en la CAV fue de 340 millones de euros en 2017, se ha multiplicado por tres desde 2011. Por su parte, en cinco años, el dinero que los habitantes de Navarra se gastaron en estas apuestas se ha multiplicado por 39. Si en 2010 apostaron 1,4 millones de euros, en 2015 ya alcanzaron los 54,6 millones.

Las empresas del sector obtienen beneficios en un mercado al alza y dinámico. Cada vez más personas juegan, cada vez gastan más dinero y, además, se consolidan nuevas formas de jugar en línea. Al mismo tiempo, se multiplican las plataformas contra las casas de apuestas en los barrios de las principales ciudades. Entre otras cosas, reclaman a las instituciones una regulación que proteja a los menores y a las personas vulnerables, ponga límites a la publicidad del juego y evite los trastornos derivados de su uso.

 

LOS QUE PIERDEN

ASAJER, la Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación, tiene su sede en Gasteiz. Hasta allí se acercó un joven que tenía problemas con el juego. Su comportamiento compulsivo con las máquinas tragaperras había provocado varias veces que los encargados del bar llamaran a la Ertzaintza. Ocurrió hace tiempo, al poco de crearse, hace 30 años. Los mismos que lleva trabajando Ana Herrezuelos en la asociación. “Entonces, aquello era la excepción”, recuerda Herrezuelos, psicóloga. Las personas que contactaban con la asociación eran, en su mayoría, hombres, de 45 años de media, que jugaban a las tragaperras.

Con el tiempo ha cambiado el perfil de la gente que recibe el asesoramiento de ASAJER. También han cambiado los juegos y las formas de apostar. Herrezuelos cree que ahora las personas que se ponen en contacto con la asociación, en general, son más jóvenes, de entre 25 y 35 años. “En el caso de las apuestas deportivas se nota mucho. Las apuestas están muy normalizadas en las cuadrillas de jóvenes”, comenta la psicóloga.

Aun así, cree que la ludopatía está mal vista. Hay mucha gente que juega sin problemas pero es sencillo empezar a tener conductas de riesgo. “Los problemas no surgen de un día para otro, es un proceso”, describe Herrezuelos. A continuación detalla las fases por las que puede pasar el jugador, cuyos nombres son muy expresivos: fase de ganancias, fase de pérdidas y fase de desesperación. Cuando una persona se encuentra al final de este recorrido es cuando suele buscar ayuda. Pero, mientras juegan, hay personas que no son conscientes de estar desarrollando una conducta que les perjudica. “El juego tiene un componente muy social, empezar a jugar solo o mentir sobre el dinero apostado pueden ser indicadores de que la conducta empieza a ser problemática”, advierte la trabajadora de ASAJER.

Otras veces, el propio dinero hace de chivato. Herrezuelos relata que, cuando algunas personas empiezan a coger dinero en el ámbito familiar, por ejemplo, suelen ser las personas de su entorno las que les interpelan. Y tiene la impresión de que estas situaciones fuera de casa, en el trabajo o en la cuadrilla, generan confrontaciones más decididas. El dinero es el principal motivo para jugar a los juegos de azar o apostar pero con el tiempo puede dejar también de serlo.

“La ludopatía es una adicción sin sustancia, puede generar dependencia emocional”, explica Herrezuelos en la sede de la asociación. Recuerda haber leído en un titular de prensa la comparación entre el aumento de las casas de apuestas y los tiempos de la heroína. El símil la alarmó y no la convenció por el respeto que le generan todas las muertes asociadas al abuso de esa droga. “En todo caso, en cuanto a la movilización social que ha provocado el crecimiento de las casas de apuestas sí puede haber una similitud. Ese sentimiento de que están metiendo algo a nuestros jóvenes que les está destrozando la vida”. En este sentido, GABIA, el Observatorio de Adicciones de Euskadi, calcula que más de 42.000 personas son jugadoras de riesgo, casi un 10% del total de jugadores activos. Y 3.000 personas fueron consideradas jugadores problemáticos en 2017, según los últimos datos ofrecidos.

LOS QUE GANAN

El sector del juego generó casi el 1% del PIB en 2016, según los datos del Observatorio Vasco del Juego (OVJ), creado en 2019. En su primera panorámica socioeconómica del sector de juegos de azar y apuestas, este observatorio constata un crecimiento tanto en el volumen de ingresos como en los beneficios empresariales en su conjunto. Las empresas del sector, que obtuvieron un beneficio de 16,4 millones de euros en 2013, ganaron más de 41,2 millones en 2016. Sin embargo, esas ganancias no se tradujeron en empleos. El observatorio estima que el sector ocupó a 31 personas menos en esos tres años, pasando de 2.383 trabajadores a 2.352.

Tres empresas tienen licencia para operar con máquinas de apuestas y apuestas online en la CAV: Euskal Kirol Apostuak (conocida por su operadora Retabet), Tele Apostuak (que emplea la marca Kirolbet) y Garaipen Apostuak, filial del grupo Codere en la comunidad. Estas mismas empresas lideran el ranking publicado por el OVJ. Entre las tres explotan casi 2.100 máquinas de apuestas distribuidas entre los tres territorios históricos.

CAMBIAR LAS NORMAS

Desde que se constituyó el Gobierno español de coalición en enero, el Ministerio de Consumo ha fijado la regulación del sector del juego como una de sus líneas de trabajo principales. Este ministerio, que dirige Alberto Garzón, de Unidas Podemos-Izquierda Unida, presentó en febrero un Real Decreto para modificar la Ley 13/2011, que regula el juego en el ámbito estatal, con el objetivo de limitar la publicidad de las casas de apuestas y juegos online y proteger a los menores. Con todo, el proyecto fue criticado por no prohibir los patrocinios en las camisetas y equipaciones deportivas y por permitir la publicidad de apuestas y juegos online durante la retransmisión en directo de eventos deportivos desde las ocho de la tarde.

El ministerio trabaja ahora con una nueva versión del decreto que prevé aprobar en octubre, aunque antes necesita el visto bueno de la Comisión Europea. Esta nueva versión sí contempla la prohibición de los patrocinios en equipaciones y camisetas y los anuncios durante las retransmisiones en directo. La publicidad de los juegos de azar y apuestas queda totalmente limitada a la franja horaria de una a cinco de la madrugada. También las promociones, bonos y ofertas de captación dirigidas a nuevos clientes quedan prohibidas en el nuevo proyecto del ministerio. El decreto contiene también, entre otras medidas, varias dirigidas a regular la publicidad en internet para evitar que los menores puedan jugar. Durante el confinamiento, sin embargo, el Gobierno español aprobó la compra de 30 millones de deuda a la empresa Codere con dinero público, tal como recogió un artículo publicado por investigadores de OMAL en El Salto.  (...)

La promesa del dinero fácil no suena igual en todos los oídos. “Para la gente humilde, el mensaje del dinero fácil puede hacer que las apuestas se perciban como una fuente de ingresos”, reconoce el activista pamplonés contra las apuestas. Zafra no se la juega con valoraciones sobre las futuras regulaciones foral y estatal. Todavía no se puede dar la partida por terminada. Y hasta el final no se sabe quién vencerá."                    (Santiago Canales, El Salto, 09/10/20)