Sobre la prostitución... dice El País que "Nadie ha sido capaz hasta hoy de legislar de forma eficaz sobre la prostitución"... pues veamos... es sintomático el caso de Francia, en la que la abolición de la prostitución ha sido un fracaso clamoroso... Tras cinco años de ley, solo 161 mujeres han dejado la calle... las ayudas de de 330 euros mensuales, es una cifra absolutamente insuficiente... en Nueva Zelanda cotizan como el resto de trabajadores, tienen acceso a una jubilación. Si trabajas por cuenta de terceros, tienes vacaciones y los mismos derechos que el resto, prestando especial atención a los derechos humanos, a la sanidad y a su seguridad... con la descriminalización, las condiciones de vida y trabajo de sus trabajadoras sexuales han mejorado... alrededor del 40% aun trabaja para un jefe en prostíbulos, pero el resto son independientes, e, incluso las que trabajan en prostíbulos son independientes también... tienen más capacidad para rechazar clientes, por lo que tienen mucho más control sobre su trabajo... en la India, la Corte Suprema acaba de legalizarla, así por lo menos las prostitutas no podrán ser privadas de la custodia de sus hijos

 "(...) Nadie ha sido capaz hasta hoy de legislar de forma eficaz esta cuestión, y ninguno de los modelos de otros países está libre de inconvenientes. 

Pero tampoco había legislación europea en torno a la salud menstrual, y está ya en marcha en España. 

Proteger la prostitución como si fuera un trabajo más permite mejorar las condiciones de vida de las mujeres, pero no incide sobre las causas sociales y económicas de esta forma de explotación. Tampoco asegura que quienes dicen ejercerla de forma voluntaria sean realmente libres, ni que sean los proxenetas quienes, bajo diferentes formas de ocultamiento, se acaben aprovechando de esa regulación.

Convertir la prostitución en una actividad económica reconocida y regulada, como ha hecho Alemania, tampoco evita la trata de mujeres y estimula el consumo de prostitución como si fuese una diversión más, y aligerada de reproches sociales. El modelo abolicionista aplicado en Suecia sí ha reducido la prostitución, pero el efecto indeseable ha sido su crecimiento en la clandestinidad. 

Ese es el mayor peligro de este enfoque. Para que el modelo dé fruto, no basta con prohibir y castigar a proxenetas y clientes. Exige un plan muy ambicioso que ofrezca alternativas de inserción social y laboral a mujeres que perderían sus ingresos, por fuerza y de un día para otro, y se verían abocadas al ejercicio clandestino, con una desprotección extrema. (...)"                   (Editorial El País, 28/05/22)

 

"Tras cinco años de ley contra la prostitución en Francia, solo 161 mujeres han dejado la calle.

 Francia celebra este martes con sentimientos encontrados el quinto aniversario de la entrada en vigor de su ley contra la prostitución. La normativa, que supuso un cambio de paradigma al penalizar al cliente y no a las prostitutas, siguiendo el denominado modelo sueco, dividió desde el principio a las asociaciones sobre el asunto, parte de las cuales siguen defendiendo hasta hoy su conveniencia, aunque lamentan la falta de recursos, frente a otras que afirman que ha provocado una precarización aún más fuerte de un sector ya de por sí muy marginalizado.

 En lo que coinciden todas es en los magros logros cosechados hasta la fecha: solo 161 mujeres han completado el programa previsto por la ley para abandonar esa actividad, en un país donde se estima que hasta 40.000 personas ejercen la prostitución.

La senadora centrista Annick Billon, presidenta de la delegación de los derechos de las mujeres, resumía recientemente esos sentimientos encontrados. La ley supone “un avance considerable, un cambio de paradigma, pero su implementación no está necesariamente a la altura de nuestras esperanzas”, dijo.

La normativa, que entró en vigor el 13 de abril de 2016, prevé multas de 1.500 euros (3.750 en caso de reincidencia) para los clientes de prostitutas, a las que se dejó de penalizar por ejercer. A la par, establece un programa de dos años para ayudar e incentivar que las mujeres abandonen la prostitución, con unas ayudas económicas para la reinserción profesional y la regulación de la situación para las personas indocumentadas que buscan integrarlas en la sociedad. 

Pero el importe de estas, de 330 euros mensuales, es una cifra absolutamente insuficiente, según coinciden críticos y defensores de la ley. Los tiempos y requisitos establecidos para ello —la obligación de abandonar la prostitución antes de poder entrar en el programa, así como una gran burocracia y divergencia de criterios según departamentos— son también cuestionados en diverso grado por ambos bandos.

Desde 2017, un total de 564 personas se han podido beneficiar de este denominado “recorrido de salida de la prostitución”, que por el momento han completado 161 de ellas, según datos oficiales proporcionados a este periódico. Entre 2016 y 2018, las autoridades impusieron además 3.200 multas a clientes, y 2.000 más en 2019. Unas cifras muy bajas en relación con el día a día de la prostitución en Francia, que ejercen entre 30.000 y 40.000 personas en el país y que, al menos hasta que entró en vigor la ley, movía más de 3.200 millones de euros anuales.

“Falta de un pilotaje nacional”

Un informe oficial de evaluación de la ley que debería haberse entregado en abril de 2018, pero que solo fue hecho público en junio del año pasado, constata que “su implementación se ha visto considerablemente frenada por una ausencia de compromiso de los poderes públicos”. El principal problema, señalaba, era la “falta de un pilotaje nacional” que ha derivado en una “aplicación débil de ciertas medidas”, como las campañas de educación, y en una “heterogeneidad de prácticas en el territorio”, con diferencias grandes entre los departamentos a la hora de establecer los requisitos del programa de reinserción social. A todo ello se une la ausencia de medios para que la norma sea eficaz. “Si la ley ha reafirmado el compromiso abolicionista de Francia, no ha desplegado suficientes medios para lograr ese objetivo”, resume la evaluación oficial.

“No es la ley lo que se cuestiona, sino su implementación, que debe ser total”, coinciden fuentes de Mouvement du Nid, una de las principales asociaciones abolicionistas. La ley de 2016 “es eficaz porque es justa y equilibrada”, sostienen; el problema es que falta que sea realmente aplicada en todo el territorio. Y para ello, subrayan, hacen falta medios. El Gobierno debería garantizar 2.400 millones de euros en la próxima década —240 millones anuales para que 4.000 prostitutas puedan entrar cada año en el programa de integración— para asegurar que “las 40.000 personas en situación de prostitución puedan efectivamente integrarse de forma plena en la sociedad”, señalan las organizaciones, que reclaman también campañas de sensibilización y una “voluntad política clara del Gobierno”.

 No se trata de más o menos dinero, sino de un planteamiento de base equivocado, replican las asociaciones que reclaman desde hace años la retirada total de la ley que, afirman, solo ha contribuido a estigmatizar y precarizar más a unas personas tradicionalmente sumidas en la marginación social. “No celebramos este aniversario, deploramos que, cinco años después, nos veamos obligados a recordar que todo lo que pasa lo habíamos previsto y que prevenimos de ello a los parlamentarios”, dijo este lunes en rueda de prensa Irène Aboudaram, de Médicos del Mundo Francia. 

Esta es una de las asociaciones que, en 2019, llevaron la ley de la prostitución ante el Consejo Constitucional, en un intento infructuoso —el organismo validó la normativa— de cuestionar la ley. Según argumentaron entonces y sostienen hasta hoy, esta ha provocado desde su entrada en vigor un empeoramiento de las condiciones de vida de las personas que ejercen la prostitución, con menores ingresos y una mayor exposición a la violencia y a prácticas de riesgo, ya que muchos clientes, bajo el argumento de que los que se exponen ahora son ellos, reclaman renegociar los precios o las condiciones, como el uso de preservativo. 

Para June Charlot, de la asociación de acompañamiento de prostitutas en Toulouse Grisélidis, “esta ley se vendió como que iba a salvar a estas mujeres de la prostitución, pero no se puso ningún dispositivo para acompañarlas dignamente”.              (Silvia Ayuso, El País, 13/04/21)

"Catherine Healy: “Con la descriminalización, las condiciones de vida y trabajo de las trabajadoras sexuales han mejorado”.

Cotizar, como el resto de trabajadores. Tener acceso a una jubilación. Si trabajas por cuenta de terceros, tener vacaciones. En resumen, tener los mismos derechos que el resto de trabajadores, aunque, eso sí, prestando especial atención a los derechos humanos, a la sanidad y a la seguridad de las trabajadoras y trabajadores.

“Tiene sentido, ¿no?”, apunta Catherine Healy. Coordinador y una de las fundadoras del Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda (NZPC, por sus siglas en inglés), Healy explica a El Salto como ha influido en las condiciones que viven las trabajadoras del sexo de este país el modelo de descriminalización puesto en marcha en 2003 con la aprobación de la Reforma de la Ley de Prostitución, un texto que recogía las medidas defendidas por este colectivo y por el que luchó desde su creación en 1987.

¿Cómo es el modelo de Nueva Zelanda? 

Lo que llamamos descriminalización es una manera muy progresista de establecer las condiciones de las trabajadoras sexuales. Supone que las trabajadoras sexuales tengan muchas opciones para trabajar de diferentes maneras. La ley pone su principal interés en las trabajadoras sexuales, en su trabajo, seguridad y salud, con el marco de los derechos humanos y la protección frente a la explotación.

La ley contempla que las trabajadoras sexuales puedan trabajar para un jefe, puedan ser contratadas por una tercera persona o, si quieren, puedan trabajar en un prostíbulo, pueden trabajar en un prostíbulo y tener un jefe y si el trato no es bueno, como el resto de trabajadore, se puede quejar. Podemos tener sindicatos y trabajar juntas. Que también puedan trabajar por su cuenta, desde casa. Simplemente somos tratadas como cualquier otro trabajador u otra forma de fuerza trabajo, lo que tiene sentido.

Las trabajadoras sexuales pueden trabajar juntas [hasta cuatro sin necesidad de un certificado], desde casa o en la calle menos en las zonas explícitamente prohibidas, aunque, teniendo esa libertad, usualmente el trabajo en la calle es solo para encontrarse con los clientes. En Nueva Zelanda rechazamos que haya zonas delimitadas para el trabajo sexual de calle ya que crea muchos problemas de masificación, consideramos mejor que sean las trabajadoras las que decidan cuáles son los sitios más seguros para trabajar, y generalmente trabajan de manera muy discreta. La descriminalización es muy diferente de la legalización, que es un modelo muy restrictivo en el que las trabajadoras suelen estar gestionadas por el Estado y controladas por la Policía.

Creo que alrededor del 40% de las trabajadoras sexuales aun trabaja para un jefe en prostíbulos, pero el resto son independientes, e, incluso las que trabajan en prostíbulos son independientes también.

¿En la ley se dice algo sobre jornada laboral, vacaciones, por ejemplo, o hay, por ejemplo acuerdos para fijar precios del servicio?

No, porque la cada situación es bastante diferente, y las trabajadoras deciden independientemente sobre estos temas. Ellas se manejan su propio trabajo, e incluso si trabajan para un jefe, cada una paga sus impuestos y decide qué horas quiere trabajar etc. Si eres empleado tienes vacaciones y si trabajas por tu cuenta lo resuelves también por tu cuenta, como el resto de trabajadores autónomos.

En cuanto al precio del servicio, generalmente cada trabajadora decide sus propios precios. Si trabajan en un prostíbulo, en este se pueden fijar precios y si la trabajadora no está de acuerdo, no trabaja ahí ya está o se negocia entre la trabajadora y el dueño del prostíbulo.

Sobre la promoción de la salud, ¿cómo funciona? ¿hay controles sanitarios periódicos obligatorios, como pasa en países como Austria? 

Pienso que aquí la promoción del sexo seguro es muy fuerte y las trabajadoras sexuales son muy buenas en imponer el sexo seguro. Claro que a veces hay clientes que intentan tener sexo sin condón, pero creo que el modelo de descriminalización ha ayudado también en esto a las trabajadoras sexuales. Cuando el trabajo sexual era ilegal, si se encontraban condones en un local incluso se usaba como prueba de que este era un prostíbulo. Ahora se puede hablar francamente y con mucha libertad y es más fácil promover buenas prácticas. Creo firmemente que la descriminalización ha supuesto una mejora en la salud de las trabajadoras sexuales.

En cuanto a los controles sanitarios, no. No tenemos controles periódicos obligatorios controlados por el Estado. Cada trabajadora decide cuándo hacerse un examen médico y los resultados son confidenciales, entre la trabajadora y el médico. La mayoría de las trabajadoras sexuales están muy motivadas en controlar su salud. Por ejemplo, hay organizaciones médicas que trabajan con las trabajadoras sexuales, son centros comunitarios a los que pueden acudir sin decir su nombre, solo un código, y se respeta completamente su intimidad.

Hace algunos meses comenzó a sonar el nombre de Sabrina Valisce, una trabajadora sexual que también luchó en Nueva Zelanda por la ley aprobada en 2003 pero que ahora critica este modelo afirmando que este ha tenido como consecuencia que las trabajadoras trabajen hoy más por menos dinero, ¿qué opinas sobre que dice Valisce?

En primer lugar, Sabrina basa sus comentarios en su propia experiencia, no en investigaciones independientes. Es muy posible que esta haya sido su experiencia, que ahora tenga que trabajar mucho más para conseguir clientes, pero dudo de que esto esté relacionado con la descriminalización del trabajo sexual. Creo que lo está con una dinámica de edad que existe en muchos sitios en trabajo, en los que los más jóvenes son valorados por encima de los más mayores.

Sí hay investigaciones independientes llevadas a cabo desde varias universidades en las que se muestra que no es posible valorar si ahora las trabajadoras tienen que trabajar más o no. De todas maneras, y sí es importante, es que lo que sí que han mostrado es que las trabajadoras y trabajadores sexuales, con la descriminalización, tienen más capacidad para rechazar clientes, por lo que tienen mucho más control sobre cuánto trabajo, y de qué tipo, sienten que están haciendo.

Y en cuanto a las que decidan dejar el trabajo sexual, ¿se contempla algún tipo de ayuda?

Sí, y si quieres dejar de ser trabajadora sexual también te dan ayudas económicas. Es muy diferente si estuviera trabajando en otro trabajo… Si fuera maestra, por ejemplo, y quisiera dejarlo, tendría que esperar un tiempo hasta recibir una ayuda económica y estaría un tiempo que pasaría sin trabajar ni cobrar esta ayuda, pero siendo trabajadora sexual, si quiero dejarlo, el Estado inmediatamente te daría dinero para apoyarte. Es algo que es muy diferente con respecto al resto de trabajadores. El Estado reconoce que no quiere forzar a las personas a mantenerse en el trabajo sexual.

Este apoyo económico ¿es por meses o por cuánto tiempo? 

Si consigues otro trabajo o vuelves a trabajar como prostituta te la quitan. La ayuda no tiene límite de tiempo, dura tanto tiempo como la necesites y te ayudan a encontrar otro trabajo.

Esta ley se aprobó en 2003, hace ya quince años. ¿Cómo fue el proceso que llevó a su aprobación?

La propuesta de ley vino de nosotras. Empezamos en 1987 como organización, y comenzamos a luchar por el cambio, directamente y con mucha fuerza. Nos llevó mucho tiempo que el Parlamento y los políticos nos escucharan. Fue muy controvertido, y conseguimos el apoyo de las grandes organizaciones de mujeres, fuimos muy afortunadas por ello. Ellas estaban de acuerdo en que las condiciones que afrontaban antes las trabajadoras sexuales no eran justas, que se necesitaba un reconocimiento de sus derechos humanos. También la gente de salud pública, y otras organizaciones de otro tipo, nos apoyaron.

Entonces, vuestra propuesta de descriminalización tuvo el apoyo también de prácticamente todo el movimiento feminista? 

Sí, en esa época contamos con su apoyo.

En España y gran parte de Europa, el trabajo sexual es un punto que divide al movimiento feminista. 

Sí, creo que muchas feministas confunden trabajo sexual con la trata. También argumentan que el trabajo sexual es la explotación de las mujeres. Pero también hay otras organizaciones feministas que dicen: "Mira, no podemos hacer que el trabajo sexual desaparezca, pero podemos mejorar las condiciones de trabajo".

Aquí se habla mucho desde hace ya varios años sobre el modelo noruego, que pone el acento en criminalizar al cliente en vez de a la trabajadora sexual. En las últimas semanas incluso se apuesta por señalarles en las redes sociales bajo el hasghtag #holaputero. ¿Qué te parece este modelo? 

Pienso que es muy peligroso. Aquí también se ha tenido esta discusión en 2010, después de que cambiara la ley, sobre adoptar el modelo noruego, y el Parlamento se tomó muy en serio para asegurarse de que era una discusión tomada entre nosotras y los abolicionistas tomaron los argumentos. Se rechazó fuertemente. Lo vemos como un modelo muy peligroso y por supuesto estábamos totalmente en desacuerdo con que se tratara de esta manera a los clientes de las trabajadoras sexuales, que se les criminalizara, lo que influye en que se disminuya la seguridad de las trabajadoras sexuales. 

Sabemos que muchas trabajadoras en muchos países se están quejando de esto. Espero que en España no sigan esa vía. Estaría bien que viniera una delegación del Gobierno español a Nueva Zelanda a conocer este modelo. Justo ahora ha venido una delegación de Vietnam a conocer nuestro modelo. Es importante que conozcan cómo ha mejorado en la salud y seguridad de las trabajadoras. 

¿Hay un censo de trabajadoras sexuales en Nueva Zelanda? ¿ha variado el número de personas que se dedican a la prostitución desde que se aprobó esta ley? 

Sí hay un censo, y no, no ha variado significativamente. Las cifras suben y bajan dependiendo de la economía, realmente. Creo que la gente pensó que con la ley de descriminalización iba a aumentar el número de personas que se dedicaran al trabajo sexual, pero es aún un estigma, aunque en este aspecto también haya habido una mejora. Hay muchas razones por las que una persona decide dedicarse al trabajo sexual, y también hay muchas razones por las que decidirse a continuar en este, pero el número de personas que se dedican al trabajo sexual no cambia simplemente porque cambie la ley. La gente no piensa de repente: “Oh, me voy a convertir en prostituta”.

No, realmente me planteaba que con esta ley, con la que se dan también tantas facilidades para abandonar el trabajo sexual, habría disminuido el número de personas dedicadas a este sector laboral. 

Hubo un 10% de trabajadoras sexuales que decidieron dedicarse a otra cosa, y creo que alrededor del 25% dijeron que este era el mejor trabajo que iban a poder encontrar. Ha habido investigaciones sobre esto, que ponían el foco en que estas personas estaban forzadas a trabajar en esto y necesitaban ayuda para poder salir del trabajo sexual, pero realmente era porcentaje muy pequeño. La mayoría ha decidido continuar y ha visto que se han mejorado sus condiciones de trabajo y vida."                   

(Entrevista a Catherine Healy. Coordinador y una de las fundadoras del Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda, Ter García, El Salto, 13/01/18)

 

"La Corte Suprema de la India dictamina que la prostitución es una profesión legal

La sentencia reconoce los derechos de las trabajadoras sexuales y su protección legal.

La Corte Suprema de la India, con el juez L Nageswara Rao como presidente ha hecho pública la sentencia mediante la que se despenaliza la prostitución y se confiere derechos a las trabajadoras sexuales.

«La ley penal debe aplicarse por igual en todos los casos sobre la base de la edad y el consentimiento», determina el fallo. En base a esta sentencia, siempre que las trabajadoras sexuales sean mayores de edad, y presten su consentimiento, la policía no podrá interferir ni emprender acciones penales contra ellas a partir de esta sentencia.

De esta manera, el trabajo sexual voluntario no es ilegal, aunque administrar un burdel sigue considerándose un delito.

«Sin perjuicio de la profesión, todo individuo en este país tiene derecho a una vida digna según el artículo 21 de la Constitución», señala la sentencia. Y además, explica que las madres que trabajen en el ámbito sexual no deberán ser privadas de la custodia de sus hijos, ni deme asumirse que los menores que estén viviendo en un burdel o con una trabajadora sexual sean objeto de trata sin investigaciones específicas.

También se señala que la policía no debe discriminar a las trabajadoras sexuales cuando sean víctimas de agresión sexual. De hecho en la sentencia se denuncia la actitud «bruta y violenta de la policía hacia las trabajadoras sexuales» lamentando que «es como si fueran una clase cuyos derechos no son reconocidos».

Los jueces lanzan también una advertencia en su sentencia hacia los medios de comunicación: les avisa para que tengan «el máximo cuidado de no revelar las identidades de las trabajadoras sexuales, durante las operaciones de arresto, allanamiento y rescate, ya sea como víctimas o acusadas y que no publiquen ni transmitan ninguna fotografía suya».          (Beatriz Talegón, Diario16, 29/05/22)

¿Abolir o despenalizar la prostitución? ¿A qué se refiere el presidente del Gobierno cuando afirma que quiere abolir la prostitución? ¿Se refiere a que quiere ir hacia un modelo de prohibicionismo, como en el norte de Europa, donde hay un modelo abolicionista? Sabemos a qué han conducido estos modelos prohibicionistas. El modelo sueco no eliminó la demanda, sino que se ha desplazado a terceros países. Lo que se ha conseguido es clandestinizar a las mujeres que se dedican al trabajo sexual... los modelos buenos son los que establecen derechos para las trabajadoras sexuales. El modelo neozelandés promueve la autoorganización de pequeñas cooperativas, entornos laborales muy pequeños, de las trabajadoras sexuales y que elimina la figura del proxeneta

 "Hace una semana, Pedro Sánchez prometió una ley para abolir la prostitución en España, el tercer país del mundo en el que más hombres pagan por sexo, según un informe de la fundación Scelles de 2016. Se calcula que unas 350.000 mujeres se prostituyen en el país, aunque no hay cifras oficiales. El PSOE quiere aprobar esta legislatura una ley integral bajo la cual se prohibirá la práctica y se sancionará a los clientes, de forma que se persiga la demanda y todas las formas de proxenetismo.

 En el movimiento feminista español prevalece la postura abolicionista, pero hay una parte que aboga por regularlo como una profesión. EL PAÍS invitó el viernes a dos expertas para que defendieran su postura a través de Zoom. Las llamadas se hicieron por separado. La abolicionista, profesora en la Universidad Rey Juan Carlos y filósofa Ana de Miguel es autora de Neoliberalismo sexual, en el que desmonta la idea de que las mujeres eligen libremente ejercer la prostitución.

 Encarna Bodelón, quien considera que la prostitución es un trabajo sexual y defiende que vaya acompañado de derechos laborales, es jurista y profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona.

¿La prostitución es un trabajo?

Ana de Miguel. La prostitución es una práctica por la que un hombre pasa a disponer del cuerpo de una mujer de forma legítima por un precio variable un tiempo determinado. Vamos a concretar más aún, que es lo que nos pide la filosofía. ¿Disponen de una mujer para qué? Disponen del cuerpo de una mujer para introducir su pene en sus agujeros: en su boca, en su ano, en su vagina. O para decirles, “chúpame los huevos”.

 Ahora nos preguntamos: ¿Queremos considerar esto un trabajo? ¿Queremos ir a la cola del paro, cada vez más llena de mujeres, y decirles: “Tranquilas, hay trabajo en los burdeles, es un trabajo como otro cualquiera”? A los jóvenes, ¿si vuestra madre está en paro, queréis decirle que el trabajo sexual es una opción? Yo no quiero ese mundo. (...)

 Encarna Bodelón. La realidad es que la mayoría de las mujeres que se dedican a la prostitución no tienen regulación y no se protegen sus derechos laborales. Están en un ámbito de desprotección, que difícilmente permite que denuncien los abusos laborales que sufren. Por ejemplo, cuando se les debe dinero por un acto sexual o en el caso de los clubes, donde no tienen horarios. Lo que nos encontramos básicamente desde la perspectiva del derecho laboral es un ámbito de desprotección.

¿Cómo hay que abordar la prostitución en España para garantizar los derechos de las mujeres?

A. de M. La prostitución es una escuela de desigualdad humana que refuerza enormemente la idea de que las mujeres son cuerpos, objetos o cosas, que están al servicio del placer de los hombres que quieran disponer de ellas. Entonces, mientras exista la prostitución seguirá siendo el símbolo clarísimo y material de que no somos personas exactamente. Porque la prostitución deshumaniza y cosifica sin remedio a las mujeres a los ojos de los hombres.

E. B. Más allá de las políticas públicas y más allá del derecho, el primer elemento es que todas las mujeres —y más las feministas— escuchemos a las compañeras que se prostituyen o, en algunos casos, que sufren violencia o que son forzadas a estar en situación de trata para prostituirse.

¿Qué cambios legales harían falta?

A. de M. Yo lo que creo que hace falta es que las compañeras juristas que no se conforman con normalizarlo y regularlo, las que sí tienen un pensamiento crítico y sí creen que es posible cambiar la sociedad, tienen que ponerse a ello y mostrárselo a la sociedad. Yo te puedo decir lo primero: abolir el proxenetismo. Es un mundo en el que las ganancias para los proxenetas son enormes y, además, sin ninguna consecuencia. Entonces, los chicos están volviendo a aprender que una chica es la que se sienta en el pupitre a su lado pero es también un cuerpo en tacones, braga o tanga rojo y que está a las cuatro de la mañana allí esperando a su servicio.

E. B. Lo primero sería eliminar todos aquellos elementos que están vulnerando sus derechos. Por ejemplo, tenemos una ley de seguridad ciudadana que contiene muchísimos elementos que están vulnerando los derechos de la ciudadanía: entre otros, permite sancionar a las trabajadoras sexuales que ejercen en la vía pública por delito de desobediencia. Por otra parte, tenemos que considerar que muchas de las mujeres que se dedican a la prostitución lo están haciendo en una situación administrativa irregular. Es algo que tenemos que solucionar para que estas personas tengan acceso a la ciudadanía y al derecho al trabajo desde ya.

¿Qué opina sobre la propuesta del PSOE de abolirla?

A. de M. Hay que pensarla porque me parece bastante razonable. Si los hombres no se ponen límites a ellos mismos, lo que es la moral, el comportamiento moral: ponerte en el lugar de otras personas, no el de tu deseo, y ponerte los límites que nos exige la vida buena en común, tendremos que ponérselos la sociedad, es decir, el Estado.

 E. B. ¿A qué se refiere el presidente del Gobierno cuando afirma que quiere abolir la prostitución? ¿Se refiere a que quiere ir hacia un modelo de prohibicionismo, como en el norte de Europa, donde hay un modelo abolicionista? Si lo que quiere decir es eso, sabemos a qué han conducido estos modelos prohibicionistas. Lo que nos dicen los estudios del modelo sueco, por ejemplo, es que no se eliminó la demanda, sino que se ha desplazado a terceros países. Lo que se ha conseguido es clandestinizar a las mujeres que se dedican al trabajo sexual.

 No existen datos sobre prostitución, solo estimaciones de que la mayoría lo hacen obligadas. ¿Se puede separar la prostitución y la trata?

A. de M. No estaríamos aquí hablando de la prostitución como un problema si no fuera por lo magnificada que está la trata de mujeres. Hay otro ejemplo donde no se puede desligar: los puteros, los hombres que van de putas. ¿Tú crees que ellos distinguen entre trata y prostitución? Ellos no les preguntan a la chica que está en la rotonda con tacones y bragas. No le dicen “oye, ¿tú eres de la trata o de libre consentimiento?”. Jamás. Ellos preguntan cuánto es, si acaso.

E. B. Desde mi perspectiva y la de la mayoría de la legislación internacional, no solo se puede, sino que se debe separar la prostitución de la trata. Porque son dos situaciones diversas. Tanto el Convenio de Varsovia al nivel europeo como el Convenio de Palermo [ambos contra la trata] separan las situaciones de prostitución de la situación de trata. Es más, la legislación española, en el Código Penal, separa y define trata como una situación diversa de la prostitución.

¿Qué país le parece que tiene un modelo mejor para abordar este tema? ¿Por qué?

A. de M. El sueco. Es un modelo que se ha preguntado qué tipo de sociedad queremos para legar para nuestros hijos e hijas, a las generaciones futuras, y por qué.

  Y el modelo incluye medidas que han ido incorporando paulatinamente por ensayo y error que penan al cliente, nunca a las mujeres en prostitución. Además, hacen grandes campañas para explicar por qué hacen eso. Eso es crucial.

E. B. A nivel internacional, las trabajadoras sexuales organizadas han dicho que, en general, ellas no quieren que se regule su trabajo y que sean objetos de controles y restricciones. No quieren marcos reguladores, sino marcos proderechos. Esto siempre se confunde. Entonces, los modelos buenos no son los que regulan el trabajo sexual. Son los que establecen derechos para las trabajadoras sexuales. Se habla mucho del modelo neozelandés porque es un modelo que promueve la autoorganización de pequeñas cooperativas ––entornos laborales muy pequeños–– de las trabajadoras sexuales y que elimina la figura del proxeneta. Es decir, hace una intermediación directa del trabajo sexual y de sus beneficios.

¿Qué inconvenientes tiene el modelo que usted defiende?

A. de M. Lo que el modelo sueco necesita es que se impliquen todos los países, no solo uno. El inconveniente es que está un poco solitario, aunque la verdad es que cada vez hay más países. España, Francia e Irlanda son países que se están planteando examinar qué tipo de sociedad queremos y dando el paso a reconocer que la institución de la prostitución solo reproduce la desigualdad y la deshumanización de las personas.

E. B. No hay modelo perfecto porque el contexto de aplicación, como las condiciones socioeconómicas, son muy distintas entre países y, además, porque tenemos el peso del patriarcado en muchísimos países. Eso siempre va a hacer muy complejo eliminar las vulneraciones de los derechos de las mujeres que ejercen el trabajo sexual."                         (Paola Nagovitch , El País, 25/10/21)

La abolición de la prostitución, un debate en la izquierda: la actual secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, defiende los sindicatos de prostitutas... los comunes de Ada Colau avalaron la puesta en marcha de acciones "para favorecer la autoorganización política y social de las trabajadoras sexuales"... e Izquierda Unida, otra de las formaciones que conforman el grupo confederal, se declara plenamente abolicionista

"En España la prostitución no es legal ni es ilegal. La prostitución en sí no está prohibida en el Código Penal, pero sí la explotación y el proxenetismo. Durante décadas se ha tratado de una cuestión clave dentro del movimiento feminista, pero ahora el Gobierno de coalición, conformado por PSOE y Unidas Podemos, prevé tomar decisiones de carácter legislativo, que repercutirán en la vida de las mujeres en contextos de explotación sexual.

Durante el 40º Congreso Federal del PSOE, el partido definió las líneas del modelo abolicionista que aspira a desarrollar a lo largo de la legislatura y que bebe de precedentes como el francés y el sueco. Las feministas "abolicionistas y socialistas son la punta de lanza", pero el fin de la prostitución "tiene que ser la lucha decente de la democracia entera y de los hombres", señaló Carmen Calvo, secretaria de Igualdad del PSOE y presidenta de la Comisión de Igualdad en la Cámara Baja.

Sin embargo, el Ministerio de Igualdad no está dirigido por el PSOE, aunque Calvo intentó en su día que así fuera, sino por Irene Montero, dirigente de Unidas Podemos. Al contrario que en la ley trans, en la que había una posición nítida y ampliamente compartida que presionaba al ala socialista en su enfoque autodeterminista, en el tema de la prostitución hay diferencias de criterio en el seno de los morados. El departamento es en términos generales abolicionista, pero entre sus filas conviven distintos sentires. Tanto es así que la actual secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, defiende los sindicatos de prostitutas.

"Es cierto que Ángela Rodríguez es pro derechos, no regulacionista", señalan fuentes del Ministerio de Igualdad a infoLibre, aunque destacan que hay un "importante consenso en acabar con la impunidad de quien explota y proteger a las mujeres". "Debates sobre prostitución hay en todos los partidos, es un debate histórico", sintetizan.

Fruto de ese debate, el Ministerio rechaza el abolicionismo –un término que sí convence al PSOE– como sinónimo de punitivismo o refuerzo de las sanciones, pero tampoco apuesta por la regularización del denominado trabajo sexual, como sí hacen los comunes de Ada Colau, que en su programa para los comicios municipales de 2019 avalaron la puesta en marcha de acciones "para favorecer la autoorganización política y social de las trabajadoras sexuales". Unidas Podemos no incluyó ninguna propuesta sobre prostitución en los comicios generales de ese mismo año.

El Gobierno ha ido dando ya algunos pasos en el plano legislativo. La Ley de Libertad Sexual, la futura norma conocida como ley del sólo sí es sí, aprobada en Consejo de Ministros y pendiente de debate parlamentario, incluye dos puntos relativos a la prostitución. El primero tiene que ver con la modificación del artículo 187.2 del Código Penal, de manera que quien "se lucre explotando la prostitución de otra persona aun con el consentimiento de la misma" deberá afrontar una pena de prisión de dos a cuatro años. En todo caso, matiza la ley, se entenderá que "hay explotación cuando exista aprovechamiento de una relación de dependencia o subordinación".

El segundo elemento está relacionado con la incorporación del artículo 187 bis en el Código Penal. Igualdad quiere recuperar la figura de la "tercería locativa" que contemplaba el Código Penal de 1973 y que se eliminó posteriormente. De esta forma, el artículo hacía penalmente responsable (con penas de uno a tres años) al "amo, gerente, administrador o el encargado del local, abierto o no al público, en que se ejerza la prostitución u otra forma de corrupción y toda persona que, sabiéndolo, participe en su financiación".

Discrepancias dentro de Unidas Podemos

Esta última cuestión despierta los recelos de la confluencia catalana de Unidas Podemos, que se opone a la introducción de esta figura porque considera que contribuye a "reforzar el estigma de la prostitución". Esta semana las parlamentarias Aina Vidal y Mar García Puig han firmado y registrado una enmienda en el Congreso bajo el argumento de que "la penalización de este tipo de conductas ha demostrado efectos muy perjudiciales como la clandestinización de la actividad, peores condiciones de trabajo y dificultades en el acceso o, incluso, la pérdida de la vivienda".

"Son numerosos los organismos de derechos humanos (como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de Naciones Unidas, en su recomendación 35, sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general) que han recomendado la derogación de normativa que produce el efecto de criminalizar a las mujeres que ejercen la prostitución, como es el caso", alegan en su escrito.

Por otra parte, Izquierda Unida, otra de las formaciones que conforman el grupo confederal, se declara plenamente abolicionista y rechaza las medias tintas de Podemos. En una entrevista con este diario, la actual directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas, dirigente de IU, señalaba que "un gobierno abolicionista es un gobierno que considera la prostitución una forma de violencia, una forma de explotación sexual y una forma de vulneración de los derechos humanos". A su juicio, "la prostitución no puede ser concebida como una relación laboral, porque su objeto es ilegal".

Igualdad también tiene diferencias con el PSOE

Fuentes de Igualdad aseguran que Montero ha trasladado a todos los grupos parlamentarios que tiene "máxima disposición para encontrar una propuesta de consenso que pasa por dar derechos a las mujeres que son víctimas de trata y explotación sexual, en eso siempre ha habido consenso", destacan. "Y para las que están en contextos de prostitución, hay que tomar medidas para acabar con la precariedad y la desigualdad que les lleva ahí y eso tiene que ver con la reforma de la ley de extranjería", continúan. 

En este punto mantienen un claro choque con su socio de Gobierno, el PSOE, más reticente a reformar esa norma. De igual modo, en Igualdad también discrepan del ala socialista en la penalización a los clientes de prostitución porque alegan eso ya lo está haciendo la ley mordaza "y no da resultados". "En cualquier caso, hay plena disposición a hablar y negociar con el socio mayoritario de gobierno para que lo primero sea proteger a esas mujeres, sin eso no se puede abolir nada", zanjan."              (Marta Monforte, InfoLibre, 24/10/21)

Si la voluntad de este Gobierno es acabar con esta explotación sexual y abolirla definitivamente, tiene que saber que su principal tarea es garantizar derechos y renta a las personas que se ven abocadas a la prostitución... la política de extranjería está condenando a entre 600.000 y 800.000 personas a la clandestinidad al negarles permisos de residencia y trabajo... Quienes conocemos de cerca esta situación hemos visto a mujeres prostituirse por los 500 euros que cuesta un empadronamiento, o por los 3.000 euros por los que se vende un contrato de trabajo en esos mercados que no se ven... Este verano 4,5 millones de personas, autóctonas y migrantes, vivían en una situación de pobreza severa... en estas condiciones, toda forma de obtención de renta tiene cabida para la supervivencia, también la prostitución... Por eso el punto primero en una agenda abolicionista debe ser garantizar el estatus de ciudadanía y una renta a todas las personas... o el remedio fácil, el castigo: perseguir y multar al putero como forma de abolir la prostitución. Más allá del reproche moral que pueden causar aquellos que consumen prostitución, y que comparto, esta no es la solución al problema... Mientras todas las personas que están en riesgo de prostitución no tengan garantizada la renta para la obtención de los bienes básicos para la vida, no debería implementarse ninguna medida de persecución al putero, por más que nos repugnen... La persecución al putero supondría más clandestinidad y mayores dificultades para quien se prostituye, los empadronamientos y los contratos de trabajo a cambio de sexo saldrían más caros. Esta es una realidad horrible y tenemos que salir cuanto antes de ella... El punitivismo es la falsa creencia de que los problemas sociales se solucionan con más castigo. Nunca funciona... Imaginemos que mañana pusiéramos multas y penas tan altas que todos los puteros se disuadieran de consumir prostitución, las prostitutas que siguieran sin tener garantizada la subsistencia tendrían que buscar la manera de subsistir y se verían abocadas a otras violencias aun mayores que no soy capaz ni de escribir aquí

 "(...) Mi reflexión la situaré dentro de las posturas abolicionistas que proponen reconocer mayores derechos a las prostitutas como forma de erradicación del problema.

 Si la voluntad de este Gobierno es acabar con esta explotación sexual y abolirla definitivamente, tiene que saber que su principal tarea es garantizar derechos y renta a las personas que se ven abocadas a la prostitución. Sin duda, la derogación de la ley de extranjería y la aprobación de una renta básica universal debe estar entre las primeras tareas de una agenda abolicionista.

 No existen datos oficiales, pero, según diversas estimaciones, la política de extranjería de este país está condenando en este momento a entre 600.000 y 800.000 personas a la clandestinidad al negarles permisos de residencia y trabajo, los famosos “papeles”. Eso significa que estas personas no pueden trabajar con un contrato de trabajo ni un alta en la Seguridad Social. Sus posibilidades en la elección de un trabajo son, por tanto, mínimas y se ven obligadas a escoger los trabajos con menor reconocimiento social y salarial. 

Si las mujeres ya jugamos de por sí en desventaja en el acceso al empleo, cuando eres una mujer migrante “sin papeles” aún es más difícil. Con esta estrechez de margen, para algunas mujeres en esta situación la prostitución se convierte en la única posibilidad de obtención de renta. Los y las menores extranjeros extutelados, a quienes hasta ahora la ley no les concedía el permiso de trabajo cuando cumplen la mayoría de edad, engrosan también estos grupos de personas en riesgo de verse abocadas a la prostitución. 

Para obtener la residencia y el permiso de trabajo, la ley exige demostrar tres años de permanencia en el Estado español y tener un contrato de trabajo de un año. Requisitos ambos muy difíciles de cumplir, sobre todo un contrato de un año, algo de difícil obtención para todas. Conseguir un empadronamiento o un contrato de trabajo se hace vital para poder obtener los “papeles” que permitirá un trabajo con derechos.

  Quienes conocemos de cerca esta situación hemos visto a mujeres prostituirse por los 500 euros que cuesta un empadronamiento o por los 3.000 euros a los que se vende un contrato de trabajo en esos mercados que no se ven. Situaciones todas estas evitables si la ley de extranjería concediera los permisos de residencia y trabajo a todas la personas que se encuentren en este país realizando una actividad –cuidando, en el campo, en el top manta o en las bicis de reparto, por ejemplo– sin exigir más requisitos.

 Pero no solo las personas migrantes pueden verse abocadas a la prostitución como única forma de obtener una renta, las personas autóctonas pobres también. Este verano 4,5 millones de personas, autóctonas y migrantes, vivían en una situación de pobreza severa en el Estado. Esto significa no poder acceder a una vivienda digna, a la canasta básica de alimentos o a los suministros como la luz y el agua. Combatir esta pobreza extrema es el primer paso para erradicar la prostitución. 

(...)  toda forma de obtención de renta tiene cabida para la supervivencia, también la prostitución.

 Por eso el punto primero en una agenda abolicionista, por encima de cualquier otro, debe ser garantizar el estatus de ciudadanía y la renta a todas las personas. Lamentablemente esto no suele abordarse porque ello supone desafiar, en parte, las sacrosantas reglas del neoliberalismo. Entonces queda el remedio fácil, el castigo: perseguir y multar al putero como forma de abolir la prostitución. Más allá del reproche moral que pueden causar aquellos que consumen prostitución, y que comparto, esta no es la solución al problema. 

Al menos, desde luego, no es la primera solución que debe aparecer en una agenda abolicionista. Ni siquiera es simultánea. Mientras todas las personas que están en riesgo de prostitución no tengan garantizada la renta para la obtención de los bienes básicos para la vida no debería implementarse ninguna medida de persecución al putero, por más que nos repugnen. Hablo aquí de los consumidores de prostitución, y no de la trata con fines de explotación sexual o del proxenetismo, cuestión que me merece otra opinión que excede de este artículo. 

Hay que salir de las consignas y ser consciente de la dura realidad material de las personas que se ven abocadas a la prostitución. La persecución al putero supondría más clandestinidad y mayores dificultades para quien se prostituye, los empadronamientos y los contratos de trabajo a cambio de sexo saldrían más caros. Esta es una realidad horrible y tenemos que salir cuanto antes de ella, por eso es urgente la regularización de las personas migrantes (...)

El punitivismo es la falsa creencia de que los problemas sociales se solucionan con más castigo. Nunca funciona. Imaginemos que mañana pusiéramos multas y penas tan altas que todos los puteros se disuadieran de consumir prostitución,  las prostitutas que siguieran sin tener garantizada la subsistencia tendrían que buscar la manera de subsistir y se verían abocadas a otras violencias aun mayores que no soy capaz ni de escribir aquí.  

Si la persecución a los puteros no soluciona el problema sin antes abordar las realidades materiales, mucho menos lo soluciona la persecución a las mujeres y jóvenes que ejercen la prostitución. Lamentablemente muchas ordenanzas municipales en los últimos años han ido encaminadas a perseguir el ejercicio de la prostitución en la vía pública en aras de garantizar la “seguridad ciudadana”. Cualquier postura que tenga vocación de erradicar verdaderamente la explotación sexual debe alejarse rápido de estas soluciones que no borran el problema, si no que borran a quienes lo padecen."                (Pastora Filigrana García, CTXT, 20/10/2021)

El Supremo reconoce el derecho de las trabajadoras sexuales a sindicarse...

"El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que reconoce el derecho de las trabajadoras sexuales a formar un sindicato. 

Los jueces de la sala de lo social estiman así el recurso del sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) y explican que estas mujeres “gozan del derecho fundamental a la libertad sindical y tienen derecho a sindicarse”. Recuerdan además que la legalidad o no de esta actividad es cosa del poder legislativo y añaden que “dentro del ámbito funcional de los Estatutos no tienen cabida las relaciones laborales que tengan por objeto la prostitución por cuenta ajena”.

Con estos argumentos, el Supremo desestima la demanda formulada por la Comisión para la Investigación de malos tratos a mujeres y la plataforma 8 de marzo de Sevilla, que pedía la nulidad de los Estatutos y del acta de constitución de OTRAS y, en consecuencia, la disolución de la organización sindical, una demanda a la que se adhirió el Ministerio Fiscal.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional declaró la nulidad de los estatutos del sindicato OTRAS, por considerar que amparaban la prostitución asalariada, pero esta sentencia fue recurrida en casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo por OTRAS.

OTRAS formalizó su existencia con la inscripción el 4 de agosto en le Boletín Oficial del Estado. Pero, poco después, el Gobierno anuncia que impugnará la constitución de la organización en una nota de prensa y la entonces ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, asegura que le han “metido un gol”.

En septiembre de ese año, OTRAS defendía su creación en una rueda de prensa en la que declaraba “no somos ilagales” y anunciaban que habían recibido una citación para comparecer en la Audiencia Nacional en el mes de noviembre para responder por una demanda demanda interpuesta por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de marzo de Sevilla. Las asociaciones sostenían que la inscripción de estos estatutos suponía reconocer como un trabajo lo que entienden como una forma de violencia de género. Contra esta demanda se pronunciaron algunas organizaciones feministas.

Tras conocer la sentencia, OTRAS ha celebrado el Twitter la decisión: “El Tribunal Supremo reconoce el derecho a las Trabajadoras a formar sindicatos, felicidades compañeras”.

Argumentos de la sentencia

La sentencia del Supremo, según explica en nota de prensa el Consejo General del Poder Judicial, argumenta que unos estatutos sindicales no pueden determinar la legalidad o ilegalidad de cualquier actividad, algo que corresponde al legislador. Establece que el enfoque que corresponde al litigio es el de comprobar si la libertad sindical que invocan quienes han promovido OTRAS cae dentro de los confines del vigente ordenamiento y que, por ello, el examen debe del contenido de los estatutos y no el de realidades paralelas.

Sería entonces ajeno al litigio el debate sobre la legalización, tolerancia o penalización de la prostitución por cuenta ajena, máxime cuando la misma no aparece contemplada en los estatutos, y con arreglo a nuestro derecho la celebración de un contrato de trabajo cuyo objeto sea la prostitución por cuenta ajena, debe reputarse nulo, dictamina el Supremo.

La sentencia estima que el ámbito funcional de los estatutos impugnados es conforme a derecho, que las personas que desarrollan trabajos sexuales a las que se refiere el procedimiento gozan del derecho fundamental a la libertad sindical y tienen derecho a sindicarse, así como que dentro del ámbito funcional de los estatutos no tienen cabida las relaciones laborales que tengan por objeto la prostitución por cuenta ajena, en cuyo caso no existe relación laboral válida en tales casos. La sentencia íntegra se conocerá en los próximos días."                       (Patricia Reguero Ríos, El Salto, 02/06/21) 

La red de trabajadoras sexuales argentinas que armamos nos está salvando durante el COVID-19. Estamos todo el tiempo buscando comida y donaciones, recibiendo las viandas que se entregan en las escuelas. El sostenimiento diario hoy es muy difícil...

"Me llamo Graciela, tengo 54 años, y vivo en la ciudad de Paraná en Argentina. He sido trabajadora sexual de toda la vida. Empecé cuando tenía 23 años para ayudar a mi familia en una crisis económica. 

Pude ayudar a mi familia, y también pude pagar a una niñera, ser mi propia jefa y elegir mis horarios de trabajo. Ahí decidí que quería trabajar de esto.

Trabajé toda mi vida como trabajadora sexual, pero a pesar de eso no puedo tener una jubilación ni obra social. Eso no es justo.

Hoy más que nunca, en medio de la pandemia, se siente mucho más la precariedad y la vulnerabilidad en la que tenemos que vivir y lo difícil que se hace poder continuar.
Desde mediados del mes de marzo, todo el país está en aislamiento obligatorio por la pandemia del COVID-19. Esto ha transformado mi vida completamente. No puedo salir a trabajar.

En mi casa estamos con mis 4 hijos y 2 nietos. Tenemos muchas necesidades y parece que nuestras vidas no importan. Todos tenemos trabajos precarizados y ‘en negro’, y ahora no tenemos recursos para vivir.

Con mi trabajo como trabajadora sexual sostenemos más de la mitad de los gastos familiares. Hoy no tenemos ni lo básico, no nos alcanza ni para comprar comida.
Nunca trabajé en lugares cerrados. Siempre preferí trabajar en la calle, más que nada porque en la calle estás en comunidad, y tenemos códigos de respeto mutuo.

Con los clientes se perdió totalmente el contacto. Algunas trabajadoras sexuales empezaron a hacer el trabajo virtual, pero yo no tengo internet en el celular. Con algunos hablamos por teléfono pero no tengo medios para recibir un pago por estos servicios. En mi caso es imposible tener sexo virtual o poder cobrar por algún servicio.

Perdí mi fuente de ingresos y la de mi familia. Lo que más me da miedo es la incertidumbre, ¿cuánto tiempo se va a extender? Hoy no hoy noticias de que se vaya a levantar el aislamiento obligatorio. Además estamos viendo que la policía está cada vez más represiva con nuestro sector, y que no hay compromiso desde el Estado con nuestras vidas.  (...)

El trabajo sexual existe desde siempre pero no tiene derechos ni está reconocido. El Estado dio ayudas de emergencia a los trabajadores informales y a los independientes, pero las trabajadoras sexuales no recibimos nada de eso.
Hoy no podemos acceder a las ayudas de emergencia por la crisis porque no existimos para el Estado.

Todo el riesgo corre por nuestra cuenta, no podemos tener beneficios sociales, ni jubilación, ni obra social. No podemos inscribirnos en el Ministerio de Trabajo, no podemos hacer aportes como monotributistas porque nuestra profesión no existe.
El NO reconocimiento de nuestro trabajo, nos pone en un lugar de trabajadoras precarizadas. Hoy vemos lo importante que es la salud. Nosotras no tenemos opción: tenemos que ir al hospital público que no tiene recursos, tenemos que aguantar también los prejuicios y el maltrato de profesionales de la salud cuando se enteran de nuestro trabajo. Es peor para las compañeras de mi edad.
Hoy en día nos estamos sosteniéndonos con ollas populares. Estamos todo el tiempo buscando comida y donaciones, recibiendo las viandas que se entregan en las escuelas. El sostenimiento diario hoy es muy difícil.

Lo que nos salva son las redes de apoyo y contención.

Hace dos años nos empezamos a organizar en la Red Nacional de Trabajadoras Sexuales con las compañeras trabajadoras sexuales de AMMAR Córdoba junto con compañeras de Rosario, Chaco y Neuquén.

Durante esta pandemia, usamos la tecnología para conectarnos con compañeras de otras partes de Argentina, y de Brasil y Chile.

Esto es un desafía muy grande. Pero son las redes las que nos salvan en la cuarentena. Se hicieron campañas de alimentos y donaciones económicas, AMMAR Córdoba armó la campaña “Lxs trabajadorxs sexuales también importamos”

Lo recaudado se reparte en las sedes para que acá compremos bolsones de alimentos y artículos de limpieza para repartir con las demás trabajadoras sexuales. También se hicieron depósito de dinero para más de 300 familias de trabajadoras sexuales y ayudamos a quince organizaciones de base.

Nosotras ya sabemos que tenemos que hacer estrategias desde las bases. Tenemos que reclamar nuestros derechos laborales y demandar un real acceso a la justicia.
En la organización aprendí que lo que hago no es ilegal, no está prohibido. Aprendí de derechos y leyes para evitar los atropellos policiales que sufrimos. Aprendí a defenderme y poder escapar de la explotación sexual de otros.

Más que nada, aprendí que somos parte de la sociedad."               (Open Democracy, 29/06/20)

El derecho de las prostitutas a constituir un sindicato a la luz de la STC 236/2007

"Como es conocido, la cuestión de la sindicación de las prostitutas fue abordada por la sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Social) de 19 de noviembre de 2018 (Recurso núm. 258/2018), que estimó parcialmente el recurso interpuesto por la Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres, plataforma 8 de marzo de Sevilla contra la resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se admitió el depósito y registro de los estatutos del Sindicato de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) pero sin admitir la disolución del sindicato propuesta por la demandante, al haber acumulado indebidamente las acciones. 

El motivo de la impugnación no fue otro que el hecho de que en los Estatutos de este sindicato se indicaba, como ámbito funcional, las actividades relacionadas con el trabajo sexual en todas sus vertientes, siendo objeto de litigio que se incluyese, entre ellas 1/, el ejercicio de la prostitución.

La argumentación seguida por la sentencia resulta altamente objetable, pues, como tuve la oportunidad de señalar en el comentario realizado a esta sentencia 2/, resuelve la sentencia a partir de una construcción voluntarista del derecho, dirigida a una suerte de activismo judicial que, en lugar de fundamentarse en la tutela de los derechos fundamentales reconocidos en los textos constitucionales, tiende a imponer una visión de las reglas que regulan los intereses en juego en un pleito conforme a las propias creencias o valores del juzgador, aunque con ello se pueda ir en contra de obligaciones -y derechos- constitucionalmente impuestas, como, por lo que aquí interesa -además de la prohibición de discriminación o la obligación de promover las condiciones para que la igualdad de los ciudadanos y los grupos en los que se integran sean reales y efectivas- el necesario respeto de la libertad sindical.

En efecto, la sentencia afirma rotundamente que la prostitución por cuenta ajena se halla tipificada como delito en el código penal, siendo esta una afirmación que, si bien se puede encontrar en numerosas decisiones de los tribunales laborales, ni la doctrina ni jurisprudencia del orden penal así lo entienden 3/. 

 De esta manera, resulta que, paradójicamente, una jurisdicción que debería velar por la tutela de los prestadores de servicios en régimen de dependencia y ajenidad, se olvida de su función tuitiva, la cual, sin embargo, sí es tenida en cuenta por otros órdenes jurisdiccionales 4/. 

De otra parte, la sentencia adolece de una considerable pobreza argumental, lo que refuerza la apreciación de que se trata de una decisión apriorística, asentada sobre convencimientos de carácter índole ético-moral (¡¿cómo va a ser posible la existencia de un sindicato de prostitutas?!) antes que sobre fundamentaciones jurídicas.

Precisamente, desde el punto de vista de la argumentación jurídica, y por lo que aquí interesa, cabe destacar cómo la sentencia de la Audiencia Nacional ignora la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional respecto de la libertad sindical en su sentencia 236/2007, de 7 de noviembre. 

Por esta sentencia el Tribunal Constitucional resolvió el recurso de inconstitucionalidad planteado respecto, entre otros, de la redacción dada al art. 11.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en virtud de la LO 8/2000 que limitaba el ejercicio de los derechos de sindicación o afiliación sindical de los extranjeros en España únicamente cuando obtuviesen autorización de estancia o residencia en España.

Esta sentencia declara la inconstitucionalidad del referido precepto invocando disposiciones de carácter internacional 5/, así como la interpretación del derecho a la libertad sindical, regulado en el art. 28.1, que efectúa el propio Tribunal Constitucional, según la cual este derecho se reconoce a “todos” los trabajadores en su caracterización material, y no jurídico-formal, y a “todos” los sindicatos. Siendo así, señala esta sentencia, no resulta constitucionalmente admisible la exigencia de la situación de legalidad en España para su ejercicio por parte de los trabajadores extranjeros, aunque lo sea para la celebración válida de su contrato de trabajo y, en consecuencia, para la obtención de la condición jurídico-formal de trabajador… 

 Concluyendo que la concepción según la cual el derecho de libertad sindical se ejercería exclusivamente por quienes ostentan la condición de trabajador en sentido legal, es decir, por quienes “sean sujetos de una relación laboral” (en los términos del art. 1.2 de la Ley Orgánica de libertad sindical: LOLS), no se corresponde con la titularidad del derecho fundamental, ejercitable, entre otras finalidades posibles en la defensa de los intereses de los trabajadores, para llegar a ostentar tal condición jurídico-formal 6/ .

La fundamentación de esta sentencia resulta plenamente aplicable al caso de la prostitución, pues aun cuando los tribunales laborales, mayoritariamente, no reconozcan a las prostitutas como sujetos de una relación laboral 7/, resulta que, no siendo la prostitución ni el proxenetismo conductas tipificadas como delito en el código penal, aquellas son igualmente titulares del derecho fundamental de libertad sindical, ejercitable, entre otras finalidades posibles en la defensa de los intereses de los trabajadores, para llegar a ostentar tal condición jurídico-formal. Teniendo en cuenta que tampoco resulta compatible con el derecho a la libertad sindical la limitación consiguiente que deriva para el derecho de los sindicatos de defender y promover los intereses de estos trabajadores. 

 En todo caso, la limitación prevista en la LO 4/2000 respecto del derecho de libertad sindical de los extranjeros (que excluye la constitución de sindicatos) no se contempla en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, por lo que, en aplicación de la misma, el derecho de las prostitutas a la libertad sindical está integrado no solamente por el de derecho de afiliación, sino también por el derecho a la constitución de sindicatos.

En países con regulaciones prohibicionistas de la prostitución, donde ésta se criminaliza, los tribunales laborales lo han tenido mucho mas claro que nuestra jurisdicción laboral. Es el caso de la Labour Appeal Court, con sede en Johannesburgo, que dictó una sentencia 8/ declarando la competencia del orden jurisdiccional social para pronunciarse acerca de la nulidad del despido llevado a cabo por un empresario -en cuya defensa alegó la causa torpe del contrato, al tener por objeto una actividad ilícita- respecto de una prostituta que trabajaba en una sala de masaje, reconociendo el derecho de toda persona al respeto de su dignidad 9/. 

A esta conclusión llegó incluso reconociendo la dificultad de aplicar las sanciones laborales previstas para el despido nulo (readmisión obligatoria) indicando que no corresponde al juzgador sancionar el trabajo sexual, puesto que ello es misión del legislador. De este modo, la sentencia reconoce que siendo “trabajadoras” a pesar de que la actividad que ejercen es ilegal en su país -trabajadoras, pues, en un sentido material, en palabas de nuestro Tribunal Constitucional-, las prostitutas tienen derecho a la libertad sindical, sea para constituir sindicatos o afiliarse a uno, de modo que solamente podría negarse su inscripción en el correspondiente registro, si la finalidad del sindicato constituyese la promover la comisión de un delito (apartado 58 de la sentencia).

Si en los casos en los que la prostitución es ilegal -en tanto que actividad criminalizada- esta circunstancia no podría privar de derechos fundamentales a las prostitutas, menos todavía se comprende que, en una situación de alegalidad de la prostitución, los tribunales laborales se empeñen en privarles de los derechos que la Constitución les reconoce." 

(Fernando Fita Ortega. Profesor T.U. Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universitat de València. Viento Sur, 26/06/20)

A las trabajadoras sexuales hay que defenderlas y no ensañarse con sus derechos... cuando el ataque hacia las trabajadoras sexuales proviene de mujeres que se arrogan la representación del feminismo, hay que ponerse serias... en nuestro desolador mercado laboral, entiendo que para algunas mujeres el trabajo sexual cuando se puede ejercer imponiendo las propias condiciones sea una opción. Contra la trata estoy convencida de que no se está luchando adecuadamente y de que la organización autónoma de las trabajadoras y trabajadores sexuales ayudaría a combatirla. Nunca la autoorganización de trabajadoras ha sido un vector de esclavitud, sí de liberación...

"Perder el miedo a que te llamen puta, es muchas veces el primer paso. 

El lunes 12 de noviembre, un grupo inicial de más de trescientas mujeres y algunas organizaciones hemos firmado un manifiesto en defensa del derecho de todas a sindicarse libremente, y especialmente de aquellas mujeres que históricamente se han llevado la peor parte en términos de representación social. 

El derecho a organizarse de manera autónoma, a poner sus propias experiencias y reflexiones en el centro de un análisis propio sobre las causas de su explotación, a convertir estos análisis en demandas colectivas y a unirse para conseguir mejoras sociales. Es decir, a defender una voz y capacidad de acción, y liberación, propias.

Con ese manifiesto, se ha querido defender algo (tan sencillo, tan obvio, tan humano) como que todas tenemos derecho a hablar y a ser escuchadas, pero especialmente quienes más difícil lo tienen para defender sus derechos en nuestra sociedad. Compartamos o no sus análisis, sus lecturas, sus demandas.

Ahora bien, cuando el ataque hacia las trabajadoras sexuales en sus derechos más básicos, fundamentales en un estado de derecho, proviene de mujeres que se arrogan la representación y la interpretación del feminismo, en mi opinión, hay que ponerse serias.

No con ánimo de ahondar en una escisión dentro del feminismo, sino todo lo contrario. (...)

Si algo nos enseñó la segunda ola es que el feminismo no está libre de la intersección de relaciones de poder, que determinan posiciones de privilegio en la representación de las mujeres y en su capacidad de influir en la agenda política del feminismo.

 Debates como el del trabajo doméstico fueron especialmente ricos a la hora de cuestionar el sujeto del feminismo. 

Situar al ama de casa blanca y su régimen sexual en el centro de las demandas o de los discursos reivindicativos invisibilizaba (y lo sigue haciendo) la situación de todas aquellas mujeres que sí que trabajaban fuera de casa (a veces en condiciones de profunda explotación o arrastrando las secuelas de la esclavitud), o que trabajaban, sí, en trabajos domésticos pero para familias que no eran la suyas, o que preferían realizar trabajos sexuales a soportar condiciones laborales o domésticas que consideraban insoportables, o cuyo lesbianismo les había forzado a llevar vidas marginadas por no encajar en el modelo familiar imperativo. 

Y todas estas mujeres también tenían reivindicaciones, que pasaban y atravesaban el feminismo. El cruce de todas estas miradas es lo que nos hizo crecer, políticamente, tanto.(...)

 Perder el miedo a que te llamen puta, es muchas veces el primer paso. Aquí reside la potencia política del feminismo, en hacer saltar por los aires los estrechos corsés que nos han categorizado como mujeres y entre nosotras.

Desde una lectura estrictamente personal, condicionada por mi percepción de nuestro desolador mercado laboral, entiendo que para algunas mujeres el trabajo sexual cuando se puede ejercer imponiendo las propias condiciones sea una opción, y la dignidad o indignidad de la misma dependerá de tu casilla de salida.

 Al igual que pienso que el trabajo sexual no es lo mismo que la trata de personas con fines de explotación sexual. Contra la trata estoy convencida de que no se está luchando adecuadamente y de que la organización autónoma de las trabajadoras y trabajadores sexuales ayudaría a combatirla. 

Nunca la autoorganización de trabajadoras ha sido un vector de esclavitud, sí de liberación. Es razonable que muchas feministas no lo vean así, pero no concibo promover una demanda judicial para que se ilegalicen sus asociaciones, y menos en nombre del feminismo."               (Ana Varela Mateos, El Salto, 14/11/18)

La solución para nosotras las prostitutas es una cooperativa. Si nos juntásemos por lo menos unas cincuenta, podríamos crear un fondo a base de unas cuotas bastante asumibles. Lo tendríamos todo cubierto, y no sería un precio abusivo

"(...) La mujer buena es inocente y comprometida, la mujer mala es la femme fatale, mujer independiente cuya sexualidad es una amenaza para el sistema patriarcal. 

Las trabajadoras sexuales, por esta razón, han sido tradicionalmente demonizadas y marginadas, presentadas como víctimas y a la vez, merecedoras de la dominación masculina. En este sentido, los textos culturales y la industria del mainstream han contribuido a construir el estereotipo de la prostituta como mujer sucia, inmoral, irresponsable, siempre relacionada con el mundo de la noche y las drogas. 

La prostitución se piensa como un problema social, como institución patriarcal que afecta a las mujeres y que sirve para mantener el rol de la puta como mercancía sexual, como una cosa que da satisfacción sexual al hombre, perpetuando la idea de hombre sujeto y mujer objeto.   (...)

El grupo de expertos contra el tráfico de personas en el Consejo de Europa (GRETA) presentó un informe en 2013 sobre España, en el que se destaca la imperante necesidad de distinguir trata con fines de explotación sexual por un lado, y prostitución por el otro. 

En este documento también se critica la aplicación del Convenio en España, ya que el Estado centra su lucha contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual, pero deja de lado la trata con otros fines de explotación laboral. Por último, afirma que es erróneo sostener que un 90% de prostitutas sean víctimas de trata, ya que no existen estudios que avalen esta cifra.   (...)

Hoy en día, cada vez más trabajadoras sexuales intentan combatir el significado tradicional de prostitución como sinónimo de trata y lo reafirman como trabajo libre del dominio del hombre. 

La prostitución independiente es resultado de la iniciativa de muchas mujeres que, siendo conscientes de que su sexualidad puede ser rentable, han hecho uso del orden establecido y le han dado la vuelta a los términos capitalismo y patriarcado. Las trabajadoras sexuales se benefician del voyerismo y el capitalismo mainstream de la sexualidad femenina, vendiéndole al hombre el acceso a su cuerpo

Es un trabajo elegido libremente como respuesta a una necesidad económica en el contexto de una sociedad consumista y un marco social heteropatriarcal. El trabajo sexual, abordado desde un punto de vista feminista, deja espacio para el empoderamiento, ya que las mujeres adquieren un sentido de estar en control de sus propios cuerpos y estar en control del encuentro con el cliente.  (...)

Las prostitutas, desde el activismo, reafirman la necesidad de descriminalización y regulación de la profesión, y luchan para que el debate sobre prostitución se aleje de los discursos de delito y pecado y se centre en el debate de trabajo y derechos laborales. De hecho, el Estatuto de Trabajadores Autónomos permite que las trabajadoras sexuales se puedan dar de alta como autónomas y acceder a algunas prestaciones.

 Gloria Poyatos, abogada laboralista y jueza, en el año 2008 se dio de alta como prostituta en la Seguridad Social para demostrar que era legal. En su libro La prostitución como trabajo autónomo, argumenta: 

“Si el ejercicio libre de la prostitución pertenece al ámbito de la libertad individual de la persona y a su libertad sexual, no existen argumentos racionales, al menos de carácter laico, para omitir su regulación jurídica, dentro de las coordenadas de un Estado Social y democrático de Derecho, donde el trabajo es un derecho y un deber que viene acompañado por la libre elección de profesión u oficio, así como a la promoción a través del trabajo y de una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades de los trabajadores y las de su familia, tal y como se enuncia en el artículo 3 de nuestro texto constitucional”. 

En España, muchas trabajadoras sexuales ya han optado por esta opción y manifiestan que cotizar por su trabajo es el comienzo para acabar con el estigma en la profesión. Joana y Pepita son sólo dos ejemplos. 

Joana

Joana empezó en la prostitución porque, debido a sus estudios, solo tenía acceso a trabajos precarios. Trabajó como escort durante 10 años y posteriormente hizo un curso de quiromasaje. Ahora, trabaja en un piso que tiene dado de alta como local comercial, donde realiza sus servicios de masajista erótica.

 Joana cuenta que se crió en la Mina, barrio gitano y culturalmente muy machista “ahí una puta era lo peor, ya no solo una prostituta, una chica que no se casara virgen ya era una puta. Yo me crié de esa manera, y para llevar el estigma te tienes que reeducar en ese sentido. Lidiar con el estigma es un proceso, de hecho, al principio lo combinaba con trabajos precarios, me prostituía solo cuando no tenía trabajo. 

Me llegué a sacar un curso de Marketing y Publicidad y encontré un trabajo de administrativa comercial. El problema era que allí las chicas me hicieron bullying, fue un sinvivir. A partir de ahí, dije que prefería el mundo de la prostitución, esto no lo había vivido en ningún piso o en ningún club, allí había mucho más compañerismo”. 

Afirma que el trabajo sexual la ha empoderado como mujer, y desmiente que las prostitutas se limiten a hacer lo que el hombre dispone. “El filtro que utilizo para escoger a mis clientes es que sean educados, respetuosos, y que no me pidan nada que no me guste hacer, o que simplemente no realice. Eso también es profesionalizarse, yo hago esto y punto”. 

Joana, aparte de su profesión como masajista erótica, es patinadora y participa como stopper en las rutas que organiza la Asociación de Patinadores de Barcelona. También es activista política, colabora con los Comités de Defensa de la República y ha participado como apoderada de la CUP en las últimas elecciones al Parlament de Catalunya. 

Su inquietud política se manifiesta asimismo en su defensa por los derechos laborales de las prostitutas “a estas alturas no merece la pena pagar autónomos, pero no cotizar tampoco es una solución, la solución es una cooperativa”. Joana habla de la cooperativa como remedio al problema de los altísimos precios que las prostitutas tienen que pagar para anunciarse en foros, además del precio de la habitación donde trabajar.

 “Dentro de la cooperativa, mi idea es que haya un fondo para crear un directorio donde nos podamos anunciar todas, así como para alquilar pisos para trabajar. Si nos juntásemos por lo menos unas cincuenta, podríamos crear un fondo a base de unas cuotas bastante asumibles. Lo tendríamos todo cubierto, y no sería un precio abusivo”. 

Pepita

Pepita es la única geisha de Barcelona, prostituta y masajista erótica, se ha formado en el reiki japonés y ha reinventado su servicio aplicando esta disciplina a sus encuentros con los clientes.

 “Antes de inventar este servicio yo intentaba hacer un servicio de trabajo sexual y amoldarme a lo que se suponía que tenía que ser una masajista erótica.

 Desde la estética, el comportamiento, el tipo de servicio… todo estaba muy centrado en el cliente, dejándome a mí de lado por completo. Yo no estaba a gusto, teniendo que olvidarme de mí, y despersonalizándome por encarnar algo que yo no era.

 El reiki me ayudó a reinventar todo mi servicio. Una de las cosas en las que yo estaba en desacuerdo era que estaba todo muy centrado en la genitalidad, la gente venía a descargar sus emociones a través del sexo, entonces vi que con el reiki se podía enfocar de otra manera, en vez de canalizarlo todo a través del sexo, equilibrar el cuerpo y llegar a la sexualidad de otra manera”. 

Saisei-chan (así es como se hace llamar en japonés) participa en mesas redondas y debates sobre la prostitución, y es muy crítica con el feminismo abolicionista que intenta minar a las prostitutas con la culpa. “Para mí es muy extraño un feminismo que engrosa el discurso que permite que las instituciones heteropatriarcales actúen en la vida de las mujeres. 

 Resulta que el feminismo que defiende los derechos de las trabajadoras de Zara a mí me acusa de estar fomentando la trata. Es una cuestión de putofobia de la que se sirve el abolicionismo, esto y que la sexualidad de las mujeres sigue siendo tabú, no se nos ha enseñado a adueñarnos de nuestra sexualidad”. 

Apunta que la prostitución le ha enseñado dónde estaban las fallas de su educación como mujer, por donde el patriarcado podía manejarla a través de la relación con su cuerpo, en la relación con los hombres y en la relación con ella misma, “precisamente por pasar por una situación de estigma que me llevaba al límite, he tenido que detectar qué era lo que me hacía llegar al límite, y si tenía sentido que yo fuera manipulable. Esto me ha fortalecido muchísimo”. 

Saisei-chan es autónoma desde hace casi dos años, paga una cuota fija más un 20% de IRPF y un 21% de IVA, “yo doy un 41% al estado, un estado que no deja de hacer leyes contra de mi colectivo. Invierto en lo público para que las personas que me discriminan y estigmatizan puedan tener sanidad y educación públicas, y esto es algo que se olvida”. 

Pepita es además licenciada en Filología Francesa y actualmente está estudiando Psicología a distancia. “Para mí, ejercer como psicóloga de trabajadoras sexuales sería lo que le daría sentido a mi vida. 

El problema es que me tengo que amoldar al código deontológico y el reiki es una práctica que no está reconocida por la Escuela Oficial de Psicólogos, y a mí me resulta mucho más efectivo hacerle un tratamiento reiki a una persona que hablar durante no sé cuánto tiempo. Quizás el título me sirve para tener una autoridad, poder decir que sé de lo que estoy hablando cuando hablo de la psicopatologización de las prostitutas”. 

El ejercicio voluntario de la prostitución no es ilegal en España, y en el art.188 del Código Penal solo se tipifican los delitos de proxenetismo y trata con fines de explotación sexual. Pero el trabajo sexual sigue siendo una profesión estigmatizada, las putas sufren discriminación, son marginalizadas y victimizadas.

 Cristina Garaizábal, psicóloga especialista en terapias de género y cofundadora del colectivo Hetaira, en el libro La prostitución a debate menciona que socialmente se sigue esperando que las mujeres tengamos una sexualidad menos explícita que la de los hombres, por lo que las prostitutas violan dos reglas sagradas: tomar el espacio público para sus negocios y visibilizar su carácter sexual sacando la sexualidad del terreno de lo privado. 

La prostitución en España aún no está considerada como profesión y el estigma influye negativamente en la igualdad de oportunidades. Muchas trabajadoras sexuales continúan en el anonimato o utilizan nombres artísticos porque ejercer la prostitución puede tener repercusiones muy duras, como no ser contratada en otros trabajos o que sea un agravante para que te quiten a una hija. 

El estigma y los prejuicios sociales impiden comprender qué instrumentos son necesarios para la regularización de la profesión. Por eso, en ciudades como Barcelona las asociaciones de trabajadoras sexuales hacen el trabajo que se debería de realizar desde las administraciones, asesoran a aquellas que se quieren iniciar en la profesión y, actualmente, varias trabajadoras sexuales españolas se reúnen para construir un sindicato a nivel estatal."                     (Alba Cambeiro, CTXT, 14/03/18)