"El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en su intervención en la primera reunión de la Movilización Progresista Global celebrada en abril, destacó la conexión entre democracia y dignidad material. Si los ciudadanos no creen que sus vidas vayan a mejorar, la democracia seguirá viéndose amenazada por populistas y otros autoritarios que esgrimen la falsa promesa de que solo ellos pueden mejorar la situación de la gente de a pie.
Asimismo, existe una creciente conciencia de las desigualdades arraigadas en el orden internacional. A menos que las personas que soportan el costo de las decisiones y acciones ajenas puedan influir en el sistema multilateral y exigir responsabilidades a los actores poderosos, el orden internacional se considerará injusto e ilegítimo.
Afortunadamente, está cobrando impulso un reordenamiento global. En mayo, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, presentó el informe “Contar lo que cuenta”, que aborda un punto ciego de larga data a la hora de medir el progreso. Si bien reconoció que el PIB sigue siendo un indicador importante, Guterres subrayó la necesidad de un sistema de contabilidad más sofisticado y humano que “alinee conscientemente los indicadores con nuestros objetivos reales, y no con medidas sustitutivas que empañen u oculten los desafíos a los que se enfrenta nuestro mundo”.
Sin embargo, a algunos les preocupa que los esfuerzos por diseñar un sistema multilateral en torno a la mayoría global acaben preservando la arquitectura existente, solo que con nuevas figuras decorativas. Para evitar que esto suceda, la comunidad internacional debe centrarse en crear mecanismos exigibles que puedan brindarles a los países una mayor autonomía fiscal.
¿Cómo se traduciría esto en la práctica? Para empezar, un marco vinculante de la ONU para la reestructuración de la deuda soberana trasladaría la elaboración de normas y la toma de decisiones de salas a puertas cerradas a espacios donde todos se sienten alrededor de la mesa. La arquitectura actual de la deuda obliga a países como Malaui a destinar el 43% de sus ingresos al pago de intereses. Eso cambiaría si los deudores pudieran sentarse a la mesa.
A diferencia del Club de París de acreedores soberanos, al que China no se ha adherido, o del Marco Común del G-20 para el Tratamiento de la Deuda, que se ha estancado porque la participación de los tenedores de bonos privados es voluntaria, un mecanismo de la ONU podría imponer requisitos que obligaran efectivamente a todos los acreedores a seguir un proceso único. Entre ellos podrían figurar moratorias automáticas de los pagos una vez iniciadas las negociaciones de reestructuración, pérdidas comparables entre acreedores públicos y privados, y una evaluación independiente de la sostenibilidad de la deuda que considere el gasto de los prestatarios en salud y clima como un crédito preferente, en lugar de subordinado.
En materia fiscal, las negociaciones sobre la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional constituyen una importante oportunidad para establecer reglas globales. (Si bien el Marco Inclusivo de la OCDE y del G-20 sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios logró avances en la adopción de un impuesto corporativo global mínimo, las multinacionales estadounidenses han quedado eximidas desde entonces). Una convención ambiciosa establecería una tasa impositiva mínima efectiva sobre las sociedades que contrarrestara el traslado de beneficios y les exigiría a todos los países el intercambio automático de información financiera.
La convención también debería establecer un impuesto coordinado sobre la riqueza extrema, similar al que propuso Brasil como parte de su presidencia del G20 en 2024. Un gravamen anual del 2% a los multimillonarios del mundo permitiría recaudar cientos de miles de millones de dólares para la inversión pública. Las herramientas existen; el problema es determinar quién las controlaría.
Por último, la comunidad internacional necesita un mecanismo permanente para evaluar la legitimidad de los reclamos soberanos antes de que las poblaciones se vean obligadas a pagarlos. Cuando un fondo como el 1MDB de Malasia es saqueado por miles de millones de dólares con la ayuda de bancos líderes, que cobran comisiones exorbitantes por gestionar las emisiones de bonos y no se hacen responsables, la pérdida recae sobre los ciudadanos. Un proceso auspiciado por la ONU para identificar y anular las deudas contraídas mediante fraude o en contra del interés público trasladaría el riesgo a quien corresponde: a los prestamistas irresponsables, no a las personas que fueron estafadas.
Nada de esto se construye de arriba hacia abajo. Los mismos gobiernos que abogan por impuestos sobre la riqueza en el ámbito internacional suelen imponer medidas de austeridad o evitan gravar a los ricos en sus propios países, como es el caso de India, Brasil y Francia. Un nuevo orden internacional debe basarse en esfuerzos para cerrar esa brecha, lo cual requiere gobiernos que lideren con sus principios y ciudadanos que definan esas promesas y les exijan a sus líderes que las cumplan.
Los movimientos nacionales también obligan a los gobiernos a comportarse de manera diferente en la escena global, y los compromisos adquiridos allí quedan plasmados en papel hasta que existan sectores de la ciudadanía que los hagan cumplir. Por lo tanto, los ciudadanos deben organizarse al mismo tiempo en las capitales y en los centros de conferencias, porque un orden que responda a sus demandas solo puede lograrse en ambos frentes.
La empleada de limpieza que destina más de la mitad de su salario al desplazamiento al trabajo, el agricultor que no puede permitirse comprar fertilizantes y la trabajadora de cuidados cuyo trabajo nunca se refleja en las cuentas nacionales hoy reconocen que sus problemas, aparentemente dispares, son el síntoma de una falla estructural. El orden internacional se ha convertido en un sistema que le exige a la mayoría global pagar por un conjunto de reglas que no ha redactado. Diseñar uno nuevo requiere poner la pluma en sus manos.
La elección no es entre el antiguo orden y el caos, sino entre un nuevo orden construido en torno a la mayoría global y otro que simplemente sustituye a un grupo de figuras decorativas por otro ligeramente diferente. Los movimientos ciudadanos no son periféricos a este orden más equitativo; son su fuerza motriz. Estos grupos comprenden la verdadera dinámica de la economía mundial. El desafío ahora es garantizar que quienes diseñen las nuevas instituciones internacionales también lo hagan."
(Jenny Ricks is General Secretary of the Fight Inequality Alliance, Project Syndicate, 02/07/26)
