"¿Cuándo es posible afirmar que una sociedad ha pasado de ser una democracia liberal —por muy imperfecta que sea su aplicación— a un régimen autoritario? ¿Hay un momento en el que de repente resulta obvio que el cambio se ha producido? ¿Anuncia el autoritarismo su llegada?
¿O se trata de un proceso que se desarrolla gradualmente, en el que las restricciones al poder ejecutivo se desmantelan poco a poco hasta que la marea ya no puede revertirse?
¿Es el giro hacia el autoritarismo algo que solo puede entenderse a posteriori, cuando ya se han perdido todas las oportunidades de detener el deslizamiento?
¿Y cómo admitimos ante nosotros mismos que nos han despojado de nuestras libertades más básicas y preciadas —la de expresión, de reunión y de protesta— cuando ya no somos libres para hablar, reunirnos o protestar?
La cruda realidad es que el Reino Unido ya se encuentra muy avanzado en este camino. Y si no eres consciente del terremoto que se ha estado produciendo, puede que sea porque —tal y como cabría esperar cuando el autoritarismo llama a la puerta— las primeras en ser silenciadas son precisamente las voces que dan la voz de alarma.
Los medios de comunicación propiedad de multimillonarios y del Estado —las partes que, en una época de creciente descontento popular, son las que más tienen que ganar con la acumulación de poder ejecutivo y el silenciamiento de la disidencia— no tienen ningún motivo para arrojar luz sobre la oscuridad que se cierne sobre nosotros.
Un gobierno laborista de nombre, bajo el mandato del saliente Keir Starmer, ha realizado gran parte del trabajo preliminar para dar paso a este nuevo y ominoso clima político.
Fueron precisamente las credenciales de Starmer como abogado especializado en derechos humanos las que proporcionaron al Estado británico la coartada que necesitaba para lanzar un ataque sin precedentes contra las libertades por las que lucharon generaciones anteriores.
Hay pocos indicios de que sus sucesores —ya sea una nueva figura emblemática del Partido Laborista, partidario del genocidio, o el Partido de la Reforma de Nigel Farage, que ataca a los inmigrantes— vayan a cambiar de rumbo.
La lógica que impulsa el deslizamiento de Gran Bretaña hacia el autoritarismo no la marcan solo los políticos, sino también una clase dirigente británica que necesita disimular su complicidad en genocidios y guerras ilegales en el extranjero y encontrar chivos expiatorios fáciles —los inmigrantes— a los que culpar de sus fracasos en el país.
La labor de los principales partidos políticos, que dependen de donantes multimillonarios que también son propietarios de los medios de comunicación corporativos, consiste en reforzar estas narrativas.
El Estado de vigilancia
Fue la ministra del Interior de Starmer, Shabana Mahmood, quien, de forma imprudente, expresó con mayor claridad la visión que tiene el Estado británico de nuestro futuro.
En un discurso pronunciado en enero, expuso su ambición de aprovechar los nuevos avances en inteligencia artificial para crear un Estado de vigilancia tipo «Gran Hermano» todopoderoso y que todo lo ve, tal y como lo predijo George Orwell en su novela distópica 1984.
Mahmood llegó incluso a comparar este futuro con el «panóptico», en referencia a la prisión perfecta del filósofo del siglo XVIII Jeremy Bentham: una torre de vigilancia central (el Estado) rodeada por un círculo de celdas con ventanas desde las que los reclusos (el público) serían visibles en todo momento.
Bentham comprendió que no se trataba solo de control físico. Tal y como observó, la sensación de estar constantemente observado constituiría una «nueva forma de ejercer el poder de la mente sobre la mente». Los reclusos controlarían su propio comportamiento para evitar el castigo.
Según se informa, el sucesor de Starmer, Andy Burnham, está dispuesto a mantener a Mahmood como figura clave en su Gobierno. Pero no se trata de una única ministra del Gobierno.
Mahmood es el síntoma de un malestar más profundo, no su causa. La arquitectura de los nuevos sistemas de control, así como la erosión de las libertades y las tradiciones culturales que las sustentaban, ya estaban muy avanzadas cuando fue nombrada para el Ministerio del Interior.
Quienquiera que ostente las riendas del poder en los próximos meses y años podrá explotar al máximo estos poderes ya existentes y, posteriormente, ampliarlos aún más.
Una vez que el espíritu del autoritarismo se afianza, resulta cada vez más difícil volver a meterlo en la caja. Solo una protesta masiva y concertada puede recordar al Estado dónde reside el poder supremo. Y es precisamente este tipo de protesta la que se está demonizando y criminalizando paso a paso.
Juicio político
Si es posible identificar un momento concreto en el que el nuevo autoritarismo salió de las sombras, fue hace unos quince años. Ese fue el momento en que el Estado lanzó su prolongada campaña contra Julian Assange para difamarlo y encarcelarlo.
El fundador de la plataforma de denuncia de irregularidades WikiLeaks había indignado a Estados Unidos y a su leal aliado británico al publicar detalles de crímenes de guerra en Afganistán e Iraq que ambos querían mantener en secreto.
Probablemente no fue una coincidencia que, en aquel momento, Starmer fuera jefe del Servicio Fiscal de la Corona y realizara repetidos viajes para reunirse con los máximos responsables judiciales de Washington. Contrariamente a los protocolos, sus funcionarios destruyeron las actas de estas conversaciones.
Nunca sabremos qué instrucciones recibió Starmer de Estados Unidos en relación con Assange. Pero una posible pista sobrevivió a la posterior —y altamente irregular— destrucción, por parte del departamento de Starmer, de la correspondencia relacionada entre los fiscales del Reino Unido y de Suecia de aquella época.
Uno de los pocos correos electrónicos que se conservan resulta revelador. Muestra que Suecia estaba considerando archivar una investigación sobre Assange por falta de pruebas, mientras este se encontraba refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, temeroso de lo que le deparaba el futuro.
El equipo de Starmer, que se suponía que debía actuar como árbitro neutral entre Suecia y el equipo legal de Assange, espetó airadamente a los suecos: «¡¡¡No se atrevan a echarse atrás!!!»
En otro correo electrónico, el mismo funcionario de la Fiscalía Pública del Reino Unido (CPS) dijo a sus homólogos suecos: «Por favor, no piensen que este caso se está tratando como una extradición más».
Más tarde, con la connivencia activa del Reino Unido y sus tribunales, Estados Unidos mostró sus verdaderas intenciones. Washington inició el proceso de extradición con el pretexto absurdo de que Assange había cometido «espionaje» al publicar detalles de sus crímenes de guerra.
Assange permaneció encerrado durante años en una prisión de alta seguridad en Londres, a menudo sin poder reunirse con sus abogados, con grave deterioro de su salud, acusado de un delito inventado y descaradamente político.
Se trató de un ataque aterrador y sin precedentes contra el derecho de los periodistas a publicar pruebas de las irregularidades cometidas por el Estado en interés público. Y, sin embargo, los medios de comunicación propiedad de multimillonarios apenas pudieron contener sus bostezos.
La realidad invertida
El abuso sufrido por Assange durante una década y el pisoteo de sus derechos legales supusieron un doble beneficio.
En primer lugar, sentó un precedente muy visible en el que se dio la vuelta al Estado de derecho. Los papeles de víctima y agresor se invirtieron.
Assange, que había publicado pruebas irrefutables de crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos y el Reino Unido, era quien se encontraba entre rejas. Los funcionarios británicos que aprobaron y ocultaron esos crímenes no solo eludieron la justicia, sino que además tuvieron vía libre para acosar y difamar a Assange.
Este ha sido el tema recurrente desde entonces, a medida que el Estado británico ha intensificado sus restricciones a la libertad de expresión y de manifestación, y la matanza de palestinos por parte de Israel ha servido a menudo como campo de pruebas para autorizar esta nueva represión.
En la segunda mitad de la década de 2010, Jeremy Corbyn —predecesor de Starmer al frente del Partido Laborista— se vio a sí mismo y a sus seguidores duramente tachados de «antisemitas».
¿Por qué? Porque intentaron llamar la atención sobre las acciones criminales de Israel —un presagio de lo que estaba por venir, cuando Israel desató lo que expertos jurídicos, estudiosos del Holocausto, grupos por los derechos humanos e investigadores de las Naciones Unidas han calificado unánimemente como un genocidio en Gaza—.
En una democracia que funcionara correctamente, quienes difamaron a Corbyn y a otros críticos de Israel habrían quedado desacreditados de forma permanente.
En cambio, los responsables del Reino Unido —los mismos que colaboran en los crímenes actuales de Israel enviando armas al país, realizando vuelos de vigilancia para guiar las campañas de bombardeos israelíes contra la población civil de Gaza y ofreciendo cobertura diplomática—intensificaron simplemente la campaña de demonización.
Mientras millones de británicos salían a las calles, el Gobierno de Starmer —y el Estado británico que lo respalda— no solo los tildó de antisemitas, sino que reescribió radicalmente los códigos legales para criminalizar la oposición al genocidio de Israel.
El grupo de acción directa Palestine Action, que había estado actuando contra fábricas de armas israelíes que operaban en territorio británico, fue proscrito como grupo «terrorista» equivalente a Al Qaida y al Estado Islámico.
Llevar pancartas en protesta contra el genocidio, como hicieron miles de respetables ciudadanos británicos, se convirtió en «apoyo al terrorismo», lo que conllevaba el riesgo de una pena de cárcel de hasta 14 años.
La realidad se invirtió una vez más.
Gran Bretaña sigue apoyando activamente el terrorismo de Estado israelí.
Pero fueron precisamente quienes dieron la voz de alarma —los que intentaban detener esos envíos, los que se oponían a la connivencia británica con el terrorismo de Estado israelí o los que, sencillamente, se sentían consternados por el menoscabo de los derechos fundamentales a la protesta— quienes fueron detenidos y acusados de terrorismo.
Mientras tanto, los documentos revelan que Elbit Systems sigue disfrutando de acceso sin restricciones a los funcionarios del Gobierno británico.
«Noticias falsas»
En segundo lugar, al estigmatizar y aislar a Assange por publicar detalles de los crímenes de guerra de EE. UU. y el Reino Unido, el Estado británico logró trazar su propia distinción falsa entre el «buen» y el «mal» periodismo —una distinción que los medios de comunicación propiedad de multimillonarios se apresuraron a adoptar con gran entusiasmo—.
Assange, cuya plataforma independiente WikiLeaks había puesto contra las cuerdas a Washington y Londres por cometer crímenes de guerra, había puesto en evidencia, de paso, a los medios de comunicación del establishment por su falta de voluntad para hacer lo mismo.
Puso al descubierto hasta qué punto los periodistas corporativos, que dependen del acceso a los ricos y poderosos para obtener noticias, conspiran con las formas encubiertas e irresponsables en que el Estado ejerce el poder.
Los medios de comunicación no son guardianes; son perritos falderos que representan los intereses de la clase multimillonaria.
El Estado británico —y sus servicios de seguridad— dejaron claro que no tolerarían un periodismo verdaderamente independiente o crítico que pudiera sacar a la luz sus hipocresías o hacerles rendir cuentas.
En respuesta, los medios de comunicación propiedad de multimillonarios no solo dejaron a Assange en la estacada, sino que se unieron al Gobierno en un coro de acusaciones según las cuales los medios independientes o bien difundían «noticias falsas» o bien actuaban como «agentes del Kremlin» que propagaban «desinformación».
Amplificaron la presión ejercida por los políticos sobre las plataformas de redes sociales —el nuevo juguete de los multimillonarios— para que endurecieran sus algoritmos con el fin de ocultar a los periodistas independientes y frenar a estos nuevos y peligrosos competidores en la batalla por la verdad.
Del mismo modo, los medios corporativos aplaudieron la decisión del Gobierno de prohibir Russia Today, el canal de noticias del Estado ruso. Rápidamente se hizo prácticamente imposible para el público británico conocer la versión rusa de los hechos en los medios de comunicación dominantes, a medida que el Reino Unido y los Estados europeos sentaban las bases para una confrontación permanente con Moscú.
La Unión Europea impuso una prohibición aún más draconiana —ratificada este mes por el Tribunal de Justicia de la UE— que tipifica como delito penal la difusión de cualquier información publicada por RT y otros medios prohibidos, incluso si se demuestra que es cierta. El objetivo de la ley es, supuestamente, «proteger el orden público y la seguridad».
En las últimas semanas, a dos destacados comentaristas estadounidenses, Cenk Uygur y Hasan Piker, se les ha denegado la entrada al Reino Unido por sus críticas a Israel. Uygur tenía previsto intervenir en un debate en la Universidad de Oxford.
El retroceso de la Ilustración
En este nuevo clima autoritario, la verdad se define como aquello que el Estado quiere que sus ciudadanos crean. Mientras tanto, la desinformación —la «propaganda rusa» o el «antisemitismo»— es todo aquello que esos mismos Estados insisten en que su ciudadanía no debe escuchar.
Se trata de un descarado giro de 350 años de la Ilustración occidental, con su creencia declarada tanto en la primacía de la razón como en que las ideas deben someterse a prueba mediante el debate y el escrutinio crítico.
Ahora ya no importa lo que se diga, sino únicamente quién lo dice.
Y, como era de esperar, los medios de comunicación occidentales, propiedad de multimillonarios, han respaldado este nuevo régimen. Al fin y al cabo, su voz —que representa los intereses de los superricos— tiene garantizada la posibilidad de ser escuchada.
No es de extrañar, pues, que este mismo grupo mediático privilegiado haya seguido aceptando dócilmente su exclusión de Gaza por parte de Israel mientras se desarrolla el mayor crimen de la historia moderna —incluso ahora, en medio de un supuesto alto el fuego que Israel no deja de romper—.
Porque lo que importa es a quién se le permite hablar: a Israel, no a los palestinos de Gaza, independientemente de si lo que dice Israel es cierto o, como invariablemente resulta ser el caso, una mentira.
En consonancia con este precepto, los medios de comunicación propiedad de multimillonarios apenas han emitido un murmullo mientras Israel ha masacrado a periodistas de Gaza en cantidades sin precedentes —matando a más de ellos que en las dos guerras mundiales, Vietnam, las guerras de Yugoslavia y Afganistán juntos—.
Las vidas de los periodistas palestinos —al igual que la labor informativa que han tenido que realizar en solitario bajo el bombardeo israelí— no cuentan para nada en los medios occidentales debido a quiénes son.
El genocidio —el «qué»— ha dejado de considerarse un delito porque somos nosotros —Occidente— quienes estamos contribuyendo a que se cometa.
El Comité para la Protección de los Periodistas, que al parecer se enfrentaba a una reacción negativa por parte de la política y de los donantes, descartó el año pasado su Índice Global de Impunidad anual —que medía en qué lugares se asesina a periodistas con impunidad— después de que quedara claro que Israel encabezaría la clasificación.
Ahora se acusa a ese mismo comité de ceder a estas presiones al plantear dudas sobre quién puede considerarse periodista en Gaza —dudas que servirán para envalentonar a Israel, que afirma que los periodistas palestinos, de hecho todos los palestinos, son terroristas encubiertos—.
Hay que reescribir el «quién» porque el «qué» no se puede negar.
Lo mismo está ocurriendo en el Reino Unido, donde periodistas británicos independientes han sido detenidos en el aeropuerto o han sufrido redadas en sus domicilios al amanecer por parte de la policía antiterrorista por «pensamientos incorrectos» sobre el genocidio de Gaza y la complicidad británica en el mismo. También ellos se enfrentan a hasta 14 años de cárcel.
Esto ha enviado un mensaje escalofriante a otros periodistas —aquellos que carecen de la protección de un mecenas multimillonario o del Estado— sobre lo que se puede decir.
Autoritarismo creciente
Nada de esto se limita, ni se limitará, a Gaza. El vuelco de los valores de la Ilustración, como ya debería quedar claro, forma parte de un proyecto político mucho más amplio para normalizar y afianzar este autoritarismo creciente.
La prohibición de «Palestine Action» y de la exhibición de pancartas ha allanado el camino para que el Estado británico califique a cualquier opositor —que cuestione sus infracciones legales o impugne su derecho a dictar la verdad— como delincuente o simpatizante del terrorismo. Se ha sentado un precedente, ahora ratificado por los tribunales del Reino Unido, que será difícil de revertir.
El Estado tiene muchas herramientas a su disposición, algunas de las cuales ya está utilizando, una vez más sin que los «guardianes» de los medios de comunicación, propiedad de multimillonarios, protesten.
Una de ellas, especialmente poderosa, es la «exclusión bancaria»: obligar a personas o grupos que perturban el discurso de la autoridad moral y jurídica de los Estados occidentales a salir del sistema financiero, empujándolos a una especie de aislamiento que les hace casi imposible desenvolverse en el mundo occidental moderno.
Cabe destacar, una vez más, que Assange y WikiLeaks fueron una de las primeras víctimas del uso de la exclusión bancaria como arma política. Washington impuso sanciones a finales de 2010, poco después de que WikiLeaks sacara a la luz los crímenes de guerra de EE. UU. y el Reino Unido en Afganistán e Iraq, cortando así casi todos sus ingresos procedentes de donantes.
Las sanciones —lo que algunos describen como una «pena de muerte financiera»— ya se han impuesto a varios jueces y miembros del personal de la Corte Penal Internacional por la emisión de una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por cometer crímenes contra la humanidad en Gaza.
La experta jurídica de la ONU Francesca Albanese, a la vanguardia a la hora de poner de relieve la complicidad occidental en el genocidio de Israel, también ha sido excluida del sistema bancario.
En Gran Bretaña, las organizaciones benéficas palestinas e islámicas llevan mucho tiempo enfrentándose a duras restricciones en su capacidad para operar financieramente, normalmente con el argumento de que podrían estar desviando donaciones a grupos prohibidos.
Pero esto se ha ido extendiendo gradualmente a las principales organizaciones de solidaridad con Palestina y a personas afectadas por la prohibición de «Palestine Action».
En un giro aún más inquietante, aunque previsible, el Lloyds Bank ha retirado ahora la cuenta bancaria a The Canary, una publicación de izquierdas cuyas críticas a la captura del Partido Laborista por parte de las grandes empresas han sido durante mucho tiempo una espina clavada para la burocracia del partido. The Canary ya no puede pagar a su plantilla, y su actividad informativa está en peligro.
Se trata del mismo Canary que el proyecto «Labour Together», liderado por Morgan McSweeney —quien impulsó a Starmer al poder en nombre de la derecha laborista, favorable a los multimillonarios y a la energía nuclear—, identificó desde el principio como una amenaza. Según se informa, su lema era: «Destruyamos a The Canary o The Canary nos destruirá a nosotros».
Tal y como expone el periodista de investigación Paul Holden en su libro The Fraud, que documenta las operaciones encubiertas e ilegales de «Labour Together», McSweeney estuvo a punto de conseguir destruir a The Canary. Creó un grupo ficticio, «Stop Funding Fake News», que presionó a los anunciantes para que boicotearan la publicación.
Labour Together, bajo el mando del sucesor de McSweeney, Josh Simons, lanzaría posteriormente una campaña de desprestigio contra Holden y lo denunciaría a los servicios de seguridad británicos como supuesto agente del Kremlin.
Como una moneda falsa, Simons ha vuelto a aparecer, esta vez cediendo su escaño de Makerfield para que Andy Burnham pueda regresar a Westminster. Simons es ahora uno de los asesores políticos de Burnham.
Represalias políticas
Este ataque sistemático al derecho a examinar la actuación del Estado británico se ha extendido también a la profesión jurídica.
El mes pasado, Dan Kovalik, un respetado abogado y profesor estadounidense especializado en derechos humanos, fue detenido en el aeropuerto de Liverpool por la policía antiterrorista e interrogado por sus críticas a la política exterior occidental en Gaza e Irán.
Fahad Ansari, un abogado británico especializado en derechos humanos, fue detenido por la policía el año pasado al regresar al Reino Unido tras unas vacaciones familiares en Irlanda, en virtud del anexo 7 de la draconiana Ley contra el Terrorismo de 2000.
A ambos hombres se les confiscaron sus dispositivos electrónicos, a pesar de las protestas en las que se alegaba que esto era ilegal y violaba el secreto profesional entre abogado y cliente.
La detención de Ansari parece ser un acto flagrante de represalia política e intimidación. Había presentado alegaciones jurídicas impugnando una decisión del Ministerio del Interior de 2021 de ampliar la proscripción de Hamás a su ala política. Hamás nunca ha lanzado una operación militar en Gran Bretaña.
Para presentar el escrito, Ansari había reunido a un grupo de expertos para argumentar que la ampliación de la proscripción —deseada desde hace tiempo por Israel— estaba teniendo un efecto profundamente disuasorio en la labor de abogados, académicos, grupos de derechos humanos y periodistas a la hora de documentar y debatir los crímenes israelíes en Gaza.
Cinco expertos jurídicos de la ONU escribieron una carta de protesta por la violación de los derechos de Ansari como abogado, advirtiendo de que «tales medidas amenazan con criminalizar, estigmatizar y tener efectos disuasorios contra los abogados y las asociaciones jurídicas que realizan una labor legítima en materia de seguridad nacional y lucha contra el terrorismo».
Ese parece ser precisamente el objetivo. Acosar a los abogados es una característica, y no un error, del nuevo autoritarismo británico.
Una víctima aún más visible de este nuevo ataque a la profesión jurídica es el muy respetado abogado Rajiv Menon.
Ha trabajado en algunos de los casos de derechos humanos más importantes de la era moderna, denunciando los fallos y abusos de poder del Estado en relación con el asesinato del adolescente negro Stephen Lawrence, la muerte de casi 100 aficionados al fútbol del Liverpool en Hillsborough y las 72 víctimas del incendio de la Torre Grenfell.
Actualmente se enfrenta a un proceso por desacato al tribunal tras pronunciar en enero un alegato final que convenció al jurado de no declarar culpables a seis acusados de Palestine Action de ninguno de los cargos presentados por el Estado británico contra ellos. En 2024, los seis habían llevado a cabo una acción contra una fábrica de Elbit.
Se cree que es la primera vez que se procesa a un abogado por desacato al tribunal a raíz de un alegato final. Garden Court Chambers, donde Menon ha ejercido durante tres décadas, afirmó que el proceso había «causado conmoción en la profesión jurídica».
Advirtió de un grave efecto disuasorio sobre los abogados, que podrían mostrarse más reacios a presentar una defensa firme, especialmente en juicios con gran carga política, por miedo a las represalias.
Todo esto debe verse en el contexto de las medidas igualmente sin precedentes del Gobierno para socavar el principio jurídico fundamental del derecho a un juicio con jurado.
Los Estados autoritarios no admiten restricciones significativas a su capacidad para imponer su voluntad. Los abogados y los jurados con espíritu independiente son precisamente ese freno.
Criminalización de la protesta
Pero quizás el ataque más sostenido por parte del Estado británico haya sido contra los derechos de protesta y de reunión, lo que hace que expresar una opinión en el espacio público resulte cada vez más amenazador.
Desde que unos dos millones de personas salieron a las calles para oponerse a la invasión ilegal de Iraq por parte de Gran Bretaña en 2003, se han buscado nuevas formas de restringir la capacidad de los ciudadanos de a pie para alzar la voz contra el abuso del poder gubernamental y estatal.
La legislación reciente permite a la policía prohibir las protestas por ser «demasiado ruidosas» o causar «grave malestar». El concepto de «perturbación» se ha redefinido para incluir ahora cualquier obstáculo a la actividad cotidiana. Las protestas pueden prohibirse si tienen un impacto «acumulativo».
Todas estas son características inherentes a la protesta. Las manifestaciones masivas contra el ataque ilegal de Gran Bretaña a Iraq fueron ruidosas, perturbadoras y repetidas, al igual que lo han sido las marchas contra la connivencia de Gran Bretaña con el genocidio de Israel en Gaza.
Al juzgar la legalidad de las protestas según estos criterios selectivos y en gran medida subjetivos, el Estado ha otorgado a la policía un amplio margen de maniobra para decidir qué protestas deben tipificarse como delito y cuáles deben permitirse. No es de extrañar, pues, que la policía esté centrando actualmente sus esfuerzos en las marchas contra el genocidio, que ponen de relieve la complicidad británica en los crímenes de Israel.
También se está implantando la tecnología de reconocimiento facial —pionera en Israel contra los palestinos—, lo que normaliza el Estado panóptico tan querido por Mahmood.
¿A dónde nos lleva todo esto? La respuesta es a una nueva ley que la ministra del Interior ha hecho aprobar a toda prisa en el Parlamento.
La Ley de Seguridad Nacional (Amenazas al Estado) otorga al Estado poderes sin precedentes para proscribir grupos, tal y como hizo con Palestine Action, pero ahora sin necesidad de alegar que existen pruebas de una amenaza terrorista.
La ministra del Interior puede realizar dicha designación de forma unilateral, sin ningún tipo de supervisión parlamentaria, simplemente porque afirme que el grupo es un actor estatal extranjero «hostil» que supone una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública.
Mahmood ya lo ha hecho con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), que es, en la práctica, el ejército de Irán.
Además, cualquier persona que colabore con un grupo proscrito o reciba un «beneficio material» —cuya definición incluye la «información»— de dicho grupo puede ser condenada a hasta 14 años de cárcel. Esto incluye expresar apoyo al grupo o compartir información que este haya facilitado.
El mero hecho de organizar un acto en el que alguien exprese su apoyo al grupo podría dar lugar a un proceso judicial, al igual que publicar algo en las redes sociales que el Estado británico considere un «argumento» de un Estado extranjero hostil, independientemente de que la información sea cierta o no.
Prohibición de la búsqueda de la verdad
Una vez más, se trata de un ataque a los valores más fundamentales de la Ilustración.
En la Ley de Seguridad Nacional, lo único que importa es quién difunde la información, no cuál es esa información ni si es veraz. No existe ninguna defensa basada en el interés público, como la denuncia de actos delictivos cometidos por el Estado británico o sus aliados.
No hay exención para los periodistas, abogados, académicos ni grupos de derechos humanos. Les resultará imposible realizar la parte más esencial de su trabajo: recabar información, contrastar las afirmaciones de una parte con las de la otra y permitir que el público determine la verdad.
Suponiendo que se declare a Hamás como actor extranjero hostil —lo cual parece casi seguro—, se prohibirá a los periodistas recabar datos sobre las víctimas palestinas del Ministerio de Sanidad de Gaza o hablar con los médicos de allí. ¿Por qué? Porque el Gobierno de Hamás dirige el Ministerio de Sanidad y los hospitales.
Peor aún, sería imposible que los periodistas visitaran Gaza para investigar los crímenes israelíes —algo que hará las delicias de Israel—, ya que dicha visita tendría que organizarse a través del Gobierno de Hamás. Hacerlo supondría arriesgarse a 14 años de cárcel.
Lo mismo ocurrirá con los reportajes desde Irán o Rusia, si así lo decide la ministra del Interior.
La única excepción aparente será para los periodistas que obtengan la autorización previa del Gobierno británico.
Esto debería garantizar que solo los periodistas más dóciles y ávidos de acceso, pertenecientes a medios de comunicación estatales o propiedad de multimillonarios, puedan relacionarse con actores extranjeros «hostiles», en formas que el Estado británico pueda estar seguro de que representarán mejor sus intereses.
En virtud de esta nueva ley, la búsqueda de la verdad —y, potencialmente, la propia verdad— se tipificará como delito.
Dentro del panóptico
La Ley de Seguridad Nacional sistematiza todas las demás medidas que hemos señalado anteriormente. Otorga al Estado carta blanca para criminalizar a cualquiera que cuestione o desafíe su autoridad moral o jurídica.
¿Quién debería estar indignado ante este monstruoso ataque legislativo al derecho a buscar la verdad, a exigir responsabilidades al Estado y a actuar como guardián frente al abuso de poder?
Si los medios de comunicación propiedad de multimillonarios hicieran alguna de estas cosas, los medios de comunicación estarían liderando la resistencia. Sin embargo, en su mayoría guardan silencio, porque no hacen nada de eso.
Será a los periodistas independientes, los comentaristas, los abogados y los activistas de derechos humanos a quienes irán eliminando uno por uno, enviando así un mensaje al resto de la población para que mantengan un perfil bajo.
Se espera que la ciudadanía, privada de información veraz y de un análisis crítico de las acciones del Estado británico, se vuelva más ignorante, más dócil y más pasiva a medida que se le vayan privando progresivamente de sus derechos.
A medida que se intensifique la crisis climática, que se aceleren las guerras por los recursos y que la austeridad interna se haga sentir más, se señalará con el dedo no a los verdaderos culpables —los superricos, sus medios de comunicación y el Estado cautivo—, sino a las víctimas anteriores de Occidente: aquellos que huyen de las guerras que nosotros iniciamos, de un clima cada vez más inestable provocado por nuestro consumo desmesurado y de la escasez de recursos tras siglos de saqueo colonial.
Mientras se nos anima a culpar a «los inmigrantes», o a «los musulmanes», o a «la izquierda», o a «los que odian a Israel», el Estado se apresura a erigir un andamiaje de control para protegerse antes de que nos demos cuenta del engaño.
El tiempo se agota en todos los frentes. La falta de urgencia para abordar estas crisis no se debe a que las crisis no existan, sino a que nuestra pasividad ha sido orquestada. La verdad es que ya estamos en el panóptico, y nuestras mentes ya están profundamente moldeadas para la obediencia."
(Jonathan Cook, blog, 16/07/26, traducción Voces del Mundo)
