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4.5.26

La ceguera de Europa... Eurostat prevé que, incluso contando con migración, la UE perderá 53 millones de habitantes de aquí a 2100. Esto es: para conservar intacto el equilibrio actual entre trabajadores y jubilados, la inmigración por sí sola no basta. Pero sin ella será imposible mantenerse a flote... para mantener constante la población total de la UE bastarían unos 900.000 inmigrantes anuales; pero para mantener la actual ratio de dependencia de mayores harían falta 13,5 millones al año. Una cifra que a la mayoría de los demógrafos les parece impracticable... De estos datos se deduce el vuelco demográfico al que estamos llamados... La realidad es que los esfuerzos de integración son necesariamente bilaterales. O multilaterales, si nos atenemos a las diferentes procedencias de la inmigración que transformará el continente durante este siglo... La propia Europa oficial ya lo admite cuando define la integración como una acomodación mutua y cuando el Consejo de Europa la resume como aprender a “vivir juntos como iguales en dignidad”... Pero ahí tenemos a nuestros próceres políticos relacionando inmigración con delincuencia, un discurso basado en el miedo con el que obtienen suculentos réditos electorales para evitar hablar de realidades incómodas (Diego de la Serna)

"La regularización extraordinaria de 500.000 migrantes en España no ha sido criticada oficialmente por la Comisión Europea. La reacción ha sido muy escueta y medida. Una cautela que en el lenguaje institucional no expresa un apoyo implícito. La inmigración es un tema de gran sensibilidad electoral en Europa. Un compuesto químico altamente inestable en el debate político. Mezclado y aderezado con llamadas emocionales al “ser y estar” europeo, supone un descarnado abordaje político para hacerse con el voto del desencanto electoral, fenómeno que atraviesa horizontalmente todas las ideologías. En el debate del Parlamento Europeo dedicado a la regularización española, las soflamas más reaccionarias las protagonizó la extrema derecha europea y contamina ya el discurso de los principales partidos conservadores. Se quejan de las consecuencias que tendrá sobre Schengen, del efecto llamada y presentan la inmigración como un apocalíptico choque de civilizaciones, una invasión que acabará con nuestra forma de vida europea. 

El comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, aclaró que “un permiso de residencia no es un pase libre para desplazarse por la Unión”. El comisario trataba de incluir un poco de didáctica al solivianto de la derecha europea. Si una persona regularizada por un Estado miembro aparece en situación irregular en otro país de la UE o solicita allí asilo, debe regresar al Estado que expidió el permiso, advirtió Brunner. Lo dijo casi entre dientes, con ese lenguaje contenido que delata que estamos ante un tema resbaladizo, esa patata calentita que hay que manejar sin manifestar dolor. No me hagan hablar, por favor, parecía decir.

Oficiosamente, la aparente tolerancia institucional se torna en una incomodidad política, recibida sin entusiasmo por los efectos secundarios que pueda generar a nivel político. La decisión española, se recuerda, no está plenamente en sintonía con el catenaccio al que tiende la nueva política consensuada en el Pacto sobre Migración y Asilo, que entrará plenamente en vigor el próximo 12 de junio.

Sin embargo, el debate parece haber quedado encapsulado a nivel parlamentario. La Comisión y los gobiernos europeos, aparentemente, no quieren entrar en confrontación directa con Madrid. Pero no es solamente eso. La inmigración es una realidad incómoda.

Es cierto que la regularización de migrantes seguirá siendo una decisión de ámbito nacional, pero su manoseo, ejercido sin complejos, lo convierte en una poderosa arma de confrontación política. Este hecho explica, en parte, la ausencia de reacciones oficiales de los gobiernos europeos: hay costes políticos internos en forma de agrios debates que no se desean alimentar. Debates en los que se confunden, con alevosía, la regularización (permiso de residencia o estancia legal a personas que ya están en situación irregular dentro del país ) con materias concretas que sí comprometerán a partir de ahora a los 27: un sistema de cribado, procedimientos de asilo, solidaridad entre Estados, reubicación, retornos y algunas vías legales de protección, como el reasentamiento y la admisión humanitaria.

Parémonos un momento para ver qué dicen las cifras sobre demografía europea e inmigración. Abramos unas líneas sobre el plano general de las proyecciones a medio y largo plazo.

La UE suma una población total de 450,6 millones de habitantes en 2025. 46,7 millones de esa cifra corresponden a personas que nacieron fuera de Europa, la inmigración extracomunitaria. Esto es, son el 10,4% de esa avanzadilla de millones que según la extrema derecha va a acabar con nuestra civilización.

La ONU prevé que para 2050 la población mundial alcance los 9.700 millones, un crecimiento considerable si tenemos en cuenta que en 1950 éramos 2.500 millones de almas sobre la faz de la tierra.

El crecimiento se concentra cada vez más en los países de renta baja y media, especialmente en África subsahariana, que aportará más de la mitad del aumento de la población mundial hasta mediados de siglo. Y será África el continente que influya más en la inmigración europea.

Por su parte, Europa envejece. Eurostat prevé que, incluso contando con migración, la UE perderá 53 millones de habitantes de aquí a 2100. Esto es: para conservar intacto el equilibrio actual entre trabajadores y jubilados, la inmigración por sí sola no basta. Pero sin ella será imposible mantenerse a flote. Una realidad incómoda para el discurso ideológico que presenta a la inmigración como un problema para la subsistencia de la cultura europea en general y la local en particular. Los datos son conocidos por todos los europarlamentarios que hayan leído el informe que cuelga en la web de la Comisión Europea titulado “Migración, movilidad y mercado laboral de la UE” de noviembre de 2025.

El caso español es peculiar. España no solo recibe más inmigración latinoamericana que cualquier otro país europeo, sino que una parte creciente de esa inmigración se convierte en población estable, trabajadora y cotizante.

Aunque Marruecos seguirá siendo una pieza central por su peso laboral en España, el fenómeno latinoamericano es ya muy superior. No existe un número mágico que establezca la cantidad de inmigrantes que son necesarios para mantener la tan repetida “calidad de vida”. Dependerá de las políticas que ajusten la vida laboral de los trabajadores, la productividad, el diseño del sistema de pensiones y la activación de la población infrautilizada (mujeres y mayores). Basándose en estudios de la ONU y en estimaciones propias, el Consejo de Europa ya emitió un informe en 2002 que sigue estando vigente: para mantener constante la población total de la UE bastarían unos 900.000 inmigrantes anuales; pero para mantener la actual ratio de dependencia de mayores harían falta 13,5 millones al año. Una cifra, por otro lado, que a la mayoría de los demógrafos les parece impracticable.

En cualquier caso, sí sabemos el número aproximado de inmigrantes que han llegado a Europa en la última década. Son cifras de Eurostat: 2,4 millones anuales antes de la pandemia, cayó a 1,9 millones en 2020, repuntó a 2,3 millones en 2021 y se disparó hasta 5,3 millones en 2022, para moderarse después a 4,4 millones en 2023 y 4,2 millones en 2024.

Hasta aquí las cifras.

Reducir la inmigración a un mero cálculo económico supone un ejercicio poco edificante. Pero ayuda a aclarar el debate. Son muchos los temas que la UE debe abordar con urgencia. Ninguno de ellos podrá soslayar en su ecuación la presión demográfica a la que está sometido el continente.

Con los datos arriba expuestos se deduce el vuelco demográfico al que estamos llamados. Sobre esta base, resulta alarmante el aumento del discurso etnonacionalista al que se relega la inmigración. Destila racismo. El etnonacionalismo concibe la nación basada en la pertenencia étnica, cultural o ancestral, más que en la ciudadanía compartida. Un término empleado en el ámbito académico dedicado al estudio de la extrema derecha y los nacionalismos excluyentes, y que se incorpora ahora al discurso público, a los periódicos y al calor del debate tertuliano, en busca de una mayor precisión de las ideas.

La realidad es que los esfuerzos de integración son necesariamente bilaterales. O multilaterales, si nos atenemos a las diferentes procedencias de la inmigración que transformará el continente durante este siglo, y los que sigan. Con el debate situado en la esquina puramente identitaria y cultural, resulta casi un suicidio político subirse a una tribuna y afirmar que somos los propios europeos los que también debemos integrarnos con las personas que vienen de fuera. Es una realidad que quita votos. Es una realidad incómoda. Pero es una realidad que requiere una buena dosis de pedagogía.

La propia Europa oficial ya lo admite cuando define la integración como una acomodación mutua y cuando el Consejo de Europa la resume como aprender a “vivir juntos como iguales en dignidad”.

En su Plan de acción sobre integración e inclusión para 2021-2027, la UE defiende un “proceso dinámico y bidireccional de acomodación mutua”. Un plan que requiere de medios, presupuesto y un explícito apoyo común de gobiernos y partidos para no sonar a la inocente melodía del idealismo hueco.

Pero ahí tenemos a nuestros próceres políticos relacionando inmigración con delincuencia, con terrorismo o con la disparatada teoría del gran reemplazo. Un peligroso discurso basado en el miedo con el que obtienen suculentos réditos electorales para evitar hablar de realidades incómodas." 

(Diego de la Serna, CTXT, 30/04/2026 )

2.2.26

Hay cosas que no se solucionan con más dinero. No hay Gobierno en Europa que haya concedido tantas ayudas económicas a la natalidad como el de Hungría. El índice de fertilidad mejoró algo años atrás, pero después se impuso la misma realidad que en el resto del continente... La tasa de fertilidad cayó a 1,31 hijos por mujer en edad de tenerlos (era de 1,39 un año antes), la cifra más baja en catorce años. La cifra de España es 1,1... Giorgia Meloni anunció que concederá 500.000 visados de trabajo a personas de fuera de la UE entre 2026 y 2028; cifra similar a la que adoptaron para el periodo 2023-2025... En 2024, en Italia los fallecimientos superaron en 281.000 a los nacimientos y la población se redujo en 37.000 personas. Esa es una tendencia que todos los discursos reaccionarios y ultranacionalistas en España no pueden ocultar. Regularizar a los migrantes es una cuestión de defender la dignidad de las personas que han nacido en el extranjero para que puedan aportar a la sociedad y es también una decisión obligada por la realidad económica y demográfica de España... El incremento de la población en los últimos años no hubiera sido posible sin la llegada de inmigrantes y ese aumento es uno de los factores más relevantes del crecimiento económico del que se ha disfrutado desde entonces. Eso incluye los buenos datos de empleo conseguidos en 2025 y el hecho de que varias comunidades autónomas habrían perdido población si no hubieran tenido la aportación que da la inmigración ( Iñigo Sáenz de Ugarte)

 "En los años 60, el Congreso de EEUU no renovó un programa iniciado en 1942 que permitía la entrada de mexicanos en el país para trabajar en las explotaciones agrícolas. Así que en el verano de 1965 a alguien se le ocurrió una idea genial. Aparentemente. Convencerían a los estudiantes de instituto, chicos de 17 años en buena forma física porque formaban parte de las competiciones deportivas de los centros, para que trabajaran en la cosecha. Miles de ellos se apuntaron gracias a las razones esgrimidas por sus maestros. Les pagarían un sueldo y se lo pasarían bien. “El trabajo agrícola hace a los hombres”, decían los folletos enviados a los colegios. 

Fue un desastre. Sus condiciones de trabajo eran las mismas que las de los anteriores braceros mexicanos. Es decir, dormían en literas en dormitorios desvencijados, les daban muy mala comida y trabajaban soportando altas temperaturas. Muchos no duraron más que unas pocas semanas. Los agricultores estaban descontentos porque no hacían bien su trabajo. Los jóvenes se sentían explotados y tenían razón. 

El asunto llegó al Congreso, donde algunos políticos explicaron que el programa no tenía sentido. “Al denunciar las condiciones de trabajo como inaceptables para los trabajadores de EEUU, (el congresista) Roncaglio no admitió que eran las mismas que los braceros mexicanos habían soportado desde 1942”, escribió una historiadora en un libro posterior. 

La retórica xenófoba de que EEUU no necesitaba a tantos mexicanos en su economía chocó con la realidad. Sólo los inmigrantes, obligados a aceptar un trabajo duro que por otro lado no conseguían en su país, estaban dispuestos a aceptar ese tipo de vida. Los congresistas en Washington nunca habían sido conscientes de lo que supone trabajar en el campo. 

Es una historia no muy diferente a lo que vemos hoy en EEUU y Europa, quitando esa parte estúpida de pensar que los jóvenes podían hacer el trabajo de adultos mucho más sacrificados. Partidos de la derecha y la extrema derecha alegan que hay demasiados inmigrantes en España. Más allá de sus ideas xenófobas, ignoran por completo la realidad económica del país. No es que sea necesario estar muy atento. Es un proceso del que ya se hablaba hace décadas, mucho antes de que aumentara la población de origen extranjero. Sectores como la construcción y la agricultura, a los que ahora habría que sumar el de los cuidados y una buena parte del sector de servicios en las zonas turísticas, no pueden funcionar sin los inmigrantes. Y además esas personas aportarán mucho más a la economía y será más difícil que sean explotados por empresarios sin escrúpulos si cuentan con papeles que legalicen su estancia en España.

La falta de papeles genera abusos y también marginación y furia. El inmigrante despreciado por la sociedad termina pensando que no debe nada a nadie, porque nadie hace nada por él. Esa alienación, a falta de una palabra mejor, es un pésimo resultado que hace imposible la integración, que es el objetivo al que dicen aspirar la mayoría de los partidos.

La noticia de que el Gobierno pondrá en marcha un proceso de regularización de extranjeros que podría beneficiar a medio millón de personas ha causado el rechazo total del PP y de Vox. Lo de la extrema derecha era previsible. El racismo es el punto principal de su programa político. Sólo hay que ver su propaganda en Twitter, donde Sánchez aparece entregando pasaportes a jóvenes de aspecto magrebí cuando serán los latinoamericanos los que más se beneficien.

Lo del PP es menos entendible. Por la parte política, sí. El partido de Alberto Núñez Feijóo está aterrorizado ante el crecimiento de Vox en los sondeos en los últimos dos años y cree que debe endurecer su discurso contra la inmigración para impedir la huida de sus votantes. Pero no estaría de más exigirle un mínimo de coherencia. Esta regularización no es muy diferente a la que promovió el Gobierno de Aznar y después el de Zapatero. 

Inevitablemente, han recurrido a la alarma por el posible efecto llamada. Eso no fue lo que ocurrió tras la regularización de Zapatero. El número de llegadas de extranjeros se redujo en un contexto de crecimiento económico o al menos eso es lo que detectaron los estudios realizados sobre el tema. Feijóo se ha apresurado a anunciar que llevarán el tema a Europa. No se ha cansado de encajar derrotas en Bruselas. La Comisión Europea ya le ha recordado que el tema pertenece a las competencias de cada Estado. Sobre lo que dijo Santiago Abascal de que la medida perjudica “el correcto funcionamiento del espacio Schengen”, hay que saber que conseguir papeles y un permiso de trabajo en España no te da también ese permiso para trabajar en Alemania. 

El PP se sumó a otro bulo absurdo de la ultraderecha al acusar a Pedro Sánchez de intentar ganar votos entre los extranjeros. Tener la residencia legal no te da el derecho al voto en unas elecciones generales. Para eso, hay que tener la nacionalidad, y ese es un proceso que en la práctica dura muchos años, no sólo los dos años mínimos establecidos por ejemplo para los que llegaron de países latinoamericanos. Hubo que esperar al viernes para que reconocieran algo que en el fondo ya sabían. 

Para recibir los papeles, los inmigrantes tendrán que probar que no tienen antecedentes penales. A la búsqueda de algo que atraiga a los votantes de Vox, a Feijóo se le ha ocurrido reclamar que se incluyan también los llamados antecedentes policiales en otro intento de relacionar inmigración con delincuencia. Hay sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que impiden dar ese paso. Incluso aunque se cambiaran las leyes en el Parlamento, quedaría el hecho de que ser detenido por la Policía no acaba con la presunción de inocencia.

Tanto Feijóo como Díaz Ayuso establecieron diferencias entre inmigrantes con la intención de pedir que los de origen latinoamericano deberían tener un tratamiento especial al compartir con nosotros el idioma y algunos supuestos valores comunes. “Los hispanos”, dijo Ayuso en 2024, “no son inmigrantes”, porque en España “están en su casa”. Según una estimación de la fundación Funcas, el 91% de los inmigrantes en situación irregular es de origen latinoamericano, por lo que serán los más beneficiados por la nueva medida. De repente, al PP, que buscaba atraerse el apoyo de ese colectivo, se le ha apagado el entusiasmo. Ahora, Feijóo afirma que la regularización traerá “problemas de convivencia”. Resulta que los latinos que antes estaban “en su casa” ahora nos traerán problemas.

Soy consciente de que a mucha gente le molesta que se haga énfasis en motivos económicos para explicar las ventajas de regularizar a los sin papeles. Dependiendo de cómo se explique, puede parecer que sólo se les considera herramientas con las que conseguir beneficios económicos. Hacen los trabajos que nosotros no queremos, así que vamos a explotarlos. Aquí hay que recordar una frase de Ayuso en la Asamblea de Madrid dirigida a Vox por la que recibió críticas: “Alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas”.

Explicado así sonaba un poco clasista al limitar todo a una cuestión de conseguir mano de obra, preferiblemente barata, para ciertos trabajos que nos hagan la vida más fácil, empezando por lo de limpiar nuestras casas. Los inmigrantes no vienen a España a quedarse con los empleos duros, sino a construir un futuro para ellos y sus hijos y con ello contribuyen a la prosperidad del país. Muchos lo pueden hacer con la formación universitaria que recibieron en sus países o con nuevas habilidades que obtienen en una economía más desarrollada. Otros tienen que conformarse con empleos más exigentes y peor remunerados. Como les pasa a los españoles que han nacido aquí.

Tampoco se puede obviar la cuestión demográfica. Desde los años 80, se viene hablando del descenso de nacimientos en España, un riesgo a largo plazo para toda la sociedad. Los países que pierden población de forma persistente durante décadas no suelen ser los más prósperos. La llegada de millones de extranjeros ha contribuido a atenuar el problema, cosa que no han hecho los gobiernos españoles con ayudas económicas tan escasas como irrelevantes para aumentar la natalidad.

Hay cosas que no se solucionan con más dinero. No hay Gobierno en Europa que haya concedido tantas ayudas económicas a la natalidad como el de Hungría. El índice de fertilidad mejoró algo años atrás, pero después se impuso la misma realidad que en el resto del continente. En 2025, nacieron 72.000 niños, un 7% menos que el año anterior. Los fallecimientos fueron 124.200. La tasa de fertilidad cayó a 1,31 hijos por mujer en edad de tenerlos (era de 1,39 un año antes), la cifra más baja en catorce años. La cifra de España es 1,1. 

El incremento de la población en los últimos años no hubiera sido posible sin la llegada de inmigrantes y ese aumento es uno de los factores más relevantes del crecimiento económico del que se ha disfrutado desde entonces. Eso incluye los buenos datos de empleo conseguidos en 2025 y el hecho de que varias comunidades autónomas habrían perdido población si no hubieran tenido la aportación que da la inmigración.

Ahora que el PP y Vox compiten para ver quién es el más xenófobo, sería divertido recordarles la decisión que tomó Giorgia Meloni el año pasado. El Gobierno italiano anunció en junio que concederá 500.000 visados de trabajo a personas de fuera de la UE entre 2026 y 2028. Es una cifra similar a la que adoptaron para el periodo 2023-2025. Como siempre en estos casos, establecer programas de migración legal no siempre afecta al número de personas que llegan por los aeropuertos y que deciden quedarse después de forma irregular. 

La Meloni idolatrada por Vox y a la que Feijóo ha elogiado sabe que su país necesita a esos trabajadores extranjeros. La única duda es cómo poner en práctica esos mecanismos para que sean efectivos. 

No hay que ser un genio para hacer las cuentas. En 2024, en Italia los fallecimientos superaron en 281.000 a los nacimientos y la población se redujo en 37.000 personas. Esa es una tendencia que todos los discursos reaccionarios y ultranacionalistas en España no pueden ocultar. Regularizar a los migrantes es una cuestión de defender la dignidad de las personas que han nacido en el extranjero para que puedan aportar a la sociedad y es también una decisión obligada por la realidad económica y demográfica de España."

Iñigo Sáenz de Ugarte, eldiario.es, 01/02/26)

28.1.26

Diversidad o declive: la elección demográfica inevitable de España... El dilema es existencial... o apostamos por una "potencia mestiza" capaz de sostener las pensiones y el Estado del bienestar, o nos replegamos en identidades cerradas que conducen al empobrecimiento... España se ha convertido en un "laboratorio global" atrapado entre una Europa que envejece y un sur global que crece... Rozamos los cincuenta millones de habitantes gracias a la inmigración, una ventaja competitiva que nos salva del invierno demográfico... En la geopolítica de la demografía, dejarse llevar por discursos de odio, por inercias culturales o por dinámicas de bloque geográfico no es una opción inteligente. Y todo indica que, para España, pensar la demografía de forma inteligente, abierta y territorialmente equilibrada es una condición imprescindible para un presente y un futuro de sostenibilidad y prosperidad... el reto demográfico español no consiste únicamente en atraer población, sino en ordenarla territorialmente de forma inteligente, alineando demografía, modelo productivo y transición ecológica... Los territorios rurales vivos permiten una gestión activa de los montes, reducen el riesgo de incendios y facilitan modelos productivos sostenibles y pueden convertirse en espacios clave para la transición energética y la bioeconomía. La demografía, por tanto, es una política estructural que conecta población, territorio, energía, alimentación y resiliencia ecológica. Pensar el futuro demográfico de España implica decidir si se apuesta por un país concentrado, frágil y desigual o por uno territorialmente cohesionado y ambientalmente sostenible (Antón Gómez-Reino)

 "La demografía explica el pasado, el presente y el futuro de una sociedad. Cómo ha crecido en el pasado, por qué tiene los retos que tiene en el presente y, sobre todo, cómo vivirá y qué lugar ocupará en el mundo en el futuro.

En los dos artículos anteriores de esta serie se ha tratado de trazar las coordenadas fundamentales de la geopolítica de la demografía contemporánea. En primer lugar, un mundo que se reordena demográficamente: África y partes de Asia concentran el crecimiento poblacional futuro; Europa, Japón y Corea del Sur envejecen y se contraen; América Latina madura y los flujos migratorios se convierten en uno de los grandes vectores estructurales del siglo XXI. En segundo lugar, una Europa enfrentada a un dilema estratégico: integrar población y sostener su modelo social o cerrarse sobre sí misma y acelerar su irrelevancia demográfica, económica y política.

España se sitúa en un intermezzo, en el cruce de ambas dinámicas. Su posición geográfica, su historia migratoria, su inserción en la Unión Europea y su vinculación estructural como puerta de América Latina y como puente con el norte de África hacen del caso español un laboratorio avanzado —y especialmente revelador— de los dilemas y oportunidades que plantea la transición demográfica global.

España en el tablero geodemográfico global

Desde una perspectiva global, España forma parte del reducido grupo de países desarrollados que, a pesar de registrar una fecundidad persistentemente baja —en torno a 1,3 hijos por mujer según el INE—, ha logrado evitar el decrecimiento poblacional gracias a un saldo migratorio positivo sostenido

En un contexto internacional marcado por la competencia entre Estados por atraer población joven y en edad de trabajar, España se ha consolidado como uno de los principales países receptores de migración del espacio europeo.

Esta posición no es casual ni coyuntural. Responde a factores estructurales: lengua compartida con América Latina, redes migratorias consolidadas, una economía capaz de absorber mano de obra en sectores diversos y una narrativa pública que, con todas sus tensiones, no ha sucumbido plenamente a los discursos de cierre identitario que se extienden por otros países del entorno. 

En un mundo en el que la movilidad humana será una constante —impulsada además por el cambio climático, la inestabilidad política y las desigualdades económicas—, el Estado español parte de una ventaja comparativa evidente.

El papel de España en la Europa que envejece

En el contexto europeo, España representa una anomalía positiva. Mientras buena parte del continente entra en una fase de estancamiento o retroceso demográfico, la población residente en España ha pasado de 40,5 millones en 1999 a rondar los 50 millones en la actualidad

Este crecimiento se explica casi exclusivamente por la inmigración y ha ido acompañado de una dinámica económica relativamente más favorable que la de otros países envejecidos.

El Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) han señalado de forma reiterada que la inmigración ha contribuido de manera decisiva al crecimiento del empleo, al sostenimiento del sistema de pensiones y a la ampliación de la base de cotizantes. No se trata únicamente de cubrir vacantes laborales, sino de mantener el equilibrio entre población activa e inactiva en un país con una de las esperanzas de vida más altas del mundo.

Frente a la tentación de políticas pronatalistas estériles o de discursos reactivos que vinculan inmigración y amenaza, la experiencia española muestra un hecho empírico difícil de refutar: sin inmigración, el actual ciclo de crecimiento económico sería inviable y el ajuste del Estado del bienestar, mucho más traumático.

Radiografía demográfica de España: luces en la sombra

La fotografía demográfica española presenta luces, más allá de las sombras de una estructura tendencialmente invertida de la pirámide poblacional. El saldo migratorio positivo aviva el balance demográfico e impulsa la economía, si bien es cierto que convive con una desigualdad creciente en la distribución territorial. Las grandes áreas metropolitanas concentran población, empleo y oportunidades, mientras amplias zonas rurales e interiores continúan luchando por recuperar habitantes, servicios y capacidad productiva.

Esta brecha territorial no es solo un problema demográfico: si no se solventa, es un importante hándicap económico, social, político y ambiental. La despoblación rural incrementa el riesgo de abandono del territorio, la mala gestión forestal, la pérdida de soberanía alimentaria y la vulnerabilidad frente al cambio climático. Al mismo tiempo, la hiperconcentración urbana tensiona el acceso a la vivienda, los servicios públicos y la cohesión social.

Desde esta perspectiva, como también indica el artículo de Santiago Fernández en este medio, el reto demográfico español no consiste únicamente en atraer población, sino en ordenarla territorialmente de forma inteligente, alineando demografía, modelo productivo y transición ecológica.

Demografía, territorio y clima: una ecuación inseparable

Una distribución más equilibrada de la población es también una condición necesaria para afrontar el reto climático. Los territorios rurales vivos permiten una gestión activa de los montes, reducen el riesgo de incendios y facilitan modelos productivos sostenibles y pueden convertirse en espacios clave para la transición energética y la bioeconomía.

La demografía, por tanto, es una política estructural que conecta población, territorio, energía, alimentación y resiliencia ecológica. Pensar el futuro demográfico de España implica decidir si se apuesta por un país concentrado, frágil y desigual o por uno territorialmente cohesionado y ambientalmente sostenible.

Propuestas para una política demográfica de Estado

España necesita abordar el reto demográfico como una auténtica política de Estado, articulada en torno a varios ejes estratégicos.
 

  • Reconocer la migración como factor estructural de desarrollo, desligándola del marco securitario y situando su gestión en el ámbito del empleo, la Seguridad Social, la economía y el reto demográfico, con pleno respeto a los derechos humanos.
 
  • Mejorar los sistemas de acogida e integración, agilizando los permisos de trabajo, el reconocimiento de competencias y la inserción laboral efectiva, evitando el infraempleo y maximizando la contribución económica y social.
 
  • Equilibrar el desarrollo territorial, garantizando servicios públicos de calidad y agilizando la consolidación de empleo digno en el ámbito no urbano como condición para fijar población y atraer nuevos residentes.
 
  • Priorizar usos productivos y no extractivos del territorio rural, asegurando que las inversiones en energía, industria o digitalización generen valor local, empleo estable y retornos sociales.

     
  • Alinear política demográfica y transición ecológica, entendiendo que un territorio habitado, productivo y bien gestionado es un activo clave frente al cambio climático.

Una decisión estratégica de largo plazo

El Estado español se enfrenta, en definitiva, a una decisión de largo alcance que definirá su sociedad en el futuro. Puede optar por la potencia de una sociedad más mestiza, plural y dinámica, capaz de sostener economía, Estado del bienestar y cohesión territorial. O puede dejarse arrastrar por discursos de repliegue que prometen identidades cerradas a costa de envejecimiento, empobrecimiento y declive económico y social.

En la geopolítica de la demografía, dejarse llevar por discursos de odio, por inercias culturales o por dinámicas de bloque geográfico no es una opción inteligente. Y todo indica que, para España, pensar la demografía de forma inteligente, abierta y territorialmente equilibrada es una condición imprescindible para un presente y un futuro de sostenibilidad y prosperidad."

 (Antón Gómez-Reino , Agenda Pública, 28/01/26)  

17.10.25

La excepción española frente a la demografía europea... contrasta en un contexto en el que nueve países de la UE han reducido su población en el último quinquenio... En los últimos cinco años, hemos sumado 1,7 millones de habitantes, mientras Polonia perdía 1,5 millones e Italia 700.000... los principales organismos identifican un círculo virtuoso entre incremento del PIB y llegada de nuevos ciudadanos... La capacidad para atraer e integrar talento extranjero se está convirtiendo en una de las principales fortalezas de la economía española, reconocida y envidiada por analistas internacionales... ¿Cómo afrontar el envejecimiento de la población, la despoblación de los espacios rurales o los enormes retos de la transformación digital y de la descarbonización de la economía contando con una población envejecida y sin capacidad de reemplazo? Si la economía española continúa creciendo como está previsto por encima del 2% al menos hasta 2028-2029, continuaremos recibiendo importantes entradas de población migrante, fundamentalmente de origen latinoamericano. La llegada de Trump a la Casa Blanca y su poderoso mensaje de rechazo hacia lo latino incrementarán aún más el atractivo de España como destino migratorio al otro lado del Atlántico... nuestro avance demográfico que superará en casi un 4% al de Alemania, duplicará el de Francia y contrastará con las importantes pérdidas de población de Italia y Polonia... La clave para poder continuar manteniendo el círculo virtuoso entre demografía y crecimiento económico reside en anticiparse y fortalecer las políticas públicas que aseguren una mejor integración de quienes están por llegar, más allá de los estériles debates públicos sobre la inmigración que en estos últimos meses estamos padeciendo. Gobierne quien gobierne en los próximos años tendrá que afrontar el reto de acoger y continuar gestionando la excepción demográfica española (Santiago Fernández Muñoz)

 "España constituye hoy una excepción entre los grandes Estados europeos por el intenso crecimiento de su población. En los últimos cinco años, hemos sumado 1,7 millones de habitantes, mientras Polonia perdía 1,5 millones e Italia 700.000. Alemania, un país de 83 millones de habitantes, apenas ha incrementado su población en 410.000 y Francia ha crecido en algo más de 1,1 millones. El crecimiento demográfico español se sitúa muy por encima de la media europea y contrasta con un contexto en el que nueve países de la UE han reducido su población en el último quinquenio.

Este crecimiento no se explica por la dinámica natural de la población, sino exclusivamente por la inmigración. El saldo vegetativo fue negativo en 2024 en casi 115.000 personas y mantiene ese signo desde que en 2015 el número de defunciones fue mayor que los nacimientos por primera vez. Desde 2017 hasta comienzos de 2025, la población extranjera se ha incrementado en casi dos millones de personas y de acuerdo con los últimos datos del mes de julio, han superado los siete millones de personas: el 14,3% del total nacional. A ellos se añade un promedio de 190.000 personas que se nacionalizan anualmente desde 2020, una cifra que ha alcanzado su máximo de la serie el pasado año con más de 250.000 nacionalizaciones tramitadas. Actualmente, 8,8 millones de ciudadanos que viven en España han nacido en el extranjero, es decir, el 18,2% del total de la población.

Para los principales organismos y expertos internacionales, la inmigración se ha convertido en una de las claves del crecimiento económico español e identifican un círculo virtuoso entre incremento del PIB y llegada de nuevos ciudadanos. El FMI atribuye parte del vigor de la recuperación pospandemia al aumento de la fuerza laboral procedente del exterior, que ha sostenido el empleo y el PIB en un contexto de envejecimiento acelerado. La OCDE refuerza esta visión al señalar que, ante la futura caída de la población activa por la baja natalidad, la inmigración es esencial para mantener el potencial de crecimiento. Del mismo modo, el Banco Central Europeo subraya que los trabajadores extranjeros han sido un motor directo de expansión económica, al aliviar la escasez de mano de obra y ampliar la oferta de trabajo.

La capacidad para atraer e integrar talento extranjero se está convirtiendo en una de las principales fortalezas de la economía española, reconocida y envidiada por analistas internacionales. Los mismos analistas observan con preocupación cómo en muchos de los países de Europa y en Estados Unidos se aplican políticas restrictivas a la inmigración, pese a que todos los elementos objetivos recomiendan lo contrario. España está definiendo una vía alternativa para afrontar el futuro dentro de un marco occidental de limitación de la inmigración.

¿Cómo afrontar el envejecimiento de la población, la despoblación de los espacios rurales o los enormes retos de la transformación digital y de la descarbonización de la economía contando con una población envejecida y sin capacidad de reemplazo?

El origen de la inmigración es otro de los factores que definen la excepción demográfica española. En su mayoría, y crecientemente, los inmigrantes que llegan proceden de América Latina y comparten, por tanto, lengua y una profunda afinidad cultural. En el último año, cerca del 70% del incremento de los residentes extranjeros tenía origen latinoamericano, especialmente de Colombia, Venezuela y Perú.

Ninguno de los factores estructurales que determinan la inmigración va a cambiar a corto y medio plazo. Los modelos gravitacionales, los mejores predictores de los flujos migratorios, indican que su intensidad depende fundamentalmente de las diferencias entre la situación económica de los países de origen y los de destino, así como de la existencia o no de redes de compatriotas y afinidades culturales y lingüísticas. Las políticas migratorias de los países de acogida pueden contribuir a reducir los flujos migratorios, pero para que su efecto sea significativo son necesarios cambios profundos. Hasta ahora, las propuestas del Partido Popular (PP) se han orientado a introducir criterios de selección para los inmigrantes, vinculados a su inserción en sectores con escasez de mano de obra o a la demostración de afinidad lingüística o cultural para obtener la residencia o la nacionalidad. No se han propuesto medidas como introducir visados de entrada u otro tipo de actuaciones con efectos reales en el flujo de entrada de inmigrantes, medidas que, por otra parte, supondrían un cambio importante en la relación con la mayor parte de los países latinoamericanos que no parece estar en la agenda.

El profundo desequilibrio en niveles de renta, seguridad y expectativas entre los grandes países latinoamericanos y España no es previsible que se reduzca en los próximos años y las redes de compatriotas no harán sino consolidarse. Por tanto, si la economía española continúa creciendo como está previsto por encima del 2% al menos hasta 2028-2029, continuaremos recibiendo importantes entradas de población migrante, fundamentalmente de origen latinoamericano. La llegada de Trump a la Casa Blanca y su poderoso mensaje de rechazo hacia lo latino incrementarán aún más el atractivo de España como destino migratorio al otro lado del Atlántico. 

De hecho, tanto el INE como Eurostat proyectan la singularidad demográfica como una tendencia estructural para la próxima década. El instituto español prevé que en 2030 la población española habrá aumentado en más de tres millones de personas, mientras que la Comisión es más prudente y reduce el crecimiento en torno a los 2,1 millones. Sin embargo, prevé un avance demográfico que superará en casi un 4% al de Alemania, duplicará el de Francia y contrastará con las importantes pérdidas de población de Italia y Polonia.

El tercer y no menor elemento diferencial de la realidad demográfica española era hasta hace poco nuestra mayor tolerancia y capacidad de acogida hacia la inmigración en comparación con otros países europeos. Así lo venían demostrando de forma reiterada los estudios de opinión, aunque el notable crecimiento de la percepción de la inmigración como problema, reflejado en los más recientes barómetros del CIS, pone en cuestión este rasgo distintivo.

La clave para poder continuar manteniendo el círculo virtuoso entre demografía y crecimiento económico reside en anticiparse y fortalecer las políticas públicas que aseguren una mejor integración de quienes están por llegar, más allá de los estériles debates públicos sobre la inmigración que en estos últimos meses estamos padeciendo. Gobierne quien gobierne en los próximos años tendrá que afrontar el reto de acoger y continuar gestionando la excepción demográfica española." 

(Santiago Fernández Muñoz , Agenda Pública, 16/10/25) 

15.9.25

España está a punto de alcanzar —por primera vez en su historia— los 50 millones de habitantes... no por tener más hijos, sino por incorporar a más personas nacidas fuera de nuestras fronteras... un flujo migratorio que se ha convertido en los últimos 25 años en una necesidad estructural para sostener nuestra economía, nuestro Estado del bienestar y nuestra cohesión social... detrás del número hay un reto: cómo convertir esta nueva realidad demográfica en una oportunidad de progreso, inclusión y sostenibilidad... diez millones de personas nacidas en el extranjero —de los que 2,6 millones han adquirido la nacionalidad española— residen hoy en España... cuando desaparezca la actual generación de los baby boomers, la mía, cerca del 40% de los residentes habrán nacido fuera del país. Afortunadamente. Si no fuese así, el invierno demográfico, compartido con otros países europeos, nos devolvería a ese país de menos de 35 millones de habitantes, insostenible... Necesitamos incorporar, formar y retener talento diverso, adaptarnos a nuevas realidades culturales y sociales, y aumentar la productividad para compensar el envejecimiento de la fuerza de trabajo... la demografía deja de ser una variable pasiva para convertirse en un factor activo que condiciona el modelo de país... La planificación demográfica debe ser una política de Estado. No basta con reaccionar ante los datos; hay que anticiparse a las tendencias. Hay que diseñar ciudades que respondan a las nuevas formas de vida, sistemas educativos que preparen para una sociedad más diversa, modelos de atención que respondan al envejecimiento, y políticas migratorias que no solo regulen, sino que integren. Gobernar la demografía es gobernar el país. Alcanzar los 50 millones de habitantes no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Es el umbral de una nueva etapa en la historia demográfica de España, marcada por la diversidad, la longevidad, la movilidad y la transformación de los vínculos sociales (Daniel Manzano)

 "Cincuenta millones. Un número redondo, simbólico, aparentemente triunfal. España está a punto de alcanzar —por primera vez en su historia— los 50 millones de habitantes. Pero este hito demográfico, antes que ser una señal de vigor poblacional es el reflejo de una transformación profunda, compleja y estructural. Estamos creciendo, también económicamente, más que los países de nuestro entorno en estos últimos años; pero, sobre todo, nos estamos transformando a mayor velocidad. 

La cifra encierra una aparente paradoja: llegamos a los 50 millones no por tener más hijos, sino por incorporar a más personas nacidas fuera de nuestras fronteras. Es el resultado de flujos migratorios que, más allá de una tendencia, se han convertido en los últimos 25 años en una necesidad estructural para sostener nuestra economía, nuestro Estado del bienestar y nuestra cohesión social. En un país con una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo, y al tiempo con una de las poblaciones más longeva y cada vez más envejecida, tal crecimiento, siendo síntoma de vitalidad económica, plantea sobre todo un mundo diferente al del crecimiento orgánico tradicional de la población española de décadas anteriores.

Este nuevo país que emerge —más diverso, más urbano, más fragmentado en hogares pequeños— exige una mirada distinta. Porque detrás del número hay un reto: cómo convertir esta nueva realidad demográfica en una oportunidad de progreso, inclusión y sostenibilidad. Y cómo evitar, como señalaba en otro artículo en estas mismas páginas hace un año, que la demografía nos siga atropellando.

La natalidad en España continúa en niveles históricamente bajos. La tasa de fecundidad apenas supera 1,1 de hijos por mujer, muy lejos del umbral de reemplazo generacional. De hecho, nuestro crecimiento vegetativo es negativo desde hace ya casi una década, y la única razón por la que la población total aumenta y no disminuye es la inmigración. Cerca de diez millones de personas nacidas en el extranjero —de los que 2,6 millones han adquirido la nacionalidad española— residen hoy en España. Más del 80% han venido a nuestro país en los últimos 25 años, y su peso relativo no deja de crecer. Tanto que, según las últimas proyecciones del INE, cuando desaparezca la actual generación de los baby boomers, la mía, cerca del 40% de los residentes habrán nacido fuera del país. Afortunadamente. Si no fuese así, el invierno demográfico —compartido con otros países europeos, y no sólo— nos devolvería a ese país de menos de 35 millones de habitantes —insostenible en ese futuro por la estructura de edades— que vio nacer a dicha generación hace más de medio siglo. Este dato, por sí solo, revela la magnitud del cambio que estamos viviendo.

Efectivamente, no se trata solo de cuántos somos, sino de cómo somos. La estructura por edades se está “desequilibrando” rápidamente. La proporción de personas mayores aumenta, mientras que la base joven se estrecha. La ratio de dependencia —el número de personas inactivas por cada persona activa— se aproxima a niveles que ponen en tensión el sistema de pensiones, la sanidad y los cuidados. En este contexto, el mercado laboral se convierte en un espacio clave de integración y sostenibilidad. Necesitamos incorporar, formar y retener talento diverso, adaptarnos a nuevas realidades culturales y sociales, y aumentar la productividad para compensar el envejecimiento de la fuerza de trabajo. También para aumentar una renta per cápita que no acaba de despegar en este nuevo marco.

Los hogares también están cambiando. Como decía, cada vez son más pequeños, más urbanos, más solitarios. Más de la mitad de los hogares españoles están formados por una o dos personas, y en apenas una década serán dos de cada tres. Y al mismo tiempo, se intensifica la concentración territorial en grandes polos urbanos, mientras muchas zonas rurales y periféricas sufren una regresión poblacional que amenaza, si no condena, su viabilidad. Este fenómeno tiene implicaciones profundas en el modelo de vivienda, en la planificación urbana, en la prestación de servicios públicos. La demanda de vivienda accesible, bien localizada y adaptada a nuevas formas de convivencia se convierte en una prioridad estructural.

La diversidad cultural, lingüística y generacional que acompaña este crecimiento poblacional plantea nuevos desafíos de cohesión social. La integración no puede ser solo una cuestión administrativa; debe ser una política activa, transversal, que abarque la educación, el empleo, la sanidad, la participación ciudadana. La convivencia en una sociedad más plural exige diálogo, reconocimiento mutuo y políticas que fomenten el sentido de pertenencia. Porque el riesgo no está en ser diversos, sino en no saber gestionar esa diversidad.

En este contexto, la demografía deja de ser una variable pasiva para convertirse en un factor activo que condiciona el modelo de país. Alcanzar los 50 millones debe ser una oportunidad para repensar nuestras políticas públicas, nuestras prioridades estratégicas, nuestra visión de futuro. No podemos permitirnos que este crecimiento sea desordenado, desigual o insostenible. Necesitamos una estrategia demográfica que no solo gestione el presente, sino que diseñe el futuro y permita restañar la brecha de productividad frente a los países de nuestro entorno, nuestro histórico talón de Aquiles. Una estrategia que articule vivienda, educación, sanidad, integración y sostenibilidad territorial.

La planificación demográfica debe ser una política de Estado. No basta con reaccionar ante los datos; hay que anticiparse a las tendencias. Hay que diseñar ciudades que respondan a las nuevas formas de vida, sistemas educativos que preparen para una sociedad más diversa, modelos de atención que respondan al envejecimiento, y políticas migratorias que no solo regulen, sino que integren. Gobernar la demografía es gobernar el país.

Alcanzar los 50 millones de habitantes no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Es el umbral de una nueva etapa en la historia demográfica de España, marcada por la diversidad, la longevidad, la movilidad y la transformación de los vínculos sociales. Pero también por la urgencia de adaptar nuestras estructuras, nuestras políticas y nuestras mentalidades a una realidad que ya está aquí.

La demografía, además de números, es una cuestión de equilibrios, de cohesión, de sostenibilidad. Realmente es el telón de fondo sobre el que se proyectan los grandes desafíos del país: el modelo productivo, el sistema de pensiones, la vivienda, la educación, la sanidad, la integración. Y es el espejo en el que se reflejan nuestras decisiones colectivas, nuestras prioridades, pero también nuestras omisiones.

Si no gobernamos la demografía, será la demografía quien nos gobierne. Y lo hará con la misma o más velocidad con la que ha cambiado en los últimos años. Por eso, alcanzar los 50 millones debe ser una llamada a la acción: para planificar, para integrar, para innovar. Y para ser un país más consciente de su diversidad." 

(Daniel Manzano , El País, 14/09/25)

12.7.25

Inmigración y mercado de trabajo en España: Todo el crecimiento demográfico que ha experimentado España en lo que va de siglo se debe a la recepción de inmigrantes... así la población española ha crecido un 23% en lo que va de siglo, un incremento que triplica el aumento medio que se ha producido en este periodo en los demás países de Europa occidental... representa el 23% de la población ocupada en España. El 90% del empleo nuevo creado desde enero de 2024 a marzo de 2025 ha sido ocupado por inmigrantes... Varios sectores de actividad dependen ya completamente o en gran medida del empleo inmigrante. Por ejemplo, el 72% del empleo en el servicio doméstico y el 45% en la hostelería es inmigrante... el 26% de los inmigrantes de países de renta baja con título universitario encuentran empleo únicamente en trabajos que no requieren esa cualificación. En buena parte este “despilfarro” de sus cualificaciones se debe al larguísimo proceso de reconocimiento de sus títulos (Carmen González Enríquez)

 "Mensajes clave

  • La población inmigrante en España supera ya los nueve millones de personas y crece a un ritmo de 600.000 personas anuales desde el fin de la pandemia.
  • La población inmigrante representa el 23% de la población ocupada en España. El 90% del empleo nuevo creado desde enero de 2024 a marzo de 2025 ha sido ocupado por inmigrantes.
  • El nivel educativo medio de la inmigración que recibe España es bajo y se emplea en un tipo de puestos de trabajo que requiere poca cualificación.
  • Varios sectores de actividad dependen ya completamente o en gran medida del empleo inmigrante. Por ejemplo, el 72% del empleo en el servicio doméstico y el 45% en la hostelería es inmigrante.
  • El abandono educativo es muy alto entre los adolescentes y jóvenes de origen inmigrante, triplicando al de los autóctonos, lo que implica dificultades para su integración laboral y social.    

Análisis
Este documento es el primero de una serie de análisis que el Real Instituto Elcano publicará a lo largo de los próximos meses sobre la integración laboral de los inmigrantes en España. Así, para los diferentes grandes grupos poblacionales nacidos en el extranjero se analizarán los datos más relevantes sobre niveles educativos, tasas de ocupación, actividad y paro, sectores de empleo e ingresos salariales.

El objetivo es obtener una foto panorámica que permita conocer a grandes rasgos cómo se está produciendo la integración laboral de los inmigrantes en España. Esa integración laboral de los migrantes adultos es una de las más importantes precondiciones para su integración social y para su plena aceptación por la sociedad mayoritaria.

En este primer análisis se presentan datos del conjunto de la población migrante, dividida por orígenes, que se complementarán en estudios sucesivos con investigaciones específicas dedicadas a cada uno de los mayores grupos de inmigrantes en España, como los latinoamericanos, los europeos de países de renta alta y los africanos.

El análisis dedica una primera parte a mostrar las características básicas de la inmigración en España para presentar en la segunda parte los datos referidos a su integración en el mercado de trabajo.

Las principales fuentes utilizadas para la redacción de este texto son el Padrón Continuo de Población, la Estadística Continua de Población y la Encuesta de Población Activa (EPA) (microdatos de la EPA del 4º Trimestre de 2024), todos ellos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

1. El contexto: tamaño, composición y características de la inmigración en España

Conviene comenzar esta descripción con una nota previa: en este texto se adopta la definición de migrante internacional que usa la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su División de Población. Migrante internacional es la persona que vive en un país diferente al que nació. Por tanto, según esta definición, los inmigrantes lo son al margen de cuál sea su estatus legal en el país de residencia, ya sean regulares, irregulares o nacionalizados, ricos o pobres, inmigrantes laborales o refugiados políticos.

Definidos como “nacidos en el extranjero”, y según los datos más actuales ofrecidos por el INE, en su Estadística Continua de Población, el número total de inmigrantes en España es de 9.379.972 personas (cifras provisionales a 1 de enero de 2025), lo que supone un 18% de la población total. Esta población compone la inmigración de primera generación (es decir, la nacida fuera). Algunos países incluyen en sus cifras sobre inmigración la segunda generación, es decir a los descendientes de la primera, e incluso en algunos casos, generaciones sucesivas. La causa de esta atención a las segundas y posteriores generaciones es la constatación en numerosos países de que muchos de esos descendientes de inmigrantes se enfrentan a dificultades específicas que amenazan su integración exitosa. En España, la segunda generación de inmigrantes, definida como la formada por los hijos de padre y/o madre nacidos fuera, alcanza ahora los 3.100.000 individuos (EPA 4T 2024). De ellos, 1.800.000 son hijos de padre y madre inmigrantes y 1.300.000 son hijos de sólo un progenitor inmigrante.

Una parte importante de los inmigrantes de primera generación que ahora residen en España ha obtenido la nacionalidad española, en total 2.800.000 personas, la mayor parte de ellos latinoamericanos, según los datos del Padrón a 1 de enero de 2024. Por esta razón, los datos sobre población de “extranjeros” en España son sustancialmente inferiores a los que se refieren a la población inmigrante.

Todo el crecimiento demográfico que ha experimentado España en lo que va de siglo se debe a la recepción de inmigrantes. La reducción del número de hijos por mujer es un fenómeno que afecta cada vez más a todos los continentes, de tal modo que en la actualidad casi toda Europa, América, Oceanía y parte de Asia se encuentran ya por debajo de la tasa de reemplazo (2,1 hijos por mujer) y, por tanto, en camino hacia la disminución de su población total. España se encuentra desde hace años entre los países de menor tasa de fertilidad en el mundo (1,12 hijos por mujer) y en consecuencia su población, sin inmigración, sería hoy inferior a los 40 millones con que contaba a comienzos de siglo. Pero la inmigración ha hecho mucho más que evitar el descenso demográfico: ha causado un aumento sustancial de la población total.

En conjunto la población española ha crecido un 23% en lo que va de siglo, un incremento que triplica el aumento medio que se ha producido en este periodo en los demás países de Europa occidental, en concreto en los que pertenecían ya a la Unión Europea (UE) al comenzar el siglo.

En función de sus orígenes, la población inmigrante en España es muy diversa, con representación de todos los continentes y con más de 50 países de los que proceden al menos 9.000 personas,[1] y 22 países con más de 100.000. El origen de mayor presencia es el de Marruecos, con más de un millón de inmigrantes a comienzos del 2024, seguido por Colombia, con 850.000. Sin embargo, el conjunto de los inmigrantes latinoamericanos supera en mucho a cualquier otro grupo, y constituye uno de los rasgos más peculiares de la inmigración en España: la inmigración latinoamericana supone el 47% del total.

Esta preeminencia de los migrantes latinoamericanos, cercanos por su idioma y su religión a la población mayoritaria española, forma un contexto social muy diferente al dominante en los países de Europa Occidental, en los que la inmigración extraeuropea proviene mayoritariamente de Asia y África. Este predominio de la inmigración latinoamericana en España es resultado, en primer lugar, de la exención de visado que permite la entrada libre a los nacionales de la mayoría de sus países; en segundo lugar, del efecto “red”, que atrae a los inmigrantes hacia los lugares donde ya se han instalado previamente conocidos, familiares o amigos; en tercer lugar, de la reagrupación familiar; y, en cuarto, de las facilidades que España ofrece para la nacionalización a los inmigrantes procedentes de América Latina, que pueden acceder a ella tras dos años de estancia legal, frente a los 10 años que se exige al resto de los inmigrantes.[2]

A gran distancia de la inmigración latinoamericana se encuentran la europea procedente de Estados miembros de la UE (18%), la africana (17%), la de los europeos no-UE (9%) y la asiática (6%), básicamente china y paquistaní. En el Anexo II puede verse el listado completo de la procedencia por países de los inmigrantes.

La juventud suele ser una característica de la migración internacional analizada como flujo: son los jóvenes los que más a menudo toman la decisión de abandonar su país. En España, la pirámide de edad de la población inmigrada es sustancialmente más joven que la de la población autóctona, en buena parte por el continuo aporte de nueva inmigración que se está produciendo desde que el país se recuperó de la crisis económica de 2008-2014, con la salvedad del periodo 2020-2021 (COVID-19). Desde enero del 2022, se ha instalado en España una media anual de 600.000 inmigrantes al año (datos netos, es decir, excluyendo a los que han salido del país). Con frecuencia los inmigrantes llegan acompañados por sus hijos menores o los reagrupan posteriormente, añadiendo así más “juventud” al carácter del flujo migratorio.

Incluso la inmigración procedente de países europeos occidentales es ahora más joven que la autóctona. En contra del estereotipo que identificaba a los inmigrantes de países ricos europeos con los jubilados residiendo en las costas españolas, la inmigración que procede ahora de esos países está concentrada en las edades de máxima actividad económica. De hecho, el 67% tiene entre 20 y 59 años (inmigrantes UE-27 excluyendo a los que provienen de Rumanía, Bulgaria y Portugal). Como resultado de este proceso, los inmigrantes de cualquier origen suponen ya el 29% de la población residente en España de entre 25 y 49 años. En el grupo de mayor concentración, el de 30 a 34 años, hay 52 inmigrantes por cada 100 autóctonos (34% del total de ese grupo de edad).

En la estructura de edad de la población nacida en España puede detectarse el efecto de la llegada de inmigrantes jóvenes en edad reproductiva (Figura 1). Como ya se ha mencionado, los hijos nacidos en España, descendientes de padre y/o madre inmigrante, representan ya más de tres millones de personas. A su vez, la natalidad procedente de madres autóctonas se ha reducido sustancialmente: en el periodo 2009 a 2023 ha disminuido en un 42%.[3] En consecuencia, entre los menores de tres años, los hijos de padre y/o madre inmigrante forman ya el 30%.[4]

En función de la nacionalidad, el origen geográfico y el origen geográfico de sus padres, la población residente en España se distribuye como muestra la Figura 2. Se utilizan aquí los datos de la EPA, ya que el Padrón no permite identificar a los componentes de las segundas generaciones. En la figura se denomina Población Autóctona a la nacida en España, de padre y madre nacidos también en España. Compone en la actualidad el 75% de la población total. Se denomina “Segunda generación” a la nacida en España de padre y/o madre nacidos fuera de España. En el grupo de inmigrantes nacionalizados como españoles se incluye también a los que mantienen doble nacionalidad (la española y la de origen).

En cuanto a su origen geográfico, por grandes regiones, la Figura 3 nos muestra esta distribución, basada en los datos del Padrón a 1 de enero de 2024 (los datos referidos al 2025 no permiten este desglose).

La inmigración se distribuye de forma heterogénea en el territorio español, con hasta 15 provincias donde ya suponen más del 20% de la población (Figura 4). Entre éstas dominan los polos económicos y turísticos, como Madrid, Barcelona, las islas y la costa mediterránea. En conjunto, la inmigración es mayor en todo el este de la Península y disminuye hacia el oeste, con Extremadura y las provincias del norte de Andalucía ocupando el último lugar.

Finalmente, respecto al género, aunque existen notables desequilibrios en función del área de origen (sobrerrepresentación masculina en la inmigración africana y femenina en la procedente de América Latina y Europa del este), estos desequilibrios parciales se compensan mutuamente, y en su conjunto la población inmigrante se muestra equilibrada con una ligera mayoría de mujeres del 51%, similar a la que suele presentar cualquier población de manera natural. En análisis sucesivos sobre grupos específicos de inmigrantes se mostrará la composición por género correspondiente.

2. La integración de los inmigrantes en el mercado laboral español

Además de la heterogeneidad de sus orígenes, los inmigrantes son muy plurales en función de variables relevantes que afectan a su modo de integración, como su nivel educativo, su participación en el mercado de trabajo y su nivel de ingresos. Para mostrar esa diversidad y para compararla con la situación de la población autóctona, se ha realizado este análisis de los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA, cuarto trimestre de 2024).

El estudio se ha ocupado de los individuos situados entre los 25 y los 59 años de edad, para excluir a los jóvenes aún en formación y a los adultos ya retirados del mercado laboral[5] y homogeneizar así los colectivos a comparar, ya que entre los inmigrantes la población de más de 59 años es aún muy pequeña en comparación con la autóctona.

En la explotación de estos microdatos, se ha agrupado a la población de 25 a 59 años en varios grupos: (a) población autóctona; (8) inmigrantes procedentes de países de alta renta per cápita, similar o mayor que la española (en adelante inmigrantes PAR); (c) inmigrantes procedentes de países de baja renta per cápita, inferior a la española, (en adelante inmigrantes PBR); e (d) inmigrantes de segunda generación (nacidos en España con padre y madre nacidos en países de baja renta per cápita[6]). A su vez, los inmigrantes procedentes de países de menor renta per cápita se han distribuido en función de sus orígenes en cuatro grupos: latinoamericanos, europeos (rumanos, búlgaros, ucranianos…), africanos y asiáticos. En el Anexo 1 se presentan los detalles de esta agrupación.

Uno de los principales factores que afectan a la integración en el mercado de trabajo es el nivel educativo, en el que se observan importantes diferencias en función del origen geográfico (Figura 5). Así, mientras que el 49% de los autóctonos y el 57% de los inmigrantes de países PAR tienen un título universitario o de FP superior, entre el conjunto de los inmigrantes de países PBR ese porcentaje alcanza al 26%. A su vez, este último conjunto es muy heterogéneo, ya que mientras los latinoamericanos y europeos de países PBR presentan porcentajes del 32% y 28% respectivamente, en el caso de los africanos éste se reduce al 10%.

Especialmente preocupante resulta el bajo nivel educativo logrado por los inmigrantes de segunda generación: el 39% sólo tiene el título correspondiente a la educación secundaria obligatoria y sólo el 25% de ellos ha obtenido un título universitario, 24 puntos por debajo de los autóctonos.[7] Este dato muestra que se está produciendo un fracaso en la integración que afecta a buena parte de las segundas generaciones de inmigrantes en España: varios estudios han advertido sobre la alta tasa de abandono escolar de los alumnos hijos de inmigrantes (o inmigrantes ellos mismos en el caso de los llegados a España en su infancia o adolescencia), especialmente de los varones, y sobre el riesgo que eso implica para su integración posterior en el mercado de trabajo, y, en conjunto, para su integración social.[8]

Respecto a la tasa de actividad[9], ésta supera el 80% para todos los colectivos, a excepción de africanos y asiáticos (Figura 6). En el caso africano y en el paquistaní, la baja tasa de actividad está relacionada, no sólo con los bajos niveles educativos, sino con el carácter tradicional de sus funciones de género, que asignan a la mujer la permanencia en el hogar y la no participación en el mercado de trabajo. Sólo el 46% de las mujeres inmigrantes procedentes de África son activas, frente al 87% de los hombres de este grupo yo al 84% de las mujeres autóctonas (Figura 7).

En cuanto a la tasa de ocupación,[10] todos los grupos presentan niveles inferiores a los de la población autóctona (80%), aunque con diferencias pequeñas en el caso de los inmigrantes de países de alta renta per cápita o en el de los latinoamericanos. Sin embargo, entre los demás grupos, la diferencia es de más de nueve puntos porcentuales y llega a los 11 en el caso de los adultos que forman parte de la segunda generación de inmigrantes y a los 28 en el caso de los inmigrantes procedentes de África.[11]

En coherencia con estas tasas de actividad y de ocupación, las tasas de paro son muy superiores entre el conjunto de inmigrantes procedentes de países de menor renta en comparación con los autóctonos (Figura 8) y, en particular, entre los inmigrantes africanos, que triplican la tasa de los autóctonos, pero también entre los inmigrantes ya adultos de segunda generación, que la duplican. 

De nuevo las bajas tasas de ocupación y las altas tasas de paro de la segunda generación de inmigrantes muestran que ya está produciéndose un fracaso que implica un riesgo para la cohesión social y un coste para el estado de bienestar.

El nivel educativo de la población inmigrante también condiciona el tipo de actividad a la que se incorpora. Los inmigrantes de PBR se concentran en cuatro sectores, que acumulan más de la mitad de su fuerza laboral: la hostelería, el comercio, la construcción y la industria manufacturera (Figura 9). Respecto a la industria, los inmigrantes se ocupan básicamente en las relacionadas con la alimentación: industrias cárnicas, panificadoras, conserveras, lácteas… que agrupan a un 30% de todos los inmigrantes PBR empleados en este sector.

La concentración sectorial es especialmente alta en el caso de los asiáticos. En este grupo, tres de cada cuatro se ocupan en el comercio o la hostelería. Respecto a la segunda generación, descendientes de inmigrantes PBR, su concentración es muy alta en dos sectores, comercio y hostelería, que emplean al 53% de los ocupados en este grupo.

En términos del peso de cada grupo de ocupados en cada sector, destaca el del servicio doméstico (Figura 10). En él el 71% de los ocupados (en su casi totalidad mujeres) son inmigrantes procedentes de países de renta baja y la mayor parte es la ocupada por mujeres latinoamericanas (53% del total de ocupados en el sector). El segundo sector que depende en mayor medida del trabajo inmigrante es el de la hostelería, con un 45%, seguido por la construcción (32%), la agricultura (31%) y las actividades administrativas y servicios auxiliares (28%). En el transporte, “otros servicios”, el comercio y las actividades inmobiliarias el porcentaje de población ocupada que procede de países de menor nivel de renta supera también el 20%.

En el extremo contrario, el de la menor presencia de inmigrantes, se encuentran los sectores de Educación y Administración Pública, Defensa y Seguridad Social. El grueso del empleo en estos sectores se corresponde con la función pública y los requisitos institucionalizados de entrada a esa función (exigencia de ciudadanía de la UE) impiden el acceso a los inmigrantes no nacionalizados. Por otra parte, el proceso selectivo de acceso favorece a las personas de alto nivel educativo. El resultado es que sólo un 4% de los inmigrantes procedentes de países de baja renta per cápita está empleado en el sector público (Figura 11).

Los inmigrantes se concentran en el sector privado como asalariados, con la excepción de los asiáticos. Casi la mitad de éstos ejerce como autónomos o empresarios.  En cuanto a la ocupación de los inmigrantes de países “ricos”, su presencia es alta en ámbitos laborales de “cuello blanco”: actividades profesionales, científicas, técnicas, educativas, informativas, financieras e inmobiliarias, con un alto porcentaje de autónomos.

En términos de categorías de ocupación, los inmigrantes PBR se concentran en las categorías de “ocupaciones elementales” (Figura 12), donde se encuentra la cuarta parte del total de empleados de este grupo –frente a sólo un 8% de los autóctonos–, y en el de “trabajadores de servicios”, con un 27% de inmigrantes PBR y un 18% de los autóctonos, mientras que los inmigrantes procedentes de países de alta renta se encuentran sobre todo entre los “técnicos y profesionales científicos e intelectuales». También entre los autóctonos éste es el grupo que recoge una mayor concentración de los ocupados.  

En conjunto, se ha producido una “segmentación” o “dualización” del mercado de trabajo, en la que los inmigrantes procedentes de países de menor renta per cápita se concentran en las actividades que requieren menor cualificación y mayor intensidad en trabajo físico (agricultura, comercio, hostelería, construcción, servicio doméstico, industrias de baja tecnificación…) y, dentro de esos sectores, en las categorías de más baja posición en la jerarquía organizativa.

Una derivada de esta distribución laboral son las diferencias en el salario percibido. La Encuesta de Población Activa no incluye preguntas sobre ingresos salariales, por lo que se recurre aquí a la estadística de bases medias de cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social. En este caso los individuos aparecen clasificados por nacionalidad y no por país de nacimiento, y sólo se recogen separadamente los de los países con altos números de cotizantes.[12]

La base media de cotización de los nacionales de países de renta alta es 179 euros superior a la de los nacionales españoles, un grupo que incluye a los inmigrantes nacionalizados (Figura 13). Hay que recordar que las bases de cotización a la Seguridad Social están “topadas” por arriba,[13] de modo que los salarios más altos, los que se pagan a los directivos en algunos sectores, no se reflejan en las bases de cotización. Por tanto, es muy probable que la diferencia salarial media sea superior a la que se recoge a través de las bases de cotización. Por su parte, la brecha en la base media de cotización entre los españoles y los nacionales de países de baja renta per cápita es de 532 euros, con los asiáticos en el extremo inferior.

El menor nivel educativo no es la única causa de la concentración de los inmigrantes de PBR en las actividades señaladas. Una parte de los inmigrantes con un título universitario (como se ha dicho, un 26% de los inmigrantes de PBR) encuentran empleo únicamente en trabajos que no requieren esa cualificación. En buena parte este “despilfarro” de sus cualificaciones se debe al larguísimo proceso de reconocimiento de sus títulos. Por otra parte, la sobre cualificación es un rasgo general del mercado de trabajo español, consecuencia de la muy alta proporción de individuos con títulos universitarios, aunque afecte en mayor medida a los inmigrantes. Más de la mitad (54%) de los inmigrantes con título universitario ocupa un puesto que no requiere esa cualificación, algo que sucede al 33% de los autóctonos con un título universitario.[14] Además de los problemas relacionados con la homologación de los títulos, esta diferencia es también resultado de la dificultad de los inmigrantes para acceder al sector público del empleo, aunque en algunos nichos específicos, como la medicina o la docencia y la investigación, su presencia es cada vez más visible.

Los datos de la EPA permiten también conocer la situación educativa de los jóvenes de entre 16 y 20 años que han acabado ya el periodo de educación obligatoria (en España hasta los 16 años) pero que, en su inmensa mayoría, no se han incorporado aún al mercado de trabajo.[15] En el caso de los autóctonos, el 86% continúa estudiando y lo mismo ocurre con el 84% de las segundas generaciones y con el 82% de los jóvenes inmigrantes procedentes de países de alta renta per cápita (Figura 14). Sin embargo, en el conjunto de los adolescentes inmigrantes (es decir, nacidos fuera) que proceden de países de baja renta (lo que suele denominarse como generación 1’5, llegada a España en la infancia o adolescencia) sólo el 67% sigue estudiando, con importantes diferencias internas. Estudian el 77% de los asiáticos de entre 16 y 20 años, pero sólo el 65% de los africanos y el 66% de los latinoamericanos.

De nuevo, estos datos resultan preocupantes desde la perspectiva de la futura integración laboral de los inmigrantes ahora más jóvenes e indican que la situación de la generación 1’5, es aún peor que la de la segunda generación, nacida en España. Esto indica, por otra parte, que el sistema educativo español es capaz de corregir algunas de las debilidades de origen con las que se incorporan a él los hijos de los inmigrantes, pero lo hace de modo insuficiente: los resultados son mejores para los que cursan toda su educación en España (la segunda generación) que para los llegados desde otros sistemas educativos, pero también en el primer caso son insuficientes para lograr una equiparación de sus capacidades con las de la población autóctona.

Conclusiones
España está experimentando un cambio transcendental en su mercado de trabajo con efectos aún poco estudiados sobre el conjunto de la economía y la sociedad. El grueso del empleo nuevo que se ha creado en los últimos años, desde la recuperación económica tras la pandemia, es el ocupado por inmigrantes, que representan el 90% del total del nuevo empleo creado en los cinco últimos trimestres que recoge la EPA (de enero de 2024 a marzo de 2025).

Este es el resultado de un crecimiento de la inmigración recibida tras la crisis de la pandemia con una media de 600.000 personas anuales, en términos netos, es decir, restando a los que abandonan el país, en un flujo compuesto en estos últimos años sobre todo por latinoamericanos.

La inmigración que procede de países PBR supone un 91% del total de la inmigración que se encuentra en las edades de mayor actividad laboral (entre 25 y 59 años), y una de sus características más relevantes es un bajo nivel educativo medio, sustancialmente inferior al de la población autóctona y, especialmente bajo en el caso de la inmigración procedente de Asia y de África. La llegada en los últimos años de miles de inmigrantes latinoamericanos de renta media y alta, con educación universitaria, es un fenómeno muy llamativo, pero aún minoritario en el conjunto de esa inmigración latinoamericana.

La inmigración PBR presenta menores tasas de ocupación que las correspondientes a la población autóctona de sus mismos grupos de edad, mucho mayores tasas de paro, y una actividad que se concentra en sectores de servicios de baja productividad y en consecuencia bajos salarios y por tanto bajas aportaciones al sistema de pensiones.

En el presente varios sectores dependen de modo mayoritario o muy relevante de la inmigración: el servicio doméstico, la hostelería, la construcción y la agricultura tienen entre sus empleados al menos a un 30% de inmigrantes, y estos ocupan prácticamente el total del nuevo empleo que crean esos sectores.

El peso poblacional de la inmigración sobre el conjunto crecerá en los próximos años: los niños inmigrantes, o hijos de inmigrantes, suponen ya el 32% del alumnado de Primaria y Secundaria obligatoria, a la vez que disminuye el número de hijos de mujeres autóctonas. Si se mantiene la evolución actual, la población de origen inmigrante pasará a representar una parte creciente del total. En este contexto, pensando en el futuro, preocupan especialmente los datos sobre los resultados educativos de la segunda generación y de la generación 1,5 de inmigrantes: su tasa de abandono educativo es del 33%, triplicando la de la población autóctona. Entre los nacidos en España hijos de padre y madre inmigrantes, con ya más de 25 años de edad, el 39% sólo tiene el título correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria, lo que implica su confinamiento en el mercado de trabajo español en tareas “elementales” de baja cualificación y su mayor riesgo de encontrarse en desempleo.

Todo esto supone a su vez efecto sobre la integración social de las segundas generaciones de inmigrantes. Como derivada a medio plazo puede esperarse una repercusión sobre la opinión pública española ante la inmigración, cada vez más cercana a la media europea, y, por tanto, consecuencias sobre el puesto que ocupa la inmigración en el debate político. (...)"

Carmen González Enríquez , José Pablo Martínez, Real Instituto Elcano, 09/06/25, notas y gráficos en el original)

23.4.25

Sin una mayor afluencia de migrantes extracomunitarios, muy pronto habrá una grave escasez de cuidadores de personas mayores en Europa... Uno de cada cinco europeos tiene ya 65 años o más, y en 2050 esa cifra alcanzará el 30%. Este cambio demográfico provocará un aumento del 23,5% en la demanda de trabajadores de cuidados de larga duración, pero ¿de dónde saldrán? El senitimiento antiinmigración no ayuda... Esta tensión entre actitudes públicas y realidades económicas amenaza el futuro de los cuidados de larga duración en Europa... La población europea envejece y, sin trabajadores inmigrantes, millones de familias tendrán dificultades para cuidar de sus seres queridos. Europa debe apoyar y proteger a los trabajadores, tanto inmigrantes como locales, del sistema asistencial por su propio bien... Unos salarios y condiciones laborales más justos son esenciales para atraer y retener tanto a los trabajadores inmigrantes como a los locales. La cooperación internacional entre la UE y terceros países también podría crear vías de migración éticas y reguladas (Zuzanna Marciniak-Nuqui, RAND Europa)

 "¿Quién cuidará de sus parientes mayores cuando usted no pueda? Es una pregunta a la que tienen que responder muchas familias europeas, a medida que se arraigan los cambios demográficos provocados por el envejecimiento de la población europea.

A medida que los seres queridos envejecen o se enfrentan a enfermedades y discapacidades de larga duración, la demanda de cuidados se dispara. Pero la mano de obra no da abasto. Uno de cada cinco europeos tiene ya 65 años o más, y en 2050 esa cifra alcanzará el 30%. Este cambio demográfico provocará un aumento del 23,5% en la demanda de trabajadores de cuidados de larga duración, pero ¿de dónde saldrán?

Ahora mismo, las cifras no cuadran. El sector europeo de los cuidados de larga duración emplea a unos 6,3 millones de personas, pero ya hay un déficit masivo de cuidadores. Millones de familias están interviniendo: 44 millones de europeos -en su mayoría mujeres- prestan cuidados informales no remunerados a familiares mayores. Esta carga no está suficientemente reconocida ni es sostenible. Nuestro reciente estudio muestra hasta qué punto los cuidadores inmigrantes cubren este vacío.

En toda la UE, casi el 10% de los cuidadores de larga duración son extranjeros. Algunos proceden de la UE, pero muchos llegan de Sudamérica (20%), África (12%) y Asia (10%). Una vez en Europa, cubren un vacío crítico en el sistema asistencial, asumiendo trabajos que los trabajadores locales no quieren o no pueden hacer. 

A pesar de su papel esencial, los cuidadores inmigrantes sufren a menudo un trato deficiente. Muchos trabajan con contratos temporales, cobran salarios más bajos que sus homólogos europeos y soportan condiciones de explotación. Algunos realizan trabajos no declarados, lo que les lleva a desempeñar funciones informales sin protección legal, haciéndoles vulnerables a los abusos.

En Noruega, los cuidadores inmigrantes tienden a ocupar puestos de menor categoría, incluso cuando sus cualificaciones igualan o superan las de sus colegas locales. También se les considera menos profesionales, a pesar de su experiencia y formación. En Alemania, una familia que contrató a una cuidadora polaca a través de una agencia se sorprendió al enterarse de que sólo cobraba 1.000 euros (860 libras) al mes, mientras que ellos pagaban 2.800 euros (2.400 libras), y la agencia se embolsaba la diferencia.

En algunos países de la UE, las restrictivas políticas de inmigración dificultan las cosas a los cuidadores inmigrantes. En Chipre y Malta, por ejemplo, a los cuidadores inmigrantes con visado temporal se les deniega el acceso a las prestaciones sociales, incluso después de años de servicio. Muchos también se enfrentan a barreras lingüísticas, lo que dificulta hacer valer sus derechos o el reconocimiento de sus cualificaciones. 

Escasez de mano de obra

 Casi todos los países de la UE se enfrentan a una grave escasez de mano de obra en el sector de los cuidados de larga duración. El problema se agrava en los países de renta baja, donde es más difícil atraer y retener a los cuidadores. Los bajos salarios y las difíciles condiciones de trabajo hacen que estos empleos resulten poco atractivos para la población local, lo que empuja a muchos a buscar trabajo en países de Europa Occidental mejor pagados.

Las disparidades son notables. En los Países Bajos, los trabajadores de cuidados de larga duración ganan el 96% del salario medio nacional por hora. En Bulgaria, sólo el 62%. Muchos países bálticos y de Europa del Este carecen también de servicios de asistencia a domicilio, lo que obliga a las familias a recurrir a residencias de ancianos con escasa financiación o a cuidados informales no regulados.

La Comisión Europea introdujo en 2022 el paquete de capacidades y talentos, para mejorar las condiciones y los procesos de migración legal de los trabajadores en sectores con escasez. Esto incluía una propuesta para el Fondo de Talentos de la UE, una plataforma digital para conectar a los empleadores de la UE con trabajadores cualificados de países no pertenecientes a la UE. La Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo aprobó el plan en marzo de este año, allanando el camino para un nuevo enfoque de la contratación internacional.

Si se aplica correctamente, esta iniciativa podría ayudar a colmar el déficit de mano de obra europea en el sector de los cuidados y ofrecer una vía legal y estructurada para que los inmigrantes cualificados se incorporen al sector. Pero la resistencia pública a la inmigración sigue siendo un gran obstáculo. 

Sentimiento antiinmigración

 Los europeos quieren que sus familiares mayores reciban cuidados de calidad, pero muchos no están dispuestos a aceptar que los trabajadores extranjeros sean una de las vías para conseguirlo. Esta tensión entre actitudes públicas y realidades económicas amenaza el futuro de los cuidados de larga duración en Europa.

Los estudios demuestran que los Millennials europeos occidentales (nacidos entre 1982 y 1991) son ahora más contrarios a la inmigración que los nacidos entre 1952 y 1961.

La UE reconoce la necesidad de trabajadores extranjeros, pero los políticos son reacios a defenderla públicamente. Las actitudes de la opinión pública hacia la inmigración siguen profundamente divididas, y a menudo se da preferencia a los inmigrantes procedentes de otros países de la UE o de Ucrania, tras la invasión rusa de 2022.

La dependencia de la UE de los cuidadores inmigrantes no hará sino aumentar en las próximas décadas. Sin embargo, la simple contratación de más trabajadores extranjeros no es una solución sostenible a menos que cambie el propio sistema.

Varias medidas podrían contribuir a garantizar que los cuidadores inmigrantes reciban un trato justo. En primer lugar, la introducción de un visado específico para los trabajadores extracomunitarios les garantizaría un estatus legal y seguridad laboral. Es necesario reforzar la protección jurídica contra los contratos abusivos y los salarios injustos. Y facilitar el reconocimiento de las cualificaciones extranjeras permitiría a los trabajadores cualificados asumir funciones que se ajusten mejor a su experiencia. 

Unos salarios y condiciones laborales más justos son esenciales para atraer y retener tanto a los trabajadores inmigrantes como a los locales. La cooperación internacional entre la UE y terceros países también podría crear vías de migración éticas y reguladas.

En resumidas cuentas: La población europea envejece y, sin trabajadores inmigrantes, millones de familias tendrán dificultades para cuidar de sus seres queridos. Europa debe apoyar y proteger a los trabajadores, tanto inmigrantes como locales, del sistema asistencial por su propio bien."

(Zuzanna Marciniak-Nuqui, RAND Europa, Joanna Hofman, RAND Europa, Brave New Europe, 21/04/25, traducción DEEPL, enlaces en el original, fuente  The Conversation)

18.2.25

Los españoles en edad de trabajar caen en casi un millón en seis años... La llegada de dos millones de extranjeros evita el impacto en la economía del envejecimiento de la población... El invierno demográfico ya está aquí, y está redibujando con una fuerza demoledora el funcionamiento de la economía... Al 'baby boom' le ha seguido un 'baby collapse', que, en gran medida explicaría, por un lado, el extraordinario avance de la población inmigrante en el mercado laboral y, por otro, los problemas de vacantes que señalan los empresarios... el fenómeno hace imprescindible la entrada de foráneos para paliar el declive demográfico. De hecho, los inmigrantes ya están aguantando el mercado laboral... En euros, la inmigración aportaría al PIB más de 60.000 millones... Esto explica parte del crecimiento diferencial de la economía española respecto a la atonía de la zona euro... España está tirando más a fuerza de traer gente de fuera que trabaje... la ventaja de atraer población: genera más recaudación que permite pagar las pensiones y la deuda, hace que las empresas ingresen más y capten una mayor inversión, y facilita los ajustes porque cuando el mercado de una empresa crece mucho basta con congelar gastos y salarios para recuperar la competitividad (Antonio Maqueda, El País)

 "El invierno demográfico ya está aquí. Llama a la puerta con aldabonazos inapelables: según el censo continuo del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde enero de 2019 se han perdido unas 930.000 personas nacidas en España en edad de trabajar, entendido como el grupo con edades entre 20 y 64 años. No obstante, esa pérdida de capital humano se ha visto más que compensada en números por la llegada de foráneos: en esas mismas edades el colectivo de los nacidos en el extranjero creció durante el mismo periodo en unos 2,1 millones. Sin ellos no se podría haber mantenido el dinamismo del mercado laboral y la actividad económica se habría resentido.

 El envejecimiento de la población española avanza lento pero inexorable, como un gran transatlántico. Y está redibujando con una fuerza demoledora el funcionamiento de la economía. Ya nada será igual: en 2024, según la Encuesta de Población Activa (EPA), de los 468.000 puestos de trabajo que se crearon, solo 59.000 fueron ocupados por nacionales. El 88% del empleo generado el año pasado se debió a trabajadores extranjeros o de doble nacionalidad. Y bajo esta realidad subyace otra que explica este auge del empleo inmigrante: en 2024, con datos de la EPA, se perdieron 335.000 personas de nacionalidad exclusivamente española en la franja de población entre 25 y 54 años, supuestamente la edad óptima para la actividad laboral, mientras que aumentaba en 258.000 la que tiene más de 55 años.

 Conforme envejece la generación del baby boom español, aquella que nació entre finales de los cincuenta y finales de los setenta, el grueso de la población se desplaza hacia edades más cercanas a la jubilación y con menores tasas de actividad. La tradicional pirámide demográfica se está transformando de forma irremediable en una hucha con la parte ancha cada vez más arriba. Si nos remontamos a finales de 2019, según la EPA se han perdido 1,2 millones de población nacional en las cohortes entre 25 y 54 años. Al mismo tiempo, el segmento de 55 años en adelante sube en 1,17 millones.

Estos números muestran el acusado proceso de envejecimiento. Se trata de movimientos tectónicos que empezaron hace décadas y que son el resultado de las caídas que hubo en las tasas de natalidad hace 20 o 30 años respecto a las que había hace 50 o 60. Al baby boom le ha seguido un baby collapse. Y en gran medida explicaría, por un lado, el extraordinario avance de la población inmigrante en el mercado laboral y, por otro, los problemas de vacantes que señalan los empresarios.

 Consecuencias del envejecimiento

El envejecimiento ya está sucediendo y sus efectos son inevitables. Provoca más bajas laborales, más colas en la sanidad, menos movilidad laboral y una menor productividad, ya que cuanto más trabajadores mayores hay, menos se innova y menos tecnología se usa. Afecta a los tipos de trabajo que se pueden desarrollar y precisa formación para poder alargar las vidas laborales. Genera un consumo más reducido porque ya han adquirido muchos bienes duraderos, disminuyendo la demanda de productos que requieren más inversión como los coches. En la medida en que se acercan a la jubilación, engordan su ahorro. Impacta en la fiscalidad porque al consumir menos se ingresa menos por el IVA —en cambio, reúnen más patrimonio—. Y, sobre todo, plantea retos de primer orden para financiar las pensiones.

En cualquier caso, el fenómeno hace imprescindible la entrada de foráneos para paliar el declive demográfico. De hecho, los inmigrantes ya están aguantando el mercado laboral: de los 1,9 millones de empleos creados desde finales de 2019, 540.000 son nacionales, 850.000 extranjeros y 500.000 tienen doble nacionalidad —solo Ecuador, Colombia, Venezuela, Argentina y Uruguay copan el 75% de los de doble nacionalidad—. Es decir, los trabajadores de origen foráneo representan el 70% de la ocupación generada en el último lustro.

 Una aportación superior a los 60.000 millones

Valgan unos cálculos aproximados: si se toma el PIB, entre 2022 y 2024 la ocupación ha supuesto 8,8 puntos del crecimiento. Dado que alcanzan un 70% del empleo creado y que sus salarios son casi un 30% menores, esto significa que pueden haber supuesto más de 4 puntos del avance registrado en la economía durante el último trienio. En euros su aportación al PIB superaría los 60.000 millones.

Esto explica parte del crecimiento diferencial de la economía española respecto a la atonía de la zona euro. Una economía puede crecer básicamente por dos motivos: o pone a más gente a trabajar o hace más con lo que ya tiene, es decir, mejora su productividad. En este caso, España está tirando más a fuerza de traer gente de fuera que trabaje. Esto tiene efectos sobre el crecimiento per cápita, que en realidad no está avanzando tanto como lo hace el conjunto de la economía y, en parte, explica esa sensación de que tras la crisis inflacionaria todavía queda por recuperar algo de poder adquisitivo en algunos grupos.

Sin embargo, una economía que crece a golpe de incorporar efectivos tiene numerosas ventajas: comparen dos tribus que deben 50 sacos de grano cada una. Las dos cuentan con 50 miembros. Pero en la primera pasa el tiempo y duplican el grupo hasta las 100 personas. En cambio, en la segunda su población se estanca. Aunque ambos clanes siguen debiendo lo mismo, ahora el esfuerzo del primer colectivo para pagar su deuda se ha reducido a la mitad. Toca a medio saco por cabeza. Su capacidad para generar riqueza es mayor simplemente a fuerza de sumar efectivos. En el segundo tendrán que sufrir más para devolverla

 Es la ventaja de atraer población: genera más recaudación que permite pagar las pensiones y la deuda, hace que las empresas ingresen más y capten una mayor inversión, y facilita los ajustes porque cuando el mercado de una empresa crece mucho basta con congelar gastos y salarios para recuperar la competitividad. En cambio, con unos crecimientos bajos el margen es menor y obliga a recortar, lo cual es siempre más traumático y tiene graves consecuencias sobre la desigualdad al perderse empleo en lugar de salario. En definitiva, los tamaños importan.

 Las personas de origen extranjero han pasado de ser el 14,6% de la población al 20,9% en ocho años. Aunque hay países que todavía tienen una proporción algo mayor, desde 2016 solo Noruega entre los europeos ha elevado más su porcentaje de inmigrantes respecto al total de la población. Pero es en las regiones motores de la economía española donde la tendencia se agudiza. Sobre todo si se pone el foco en los menores de 44 años: en Madrid los no nacidos en España suponen el 42% de la población entre 25 y 34 años. Y el 37% entre los 35 y 44 años. En Cataluña las cifras son incluso mayores: llegan al 44% y al 40% de esos grupos, respectivamente.

 A pesar de la llegada de inmigrantes, el paro ha caído en casi 600.000 individuos frente a 2019. Y toda la reducción del desempleo son nacionales, dice Miguel Ángel García, investigador de Fedea y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. El grueso del empleo inmigrante va a trabajos que los españoles no demandan o lo hacen en menor medida. Por lo general, según la radiografía que hizo el Banco de España en un informe de hace unos meses, proceden de Latinoamérica, tienen una edad media de 32 años y menos formación que los nacionales, aunque sus cualificaciones hayan mejorado en los últimos años, y se emplean en sectores y trabajos menos cualificados, como en la hostelería, agricultura, servicios del hogar y cuidado de personas, construcción y transporte. “Su tasa de actividad es una de las más altas de la UE y, a diferencia de lo que ocurre en otros países, es superior a la de los nacionales”, dice el supervisor. En el último año, solo la hostelería y la logística han abarcado casi la mitad del empleo creado en las cifras de afiliación. La reciente bonanza del turismo y las actividades de transporte no se habría sostenido sin ellos: se habría producido una escasez de trabajadores en esos sectores y se habría notado tanto en el PIB como en precios más altos.

 Dicho esto, la naturaleza de los sectores en los que trabajan implica que no se mejora mucho la productividad, si bien es cierto que también liberan a trabajadores españoles más productivos que de no contar con ellos estarían cuidando de los hijos o los dependientes. Al elevarse el empleo en estos sectores menos intensivos en capital físico y tecnológico, hay proporcionalmente una menor inversión privada. Y también consumen menos por su menor renta: pese a que los exclusivamente extranjeros son el 40% del empleo generado, el aumento de la población foránea solo ha supuesto un 25% del incremento del consumo, según cálculos de Funcas.

La duda sobre este patrón de crecimiento es qué pasará si en algún momento hay un parón de la economía. En principio, parece una ventaja estructural el poder atraer tanta mano de obra que comparte lazos culturales e idioma. Pero también cabe el riesgo de que dejen de venir o se marchen, como sucedió en la pasada crisis financiera —que tuvo una dureza y duración inusitadas—, y entonces podrían acabar siendo procíclicos, agudizando la recesión. Aun así, la visión de los analistas en general es positiva: “En un shock negativo podrían brindar una mayor flexibilidad porque en lugar de producirse los ajustes mediante un mayor desempleo se podrían resolver con los movimientos de la población”, explica Manuel Hidalgo, profesor de la Universidad Pablo de Olavide y miembro de EsadeEcPol.

Otra cuestión es si conllevan un chute fiscal a corto plazo pero acaban generando a largo un coste fiscal porque tributan unas cantidades inferiores al ganar menos. Esa visión no tiene en cuenta los fortísimos impactos macro y el deterioro económico y fiscal que habría en el contrafactual, subraya Hidalgo. Algunos estudios sobre Dinamarca y Holanda sugieren que la diferencia entre lo que aportan y reciben fiscalmente los inmigrantes es un coste para Hacienda. Si bien en su mayoría son datos de países donde los extranjeros pueden acceder a ayudas con mayor facilidad, hay más refugiados políticos y tienen barreras por el idioma. A España vienen por motivos económicos, hablan el idioma y presentan una mayor tasa de actividad y empleo que los españoles. Además, el sistema de ayudas está diseñado para que los inmigrantes tarden en poder acceder a ellas, pues primero hay que cotizar y residir un tiempo. Y, en todo caso, la segunda generación de latinoamericanos suele estar mucho más integrada respecto a lo que sucede en otros países.

 España está recibiendo una inmigración que se integra con mayor facilidad, en unos números muy elevados sin que se hayan visto por ahora los problemas experimentados en otros países. Pero los expertos consultados también destacan los importantes retos que plantea, como atender las necesidades de vivienda, evitar guetos, mejorar la educación y la formación para dar oportunidades a las segundas generaciones y adecuar la formación de los que vienen a las necesidades del mercado laboral. De cómo se resuelvan dependerá la aceptación política de este modelo de crecimiento forzado por el envejecimiento."

(Antonio Maqueda , El País, 17/02/25, gráficos en el original)