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24.9.24

La Xunta de Galicia se quedó parte del alza de transferencia del Estado para dependencia, denuncian los Gerentes en Servicios Sociales... La asociación califica de "especialmente sangrantes los recortes" que se han producido en Galicia, la comunidad con menor porcentaje de personas atendidas sobre la población potencialmente dependiente (16%) frente al 23% de media nacional

 "Los directivos del sector alertan que la autonomía ha recortado los gastos en dependencia a pesar de que el plan de choque del Estado implicó que recibiera más dinero para tal fin. De la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios tilda lo sucedido de "especialmente sangrante".

Castilla y León, Galicia y Aragón "hicieron caja" con el aumento de presupuesto para dependencia en el marco del Plan de Choque (2020-2023) aprobado por el Gobierno tras la pandemia sanitaria. Así se desprende de un estudio elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, según el cual el Gobierno de España aumentó en dicho periodo su aportación para la Dependencia en un 138 por ciento frente al 9 por ciento del incremento de las comunidades autónomas.

 Así, de todas las comunidades autónomas, tres han disminuido durante el citado Plan de Choque el gasto en la atención a personas en situación de dependencia: Castilla y León (-34,7) Galicia (-6,4) Aragón (-3,2). La asociación califica de "especialmente sangrantes los recortes" que se han producido en Galicia, la comunidad con menor porcentaje de personas atendidas sobre la población potencialmente dependiente (16%) frente al 23% de media nacional.

El estudio indica que, en 2023, la inversión pública en Atención a la Dependencia ascendió a 11.522 millones de euros: 8.230 millones por parte de las comunidades autónomas (71%), y 3.292 por parte del Gobierno central (29%) y constata una "acusada desigualdad territorial", donde las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son País Vasco (2.848 euros), Extremadura (2.599 euros) y Navarra (2.413 euros). En Baleares, la inversión es de 2.031 euros; La Rioja, 2.116 euros; CyL, 1.967 euros; Madrid, 1.921 euros; Andalucía, 1.888 euros; Castilla-La Mancha, 1.876 euros y Comunidad Valenciana, 1.825 euros.

Por debajo de la media de los 1.825 euros se encuentran Cantabria con 1.700 euros; Cataluña, con 1.649 euros; Asturias, con 1.604 euros; Aragón, con 1.536 euros; Murcia, con 1.504 euros; Canarias, con 1.248 euros y Galicia, a la cola, con 1.073 euros.

Según se desprende del informe, el peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal entre el periodo comprendido de 2015 a 2020 presentaba una tendencia alcista que se rompió en 2021, "cuando el incremento en la financiación aportada por el Estado mediante el plan de choque es utilizado por algunas comunidades para retirar parte de su financiación". Así, el peso de las comunidades en la financiación cayó un 13% entre 2021 y 2023, mientras la Administración General "refuerza la financiación del sistema". Estos recortes en la aportación en algunas CC.AA. "han limitado la capacidad de impacto de los fondos provenientes del plan de choque", según la entidad.

En cuanto a las comunidades que mayor porcentaje destinan de sus propios presupuestos a la Atención a la Dependencia son País Vasco (83,9%); Navarra (80,8%) y Extremadura (78,2%). Mientras la media de financiación autonómica desciende hasta el 71% para el conjunto de España, CCAA como son La Rioja (59%), Galicia (59,3%), Andalucía (62,3%) y Castila y León (63,2%) se mantienen alejados de esta cifra.


DENUNCIA: "CADA 15 MINUTOS MUERE UNA PERSONA ESPERANDO PRESTACIONES" 
Ante estos datos, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha puesto el foco, coincidiendo con la mayoría de edad de la ley de Dependencia, en el "incumplimiento de las Administraciones Públicas que han convertido derechos subjetivos en derechos efímeros y de papel".

"Se trata de una política de interés de la ciudadanía, ya que en un importante porcentaje forma parte del ciclo natural de la vida, y muchas personas acabaremos estando en situación de dependencia", argumentan, al tiempo que recuerdan que actualmente 292.792 personas están en las listas de espera y que cada 15 minutos fallece una persona en el laberinto burocrático de la Ley.

"Desgraciadamente, a las 45.360 personas que fallecieron el pasado año, los presupuestos no les llegaron a tiempo", ha denunciado la entidad."          (Galiciapress, 23/09/24)

9.9.24

Stuart Medina Miltimore: La financiación autonómica desde la Teoría Monetaria Moderna

 "Propuestas de hacienda funcional frente al desconcierto fiscal

 No hay notica política procedente de Cataluña que no despierte pasiones nacionales. Ha ocurrido de nuevo con el preacuerdo entre Esquerra Republicana de Catalunya y el Partit del Socialistes de Catalunya para investir a Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat. En el preacuerdo de gobierno se prevé un sistema tributario, muy parecido al concierto de País Vasco y Navarra, donde la “Generalitat gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados por Cataluña y aumente sustancialmente la capacidad normativa”. La “aportación catalana a las finanzas del Estado integra la aportación por el coste de los servicios que el Estado presta a Cataluña y la aportación a la solidaridad… a través un porcentaje de participación en los tributos”, una especie de “cupo” catalán como el que se calcula de forma un tanto opaca para País Vasco y Navarra.

Las reacciones sobre la ruptura de la solidaridad no se han hecho esperar. El PP ha hablado de un “golpe de Estado fiscal”. Los barones socialistas se han opuesto al acuerdo denunciándolo como un atentado a la igualdad. Estas reacciones viscerales sólo tienen sentido desde el punto de vista neoclásico de los impuestos, donde estos son necesarios para financiar el gobierno. Pero esta perspectiva de los impuestos procede de la época del patrón oro, sistema monetario superado hace ya décadas, y está obsoleta.

Analizar el preacuerdo desde la perspectiva de la teoría monetaria moderna (TMM) puede ayudar a serenar el debate. También contribuye a mitigar los históricos sentimientos de agravio comparativo que tanto han envenenado los debates sobre la financiación autonómica y que llegaron al paroxismo con la desafortunada expresión «Espanya ens roba».

Revisando la función de los impuestos desde la perspectiva de la TMM

Empecemos por una comprensión sobre la función de los tributos en un sistema de moneda fiduciaria. Primera sorpresa: estos no financian el gasto público. El Estado tiene necesidad de aprovisionarse y lo hace entregando, su moneda, es decir, créditos fiscales a sus proveedores y trabajadores. El Estado emite una moneda que aceptamos porque la necesitamos para pagar nuestra deuda tributaria. Por tanto la TMM invierte la secuencia tributaria: el Estado tiene que entregar a los ciudadanos aquello que sirve para pagar los impuestos antes de que podamos hacerlo. Los impuestos también sirven para mejorar la distribución al cancelar poder adquisitivo entre los más adinerados aunque nuestro escasamente progresivo sistema tributario apenas consigue tal efecto.

Esta perspectiva nos permite entender el enfoque de la hacienda funcional. Frente a la visión de que un Estado debe equilibrar sus cuentas públicas, que inspira tanto los tratados de la UE como la reforma del artículo 135 de la Constitución, se impone la alternativa de que debemos equilibrar la economía. En otras palabras, el gobierno debe reducir los impuestos o aumentar el gasto público cuando el desempleo es alto. El gobierno debe aumentar los impuestos o bajar el gasto público en la situación —hogaño casi milagrosa por infrecuente— de que un alto nivel de empleo pueda desencadenar un episodio de inflación. Desde esta perspectiva, el déficit fiscal es una variable residual que resulta de las políticas que equilibran la economía.

Identidad de saldos sectoriales

Otro concepto relevante es la ‘identidad de saldos sectoriales’. Todo pasivo financiero es necesariamente el activo financiero de otra persona. Por tanto, la suma de todos los activos financieros de la economía es idéntica a la de todos los pasivos financieros. Si dividimos la economía entre el sector público y el sector privado entonces la deuda pública es, por identidad contable, el ahorro financiero neto del sector privado. Si seccionamos la economía en tres sectores, público, privado doméstico y resto del mundo, encontraremos que la suma de sus posiciones financieras netas es exactamente igual a cero. Esta identidad se refleja en la ilustración facilitada a continuación cuya simetría se deriva de esta identidad. Ergo, si un territorio tiene un superávit comercial con el resto del mundo, entonces está adquiriendo activos financieros que son un pasivo financiero para el resto del mundo. Estos activos normalmente serán devengados por el sector privado doméstico.

En cambio, si un territorio tiene un déficit comercial entonces está generando pasivos financieros para el resto del mundo. Si pretendemos que su gobierno tenga un superávit fiscal, esto resultará en un creciente endeudamiento del sector privado doméstico tanto con el gobierno como con el resto del mundo. Es una posición financiera peligrosa, como la que vivió la España de Zapatero con el celebrado superávit fiscal que precedió al estallido de la burbuja inmobiliaria. Es crucial advertir que la posición financiera normal del gobierno es deficitaria porque el sector privado desea acumular moneda del Estado.

Soberanía monetaria

Por último, hay que mencionar el concepto de no convertibilidad. El emisor de una divisa que no incorpora la promesa de convertirla a oro o a otra divisa a un precio determinado ni emite deuda denominada en la divisa de otra potencia jamás será insolvente. En cambio, una administración local no emite su propia moneda divisa y por tanto tiene que conseguirla vía impuestos o deuda para financiar su gasto público.

La no convertibilidad de una divisa bajo régimen flotante es una situación envidiable. Desafortunadamente, la situación de España, desde su entrada en el Sistema Monetario Europeo primero y en el euro después, es ambigua. Por una parte es uno de los 18 estados emisores del euro, una divisa no convertible. Por otra parte el Estado español ha aceptado someterse a reglas de déficit y deuda completamente disfuncionales que limitan su capacidad de aplicar políticas fiscales discrecionales de carácter anticíclico. Esta situación complicará el análisis del “concierto” propuesto para Cataluña pero es crucial para entender la posición que desarrollaré a continuación.

¿Solidarios o insolidarios?

El concierto —llámame mentiroso, Montero—, que ahora se pretende trasladar a Cataluña ¿equivale a menos solidaridad de los catalanes con el resto de España? Desde el punto de vista de los ciudadanos de Cataluña la situación apenas cambia: los impuestos seguirán destruyendo su poder de compra y no irán destinados a financiar nada. Ignoramos si los catalanes se beneficiarán de alguna reducción impositiva por vivir bajo un régimen de concierto fiscal pero pensemos que algunas comunidades autónomas sometidas al régimen común, como Madrid, han eliminado de facto el impuesto sobre el patrimonio, una medida tributaria regresiva que beneficia a las grandes fortunas, mientras que el País Vasco no lo ha hecho. Así pues, nada garantiza que los catalanes vayan a pagar menos impuestos. En cualquier caso ningún ciudadano es más solidario que otro por pagar los tributos que la ley les exige. Los catalanes y madrileños en promedio pagan más que los extremeños o castellano manchegos simplemente porque tienen en promedio mayor nivel de renta.

Tampoco el pago de un “cupo” al Estado nos dice nada acerca de la supuesta solidaridad o insolidaridad de los vascos y navarros ya que esas transferencias al Estado suponen la cancelación de esos créditos fiscales. El cupo no financia nada.

Desde el punto de vista del gasto, ¿mejorará el nivel de prestaciones que reciban los ciudadanos de Cataluña? Hay una queja histórica de infracinanciación de la Comunidad Autónoma. Si examinamos  la ejecución del gasto público por las comunidades autónomas existe evidencia de que los ciudadanos que viven en los territorios forales se han beneficiado de mayores niveles de gasto. Esto puede deberse a preferencias ideológicas en la composición del gasto público de las administraciones autonómicas. Pero también puede deberse a que la financiación per cápita que han conseguido el País Vasco y Navarra es muy superior a la que el Estado ha facilitado a los territorios de régimen común. Pero Cataluña, Castilla-La Mancha y Extremadura, comunidades autónomas dentro del régimen común, han podido ejecutar un nivel de gasto público per cápita muy superior al de Madrid. Estos datos cuestionan el relato victimista de los nacionalistas catalanes. El contraste entra Navarra y Madrid es sonrojante, casi el doble de gasto per cápita para la primera.

Sin embargo, considero que este es el resultado inevitable de las políticas impuestas por nuestra pertenencia a una unión monetaria con un fuerte sesgo hacia la austeridad fiscal. El Estado podría haber transferido mayores cantidades a todas las comunidades autónomas para asegurar mayores niveles de bienestar y equilibrio territorial si su actuación fiscal no hubiese estado sometido a reglas fiscales absurdas. Los altísimos niveles de desempleo que padecemos indican que contamos con un amplísimo espacio fiscal para hacerlo.

Uniones monetarias sin uniones fiscales

El preacuerdo propone  un cambio metodológico en la financiación de Cataluña. Bajo un “concierto” la financiación de la administración pública catalana ya no dependería de una transferencia desde el Estado sino de la cesión de créditos fiscales que hasta ahora los ciudadanos catalanes entregaban a la AEAT. El presupuesto disponible para la Generalitat podría resultar en mayores recursos bajo un régimen de concierto aunque los cálculos dependerán del ciclo económico, del importe del “cupo” catalán acordado y de las competencias que retenga el Estado que impliquen ejecución de gasto público en Cataluña.

Conviene advertir que el modelo no está exento de riesgos para los territorios que operan bajo un régimen de concierto en caso de crisis económica. Para entender esto pensemos que el régimen de concierto, llevado al extremo, es un antecedente de unión monetaria sin unión fiscal, como el euro. De hecho, al igual que en la zona euro, se imponen reglas de gasto, déficit y deuda que una comisión integrada por el Estado y los gobiernos vasco y navarro acuerdan de forma opaca y sin debate democrático.

En la zona euro no existe ninguna instancia federal capaz de ejecutar gasto público que pueda dirigirse de forma discrecional hacia una región que sufre un shock asimétrico. Hasta que el BCE se mostró dispuesto a comprar deuda emitida por los estados, eso suponía que solo había una salida posible a una crisis asimétrica como la que sufrió el Sur de Europa a partir de 2009: austeridad y devaluación interna.

En el caso de País Vasco y Navarra, y, en el futuro, Cataluña, una crisis económica podría provocar una caída de la recaudación. Como son regiones sin capacidad de emitir moneda, una caída de la recaudación implica riesgo de insolvencia e impago de su deuda pública y por consiguiente una fuerte presión para reducir el déficit público recortando prestaciones y gasto público. Tal fue la experiencia de Puerto Rico o de los países del Sur de Europa en la UE entre 2010 y 2012. Durante la reciente epidemia de COVID-19 País Vasco y Navarra fueron las comunidades autónomas que sufrieron las mayores caídas en sus ingresos. Como explica el Informe de la AIReF sobre Ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 2020 la

“caída de ingresos por la crisis, que podría suponer entre 3 décimas y cerca de 1,5 puntos en las CC.AA. de régimen común, y se espera muy superior en las de régimen foral.”

En los territorios de régimen común el Estado no podía dejar de realizar las transferencias comprometidas en los presupuestos generales del Estado. Afortunadamente para el País Vasco y Navarra, el Estado “toleró” mayores niveles de déficit en estos territorios gracias a la suspensión de las reglas de gasto y déficit decretada en la zona euro. Pero, ante una grave epidemia, los incrementos de gasto público de esas administraciones fueron demasiado tímidos, sin duda lastrados por un excesivo conservadurismo fiscal de las administraciones públicas vascas y la caída en los ingresos corrientes que podrían comprometer la calificación de la deuda pública vasca. Por tanto la extensión del sistema de concierto conlleva un fuerte riesgo de imprimir un sesgo procíclido al gasto público si no modificamos el actual marco institucional de hacienda “responsable”.

Afortunadamente sí existen políticas de gasto público ejercidas desde el Estado y una instancia fiscal “federal”, la Seguridad Social. En caso de una crisis económica en esos territorios las transferencias del resto del Estado en forma de pensiones de jubilación y otras prestaciones como las del desempleo pueden ejercer un efecto anticíclico. Los nacionalistas, imprudentemente salvo que quisieran establecer su propia divisa, llevan años pidiendo la transferencia de la Seguridad Social. Además el concierto hasta ahora ha sido sostenible para las administraciones locales vascas y navarra porque el gasto territorializado, incluyendo las transferencias de la Seguridad Social, ha sido favorable al País Vasco.

Esta función fiscal anticíclica que puede ejercer el Estado central sigue existiendo pese a que ha estado reiteradamente en riesgo porque la zona euro carece de un banco central que actúe como debe. Si el BCE se niega a comprar nuestra deuda la capacidad del Estado de acudir con una política discrecional en apoyo de las administraciones que operan bajo el régimen del concierto la función anticíclica está periclitada. En 2024, por ejemplo, el BCE ha dejado de actuar como comprador de último recurso de nuestra deuda pública y eso limita la capacidad de nuestro estado en caso de que se produzca una crisis económica.

Mercantilismo autonómico

Existe otra razón que explica la sostenibilidad de las haciendas vascas y navarra. Se deriva del análisis de saldos sectoriales y su relación con el comercio internacional e interregional. Estas regiones cuentan con un fuerte tejido industrial lo cual implica que seguramente han mantenido un superávit por cuenta corriente positivo durante años. Es decir, el empresario y el ahorrador vasco han conseguido acceder a activos financieros creados por otras administraciones públicas. Las administraciones forales, con su reducido nivel de déficit público, no habrían podido hacerlo en igual medida. El modelo del concierto, como el euro para Alemania, es favorable para economías netamente exportadores: el resto del mundo les suministramos los activos financieros en las que sus clases pudientes quieren mantener sus ahorros. Más les vale a Euskadi y Navarra evitar un déficit comercial porque entonces la capacidad del sector privado para acumular ahorro financiero empezará a disiparse con celeridad. Cataluña tiene también un fuerte tejido industrial que seguramente haga posible al sector privado catalán acceder a ahorro financiero neto a través de las exportaciones al resto de EspañaEsto puede parecer positivo para catalanes, vascos y navarros pero en realidad es un infortunio: sus ciudadanos están entregando el fruto de su esfuerzo a los ciudadanos de otros territorios a cambio de que sus capitalistas puedan acumular mayores beneficios.

 En conclusión

Así pues, una comprensión de la teoría monetaria moderna nos permite varias cosas.

  • No podemos afirmar nada acerca de la supuesta insolidaridad de los ciudadanos del País Vasco, Cataluña y Navarra con los del resto del Estado. Estas valoraciones carecen totalmente de sentido.
  • Existen discriminaciones por el lado de las prestaciones que reciben los ciudadanos de sus gobiernos autonómicos pero esto tiene poco que ver con el régimen tributario. El Estado podría haber implantado un sistema de financiación autonómica más generoso y equilibrado de no haber primado los criterios arbitrarios sobre reglas de gasto y déficit que nos impone la pertenencia a la zona euro. Las altísimas tasas de desempleo españolas nos informan de que el Estado disponía de un amplísimo espacio fiscal para hacerlo.
  • Nos obliga a hacer preguntas acerca de la sostenibilidad de ese modelo e identifica algunos riesgos para el caso de una crisis asimétrica. Permitir que cada vez más comunidades autónomas —recordemos que sin capacidad de emisión monetaria— asuman toda la recaudación puede imprimir una mayor volatilidad de carácter procíclico a la ejecución del gasto público.
  • Todo lo anterior nos plantea la necesidad de que una instancia federal o central tenga las herramientas para asegurarle a la ciudadanía el máximo nivel de bienestar y garantizar la estabilidad macroeconómica.

Algunas propuestas modestas

En base a mi comprensión de la TMM me permito hacer las siguientes propuestas para salir del desconcierto fiscal en el que nos ha metido la perspectiva neoclásica sobre los impuestos.

  1. Establecer unas reglas tributarias con tipos impositivos mínimos que impidan la competencia fiscal a la baja. En la UE tal acuerdo existe sobre el papel pero no en la práctica. Países como Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos, de facto o de iure, aplican tipos impositivos reducidos a las grandes sociedades mercantiles. Parece justo exigir un mínimo de lealtad en un territorio en el que se protege el derecho a mover capitales libremente.
  2. Garantizar un mínimo nivel de bienestar en todo el Estado mediante un paquete de prestaciones para los ciudadanos con independencia del territorio en el que vivan. Podría incluir un plan de empleo garantizado o de transición, un estándar mínimo de prestaciones de salud, un sistema educativo bien financiado y un parque público de vivienda de alquiler social.
  3. Necesitamos alguna instancia “federal” capaz de aumentar los impuestos si fuera menester para ampliar el espacio fiscal del Estado. Por ejemplo podría ser necesario liberar recursos reales para dedicarlos a un plan ambicioso de transición energética. Aunque soy muy crítico con el carácter profundamente regresivo de las cotizaciones, mantendría la Seguridad Social como competencia del Estado. Mi propuesta sería que el Estado tuviera capacidad de implantar un tributo sobre el patrimonio en todos los territorios.
  4. Exigir un marco institucional que no limite la capacidad de gasto público del Estado para poder aplicar políticas de gasto discrecionales dirigidas en caso de crisis económica. Personalmente prefiero la salida del euro y recuperar la peseta pero un acuerdo con los otros estados miembros de la UE que obligara al BCE a actuar como comprador de último recurso de nuestra deuda pública también valdría (les deseo suerte negociando con nuestros socios del Norte).
  5. Un programa de inversiones públicas para revitalizar la España que se está quedando atrás —las dos Castillas, Asturias, Canarias partes de Aragón, Galicia y Extremadura—, que podría incluir, entre otras ideas, la recuperación de las cajas de ahorro o la creación de otra tipología de entidades de crédito local, el fortalecimiento de la red ferroviaria de media distancia, la revitalización de las oficinas de Correos y un acuerdo para el impulso del sistema nacional de ciencia con centros ubicados por todo el territorio.

Desde la perspectiva de la TMM y con un programa que garantizase estos mínimos no habría ningún obstáculo a extender el sistema del concierto a todas las comunidades autónomas. Además el rencor sobre agravios comparativos y comunidades infrafinanciadas desaparecería. De hecho la publicación de saldos fiscales territorializados dejaría de tener interés. Sería mejor olvidarse de ellos y dejar de publicarlos.

Por último, recordemos que esta sensación de agravio de los catalanes y de otras regiones de España no habría surgido sin la política de austeridad permanente que nos ha impuesto nuestra pertenencia a la zona euro."      (Stuart Medina Miltimore, blog, 05/09/24)

3.8.24

Guillem Martínez: Para los chicos y las chicas federales, el Pacto ERC-PSC es una buena música. Pero la letra alude a cambios irrealizables y que, al parecer, tampoco importa mucho realizar... Es como un déjà vu. Algo aparentemente vivido. De hecho, los mayores de 21 años lo hemos vivido... viene a ser algo de la música y de la letra del Pacte del Tinell, que cristalizó, en parte, en el Estatut de 2006, y en su propuesta inicial de federalismo por la puerta de atrás. Fracasada por todo lo alto, como saben, y rematada en la sentencia del TC de 2010... Para realizar todo esto sería necesario modificar dos leyes ordinarias y una ley orgánica, la LOFCA... también sería necesaria una reforma constitucional... Esto es, 234 diputados, que hagan esa propuesta, unas elecciones generales anticipadas, la legislación de esa propuesta, otra vez con el voto afirmativo de 234 dipus, y referéndum posterior en todo el Estado... Y, eso, ¿por qué?, se estarán preguntado... Por casi nada. Por la sentencia al Estatut de 2010... por la que quedaba descartada toda posibilidad de un sistema de financiación singular, alejado del general. Se puede hacer, claro. Pero el TC lo enviará a la papelera de Windows. Punto y pelota, me temo... Lo más probable es que el staff de ERC se haya visto en un momento precario ante unas elecciones anticipadas, y ha firmado lo que ha tenido más a mano, para sobrevivir cuatro años... Las izquierdas no deberían de participar en mentiras colectivas, en músicas sin letras, en procesismos

 "1- El pacto ERC-PSC no es una ley, como su nombre indica, sino –ay, uy– un texto político, esa cosa cuyo significado parte de su lectura, claro, pero también de su contemplación piadosa. Esto es, de situar lo leído en su contexto interpretativo –su tradición, su época, su función–, momento en el que, si todo sale bien, se puede observar su significado real. Todo en la vida posee su significado real, si bien, en las cosas colectivas, ese significado real suele estar a tomar por XXXX de su significado aparente. Ser Sapiens, ese ser simbólico, en fin, nunca fue fácil. 

2- ¿Qué dice literalmente el pacto –a partir de ahora, P–? No se lo pierdan, amiguitos.

3- El pacto es un recorrido que atraviesa nueve tramos. El primero, el más importante, efectista incluso, y el que marca la interpretación del resto, es la cosa financiación. En este apartado se establece que, sea lo que sea que pase, pasaría en el primer semestre de 2025 –un puente muy lejano para un Gobierno que va tirando con una mayoría progresivamente inestable, mientras el Palacio de la Moneda va siendo bombardeado por jueces peinados–. En ese momento, en todo caso, una Comisión Bilateral Gene-Estado –en Cat, todo lo que acaba en bilateral es como en el resto del mundo todo lo que acaba en liguero– habrá conducido hasta una Comisión Mixta –un objeto erótico más peninsular– de Asuntos Económicos, todo aquello que debía de ser conducido, que será mucho, pues el P no especifica, no establece tantos por cientos, montos, límites, cifras, modos. Para entonces, una Agencia Tributaria Cat habrá empezado a recaudar –de manera progresiva; es decir, poco a poco, como el fin del mundo– impuestos. Se especifica que el primero sería el de la Renta. Yupi. En segundo lugar caería la cosa IVA, la cosa Pymes y la cosa alquileres turísticos, aún no fijados por la UE –el P, en ese sentido, es un adelantado a su tiempo–.

4- La Gene, como recaudadora única del Estado al Este del río Ebro, debería, para entonces, realizar anualmente dos pagos al Estado. Uno a) por los servicios y las inversiones recibidas. Eso obligaría al mosqueo y al mal rollo de evaluar esos servicios e inversiones. De pegar golpes en la mesa, de gritarse, de querellarse judicialmente. Como en Alemania. Lo que es bueno. El otro sería en concepto federal de b) solidaridad. ¿A cuánto asciende eso? No se sabe –ni, me temo, se sabrá; no se pierdan el punto 8–. La Gene, por tanto, se financiaría restando a lo recaudado los conceptos a) y b). Es decir, la Gene debería de establecer, por sí sola, qué pasta tiene, y gestionar y establecer sus gastos y los límites a su gasto, como los niños mayores. El P, claro, no garantiza que la Gene mejore sus ingresos, ni que los contabilice de manera acertada. En todo caso, y esto es importante –no sale en el Estatut, pero sí que parece estar contemplado por el marco constitucional–, ninguna comunidad autónoma podría contar con más recursos que Cat, una vez aplicada su tarifa solidaria anual. Es decir, primaría el principio federal de la ordinalidad.

5- No se menciona, en ningún momento, el papelón de la Agencia Tributaria Estatal, que debería desaparecer, ceder espacio, formar y supervisar a la Agencia Tributaria Cat, en una movida que, de producirse, sería comparable al nacimiento de la policía autónoma cat, aquel trasiego de uniformados desde unos cuerpos policiales a otros. Inciso: por lo general, muy contentos, pues iban a cobrar más pasta. El patriotismo es ansí. 

6- A todo esto se le llamaría Financiación Singular –no lo es; no se pierdan el punto 7–, o soberanía fiscal –no lo es; esos palabros tan solo satisfacen el fetichismo de la política cat ante el palabro soberanía; y, de paso, ilustran el sumamente limitado registro léxico del procesismo, que utiliza como progre y chachi una palabra que en Europa y las Américas da escalofríos, al habérsela quedado la derecha yuyu, la de los colmillos–. ERC llama al compendio Concierto Económico solidario, un buen nombre artístico. Pero no lo es, no se pierdan el punto 8, que es la aportación al mundo de este artículo, me temo. Bueno, a partir del 9 tampoco está mal.

7- Para realizar todo esto sería necesario modificar dos leyes ordinarias y una ley orgánica, la LOFCA –Ley Orgánica de la Financiación de las CC.AA.–. Para cambiar esta ley se requiere una mayoría hermosa. A cambio de esos apoyos, se supone, el modelo sería expandido a otras CC.AA., de manera que pasaría a ser el modelo general. Vamos, que el modelo cat no sería singular. Pero, y aquí empieza lo divertido, si la cosa va en serio, si se pretende lo que se dice, y no que la Gene haga de gestoría, y recaude los impuestos, by the face, para el Estado, como el BBVA, también sería necesaria una reforma constitucional. Esto es, 234 diputados –ya nadie sabe lo que es eso; no me los imagino juntos ni que en el techo del Congreso aterrice el helicóptero de Tulipán– que hagan esa propuesta, unas elecciones generales anticipadas, la legislación de esa propuesta, otra vez con el voto afirmativo de 234 dipus –uno no se imagina 234 juntos ni siquiera en la celebración del Día Europeo del Percebe–, y referéndum posterior en todo el Estado. Y, eso, ¿por qué?, se estarán preguntado.

8- Por casi nada. Por la sentencia al Estatut de 2010. Hasta aquella sentencia –un antes y un después no solo en la tradición descentralizadora local, sino en la democrática– hubiera sido posible en Cat, al menos sobre el papel, un sistema de financiación foral, el concierto ese del que habla ERC, y del que habla el P. Era posible –al menos sobre el papel– cambiar la LOFCA hacia ese sentido. Después de aquella sentencia, desfederalizadora, como la evolución del sistema autonómico después de 1981, quedaba descartada toda posibilidad de un sistema de financiación singular, alejado del general. Se puede hacer, claro. Pero el TC lo enviará a la papelera de Windows. Punto y pelota, me temo. Recordemos, ya puestos y para aportar un preciosismo estético de aquella sentencia, que en el voto particular de un vocal –progre, además– del TC se señalaba que el sistema autonómico era “un mero sistema de descentralización administrativa”. Lo que, si se fijan, da, en efecto, muy poco de sí.

9- Para los chicos y las chicas federales, el P es una buena música. Pero una letra chunga. Y que, además, nos suena. Es como un déjà vu. Algo aparentemente vivido. De hecho, los mayores de 21 años lo hemos vivido. Bienvenidos a la dimensión desconocida, ninu-ninu-ninu-ninu.

10- En efecto, lo que plantea el P viene a ser algo de la música y de la letra del Pacte del Tinell –aka Acord Govern catalanista i d’esquerres en la Gen de Cat–, que cristalizó, en parte, en el Estatut de 2006, y en su propuesta inicial de federalismo por la puerta de atrás. Fracasada por todo lo alto, como saben, y rematada en la sentencia del TC de 2010. Una sentencia, se debe señalar, lenta, retrasada, de poco empaque, de escasa vistosidad intelectual, de escasa valentía y nulo lucimiento legal. El TC, roto ya de tanto usarlo, empezaba a ser la parodia en la que se convirtió poco después, tras su reforma de 2015, cuando pasó a ser un tribunal político abierto de noche, como los bares de vampiros ubicados en una pirámide maya.

11- Es decir, el P es, a su vez, una parodia del pasado, si pensamos que con la reforma del Estatut de 2006 quedó claro el estancamiento político del Estado, su imposibilidad para reformarse, ni siquiera con astucia, y su sensibilidad conservadora para la reacción. El P es, tras las casillas procesistas, una vuelta a unos años atrás –21, vamos–, hacia las casillas federalistas. Supongo que la lógica es que, tras las casillas federalistas, vuelvan, en un tiempo, las procesistas. Y así. Es un bucle. Que explica algo dramático: la paralización de las reformas estructurales del Estado. Es decir, y por lo mismo, el riesgo de contrarreformas. El P, como el procesismo, sería así una buena música, para procesistas y federalistas, según, pero una mala letra para ambos packs, pues la letra alude a cambios irrealizables y que, al parecer, tampoco importa mucho realizar. El P de la política como música. Ambiental, para pasar el rato en un Estado que, en fin, no admite reforma alguna.

12- Lo único bueno del P es lo que esconde debajo, mucho, de sí mismo. Un primer acuerdo entre indepes –esa cosa que, como ha quedado vista, no existe– y federalistas –esa cosa que, como quedó vista, no existe–, dos cosmovisiones que podrían estar –de existir– más próximas de lo calculado, para un largo periplo, en un Estado paralizado y paralizante. Si bien no está claro que sea eso lo que ha pasado.

13- Lo más probable es que el staff de ERC se haya visto en un momento precario ante unas elecciones anticipadas, y ha firmado lo que ha tenido más a mano, para sobrevivir cuatro años. Es curioso que lo que tenía más a mano, lo que le alejaba del procesismo reaccionario de Junts –no hay otro; Junts lidera ya el pack–, lo que le acercaba a otras tradiciones de izquierda cat, sea algo tan lejano como los pactos de 2003. El objetivo para ERC no es nada de lo que aparece en el P, como sus objetivos, desde 2014, no eran nada de lo que aparecía en aquellas hojas de ruta fantásticas, pura música, nula letra, pactadas con CDC/PdCAT/Junts, sino seguir vivos, intentar no ser devorados por Junts.

Las izquierdas no deberían de participar en mentiras colectivas, en músicas sin letras

14- El 2 de agosto se sabrá, tal vez, si finalmente ERC ha sido devorada por Junts. Se sabrá si la política como identidad personal –la política como club de fútbol, como forma de ser, como forma de gritar– se ha comido a ERC, tras más de una década practicando esa forma de política, próxima al fake, cercana a la Guerra Cultural. Se sabrá, incluso, si ERC puede implosionar. Si puede caer, de manera oficial o efectiva, en la órbita de Puigdemont/Junts, esa forma de vivir el ocio para la clase media, con tiempo y pasta para el simbolismo permanente, esa cosa tan cara. Hay probabilidades de ello: a) no se sabe cuál será el resultado de la consulta, y b) se está hablando de que las JERC –las juventudes de ERC–, poseedoras de un escaño en el Parlament, votarían no a Illa, siguiendo el argumentario católico-racial-sentimental de Junts. Lo que impediría, de hecho, su elección. 

15- El pacto, desde el punto de vista del PSC, es, lo dicho, una buena música. Pero su letra habla también de la imposibilidad de derogar la Ley Mordaza, de limitar, de manera efectiva, el precio de los alquileres, del fin de los puntos y seguido y el inicio de los puntos y aparte. De la política como fatalismo, como palabras, como nada. Del futuro deslumbrante para las nuevas derechas, las únicas que pueden emitir cambios. Hacia atrás, lo que no deja de ser un cambio. El más probable hoy día, diría. 

16- Las izquierdas no deberían de participar en mentiras colectivas, en músicas sin letras, en –todo apunta a ello– procesismos. No debería desgastar, quitar el sentido, a las palabras. "

(Guillem Martínez , CTXT, 01/08/24)

6.11.23

Preocupación en el PSOE y Sumar: La carta que se guardaba Pedro Sánchez en la manga, la de ir a elecciones si las exigencias eran excesivas, todavía la conserva, pero, si la jugase ahora, es probable que el efecto no fuera el deseado. El coste de las negociaciones está pasando factura entre los votantes de los partidos de izquierda... Sumar entiende que los negociadores del PSOE no están ejerciendo su función adecuadamente, que están cediendo demasiado y que eso va a conducir a un desgaste social innecesario... El problema último no es que la derecha salga a la calle y esté presionando desde el poder judicial, algo que se daba por descontado... sino que el manejo del proceso de negociación está minando su apoyo electoral... Puigdemont está alargando el proceso para tener mayor protagonismo y eso es grave para un Sánchez que necesita cerrar la investidura rápido... La perspectiva de un Puigdemont vencedor como resultado final de las negociaciones no solo molesta en Madrid, sino que abre brechas entre los socialistas catalanes... en las comunidades cuyas ciudades pequeñas y medianas están paralizadas o en retroceso, lo que más duele es la sensación que se transmite respecto del reparto de los recursos. Cataluña puede sentirse infrafinanciada, pero la mayoría de las comunidades menos prósperas perciben los acuerdos con ERC, por matizables que sean, desde la sospecha de que, en la próxima legislatura, les va a tocar perder más todavía. Y esa es una herida con difícil cura... si Extremadura sigue con una conexión ferroviaria eterna mientras se destinan partidas a los Cercanías catalanes, es fácil que el mensaje que se reciba sea el de que la complacencia con los independentistas es la causa de que no haya partidas para su comunidad... la financiación autonómica va a estar presente a lo largo de la legislatura (Esteban Hernández)

 "La investidura se continúa dando por segura en el bloque construido alrededor del PSOE, a pesar de los escollos de última hora. Máxime cuando se ha ido demasiado lejos ya en los acuerdos expuestos y en las ofertas para los que tienen que llegar como para dar marcha atrás. La carta que se guardaba Pedro Sánchez en la manga, la de ir a elecciones si las exigencias eran excesivas, todavía la conserva, pero, si la jugase ahora, es probable que el efecto no fuera el deseado. El coste de las negociaciones está pasando factura entre los votantes de los partidos de izquierda.

La percepción que se está trasladando a Ferraz es que la negociación no está siendo la correcta, ni en tiempos ni en mensaje. Lo más relevante, por lo que tiene de significativo, es que los de Díaz respaldan esa creencia. Entienden que los negociadores del PSOE no están ejerciendo su función adecuadamente, que están cediendo demasiado y que eso va a conducir a un desgaste social innecesario. El problema último no es que la derecha salga a la calle y esté presionando desde el poder judicial, algo que se daba por descontado y que, adecuadamente canalizado, puede ayudar a generar legitimidad respecto del futuro gobierno, sino que el manejo del proceso de negociación está minando su apoyo electoral.

El mal control de los tiempos, tanto en lo que se concede como en el momento de hacerlo, se ve amplificado por los retrasos que Junts está provocando, que permiten que el malestar se asiente entre las izquierdas en lugar de irse disolviendo. La rapidez era indispensable, y toda demora implica un coste mayor.

La clave de la legitimidad

El acuerdo entre PSOE y Sumar significaba el despliegue de un plan progresista de gobierno que permitiría avanzar hacia un nuevo momento político que permitiera profundizar en lo realizado y limar las asperezas con Cataluña. Ese era el punto de legitimidad: los acuerdos con el resto de partidos debían quedar supeditados a ese programa para que el votante de izquierdas entendiera algunas cesiones como necesarias; era lo que justificaba de cara a los suyos que se hiciera de la necesidad virtud. Pero el anuncio del acuerdo entre los socios de gobierno queda demasiado lejos, ya casi nadie se acuerda de en qué consistía y qué clase de España propugnaba: ha sido sepultado por la narrativa sobre amnistía y cesiones presupuestarias.

El acuerdo con ERC, por mucha letra pequeña que contenga, que la contiene, ha puesto sobre la mesa varios problemas. Uno relativo a Cataluña, en la medida en que el reparto de posiciones con ERC y Junts, con el Rodalies y la deuda para los primeros y la amnistía para los segundos, resultaba pragmático si se comunicaba a la vez. Pero las tensiones y rencores entre los partidos catalanes han provocado que el anuncio de ambos acuerdos no ocurra a la par y que ni siquiera tengan lugar en días sucesivos. Puigdemont está alargando el proceso para tener mayor protagonismo y eso es grave para un Sánchez que necesita cerrar la investidura rápido. Cuanto mayor tiempo pase, más deterioro va a acumular y con menor capital simbólico arrancará la legislatura.

La otra parte del problema catalán la tiene entre sus filas. Como señalaba Josep Martí, a diferencia de los indultos, que fueron aceptados con entusiasmo o con indiferencia, "en esta ocasión hay claramente un malestar que en el ámbito constitucionalista alcanza a una parte de los votantes del PSC". La perspectiva de un Puigdemont vencedor como resultado final de las negociaciones no solo molesta en Madrid, sino que abre brechas entre los socialistas catalanes.

En la otra España

Del otro lado del Ebro, el malestar en las izquierdas proviene de ámbitos diferentes. La amnistía, con toda su carga simbólica, tiene costes entre sus votantes, que son habitualmente amplificados en Madrid. Pero fuera de la ciudad global, en las comunidades cuyas ciudades pequeñas y medianas están paralizadas o en retroceso, lo que más duele es la sensación que se transmite respecto del reparto de los recursos. Cataluña puede sentirse infrafinanciada, pero la mayoría de las comunidades menos prósperas perciben los acuerdos con ERC, por matizables que sean, desde la sospecha de que, en la próxima legislatura, les va a tocar perder más todavía. Y esa es una herida con difícil cura.

Si la amnistía se produce y su resultado es positivo, en el sentido de contribuir al proceso de regreso a la institucionalidad que Cataluña ha vivido en los últimos años (y al que están deseando contribuir sus élites, como sabe el gobierno) tiene un coste afrontable, porque dentro de unos años los votantes se habrán olvidado que se produjo para mantener la Moncloa. Esa es también la esperanza socialista. Sin embargo, la financiación autonómica va a estar presente a lo largo de la legislatura, y más en la medida en que las brechas entre ciudades globales como Madrid y Barcelona y la mayoría de poblaciones españolas son producto de una situación estructural.

En ese contexto, los recursos son importantes porque constituyen el fuego primero de los rencores. Un ejemplo obvio que es trasladable a buena parte de la España en declive: si Extremadura sigue con una conexión ferroviaria eterna mientras se destinan partidas a los Cercanías catalanes, es fácil que el mensaje que se reciba sea el de que la complacencia con los independentistas es la causa de que no haya partidas para su comunidad. Si esta percepción no se desvanece, el arranque de legislatura va a ser muy complicado y la pérdida de aceptación electoral significativa.

Máxime cuando todavía queda por anunciarse, además del acuerdo con Junts, el que se firme en el PNV, al que parte de las izquierdas se refieren como "la niña bonita". Las cesiones que se hagan a una comunidad que cuenta con unas condiciones superiores de financiación a las del resto de España servirán para subrayar el malestar de fondo.

No son asuntos menores los que se están resolviendo en estos días, en la medida en que definirán cuál será el apoyo con el que las izquierdas contarán de existir repetición electoral y, si no fuera el caso, cuáles serán las condiciones de partida del nuevo gobierno y el apoyo social del que gozaría. Si el nuevo ejecutivo nace tocado, es decir, si entre sus votantes arraiga la idea de que Sánchez está cediendo en todo con tal de gobernar, tendrá muy difícil remontar un arranque tan perjudicial. Máxime cuando, de ser esa la situación, cada componente de la coalición acelerará su proyecto particular."              (Esteban Hernández, El Confidencial , 05/11/23)  

4.8.23

En los pactos del Majestic, Aznar le cedió a Jordi Pujol: Nuevo sistema de financiación autonómica (con la cesión a las CCAA del 33% de la recaudación del IRPF, el 35% del IVA y el 40% de los impuestos especiales)... Supresión de los gobernadores civiles... Traspaso de competencias en materia de tráfico a la Generalitat... Traspaso del Inem y de las políticas activas de empleo... Traspaso del Instituto Social de la Marina... Traspaso de la gestión de los puertos de interés general... Reforma de la ley de costas... Reforma de la ley del suelo... Supresión del servicio militar obligatorio

 "El 28 de abril de 1996, José María Aznar (PP) y Jordi Pujol (CiU) sellaron en el Hotel Majestic de Barcelona un acuerdo por el que los nacionalistas apoyarían la investidura del primero y darían estabilidad al Gobierno a cambio de una serie de contrapartidas.

Entre ellas, se incluía el respaldo de los populares al Govern en Cataluña, un nuevo sistema de financiación autonómica (con la cesión a las CCAA del 33% de la recaudación del IRPF, el 35% del IVA y el 40% de los impuestos especiales), la eliminación del servicio militar, la supresión de la figura del gobernador civil, el compromiso de importantes inversiones en Cataluña y la transferencia de una batería de competencias a la Generalitat (en tráfico, educación, sanidad, justicia, agricultura, cultura, empleo, medio ambiente y vivienda). Esta alianza --conocida como el pacto del Majestic-- tenía entre sus objetivos fortalecer “la vertebración social, territorial e institucional de España”. (...)"           (Crónica Global, 25/ 05/2019)

 

"(...) Los principales acuerdos

  1. Modernización del Estado y sus instituciones
  2. Desarrollo y consolidación del Estado de las autonomías, con un nuevo sistema de financiación autonómica y la finalización de traspasos
  3. Política económica de apoyo a la economía productiva y de mejora de las prestaciones del Estado de bienestar
  4. Política presupuestaria que garantice la reducción progresiva del déficit público
  5. Actuación de acuerdo con los principios de austeridad, eficacia y transparencia en la gestión de los recursos públicos
  6. Cesión del 30% del IRPF a las autonomías
  7. Corresponsabilidad fiscal
  8. Capacidad normativa sobre los impuestos cedidos
  9. Solidaridad entre regiones y nacionalidades
  10. Supresión de los gobernadores civiles y conversión en subdelegados provinciales del Gobierno
  11. Desarrollo del modelo policial catalán
  12. Traspaso de competencias en materia de tráfico a la Generalitat de Catalunya
  13. Traspaso del Inem y de las políticas activas de empleo a la Generalitat de Catalunya
  14. Participación de la Generalitat en el diseño de las políticas sobre formación profesional
  15. Traspaso de los centros y servicios correspondientes a la gestión de las prestaciones sanitarias y de servicios sociales del Instituto Social de la Marina
  16. Reforma de la ley de puertos que transfiera la gestión de los puertos de interés general a las autonomías, que designarán al presidente de las autoridades portuarias, y que establezca la libertad tarifaria para cada puerto
  17. Reforma de la ley de costas para permitir una mayor participación de las autonomías en el ejercicio de sus competencias de protección del medio ambiente y de ordenación del territorio y del litoral
  18. Reforma de la ley del suelo con flexibilidad para adaptarse a las especificidades de cada autonomía
  19. Presencia de las autonomías en la toma de decisiones sobre la Unión Europea y en las delegaciones españolas ante los entes comunitarios
  20. Supresión del servicio militar obligatorio
  21. Aplicación del tipo reducido del IVA del 7% en los peajes de las autopistas (...)"   (Josep Gisbert, La Vanguardia, 25/04/23)


 

 "(...) Fuentes nacionalistas estiman en aproximadamente 400.000 millones el montante que recibirá en los próximos cuatro años Cataluña gracias al acuerdo. El último escollo de la negociación fue la transferencia a la Generalitat de las competencias en Tráfico. Pese al hermetismo de los negociadores, trascendió anoche que también en esto había habido acuerdo. Al parecer, la Generalitat asumirá esta competencia, que ejercerá inicialmente a través de la Guardia Civil de carretera hasta que, de forma gradual, asuman esa función los Mossos d'Esquadra (policía autonómica).

El acuerdo se ha logrado tras 55 días de negociaciones, a menudo en sesiones maratonianas y tras muchas conversaciones telefónicas. Jordi Pujol manifestó anoche que el objetivo del acuerdo es garantizar "la gobernabilidad" y que, en principio, "es para toda la legislatura". Horas antes se le había atribuido unas palabras en un almuerzo con intelectuales en el sentido de que el PP tenía un año de tiempo para demostrar si sabe gobernar.

Después de que los consejos nacionales de CDC y UDC aprueben al pacto, éste se firmará el domingo por la noche o el lunes. Queda por aclarar si participarán en esa liturgia Jordi Pujol, Duran Lleida y Aznar, o si sólo estarán Molins y Rato. La mayoría de los diputados y senadores de CDC reunidos ayer preferirían que no hubiera foto con Aznar y Pujol.

El aspecto más destacado del acuerdo es el establecimiento de un nuevo sistema de financiación autonómica que supone una profundización en la responsabilidad fiscal de las comunidades. El PP ha aceptado elevar del 15% al 30% la cesión del impuesto sobre la renta (IRPF). En una primera etapa se dividirá en un 15% sobre la cuota y un 15% sobre la tarifa. Posteriormente será un 30% sobre la tarifa.

Las autonomías participarán en la Agencia Tributaria y tendrán capacidad normativa sobre los impuestos cedidos y compartidos. Lo más relevante es que la cesión del 30% se hace sin limitación alguna. Por tanto, desaparecen los topes (actualmente del 2%) que limitaban las ganancias procedentes de un mayor esfuerzo fiscal derivado de un incremento de la recaudación sobre las previsiones teóricas. Este aspecto es, sin duda, el que ha producido mayor satisfacción a los nacionalistas ya que, según sus cálculos, permitirá incrementar sensiblemente esta fuente de ingresos.

El acuerdo también establece que se tomará 1996 como año base para el cálculo de la cesión del impuesto sobre la renta. Este aspecto modera, especialmente en los primeros años, las ganancias adicionales que proporcionará la cesión del 30% del IRPF.

Sin embargo, CiU ha logrado que se garantice a las autonomías el beneficio por mayor esfuerzo fiscal derivado del sistema vigente. Aunque el problema de la financiación de la Sanidad transferida se abordará en el marco del debate presupuestario, el acuerdo prevé soluciones parciales: en relación con el coste que suponen los enfermos desplazados de otras comunidades y en relación con la rebaja del ahorro impuesto por el Gobierno a las comunidades.

Otro punto del acuerdo es el compromiso del PP de suprimir el servicio militar obligatorio en el plazo de seis años. El PP se compromete a elaborar la nueva ley para que sea aprobada en el Congreso en dos años, pero existirá un periodo transitorio de cuatro años para que entre completamente en vigor.

Gobernadores

Los gobernadores civiles desaparecerán y serán sustituidos por subdelegados provinciales. Serán funcionarios sin rango político, nombrados por los delegados del Gobierno en las comunidades. Sus recursos económicos y materiales se adecuarán a su condición de meros funcionarios. Esta desaparición era una de las reivindicaciones históricas del catalanismo político.Las políticas de promoción de empleo del Inem serán traspasadas a la Generalitat, pero no la gestión de las prestaciones económicas a los desempleados. Los puertos, pero no los aeropuertos, serán transferidos a las autonomías. En el caso de Cataluña, esto afecta a los puertos de Barcelona y Tarragona y al Consorcio de la Zona Franca. También se acepta el traspaso del Instituto Social de la Marina.

Las comunidades, de acuerdo con el pacto, participarán en la formación de la opinión española sobre temas de la Unión Europea (UE), a través de una mesa sectorial. Un delegado autonómico se integrará en la delegación española del Comité de Representantes Permanentes (Coreper) de los Estados miembros de la UE. Las comunidades también participarán en los comités preparatorios de las decisiones de la Comisión Europea. El PP asume la revisión de las leyes de Costas y del Suelo y el compromiso de rebajar el IVA del peaje de las autopistas al 7%. Según el canal autonómico TV-3, la Generalitat tendrá capacidad normativa sobre los impuestos del juego."           (Carles Pastor, El País, 27/04/1996)

12.1.22

Abel Caballero: "El Estado no puede funcionar con la macrocefalia que representan las autonomías... "Tiene que haber una segunda descentralización, de las autonomías a los ayuntamientos"

 "(...) El Gobierno ha puesto en marcha la reforma del sistema de financiación autonómica. ¿Pueden jugar algún papel los ayuntamientos en este debate?

Debemos jugar un papel central. Los ayuntamientos reclamamos la reforma del sistema de financiación local, que es de 2002 y se tendría que haber renovado a los cinco años. Este Gobierno ha adquirido el compromiso de negociar ambos modelos en paralelo. Ahora las autonomías tienen prioridad a la hora de repartirse los recursos y lo que queda nos lo tenemos que repartir los municipios. Ese sistema no nos vale. En España hay tres administraciones (central, autonómica y local) y queremos un trato exactamente igual que a las autonomías.

La FEMP le remitirá al Gobierno en enero su propuesta de nueva financiación local. ¿Cuáles serán sus principales peticiones?

El sistema vigente nos deja a los ayuntamientos aquello que queda después de financiar a las autonomías. Es decir, si se aumentan los recursos de las autonomías, se reducen los nuestros. La consecuencia es que, desde 2002, los ayuntamientos tenemos una disminución de ingresos de entre 7.500 y 9.000 millones anuales. Hay que poner el contador a cero y que el incremento de los ingresos del Estado repercuta por igual en las tres administraciones. Hay otro elemento clave: mientras el Ayuntamiento de Vigo recauda el 66% de sus ingresos, la Xunta de Galicia recauda el 20%. Nosotros somos fiscalmente corresponsables; las autonomías no. Aun así, bajan los pocos impuestos que tienen y le piden al Estado que les compense. Ese sistema no funciona. El esfuerzo fiscal se tiene que primar, no castigar.

Las arcas de los ayuntamientos han recibido un fuerte varapalo del Tribunal Constitucional con la anulación del impuesto de la plusvalía municipal. ¿Les convence el nuevo modelo de cálculo que plantea el Gobierno?

La propuesta de nuevo impuesto nos gusta porque respeta a los ciudadanos. El anterior tributo era confiscatorio porque a veces recaudaba el 100% de la plusvalía. Ahora tendremos más seguridad jurídica. El problema es que, al ser respetuoso con los ciudadanos, nuestros ingresos van a disminuir porque pasaremos de recaudar el 100% a recaudar el 30%. Por eso le pedimos al Estado que nos compense esa pérdida.

Por lo tanto, ¿diría que el Gobierno central está cumpliendo con los ayuntamientos o echa de menos más implicación?

Con el nuevo impuesto sí ha cumplido. Vamos a ver ahora con el nuevo sistema de financiación local. Las autonomías están siendo privilegiadamente tratadas, tienen asignaciones presupuestarias muy importantes y solo las oigo quejarse. La demanda de muchas necesidades de los ciudadanos está en las ciudades y se tiene que producir la segunda descentralización, de las autonomías a los ayuntamientos. Las autonomías nos asignan funciones de ellas, como la política social, pero no nos otorgan recursos para llevarlas a cabo, sino que drenan recursos nuestros. El Estado no puede funcionar con esta macrocefalia que representan las autonomías.

 Desde que convivimos con la pandemia se ha hablado mucho de cogobernanza. ¿Ese concepto llega también a los municipios?

Empieza a llegar a través de las conferencias de presidentes y conferencias territoriales. Pero estamos sin voto porque el sistema no lo permite. La FEMP tiene que ser entidad de derecho público para poder tener voto en las conferencias. La cogobernanza tiene que incluir a los ayuntamientos. Empieza a hacerlo Pedro Sánchez, pero quedan pasos muy importantes por dar. (...)"              (Entrevista a Abel Caballero, José Rico, El Periódico, 02/01/22)

28.7.21

Ayuso, es una mentirosa patológica. Madrid recauda mucho porque tiene la mayor presión fiscal de España, no por bajar el IRPF, que solo beneficia a los ricos... La carga impositiva que tiene la CAM y los aytos de Madrid es digna de estudio...

Carlos Cagigal @CcagigalNeira

 Ayuso se tiene que rebelar ante los "intentos de subir impuestos" a Madrid porque, en contra de lo que "vende", en Madrid tiene los impuestos muy altos: Madrid es la autonomía con mayor presión fiscal, con mucha diferencia. Impuestos bajos, para los ricos.

"Ayuso advierte que se rebelará ante los "intentos de subir impuestos" a Madrid"

2- Ayuso además de cateta integral es mentirosa patológica. Madrid recauda mucho porque tiene la mayor presión fiscal de España, no por bajar IRPF que solo beneficia a los ricos...

3- Preguntad a padres y alumnos por las tasas universitarias... La carga impositiva que tiene la CAM y los aytos de Madrid es digna de estudio... 

4:36 p. m. · 23 jul. 2021
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5.3.20

Antiguamente las apuestas deportivas eran un monopolio del estado (las antiguas quinielas)... ha sido el Tribunal de Justicia Europeo los que han obligado al Estado Español a liberalizar está nefasta actividad


Antiguamente las apuestas deportivas eran un monopolio del estado (las antiguas quinielas) No sé qué demonios hace un estado metido en semejante negocio pero la liberalización no ha sido la respuesta sensata.
10:35 p. m. · 26 feb. 2020Twitter for Android


 Por cierto, ¿alguien se acuerda de que ha sido nuestra pertenencia a la UE y sentencias del Tribunal de Justicia Europeo los que han obligado al Estado Español a liberalizar está nefasta actividad?
Por cierto, ¿alguien se acuerda de que ha sido nuestra pertenencia a la UE y sentencias del Tribunal de Justicia Europeo los que han obligado al Estado Español a liberalizar está nefasta actividad?

 Y no olvidemos el papel de las comunidades autónomas, por ejemplo la de Madrid ansiosa por atraer el proyecto de Eurovegas.



29.5.19

El triunfo del PP en Madrid salva el oasis fiscal de la capital

"(...) si existe un acuerdo -la formación naranja quiere gobernar en coalición- la Comunidad de Madrid se convertirá en una herramienta para hacer de contrapeso sobre el gobierno de Pedro Sánchez, y la política de impuestos va a jugar un papel clave en ello.

Por esta lucha, Madrid cuenta con muchas cartas para continuar reforzando su perfil de oasis fiscal frente a otras comunidades. De haber ganado Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a la presidencia de la autonomía, la rebaja de ciertas tasas podría haber tocado suelo, especialmente si dependía para gobernar de Unidas Podemos. Ambos partidos incluían en sus programas el endurecimiento de algunos impuestos. Justo al contrario que el PP, Ciudadanos y Vox. (...)

 En la campaña para las elecciones a la autonomia, los impuestos ya se convirtieron en un punto de fricción y de propuestas antagónicas entre los bloques políticos de la derecha y de la izquierda; con la promesa de nuevas rebajas desde el PP, Ciudadanos y VOX; y el compromiso de revisar al alza ciertas tasas desde la izquierda. (...)

El PP, desde que Alberto Ruíz Gallardón arrebató la comunidad a Joaquín Leguina en 1995, ha mantenido la Comunidad de Madrid como uno de sus bastiones más importantes; con la política fiscal como uno de sus estandartes clave.

En la última legislatura, por ejemplo, aprobó cambios en Sucesiones y Donaciones, abaratando las transmisiones entre hermanos, o incluso entre tíos y sobrinos.

La fiscalidad más ventajosa de Madrid se ha relacionado en numerosas ocasiones con la mayor capacidad de la región para atraer empresas y también residentes con rentas elevadas. Durante los últimos años, y especialmente desde la crisis institucional generada por el referéndum del 1-O en Cataluña, Madrid se ha consolidado como la comunidad líder en creación de empresas.
Según los últimos datos disponibles, en el primer trimestre de 2019, dio vida a un 22,6% de las empresas que vieron la luz en España, frente al 19,2% de Cataluña."             (Cristina Triana, Economía Digital, 27/05/19)

29.11.17

El Gobierno niega la ayuda financiera a las autonomías si no firman un convenio que beneficia a las farmacéuticas. Obliga a los departamentos de Sanidad a adquirir productos de marca en detrimento de los genéricos o biosimilares, que quedan excluidos del contrato

" El Gobierno de Mariano Rajoy obliga a las comunidades autónomas que solicitan ayuda financiera estatal a firmar un convenio con la patronal farmacéutica que, a la postre, actúa como blindaje de los medicamentos de marca y freno para los más económicos medicamentos genéricos. Sin firma no hay fondos para sostener los servicios autonómicos.  (...)

 El convenio promovido por Hacienda y Sanidad garantiza un nivel de gasto público anual en productos de Farmaindustria. Un traje a medida de los laboratorios incluidos en esta patronal.


Al rubricar el acuerdo para que el Ejecutivo autorice los fondos del FLA, la situación queda así: si las consejerías gastan más que el crecimiento del PIB en estos fármacos de marca, los laboratorios deben compensar. 

De esta manera el mensaje es "gasta en estos productos porque si vas a otras alternativas serás penalizado", explican algunos de los departamentos afectados. Si el gasto es inferior a lo que Hacienda permite a las comunidades –la regla de gasto– se prevén "incentivos" para el sector. 

"Pero no de forma automática. Eso ya ocurrió en 2016 y no se aprobó incentivo alguno", aclaran en Hacienda que considera el convenio "positivo, ventajoso y una garantía de control del gasto".

Se focaliza así la inversión en un sector. Este documento significa, de hecho, un freno efectivo para alternativas más económicas y refuerza un statu quo a la medida de Farmaindustria, cuentan desde las consejerías.

Aunque el acuerdo recoge literalmente que "se facilitará la adhesión a aquellas comunidades que lo deseen", es decir, deja patente su carácter voluntario, Hacienda ha utilizado el sistema FLA de financiación regional como una palanca para que diez comunidades se incorporen a este modelo. 

Lo hizo en la primera oportunidad que tuvo tras rubricar del convenio: el documento lleva fecha de 29 diciembre de 2016 y aparece como condición para acceder a la financiación en la asignación "para los dos primeros trimestres de 2017", según explicó Hacienda.  (...)

Vanessa López, directora de la organización Salud por derecho explica que el convenio entre el Gobierno y Farmaindustria "está enfocado para mantener el gasto farmacéutico de medicamentos no genéricos de manera constante". 

Pone el ejemplo de que "el presupuesto público en salud ha podido recortarse, pero el de los medicamentos de uso hospitalario ha crecido hasta un 23%, sobre todo con medicamentos nuevos". (...)"             (Raúl Rejón, eldiario.es, 26/11/17)


"Carmen Montón: "El convenio con Farmaindustria pone a las comunidades mal financiadas entre la espada y la pared" 

"Este convenio pone a las comunidades infrafinanciadas entre la espada y la pared". 

Así de gráficamente resumen en una conversación con eldiario.es la consellera valenciana de Sanidad, la socialista Carmen Montón, la situación en la que quedan los diez gobiernos autonómicos que deben suscribir de manera 'voluntaria' el  acuerdo rubricado por el Gobierno de Mariano Rajoy y Farmaindustria, que garantiza un nivel de gasto público anual en productos de la patronal farmacéutica si quieren recibir los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómico.

La titular de Sanidad en el Gobierno valenciano censura que siendo una adhesión "voluntaria" su firma figure como un requisito para acogerse al FLA. (...)

"Se trata de un acuerdo a favor de la industria y no de las comunidades", ya que se obliga a los departamentos de Sanidad a adquirir productos de marca en detrimento de los genéricos o biosimilares, que quedan excluidos del contrato: "Se desincentiva la adquisición de otros fármacos y, por tanto, la búsqueda de otros mecanismos que puedan servir para abaratar el gasto, con lo que se actúa contra la eficiencia".  (...)

Por último, Carmen Montón denuncia que el convenio establece el suministro de información a la industria farmacéutica en materias "muy sensibles, tanto a nivel de protección de datos como de transparencia y defensa de la competencia, referidas al gasto farmacéutico y el acceso de los pacientes a medicamentos innovadores".       (Entrevista a la titular valenciana de Sanidad , eldiario.es, 27/11/17)

4.4.17

La Comunidad de Madrid es un vampiro que basa su prosperidad fiscal en la pérdida de ingresos de otras autonomías. Como Holanda, Irlanda o Luxemburgo con respecto a los otros países de la Unión

"(...) La presidenta de la Junta de Andalucía y los líderes de otras cinco Comunidades Autónomas plantearon en la reunión de Presidentes celebrada a mediados de enero la necesidad de armonizar los impuestos autonómicos. Resulta una petición manifiestamente lógica. (...)

Llevamos muchos años denunciando la ausencia de armonización fiscal en la Unión Europea, causa de que todos los sistemas tributarios de los países miembros vayan evolucionando hacia formas más injustas y regresivas, al estar sometidos los gobiernos al chantaje de las empresas y del capital. 

Parece coherente que, con más razón si cabe, exijamos esa armonización entre las Comunidades Autónomas de un mismo Estado.

Si las sociedades y algunas personas de elevados ingresos y riqueza cambian el domicilio de un país a otro en función de la presión fiscal y de la mayor o menor progresividad de los impuestos, con más facilidad se producirá la movilidad cuando se trata de regiones dentro del mismo Estado.

 En ambos casos es evidente que se puede producir un permanente chantaje del capital y una carrera competitiva que, si resulta grave entre países, tiene consecuencias mucho más negativas cuando se establece entre Comunidades Autónomas.

La cesión a las Autonomías de la capacidad normativa en algunos tributos amenaza con crear el caos en el sistema impositivo español y viene a añadir a la ausencia de armonización fiscal de la UE un factor más para desarmar la progresividad fiscal de los tributos. 

El argumento de la corresponsabilidad hace aguas tan pronto como se constata que a lo largo de los años las Comunidades han empleado siempre estas competencias para bajar impuestos progresivos, nunca para subirlos, generando entre ellas una competición muy dañina para la suficiencia de sus ingresos y el mantenimiento de sus servicios.

Bien es verdad que para el poder económico y para una parte de la derecha política esta competencia es muy provechosa porque termina reduciendo la presión fiscal y disminuyendo la progresividad del sistema. Cristina Cifuentes encarna ahora esta postura, ya que ha asumido la línea de conducta que durante años mantuvo Esperanza Aguirre, convirtiendo la Comunidad de Madrid en un cuasi paraíso fiscal en cuanto a gravámenes autonómicos se refiere. 

 Tanto una como otra han argüido que con esta política se recauda más. Puede que tengan razón, pero les falta decir la causa, que no es otra que la de robar contribuyentes -y por lo tanto recaudación- a las otras Autonomías. La Comunidad de Madrid se convierte así en una especie de vampiro que basa su prosperidad fiscal en la pérdida de ingresos de otras Comunidades Autónomas. En realidad, la situación es similar a la que crean Holanda, Irlanda o Luxemburgo con respecto a los otros países de la Unión. (...)

Si todas las Comunidades Autónomas adoptasen ese mismo patrón de comportamiento, ninguna saldría ganando y todas perderían recaudación, con el consiguiente deterioro de los servicios que deben suministrar a los ciudadanos.

 Los únicos beneficiados serían los contribuyentes con mayores rentas, puesto que los gravámenes que siempre se reducen son los progresivos tales como el IRPF, Sucesiones o Patrimonio. Entre los muchos errores que se cometieron al establecer el Estado de las Autonomías no fue el menor haber cedido a las Comunidades Autónomas los impuestos de Sucesiones y de Patrimonio. Dos tributos que deberían tener una estructura uniforme en todo el territorio nacional y que constituyen piezas clave en la progresividad y equidad de un sistema fiscal.

Las exenciones que Comunidades como Madrid han establecido en el Impuesto de Sucesiones y en el de Patrimonio han distorsionado el sistema fiscal y han creado situaciones realmente injustas, tales como que la herencia y las donaciones se hayan constituido en el mejor instrumento para eludir el gravamen sobre los incrementos patrimoniales, que es la forma por la que tributan principalmente las rentas de capital."                  (Juan Francisco Martín Seco, república.com, 23/03/17)