"El 28 de abril de 1996, José María Aznar (PP) y Jordi Pujol (CiU) sellaron en el Hotel Majestic de Barcelona un acuerdo por el que los nacionalistas apoyarían la investidura del primero y darían estabilidad al Gobierno a cambio de una serie de contrapartidas.
Entre ellas, se incluía el respaldo de los populares al Govern en Cataluña, un nuevo sistema de financiación autonómica
(con la cesión a las CCAA del 33% de la recaudación del IRPF, el 35%
del IVA y el 40% de los impuestos especiales), la eliminación del
servicio militar, la supresión de la figura del gobernador civil, el
compromiso de importantes inversiones en Cataluña y la transferencia de una batería de competencias
a la Generalitat (en tráfico, educación, sanidad, justicia,
agricultura, cultura, empleo, medio ambiente y vivienda). Esta alianza
--conocida como el pacto del Majestic-- tenía entre sus objetivos
fortalecer “la vertebración social, territorial e institucional de
España”. (...)" (Crónica Global, 25/ 05/2019)
"(...) Los principales acuerdos
- Modernización del Estado y sus instituciones
- Desarrollo y consolidación del Estado de las autonomías, con un nuevo sistema de financiación autonómica y la finalización de traspasos
- Política económica de apoyo a la economía productiva y de mejora de las prestaciones del Estado de bienestar
- Política presupuestaria que garantice la reducción progresiva del déficit público
- Actuación de acuerdo con los principios de austeridad, eficacia y transparencia en la gestión de los recursos públicos
- Cesión del 30% del IRPF a las autonomías
- Corresponsabilidad fiscal
- Capacidad normativa sobre los impuestos cedidos
- Solidaridad entre regiones y nacionalidades
- Supresión de los gobernadores civiles y conversión en subdelegados provinciales del Gobierno
- Desarrollo del modelo policial catalán
- Traspaso de competencias en materia de tráfico a la Generalitat de Catalunya
- Traspaso del Inem y de las políticas activas de empleo a la Generalitat de Catalunya
- Participación de la Generalitat en el diseño de las políticas sobre formación profesional
- Traspaso de los centros y servicios correspondientes a la gestión de las prestaciones sanitarias y de servicios sociales del Instituto Social de la Marina
- Reforma de la ley de puertos que transfiera la gestión de los puertos de interés general a las autonomías, que designarán al presidente de las autoridades portuarias, y que establezca la libertad tarifaria para cada puerto
- Reforma de la ley de costas para permitir una mayor participación de las autonomías en el ejercicio de sus competencias de protección del medio ambiente y de ordenación del territorio y del litoral
- Reforma de la ley del suelo con flexibilidad para adaptarse a las especificidades de cada autonomía
- Presencia de las autonomías en la toma de decisiones sobre la Unión Europea y en las delegaciones españolas ante los entes comunitarios
- Supresión del servicio militar obligatorio
- Aplicación del tipo reducido del IVA del 7% en los peajes de las autopistas (...)" (Josep Gisbert, La Vanguardia, 25/04/23)
"(...) Fuentes nacionalistas estiman en aproximadamente 400.000 millones el montante que recibirá en los próximos cuatro años Cataluña gracias al acuerdo. El último escollo de la negociación fue la transferencia a la Generalitat de las competencias en Tráfico. Pese al hermetismo de los negociadores, trascendió anoche que también en esto había habido acuerdo. Al parecer, la Generalitat asumirá esta competencia, que ejercerá inicialmente a través de la Guardia Civil de carretera hasta que, de forma gradual, asuman esa función los Mossos d'Esquadra (policía autonómica).
El acuerdo se ha logrado tras 55 días de negociaciones, a menudo en sesiones maratonianas y tras muchas conversaciones telefónicas. Jordi Pujol manifestó anoche que el objetivo del acuerdo es garantizar "la gobernabilidad" y que, en principio, "es para toda la legislatura". Horas antes se le había atribuido unas palabras en un almuerzo con intelectuales en el sentido de que el PP tenía un año de tiempo para demostrar si sabe gobernar.
Después de que los consejos nacionales de CDC y UDC aprueben al pacto, éste se firmará el domingo por la noche o el lunes. Queda por aclarar si participarán en esa liturgia Jordi Pujol, Duran Lleida y Aznar, o si sólo estarán Molins y Rato. La mayoría de los diputados y senadores de CDC reunidos ayer preferirían que no hubiera foto con Aznar y Pujol.
El aspecto más destacado del acuerdo es el establecimiento de un nuevo sistema de financiación autonómica que supone una profundización en la responsabilidad fiscal de las comunidades. El PP ha aceptado elevar del 15% al 30% la cesión del impuesto sobre la renta (IRPF). En una primera etapa se dividirá en un 15% sobre la cuota y un 15% sobre la tarifa. Posteriormente será un 30% sobre la tarifa.
Las autonomías participarán en la Agencia Tributaria y tendrán capacidad normativa sobre los impuestos cedidos y compartidos. Lo más relevante es que la cesión del 30% se hace sin limitación alguna. Por tanto, desaparecen los topes (actualmente del 2%) que limitaban las ganancias procedentes de un mayor esfuerzo fiscal derivado de un incremento de la recaudación sobre las previsiones teóricas. Este aspecto es, sin duda, el que ha producido mayor satisfacción a los nacionalistas ya que, según sus cálculos, permitirá incrementar sensiblemente esta fuente de ingresos.
El acuerdo también establece que se tomará 1996 como año base para el cálculo de la cesión del impuesto sobre la renta. Este aspecto modera, especialmente en los primeros años, las ganancias adicionales que proporcionará la cesión del 30% del IRPF.
Sin embargo, CiU ha logrado que se garantice a las autonomías el beneficio por mayor esfuerzo fiscal derivado del sistema vigente. Aunque el problema de la financiación de la Sanidad transferida se abordará en el marco del debate presupuestario, el acuerdo prevé soluciones parciales: en relación con el coste que suponen los enfermos desplazados de otras comunidades y en relación con la rebaja del ahorro impuesto por el Gobierno a las comunidades.
Otro punto del acuerdo es el compromiso del PP de suprimir el servicio militar obligatorio en el plazo de seis años. El PP se compromete a elaborar la nueva ley para que sea aprobada en el Congreso en dos años, pero existirá un periodo transitorio de cuatro años para que entre completamente en vigor.
Gobernadores
Los gobernadores civiles desaparecerán y serán sustituidos por subdelegados provinciales. Serán funcionarios sin rango político, nombrados por los delegados del Gobierno en las comunidades. Sus recursos económicos y materiales se adecuarán a su condición de meros funcionarios. Esta desaparición era una de las reivindicaciones históricas del catalanismo político.Las políticas de promoción de empleo del Inem serán traspasadas a la Generalitat, pero no la gestión de las prestaciones económicas a los desempleados. Los puertos, pero no los aeropuertos, serán transferidos a las autonomías. En el caso de Cataluña, esto afecta a los puertos de Barcelona y Tarragona y al Consorcio de la Zona Franca. También se acepta el traspaso del Instituto Social de la Marina.
Las
comunidades, de acuerdo con el pacto, participarán en la formación de
la opinión española sobre temas de la Unión Europea (UE), a través de
una mesa sectorial. Un delegado autonómico se integrará en la delegación
española del Comité de Representantes Permanentes (Coreper) de los
Estados miembros de la UE. Las comunidades también participarán en los
comités preparatorios de las decisiones de la Comisión Europea. El PP
asume la revisión de las leyes de Costas y del Suelo y el compromiso de
rebajar el IVA del peaje de las autopistas al 7%. Según el canal
autonómico TV-3, la Generalitat tendrá capacidad normativa sobre los
impuestos del juego." (Carles Pastor, El País, 27/04/1996)
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