Dos huelgas generales derrocan el paquete de medidas laborales del gobierno portugués... el paquete laboral solo fue rechazado porque quienes se declararon en huelga y quienes se manifestaron lograron situar la cuestión laboral en el centro de la vida política nacional, creando así una conciencia generalizada sobre la naturaleza de la contrarreforma prevista... El protagonismo que adquirió el tema laboral restó protagonismo a las guerras culturales promovidas por la extrema derecha, totalmente artificiales (como la prohibición del uso del burka, por ejemplo) e, incluso, a la agenda antiinmigrante que venía cobrando fuerza de la mano del Gobierno... la convergencia sindical en el rechazo de la propuesta -que alcanzó su punto álgido en la huelga general conjunta de diciembre- infundió confianza a los sectores sociales susceptibles de movilizarse en estos tiempos difíciles. Así fue como el paquete laboral, además de antipopular, se volvió impopular: aprobarlo pasó a tener un coste electoral más elevado... La izquierda que se enfrenta al neofascismo y al Gobierno no debe morder el anzuelo de las guerras culturales: es hora de tomar la iniciativa junto al pueblo que ganó el viernes, la mayoría social que rechaza la precariedad (Jorge Costa)

"El 19 de junio, el Parlamento portugués rechazó la propuesta de Reforma de la Legislación Laboral presentada por el Gobierno. Los 100 diputados que apoyaron al Gobierno (PSD, CDS e IL) quedaron en minoría cuando a los votos del PS (58) y de los demás partidos de izquierda (12) se sumaron –en contra de las previsiones de periodistas y comentaristas– los 60 votos de Chega (extrema derecha).

Los lectores de Viento Sur pudieron seguir la lucha contra este paquete de medidas brutales contra los trabajadores, incluidas las dos huelgas generales, en diciembre y en junio, la primera convocada por las dos centrales sindicales, CGTP y UGT. De hecho, el paquete laboral solo fue rechazado porque quienes se declararon en huelga y quienes se manifestaron lograron situar la cuestión laboral en el centro de la vida política nacional, creando así una conciencia generalizada sobre la naturaleza de la contrarreforma prevista.

El protagonismo que adquirió el tema laboral restó protagonismo a las guerras culturales promovidas por la extrema derecha, totalmente artificiales (como la prohibición del uso del burka, por ejemplo) e, incluso, a la agenda antiinmigrante que venía cobrando fuerza de la mano del Gobierno.

Al mismo tiempo, la convergencia sindical en el rechazo de la propuesta -que alcanzó su punto álgido en la huelga general conjunta de diciembre- infundió confianza a los sectores sociales susceptibles de movilizarse en estos tiempos difíciles. Así fue como el paquete laboral, además de antipopular, se volvió impopular: aprobarlo pasó a tener un coste electoral más elevado.

A pesar de que el Presupuesto del Estado se aprobó con los votos de los diputados del Partido Socialista, la derecha tradicional ha aprobado junto con Chega importantes leyes regresivas en ámbitos como la inmigración, la nacionalidad y la identidad de género. Esto llevó a mucha gente a creer que, tras frustrarse los persistentes intentos de someter a la UGT para arrastrar al PS, la presión patronal (y de las finanzas) sobre Chega llevaría al partido a salvar la ley del Gobierno. La sucesión de reuniones de negociación entre Montenegro y Ventura dio credibilidad a esa expectativa. El viernes, el voto en contra de Chega fue recibido con sorpresa.

La victoria de las huelgas y el poder de la lucha, incluso en un contexto tan adverso, no son la única lección que se puede extraer de este episodio. También queda patente la especificidad de Chega dentro del espectro de la derecha, su perfil típicamente neofascista. Al igual que el fascismo histórico, el neofascismo, antes de llegar al poder, evita aprobar las medidas impopulares de los liberales (sobre todo aquellas que aplicará con mayor rapidez si llega al Gobierno). Al igual que el Frente Nacional francés ante la reforma de las pensiones, Chega ha antepuesto la acumulación de fuerza electoral a la obediencia orgánica al plan patronal, distinguiéndose así del resto de la derecha. Por eso también ha ocultado su primer programa, de 2019, el más sinceramente ultraliberal. 

En resumen: ya se ha demostrado que la suma de los votos de la derecha tradicional y de los neofascistas es peligrosa, pero, por el momento, la táctica de Chega hace que esa mayoría sea demasiado inconsistente como para lanzarse a enfrentamientos frontales contra las mayorías sociales.

Aplicar el paquete de medidas laborales implicaría un enfrentamiento con la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, incluido el proletariado industrial que trabaja por turnos, cuyo componente salarial por horas extras se veía afectado por la nueva ley. Al perder la hegemonía en el tema laboral, la derecha huyó de él tan pronto como pudo. Una vez descartada la posibilidad de un acuerdo con la UGT, Chega eligió como “exigencia negociadora” la reducción de la edad de jubilación, un anatema para Montenegro. Derrotado, el Gobierno tiró la toalla: con el apoyo de Chega, adelantó la votación parlamentaria y ni siquiera intentó remitir la ley, sin votación, a la comisión especializada (lo que habría prolongado la centralidad del tema en la agenda política). 

Ahora, el PSD y Chega intentarán devolver al país a la agenda conservadora y antiinmigración, el terreno de juego preferido de la disputa entre las derechas. En cuanto al PS, se prepara para, «en nombre de la estabilidad», volver a dar luz verde al presupuesto del PSD. La izquierda que se enfrenta al neofascismo y al Gobierno no debe morder el anzuelo de las guerras culturales: es hora de tomar la iniciativa junto al pueblo que, de hecho, ganó el viernes, la mayoría social que rechaza la precariedad." 

(Jorge Costa , Viento Sur, 23/06/26)

¿Por qué arde Bolivia? Tres semanas de movilizaciones contra el ajuste de Rodrigo Paz tienen al país en una fase crítica, con medio centenar de bloqueos y un saldo de siete muertos. Las claves de una revuelta popular que, tras el colapso del MAS, todavía carece de dirección unificada... El conflicto comenzó en abril con una gran marcha de campesinos e indígenas que partió de la región amazónica del norte del país contra la Ley 1720... La medida afecta de modo indirecto a los territorios indígenas: cercados por grandes propiedades agroindustriales que practican el monocultivo con pesticidas y una deforestación acelerada, ven dañado su entorno. La Constitución exige consultas previas antes de adoptar este tipo de medidas, y esas consultas nunca ocurren. Por eso las comunidades indígenas y campesinas recurrieron a su método tradicional de lucha: marchar a la capital para exigir la derogación... Dentro del paquete de austeridad (DS 5503) figura una medida radical: la supresión de los subsidios a los combustibles, vigentes hacía más de dos décadas, que elevó los costos del transporte y, con ellos, de todos los productos, y sostuvo la inflación en niveles altos. Ante la escasez de combustible, el gobierno importó carburantes de mala calidad que, además de caros, dañaron miles de vehículos... La escasez de productos de primera necesidad, medicamentos e insumos se agrava por los bloqueos y la falta de combustible... Evo Morales propuso elecciones en noventa días para pacificar Bolivia, con el argumento de que el gobierno carece de capacidad para gobernar. Sectores afines a Evo y de la COB respaldaron la propuesta; el presidente la rechazó de plano... El gobierno no descarta decretar el estado de sitio, y a la vez no quiere sumar desprestigio. Está en un callejón sin salida. La dinámica del conflicto sigue abierta: varios sectores volvieron a sus bases y otros se sumaron a la movilización, que se mantiene bajo la dirección de la COB y se expande por el país, en coordinación con sectores que tienen sus propias agendas regionales y locales (Chantal Liégeois)

"Tres semanas de movilizaciones contra el ajuste de Rodrigo Paz tienen al país en una fase crítica, con medio centenar de bloqueos y un saldo de siete muertos. Las claves de una revuelta popular que, tras el colapso del MAS, todavía carece de dirección unificada.

Ya pasaron tres semanas desde el inicio de las movilizaciones y la revuelta popular en Bolivia entra en una fase crítica. La noche del 20 de mayo, el presidente Rodrigo Paz dio una conferencia de prensa de cincuenta minutos con el objetivo de calmar los ánimos. Apeló al diálogo con los distintos sectores sociales y anunció algunas medidas. Mencionó cambios en su gabinete (que no especificó) y un corredor humanitario para transportar alimentos y combustible a la capital. También propuso un comité económico y social mensual con representantes de los movimientos sociales. Ninguna solución concreta para resolver el conflicto.

Tras dos días de relativa calma en las calles de la capital, el 21 de mayo la Central Obrera Boliviana (COB) convocó una gran marcha «por la democracia» en La Paz, que reunió a una multitud inmensa. El mapa del conflicto se desplazó: lo que se concentraba en La Paz se extiende ahora a todo el país, con cerca de cincuenta puntos de bloqueo en las principales rutas, que paralizan el tránsito interdepartamental. Desde comienzos de mayo, Bolivia es escenario de luchas contra el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, en el poder hace apenas seis meses. Asistimos a una nueva escalada de las tensiones sociales, con movilizaciones masivas y bloqueos de rutas, el cerco a La Paz y, ahora, el pedido de renuncia del presidente.

El conflicto comenzó en abril con una gran marcha de campesinos e indígenas que partió de la región amazónica del norte del país contra la Ley 1720. Esa norma permite transformar la pequeña propiedad agrícola en propiedad de mediana extensión y usarla como garantía hipotecaria, con el fin de ampliar el mercado de tierras para el agronegocio. Después de veinticuatro días de movilización, la marcha consiguió la derogación parcial de la ley: una primera victoria importante frente a los proyectos del gobierno y la voracidad del agronegocio.

El 1 de mayo, la COB convocó una huelga general y se montaron quince bloqueos en distintas rutas del departamento de La Paz, lo que dificultó el tránsito y perturbó el abastecimiento de la capital. El frente de movilización reúne a campesinos e indígenas, a la COB, a los mineros (FSTMB) y las cooperativas mineras, al magisterio, a los trabajadores del transporte público, a las juntas vecinales de El Alto, al estudiantado, a los «ponchos rojos» aimaras, al personal de salud, a pequeños comerciantes urbanos y a los cocaleros del Chapare y de los Yungas. Todos presionan al gobierno para que derogue las medidas de austeridad de los últimos meses y resuelva la persistente escasez de gasolina y diésel, en un contexto de fuerte aumento del costo de vida. El descontento pasó de los reclamos locales a un sentimiento antigubernamental más general, que exige la renuncia del presidente.

El gobierno y la embajada de Estados Unidos, secundados por los medios, presentan todo esto como «el conflicto de Evo», que estaría manipulando a las masas. En los hechos, cada sector tiene sus propias reivindicaciones. La COB se opone al cierre de las empresas públicas y exige un aumento salarial del 20 %. El magisterio reclama más presupuesto para la educación. El transporte pesado pide combustible de calidad y una indemnización por los daños que causó la gasolina adulterada. Sectores próximos a Evo también se movilizaron para reclamar el fin de procesos judiciales que consideran injustos. Quienes hoy se manifiestan y piden la renuncia de Paz son los mismos que lo votaron en octubre de 2025, convencidos por sus promesas de «capitalismo para todos».

Seis meses de gobierno neoliberal

Cuando Rodrigo Paz asumió en noviembre de 2025, encontró un país con una inflación del 20,4 % y un déficit fiscal del 12 % del PBI, con las reservas internacionales en mínimos históricos. Un país productor de petróleo y gas que importa más del 80 % del diésel y el 60 % de la gasolina que consume. Un Estado débil, muy dependiente del gran capital, golpeado por la crisis económica heredada del gobierno de Luis Arce (2020-2025) y por el fin del ciclo político del Movimiento al Socialismo (MAS). La disputa interna entre Arce y Evo Morales se tradujo en un voto castigo contra el MAS, que gobernó durante dos décadas.

El gobierno de Paz, visto por la mayoría en las últimas elecciones como una opción de derecha moderada frente al candidato conservador Tuto Quiroga, reveló su subordinación de clase al proponer un programa económico al servicio del gran capital (los empresarios mineros y del agronegocio) y de las transnacionales. Apenas iniciado su mandato, anunció el restablecimiento de las relaciones oficiales con Estados Unidos y la reapertura de la embajada estadounidense en La Paz, el restablecimiento de las relaciones con Israel (rotas en 2023 por el genocidio en Gaza) y contratos sobre el litio con empresas transnacionales.

Dentro del paquete de austeridad (DS 5503) figura una medida radical: la supresión de los subsidios a los combustibles, vigentes hacía más de dos décadas, que elevó los costos del transporte y, con ellos, de todos los productos, y sostuvo la inflación en niveles altos. Ante la escasez de combustible, el gobierno importó carburantes de mala calidad que, además de caros, dañaron miles de vehículos. También aprobó la ley de incentivos fiscales (DS 5563) para la inversión extranjera, orientada a facilitar la cesión de recursos naturales (minerales como el litio, energía e infraestructura) a las transnacionales. Obtuvo préstamos externos para saldar deudas antiguas y recapitalizar los bancos. La inflación, al comienzo controlada, resurgió. Además, flexibilizó los mecanismos de fiscalización ambiental y comunitaria.

Frente a un Estado quebrado por la mala gestión y la corrupción, la receta neoliberal que Paz intenta aplicar es conocida: reducir al máximo el gasto del Estado y sus obligaciones sociales (educación, salud, transporte público) y trasladar el peso de la crisis a la clase trabajadora, al tiempo que favorece al capital.

La Ley 1720, anticampesina y antiindígena

Con el pretexto de facilitar el acceso al crédito de los pequeños productores, la Ley 1720, promulgada el 17 de abril, permite transformar la pequeña propiedad agrícola (hasta ahora protegida por la Constitución como patrimonio familiar inembargable) en una propiedad de mediana extensión susceptible de crédito, mediante la modificación de la Ley INRA que define el régimen de tierras. Esto implica una precarización de la pequeña propiedad, que podrá funcionar como garantía hipotecaria y abre el camino a la mercantilización de la tierra. La norma se conoce también como ley Marinkovic, por el gran terrateniente, hoy senador, que la impulsó y que se apropió de 33.000 hectáreas en la Chiquitania durante el gobierno de facto de Áñez, en 2020.

En Bolivia, el 50 % de la población rural vive en la pobreza, y la agricultura familiar produce el 87 % de la canasta básica y emplea al 89 % de la mano de obra rural. La ley prevé además congelar por diez años los mecanismos de verificación de la función económica y social de la tierra, es decir, dejar de controlar su uso, lo que acelera el mercado privado de tierras.

La medida afecta de modo indirecto a los territorios indígenas: cercados por grandes propiedades agroindustriales que practican el monocultivo con pesticidas y una deforestación acelerada, ven dañado su entorno. La Constitución exige consultas previas antes de adoptar este tipo de medidas, y esas consultas nunca ocurren. Por eso las comunidades indígenas y campesinas recurrieron a su método tradicional de lucha: marchar a la capital para exigir la derogación.

Para las comunidades campesinas y los pueblos indígenas, el territorio es todo: el lugar donde se nace y se vive, donde se produce y se resiste, donde la vida y la cultura se perpetúan. Marchas de casi mil kilómetros partieron de la Amazonía boliviana hacia La Paz, mientras los bloqueos cercaban la capital administrativa. Después de veinticuatro días, lograron que el Parlamento aprobara la derogación parcial de la Ley 1720, con la posibilidad abierta de que se reintroduzca más adelante. Es, en lo fundamental, una primera gran victoria frente al gobierno.

Las respuestas del gobierno al conflicto

Frente al conflicto, el gobierno de Paz reaccionó por tres vías.

La primera fue negociar acuerdos para dividir el movimiento, con concesiones a algunos de los sectores movilizados. Negoció con el importante sector de las cooperativas, que logró anular una deuda de 95 millones de bolivianos con la Caja Nacional de Salud y conservar el subsidio al combustible para su actividad. También negoció con el magisterio y con la COR de El Alto, y firmó un acuerdo con los dirigentes de los «ponchos rojos» de La Paz. Esos sectores se retiraron de a poco del conflicto. En algunos casos, las bases repudiaron a sus líderes por haber firmado.

La segunda fue la represión severa contra manifestantes y bloqueadores. Ya se cuentan cuatro muertos, además de heridos y numerosos detenidos. El gobierno dictó órdenes de detención contra los principales dirigentes de la COB, como Mario Argollo. Envió al ejército a levantar los bloqueos: las fuerzas militares lo intentaron el domingo 18 de mayo y, ante la resistencia, la policía y el ejército retrocedieron y volvieron a sus cuarteles. El gobierno recibió apoyo en material represivo de otros gobiernos neoliberales, como los de Argentina y Ecuador, con químicos antidisturbios para la policía. La OEA e Israel se pronunciaron a favor de Paz. El presidente colombiano Gustavo Petro se ofreció como mediador del conflicto social, y Paz lo acusó de injerencia en los asuntos internos: los dos países interrumpieron sus relaciones.

La tercera fue una intensa campaña de propaganda, del gobierno y del imperialismo, que atribuye las protestas a Evo Morales y al narcotráfico para alimentar la idea de una desestabilización nacional. La prensa burguesa boliviana y extranjera difunde con amplitud ese discurso, que coincide con la justificación de las intervenciones militares estadounidenses en el cono sur. Que las movilizaciones sean fruto de una conspiración de Evo no lo cree nadie, ni siquiera los círculos conservadores. Ese relato sirve igual para aumentar la presión y para amenazar con una futura captura del expresidente. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, insistió en que hay políticos que buscan tomar por la fuerza lo que no ganaron en las urnas y sostuvo que el gobierno no permitirá que el narcotráfico se apodere del país ni que Bolivia quede rehén de políticos del Chapare aliados al tráfico de drogas.

El expresidente Evo Morales (2006-2019) es hoy objeto de órdenes de detención y de un proceso judicial por trata de menores, acusaciones que denuncia como persecución política. Permanece en la región del Chapare (Cochabamba), principal bastión cocalero del país, protegido por un grupo de militantes, mientras miles de simpatizantes denuncian un intento de eliminar su influencia política. En su programa semanal en la radio Kawsachun Coca, Morales propuso elecciones en noventa días para pacificar Bolivia, con el argumento de que el gobierno carece de capacidad para gobernar. Sectores afines a Evo y de la COB respaldaron la propuesta; el presidente la rechazó de plano.

Noticias de último momento

La cuarta semana de movilizaciones será decisiva. La escasez de productos de primera necesidad, medicamentos e insumos se agrava por los bloqueos y la falta de combustible. La manifestación del lunes 25 de mayo, convocada por la COB y la Central Sindical Campesina, reunió a miles de manifestantes y campesinos llegados de todas las provincias del departamento de La Paz, que después regresaron a sus comunidades.

El 26 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó una nueva ley que deroga la Ley 1341 de 2020 sobre el estado de excepción, que acotaba su aplicación con plazos específicos y un control legislativo más estricto. La nueva norma le permite al gobierno declarar con mayor facilidad el estado de excepción (previsto en la Constitución), intensificar la represión sin aval del parlamento y movilizar a las Fuerzas Armadas contra las manifestaciones y los bloqueos.

El riesgo de detención se confirma para Evo en el mediano plazo. En una conferencia del 24 de mayo, Paz declaró que el expresidente terminará siendo llevado ante la justicia y que ese es un compromiso de su gobierno. Es probable que eso ocurra recién tras la resolución de la crisis, para no echar más leña al fuego. Conviene recordar que Paz adhirió a la iniciativa estadounidense «Escudo de las Américas», en cuyo marco Estados Unidos y doce países latinoamericanos habilitan la intervención militar de Washington contra el narcotráfico.

El 27 de mayo, el gobierno organizó el primer encuentro del Consejo económico y social con representantes de los movimientos sociales, en un intento de abrir más el diálogo. La Iglesia católica se puso a disposición del Comité Cívico de Santa Cruz para mediar en las negociaciones con los sectores movilizados. En contacto telefónico con Paz, el presidente Lula pidió respeto por las instituciones democráticas y dispuso el envío de ayuda humanitaria a Bolivia.

¿Qué perspectivas tiene el conflicto?

Este conflicto muestra que el gobierno no cuenta con apoyo social de base. La burguesía lo sostiene por falta de alternativa. La clase media urbana y, en particular, su juventud (los «pititas», que tuvieron un papel destacado en el conflicto de 2019) no logró por ahora unificarse. El agronegocio de Santa Cruz está a favor de Paz y no moviliza. Hay un deterioro real y veloz de la legitimidad del presidente, que había prometido estabilidad y recuperación económica, expectativas falsas e imposibles de cumplir. En cierto modo, Paz es víctima de su propio juego.

El gobierno no descarta decretar el estado de sitio, y a la vez no quiere sumar desprestigio. Está en un callejón sin salida. La dinámica del conflicto sigue abierta: varios sectores volvieron a sus bases y otros se sumaron a la movilización, que se mantiene bajo la dirección de la COB y se expande por el país, en coordinación con sectores que tienen sus propias agendas regionales y locales.

Tras el reciente colapso del MAS, el movimiento popular boliviano carece de una dirección unificada que oriente la construcción de nuevas propuestas políticas. Las movilizaciones actuales, y la larga tradición de lucha de clases en Bolivia (de la revolución obrera de 1952 a las guerras del agua y del gas), siempre reservaron sorpresas y mostraron un carácter profundamente antiimperialista, junto a una enorme capacidad de resistencia y recuperación. De esas luchas deberán surgir los liderazgos para construir un nuevo bloque político en el escenario pos-Rodrigo Paz. Hace falta una nueva generación capaz de unir a los sectores sociales en torno a un proyecto nacido de la base y controlado por ella, un bloque político con propuestas renovadas, de orientación antiimperialista y anticapitalista." 

(Chantal Liégeois , JACOBINLAT, 30/05/26)  

Los trabajadores españoles en huelga acaban de demostrar que Amazon no es invencible. Los trabajadores emplearon tácticas creativas y disruptivas para ganar. Su victoria ofrece lecciones para el movimiento obrero global... Los trabajadores lograron un aumento salarial del 14 por ciento que entró en vigor este mes (enero). También lograron aumentos anuales del 4 por ciento en cada uno de los próximos dos años, mejoras en el pago por turnos de domingo y nocturnos, y más tiempo libre pagado... ¿Se han alcanzado todos los objetivos? No. Pero se ha logrado algo fundamental: romper el estancamiento, reactivar las negociaciones y demostrar que Amazon no es inmune a la organización colectiva”... Las tácticas creativas de huelga fueron decisivas... "esta huelga no fue una movilización clásica, donde la gente no va a trabajar." En cambio, dijo, “jugamos un juego de engaño, lo que significa que todos se presentaron a trabajar en los días de huelga, creando una falsa sensación de desmovilización y confianza en la empresa.” Explicó que solo cuando ocurrían picos de producción, “nuestros colegas dejaban sus estaciones de trabajo” y se manifestaban afuera. Los trabajadores luego volvían al trabajo cuando la producción disminuía. Los trabajadores “iban y venían y marcaban su entrada y salida varias veces durante su turno,” dijo Martínez Valero, “causando un gran caos organizativo y confusión [para Amazon] sobre dónde colocar a las personas”... "Esto fue desastroso para la empresa, ya que en noviembre no pudo enviar muchos productos, o lo hizo muy tarde." Sabemos que el primer día de la huelga, más de 40 camiones se retrasaron"... “los trabajadores se organizaron en pequeños grupos o asambleas, basados en sus estaciones de trabajo o áreas”... "Esto surgió espontáneamente, ya que se conocen y confían entre sí"... los principios fundamentales del éxito de Murcia — liderazgo de base, democracia sindical, una postura confrontativa y una huelga de participación mayoritaria que interrumpe la producción — son exportables a cualquier lugar donde los trabajadores de Amazon busquen justicia (Jonathan Rosenblum)

 "El último punto de resistencia contra el gigante logístico global Amazon ha demostrado, una vez más, que el poder colectivo de los trabajadores puede obligar a la empresa a mejorar sus miserables condiciones laborales.

Los trabajadores de Amazon en Murcia, en el sureste de España, hicieron huelga dos veces en el centro de cumplimiento RMU1 durante la temporada alta de vacaciones de 2025 y obligaron a la empresa a llegar a un acuerdo negociado a finales de diciembre.

Los trabajadores lograron un aumento salarial del 14 por ciento que entró en vigor este mes (enero). También lograron aumentos anuales del 4 por ciento en cada uno de los próximos dos años, mejoras en el pago por turnos de domingo y nocturnos, y más tiempo libre pagado. Los líderes de la huelga advirtieron que el aumento del 14 por ciento puede ser algo engañoso: es un aumento de las tablas salariales de 2018, por lo que en gran medida es un ajuste por inflación. Pero como Alfonso Martínez Valero, un trabajador de RMU1 y líder de la huelga, le dijo a Truthout, los beneficios como las pensiones y el pago por desempleo están calibrados a las tasas salariales base, por lo que esos beneficios ahora aumentarán sustancialmente.

¿Se han alcanzado todos los objetivos? No. Pero se ha logrado algo fundamental: romper el estancamiento, reactivar las negociaciones y demostrar que Amazon no es inmune a la organización colectiva,” escribió el comité de huelga de trabajadores de Murcia tras las huelgas. "La huelga ha cambiado el equilibrio de poder y ha enviado un mensaje claro a los trabajadores de otros países: incluso dentro de una multinacional global, la acción colectiva sostenida puede abrir verdaderas grietas," escribieron para un próximo artículo en The Amazon Worker, una publicación de Amazon Workers International.

Los trabajadores de Murcia hicieron huelga durante tres días a finales de noviembre, y cuando eso no produjo negociaciones, volvieron a hacer huelga del 17 al 19 de diciembre. Amazon intensificó su campaña anti-sindical después de la primera huelga, enviando a gerentes de una estación de trabajo a otra para decirles a los trabajadores que una acción de huelga en diciembre sería inútil, que los trabajadores perderían dinero y pondrían en peligro sus empleos, según Martínez Valero.

De los 2,000 trabajadores en RMU1, el comité de huelga del sindicato estima que al menos el 75 por ciento participó en la huelga de diciembre. El regreso de los trabajadores a las líneas de piquete en diciembre parece haber convencido a Amazon de negociar. El 22 de diciembre, el comité de huelga del sindicato anunció el acuerdo, negociado bajo los auspicios de mediadores gubernamentales.

La huelga fue organizada y liderada por un combativo comité de base orientado a la lucha de clases de la Confederación General del Trabajo, o CGT, uno de los cuatro sindicatos en RMU1. A diferencia del modelo de "representación exclusiva" de las relaciones laborales en EE. UU., en España —al igual que en otros países europeos— múltiples sindicatos pueden tener presencia en el mismo lugar de trabajo. Los estándares mínimos están cubiertos por acuerdos sectoriales provinciales o nacionales, negociados por sindicatos y grupos de empleadores.

En 2024, Martínez Valero le dijo a Truthout que los miembros de la CGT intentaron pero no lograron convencer a los otros sindicatos para que participaran en acciones laborales para elevar los estándares, que habían languidecido sin cambios desde 2018. Los otros sindicatos, dijo, querían "paz social", pero para la CGT, "la confrontación está en nuestra esencia, para resaltar las contradicciones del sistema [capitalista], y la lucha democrática para alcanzar nuestros objetivos."

El pasado septiembre, los miembros de la CGT convocaron reuniones de trabajadores. "El ánimo en el almacén estaba muy alto," dijo Martínez Valero. "Los compañeros estaban muy dispuestos a ir a la huelga, así que comenzamos una campaña de movilización." Principalmente hablando con la gente, publicando una revista de agitación... y hablando abiertamente sobre la huelga.”

La organización uno a uno en el taller culminó en una votación de los trabajadores para hacer huelga tanto en noviembre como en diciembre. Uno de los otros tres sindicatos respaldó oficialmente la convocatoria a la huelga, pero a juzgar por las cifras de participación en el piquete, es evidente que trabajadores más allá de las filas de la CGT y del otro sindicato se unieron a la huelga.

Las tácticas creativas de huelga fueron decisivas. Como explicó Martínez Valero a Truthout, "esta huelga no fue una movilización clásica, donde la gente no va a trabajar." En cambio, dijo, “jugamos un juego de engaño, lo que significa que todos se presentaron a trabajar en los días de huelga, creando una falsa sensación de desmovilización y confianza en la empresa.” Explicó que solo cuando ocurrían picos de producción, “nuestros colegas dejaban sus estaciones de trabajo” y se manifestaban afuera. Los trabajadores luego volvían al trabajo cuando la producción disminuía. Los trabajadores “iban y venían y marcaban su entrada y salida varias veces durante su turno,” dijo Martínez Valero, “causando un gran caos organizativo y confusión [para Amazon] sobre dónde colocar a las personas.”

"Esto fue desastroso para la empresa, ya que en noviembre no pudo enviar muchos productos, o lo hizo muy tarde." Sabemos que el primer día de la huelga, más de 40 camiones se retrasaron,” dijo Martínez Valero.

Para llevar a cabo esta estrategia de caos, “los trabajadores se organizaron en pequeños grupos o asambleas, basados en sus estaciones de trabajo o áreas,” dijo él. "Esto surgió espontáneamente, ya que se conocen y confían entre sí." Nos dimos cuenta de esto y lo fomentamos, dándoles libertad para tomar decisiones: los mejores momentos para salir, coordinarse con otros grupos, organizarse y ayudarse mutuamente.

Alentar a los trabajadores de cada departamento a tomar sus propias decisiones sobre cuándo dejar de trabajar, "los empodera y les da confianza, y traen a más personas con ellos; además, esta técnica nos permite adaptarnos a cualquier cambio que la empresa intente hacer para minimizar el impacto económico", dijo.

Además de sembrar el caos dentro del almacén, los trabajadores de RMU1 bloquearon las entradas para que los camiones no pudieran pasar a mover mercancías.

Las tácticas disruptivas de Murcia evocan la huelga "Stand Up" de la UAW en 2023, o las campañas CHAOS de la Asociación de Auxiliares de Vuelo, pero de una manera más concentrada e intensiva.

Hay lecciones aquí para los sindicalistas de todas partes: Un liderazgo obrero fuerte, una democracia en el movimiento y tácticas creativas y confrontativas que interrumpen la cadena de suministro pueden poner a la empresa en su lugar.

La huelga también contó con el apoyo internacional de aliados. A medida que se acercaba la primera huelga de noviembre, trabajadores y sindicatos de Japón, India, Inglaterra, Polonia y Estados Unidos enviaron mensajes de solidaridad, incluidos videos de trabajadores de Amazon de Carolina del Norte y Teamsters de Nueva York.

Murcia no fue el único lugar de acciones laborales de los trabajadores durante la "temporada alta" de vacaciones de Amazon desde finales de noviembre hasta Navidad. Los trabajadores de ocho almacenes alemanes hicieron huelga el Black Friday, exigiendo negociación colectiva, a lo cual la empresa se ha negado hasta ahora. El sindicato ver.di informó que 3,000 trabajadores se fueron, un número considerable pero aún solo una pequeña fracción de los más de 40,000 trabajadores de Amazon en el país. La huelga se basó en una protesta salarial de dos días por parte de cientos de trabajadores en el almacén de la empresa en Bad Hersfeld, en el noreste de Alemania, a finales de agosto.

Esas huelgas en España y Alemania siguieron a una huelga nacional de un día de miles de conductores de entrega de Amazon en Italia en abril. Esa huelga obligó a la empresa a sentarse a la mesa de negociaciones, donde acordaron mejorar los salarios y la seguridad para los conductores italianos.

Pero en los EE. UU. — donde Amazon emplea aproximadamente al 70 por ciento de su fuerza laboral global de más de 2 millones de trabajadores directos y contratados — la temporada alta de 2025 fue más tranquila en las líneas de piquete en comparación con Europa, y también en comparación con 2024.

En diciembre, 200 conductores de entrega en la instalación DBK1 de Amazon en Queens, Nueva York, organizaron una acción laboral y anunciaron que se habían unido al Teamsters Local 804. Y en todo el país, un grupo de trabajadores de tamaño similar en el almacén DJT5 de Amazon en Riverside, California, realizaron una breve huelga y exigieron el reconocimiento de su sindicato Teamsters. Esas protestas fueron pequeñas en comparación con la temporada alta de 2024, cuando los trabajadores hicieron huelga en ocho instalaciones de Amazon en lo que el sindicato Teamsters declaró como "la mayor huelga contra Amazon en la historia de EE. UU." El periodista Luis Feliz Leon estimó que alrededor de 600 trabajadores participaron en esas huelgas — de hecho, el mayor número de trabajadores de almacenes de Amazon en huelga en EE. UU. hasta la fecha, pero muy lejos de los porcentajes de huelga reportados en las líneas de piquete europeas.

El retroceso anti-sindical de Amazon es responsable de la disminución de la actividad de huelgas en EE. UU. el pasado diciembre. Después de las huelgas de 2024, Amazon castigó a muchos de los huelguistas en actos claros de represalia ilegal. Los trabajadores respondieron con delegaciones grupales a la gerencia y presentaron denuncias ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB). Pero incluso cuando la agencia federal intervino para declarar que la empresa había violado la ley, Amazon se mantuvo firme.

Luego, en el almacén DBK4 de la ciudad de Nueva York, el lugar de una de las líneas de piquete más activas de diciembre, Amazon respondió despidiendo a 150 conductores el pasado septiembre. Los trabajadores se reunieron para anunciar que lucharían. "Si Amazon piensa que vamos a quedarnos de brazos cruzados, se equivoca." "Nuestra solidaridad solo se está volviendo más fuerte," dijo la trabajadora de DBK4, Latrice Shadae Johnson, a una multitud de manifestantes fuera de la instalación en Queens. Pero los despidos en DBK4 y la continua hostilidad de la empresa hacia los sindicatos, combinados con la relativa debilidad de la legislación laboral estadounidense, han tenido un efecto desalentador en la actividad de huelgas en EE. UU.

Es cierto que las empresas estadounidenses tienen más libertad para intimidar a los trabajadores y desmantelar sindicatos en comparación con los empleadores en la mayoría de los otros países donde opera Amazon. Un informe reciente del Instituto de Política Económica señaló que, hasta el año pasado, había casi 350 cargos pendientes o resueltos de prácticas laborales injustas contra Amazon y sus subsidiarias en 27 estados de EE. UU., muchos de los cuales involucraban a trabajadores despedidos. En la instalación JFK8 en Staten Island, los trabajadores ganaron una elección de representación sindical hace casi cuatro años, pero aún no han visto su primer día de negociación con la empresa debido a las tácticas dilatorias de los abogados anti-sindicales de Amazon.

Estas sombrías realidades son aún más razones por las cuales el movimiento laboral de EE. UU. necesita poner exponencialmente más energía y recursos en el proyecto de organización de Amazon.

Hacerlo es una necesidad urgente para los trabajadores fuera de Amazon también. El contrato sindical más grande del sector privado en la nación es el de United Parcel Service (UPS), que cubre a unos 300,000 conductores de entrega y trabajadores de almacén. El contrato de los Teamsters con UPS, que ofrece buenos salarios, beneficios y derechos a los trabajadores, vence en julio de 2028. Eso es solo dentro de 30 meses.

En los últimos años, Amazon ha superado a UPS en volumen de paquetes, y los analistas de la industria creen que el gigante superará incluso al Servicio Postal de EE. UU. para finales de la década. Sin una campaña de organización enérgica en Amazon, los Teamsters deben esperar que UPS llegue a la mesa de negociaciones exigiendo importantes concesiones para igualar los estándares de pago y beneficios mucho más bajos de Amazon.

Este es un gran desafío no solo para los Teamsters, sino para todo el movimiento laboral. Debido a su tamaño, el contrato de UPS es un acuerdo indicativo: los términos para los trabajadores de UPS establecen expectativas para los trabajadores y jefes mucho más allá del trabajo de entrega de paquetes. Por ejemplo, el acuerdo de julio de 2023 entre los Teamsters y UPS, que incluyó aumentos salariales sustanciales, dio impulso a los trabajadores automotrices de la UAW, quienes dos meses después lanzaron sus huelgas rotativas en los tres grandes fabricantes de automóviles. Por el contrario, una ronda de negociaciones defensiva y llena de concesiones para los Teamsters de UPS en 2028 presagiaría un mal futuro para todos los sindicatos.

La victoria de la huelga en Murcia, España, no es un modelo de copiar y pegar para los sindicalistas estadounidenses. Los terrenos legales y políticos entre los dos países son bastante diferentes. La red de almacenes de Amazon es mucho más densa en los EE. UU. en comparación con otros países, lo que hace que las huelgas en un solo sitio sean mucho menos efectivas aquí. Pero los principios fundamentales del éxito de Murcia — liderazgo de base, democracia sindical, una postura confrontativa y una huelga de participación mayoritaria que interrumpe la producción — son exportables a cualquier lugar donde los trabajadores de Amazon busquen justicia. "Es un esfuerzo colectivo, y tenemos que desmentir el mito de que Amazon es intocable," dijo Martínez Valero. "Como dice el refrán español, 'torres más altas han caído'." 

(Jonathan Rosenblum , Znet, 24/01/26, traducción Quillbot, enlaces en el original)

Huelgas generales en Europa, el aire está cambiando... las inició Grecia a primeros de octubre, contra una reforma laboral que permite jornadas de hasta 13 horas diarias... Siguió Bélgica, con un crescendo de huelgas de tres días... Ya en el mes de diciembre, se anunció una huelga general en Portugal para el pasado 11 de diciembre y otra en Italia para el viernes 12 de diciembre. Vuelve el conflicto en cascada al sur de Europa... en varios países europeos se están adoptando iniciativas de reforma que reducen y restringen derechos individuales y colectivos de los trabajadores –como sucede emblemáticamente con los proyectos legislativos en Grecia o Portugal– o políticas fiscales y sociales que no solo debilitan los servicios públicos, sino que reducen el gasto social y utilizan el instrumento impositivo en una dirección contraria a cualquier objetivo redistributivo junto con un presupuesto claramente restrictivo y antisocial... Se acercan negras tormentas y agitan los aires. El conflicto laboral y social comienza a plasmarse en las convocatorias de huelga de forma cada vez más frecuente (Antonio Baylos)

 "Aunque en todos los medios de comunicación se anuncia que llegan las fiestas navideñas, lo que parece que está alumbrando esta temporada son huelgas generales. Las inició Grecia a primeros de octubre, en dos jornadas de huelga el 1 y el 15 de octubre contra una reforma laboral que permite jornadas de hasta 13 horas diarias y semanas de 6 días, y que paralizó transportes y servicios esenciales. Siguió Bélgica, con un crescendo de huelgas de tres días de final de noviembre: el lunes 24 en el transporte público (trenes, autobuses, tranvías, metros), el martes 25 en todos los servicios públicos (incluida la educación y los hospitales) y el miércoles 26 de noviembre, con la suma del sector privado, un día de huelga general interprofesional muy seguido en Flandes, Valonia y Bruselas. Ya en el mes de diciembre, se anunció una huelga general en Portugal para el pasado 11 de diciembre y otra en Italia para el viernes 12 de diciembre. Vuelve el conflicto en cascada al sur de Europa.

Las inició Grecia a primeros de octubre, en dos jornadas de huelga el 1 y el 15 de octubre contra una reforma laboral que permite jornadas de hasta 13 horas diarias y semanas de 6 días

En lo que respecta a la huelga de finales de noviembre en Bélgica, es evidente el éxito del frente común sindical (Federación General del Trabajo de Bélgica FGTB, Confederación de Sindicatos Cristianos CSC y Confederación General de Sindicatos Liberales de Bélgica CGSLB) tanto más significativo cuanto que se produce tras 11 meses de movilizaciones sin que la determinación del movimiento disminuya. Esta huelga ha sido más seguida y larga que la del 31 de marzo y es continuación de la gran manifestación nacional que había reunido en Bruselas el 24 de septiembre a unos 140.000 trabajadores.

En Portugal, la huelga general convocada por CGTP-IN y UGT-Portugal, las dos centrales sindicales más representativas tiene como motivo la resistencia a la reforma laboral impulsada por el gobierno conservador, con el apoyo de la extrema derecha. El anteproyecto de ley -llamado Trabajo XXI-, constituye un gravísimo retroceso para los derechos sociales y laborales y ataca los pilares fundamentales de la democracia y del Estado social.

Las medidas incluidas en este paquete legislativo -más de un centenar de modificaciones que suponen un ataque directo a la clase trabajadora portuguesa- incluyen el debilitamiento de la negociación colectiva y un incremento del poder para las empresas, facilitar los despidos, nuevas fórmulas sancionadoras para las y los trabajadores y un aumento generalizado de la inseguridad laboral, la ampliación de la subcontratación de cara a beneficiar a empresas intermediarias en detrimento de las y los trabajadores, el aumento de los contratos temporales y la promoción de bancos de tiempo individuales, medidas que aumentan la precariedad, especialmente entre los jóvenes, la reducción de derechos de maternidad y paternidad y finalmente, como no podía ser menos, el ataque al derecho de huelga, la acción sindical y la representación colectiva.

Siguió Bélgica, con un crescendo de huelgas de tres días de final de noviembre: el lunes 24 en el transporte público, el martes 25 en todos los servicios públicos y el miércoles 26 con la suma del sector privado

Este paquete laboral supone una de las mayores agresiones contra la clase trabajadora lusa desde que se conquistó la democracia con la Revolución de los Claveles que derrocó el régimen del fascista Salazar. La huelga ha tenido un amplísimo nivel de adhesión popular, según han afirmado en la noche del jueves 11 los sindicatos convocantes. Más de tres millones de personas en huelga ha sido las últimas noticias por parte de los sindicatos respecto del éxito de la acción colectiva.

En Italia, la CGIL y la UIL convocaron una huelga general para el pasado viernes 12 de diciembre, que ha sido precedida de una convocatoria previa a finales de noviembre por parte de sindicatos autónomos y comités de base. La huelga del día 12 respondió a una situación conjunta que afecta a todo el mundo del trabajo. Es necesario -afirma la CGIL, la mayor y más representativa confederación sindical italiana- un cambio de rumbo en el plano económico, social e industrial. Es necesario devolver la dignidad a los salarios, a las pensiones y al contenido de la negociación colectiva. Es necesario detener las derivas que amplían las diferencias y empobrecen a quienes viven con ingresos fijos.

La primera gran razón de la movilización tiene que ver con los salarios y las pensiones. En los últimos tres años, los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados y jubiladas han pagado 25.000 millones de euros adicionales en impuestos sin recibir nada a cambio. Los servicios públicos sufren una crisis estructural. La sanidad pública se encuentra en su nivel más bajo desde hace décadas, con una financiación que descenderá por debajo del seis por ciento del PIB. Casi seis millones de personas renuncian a recibir tratamiento médico. También la educación, la vivienda, el transporte, la asistencia a las personas mayores y la seguridad en el trabajo sufren recortes continuos, mientras que el dinero para el rearme se encuentra con sorprendente rapidez. En materia de Seguridad Social, la edad de jubilación se elevaría aún más, lo que afectaría al noventa y nueve por ciento de las personas, y se eliminaría toda flexibilidad en la edad pensionable. Lo que se perfila es una vida laboral más larga y pesada, mientras que para los jóvenes se reducen los espacios de autonomía.

Ya en diciembre, se anunció una huelga general en Portugal para el pasado 11 de diciembre y otra en Italia para el viernes 12. Vuelve el conflicto en cascada al sur de Europa

El objetivo de la huelga italiana es el de cambiar esta trayectoria. Se pide la renovación de los convenios colectivos vencidos. Se solicita una decimocuarta mensualidad reforzada, más equidad fiscal y una pensión contributiva garantizada para quienes tienen carreras discontinuas. Reclama políticas industriales reales para gestionar la transición y crear empleo de calidad. Pide garantías en materia de seguridad, un plan extraordinario de contratación en la administración pública, más servicios para el estudio, la vivienda, la discapacidad y la paternidad, y medidas concretas contra la precariedad y el trabajo irregular. Los recursos están ahí. Deben recuperarse de los beneficios, los beneficios extraordinarios, las grandes fortunas y la evasión fiscal, con una contribución solidaria del 1 % más rico que generaría 26.000 millones al año. Por último, es necesario detener la carrera armamentística, que restaría casi mil millones a las prioridades sociales.

Esperemos a la valoración que de esta huelga general efectúen los sindicatos convocantes.

En resumen, hay señales preocupantes de que en varios países europeos se están adoptando iniciativas de reforma que reducen y restringen derechos individuales y colectivos de los trabajadores –como sucede emblemáticamente con los proyectos legislativos en Grecia o Portugal– o políticas fiscales y sociales que no solo debilitan los servicios públicos, sino que reducen el gasto social y utilizan el instrumento impositivo en una dirección contraria a cualquier objetivo redistributivo junto con un presupuesto claramente restrictivo y antisocial.

De momento la situación en España, pese al tremendismo con el que se adornan las relaciones políticas y parlamentarias, las acusaciones de corrupción y los impúdicos intentos de socavar la actuación democrática del gobierno mediante la entrada directa en el juego político de la mayoría de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, no ha entrado en este cambio de sentido de la normación laboral. El gobierno y en especial el Ministerio de trabajo y de Economía Social mantienen una adecuada actividad en el marco del proyecto reformista que llevan adelante desde inicios del año 2020.

Hay señales preocupantes de que en varios países europeos se están adoptando iniciativas de reforma que reducen y restringen derechos individuales y colectivos de los trabajadores

Hay, sin embargo, indicaciones críticas en Comunidades Autónomas como la de Madrid, donde la degradación de los servicios públicos y la predilección del gobierno por derivar a los espacios mercantilizados la satisfacción de intereses y necesidades comunes de los ciudadanos está asumiendo ya caracteres insoportables. La movilización de las universidades públicas madrileñas y la huelga llevada a cabo masivamente los días 26 y 27 de noviembre en estos centros universitarios por profesores, PTGAS y estudiantes han sido una llamada de atención, pero todavía no hay una reacción generalizada ante este ataque decidido a los servicios públicos en oros sectores clave como el de la sanidad.

Por si fuera poco, el líder de la derecha política que aspira a gobernar en el próximo ciclo electoral, ha visitado al empresariado catalán, invitado por el presidente de Foment del Treball, Sánchez Llibre, lo que aprovechó para concretar su plan de “rebajar las cargas administrativas y burocráticas para las empresas que tienen entre 50 y 250 trabajadores”, para evitar burocracia y trámites para las empresas que superen el umbral de los 50 trabajadores. Entre estas medidas, se incluiría “la derogación de la norma que obliga a constituir comités de empresa de representación laboral en las empresas que tienen 50 o más trabajadores y solo se aplicaría a partir de los 250”, una propuesta que, a juicio de los asistentes, fue acogida “con expreso entusiasmo”. 

Es obvio que las promesas pre-electorales son siempre dudosas, pero permiten entrever cual es el propósito de cambio que las fuerzas políticas de oposición tienen en mente. El sindicato de CCOO ha respondido en las redes sociales que esta propuesta desmantela la estructura de representación de los trabajadores en empresas medianas, dejando a miles de trabajadores sin voz, y que no podrá llevarse a cabo ante la respuesta colectiva del conjunto de las personas que trabajan. Pero para ello es lo cierto que la movilización y la huelga sean tan potentes y continuadas como para que generar realmente una presión irresistible, más aún teniendo en cuenta que en las previsiones de la derecha contaría con una mayoría parlamentaria holgada para proceder a la misma. La reciente derrota sindical -y política- del sindicalismo español en el tema de la reducción de jornada, en donde la movilización sindical no fue capaz de generalizar el conflicto frente a la potencia de la patronal y sus voceros políticos, es una llamada de atención frente a estos indicios de profunda antisindicalidad y destrucción de la capacidad organizativa del sindicato del trabajo asalariado de este país.

Se acercan negras tormentas y agitan los aires. El conflicto laboral y social comienza a plasmarse en las convocatorias de huelga de forma cada vez más frecuente. Estaremos atentos." 

( Antonio Baylos , Nueva Tribuna, 17/12/25)

La huelga del metal de Cádiz: la decisión de detener los paros no responde a haber logrado lo que las plantillas merecen, sino al agotamiento físico y psicológico tras semanas de presión, amenazas, expedientes disciplinarios y detenciones. “Sabemos que hay un límite humano que se ha sobrepasado"... Más de 16 días, un acuerdo firmado a espaldas de los trabajadores por parte del sindicato UGT con la patronal, una campaña de desprestigio en medios de comunicación e intervenciones públicas y 23 detenidos han desembocado en que los miles de trabajadores del metal en Cádiz que seguían con la huelga empujada por los sindicatos CGT y CTM hayan finalizado con los parones y vuelto a las fábricas... La huelga ha concluido con 23 detenciones, muchas de ellas cuando los trabajadores ya habían vuelto a sus puestos. “Cuando han empezado a trabajar a la gente es cuando están empezando a detener a compañeros algunos que solo han participado el 18 de junio; es una clara represión. Esta vez no nos han enviado tanquetas, pero están reprimiendo más que en la huelga de 2021" ( Aurora Báez Boza)

"Más de 16 días, un acuerdo firmado a espaldas de los trabajadores por parte del sindicato UGT con la patronal, una campaña de desprestigio en medios de comunicación e intervenciones públicas y 23 detenidos han desembocado en que los miles de trabajadores del metal en Cádiz que seguían con la huelga empujada por los sindicatos CGT y CTM hayan finalizado con los parones y vuelto a las fábricas. La decisión la tomaban el martes 8 de julio durante una de las asambleas diarias que desde hace tres semanas han realidado los huelguistas. Hoy miércoles los empleados han vuelto a sus puestos de trabajo con total normalidad. Desde el sindicato CGT, una de las organizaciones que junto con CTM ha liderado la huelga, explican que la decisión de detener los paros no responde a haber logrado lo que las plantillas merecen, sino al agotamiento físico y psicológico tras semanas de presión, amenazas, expedientes disciplinarios y detenciones. “Sabemos que hay un límite humano que se ha sobrepasado”, afirman.

Desde ambas agrupaciones de trabajadores han denunciado en los últimos días medidas ejemplarizantes y presiones por parte de las empresas a los trabajadores en huelga: “Es ilegal y denunciable decirle a los trabajadores cosas como que la huelga es ilegal”, explican desde la Coordinadora de Trabajadores del Metal Bahía de Cádiz. “No es fácil resistir cuando sobre la mesa empiezan a colocarse medidas ejemplarizantes, cuando la estrategia de la patronal, de las fuerzas represoras y sus adláteres sindicales es quemar a compañeros en la plaza del pueblo como medidas ejemplarizantes para que nadie más se atreva”, añaden desde CGT.

La huelga ha concluido con 23 detenciones, muchas de ellas cuando los trabajadores ya habían vuelto a sus puestos. “Cuando han empezado a trabajar a la gente es cuando están empezando a detener a compañeros algunos que solo han participado el 18 de junio; es una clara represión. Esta vez no nos han enviado tanquetas, pero están reprimiendo más que en la huelga de 2021”, comenta a El Salto una fuente de la Coordinadora de Trabajadores. El martes, la Policía Nacional detuvo a un trabajador gaditano mientras se disponía a coger un vuelo en el Aeropuerto de Madrid. Ese mismo día se produjeron otras tres detenciones en Cádiz. Con anterioridad y desde el pasado 1 de julio, se habían puesto en disposición judicial seis huelguistas. El resto de detenciones se realizaron a finales de junio tras las primeras jornadas de acciones sindicales. Las acusaciones a los trabajadores son desórdenes públicos y atentado contra la autoridad.

La vuelta a la normalidad en las más de 5.000 empresas que componen el sector del metal en Cádiz se ha hecho para miles de trabajadores con un sentimiento de “traición” por la firma el pasado 27 de junio de un preacuerdo entre UGT y la patronal del metal, FEMCA, considerado como “el peor convenio de la historia” por gran parte del gremio. El texto, que aún no se ha redactado de forma oficial, recoge la creación de nuevos contratos “formativos” con salarios menores a los estipulados, así como la obligatoriedad de que dure al menos ocho años sin cambios. Una de las grandes justificaciones al acuerdo que hacen desde UGT es la recuperación del plus tóxico penoso, que los trabajadores perdieron en 2012, pero su recuperación no se hará efectiva hasta 2030. CCOO se ha negado a firmar el acuerdo alegando que “será un convenio con el que malvivir ocho años”.

Desde CGT y CTM han denunciado el preacuerdo y consideran que no soluciona, sino que agrava los problemas que atraviesan los trabajadores del sector. “La traición no se olvida; los sindicatos que firmaron un preacuerdo de ocho años de miseria y sumisión han elegido su trinchera, no habrá olvido ni perdón para quienes se alinean con la patronal y venden a las plantillas por prebendas particulares y a saber qué más”, anuncian desde la agrupación sindical CGT. Ambos colectivos de trabajadores han insistido en que estarán atentos a la ratificación del nuevo convenio y que están dispuestos a volver a salir a la calle hasta alcanzar la dignidad para más de 25.000 trabajadores."

( Aurora Báez Boza , El Salto, 09/07/25)

Increíble el silencio mediático de las protestas en Grecia... Esta semana se ha producido la huelga general y la manifestación mas grande en la historia contemporánea del país heleno... Viva el movimiento popular que vuelve a renacer de los rescoldos de las luchas pasadas (Miguel Urbán)

 Miguel Urbán Crespo @MiguelUrban

Increíble el silencio mediático de las protestas en Grecia. 

Esta semana se ha producido la huelga general y la manifestación mas grande en la historia contemporánea del país heleno 

Viva el movimiento popular que vuelve a renacer de los rescoldos de las luchas pasadas

2:16 p. m. · 2 mar. 2025 70,5 mil Visualizaciones

Hace más de un año que los trabajadores suecos se declararon en huelga contra Tesla... Es la primera y única huelga contra Tesla en todo el mundo. Y se ha convertido en la huelga más prolongada en Suecia desde hace un siglo... El año pasado se produjo una oleada de huelgas de solidaridad de otros sindicatos para bloquear el envío de coches Tesla a los puertos suecos, detener la limpieza de las instalaciones de Tesla, retener los envíos postales, incluidas las nuevas matrículas, a todas las oficinas de Tesla e impedir que las estaciones de carga de Tesla se conectaran a la red eléctrica. Tesla ha perdido repetidamente batallas legales contra estas huelgas de solidaridad... Participan doce sindicatos suecos y tres nórdicos, entre ellos el noruego Fellesforbundet y el danés 3F Transport. Mientras tanto, Tesla ha traído rompehuelgas del Reino Unido, Francia, Italia, España, Finlandia, Dinamarca y muchos otros países europeos para cubrir a los 52 trabajadores en huelga, casi la mitad de los mecánicos de Tesla en el país... El sindicato United Auto Workers quiere organizarse en las fábricas de Tesla en los Estados Unidos y el poderoso sindicato alemán IG Metall trata de hacer lo mismo en Grünheide, donde se encuentra la única fábrica europea de Tesla. Tal como ha declarado Johan Järvklo, secretario internacional de IF Metall: «Se trata realmente de una lucha mundial y Suecia está actualmente en primera línea»... Tal como afirmó Esther Lynch, secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos: «Musk puede inventarse sus propias reglas cuando llegue a Marte, pero si quieres hacer negocios en Europa tienes que moverte de acuerdo con las reglas de Europa y eso significa respetar nuestra tradición de negociación colectiva» (German Bender)

 "Las elecciones presidenciales norteamericanas no han sido para Elon Musk la única cita de alto riesgo en perspectiva. Hace más de un año que los trabajadores suecos se declararon en huelga contra Tesla, su gigante del automóvil eléctrico. El sindicato sueco IF Metall ha exigido mejores salarios, prestaciones y condiciones para los mecánicos de los talleres de reparación de Tesla en todo el país, pero lo que fundamentalmente está en juego es el modelo de negociación colectiva del mercado laboral sueco, que Musk se niega a reconocer.

Es la primera y única huelga contra Tesla en todo el mundo. Y se ha convertido en la huelga más prolongada en Suecia desde hace un siglo. En abril, tras seis meses de conflicto, declaró Musk: «En realidad, creo que la tormenta ha pasado ya en ese frente, creo que las cosas van razonablemente bien en Suecia». Ni era cierto eso entonces, ni lo es ahora.

El año pasado se produjo una oleada de huelgas de solidaridad de otros sindicatos para bloquear el envío de coches Tesla a los puertos suecos, detener la limpieza de las instalaciones de Tesla, retener los envíos postales, incluidas las nuevas matrículas, a todas las oficinas de Tesla e impedir que las estaciones de carga de Tesla se conectaran a la red eléctrica. Tesla ha perdido repetidamente batallas legales contra estas huelgas de solidaridad, y recientemente se vio obligada a pagar 6,5 millones de coronas suecas (468.000 libras) en costas legales al servicio postal sueco, PostNord.

Participan doce sindicatos suecos y tres nórdicos, entre ellos el noruego Fellesforbundet y el danés 3F Transport. Mientras tanto, Tesla ha traído rompehuelgas del Reino Unido, Francia, Italia, España, Finlandia, Dinamarca y muchos otros países europeos para cubrir a los 52 trabajadores en huelga, casi la mitad de los mecánicos de Tesla en el país.

Aunque es legal según la legislación sueca, el uso de rompehuelgas es anatema tanto para los sindicatos como para los empresarios de los países nórdicos, donde las reglas y normas no escritas son esenciales para su modelo de protección de los trabajadores, que se basa en convenios colectivos entre empresa y empleados negociados a través de un sindicato. En Suecia, casi el 90% de la mano de obra está cubierta por convenios colectivos en todos los sectores. En lo que respecta a Tesla, esto parece preocupar poco a su director general, notoriamente antisindical.

Sin embargo, la batalla tiene implicaciones mucho más allá de este rincón más septentrional de Europa. El sindicato United Auto Workers quiere organizarse en las fábricas de Tesla en los Estados Unidos y el poderoso sindicato alemán IG Metall trata de hacer lo mismo en Grünheide, donde se encuentra la única fábrica europea de Tesla. Tal como ha declarado Johan Järvklo, secretario internacional de IF Metall: «Se trata realmente de una lucha mundial y Suecia está actualmente en primera línea».

Desde el punto de vista sindical, permitir que Tesla se salga con la suya sin firmar un convenio podría animar a otros empresarios de Suecia y Europa a hacer lo propio. Y desde el punto de vista de Tesla, existe la preocupación de que decir sí a la negociación colectiva en Suecia pueda ser utilizado como palanca por los sindicatos de otros países donde Tesla tiene fábricas y muchos más empleados. En Suecia, Tesla sólo tiene concesionarios, oficinas, talleres de reparación y estaciones de carga.

Aunque pueda ser comprensible la aprensión de Tesla, se deriva de una comprensión limitada de los sistemas europeos de relaciones laborales. Afiliarse a un sindicato es un derecho fundamental de todos los trabajadores suecos, y casi la mitad de los mecánicos de la empresa en Suecia están sindicados. Esto significa que, por ley, Tesla tiene que negociar con el sindicato muchas cuestiones, aunque no se haya firmado ningún convenio colectivo. IF Metall presentó recientemente una demanda contra Tesla por no informar ni negociar con los miembros del sindicato los cambios en el lugar de trabajo, de acuerdo con la legislación laboral sueca.

Además, en algunas partes de Europa, los convenios colectivos con una empresa de un sector o región se extienden por ley a la mayoría de las demás empresas de ese sector o región. Es el caso de Austria, España, Países Bajos, Finlandia y Francia, donde las empresas deben cumplir los convenios colectivos ampliados, los hayan firmado o no.

Y resulta que Tesla ya tiene convenios colectivos en Europa. Aunque representantes de la empresa declarasen el año pasado que Tesla «no tiene ningún convenio colectivo en ninguna parte del mundo», mi investigación ha descubierto tres convenios locales entre Tesla Francia y el mayor sindicato de Francia, la CFDT (están registrados en Légifrance, la página digital oficial del gobierno francés para la publicación de documentos legales como los convenios colectivos). Creo que este nuevo hallazgo podría ayudar a resolver el estancamiento sueco y evitar conflictos en otros países.

¿Por qué? Bueno, como Tesla ya tiene que cumplir convenios colectivos sectoriales en muchos países, y hasta tiene convenios locales en Francia, no sentaría precedente alguno si hiciera lo mismo en Suecia. Así que debería empezar a ver a los sindicatos como un socio con el que negociar, en lugar de verlos como un enemigo.

Hasta la misma política global de Tesla en materia de derechos humanos afirma que «de conformidad con la legislación local, Tesla respeta el derecho de los trabajadores a formar y afiliarse a sindicatos de su propia elección... o a formar y afiliarse a otros órganos representativos de los empleados... para negociar colectivamente». Si la empresa se atuviera al espíritu de esta política, lo más seguro es que fuera perfectamente capaz de adaptarse a los reglamentos y normas de los distintos países y evitar que esta huelga innecesaria en Suecia se prolongara más allá de su segundo año.

Tal como afirmó Esther Lynch, secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos: «Musk puede inventarse sus propias reglas cuando llegue a Marte, pero si quieres hacer negocios en Europa tienes que moverte de acuerdo con las reglas de Europa y eso significa respetar nuestra tradición de negociación colectiva»."

(German Bender , es analista jefe de Arena, un centro sueco de expertos y orientación progresistas, SinPermiso, 14/11/24,  fuente The Guardian, 1 de noviembre de 2024)

80000 trabajadores del sector del transporte de viajeros por carretera fueron a la huelga, que fue un éxito indiscutible, tanto por su seguimiento como por la asistencia a los piquetes. Reclamaban un adelanto de la edad de jubilación: "No se puede tener a una persona de 67 años conduciendo un autobús"... A pesar de la importancia del conflicto, por su carácter de servicio público, un sindicalista se preguntaba: "¿Alguien tiene que decir algo en la izquierda? Hay un cortocircuito en su relación con la calle"... la primera legislatura del Gobierno progresista estuvo marcada por un fuerte impulso legislativo en lo laboral... Aquel Gobierno acertó en sus medidas y hoy la buena marcha de la economía española es el producto de aquellas decisiones... Sin embargo, esta legislatura está siendo muy diferente... Los disturbios de Ferraz no consiguieron impedir el inicio de la legislatura, pero marcaron su naturaleza... Este escenario mezcla errores propios con la hostilidad de la derecha, pero existe algo más. Si 80000 trabajadores se movilizan en una huelga, la naturaleza de un Gobierno de izquierdas debería ser la declaración tajante de que sus reivindicaciones van a ser tenidas en cuenta de manera prioritaria. Sobre todo cuando el panorama informativo apenas le dedique espacio... Este Ejecutivo debe recuperar la iniciativa en medidas de carácter social y laboral. Si esas leyes se estrellan en el Congreso, cada uno habrá de retratarse luego ante la ciudadanía (Daniel Bernabé)

 "“Si hubieran aparecido por aquí los de Vox, a ver qué hacemos”. Quien habla es un sindicalista de una empresa de autobuses del norte de España. Este pasado lunes, 80000 trabajadores del sector del transporte de viajeros por carretera estaban llamados a la huelga, una que fue un éxito indiscutible, tanto por su seguimiento como por la asistencia a los piquetes. Reclamaban, entre otros aspectos, un adelanto de la edad de jubilación: "No se puede tener a una persona de 67 años conduciendo un autobús".

La huelga estaba convocada contra su patronal, a la que exigen consensuar un documento de peligrosidad laboral, para de esta forma exigir al Gobierno un coeficiente de reducción para la jubilación. A pesar de la importancia del conflicto, por su carácter de servicio público, este sindicalista se preguntaba: "¿Alguien tiene que decir algo en la izquierda? Hay un cortocircuito en su relación con la calle". De ahí su miedo a que Vox intentara rentabilizar la jornada.(...)

 Pero, ¿cuál es la responsabilidad de la izquierda?¿Sufre una desconexión de la calle como afirmaba el sindicalista?

Sería injusto no referirse a la primera legislatura del Gobierno progresista, una que estuvo marcada por un fuerte impulso legislativo en lo laboral. Tampoco conviene olvidar que la pandemia tuvo el efecto de situar en el centro todo aquello que aportaba estabilidad a los ciudadanos: el trabajo fue uno de aquellos hitos. Cuando la vida queda pelada hasta el hueso es sencillo percibir lo importante por encima de lo accesorio.

 Aquel Gobierno acertó en sus medidas y hoy la buena marcha de la economía española es el producto de aquellas decisiones. Existen más de 21 millones de cotizantes a la Seguridad Social, lo que demuestra la robustez de nuestro empleo. Existe un sector energético con capacidad autónoma y los precios más bajos de la UE. España ha escalado hasta la sexta posición mundial de inversión extranjera directa y la tercera en Europa. Felipe González habla de un Gobierno sin proyecto de país; las cifras lo desmienten.

 Sin embargo, esta legislatura está siendo muy diferente. Los escándalos de Ábalos y Errejón, especialmente este último, han conmocionado lo que había sido un espacio ajeno a estas crisis. A esto hay que añadir la persecución judicial contra Begoña Gómez y el intento de incapacitar la ley de amnistía, maniobras que son difíciles de separar del llamamiento impúdico de José María Aznar a que quien pudiera hacer, que hiciera. Los disturbios de Ferraz no consiguieron impedir el inicio de la legislatura, pero marcaron su naturaleza.

Además, hay una aritmética parlamentaria de difícil encaje, donde la recomposición del espacio independentista catalán, también la cerrazón de Puigdemont, hacen muy difícil sacar cualquier ley adelante. Las tormentas recientes, al menos, están permitiendo que la negociación de los presupuestos se lleve a cabo sin la presión de titulares, focos y tertulias.

A todo esto hay que sumarle la crisis del acceso a la vivienda, provocada por un desmesurado precio del alquiler, efecto último de la especulación con suelo urbano del sistema financiero internacional. Una crisis que, pese a que la mayoría de competencias en esta materia pertenecen a las administraciones local y autonómica, está recayendo casi por completo en el Gobierno.

Este escenario es tan cierto como preocupante, uno que mezcla errores propios con la hostilidad de la derecha, pero existe algo más. Si 80000 trabajadores se movilizan en una huelga, la naturaleza de un Gobierno de izquierdas debería ser, al menos, la declaración tajante de que sus reivindicaciones van a ser tenidas en cuenta de manera prioritaria. Sobre todo cuando el panorama informativo, aunque toma nota de la protesta, apenas le dedique espacio, uno que sí prestó a otras protestas espoleadas por la derecha.

Aunque el progresismo contemporáneo se niegue a verlo, el conflicto capital-trabajo sigue siendo esencial para entender las dinámicas de poder de nuestra sociedad. No es sólo esta huelga, es que aunque la economía carbure a buen ritmo, como decíamos hace unos párrafos, la redistribución no está siendo igual de profunda que los márgenes empresariales. Unos aportan su esfuerzo, otros recogen los beneficios.

Este Ejecutivo debe recuperar la iniciativa en medidas de carácter social y laboral. Si esas leyes se estrellan en el Congreso, cada uno habrá de retratarse luego ante la ciudadanía. El Gobierno no debe olvidar para qué está aquí. Deduzco que la mayoría de trabajadores que se movilizaron el lunes no tienen tiempo para redes sociales. Pero muchos de ellos votan o se abstienen. "                                     (Daniel Bernabé, InfoLibre, 29/10/24)

Acerinox: la huelga más larga de España... "Hace cuatro años el salario medio superaba los 2.000 euros. Ahora, si pasa de 1.600 al mes das saltos de alegría"... "«Lo que proponen es una barbaridad, es inhumano. Que te puedan llamar para trabajar según sales del turno de noche. Que te puedan llamar en vacaciones, en los días libres. Quieren poder llamarnos en cualquier momento, a cualquier hora. Eso es cargarse la conciliación, la vida familiar. Es una esclavitud"

 "Cuatro meses, 130 días y 130 noches. Y siguen sumando. Es lo que llevan los 1.800 trabajadores de la multinacional Acerinox -junto con otros 200 de las subcontratas- luchando contra la dirección de una empresa que tuvo el año pasado más de 53 millones de beneficios, pero que se niega a actualizar los salarios, y a rebajar los draconianos turnos de trabajo que impone a sus obreros.

Pero ellos aguantan el pulso, acampados en la fábrica. Les apoyan sus familias y una campaña de donaciones en el Campo de Gibraltar para la Caja de Resistencia.

¿Qué mueve a 2000 familias de Los Barrios, cerca de Algeciras, a mantener la huelgamás larga de todo el país en estos momentos. Dos reivindicaciones salen de la boca de sus trabajadores.

La primera es el pan. «Muchos siguen creyendo que los trabajadores industriales somos unos privilegiados. Pero si alguna vez fue así, ya no. Hace unos cuatro años el salario medio superaba los 2.000 euros. Ahora, si pasa de 1.600 al mes das saltos de alegría», afirma Antonio Torrejón, portavoz de los trabajadores y secretario de la Caja de Resistencia. «Nosotros sólo pedimos la actualización del IPC, la tenemos en el 2% desde hace más de 15 años y ya va por el 8%, es una locura que cobremos lo que cobramos con el nivel de precios que hay».

«Y estamos hablando de una multinacional que ha llegado a declarar 2.000 millones de euros de beneficios anuales y siempre dice que la factoría de Algeciras es deficitaria, que hay que ajustar turnos, salarios», apostilla. Por ejemplo, los trabajadores de Acerinox estuvieron fundiendo el metal de la cubierta del nuevo Bernabéu, unos trabajos por los que la empresa obtuvo unos 228 millones de euros de ingresos. Pero ahora sólo declara 53 millones de beneficios.

La segunda reivindicación no es menos importante: la vida. La multinacional impone unos horarios y planificación draconianos e incompatibles con la planificación familiar.

«Lo que proponen es una barbaridad, es inhumano. Que te puedan llamar para trabajar según sales del turno de noche. Que te puedan llamar en vacaciones, en los días libres. Quieren poder llamarnos en cualquier momento, a cualquier hora. Eso es cargarse la conciliación, la vida familiar. Es una esclavitud», dice Antonio.

Hay más reivindicaciones. Los obreros exigen un complemento «de calidad» por productividad equivalente al 30% del salario base, y que la multinacional reconozca un plus por «trabajo tóxico, penoso y peligroso» que cualquiera puede comprobar que se corresponde con las condiciones de la fábrica.

La dirección de Acerinox se enroca en posiciones intransigentes y lanza una batería de amenazas. «Han vuelto a decir lo de siempre, que habrá ERE, ERTE cuando la actividad vuelva, que no habrá más inversiones, que se pueden llevar la planta a Marruecos», dicen los trabajadores a coro. Una amenaza nada baladí en un Campo de Gibraltar con más de un 60% de tasa de paro.

«Dijeron lo mismo en 1977, en 2001, en 2004, y cada vez que hay una negociación. Siempre están con lo deficitario, con ajustar costes, salarios, turnos pero si tanto dinero pierden cuesta entender que la planta lleve 50 años funcionando a todo trapo aquí», apostillan los obreros.

Frente a las amenazas de la empresa, la unidad de los trabajadores, que en una votación asamblearia decidieron por 1.200 votos (el 67% de la plantilla) mantener la huelga y la acampada.

Les arropa además la solidaridad de la comarca y de los obreros de otras industrias de la zona, que se han visto en las mismas. Todos apoyan la Caja de Resistencia, imprescindible para un pulso que todavía se adivina largo.

«El primer mes, muchos resistieron mal que bien, todavía pudieron cobrar algo pero a partir del segundo, ni un euro de ingresos», dice Torrejón, presidente de esta hucha. «Al principio tuvimos que ayudar, con alimentos, a unas 17 familias. Ahora, con más de 120 días de huelga, esa cifra se ha multiplicado por cuatro o cinco».

Pero la ayuda llega. «Un local cercano nos manda pizzas cada noche. Unas compañeras organizaron un pase de modelos benéfico y recaudaron 5.000 euros, una residencia de mayores de Málaga nos ha mandado también lo que han podido recaudar». Otro particular se ofrece a repartir bombonas de butano a los que no pueden comprarlas ya.

«Nos han aportado algún dinero de la Coordinadora de Trabajadores del Metal, en la Bahía de Cádiz, y de todos los partidos políticos, hasta del Partido Popular en el Campo de Gibraltar», dicen con asombro y una sonrisa socarrona los trabajadores de Acerinox.

«Se está haciendo duro, pero después de 130 días no podemos ceder ahora y tirar todo por la borda. Vamos a resistir hasta ganar», afirman con determinación los obreros."          (Julio Cebrián , de Verdad Digital, 13/06/24)

El estoicismo de sobrevivir a 100 días de huelga en Acerinox... “Aseguran que esto le ha generado 31 millones de pérdidas, pero lo que le pedíamos iba a tener un coste de dos millones en los cuatro años del convenio. No lo entiendo”

"Alba Herrera no podía creer su suerte cuando, con 22 años, consiguió trabajo en la planta de Acerinox en Los Barrios (Cádiz). Todo eran enhorabuenas de su familia y amigos: “Parecía la panacea, el pelotazo”, rememora la joven sobre aquella alegría vivida hace seis años. Pero la felicidad duró poco. Al poco tiempo, “comenzaron a echar gente” en un ERE. Luego, llegaron los ERTE tras la pandemia o por la crisis de suministros debida a la guerra de Ucrania. “Y mira ahora cómo estamos”, suspira Herrera mientras prepara los lotes de comida comprados con la caja de resistencia para ayudar a algunas de las familias de los 1.876 trabajadores que, este martes, cumplen 100 días de huelga y ya están al límite económico de sus fuerzas. Aunque rendirse no parece una opción.

Hace ya más de tres meses que la carretera que va a la entrada principal de la planta de Acerinox en el polígono de Palmones es un escenario impracticable de guerra. Tres enormes ruedas de tractor resaltan entre el batiburrillo de objetos tirados a modo de barricada. Los quitamiedos se mezclan con metales retorcidos y restos de contenedores achicharrados. En la que fue la primera fábrica integral de acero inoxidable del mundo en 1970, hace ya casi 100 días que no entra ni sale un camión. La huelga que paraliza la planta y que, según la multinacional, ha provocado pérdidas de 31 millones de euros —sumados a la situación del mercado— ya ha superado el récord local de ser la más larga de la planta —el límite estaba en los 96 días que duró otra en 1977— y no tiene visos de acabar.

Comité de empresa y dirección constataron el pasado jueves que las posturas siguen alejadas en la última ronda de negociaciones, de las más de 30 que llevan, que realizaron en Sevilla con la mediación del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL). Sobre la mesa, los trabajadores llevan todo este tiempo exigiendo una batería de mejoras en materia salarial, social y de inversiones en maquinaria en las negociaciones del IV convenio. Piden ligar las subidas salariales al IPC —en lugar del 2% actual— y actualizar las primas de producción de los 300 euros actuales a los 650 euros —que han rebajado a 550 en distintas negociaciones—. “Esas primas suponen el 30% o 33% de nuestro salario. Deberían ser un incentivo, pero lo usan como un equilibrador porque lo ligan a los programas de producción”, explica Alberto Padilla, miembro del comité de huelga.

Aunque Rubén Gómez, presidente del comité, asegura que el verdadero caballo de batalla de los trabajadores son los problemas de conciliación que les generan los turnos rotatorios, compuestos por seis días de trabajo y cuatro de descanso, de los que dos proceden de sus jornadas de vacaciones. “Con esos turnos ya llevamos perdidos demasiados cumpleaños en nuestras familias”, apunta el presidente, del sindicato independiente ATA. Las distintas rondas de negociación han llevado a Acerinox a aceptar la subida del IPC y a estudiar el incremento de las primas a más de 400 euros y ligar subidas de hasta 600 a materiales de alto valor añadido. Pero la compañía, que a preguntas de EL PAÍS se ha remitido a comunicados ya realizados sobre su postura, ha mantenido su propuesta de implantar una nueva flexibilidad horaria voluntaria con la idea de disponer de un grupo de trabajadores dispuestos a trabajar en sus días de descansos a cambio de un plus.

Con las posturas encalladas, la compañía llegó a amenazar a la plantilla este mismo jueves con la posibilidad de realizar un ERE y otro nuevo ERTE, según han explicado fuentes del comité. Pero ni la posibilidad de esa medida de presión amilanaba a los trabajadores en huelga, conocedores ya desde el día antes de esa posibilidad y quejosos del uso “habitual” que la compañía hace de los ERTE desde la pandemia, como denuncia un empleado que prefiere no dar su nombre. “Hemos cedido muchos años, pero ya no aguantamos más”, tercia Sergio Ortega, vocal de la asociación Familias del Metal, creada para gestionar las ayudas de la caja de resistencia, que ya asiste a más de 40 familias. “Estos dos años de ERTE constantes a mí me han causado una merma de más 400 euros al mes. He pasado de ganar 2.100 a 1.600″, apunta el operario. El único avance que salió del último encuentro hasta ahora es que ambas partes aceptaron que el CARL redacte una propuesta de convenio, compuesto por propuestas de ambas partes que el comité asegura que elevará a consulta de los trabajadores en huelga, algo que no había sucedido hasta ahora.

Hacía ya tiempo que en Acerinox soplaban vientos de huelga, como asegura Padilla. Tanto que “ha habido compañeros que se han preparado y han podido ahorrar para esto, porque veían cómo la empresa no se estaba portando bien”, añade el miembro del comité. Pero difícilmente podían imaginarse que iban a alcanzar la barrera de los 100 días que les ha obligado a habilitar una caja de resistencia con comida y establecimientos asociados. “Con tanto recorte no me he podido preparar tanto para la huelga. De mi salario comen mi mujer, mi hija y yo. Si no fuese por mi madre que nos ayuda…”, explica Ortega.

Una tapia recorre el lateral izquierdo que lleva a la entrada de la fábrica. Hace ya meses que se ha convertido en una suerte de “muro de las lamentaciones”, como bromea Gómez, donde escribir consignas contra la empresa. En la margen derecha, el parking ya es un campamento improvisado donde los trabajadores acuden vestidos con su ropa de trabajo amarilla fosforita a cumplir con el turno de trabajo que les habría tocado. Más allá, el presidente de Familias del Metal, Antonio Torrejón, entrega bolsas con leche y alimentos de primera necesidad. Él, que lleva desde 2007 compaginando su trabajo en Acerinox con el voluntariado en Cáritas de su parroquia de Nuestra Señora de la Luz, se ve ahora repartiendo comida entre sus propios compañeros: “Este perfil nunca lo había visto. Son personas de poder adquisitivo bueno que se han quedado sin dinero y con vergüenza para pedir”.

Torrejón, noqueado por lo que ve cada día, asegura haber dejado de entender la postura de la empresa: “Aseguran que esto le ha generado 31 millones de pérdidas, pero lo que le pedíamos iba a tener un coste de dos millones en los cuatro años del convenio. No lo entiendo”. Por eso, entre la plantilla de Acerinox aseguran que, llegados a este punto, rendirse no parece una opción, según apuntan desde su comité, donde prometen que las filas siguen prietas. El colectivo ya ha llevado su situación al Parlamento de Andalucía y al Congreso de los Diputados, donde se llegaron a reunir con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Pero el bloqueo, por ahora, sigue ahí. “Esto es duro. No esperábamos que fuese tan largo y que todo estuviese tan bloqueado. Está creando un precedente peligroso porque se ha ido de las manos y la desesperación es grande”, zanja un trabajador que pide anonimato por miedo a posteriores represalias."                        ( Jesús A. Cañas , El País, 14/05/24)

Inteligencia artificial, salarios y pensiones, las tres claves que acabaron con la huelga de las actores... se permitirá la creación de “réplicas digitales“ de los intérpretes por parte de los estudios siempre que sean pagadas y tengan aprobación de los clonados

 "A las tres y media de la tarde del viernes, con una hora y media de retraso y casi 48 después de anunciar que la huelga de actores tocaba a su fin, Fran Drescher, la presidenta del sindicato de actores, comparecía triunfal en la sede central de SAG-AFTRA. Llegaba a la sala de prensa del brazo de Duncan Crabtree-Ireland, el jefe de los negociadores, ambos con la sonrisa pintada en la cara y un gesto muy diferente a la dureza que reflejaban el pasado 14 de julio, cuando arrancó la huelga de intérpretes. Después de 118 días de parón, por fin había acuerdo, y había llegado el momento de desgranar cuáles eran las condiciones para sus 160.000 socios. “Empezamos esta lucha siendo el sindicato más grande del mundo y la acabamos siendo el más poderoso”, se ha congratulado Drescher.

El sindicato ya había adelantado que el acuerdo era muy satisfactorio y que había logrado beneficios en subidas de sueldo y aportaciones a los fondos de pensiones por valor de 1.000 millones de dólares (936 millones de euros). “Hemos alcanzado un convenio colectivo que permitirá a los miembros de todas las categorías de SAG-AFTRA construir unas carreras sostenibles. Muchos miles de intérpretes, ahora y en el futuro, se beneficiarán de este trabajo”, aseguraban en su comunicado. Este viernes explicaban que la junta directiva ha aprobado el acuerdo con el 86% de los votos (no lo han especificado, pero una decena de los 66 lo han rechazado). Los 160.000 actores lo votarán durante las próximas semanas, hasta el 5 de diciembre. Pero ya pueden volver, aliviados, al trabajo.

 Los detalles específicos del pacto alcanzado con la Amptp (la asociación que agrupa a las grandes productoras y distribuidoras de Hollywood, como Netflix, Amazon, Universal, Paramount, Warner o Disney) no se conocerán hasta el lunes 13 de noviembre, pero los responsables han anunciado algunas de sus claves. Para empezar, se aplica de forma inmediata un aumento salarial de alrededor del 7% para los actores —el 11% para los figurantes― acompañado de otra subida del 4% en julio de 2024 y del 3,5% en julio de 2025 para ambos colectivos. Como ha afirmado Crabtree-Ireland, el pacto ha salido adelante gracias a la “solidaridad de sus miembros”.

 Los actores que hayan participado en series y programas que tengan “un cierto éxito”, aunque no se especifica cuánto, que se emitan en plataformas de streaming tendrán derecho a cobrar cierto dinero (lo que en la televisión lineal se llaman regalías) gracias a un nuevo fondo de 40 millones de dólares. También habrá una mejora en los planes De salud que supondrá un aumento de 180 millones de dólares en las aportaciones durante los próximos 40 años. Con respecto a la inteligencia artificial, no han dado detalles, pero han explicado que se permitirá la creación de “réplicas digitales“ de los intérpretes por parte de los estudios siempre que sean pagadas y tengan aprobación de los clonados.

Otras cuestiones que importaban a los actores y que se han ido desgranando es que los estudios deben proporcionar coordinadores de intimidad para las secuencias de sexo. También estaba sobre la mesa la cuestión de las audiciones, que los intérpretes deben filmar ellos mismos, con rapidez y con sus recursos. Ahora los estudios pueden exigirlas con un máximo de 48 horas de antelación, tendrán que proporcionar maquillaje y peluquería en caso de que estas sean específicas y podrán pedir una grabación de un máximo de ocho páginas del guion.

“Esta victoria es la victoria de todos”, ha asegurado el jefe del comité negociador, que ha dado las gracias a los 850 voluntarios que se han volcado durante los 118 días de la huelga, y también al comité negociador, “trabajando de forma incansable durante los fines de semana y muchas largas jornadas”. También a sus “hermanos” de otros sindicatos, y a la Federación Internacional de Actores. “Esta es una lucha global, y habéis estado ahí para los miembros de SAG-AFTRA”, ha afirmado, hablando de la “increíble solidaridad“ de todos sus miembros: “Nunca he estado tan orgulloso de la comunidad de la SAG y de este logro común”.

“Empezamos este viaje en común hace dos años y medio y me siento muy honrada de esta experiencia tan increíble”, ha afirmado Drescher, que ha hablado del enorme sacrificio que ha supuesto para la gran comunidad que lidera permanecer sin trabajar durante casi cuatro meses. Las pérdidas para el Estado de California se calculan en alrededor de 6.000 millones de dólares. “Con inspiración hemos conseguido seguir adelante y lograrlo”, ha afirmado emocionada, recordando a quienes la han ayudado en estos meses, en los que afirma ha pasado por momentos de estrés que la han obligado a encerrarse en su cuarto y a mantener las reuniones por zoom acompañada de su perro. “A mis queridos padres, que me dijeron que la clase media trabajadora es la espina dorsal de EE UU y que respetara a la fuerza de trabajo de este país. Siempre fui un miembro orgullos de SAG como actriz, aunque más aún cuando entré en el órgano de gobierno”.  (...)

Ambos se han mostrado de acuerdo en ”el convenio colectivo tenía que cambiar”, que era el momento de mejorar las condiciones, aunque la Amptp se mostraba reticente todo el tiempo. “Duncan y yo llamamos a muchos de los consejeros delegados de la Amptp y les explicamos que necesitábamos otra fuente de ingresos, porque quienes trabajan en plataformas no tienen los mismos ingresos que los surgidos de la labor en la televisión lineal y que no podían llegar a fin de mes. Se negaron. El 14 de julio fuimos a la huelga, aunque con la esperanza de seguir hablando. Desde ese día al 3 de octubre no tuvimos noticia de la Amptp. ¿Dónde estaban? Cuando vieron un nuevo tipo de liderazgo en Duncan y en mí, tuvieron que reconocer que exigíamos respeto. Vieron que había que hacer algo o esto no saldría adelante“. Esa salida tardó 188 días en llegar y quedan flecos por cerrar. Sin embargo, ha ayudado a salir adelante a un colectivo de 160.000 personas y se ha convertido en referente para la industria del entretenimiento en el mundo entero."             (María Porcel, El País, 11/11/23)

Bloqueo total de los trabajadores suecos a Tesla: la huelga que se le ha ido de las manos a Elon Musk... Su negativa firmar un convenio con sus 120 mecánicos del país desata una acción sindical nacional para impedir que sus coches entren en Suecia o que los talleres reciban repuestos... El bloqueo es total. Los sindicatos de estibadores han declarado que no descargarán ni un Tesla más hasta que no se llegue a un acuerdo. Los trabajadores de la red eléctrica no intervendrán en sus puestos de carga ni los repararán cuando se averíen. Los empleados de mantenimiento no pisarán sus instalaciones. Los taxistas se han comprometido a no adquirir ninguno de sus modelos hasta que haya convenio colectivo... “Los empleados de Tesla merecen condiciones laborales dignas y seguras, como todos los trabajadores de Suecia. Es por eso que IF Metall lleva mucho tiempo negociando con Tesla. Desafortunadamente, se han negado a firmar un convenio colectivo y, por lo tanto, violan los principios básicos del mercado laboral sueco”

 "Elon Musk es un patrón poco amigo de los sindicatos. Los empleados de Tesla han denunciado durante años coacciones y despidos para dificultar la acción sindical. Una política que la marca está intentando imponer en Suecia, pero donde le puede salir muy cara, con una reacción en cadena de trabajadores de todo el país para forzar al fabricante de coches eléctricos a firmar un convenio con sus 120 mecánicos. 

 El bloqueo es total. Los sindicatos de estibadores han declarado que no descargarán ni un Tesla más hasta que no se llegue a un acuerdo. Los trabajadores de la red eléctrica no intervendrán en sus puestos de carga ni los repararán cuando se averíen. Los empleados de mantenimiento no pisarán sus instalaciones. Los taxistas se han comprometido a no adquirir ninguno de sus modelos hasta que haya convenio colectivo.

“Los convenios colectivos son la base del modelo sueco de mercado laboral”, justifica IF Metall, el poderoso sindicato sueco de la industria metalúrgica y manufacturera que representa a los mecánicos de Tesla: “Los empleados de Tesla merecen condiciones laborales dignas y seguras, como todos los trabajadores de Suecia. Es por eso que IF Metall lleva mucho tiempo negociando con Tesla. Desafortunadamente, se han negado a firmar un convenio colectivo y, por lo tanto, violan los principios básicos del mercado laboral sueco”.

La negativa de Tesla a ratificar el convenio derivó en una huelga de IF Metall que comenzó el 27 de octubre. La semana pasada sus mecánicos consiguieron que los estibadores de los cuatro principales puertos del país secundaran la acción y bloquearan los vehículos del fabricante a partir de este lunes. Sin embargo, han sido los intentos de Tesla de sortear la huelga −IF Metall denuncia que ha intentado subcontratar a otros mecánicos y derivar sus coches a puertos secundarios− los que han desencadenado la campaña a nivel nacional.

elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con Tesla, que no ha respondido a la solicitud de información. La compañía ha manifestado a TT, la principal agencia de noticias sueca, que “es lamentable que IF Metall haya tomado estas medidas”. “Ya ofrecemos acuerdos equivalentes o mejores que los cubiertos por la negociación colectiva y no encontramos ninguna razón para firmar ningún otro acuerdo”, argumentan fuentes de la empresa.

Según IF Metall, lo que piden los mecánicos para su convenio es un pacto sobre aumentos salariales anuales, coberturas de seguros y pensiones, y otros beneficios que recibirían si estuvieran bajo un convenio colectivo de otra industria del país.

“Los convenios colectivos se negocian sector por sector, y a los empleados se les garantizan los salarios y las condiciones de trabajo habituales en todo el sector. Esto permite a las empresas operar en igualdad de condiciones, al tiempo que se evita el riesgo de que un solo empresario distorsione la competencia en el sector imponiendo malas condiciones a sus empleados”, argumenta el sindicato.

“Una vez firmado un convenio colectivo, tanto empresarios como trabajadores tienen la obligación de mantener la paz”, continúa: “Como resultado, el convenio colectivo garantiza un mercado laboral sueco con muy pocos conflictos o huelgas. Se basa en una larga tradición de más de 100 años de negociaciones entre las partes del mercado laboral. El convenio colectivo crea una situación de claridad y orden tanto para los trabajadores como para los empresarios, al tiempo que evita los conflictos”.

“La pequeña Suecia contra el poderoso Musk”

Suecia es un mercado pequeño pero importante para Tesla. El coche más vendido en el país nórdico en lo que va de año ha sido, con diferencia, su Tesla Model Y. La industria automovilística española pone como ejemplo a seguir la implantación de la electromovilidad en los países nórdicos, Suecia incluida. En 2023, el 38% de los vehículos vendidos en el país han sido completamente eléctricos y otro 28%, híbridos.

La pugna laboral entre el pequeño grupo de mecánicos utilizando todos los recursos a su alcance para presionar al gigante estadounidense de la movilidad eléctrica (que tiene 127.000 trabajadores en todo el mundo) se ha convertido en un acontecimiento en el país. Este miércoles más sindicatos seguían sumándose a la campaña, con los representantes de las empresas de paquetería y transporte avisando que no llevarán ni repuestos ni cartas a la empresa hasta que el conflicto se solucione.

El Dagens Nyheter, el periódico más importante de Suecia, ha lanzado una cobertura especial que incluye el seguimiento de cómo se está contando la situación a nivel internacional. “La huelga de Tesla en Suecia se ha convertido en noticia en todo el mundo: la 'pequeña' Suecia libra la primera gran batalla contra el 'anti-sindicatos' Elon Musk”, resume.

“Si lo dejamos pasar se abrirá una grieta en todo el sistema”, ha avisado Tommy Wreeth, responsable del Sindicato Sueco de Trabajadores del Transporte, en declaraciones a The New York Times: “No se trata solo de los sindicatos de trabajadores del metal y del transporte. Esto es importante porque está en juego todo el modelo sueco”. Wreeth ha informado este miércoles a la prensa sueca de que está en contacto con los sindicatos daneses y noruegos para intenta evitar que Tesla eluda el bloqueo sueco a través de sus puertos.

Elon Musk, por su parte, no ha hecho ninguna referencia al conflicto laboral que vive su empresa en Suecia. No obstante, una de sus últimas publicaciones en X (conocida anteriormente como Twitter) fue precisamente para alabar a los trabajadores de la empresa. “El equipo de Tesla es increíble: se enorgullecen de trabajar duro, construyen grandes productos y son gente de buen corazón”, escribió en respuesta a un comentario con un vídeo que le mostraba dando un discurso en la nueva gigafactoría de Berlín, una instalación similar a la que quiere atraer la Comunidad Valenciana. "

(Carlos del Castillo, eldiario.es, 08/11/23)