Tenía ganas de leer algo así: España ha logado entrar en el club de las economías de los 2 billones de dólares, compuesto únicamente por doce países... desde el exterior, seducidos por los grandes indicadores, cada vez son más lo que hablan de una economía de España que no para de asombrar al mundo (desde Goldman Sachs hasta Jefferies se deshacen en elogios... Bloomberg considera es una "noticia muy positiva para la Eurozona", puesto que demuestra que con otro modelo se pueden hacer las cosas muy bien en un continente que sufre para crecer unas décimas de PIB cada año... el analista Lionel Laurent de Bloomberg cree que esta vez es diferente... sostiene que el crecimiento español "sigue alcanzando nuevos hitos", con un ritmo de expansión superior al de las economías del G7 y una tasa de paro en mínimos desde enero de 2008... El aumento de la población ha tenido un efecto directo sobre la actividad económica. Este crecimiento demográfico ha permitido ampliar la población activa, impulsar el consumo y elevar la recaudación fiscal. Además, alrededor del 80% del empleo creado corresponde a trabajadores nacidos en el extranjero, una aportación decisiva para explicar el dinamismo reciente del mercado laboral... resulta aún más interesante que la calidad del empleo también esté mejorando, con menos empleos temporales y más puestos en sectores con salarios más altos... Jefferies ven mejoras de productividad y un cambio en el mercado laboral español... para mantener ese crecimiento durante las próximas décadas, España tendrá que impulsar la innovación y elevar de forma sustancial la productividad de su economía (El Economista)

" Dentro de España, a nivel doméstico, existe una importante controversia sobre la economía y su fuerte expansión. Por un lado, los datos 'macro' muestra una tendencia casi impecable con un crecimiento que triplica en el de la zona euro, una tasa de paro en mínimos de décadas y la creación masiva de empleo como fuente de crecimiento. Sin embargo, también hay quien demuestra con datos que este tipo de crecimiento está generando poca 'riqueza' para la mayoría de la población (es un crecimiento extensivo que sobre todo beneficia al que llega y se incorpora al mercado laboral), al mismo tiempo que se crean grandes tensiones en mercados como el de la vivienda o en servicios públicos como educación o sanidad. 

Sin embargo, desde el exterior, seducidos por los grandes indicadores, cada vez son más lo que hablan de una economía de España que no para de asombrar al mundo (desde Goldman Sachs hasta Jefferies se deshacen en elogios con la economía de España), una economía que se atreve a ir contracorriente para aprovechar al máximo la fuerza laboral que llega de fuera y como prueba de ello está el sorpasso económico de España, el país de los bares, a Corea del Sur, el país de la tecnología y la inteligencia artificial. El último medio de prestigio en destacar este fenómeno ha sido la agencia Bloomberg en una opinión que ocupa una posición de gran relevancia en la portada de la prestigiosa agencia norteamericana.

Tal y como adelantó elEconomista.es con proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía de España adelantó en 2025 a Corea del Sur tanto en PIB per cápita como en PIB agregado (gracias a este sorpasso, España volvió a entrar en el top 12 de la economía global). En el caso del producto per cápita (una especie de proxy para conocer la prosperidad de una sociedad), el adelantamiento llegó 11 años después de que España perdiese la posición con una Corea del Sur que parecía decidida a convertirse en uno de los países más ricos del mundo, una nueva potencia que emergía tras un milagro económico sin parangón en el mundo y que parecía quedar solidificado con la fuerte producción de memorias necesarias para la inteligencia artificial en Corea del Sur. 

Por le contrario, España se encontraba sufriendo los coletazos de la histórica crisis financiera de 2008, que en se alargó hasta 2013-2014 por el agravante de la burbuja inmobiliaria. No obstante y contra todo pronóstico, hoy, la economía de España crece con cierto vigor, mientras que Corea del Sur se encuentra sumida en una especie de montaña rusa que baila al son de los vaivenes de la inteligencia artificial y los mercados.

La economía de España lleva creciendo desde 2021 a un ritmo que triplica, al menos, el de la zona euro, impulsada por un sector servicios que no para de dar sorpresas positivas (tras el covid todo el mundo se lanzó a las calles para gastar en ocio, turismo, hostelería...) y una poderosa creación de empleo (buena parte precario) que se ha alimentado y nutrido de la llegada de inmigrantes, sobre todo de Latinoamérica, lo que también ha generado importantes análisis en el exterior sobre el modelo español.

El último llega desde la agencia Bloomberg. Como se señalaba anteriormente, en una columna de opinión publicada por Bloomberg, el analista Lionel Laurent sostiene que el crecimiento español "sigue alcanzando nuevos hitos", con un ritmo de expansión superior al de las economías del G7 y una tasa de paro en mínimos desde enero de 2008. No obstante, el autor se pregunta si este nuevo auge puede ser sostenible o si, como ocurrió antes de la crisis financiera de 2008, esconde desequilibrios que terminen pasando factura a la economía. Con todo, España ha logado entrar en el club de las economías de los 2 billones de dólares, compuesto únicamente por doce países. Según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional, el PIB agregado de España supera los 2,09 billones de dólares, mientras que el de Corea del Sur, potencia de la IA, se ha quedado en 1,93 billones de dólares.

Esta vez es diferente

Laurent cree que esta vez es diferente, puesto que existen diferencias fundamentales respecto al anterior ciclo expansivo. A su juicio, "la fiesta parece mucho menos frágil esta vez", ya que el crecimiento no descansa sobre una burbuja inmobiliaria ni sobre un único sector económico. Mientras que Corea del Sur se beneficia del auge mundial de la inteligencia artificial y de la industria de los semiconductores, el principal motor del crecimiento español ha sido el fuerte incremento de la población gracias a la inmigración laboral. El columnista destaca que España ha ido "a contracorriente de las tendencias más nacionalistas" presentes en otros países, impulsando incluso una regularización masiva que concederá permisos de residencia a más de un millón de inmigrantes en situación irregular. De hecho, el analista de Bloomberg considera que este sorpasso de España a Corea del Sur supone y lo que hay detrás es una "noticia muy positiva para la Eurozona", puesto que demuestra que con otro modelo se pueden hacer las cosas muy bien en un continente que sufre para crecer unas décimas de PIB cada año.

El aumento de la población ha tenido un efecto directo sobre la actividad económica. Según recuerda Laurent, España ha pasado de 36 millones de habitantes hace medio siglo a casi 50 millones en la actualidad, el mayor incremento porcentual entre las cinco mayores economías de la Unión Europea. Este crecimiento demográfico ha permitido ampliar la población activa, impulsar el consumo y elevar la recaudación fiscal. Además, cita al economista de BBVA Rafael Doménech, quien estima que alrededor del 80% del empleo creado en España desde 2022 corresponde a trabajadores nacidos en el extranjero, una aportación decisiva para explicar el dinamismo reciente del mercado laboral.

"La postura liberal de España respecto a la inmigración ha sido un factor clave del sólido crecimiento demográfico y la creación de empleo. Sin embargo, resulta aún más interesante que la calidad del empleo también esté mejorando, con menos empleos temporales y más puestos en sectores con salarios más altos", señalaba, por ejemplo, el informe de Jefferies mencionado al comienzo de este artículo. Es cierto que la menor temporalidad se debe en buena parte al aumento de los fijos discontinuos, una figura controvertida que tampoco mejora de forma clara la calidad del empleo, pero desde Jefferies ven mejoras de productividad y un cambio en el mercado laboral español.

El turismo tira de la economía

El otro gran apoyo del crecimiento ha sido el turismo. El sector ya representa cerca del 13% de la economía y este año ha vuelto a batir récords, favorecido por el desvío de viajeros que han evitado Oriente Próximo debido al conflicto bélico. Laurent subraya además que este fuerte incremento de la demanda no ha provocado un repunte descontrolado de la inflación (aunque es cierto que la inflación está subiendo más rápido en España que en el resto de la zona euro, lo que también supone una seria amenaza), en parte gracias al elevado peso de las energías renovables en el sistema eléctrico español, que ha amortiguado el impacto del encarecimiento de la energía derivado de la guerra con Irán.

Pese a este sólido comportamiento, el autor advierte de que el modelo también presenta importantes limitaciones. Las tensiones sobre el mercado de la vivienda ya son evidentes y reflejan que el ritmo de crecimiento demográfico podría superar la capacidad de las infraestructuras. Laurent recuerda que algunos analistas describen España como "un país de 50 millones de habitantes con infraestructuras para 40 millones", mientras que la inversión pública continúa situándose por debajo de la media europea y el fin de los fondos europeos de recuperación obligará a afrontar nuevos retos presupuestarios y estructurales.

A largo plazo, Laurent considera que la principal diferencia con Corea del Sur seguirá siendo la productividad. Aunque España comienza a apostar por la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico (con inversiones públicas como la entrada en el fabricante de chips Openchip, conocido como 'la Nvidia catalana', la productividad por trabajador y por hora trabajada continúa muy por debajo de la de Corea del Sur y de otros países europeos como Alemania, Países Bajos o las economías nórdicas. Por ello, concluye que el éxito reciente demuestra que España ha prosperado "sin inteligencia artificial, ningún problema", pero advierte de que, para mantener ese crecimiento durante las próximas décadas, tendrá que impulsar la innovación y elevar de forma sustancial la productividad de su economía."

 (El Economista, 06/07/26)

Multa de 2.250 euros por usar su apartamento en La Gomera como segunda residencia y no destinarlo al turismo... 2.250 euros. Es la propuesta de multa que les ha llegado a los propietarios de un apartamento en La Gomera por no destinarlo al turismo. Viven en Tenerife y usan su vivienda para pasar fines de semana y a veces largas temporadas, ya que en La Gomera tienen arraigo familiar... “Lo que yo tengo es una vivienda, yo no tengo una plaza alojativa... Los propietarios estamos desamparados de alguna manera"... Pese a que el Gobierno canario anunció que se cancelaban estas sanciones, siguen las multas a los propietarios por vivir en zonas turísticas, por no dedicarlos a esta actividad o no cederlos a un explotador... cada día en el BOE llegan nuevas resoluciones con sanciones a propietarios por residir o no dedicar sus viviendas en zonas turísticas a esa actividad (Jennifer Jiménez)

 "Pese a que el Gobierno canario anunció que se cancelaban estas sanciones, siguen las multas a los propietarios por vivir en zonas turísticas, por no dedicarlos a esta actividad o no cederlos a un explotador

2.250 euros. Es la propuesta de multa que les ha llegado a los propietarios de un apartamento en La Gomera por no destinarlo al turismo. Viven en Tenerife y usan su vivienda para pasar fines de semana y a veces largas temporadas, ya que en La Gomera tienen arraigo familiar. Una de las propietarias explica que se siente “indefensa” ante la Ley Turística en la que se ampara la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias para sancionarles, ya que compró esta propiedad con unas expectativas de disfrute o de que puedan usarlo sus hijos en un futuro incluso para residir, como han hecho otros conocidos suyos. “Te ves en una situación de indefensión porque has hecho un esfuerzo para comprar esta propiedad con unas expectativas de disfrute más que de otra cosa y es una inversión para el futuro de tus hijos”, explica. 

El expediente de sanción le llegó a estos propietarios recientemente, bastantes meses después del decreto de marzo con el que el Gobierno canario anunciaba la suspensión de las sanciones a los propietarios en zonas turísticas que no lo dedicaban a este fin y residieran en sus apartamentos o no lo cedieran a un explotador turístico. Los propietarios esperan que se haga justicia y finalmente no tengan que pagar y van a batallar por ello. 

Los propietarios prefieren salvaguardar su nombre, el nombre del complejo y el municipio donde se encuentra. No obstante, este periódico ha tenido acceso al expediente y en la propuesta de sanción se recoge que, en respuesta al requerimiento del Servicio de Inspección, los titulares manifestaron que hacen “uso de su casa como segunda vivienda”. Y se considera que se ha incumplido “el deber de atenerse al uso establecido por el planeamiento y la del inmueble construido en ella según la licencia obtenida en el momento de su edificación”, que era el de dedicarlo a la actividad turística en modalidad extrahotelera en lugar de dedicarlo “al uso residencial”. En el informe de Inspección se sostiene que “ni los propietarios ni el Ayuntamiento han acreditado que se haya consolidado el uso residencial que se está realizando ni que el mismo esté permitido por el planeamiento ni por la licencia”. 

Para la determinación de la sanción se ha tenido en cuenta que la infracción originaria es “muy grave” conforme al tipo infractor del artículo 75.14 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias: “Se consideran infracciones muy graves a la disciplina turística el incumplimiento del deber de atenerse al uso establecido por el planeamiento, destinando un establecimiento turístico de alojamiento a usos residenciales”, siendo no obstante, considerada como “grave” por aplicación de lo dispuesto en el artículo 76.18 del mismo texto legal, que señala que “constituyen infracciones graves a la normativa turística las infracciones tipificadas como muy graves que por razón de su intencionalidad, naturaleza, ocasión o circunstancias no deban considerarse como tales”. 

Por todo ello, se propone como sanción 2.250 euros para estos propietarios. La afectada explica a este periódico que no va a pagar la multa y que va a recurrir hasta última instancia. 

“Lo que yo tengo es una vivienda, yo no tengo una plaza alojativa”

“Cuando compramos ponía un contrato de explotación turística pero era de mutuo acuerdo renovarlo o no y en las escrituras no pone que estés limitado a ese uso de por vida”, apunta. “No dice que la vivienda tenga uso exclusivo turístico”, insiste. 

La propietaria multada subraya que en su complejo hay personas que han alquilado a médicos y otros profesionales que han venido a La Gomera a trabajar por temporadas y que los han alquilado y que hay otras casuísticas. Recuerda que hasta la Ley Turística de 2013 no se ponía esta limitación de que no se puede residir en las zonas consideradas turísticas. 

“Los propietarios estamos desamparados de alguna manera porque además, cuando compramos, no compramos una plaza alojativa. Hay otros complejos en los que no hay división horizontal y compras un porcentaje dentro del edificio, pero nosotros compramos en estos casos una vivienda determinada”, asegura. “Lo que yo tengo es una vivienda, yo no tengo una plaza alojativa, tengo una escritura y tengo una vivienda”, insiste. 

Un goteo constante de multas 

Desde la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias han explicado a este periódico que el decreto ley de medidas urgentes relativas al deber de atenerse al uso turístico, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 17 de marzo, lo que dice es que se suspenden las sanciones por un plazo de tres años y a petición del interesado. Además, remarca que se realizará en los municipios que hubieran iniciado los procedimientos de especialización de usos del suelo. No obstante, no disponen de un listado de cuántos son ni de cuáles son los municipios que han iniciado esa especialización y matizan que los expedientes individuales no se pueden comentar por protección de datos. 

La presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, Maribe Doreste, recuerda que cuando se anunció ese decreto ella aseguró que “insultaba a la inteligencia y que era un decreto mentiroso”. “El artículo 3 de este decreto, quien lo lee lo sabe, no suspende las multas”, añade. “¿Por qué? ¿Qué dice el artículo 3? Que nosotros tenemos que ir al ayuntamiento a solicitar un cambio de uso. Y que si lo solicitamos en tres años se paralizan las multas, pero no significa que el uso te lo concedan, sino que hay un stand-by. Eso es lo que dice el decreto”, resume. 

“¿Cómo vamos a ir nosotros a solicitar algo que ya tenemos? Si nosotros tenemos un uso residencial consolidado y legal, ¿para qué tenemos que ir al ayuntamiento a solicitar un cambio de uso? Si voy al ayuntamiento y solicito un cambio de uso, es una trampa. ¿Por qué? Porque estoy diciéndole que yo soy turístico y que estoy declarándome turístico y que quiero que me lo cambies a residencial. Luego, si yo me declaro que tengo un uso turístico eso es haber afirmado que mi uso era un uso que no era legal y mi uso residencial”, insiste. 

“Como el cambio de uso es por parcela, no es por apartamento o bungaló, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo los propietarios de una parcela si tenemos intereses enfrentados? ¿Y por qué metes a los propietarios de una parcela cuya convivencia ha existido durante más de 50 años de forma pacífica, pudiendo convivir sin haber tenido ningún tipo de problema de convivencia? ¿Por qué los metes en esa situación? ¿Para qué? ¿Para favorecer qué?”, se cuestiona. 

“Lo que nosotros decimos es lo que está detrás de todo esto, que es el favorecer el modelo turístico extrahotelero, el de siempre, ese que es caduco, trasnochado y obsoleto”, incide Doreste, que apunta que cada día en el BOE llegan nuevas resoluciones con sanciones a propietarios por residir o no dedicar sus viviendas en zonas turísticas a esa actividad. Multas que rondan los 2.250 euros como la de estos propietarios de La Gomera y que les colocan en la incertidumbre. " 

(Jennifer Jiménez , eldiario.es, 08/11/25) 

Veinte turistas por cada residente: el motor económico de Baleares avanza hacia el colapso ambiental y social... En Baleares, la sequía se ha vuelto crónica, pero en vez de atajarla “estamos regando campos de golf, abriendo parques acuáticos y llenando piscinas por todas partes... la población local sufre cortes y restricciones de agua mientras los hoteles y resorts llenan sus piscinas... las cremas solares liberan al mar unas 4.000 toneladas de químicos cada año, afectando a animales como los corales y los peces. A las cremas se suman los vertidos de aguas fecales, también masivos... la mitad del parque residencial está destinado a alquiler vacacional y gestionado por plataformas como Airbnb o Booking, que agendan un montón de pisos sin licencia. Baleares tiene los precios por metro cuadrado más caros de España... Cáritas atendió en Mallorca a casi 1.000 personas sin hogar, la mayoría trabajadores asalariados que no podían permitirse pagar un alquiler dentro de la isla... los precios por habitación oscilan entre los 500 y los 1.200 euros... El mercado laboral asociado al turismo en Baleares está basado en empleos precarizados y salarios bajos... “Los poderes políticos no aportan ninguna solución... Lo que hacen es intentar calmar el malestar social, no molestar a los turistas y que los empresarios sigan amasando riqueza" (Alberto Mesas)

"No hace tanto, apenas 60 años, lugares como Alcúdia, Ibiza o Maó eran pequeños pueblos costeros con unos pocos miles de habitantes que vivían principalmente del campo y de la pesca. Hoy, como otros muchos municipios a lo largo de todo el litoral balear, son algunos de los destinos más demandados de Europa. Las Islas Baleares, donde habitualmente residen 1,2 millones de personas, recibieron el año pasado 20 millones de turistas. El aeropuerto de Palma de Mallorca, por ejemplo, recibe más de 31 millones de pasajeros anuales, con picos de hasta 66 vuelos por hora.

Solo en los primeros cinco meses de este año, las islas han recibido más de cuatro millones de visitantes, un incremento del 3,7% respecto a 2024, una cifra que evidencia la enorme presión demográfica que soporta el archipiélago, ya que esa gran masa de turistas se baña en sus playas, consume su agua potable y se aloja en su parque de vivienda.

El boom turístico ha transformado radicalmente la morfología de las Islas, provocando una auténtica mutación urbana y social, y está acarreando serios problemas ambientales que van desde la rápida degradación de las costas hasta la sequía. Unos problemas que en los últimos años se han visto agravados por el cambio climático.

Jaume Pujol, portavoz de la plataforma Menys Turisme Més Vida Mallorca, es conciso: “Para la gente que vivimos aquí el turismo es una maldición, porque nos ha condenado a unas condiciones de vida y de trabajo muy precarias. Obviamente, para los empresarios capitalistas es una bendición, porque están lucrándose, pero a costa de la explotación de la clase trabajadora y la destrucción de nuestra tierra”.

Beneficio económico a un alto coste ambiental

El turismo es el pilar fundamental de la economía balear. Su peso directo e indirecto sobre el PIB regional supera el 40%, muy por encima del peso que tiene en la economía estatal, con un 13% del PIB el año pasado. En 2024, los turistas gastaron en Baleares más de 22.000 millones de euros, tal y como detalla un informe de la Consellería d’Economía. Sin embargo, el llamado fenómeno de la “balearización”—término que describe la urbanización masiva y desordenada del litoral de las Islas— también es el símbolo de los riesgos asociados a un modelo turístico basado en el crecimiento constante e ilimitado.

Durante mucho tiempo, principalmente en los años del ladrillazo, en Baleares se construyeron grandes complejos turísticos prácticamente en la orilla del mar. Las consecuencias de esta urbanización acelerada y la sobredimensión del sector hotelero son la degradación de ecosistemas, la saturación de playas y carreteras durante la temporada alta y un aumento de los conflictos sociales, con residentes en pie de guerra que denuncian el empeoramiento de la calidad de vida.
El turismo se bebe 1 de cada 4 litros de agua

En Baleares, la sequía se ha vuelto crónica. El archipiélago cerró 2024 con unas reservas hídricas del 52 %, dos puntos menos que en 2023. En junio de este año, las reservas habían caído al 48 %, el nivel más bajo desde que hay registros. Al inicio del verano, el 98,4 % del territorio estaba bajo prealerta de sequía, con Ibiza y Menorca en una situación especialmente alarmante.

La saturación de la infraestructura hídrica y la falta de reservas estratégicas convierten a las Baleares en una de las regiones europeas más vulnerables ante olas de calor y sequías extremas. Las Islas han vivido el junio más seco desde 1961 y embalses como los de Gorg Blau y Cúber, vitales para el abastecimiento de Palma, se situaron a mediados de 2025 en apenas el 37 % y el 50 % de su capacidad respectivamente, reflejo de una situación extrema.

“Las Islas Baleares no están preparadas para resistir temporadas de escasez de agua”, comentan desde la asociación ecologista Amics de la Terra. Los elevadísimos consumos no permiten medidas eficientes para plantear restricciones que sean efectivas. Las únicas soluciones que se enuncian desde la Administración competente es construir más plantas desaladoras con todos los efectos medioambientales que estas conllevan”.

La portavoz de la asociación ecologista GOB Mallorca, Margalida Ramis, coincide en la falta de previsión frente a posibles temporadas de sequía aguda: “No se está haciendo una planificación hídrica con suficiente responsabilidad. Estos escenarios se agravarán por la crisis climática”. Para Ramis, “el sistema sigue funcionando como si hubiera agua para todos, para siempre y sin ningún problema, y esto no es la realidad”.

Desde GOB señalan cómo la sequía es un riesgo ya presente en Baleares, pero en vez de atajarlo “estamos regando campos de golf, abriendo parques acuáticos y llenando piscinas por todas partes. Estamos en un modelo en el que se vende un paraíso con chalet y piscina, sin prestarle atención a que ya estamos en una situación de recursos hídricos crítica”.

El turismo consume uno de cada cuatro litros del agua potable disponible en el archipiélago, según un estudio de la Universidad de las Islas Baleares (UIB). Acuíferos de la isla como el de Serra Grossa están salinizados al 133% por la sobreexplotación, y las depuradoras vierten 18.000 m³ de agua no tratada al mar, dañando la posidonia, una planta esencial en el suelo marino del Mediterráneo.

La sobrecarga y el estrés que sufren los acuíferos es notable. Según el Plan Hidrológico de Baleares, 29 de las 87 masas de agua subterránea —una de cada tres— están actualmente sobreexplotadas. El turismo y el desarrollo inmobiliario en la línea litoral, sumados al ciclo natural de menor precipitación y aumento de las temperaturas, han alterado el equilibrio hídrico, comprometiendo no solo el abastecimiento a la población, sino también la viabilidad de la agricultura y los hábitats naturales.

A la sobreexplotación de los acuíferos se le suma la contaminación de los suelos. Tal y como detalla Ramis, “la contaminación normalmente se debe a nitratos en algunas áreas de la isla debido a actividades de agricultura y ganadería intensiva. Esto hace que muchos municipios de centro de la isla tengan suministro de agua con una cantidad tan alta de nitratos que la hace no potable”.

Todo esto se traduce en problemas directos para la población local, que sufre cortes y restricciones de agua mientras los hoteles y resorts llenan sus piscinas. El Govern balear ha respondido con medidas más cosméticas que eficaces, como la construcción de plantas desaladoras que solo tratan el 20% de las aguas residuales —el resto se vierte al mar sin depurar— y proyectos como el trasvase desde la península, criticado por su alto coste y su impacto ambiental.

Desde Amics de la Terra denuncian tanto la escasez de agua como de infraestructuras de energía. “Las desaladoras intentan mitigar la falta de agua, pero no llega a todos los pueblos y muchos ya están sufriendo restricciones que afectan a toda la población. Además, la contaminación atmosférica ha llegado a niveles peligrosos para la salud humana, empeorada por la cantidad de tráfico de coches de alquiler y de los megacruceros que llegan a las Islas”.
Degradación ambiental y yates de lujo

La expansión del modelo turístico también tiene consecuencias en el paisaje y el medio natural. ONG como Greenpeace han denunciado que el litoral balear se enfrenta a procesos de degradación acelerada por la construcción masiva de piscinas ilegales, chalets y campos de golf en suelo rústico. Entre las consecuencias de estas prácticas se encuentran la especial vulnerabilidad del territorio frente al cambio climático y la subida del nivel del mar.

“Es evidente que el cambio climático está ocasionando épocas de sequía más largas, y se producen episodios de lluvias muy torrenciales que no permiten una infiltración pausada para la recarga de los acuíferos de la Isla”, lamenta los ecologistas de Amics de la Terra, que también echan en falta “infraestructuras públicas para almacenar el agua en esos episodios de lluvias torrenciales”.

Cada turista en Baleares erosiona 34 gramos de arena cada vez que pisa la playa. Una pequeña pérdida que en playas como Es Trenc o Caló des Moro acaba sumando toneladas cada año. La contaminación del agua es otro frente abierto. Según el informe Mar Balear, las cremas solares liberan al mar unas 4.000 toneladas de químicos cada año, afectando a animales como los corales y los peces. A las cremas se suman los vertidos de aguas fecales, también masivos.

En 2025, bahías como la de Portmany (Ibiza) alzaron la bandera negra por la deficiente depuración, con hasta un 80% de los vertidos liberados mediante un emisario submarino obsoleto. En verano, la saturación de las plantas depuradoras provoca que 18.000 m³ de aguas sin tratar acaben en el Mediterráneo, dañando praderas marinas y contaminando zonas de baño.

Ajenos a las aguas fecales y la destrucción de la biosfera marina están los yates de lujo. Baleares lidera las matriculaciones de este tipo de embarcaciones recreativas con un aumento del 95% en la última década. Su fondeo incontrolado destruye 30 hectáreas de fondo marino cada año. El Govern balear, lejos de frenar esta tendencia, ha facilitado la legalización de amarres ilegales y reducido las inspecciones.
Gentrificación, especulación y expulsión

Otro de los males que acarrea la masificación turística de las Islas Baleares es la escasez y encarecimiento de la vivienda. En el archipiélago, la mitad del parque residencial está destinado a alquiler vacacional y gestionado por plataformas como Airbnb o Booking, que agendan un montón de pisos sin licencia. Además, el precio medio del alquiler ha subido un 48% en solo cinco años, situándose muy por encima de la media nacional y provocando un efecto expulsión de residentes. Actualmente Baleares tiene los precios por metro cuadrado más caros de España.

“Hace mucho tiempo que se rebasó el límite social y ecológico de la llegada de turistas”, insiste el portavoz de Menys Turisme. “Se ha llegado a un punto de no retorno, sin embargo, a nivel económico y político, los dirigentes y los empresarios quieren seguir creciendo […]. No se hacen estudios de carga poblacional porque a los políticos y los grandes empresarios no les interesa tenerlo. No les interesa que haya datos sobre los que se pueda decir ‘decrecemos hasta aquí, o no se reciben más turistas a partir de este punto’”, añade Pujol.

En la misma idea del decrecimiento inciden en Amics de la Terra. Aunque reconocen el peso económico del turismo en las Islas, consideran que urge “decrecer y fortalecer otros sectores económicos para no depender completamente de turismo”. “Bajar el número de personas que vienen aquí durante los meses de verano y diversificar la economía, enfocándonos a producir aquello que realmente necesitamos para sostener vidas dignas en un contexto insular a 20 o 30 años vista” es la solución que propone la portavoz de GOB Mallorca.

Este problema se hace extensible a los trabajadores esenciales. Muchos de ellos no tienen acceso a una vivienda digna. En 2023, organizaciones como Cáritas, Sojorn o la Fundación La Sapiència atendieron en Mallorca a casi 1.000 personas sin hogar, la mayoría trabajadores asalariados que no podían permitirse pagar un alquiler dentro de la isla debido a los precios abusivos.

La especulación inmobiliaria es otro de los prismas de la crisis habitacional. En zonas como Santa Catalina (Palma), el precio del metro cuadrado se disparó un 120% entre 2015 y 2025. En la isla, cada anuncio de alquiler de habitación recibe de media casi 100 solicitudes, y los precios por habitación oscilan entre los 500 y los 1.200 euros.

Bancos, fondos buitre y de inversión y plataformas online de alquileres especulan con la vivienda aumentando la desigualdad. Según la UIB, en Palma la riqueza inmobiliaria supera al salario como indicador de estatus social y los desahucios por impago se concentran en barrios pobres como Son Gotleu.

“Con la falsa excusa de facilitar el acceso a la vivienda, PP y Vox acaban de aprobar una medida ultraliberal puramente especulativa”. Margalida Ramis se refiere al texto que a principios de julio se aprobó en el Parlament balear y que permite la construcción de vivienda en suelo rústico y la liberalización del suelo. Para GOB Mallorca, esta nueva ley “densificará aún más el crecimiento urbanístico y muchos espacios donde estaba previsto que hubiera servicios y equipamientos públicos y municipales también se cederán a la iniciativa privada para que construya vivienda.
Trabajo precario y sueldos bajos

El modelo de masificación turística y sus extraordinarios beneficios económicos no va acompañado de mejoras laborales. El mercado laboral asociado al turismo en Baleares está basado en empleos precarizados y salarios bajos. Son habituales los contratos temporales de corta duración para funciones específicas (recepcionistas, camareros, personal de limpieza, trabajadores de transporte…) y los turnos de entre 10 y 12 horas son algo común en temporada alta.

Los sindicatos llevan tiempo denunciando que muchos trabajadores no pueden vivir en Baleares pese a ejercer allí. La externalización de servicios ha consolidado modelos laborales precarios, especialmente para las camareras de piso en hoteles, que cobran por habitación y padecen dolencias físicas derivadas de jornadas interminables. El movimiento de las Kellys ha denunciado públicamente esta explotación, poniendo el acento en los bajos sueldos, los riesgos físicos que conlleva su trabajo y los atropellos contra sus derechos laborales.

Sin embargo, la precariedad no solo golpea al trabajador, también condiciona la sostenibilidad del modelo económico. Tanto el Govern balear como las alcaldías se ven obligados a negociar permanentemente con grandes cadenas hoteleras que ejercen presión fiscal y económica. Frente a los grandes inversores, los ayuntamientos apenas disponen de recursos para establecer límites a las plazas turísticas o imponer condiciones sociales a las licencias, lo que reduce la capacidad municipal de controlar el impacto del sector turístico.

A pesar de proponer un cambio de modelo, las voces institucionales se desmarcan del problema. Sin ir más lejos, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha negado que exista precariedad generalizada, a pesar de reconocer la sobrecarga laboral de muchos trabajadores de las Islas y el aumento del coste de la vida en el archipiélago.
‘Rentista, pingajo, búscate un trabajo’

Desde 2024, Baleares ha vivido un estallido social. Decenas de miles de personas han salido a las calles de las principales ciudades para denunciar la gentrificación de sus pueblos y ciudades, la inaccesibilidad de la vivienda y la precarización del trabajo; y exigir a las administraciones públicas que tomen medidas como la implantación de moratorias urbanísticas, la prohibición del alquiler vacacional, la imposición de cupos de turistas y un aumento en el control de la llegada de cruceros y vuelos a las Islas.

Una de las protestas más recientes es la que tuvo lugar a mediados del mes de junio en Mallorca e Ibiza. Bajo consignas como “Mallorca no es un parque temático”, “SOS Residentes” o “Rentista, pingajo, búscate un trabajo”, los asistentes denunciaron que el aumento descontrolado del número de turistas provoca saturación de infraestructuras, un incremento de la contaminación, la pérdida de espacios públicos y la expulsión progresiva de la población local debido a la inflación de los precios del alquiler y la gentrificación de los barrios.

Los trabajadores del transporte interurbano balear también se sumaron a las movilizaciones a finales de julio. En plena temporada alta, y secundada por el 90% de la plantilla, la huelga de conductores de autobuses se ha prolongado más de una semana para denunciar jornadas laborales imposibles, descansos insuficientes y sueldos congelados desde hace nueve años. Finalmente, patronal y sindicatos han llegado a un preacuerdo que contempla subidas salariales de más del 8% y la ampliación del calendario de descansos.

No obstante, las autoridades balear y central siguen apostando por la expansión del modelo turístico. El Govern, liderado por el PP con apoyo de Vox, anunció una reducción simbólica de 18.000 plazas turísticas (solo el 4% del total) mientras está impulsando la ampliación del aeropuerto de Palma con una inversión de 247 millones de euros. Asociada con la aerolínea United Airlines, la Administración balear también está promocionando una línea directa de vuelos sin escalas entre las Islas y Nueva York, y ha firmado acuerdos con gigantes como Meliá para construir cientos de viviendas para los empleados de sus hoteles.

“Los poderes políticos no aportan ninguna solución”, denuncia el portavoz de Menys Turisme. “Ahora el Govern es del PP, pero con el PSOE ocurría lo mismo; no hacen absolutamente nada. Se habla de medidas de contención, pero este año, que se supone que entraban en vigor esas medidas, en los primeros cinco meses hemos batido récord de turistas. Lo que hacen es intentar calmar el malestar social, no molestar a los turistas y que los empresarios sigan amasando riqueza”.                 (Alberto Mesas , El Salto, 11/08/25)

Buena parte de nuestro crecimiento depende de las actividades directas e indirectas derivadas del turismo... Para alimentar estas actividades se hace necesaria una entrada masiva de trabajadores... así, las actividades relacionadas con el turismo y los servicios personales explican la mayor parte de las tareas de estos nuevos ocupados y, en consecuencia, del éxito en el crecimiento del PIB. Sin este factor creceríamos la mitad de lo que lo venimos haciendo... este patrón de crecimiento se relaciona con un problema creciente para avanzar en un desarrollo social inclusivo, en lo que atañe a “los problemas de acceso a la vivienda”... tal cosa sucede por el descomunal incremento de viviendas para uso turístico (que se detraen en un parque estancado de las viviendas de alquiler habitual), que está impulsando hacia arriba los precios y reduciendo la oferta de alquiler para los trabajadores más jóvenes (nativos y, por supuesto, el ingente empleo de extranjeros) que cuentan con escasos ingresos salariales para alquilar... Es así como nuestro modelo de crecimiento (que tanto depende del turismo) está poniendo fuera de control un factor clave del desarrollo social (el acceso asequible a una vivienda)... De manera que el muy problemático acceso a la vivienda, los abusos en los servicios financieros, una cobertura sanitaria defectiva, el creciente retardo en el acceso a la protección en situaciones de dependencia, a unos ingresos que palíen situaciones de pobreza extrema o los crecientes impactos ambientales, … son daños colaterales de un patrón de crecimiento que descansa en el negocio turístico, en la captura de rentas por arrendatarios y bancarios o en el mantra de la consolidación fiscal. Es así como anotamos mucho crecimiento económico con poco desarrollo social... Por eso creo que se hace imperioso criticar más nuestro capitalismo y hablar algo menos de las extremas derechas que son sus monaguillos (Albino Prada)

 "Según mi lectura del Resumen Ejecutivo de la Memoria Socioeconómica de España (2024), presentada por el Consejo Económico y Social (CES) en mayo de este año, se deduce que vivimos en una de las economías europeas que más habría crecido, aunque no tengamos tanto éxito en transformar ese crecimiento en desarrollo social. Lo que el CES denomina el objetivo de mantener un “patrón de crecimiento que lleve a un desarrollo estable, sostenible e inclusivo a medio plazo”.

Esta conclusión es mía, no la sostiene el CES. ¿Porqué mantengo que nuestro patrón de crecimiento no se traduce en desarrollo?. En buena medida porque -como bien señala, ahora sí, el CES- buena parte de nuestro crecimiento depende de las actividades directas e indirectas derivadas del turismo. Así leemos “respecto al sector servicios, el turismo marcó récords y fue clave para el buen desempeño de la economía española”.

Para alimentar estas actividades se hace necesaria una entrada masiva de trabajadores inmigrantes que según los datos del INE (EPA) se situó -entre enero de 2020 y enero de 2025- en una cifra de 938.000 nuevos ocupados extranjeros de entre los algo más de dos millones nuevos ocupados totales (lo que alcanza a 45 de cada cien nuevos empleos). Un factor clave que, de paso, permite entender la aparente paradoja de que en el año 2024, según el CES, “con 422.000 personas ocupadas más, el paro descendió en 174.000 personas”. En menos de la mitad.

Se comprueba así que, de forma directa o indirecta, las actividades relacionadas con el turismo y los servicios personales explican la mayor parte de las tareas de estos nuevos ocupados y, en consecuencia, del éxito en el crecimiento del PIB. Sin este factor creceríamos la mitad de lo que lo venimos haciendo.

Pero justo aquí se acaban las buenas noticias. Porque este patrón de crecimiento se relaciona, aunque el CES no lo diga de forma categórica, con un problema creciente para avanzar en un desarrollo social inclusivo, por ejemplo en lo que atañe a “los problemas de acceso a la vivienda”. Problemas de los que si toma nota el CES cuando sostiene que “en un contexto de carestía y escasez de oferta, las dificultades de acceso a la vivienda y de afrontar los gastos relacionados constituyen uno de los principales problemas sociales reportados por la población en 2024”, o más adelante “persisten las particulares dificultades de acceso a la vivienda de las personas más jóvenes pues, mientras el 90 por 100 de las mismas considera el elevado coste del alquiler como la principal barrera para independizarse” .

Aunque lo que a mi juicio no enfatiza como debiera el CES es que tal cosa sucede por el descomunal incremento de viviendas para uso turístico[1] (que se detraen en un parque estancado de las viviendas de alquiler habitual), que está impulsando hacia arriba los precios y reduciendo la oferta de alquiler para los trabajadores más jóvenes (nativos y, por supuesto, el ingente empleo de extranjeros) que cuentan con escasos ingresos salariales para alquilar y no digamos para comprar una vivienda. Trabajadores que ven succionados sus ingresos por una minoría de rentistas y tienen que soportar condiciones de residencia poco decentes (en el límite bajo nuevas formas -urbanas y rurales- de chabolismo).

Es así como nuestro modelo de crecimiento (que tanto depende del turismo) está poniendo fuera de control un factor clave del desarrollo social (el acceso asequible a una vivienda). Un crecimiento no solo muy poco inclusivo sino, además, aún menos sostenible (tal como reclamaba el CES). Aunque en este caso cueste creer que esta Memoria Anual para nada se ocupe de los impactos ambientales que la llegada y estancia de más de 85 millones de turistas suponen sobre la huella ecológica media del consumo por habitante residente, del consumo de recursos (como el agua y su desalinización) o de las emisiones de CO2 derivadas de un transporte aéreo disparatado.

Cierto es que el CES también va dejando en su informe otras huellas de cómo el patrón de crecimiento de algunos no ayuda al desarrollo social de muchos. Por ejemplo cuando señala que es necesaria la “creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, que debe reforzar la protección de los usuarios financieros y agilizando la resolución de las reclamaciones frente a entidades financieras”. Una forma piadosa de no hablar del oligopolio bancario (y de sus beneficios exponenciales) y de la ausencia de una banca pública.

O cuando deja anotado que “a finales de 2024, más de 846.000 pacientes esperaban una intervención quirúrgica y casi cuatro millones aguardaban su primera consulta con un especialista. El tiempo medio de espera para cirugía se sitúa en 126 días”. O como, en relación a los dependientes, “los tiempos de espera, sin embargo, experimentaron un nuevo incremento en 2024, situándose en 334 días de media, lejos del máximo legal de 180 días, y con grandes diferencias territoriales”.

O, en relación a las personas en riesgo de pobreza “persisten los problemas de cobertura: un 73 por 100 de las familias elegibles para el CAPI no lo percibe y ocurre lo mismo en un 56 por 100 de los hogares elegibles para la prestación básica del IMV”. Sin que, a pesar de estos agujeros, el CES haga ni una sola referencia a la alternativa de una renta básica en, al menos, algún plan piloto.

En suma: cosechamos un crecimiento muy poco inclusivo, muy lejos de lo que reclamaba el CES para lograr un patrón de crecimiento sano (que yo denomino desarrollo social o sociedad decente).

Todos ellos son además síntomas altamente preocupantes -la otra cara de la moneda- de un éxito (como sucedía con el bum turístico) que anima el CES, cuando se congratula de que “en cuanto a las finanzas públicas, prosigue el proceso de consolidación fiscal iniciado en 2021 y se prevé que se mantenga en los próximos años, con descensos de las ratios de déficit y deuda pública, gracias al crecimiento robusto de los ingresos públicos y a la moderación del incremento del gasto público”. Otro ejemplo de que es imposible sorber y soplar al mismo tiempo.

De manera que el muy problemático acceso a la vivienda, los abusos en los servicios financieros, una cobertura sanitaria defectiva, el creciente retardo en el acceso a la protección en situaciones de dependencia, a unos ingresos que palíen situaciones de pobreza extrema o los crecientes impactos ambientales, … son daños colaterales de un patrón de crecimiento que descansa en el negocio turístico, en la captura de rentas por arrendatarios y bancarios o en el mantra de la consolidación fiscal. Es así como anotamos mucho crecimiento económico con poco desarrollo social.

Y lo hacemos abonando el riesgo de que agentes políticos de extrema derecha abanderen estos deterioros en el bienestar social atribuyéndolos a falsos culpables (la inmigración o a una corrupción política de la que también son partícipes), en vez de hacerlo a nuestras incapacidades para embridar la libertad con la que se mueve un capitalismo extractivo que ni asume una reforma fiscal en profundidad (para esquivar la consolidación fiscal), ni una limitación de su poder en los mercados (con por ejemplo oferta de vivienda pública o banca pública). Y que se resiste a pagar un salario mínimo decente, a reducir la jornada laboral o a embridar las formas más subordinadas de contratación (temporal o a tiempo parcial) como bien saben en nuestro Ministerio de Trabajo.

Por eso creo que se hace imperioso criticar más nuestro capitalismo y hablar algo menos de las extremas derechas que son sus monaguillos. Y es por eso me preocupa comprobar que en la versión completa de la Memoria del CES -en sus seiscientas páginas- no se nombre nunca el concepto de “capitalismo”: ¡aunque se hable más de sesenta veces de “capital”." 

(Albino Prada , Sin Permiso, 11/06/2025)

Canarias: “Líderes en turismo y en pobreza: los esclavos de Europa”... los beneficios empresariales son enormes... el turismo representa el 37% del PIB canario, casi 21.500 millones de euros, y el 47% de la población trabaja en la hostelería. No hay una sola familia sin vinculación directa con el empleo turístico... Toda esa riqueza no se redistribuye entre la población canaria, al contrario, soporta uno de los salarios más bajos de España... más del 50% de los alquileres residenciales han desaparecido al convertirse en viviendas para uso turístico... En Canarias hay riqueza, pero se la apropian los grandes grupos hoteleros -y cuyos accionistas clave son fondos buitres estadounidenses como Blackstone, Vanguard y BlackRock... de sus inmensos beneficios deben salir las tres medidas determinantes para revertir la situación de que las Islas sean ‘líderes en turismo y en pobreza’. Una subida significativa de los salarios, la creación de un parque de viviendas residenciales suficiente, y la planificación de desarrollo sostenible y de cuidado medioambiental, que paralice los daños (Eduardo Madroñal Pedraza)

 "Las manifestaciones en contra del actual modelo en las islas Canarias se desarrollaron con el lema ‘Canarias tiene un límite’. En Tenerife asistieron 90.000 personas según los convocantes; en Las Palmas de Gran Canaria, 50.000; en Lanzarote serían 2.000, en Fuerteventura y La Palma, 500 en cada lugar; en La Gomera, 100, y El Hierro, 90; y también en Madrid acudieron 300 personas; lo que suma más de 140.000. Canarias ha clamado por un cambio de modelo turístico.

No han sido las primeras manifestaciones de ‘Canarias tiene un límite’, era la tercera vez, después de las dos anteriores del 20 de abril y del y 20 de octubre del pasado año 2024. Manifestaciones contra el modelo económico actual en el archipiélago, sostenido en “la turistificación, la especulación, la desigualdad y el crecimiento infinito” de una tierra que, advierten, es “muy limitada”.

“Allí donde voy veo turistas. Pero eso no se nota en la sociedad. Solo notamos las consecuencias, el beneficio se lo llevan otros”, decían dos estudiantes. “Estamos aquí por nuestros hijos y nuestros nietos, que casi no pueden pagarse un lugar donde vivir pese a tener trabajo”, afirmaban dos pensionistas.

En las pancartas: “Líderes en turismo y en pobreza: los esclavos de Europa”, “El turismo en masa nos quita las casas”, “El Gobierno de Canarias es una inmobiliaria” y “Dónde están, no se ven, esos pisos de alquiler”.

La plataforma ‘Canarias tiene un límite’ valora que, después de las manifestaciones multitudinarias, las instituciones están ignorando sus demandas, y, lo que es peor, manipulando con normativas regresivas que profundizan la crisis social, económica y ambiental.

Leyes para fomentar el turismo invasivo

Las propuestas del gobierno autonómico para modificar la Ley del Suelo y la vacía Ley de Residencia solamente agravan el problema en lugar de solucionarlo. La plataforma ha presentado muchas alegaciones en contra de unas medidas que buscan en realidad recalificar más para construir más vivienda turística. Por ejemplo, la Ley de Islas Verdes facilita la recalificación de terrenos rústicos para permitir el uso turístico. Eso significa que podemos encontrar ya terrenos que antiguamente se dedicaban a cultivos de secano (sin riego) -que es lo óptimo para la agricultura en tiempos de emergencia hídrica- convertidos en nuevas casas vacacionales.

Incluso en la revisión de la Ley Canaria de Vivienda Vacacional, se propone para las islas pequeñas -como el Hierro- el aumento del porcentaje de viviendas vacacionales frente a las residenciales. Lo que no soluciona el problema habitacional, sino que genera una perversa espiral -aprovechan el drama que existe desde hace tiempo, que, si vas a trabajar allí, no encuentras casa- por la que un pequeño aumento del número de viviendas residenciales, permite un gran aumento de las vacacionales.

Salarios precarios e irrisorios

El turismo de procedencia extranjera, principalmente europea, es constante durante todo el año en Canarias. La generación de riqueza de la actividad turística representa el 37% del Producto Interior Bruto (PIB) canario -que son casi 21.500 millones de euros-; y el 47% de la población -de los 2.200.000 de habitantes- trabaja en la hostelería. No hay una sola familia sin vinculación directa con el empleo turístico.

Pero tanto las condiciones y las cargas de trabajo como los horarios son insoportables, cuando además estamos hablando de que el salario medio se sitúa en los 1.400 euros. Sin embargo, los beneficios empresariales son enormes. En 2024, el turismo extranjero ha alcanzado su máximo histórico con casi 18 millones de visitantes -algo así como un millón y medio mensual, 50.000 al día-, máximo histórico- y de ganancias.

Toda esa riqueza no se redistribuye entre la población canaria, al contrario, soporta uno de los salarios más bajos de España. Es, además, la que más poder adquisitivo ha perdido en los últimos dos años, sufre una de las tasas de riesgo de pobreza más altas (el 31,2%) y la cuarta tasa de paro más elevada (13,5%).

Vivienda inalcanzable

Canarias es la cuarta comunidad con el precio medio de compra más elevado, por detrás de Madrid, Baleares y el País Vasco. Entre 2014 y 2024, el precio real de la vivienda se ha revalorizado un 40%. En alquiler es el quinto más alto de España. En 2024, el precio medio del alquiler aumentó un 17,4%, alcanzando los 1.051 euros mensuales. Este encarecimiento ha llevado a que los canarios destinen, en promedio, el 55% de su sueldo bruto al pago del alquiler, superando ampliamente el 30% reivindicado.

Según el Informe Anual 2024 del Banco de España, más del 50% de los alquileres residenciales han desaparecido al convertirse en viviendas para uso turístico. En Canarias, más de 48.000 viviendas están registradas actualmente como turísticas. Y el incremento de la oferta de vivienda para el alquiler de temporada y el de habitaciones, ha reducido aún más la oferta de alquiler residencial. En Canarias -una de las zonas más tensionadas de España- no hay una oferta de vivienda suficiente para cubrir la demanda local.

No hay actualmente un parque de viviendas suficiente para dar respuesta a las necesidades residenciales, lo que impide el acceso a la vivienda, en particular, a los trabajadores, tanto jóvenes como familias con rentas medias y bajas..

Canarias tiene un límite

‘Canarias tiene un límite’ -plataforma de organizaciones- tiene demandas destacadas:

La paralización inmediata de proyectos destructivos y derribo de los ilegales. Una moratoria hotelera y vacacional real. Una Ley de Residencia que regule la compra de viviendas por extranjeros, y una tasa turística que grave a los visitantes y se reinvierta en la conservación del medio ambiente y la mejora de los servicios al residente.

También dar un impulso a las energías renovables sin dañar el territorio. La protección de los espacios naturales. La restauración de ecosistemas y soberanía alimentaria y energética. Y el rechazo a macroproyectos como trenes, ampliaciones de carreteras, autopistas, puertos y aeropuertos con gran impacto ambiental.

Así como una defensa del patrimonio cultural y social. Medidas inmediatas para detener los millones de litros de vertidos contaminantes al mar. Y la creación de una ley de restauración ambiental.

Riqueza se genera, pero no se redistribuye

En Canarias hay riqueza. El turismo genera 21.500 millones de euros anuales. Pero esa riqueza no se redistribuye. Porque se la apropian los grandes grupos hoteleros -y cuyos accionistas clave son fondos buitres estadounidenses como Blackstone, Vanguard y BlackRock.

Y de tales inmensos beneficios deben salir las tres medidas determinantes para revertir la situación de que las Islas sean ‘líderes en turismo y en pobreza’. La primera es una subida significativa de los salarios, generalizada a los trabajadores, empezando por los del propio sector turístico, con la redistribución salarial para que nadie cobre menos de 1.400 euros.

La segunda es la vivienda, con la creación de un parque de viviendas residenciales suficiente y asequible que no supere el 30% del salario. Y la tercera es planificar un desarrollo sostenible y de cuidado medioambiental, que paralice los daños." 

(Eduardo Madroñal Pedraza , De Verdad Digital, 29/05/25) 

La crisis griega que amenaza con surcar el Mediterráneo y llegar a España: cuando el número de viviendas turísticas supera a las plazas hoteleras... Grecia ha prohibido registrar durante este 2024 nuevas viviendas de alquiler turístico... exige que todas las viviendas estén declaradas y amenaza con grandes multas para todas aquellas ilegales... también oferta la posibilidad de recibir beneficios fiscales a todos aquellos propietarios que cambien su alquiler de corta duración a largo plazo y permanente... obliga a obtener una licencia profesional para todos aquellos propietarios con 2 o más alquileres turísticos, así como el cumplimiento de unos requisitos de seguridad; normativas relacionadas con la ventilación de los inmuebles y la contratación de un seguro de responsabilidad civil

 "Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2023 existía en España una oferta de algo más de 340.000 viviendas de uso turístico, frente a las 1,7 millones de plazas hoteleras. Unas cifras bastantes alejadas entre sí, pero acercándose año tras año a pasos agigantados: durante ese año los hoteles tan solo aumentaron su oferta en 1,4% y, por su parte, las VUTs un 10%.

La situación nacional es solo una mínima muestra del escenario mundial donde la vivienda se ha convertido en uno de los temas de mayor preocupación debido a las dificultades para acceder a una y al aumento de su precio, en parte como consecuencia del incremento exponencial de las viviendas de uso turístico y del auge del turismo masificado en general. En este sentido, y dentro de lo que cabe, España es uno de los países europeos más estables. Un contexto que no comparte, por ejemplo, Grecia, donde las opciones de alquiler de corta duración (1 millón) han superado ampliamente a las cerca de 890 mil plazas hoteleras.

Entre las medidas más populares en Europa para frenar la proliferación de viviendas de alquiler turístico se encuentran la eliminación del programa de Golden Visa, a través del cual los inversores extranjeros obtenían la residencia, la restricción de licencias para las VUT o la obligación de registrar los alquileres de corta duración en un catastro concreto.

Contundencia griega con las VUTs

En la línea, Grecia ha prohibido registrar durante este 2024 nuevas viviendas de alquiler turístico. La medida, en vigor desde el pasado 25 de diciembre, se aplica de momento solo a algunos barrios concretos de Atenas, la ciudad que más turistas acoge de los 32,7 millones anuales (récord de 2023) y con mayor masificación. Es por eso que, durante este año, no se expenderán más licencias a pisos que se encuentre n las zonas de Kolonaki, Koukaki, Pangrati y Exarchia, entre otros.

Asimismo, la nueva regulación exige que todas las viviendas estén declaradas y amenaza con grandes multas para todas aquellas ilegales. De otro lado, también oferta la posibilidad de recibir beneficios fiscales a todos aquellos propietarios que cambien su alquiler de corta duración a largo plazo y permanente. Esta medida comienza a aplicarse en el país heleno con intención de "aliviar la presión de los alquileres y aumentar la disponibilidad de viviendas", según palabras del primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y así hacer frente a la crisis habitacional que sufren Atenas y otras grandes ciudades griegas.

"Muchas ciudades y países debaten ya sobre cómo regular el mercado del alquiler a corto plazo. Estamos danto algunos primeros pasos importantes en esa dirección. Si creemos que hacen falta más, no dudaremos en darlos". La contundencia griega contras las VUTs se refleja además en otras limitaciones orientadas al turismo, como la obligación de obtener una licencia profesional para todos aquellos propietarios con 2 o más alquileres turísticos, así como el cumplimiento de unos requisitos de seguridad; normativas relacionadas con la ventilación de los inmuebles y la contratación de un seguro de responsabilidad civil.

Europa supera a EE.UU en la proliferación de alquileres turísticos

Con todo, Grecia no se olvida que, al igual que España y los vecinos del Mediterráneo, es un país con mucha tradición turística y gran parte de su PIB depende del sector. Los ingresos que proceden de los alquileres de corta duración son una gran fuente de ingresos para muchos pequeños propietarios cuyo motor económico es el turismo. En concreto, el sector turístico representa el 19% del PIB griego y genera más de 800.000 empleos, según Hosteltur.

Malta y Croacia son dos de los países mundiales que más dependen del turismo, con un porcentaje sobre el PIB nacional del 15%. Coincide además que son dos regiones que comparten visitantes con otros países de la zona. En la línea, Turquía, Italia y España, 3 de los grandes de la cuenca mediterránea, dependen en un 12% (12,3% en concreto en España) del turismo, mientras que en Francia representa casi un 9%.

Naciones cuyo motor es el sector turístico, y una de las industrias más rentables, que miran hacía un nuevo modelo de turismo sostenible sin alterar el carácter de los distritos locales y que impide el derecho al lucro mientras se produce un éxodo poblacional invertido.

No obstante, y aunque la situación en Grecia es única, la amenaza a los demás países mediterráneos es real, ya que además se trata de principales destinos a nivel mundial. En los últimos cinco años, las viviendas de uso turísticos en Europa han aumentado en un 60% desde los 3,9 millones en 2018 a las 6,5 en 2023. No tan acusado es el contexto en Estados Unidos donde actualmente apenas existen una oferta de 2,5 millones de alquileres de corto plazo."               (Elena Garagui , ElEconomista.es, 05/01/25)

The Economist ha calificado a España como la mejor economía de la OCDE en 2024... es una impugnación al mantra neoliberal de que la única vía de avance económico es la de la bajada de impuestos, la desregulación... Los índices de desigualdad de la Encuesta de Condiciones de Vida muestran mejoras en sus principales indicadores (el índice de Gini y el de la ratio entre el 20% más rico y el 20% más pobre) y una reducción en los niveles de riesgo de pobreza y de exclusión social... en el El crecimiento reciente de la economía española han intervenido un sector industrial más reducido pero mejor orientado hacia los mercados internacionales, la expansión de las actividades ligadas a las nuevas tecnologías de la comunicación y la inversión en energías renovables, pero el turismo constituye el elemento diferencial que explica parte del éxito del momento... la actividad turística representa el 12% del PIB, un nivel muy elevado de especialización que puede resultar nefasto si el sector sufre una recesión... Ya lo experimentamos con el boom de la construcción y, aunque las cosas nunca se presentan de la misma forma, el peligro sigue ahí. Sin contar los costes que genera la propia actividad en muchos aspectos: depredación ambiental, presión sobre la vivienda, ocupación del espacio urbano… Y existen otros campos de especialización igualmente problemáticos, como es el del automóvil o el de la industria cárnica, con futuros inciertos... El impacto de la crisis ecológica, que ya hemos empezado a experimentar en forma de sequías y de fenómenos extremos, va a ser creciente en los próximos años y puede afectar a sectores cruciales de la economía española actual. Y la resistencia de los intereses económicos afectados, lejos de reorientar el problema, agravan su solución... Sin una dura batalla cultural, con visión de largo plazo, los meritorios esfuerzos por introducir reformas pueden quedar una vez más ahogados por la coalición de fuerzas regresivas que controlan los aspectos clave de la economía real (Albert Recio)

 "Por fin una buena noticia. La revista económica The Economist, la que consideran lectura de referencia las élites económicas, ha calificado a España como la mejor economía de la OCDE en 2024. Como para los occidentales el resto del mundo no importa, equivale a decir la mejor del mundo. La noticia ha sido celebrada por el Gobierno y los partidos que lo forman como un reconocimiento a su buena gestión, como una demostración de que es posible llevar adelante un moderado programa reformista y mantener una economía próspera. En cierto modo una impugnación al mantra neoliberal de que la única vía de avance económico es la de la bajada de impuestos, la desregulación. Como argumento defensivo de la acción de Gobierno, en tiempos de poderes económicos subidos de tono, constituye un alivio. Aunque con el modelo de debate político impuesto por la derecha ultramontana (en sus dos versiones) no parece que el «dato» vaya a servir de mucho. Y se corre el peligro de que la gente de Sumar, especialmente, se aferre de forma acrítica a esta valoración positiva como forma de defensa de las reformas laborales, que son su mejor aportación al Gobierno de coalición. Porque la cuestión real es que la evaluación de la revista británica es sesgada, parcial y deja fuera de miras cuestiones cruciales acerca de lo que debería hacer falta para que nuestra economía fuera considerada una buena economía.

Cualquier evaluación es casi siempre parcial, y más en una cuestión tan compleja como una economía nacional. Según los ítems que se consideren se llegará a una conclusión u otra. En la que nos ocupa, hay dos tipos de problemas. El primero, que ya han destacado muchos comentaristas, es que se ignoran aspectos cruciales del buen funcionamiento de una sociedad, como son todos los que afectan a las desigualdades, la cobertura de necesidades básicas y el impacto ambiental. El segundo es que al tratarse de una evaluación basada fundamentalmente en datos agregados de un solo año, se ignora el proceso que ha llevado hasta allí y se dice poco sobre la salud a medio y largo plazo de esta economía. Vale la pena echar la mirada atrás y ver que hace veinte años la economía española también presentaba datos «espectaculares» de crecimiento económico, empleo y cuentas públicas, hasta que el estallido de la burbuja financiera mostró las debilidades del modelo. No es que ahora las cosas sean idénticas, pero se ha de admitir que la salud de una sociedad no puede determinarse con cuatro observaciones puntuales.

La evaluación de The Economist se basa en el comportamiento de cinco parámetros: la evolución del PIB (donde España presenta un crecimiento muy superior a la mayoría de países), la caída del desempleo (habitualmente asociada a la evolución del PIB), la inflación subyacente (que ha experimentado una clara disminución hasta situarse en el 2,4%, ligeramente por encima del 2% que demanda la Unión Europea), la fiscalidad pública (mejorada por el crecimiento económico) y el índice de la bolsa (que constituye sobre todo una buena noticia para las clases pudientes, una muestra del buen momento de la economía rentista). Si aceptamos la lógica del modelo dominante no cabe duda de que, en este momento, la economía mercantil española marcha mejor que muchas otras de su entorno.

La cuestión es si estos datos constituyen una buena información de la bondad de una economía. Si son suficientes para realizar un buen diagnóstico. Y en particular si la izquierda lo puede presentar con satisfacción. Sobre todo cuando se constata que en el discurso público abundan las manifestaciones de la gente corriente sobre problemas de vivienda, de bajos salarios, de precariedad laboral.

Cuando se toma en consideración alguna de estas variables se observa que se ha producido una cierta mejoría en los últimos años, aunque el nivel de los problemas candentes es relevante y no da para pensar que estemos en un mundo deseable. Los índices de desigualdad de la Encuesta de Condiciones de Vida muestran mejoras en sus principales indicadores (el índice de Gini y el de la ratio entre el 20% más rico y el 20% más pobre) y una reducción en los niveles de riesgo de pobreza y de exclusión social. Aunque las encuestas que se usan para calcular estos índices habitualmente excluyen a una parte de la gente más pobre (indigentes, migrantes sin papeles) y a la más rica (ésta tiene su intimidad muy protegida, entre otros de encuestadores fisgones)^[1].

Admitiendo esta limitación, es obvio que medidas como el alza del salario mínimo, los ertes para situaciones problemáticas, la renta de ciudadanía, la reforma laboral (con reducción del empleo temporal y un nuevo impulso a la negociación colectiva), la mejora de las pensiones más bajas y el mantenimiento del poder adquisitivo del resto han contribuido a moderar unos niveles insoportables de pobreza. Pero el nivel en el que se mantienen las tasas de riesgo de pobreza (21,5% de la población) y de exclusión (25,2%) son una muestra de una situación intolerable que esconde muchos dramas personales. Especialmente duros en el caso de los migrantes sin papeles. Y tampoco se mide bien la importancia del problema de la vivienda, especialmente duro para jóvenes, familias monomarentales e inmigrantes en general. Los niveles de rentas que esta parte de la población tiene que dedicar a la vivienda pueden estarse comiendo parte de las mejoras. De igual forma, está poco estudiado el impacto de la inflación por niveles de renta y edad, por cuanto las variaciones de los precios afectan de forma asimétrica a personas y familias con distintos tipos de consumo (los cuales están directamente asociados a la renta familiar).

Tampoco hay ninguna consideración sobre los impactos ambientales de la actividad económica. Impactos que tienen efectos sobre las condiciones de vida cotidianas y futuras del devenir humano. Que una revista financiera, dedicada a un público rico, no se preocupe por medir estos impactos es entendible. Que estos sigan sin considerarse en la evaluación de lo que es una economía sana es un error que ya se está pagando caro.

Las medidas macroeconómicas no están pensadas para evaluar el buen hacer de una economía, si por tal entendemos la satisfacción universal de necesidades básicas, las posibilidades de una vida razonable para todo el mundo dentro de los límites impuestos por el entorno natural. Están pensadas para medir el crecimiento económico en los términos definidos por las estadísticas y el enriquecimiento privado. Y la medida del crecimiento económico considera tan buena una renta inmobiliaria depredadora como un consumo insaciable de medicamentos provocado por formas de vida y de producción generadoras de enfermedades, la producción de armamentos o la producción de bienes que realmente sirven para garantizar una vida digna. Todo lo que genera un flujo monetario es bienvenido. Se preocupa poco de cómo se distribuye y nada de su impacto sobre el mundo natural.

Hay además una cuestión adicional, que el optimismo actual tiende a olvidar. El crecimiento reciente de la economía española ha estado liderado claramente por la expansión turística. Aunque también han intervenido otros factores, como un sector industrial más reducido pero mejor orientado hacia los mercados internacionales, la expansión de las actividades ligadas a las nuevas tecnologías de la comunicación y la inversión en energías renovables. El turismo constituye el elemento diferencial que explica parte del éxito del momento. Las últimas evaluaciones sitúan que la actividad turística representa el 12% del PIB, un nivel muy elevado de especialización que puede resultar nefasto si el sector sufre una recesión por causas diversas (caída de visitantes por problemas de renta en sus países de origen, por impacto de catástrofes naturales o por la competencia internacional). Ya lo experimentamos con el boom de la construcción y, aunque las cosas nunca se presentan de la misma forma, el peligro sigue ahí. Sin contar los costes que genera la propia actividad en muchos aspectos: depredación ambiental, presión sobre la vivienda, ocupación del espacio urbano… Y existen otros campos de especialización igualmente problemáticos, como es el del automóvil o el de la industria cárnica, con futuros inciertos.

El impacto de la crisis ecológica, que ya hemos empezado a experimentar en forma de sequías y de fenómenos extremos, va a ser creciente en los próximos años y puede afectar a sectores cruciales de la economía española actual. Y la resistencia de los intereses económicos afectados, lejos de reorientar el problema, agravan su solución. La sociedad española sigue teniendo graves problemas de desigualdad —agravados por los discursos y las prácticas racistas contra la inmigración—, de envejecimiento y de orden ecológico. Por ello, los discursos triunfalistas suenan tan huecos y peligrosos. Y de ahí que la izquierda, en lugar de centrarse en dar bombo a evaluaciones favorables tan sesgadas, debería hacerlo en propiciar una evaluación distinta de lo económico. En términos sociales y ecológicos, en términos de bienestar efectivo. Sin una dura batalla cultural, con visión de largo plazo, los meritorios esfuerzos por introducir reformas pueden quedar una vez más ahogados por la coalición de fuerzas regresivas que controlan los aspectos clave de la economía real.

1. En las estadísticas de renta que elabora el INE a partir de datos fiscales y que se ofrecen al nivel de mesa electoral, el nivel de renta está topado para evitar que se pueda identificar un colegio electoral donde residan los megaricos."
   

(Albert Recio Andreu, Mientras Tanto, 29/12/24)

POLITICO: El sur de Europa está harto de turistas... La escasez de agua, las calles abarrotadas y el aumento del precio de la vivienda enfurecen a los habitantes locales...Las ciudades han luchado contra el exceso de turismo con multas, tasas y prohibiciones, con mayor o menor éxito. Algunas han implantado normas menores para disuadir a los turistas: prohibido hacerse selfies en zonas de la ciudad italiana de Portofino, prohibido sentarse en la escalinata española de Roma, prohibidos los grandes cruceros en la croata Dubrovnik o la griega Santorini, y prohibidas las chanclas en Cinque Terre... El alcalde de Barcelona anunció en junio que la ciudad cerrará el alquiler de apartamentos a corto plazo a los turistas para 2028, en un intento de evitar lo peor de la creciente escasez de vivienda en Europa. En la última década, las Islas Canarias, junto con las ciudades de Berlín y Lisboa, han aprobado medidas similares

 "Roma, Barcelona y Atenas están hartas de veraneantes.

Si bien la pandemia del virus Covid-19 supuso un respiro para muchos lugareños ante la llegada masiva de viajeros, los turistas molestos han vuelto a sacarles de quicio.

Tanto es así, que ciudadanos y activistas han salido a la calle en varias ciudades de España, Italia, Portugal y Grecia, algunos armados con pistolas de agua y pegatinas en las que decían a los alborotadores visitantes que se fueran a casa.
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Los manifestantes afirman que el exceso de turismo encarece el precio de la vivienda, acelera el aburguesamiento y hace más escasas las reservas de agua, ya de por sí limitadas. En centros urbanos afectados por la sequía, como Barcelona, los turistas consumen mucha más agua que el residente medio. En la reseca Sicilia, varias ciudades han empezado a rechazar turistas debido a la escasez de agua.

Los gobiernos, por su parte, son menos proclives a aplicar medidas duraderas. Para muchos países de la UE, especialmente los del sur de Europa, el turismo es un pilar fundamental de su economía: un 11,3% para Croacia, y entre un 6% y un 8% para Portugal, Grecia, España e Italia, según un análisis de Allianz.

Después de que la pandemia prácticamente paralizara el turismo durante dos años, las personas deseosas de viajar se embarcaron en el llamado «turismo de venganza», recuperando los viajes que se habían perdido.

 En parte gracias al turismo, España, Portugal y Grecia -durante mucho tiempo rezagadas entre las grandes economías europeas- superaron al resto de la UE en 2023. Mientras que el PIB de todo el bloque creció un 0,5%, las economías de Portugal, Grecia y España registraron tasas superiores al 2%.
Los manifestantes afirman que el exceso de turismo hace subir los precios de la vivienda. | Jamie Reina/Getty Images

«Lo que estamos viendo en los medios de comunicación es lo que empezamos a ver incluso antes de la pandemia», dijo a POLITICO Sandra Carvão, directora de inteligencia de mercado, políticas y competitividad de la agencia de turismo de Naciones Unidas.

«Ya entonces vimos un movimiento y protestas contra el turismo en los destinos, y vemos que vuelven», dijo.

Temperaturas en aumento, ánimos crispados

A finales de julio, unos 20.000 activistas antiturismo se reunieron en Palma de Mallorca para exigir un cambio en el modelo turístico que, según ellos, está perjudicando a Baleares, cuyas tres islas principales son Mallorca, Menorca e Ibiza.

En 2023, el número total de turistas en las islas ascendió a 14,4 millones, una cantidad abrumadora para unas islas que tienen una población total durante todo el año de alrededor de 1,2 millones de residentes.

En Barcelona, los activistas rociaron a los visitantes extranjeros con pistolas de agua en una protesta a menor escala. El ministro de Turismo español condenó la acción, afirmando que no representaba la cultura de hospitalidad del país. En calles y espacios públicos de toda España aparecieron pegatinas y pintadas alusivas a los «guiris», un término coloquial ligeramente despectivo para referirse a los turistas que tienen problemas para respetar las leyes y la cultura locales.

Protestas similares contra el turismo han tenido lugar este verano en ciudades de toda España, como Madrid, Málaga, Granada y Alicante. Fuera de España, puntos turísticos como Portugal, Italia y Grecia han experimentado protestas de diversa índole.

Un problema mayor que la prohibición de hacerse selfies

Las ciudades han luchado contra el exceso de turismo con multas, tasas y prohibiciones, con mayor o menor éxito.

Algunas han implantado normas menores para disuadir a los turistas: prohibido hacerse selfies en zonas de la ciudad italiana de Portofino, prohibido sentarse en la escalinata española de Roma, prohibidos los grandes cruceros en la croata Dubrovnik o la griega Santorini, y prohibidas las chanclas en Cinque Terre.

En Venecia, las autoridades introdujeron una tasa de entrada simbólica de 5 euros para limitar el número de turistas. Sin embargo, la medida resultó contraproducente y provocó nuevas protestas de los habitantes, que afirmaban que la ciudad se había transformado en un parque temático.

Algunos apuestan a lo grande: El alcalde de Barcelona anunció en junio que la ciudad cerrará el alquiler de apartamentos a corto plazo a los turistas para 2028, en un intento de evitar lo peor de la creciente escasez de vivienda en Europa. En la última década, las Islas Canarias, junto con las ciudades de Berlín y Lisboa, han aprobado medidas similares.

Según Carvão, para que una estrategia turística tenga éxito debe centrarse en el equilibrio entre el impacto económico, social y medioambiental, y ha de tener en cuenta el nivel de demanda, así como la capacidad de carga del destino (en términos de tamaño de la ciudad, infraestructuras o recursos).

Carvão citó Ámsterdam como ejemplo de ciudad que va por buen camino para controlar el turismo.

La ciudad, que se ha ganado la reputación de ser la capital europea de la fiesta, prohibió fumar hierba en su barrio rojo y lanzó una campaña para que los jóvenes británicos alborotadores que sólo venían de fiesta se mantuvieran alejados. Recientemente, también ha anunciado la prohibición de construir nuevos hoteles.

En contraste con otros destinos que toman medidas drásticas contra los viajeros, algunos han optado por un planteamiento más abierto: Copenhague ofrece recompensas para fomentar un comportamiento turístico respetuoso con el clima. Quienes monten en bicicleta, utilicen el transporte público o recojan basura en la ciudad podrán ganar desde una taza de café de cortesía hasta una entrada gratuita a un museo.

«La estrategia tiene que ser un compuesto de tres aspectos. Se necesitan datos sobre el movimiento, la gobernanza de escuchar activamente a los residentes, y el tercero es una combinación de diferentes políticas», dijo Carvão."              

( Ketrin Jochecová  , POLITICO, 28/08/24, traducción DEEPL, enlaces en el original)

¿Quién se lleva la gran parte de la tarta turística? Para empezar, las infraestructuras de movilidad: puerto y aeropuerto. Representan los grandes intereses de los lobbies que controlan los flujos. Hasta que no se gobiernen las infraestructuras de entrada, será difícil encontrar solución a estos problemas... Después, el hotelero... y la gran especulación inmobiliaria de los grandes propietarios y del capitalismo rentista... y el gremio de la restauración, que privatiza el espacio público... y todos los beneficiados por la gran explotación de la mano de obra turística... No es casual que reconocidos destinos turísticos como Benidorm o Torremolinos o Lloret de Mar sean de los municipios más pobres de España... Cuando hablamos de saturación turística u overtourism, es cuando las ciudades comienzan a depender en gran medida de la economía turística, lo que inevitablemente genera desequilibrios en la propia convivencia. Por ejemplo, la crisis de la vivienda, la privatización de espacios públicos, la gestión de residuos, y la precarización del trabajo en las ciudades turísticas... El turismo lo que hace es apropiarse de bienes comunes (paisaje, recursos naturales, culturales…) para fines e intereses privados (Claudio Milano)

 "Overtourism, ¿nuevo término global para definir qué?

Cuando hablamos de saturación turística u overtourism, en inglés, nos referimos a una excesiva dependencia del turismo en las economías urbanas. Es cuando las ciudades comienzan a depender en gran medida de la economía turística, lo que inevitablemente genera desequilibrios en la propia convivencia. Por ejemplo, la crisis de la vivienda, la privatización de espacios públicos, la gestión de residuos y el deterioro de la calidad del aire debido al gran aumento de cruceros. También, y no menos importante, existe el problema de la precarización del trabajo en las ciudades turísticas.

¿Es extensible el problema, más allá de las ciudades, a territorios, zonas naturales, espacios cada vez más visitados?

Inevitablemente, el turismo ocupa cada vez más espacios y parques naturales, generando masificación y los problemas que se derivan. Eso lo hemos visto recientemente con la pandemia, en los alrededores naturales de Barcelona. Debemos recordar las manifestaciones y protestas que hubo en el Montseny, que empezó a recibir grandes flujos turísticos. De hecho, esa gran masificación ha creado una ola gentrificadora que se extiende a las áreas metropolitanas de las grandes ciudades turísticas. Este es, por ejemplo, el caso de L’Hospitalet y otras poblaciones cercanas a Barcelona, ​​que han empezado a albergar grandes infraestructuras turísticas y, con ello, a sufrir las externalidades del turismo.

¿La crisis, digamos, del turismo es algo de hoy o viene ya de lejos, y lo que hace ahora es aflorar en la comunicación, la política y el debate público?

El litoral del Mediterráneo español es la cuna del turismo de masas. La urbanización de la Costa del Sol, la Costa Blanca y la propia Costa Brava ha sido estudiada, desde los años 70, como un fenómeno de masificación y especialización turística. Hasta la crisis de 2008 y la forma en que salimos (con el capitalismo de plataforma y la digitalización de la economía), no habíamos conocido el fenómeno que hoy en día podemos llamar de «turistificación» de la vida cotidiana.

¿Turistificación que actualmente ya tiene nombres propios?

El turismo ha entrado en nuestra vida diaria con Airbnb, que nos promociona apartamentos turísticos en nuestros propios edificios. En la movilidad urbana hemos conocido aplicaciones como Uber y Cabify, que han generado una competencia desleal para un servicio público, como el del taxi. También empresas como Glovo y Uber Eat, que han irrumpido en la movilidad de la vida en las ciudades. De todas formas, en las ciudades hay muchos agentes y fuerzas generadoras de cambios. No sólo hay turistas, sino migrantes por estilo de vida, nómadas digitales, estudiantes internacionales, expats… Hoy en día no podemos contemplar el turismo sólo desde una perspectiva binaria. Las ciudades están hechas de diferentes movilidades privilegiadas y otras forzosas con poderes asimétricos. Una ciudad como Barcelona ejemplifica un lugar en el que las controversias sobre el poder adquisitivo de quien vive y quien la visita se manifiestan en las grandes desigualdades sociales.

En cualquier caso, en unos años hemos pasado de alabar el turismo (la industria sin chimeneas), a la turismofobia… ¿Por qué?

Cuando empezó a usarse el concepto «industria sin chimeneas», era para promocionar el turismo como gran solución a otros sectores con los que no se contaba y, además, muy contaminantes. Pero el turismo no puede considerarse una industria. Las industrias producen algo. El turismo lo que hace es apropiarse de bienes comunes (paisaje, recursos naturales, culturales…) para fines e intereses privados.

Refiriéndote al turismo, sostienes que no se puede disociar de la economía y la explotación del conjunto de recursos, de la insaciabilidad capitalista…

El turismo refleja el capitalismo financiarizado, que mercantiliza todo lo que puede ser transformado en valor de cambio. Todo puede convertirse en mercancía. Ya en los años 60 y 70, el movimiento hippy acabó en parte transformándose en lo que se llamó turismo alternativo. En los 80, con la toma de conciencia ambiental, ocurrió algo parecido con el turismo de naturaleza y el ecoturismo, y en los 90 con el turismo voluntario y el solidario. En los mismos años empezó a hablarse de desarrollo sostenible (con el Informe Brundtland) y aparecieron las etiquetas de turismo sostenible y turismo responsable. Más recientemente se ha promovido el turismo de bienestar y el turismo lento, al calor de las propuestas de decrecimiento. Incluso esto se ha convertido en una experiencia y un atractivo turístico.

Da la sensación de que el debate, en la escalera del común de los mortales, parece girar en torno a las «molestias» que genera el turismo, cuando la cosa parece mucho más profunda y trascendente…

Las molestias son el aspecto perceptible del problema. Cuando hablamos de overtourism, no nos referimos tanto al volumen de personas, sino a cuestiones tan determinantes como la sustitución en el uso de las viviendas residenciales, la conversión de las tiendas locales, y la promoción y comercialización turísticas de espacios dedicados a intercambio social, como es el caso de algunas fiestas de barrios en la ciudad de Barcelona, ​​como las Fiestas de Gràcia. Otra gran preocupación es la externalización y precarización laboral en el turismo. Aquí están algunas de las raíces del problema, que hacen visible la erosión de derechos básicos.

¿Quién se lleva la gran parte de la tarta turística, específicamente en el caso de Barcelona?

Para empezar, las infraestructuras de movilidad: puerto y aeropuerto, fundamentalmente. Representan los grandes intereses de los lobbies que controlan los flujos. Hasta que no se gobiernen las infraestructuras de entrada, será difícil encontrar solución a estos problemas. Después, quien más recibe y participa en toda gestión turística es el hotelero. Hay que tener también en cuenta a los grandes propietarios y al capitalismo rentista que ha generado en estos años una gran especulación inmobiliaria. En la sustitución de la vivienda residencial en viviendas turísticas participan los grandes rentistas de clase media y alta, en el caso de Barcelona. Pero no son los únicos. Cuando hablamos de privatización del espacio público, uno de los protagonistas es el gremio de la restauración, que en Barcelona ha jugado un gran papel en el aumento de las licencias de las terrazas. También habría que hablar de los regímenes laborales. Sabemos que el empleo en el sector del turismo es el peor pagado, comparado con otras actividades. Existe una gran explotación de la mano de obra, y no ha habido una gran respuesta sindical fuerte capaz de hacerle frente.

¿Las tasas turísticas juegan algún papel corrector en esta deriva?

Si hablamos de quien se beneficia de las tasas turísticas, debería apuntarse a los ayuntamientos y los gobiernos locales. La tasa turística en ciudades como Venecia o Barcelona no hace sino que legitimar que el turismo está aportando algo, cuando estas tasas han sido utilizadas para seguir promocionándolo. Los 5 euros de la tasa turística de Venecia han sido un fracaso. La gestión de los ayuntamientos en este terreno es sobre todo obra de tecnocapitalismo. Cuando nos hablan de descentralizar, lo que hacemos es crecer en otros espacios. Cuando nos dicen desestacionalizar es crecer en otros momentos del año. No estamos gobernando el sector, sino gestionando el crecimiento en otros espacios y tiempos.

¿A qué te refieres cuando hablas del turismo como «economía del despojo»?

La economía turística lo que hace es acumular y despojar de bienes comunes. Se explotan bienes comunes y las ganancias se les queda en el sector privado. Por eso el turismo debe ser definido como un sector extractivo. Esta acumulación a expensas de bienes comunes es lo que denominamos «economía del despojo». Se habla también del «turismo de calidad»; es decir, turistas con mayor poder adquisitivo. Lamentablemente, sabemos que turistas con mayor poder adquisitivo generarán más desigualdades y mayor concentración de capital en manos de muy pocos. Tener menos turistas que más paguen no es otra cosa que seguir perpetuando las desigualdades sociales que genera el capitalismo turístico. No es casual que reconocidos destinos turísticos como Benidorm o Torremolinos o Lloret de Mar sean de los municipios más pobres de España."                     (Claudio Milano, eltriangle, 04/08/24)

Il Manifesto: Los españoles se rebelan: “Menos turismo, más vida”... Los españoles protestan en todo el país contra la afluencia descontrolada de turistas que ha provocado un desplome de la calidad de vida, un aumento de los precios de la vivienda y un aumento del coste de los productos de primera necesidad

 "El desarrollo del turismo en España fue una iniciativa lanzada por Franco ya en los años 50, para impulsar la economía y romper el aislamiento del país bajo su régimen. En las décadas siguientes, la especulación inmobiliaria, la llegada de los vuelos de bajo coste y el rediseño de las ciudades para uso y consumo de la industria turística han propiciado un auténtico boom, amplificado por grandes acontecimientos como los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Las inversiones masivas que siguieron a la crisis financiera de 2008 y la difusión de los alquileres a corto plazo han convertido ahora el turismo en un tsunami, provocando reacciones tan fuertes a nivel social que ya se producen manifestaciones semanales contra el turismo excesivo.

En Mallorca, el 21 de julio, 20.000 personas protestaron contra la afluencia incontrolada de turistas, que ha provocado el hundimiento de la calidad de vida, el aumento del precio de la vivienda, el encarecimiento de los productos de primera necesidad y la generalización del empleo estacional y precario. Por ejemplo, los trabajadores de la limpieza de los hoteles se quejan de un aumento de la carga de trabajo que no se corresponde con un aumento de los salarios. En una manifestación convocada por el grupo "Menos turismo, más vida", los manifestantes marcharon tras una pancarta con el mensaje "Cambiemos de rumbo, pongamos límites al turismo", exigiendo medidas urgentes y concretas. Frente a una población local de 1,2 millones de habitantes, se espera que este año lleguen a Baleares 20 millones de turistas, lo que convertiría a Mallorca en el tercer destino más popular de España, por detrás de Madrid y Barcelona.

 El 25 de mayo, decenas de miles de personas protestaron bajo el lema "Mallorca no se vende". A principios de julio, cientos de personas ocuparon simbólicamente algunas playas, haciendo que los olvidadizos bañistas se percataran del malestar de los residentes que, expulsados de los espacios públicos, denuncian la devastación medioambiental y cultural causada por una industria turística que aspira a un crecimiento sin fin. En todas partes se reclama ahora un "decrecimiento turístico" que empezaría por una reducción drástica de los alquileres de corta duración, una disminución de los vuelos de bajo coste y de las escalas de cruceros, y la desincentivación de la compra de viviendas por parte de no residentes.

El lobby turístico defiende el sector, que, según sus cifras, supondría el 71% del crecimiento real de la economía española en 2023. Sin embargo, aunque el turismo representa una partida crucial del PIB español, gran parte de la riqueza producida acaba en manos de unos pocos, a menudo situados a miles de kilómetros de distancia, enriqueciendo a fondos de inversión y empresarios despreocupados por los efectos indirectos sobre los habitantes de los destinos de moda.

En los últimos meses se produjeron movilizaciones masivas en las Islas Canarias, que, según grupos locales, están literalmente "colapsadas social y medioambientalmente" bajo la presión de 10 millones de visitantes extranjeros anuales, además de los turistas españoles de la península. Las ocho islas situadas frente a la costa de Marruecos vivieron el 20 de abril la mayor movilización hasta la fecha, con 200.000 personas que salieron a la calle para decir "no a la invasión" y a las políticas del gobierno local que pretenden duplicar la capacidad de alojamiento turístico del archipiélago, mientras la población en riesgo de pobreza alcanza el 34%.

En Barcelona, algunos de los 20.000 manifestantes que salieron a la calle el 6 de julio para denunciar la "museificación" de la ciudad llegaron a apuntar con pistolas de agua a turistas sentados en bares, mientras que en las paredes de la ciudad se ven desde hace tiempo lemas como "Turista vete a casa". En Málaga (Andalucía), los activistas sellaron recientemente con silicona las cerraduras de algunos apartamentos turísticos mientras miles de personas se manifestaban al grito de "Queremos vivir, no sobrevivir", un lema también utilizado en una protesta por los residentes de Cádiz. Aunque muchos medios de comunicación han atacado las protestas por "turismofobia", las movilizaciones se centran generalmente en denunciar el papel de los grandes grupos empresariales y un modelo turístico voraz y extractivo, más que en acusar a los propios turistas. El 13 de julio les tocó a los vecinos de Alicante (en la Comunidad Valenciana) salir a la calle, hartos de que los 100 cruceros que desembarcan cientos de miles de turistas se sumen a los 17 millones que visitan cada año la provincia, donde el precio de la vivienda se ha más que duplicado en sólo cinco años.

La presión del turismo se ha hecho tan insoportable que también ha desatado protestas en el norte del país, destino del turismo de lujo que huye de los tórridos veranos del Mediterráneo. Hace unos años, la ciudad vasca de Donostia, en la costa atlántica, se movilizó contra la proliferación de alojamientos turísticos y hoteles y la destrucción de su patrimonio arquitectónico y natural. Ahora Bilbao también se ha unido a la lucha: varios activistas del sindicato de inquilinos se encadenaron a las puertas de un apartamento turístico, mientras que los bomberos locales, en solidaridad con su protesta, se negaron a retirarlos.

En la cercana Cantabria, la gente protesta contra la turistificación de muchos pueblos rurales y el aumento récord del precio de la vivienda, que se disparó un 33% sólo en 2023. En Laredo, 10.000 personas se manifestaron contra el proyecto urbanístico de Ribamontán del Mar, que incluye la construcción de apartamentos de lujo y un campo de golf. En algunos casos, los gobiernos locales empiezan a reconocer la necesidad de un turismo sostenible, pero las medidas concretas son escasas. El Gobierno central se ha limitado a pedir a las regiones que aprueben normativas para poner orden en el salvaje oeste normativo y ha prometido crear un registro central de alojamientos turísticos en 2025.

El Partido Socialista catalán votó en contra de una ley regional destinada a regular los alquileres de temporada, que habría servido para legalizar los apartamentos turísticos sin licencia. Los grupos locales antigentrificación de Barcelona siguen dudando de que el alcalde socialista Collboni cumpla su promesa de anular 10.000 licencias de alojamientos turísticos para 2028 y de restringir el desembarco de cruceros."

(Il manifesto global, 31/07/24, traducción DEEPL)