El virus pone un examen del siglo XXI a un Estado anclado en el XX por la falta de reformas de la Administración pública

 "Hay grandes palabras, palabras mayores y reforma de la Administración pública. Eso ya son palabras gigantescas. Es una tarea pendiente de dimensión inabarcable, tanto que su enunciado genera a estas alturas más escepticismo que ilusiones. Suscitado el debate, bajo la presión que sobre las instituciones ejerce el covid-19, abundan los juicios críticos de gran dureza sobre el funcionamiento de papá Estado, descrito a grandes rasgos como un señor serio y cumplidor, sí, pero atrapado por la rutina y de actitud circunspecta, más burócrata que gestor. 

Un oficinista formalito, aseado, puntual, preocupado ante todo por no meter la pata. “Si hoy un funcionario tuviera una idea muy buena sobre cómo gestionar de forma nueva y original el Ingreso Mínimo Vital, tendría más posibilidades de ser amonestado que de ser recompensado”, ilustra Víctor Lapuente, catedrático de Ciencia Política. 

Ahora, en plena pandemia, una crisis que está enseñando los costurones del Estado, las deficiencias de su diseño y los vicios de su funcionamiento, la reforma largamente postergada de la administración aparece en la mesa. Y es el Gobierno el que la sitúa ahí, en respuesta a un extendido consenso sobre su urgencia. El siglo XXI aún espera a la administración española y su tan anunciada reforma. (...)

El acuerdo de gobierno de PSOE y Unidas Podemos recoge toda una hoja de ruta “hacia una administración digital, más abierta y eficiente”. Lo cierto es que hay más medidas que concreción en el acuerdo. Más contante es el plan normativo del Gobierno, cuyo apartado para el Ministerio de Política Territorial y Función Pública de Carolina Darias incluye una nueva Ley de Función Pública cuyo objetivo es “impulsar la racionalización de la AGE y mejorar la calidad de los servicios públicos”. La norma, que según fuentes oficiales podría llegar al Consejo de Ministros a finales de 2020 o principios de 2021 en un escenario “óptimo”, abordará entre otras cuestiones “la figura del personal directivo, la evaluación del desempeño y el desarrollo de la carrera del empleado público”, como recoge el plan normativo.

¿Es viable legislar eficazmente sobre materias tan amplias y sometidas a inercias históricas? En un reciente artículo sobre evaluación de políticas públicas en infoLibre, Hugo Cuello, especialista en evaluación con experiencia internacional en los sectores público y privado, y Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y de la Administración, coincidían en la incontrolable propensión española a querer arreglarlo todo a base de leyes que se quedan en impecables declaraciones sobre el papel. Lapuente coincide. 

Más que legal, afirma, hay un problema “cultural”. “Existe un dominio de la ley sobre la gestión. En todo el mundo, el funcionario tiene la obligación de seguir la ley y de actuar de forma imparcial. Pero también de ser eficaz. En nuestra tradición administrativa el principio de cumplimiento de la ley se impone sobre el de eficacia. Los administradores pasan más tiempo tratando de cumplir normas que de solucionar problemas”, señala Lapuente. ¿Cambios legales? Sí, pero dejando claro que no serán recetas mágicas. Lo importante, indica, es “no seguir cavando”, como tratan de hacer –indica– comunidades como el País Vasco y Cataluña, que están introduciendo progresivas reformas modernizadoras.

“En la administración hay funcionarios muy innovadores. Pero hay un problema de incentivos perversos”, señala Lapuente. A su juicio, se premia “no incumplir la norma”. En tiempos normales, puede valer. Ahora no. “Cumplir las normas te garantiza un funcionamiento mínimo normal. Pero si hay que responder a algo tan brutal como esta pandemia, que requiere equipos multidisciplinares, coordinación continua, una gestión eficaz de muchos datos.... pues el sistema chirría”, señala. 

La pandemia ha desnudado las carencias, como detallan Lapuente, Francisco Longo y Elosía del Pino en un artículo en Agenda Pública que contrasta la “excelente” respuesta de sanitarios, docentes, trabajadores sociales, militares o policías, con los fallos de “sistema”: “escasa anticipación, trabas burocráticas y déficits de agilidad que han afectado a la compra de mascarillas, la fabricación de ventiladores o gestión de las ayudas; problemas de gestión de datos que reflejan déficits de personal cualificado en este campo, mientras las profesiones jurídicas y las categorías de cualificación técnica media y media baja siguen siendo muy abundantes”. 

A ello se suma la descoordinación en una administración “más acostumbrada a hacer cosas que a conseguir que pasen cosas” y a la que “le resulta más fácil remar que llevar el timón”. “Muchos de estos problemas no son nuevos –añaden los autores–. Reflejan, por una parte, la lentitud con que los cambios suelen llegar, más allá de la superficie, a la administración pública. Por otra parte, son carencias que derivan del escaso interés que la política viene prestando a las reformas de la administración, más allá de los debates ideológicos y retóricos entre una derecha atea, que parece no creer en la capacidad del sector público para evolucionar y reformarse, y una izquierda beata, que lo contempla como si fuera moralmente superior e infalible”.

Ni ateo ni beato en su análisis, el profesor de Ciencia Política Juan Rodríguez Teruel se muestra partidario de tocar el BOE. “Las referencias a la necesidad de cambio cultural me suscitan escepticismo. Son muy fáciles de manipular”, señala. Toca legislar. Eso sí, sin subir las expectativas a la luna por los cuatro trazos adelantados por el Gobierno. “No creo que haya que esperar grandes transformaciones. La idea lleva 40 años circulando, desde [Joaquín] Almunia, que hizo el primer draft [borrador] de reformas. Más de tres décadas y se ha cambiado poco. Sí ha habido más cambios en la administración autonómica, sobre todo para incrementar la transparencia, ofrecer garantías al ciudadano... Pero los principales nodos, los más problemáticos, no se han tocado”, explica ¿Qué nodos? Hay cuatro principales que surgen en todos los análisis.

1. Coordinación: salir del “que cada palo aguante su vela”

Al decir “la administración”, a menudo acude a la mente un bloque uniforme. Para disipar esta idea es conveniente la lectura de Las Administraciones españolas (Tecnos, 2018), del catedrático de Derecho Administrativo Miguel Sánchez Morón, que hace un recorrido por el bosque de la cosa pública española, hecho de la Administración General del Estado, sí, pero también de comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, cabildos, consejos insulares, entidades locales autónomas, mancomunidades, consorcios, áreas metropolitanas, comarcas, comunidades de villa y tierra en Castilla y León, cuadrillas en Álava... “Al inicio de la Transición […], la Administración del Estado tenía a su servicio mas del 85% de los empleados públicos del país. Ahora en cambio, el porcentaje […] no llega al 21%”, anota Sánchez Morón.

Los “pactos autonómicos” de 1981, que alumbraron la Loapa, dieron el pistoletazo de salida a un proceso de descentralización que ha sido citado durante más de 30 años en el listado de logros históricos de la joven democracia española. Ahora el modelo está en crisis en fondo y forma. Y el coronavirus ha destapado múltiples fallos y lagunas. En palabras de Joan Romero, catedrático de Geografía Humana y director de la Cátedra Prospect de la Universidad de Valencia: "Hemos vivido un momento histórico que ha puesto a prueba la arquitectura institucional española desvelando importantes deficiencias. El test de estrés ha demostrado una fatiga de materiales".

Sale una y otra vez una palabra: descoordinación. “Todo funciona por unidades administrativas. Va desde el ministro hasta el último escalafón. Vale, hay decisiones que se pueden gestionar verticalmente. Pero cuando toca impulsar acciones complejas que implican a muchas unidades, como ocurre ahora, hace falta coordinación. Y nos falta. No sólo entre administraciones, sino en el seno de los propios gobiernos, donde la coordinación sectorial es muy complicada”, señala Rodríguez Teruel, que sugiere la creación de “organismos intersectoriales que no estén a nivel de ministerios” para ayudar a la coordinación. “Esto sí sería un avance, pero la administración no lo favorece. Se acaba favoreciendo una lógica que podríamos llamar: 'Que cada palo aguante su vela'”.

La politóloga Sandra León señala las múltiples disfunciones ocurridas con los datos durante la crisis sanitaria como la demostración de uno de los males endémicos: “Las administraciones públicas se relacionan poco entre sí”. Como ocurre en todos los análisis, la detección de una carencia lleva a la detección de otra. El problema de los datos muestra el problema de la insuficiente digitalización, que a su vez empuja a preguntarse por la formación de los funcionarios para emplear herramientas tecnológicas. En un artículo publicado por la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (Esade), Miguel Almunia y Pedro Rey-Biel se atreven con una propuesta para la gestión de datos, que incluye la creación de consorcio entre entidades (INE, Agencia Tributaria, Seguridad Social, Banco de España, Airef, autonomías) y la contratación de especialistas. ¿Contratación de trabajadores públicos, dicen? Siguiente desafío.

2. Personal: dejar atrás la memoria y el tocho

“Modelos arcaicos de aprendizaje memorístico”, describe Elisa de la Nuez, abogada del Estado y secretaria general de la Fundación Hay Derecho. Así se entra básicamente a trabajar como funcionario. Si la crítica a la descoordinación genera consenso, aún más unánime lo es contra la pauta general de acceso a la función pública. Sandra León cita sin dudar entre las asignaturas pendientes la “renovación de la selección de los servidores públicos, reforzando los conocimientos prácticos y la capacidad analítica”. Y recuerda: “Si quieres digitalizar, necesitas empleados públicos que sepan hacerlo”. Sánchez Morón, autor de Las Administraciones españolas, también reclama una “actualización” del sistema de acceso.

“El modelo de oposiciones es demasiado formalista. Las pruebas deben ser de tipo más práctico, no tan centradas en la obligación de memorizar”, señala el catedrático. Aunque en general se muestra escéptico sobre el alcance de las reformas que impulsará el Gobierno, sí observa que en este punto –el acceso– está bastante ya extendida la idea de que son necesarios cambios. Se verá.

Hasta ahora, expone Rodríguez Teruel, apenas los ha habido. “Se han producido reformas pequeñas en la selección de algunos cuerpos, sobre todo con la potenciación de los TAC [técnicos de administración civil]. Por lo demás, muy poco. El reclutamiento en los grandes cuerpos sigue con el modelo básicamente igual que hace 40 o 60 años, mediante pruebas que valoran conocimientos detallados”, señala. ¿Tiene sentido que, desde 1990 con la Logse, esté cada vez más asumido en el diseño escolar el aprendizaje por proyectos, el “aprender a aprender” como base del crecimiento, y que en las oposiciones mantengamos el culto al memorión y los tochos?  (...)

Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y de la Administración, autor de un blog de referencia sobre la cosa pública, ha puesto sobre la mesa una propuesta: una definición restrictiva de ámbitos de gestión puramente “funcionarizados”, limitándose a los que están en contacto directo con la política y deben blindarse de la discrecionalidad y el clientelismo. El resto, laboralizarlo bajo la premisa del “mérito” y en evaluación continua.

3. Directivos: profesionalizar vs politizar

La propuesta de Ramió: profesionalizar lo público. ¿La tendencia? La contraria. Politizarlo. Especialmente en el nivel directivo. “El nivel de politización es muy elevado. Hay mucha promoción por filiación política”, señala Víctor Lapuente. A su juicio, la falta de respeto político a la función técnica de los servidores públicos queda al descubierto con la pandemia, citando el caso de los ceses en Madrid. La colonización partidista de la alta dirección técnica contribuye a lo que Lapuente llama “sistema perverso de incentivos”, en el que pesa demasiado la adhesión al cargo público. Lapuente defiende un régimen jurídico específico de la dirección pública profesional, que la preserve de las turbulencias propias de los ciclos político-electorales, y marcos claros para incentivar la eficiencia. (...)

4. Transparencia: el antídoto de la desconfianza

España presenta un riesgo añadido, la extrema fragmentación del modelo de “administración paralela”, que ha hecho fortuna en España en la estela del new public management de raíz thatcheriana, respuesta liberal-conservadora a las burocracias tradicionales. La idea teórica era asemejar lo máximo posible la gestión pública a la privada. En la práctica, se ha ido generando una estructura atomizada donde los requisitos de acceso, los controles y la fiscalización se relajan, al tiempo que se rebaja el rigor presupuestario, explica Sánchez Morón en su ensayo. Su descripción de la administración paralela resulta más inquietante dado que han proliferado miles de terminales sin sujeción plena al Estatuto Básico del Empleado Público, lo que supone un "factor de debilidad institucional".

Sociedades mercantiles, organismos autónomos, fundaciones, consorcios, entes públicos, entidades empresariales, instituciones sin ánimo de lucro, comunidades de usuarios, agencias y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social se expanden por todos los recovecos de la institucionalidad española, desplegando estructuras con mayor discrecionalidad y promiscuidad entre la esfera política y la técnica. En abril de 2019, había más de 5.000 entes que cabía considerar “administración paralela”, un término sujeto a interpretaciones discrepantes, según un análisis realizado por este periódico. 

Uno de los grandes problemas del desarrollo de una ingente Administración instrumental es la deficiencia del aparato de control que conforman los parlamentos, el Tribunal de Cuentas, los defensores del pueblo y las oficinas contra el fraude y la corrupción, como detalla el ensayo de Sánchez Morón, que llama la atención sobre la mayor permeabilidad a la corrupción de los entes instrumentales. En Andalucía, las agencias han tenido un papel destacado en los principales casos de corrupción durante la etapa del PSOE. 

La Agencia IDEA pagaba las ayudas sociolaborales en cuestión por el caso ERE. La sociedad mercantil Invercaria da nombre a un caso de supuesta malversación vinculada a inversiones públicas con criterios indebidos. El acceso arbitrario y el uso indebido de tarjetas de crédito han puesto en el punto de mira a la extinta fundación Faffe. En Madrid es conocido el caso del Canal de Isabel II de Madrid, implicada en uno de los principales casos de corrupción descubierto en los últimos años (Lezo).

La administración paralela no es –evidentemente– el único foco de corrupción, fenómeno hermanado con el clientelismo y el derroche. Uno de los remedios es la transparencia. ¿Qué tiene previsto el Gobierno? PSOE y Unidas Podemos, en su acuerdo, prevén “una reforma de la Ley de Transparencia”. El plan normativo recoge la aprobación de un “reglamento de transparencia, acceso a la información y buen gobierno” que ya estaba previsto en la ley, de 2013. No ha habido prisas.

5. Evaluación: ¿funciona lo que hacemos?

La evaluación es el corolario de todos los discursos sobre la reforma. Si no sabemos si lo que hacemos funciona, ¿cómo sabemos si seguir o cambiar? España adolece de escasez de instrumentos evaluadores, un déficit capital en la era covid. “Los ingentes recursos, internos y externos, que habrá que invertir en la recuperación y en la atención a los más vulnerables corren el riesgo de perderse, llegar tarde o no ser debidamente aprovechados si no se ponen al día los circuitos y mecanismos de nuestro sector público. Piénsese en la aplicación efectiva del Ingreso Mínimo Vital o en la gestión de los proyectos que deberá financiar el fondo europeo de reconstrucción, en un país al que los datos de la Comisión Europea sitúan en el furgón de cola en cuanto al nivel de ejecución de los fondos estructurales ”, señalan Lapuente, Longo y Del Pino.

Sánchez Morón aclara que el panorama no es homogéneo. Destaca la evaluación del desempeño en organismos como la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, así como en la Guardia Civil. No obstante, la tónica es la contraria. “La evaluación estaba prevista en el Estatuto Básico del Empleado Público, pero sigue pendiente”, señala el catedrático, que cree que este es uno de los aspectos que tiene ahora más a mano acometer el Ministerio Política Territorial y Función Pública. (...)

Como ha escrito José Tudela, secretario General de la Fundación Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico, el covid-19 se encontró al sistema en una doble crisis, "una de funcionalidad del modelo, que puede calificarse como ordinaria [...]; y una crisis extraordinaria", la derivada del procés. Se había generado un círculo vicioso ya antes del covid-19. "La crisis de integración [es decir, la catalana] contaminaba cualquier opción de diagnóstico y resolución de la crisis funcional". 

Y llegó la pandemia, que ha subido al funcionamiento del Estado en una noria frenética: de la recentralización puntual del primer estado de alarma al federalismo improvisado del segundo. Todo es volatilidad y la inestabilidad parece la nueva cualidad de lo estable. A priori no parece el momento óptimo para una reforma de la administración pública, reducto formalista del antiguo mundo. O quizás es el único momento posible."                    (Ángel Munárriz, InfoLibre, 09/11/20)

Le Monde: “El modelo descentralizado de salud pública en España es un fracaso”... "¿Cómo podíamos imaginar que ciertos políticos se comportasen de forma tan irresponsable?... "España carece de los mecanismos de coordinación de un verdadero sistema federal ”"

 "Las incesantes tensiones entre el gobierno de Pedro Sánchez y las autonomías, responsables de la salud, socavan la lucha contra el virus.

El gobierno español finalmente tuvo que declarar el estado de emergencia sanitaria el viernes 9 de octubre para obligar a la comunidad autónoma de Madrid a endurecer las medidas de control contra la epidemia de Covid-19 en la capital del reino.

 Si se necesitaran pruebas de las tensiones a las que la epidemia ha sometido el modelo territorial español, no podría haber una lucha política más intensa y sin sentido que la que se desarrolló, durante casi tres semanas, entre el Ministerio de Sanidad español, conducida por el socialista Salvador Illa, y la autonomía, presidida por la conservadora Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular, PP, derecha), aun cuando la capital afrontaba una virulenta recuperación epidémica.

 Por un lado, la Comunidad de Madrid que, como todas las comunidades autónomas del reino, se encarga de la gestión de la salud pública, reaccionó con lentitud, guiada por su voluntad de no socavar la actividad económica, aunque supusiera abandonar a los hospitales, próximos a la saturación. 

 Bajo presión, al final ordenó, a fines de septiembre, el cierre de algunos barrios donde la contaminación en catorce días superó los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes ...

 Por su parte, el Gobierno permitió que la situación empeorara, sin intervenir, antes de recomendar, y luego imponer, el "cierre perimetral" de Madrid y la obligación de cerrar bares y restaurantes desde las 22.00 y las 23.00 horas. 

 Para ello, el Ministerio de Salud ha establecido criterios homogéneos, que pueden ser endurecidos por las regiones, pero nunca relajados. Esto no se había hecho, cada región tenía libertad para definir sus propios protocolos. "¿Cómo podíamos imaginar que ciertos políticos se comportasen de forma tan irresponsable", pregunta amargamente Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administraciones Sanitarias, para quien la crisis ha demostrado que "España carece de los  mecanismos de coordinación de un verdadero sistema federal ” (...)."   (Sandrine Morel , Le Monde, 14 octobre 2020)

La dimensión territorial de la crisis ¿Revival centralista? En Alemania existe en la actualidad un debate sobre si sería necesario recentralizar algunas competencias. En España, ¿preferirán los ciudadanos un gobierno central más potente y con más capacidad para afrontar una futura pandemia o los costes económicos que se deriven de la actual?

"El fracaso de la coordinación europea en la gestión sanitaria de la epidemia ha dejado solos a los gobiernos nacionales en la tarea de coordinar a los actores públicos, privados y de la sociedad civil en la lucha para contener la pandemia.

 Según un estudio reciente, los ciudadanos prefieren que sea así, pues se muestran más favorables a que la gestión de la pandemia recaiga en los gobiernos nacionales que en la Unión Europea.  (...)

La revitalización del papel del gobierno nacional durante esta crisis plantea distintos retos e interrogantes en los países donde la fragmentación de competencias obliga a una actuación política concertada entre distintos niveles de gobierno. Los estados federales y descentralizados se sostienen sobre un delicado equilibrio entre el poder central y el poder de las regiones y por eso esta crisis plantea algunos desafíos y preguntas que reviso a continuación respecto al caso español:

 1. Coordinar significa imponer costes de manera desigual

El primer reto es el de la coordinación de la actuación frente al virus cuando las competencias sobre políticas sanitarias y de salud pública están en manos de los gobiernos autonómicos.

Como ya revisé en otras páginas, las dificultades en esta coordinación se deben tanto a elementos coyunturales –como el alto grado de confrontación y polarización política en el que emerge esta crisis– como a elementos estructurales, como las divergencias en la forma de generar datos entre Comunidades Autónomas o la ausencia de interlocución previa con la que se vuelve a convocar la Conferencia de Presidentes.  (...)

Lo complicado en esta situación es sincronizar una desescalada común a pesar de que la crisis tiene un impacto sanitario y económico desigual entre Comunidades Autónomas. La ideal para cada gobierno autonómico sería diseñar un procedimiento de desescalada del confinamiento "a medida", es decir, con un ritmo y extensión de acuerdo con las condiciones sanitarias y económicas específicas de su territorio.

Pero para garantizar que la salida en cada Comunidad Autónoma no imponga externalidades negativas en el resto es necesario armonizar esas estrategias. Coordinar, en este contexto, significa imponer costes: los que para cada territorio implica renunciar a su óptima estrategia de salida.

 2. ¿Revival centralista?

Un interrogante sobre los efectos sobre la cuestión territorial de la crisis del coronavirus es observar si las dificultades de una actuación coordinada en el ámbito sanitario y los efectos económicos provocan un aumento de las preferencias por una mayor centralización del Estado Autonómico. En Alemania existe en la actualidad un debate sobre si sería necesario recentralizar algunas competencias para mejorar la coordinación federal en un momento de crisis. En el caso de España, el debate sobre la cuestión territorial lleva abierto mucho tiempo, y la crisis abre una oportunidad para transformarlo. La cuestión es en qué dirección puede modificarse.

Durante la anterior crisis económica de 2012 se produjo un repunte muy significativo de las preferencias de los ciudadanos por un Estado centralizado que fueron reduciéndose paulatinamente con la mejora de la situación económica.

¿Preferirán los ciudadanos un gobierno central más potente y con más capacidad para afrontar una futura pandemia o los costes económicos que se deriven de la actual? En la actualidad las percepciones sobre la cuestión territorial en España están polarizadas ideológicamente. Si las preferencias se recentralizan, es posible que la polarización ideológica se reduzca. Pero esto es compatible con una mayor polarización de las preferencias entre territorios. 

3. ¿Cómo se repartirán las responsabilidades?

Finalmente, está el interrogante de cómo se repartirán las responsabilidades sobre la gestión sanitaria y económica de esta crisis. La respuesta frente a la pandemia depende de múltiples factores, y uno de ellos tiene que ver con el estado de los servicios sociales y sanitarios en cada Comunidad Autónoma ante la llegada de la epidemia. Sin embargo, el gobierno central ha adquirido durante esta crisis una visibilidad en la que las responsabilidades autonómicas se diluyen.

Los datos de opinión pública parecen apuntar a que la valoración de los gobiernos resulta inversamente proporcional al grado de responsabilidad que han adquirido en la gestión de la crisis: menos favorables a medida que transitamos de la evaluación de los ayuntamientos a la del gobierno central, pasando por la de los gobiernos autonómicos.

La centrifugación de la autoridad en el gobierno central durante la crisis puede alterar el normal funcionamiento del control democrático de los gobiernos autonómicos. No es sólo una ocasión para estos para exonerarse de la responsabilidad sobre los fracasos, también una oportunidad perdida de reclamar el mérito de sus éxitos."                    (Sandra León Alfonso, eldiario.es, 21/04/20)

Hoy, federalizar es modernizar. Y modernizar es construir un Estado fuerte con capacidad para ejecutar políticas públicas de forma eficiente entre todos los niveles territoriales. No es posible mantener un modelo en el que el Estado se muestre incapaz de coordinar la sanidad

"(...)  ¿cómo ha enfrentado el modelo territorial español la crisis sanitaria?

 (...) La primera cuestión a la que ha enfrentado la excepcional situación generada por la pandemia es, en apariencia, la idoneidad del reparto de competencias en materia sanitaria y, por ende, en relación con otras materias. 

Señalo que en apariencia porque creo que el verdadero debate no hace referencia tanto al reparto teórico de competencias dibujadas en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía como a la efectividad de esas competencias. Dicho de otra manera, el problema no es que al Estado le corresponda la competencia sobre legislación básica y coordinación sanitaria.

 El problema es que el desarrollo competencial ha provocado que se trate de una competencia vacía. Como esta situación se puede extrapolar a otros órdenes materiales, la cuestión que se plantea es cuál debe ser el núcleo irreductible de competencias efectivas del Estado. Junto a ello, en relación con sanidad y con otras materias sensibles, es obligado plantearse cuáles deben ser no ya los mínimos garantizados para todos los españoles sino cuál es el margen de diferencia aceptable entre los ciudadanos de las distintas Comunidades Autónomas. 

(...)  es preciso referirse a cómo la crisis ha puesto de manifiesto, en ocasiones de forma dramática, la escasez, si no directamente inexistencia, de eficaces resortes de coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas y entres éstas.  (...)

 La crisis ha puesto de manifiesto que no hay instrumentos para una coordinación efectiva ni siquiera en un supuesto de máxima gravedad. El ejemplo de las compras sanitarias en el exterior es bien elocuente al respecto. Un déficit, creo, que si no se corrige satisfactoriamente y en tiempo breve, puede provocar consecuencias muy graves sobre la apreciación ciudadana del modelo territorial 

Finalmente, hay que realizar una referencia a la esfera local, el papel de provincias y municipios. Aunque sea muy brevemente, debe  ponerse de manifiesto que no es posible pensar el modelo territorial sin tener la referencia del papel a desempeñar por municipios y provincias.(...)

 Los municipios han sido las instituciones territoriales más valoradas durante toda la crisis.(...)

Como en otras cuestiones, la crisis de la Covid-19 ha puesto de manifiesto la perentoria necesidad de modernizar la forma territorial del Estado. Es posible que sus consecuencias directas no sean estructurales, que por si misma no provoque cambios radicales.

 Pero es seguro que va a ser un factor catalizador de muchas transformaciones que estaban en marcha y que, simultáneamente, va a levantar definitivamente el velo que hoy todavía cubre con una apariencia de vida a instituciones que, definitivamente, son pasado. (...)

Modernizar implica, al menos, dimensionar correctamente el lugar y poder de las estructuras estatales; clarificar el diseño competencial; fortalecer las estructuras de coordinación y colaboración; finalmente, pero no en último lugar, una reforma en profundidad de las estructuras administrativas. 

Hay que redibujar el esquema institucional del Estado autonómico pensando qué es lo que en el modelo social actual debe corresponder a cada instancia territorial. Y debe dibujarse un modelo normativo que refleje el reparto de poder con la mayor sencillez y flexibilidad posible. Entre las tareas de las instancias de coordinación y colaboración debería estar la de procurar resolver los conflictos inherentes a esas características, limitando al máximo la intervención del Tribunal Constitucional.  (...)

Realizo una referencia singular a la necesidad de modernizar las administraciones públicas porque creo que se trata de un tema minusvalorado sino directamente obviado. También durante estas semanas se han puesto de manifiesto las debilidades de nuestro modelo burocrático y administrativo. 

Complejidad; mala distribución de persona; debilidad de estructurar esenciales; rigidez; insuficiencias en el desarrollo de la administración electrónica… y otras circunstancias que podrían traerse a colación. Por supuesto, la modernización del modelo administrativo es en si mismo un capítulo de las obligaciones que ha puesto en evidencia la crisis sanitaria. Si lo traigo a colación es porque considero que la reforma de la Administración es absolutamente necesaria para la adecuada reconstrucción el Estado autonómico. 

Por dos razones. Primero, porque es preciso un modelo administrativo que tenga interiorizado un diseño de distribución territorial del poder con las consecuencias que ello conlleva y, por ende, con la asunción de la colaboración como lubricante natural del mismo. En segundo lugar, porque el modelo territorial no se reformará satisfactoriamente si las Comunidades Autónomas no realizan un ejercicio de revisión crítica de su modelo institucional y de sus dinámicas organizativas. Una administración adecuada a una sociedad en transformación.  (...)

Hoy, federalizar es modernizar. Y modernizar es construir un Estado fuerte. Un Estado con capacidad para diseñar y ejecutar políticas públicas de forma armónica y eficiente entre todos los niveles territoriales. No es posible mantener un modelo en el que se puede producir una circunstancia tan paradójica como que el Estado se muestre incapaz siquiera de coordinar la sanidad en un momento de extrema gravedad y que, simultáneamente, desarrolle políticas públicas que pertenecen con claridad al ámbito competencial de las Comunidades Autónomas. 

Reflexionar sobre el modelo territorial español es hoy una necesidad imperiosa. Pero también la reflexión debe actualizarse. Hoy, no se trata de un debate alrededor de la dialéctica unidad/autonomía. Hoy, hay que pensar el modelo territorial desde la exigente necesidad de modernizar nuestro Estado para adaptarlo a un modelo social distinto, con demandas y necesidades muy diferentes a aquellas que lo vieron nacer. 

En este contexto, ¿qué significa la apuesta federal? ¿Por qué seguir acudiendo a una voz tan estigmatizada en la cultura política española? Hay muchas razones que avalan la oportunidad de seguir recurriendo a la idea federal. Creo que el mejor resumen es que el federalismo es por cultura, técnicas e ideología la bandera que mejor puede cobijar ese proyecto. 

Y, por supuesto, porque sigue siendo el mejor instrumento que tenemos para conciliar las dos exigencias, y necesidades, de nuestro proyecto nacional. Por un lado, el fortalecimiento efectivo de una unidad que responda a los desafíos del nuevo orden social y geopolítico. Por otro, la garantía de la autonomía para hacer efectiva la diversidad natural inherente a ese proyecto. 

Posdata. Como habrá observado quien se haya molestado en llegar al final, no hay referencia a la integración y, específicamente, al desafío planteado por el nacionalismo catalán. Es una ausencia consciente. La necesidad de seguir trabajando por encontrar acomodo a los conflictos planteados no puede seguir paralizando las reformas necesarias de la organización territorial. Además, tengo el convencimiento de que si se trabaja en la dirección correcta, se contribuirá de manera significativa para disminuir la dimensión del problema."             ( José Tudela Aranda , Agenda Pública, 23 mayo 2020

El viernes, España regresó a la época de las juntas provinciales cuando cada localidad empezó a hacer la guerra al ocupante por su cuenta... el caos de directrices fue tal que hasta una abanderada de la plurinacionalidad como Ada Colau criticó la descoordinación de las administraciones: "Madrid hace una cosa, Murcia hace otra"... Tarde, pero por fin, el Gobierno se decidió a tomar el control de la situación el sábado, con 7 horas de retraso, declarando el estado de alerta

"La noche del sábado, con siete horas de retraso, escuchamos a Pedro Sánchez desgranar las medidas del decreto que desarrolla el estado de alarma  ( ...)

 Fue una tarde horrible para el Gobierno de coalición después de una semana desastrosa en la que se hizo evidente que llegaba tarde.

Los días antes parecía que no tenía fuerzas o ganas de ponerse al frente de la crisis, liderando la adopción de decisiones duras pero inevitables para frenar la propagación del coronavirus. 

El viernes, España regresó a la época de las juntas provinciales cuando, tras la invasión napoleónica, el poder central desapareció y cada localidad empezó a hacer la guerra al ocupante por su cuenta.

Ese día, con la huida de miles de madrileños o barceloneses hacia sus segundas residencias en la costa o la montaña para buscar un mejor refugio ante lo que se avecinaba, el caos de directrices fue tal que hasta una abanderada de la plurinacionalidad como la alcaldesa Ada Colau criticó la descoordinación de las administraciones: "Madrid hace una cosa, Murcia hace otra".

Ante una emergencia de tal magnitud era incomprensible la tardanza del Ejecutivo en aplicar el artículo 116 de la Constitución para establecer un mando único, centralizar las decisiones y los recursos y dar cobertura legal al confinamiento domiciliario de la población.

Tarde, pero por fin, el Gobierno se decidió a tomar el control de la situación y ahora ya sabemos quién manda en sanidad, interior, defensa y transportes. La intervención de Sánchez estuvo a la altura de las graves circunstancias del momento.

Fue claro, contundente, y apeló a la confianza y la unidad tanto de la ciudadanía como de los responsables públicos, pues el virus no entiende de territorios, clases, ideologías o partidos.

También acertó en desoír las quejas competenciales del lehendakari Urkullu y las amenazas del impenitente Quim Torra, que el viernes anunció el confinamiento unilateral de Cataluña por tierra, mar y aire y el sábado pasó a acusar al Ejecutivo español de aplicar "un 155 encubierto".

De nuevo, los separatistas situándose por encima de los intereses generales y escandalizándose porque el ministerio de Sanidad haya elegido el amarillo para la palabra "virus" en un anuncio institucional, cuando ese color es el que tradicionalmente se usa para avisar de epidemias.

Las próximas semanas van a ser muy dolorosas ante el aumento exponencial de enfermos y fallecimientos. Lo peor está por llegar. Por eso necesitamos mantener un clima de confianza colectiva, dando lo mejor de cada uno de nosotros, desde la gratitud hacia aquellos que se están exponiendo por razones laborales a contraer el virus. Es el momento, por fin, de unirnos."              (Joaquim Coll, 20Minutos, 16/03/20)

El Gobierno ahorrará 54 millones con la compra centralizada de combustible

"El Consejo de Ministros aprueba este viernes un acuerdo marco para la contratación centralizada de combustible con un ahorro previsto de 54 millones de euros en un ejercicio.

El importe que se contratará dentro del acuerdo marco asciende a 411 millones de euros y el combustible (gasolina, gasóleo A y gasóleo B) estará destinado a los servicios de todos los ministerios y organismos públicos estatales, así como a algunas comunidades autónomas y ayuntamientos que se han adherido a esta iniciativa para ahorrar hasta 54 millones de euros. 

Al tratarse de un proceso de contratación centralizada, las compañías han ofrecido un descuento sobre el precio antes de impuestos superior al 13%.

Los pagos se realizarán a través de tarjetas de banda magnética u otros dispositivos similares para garantizar un control adecuado en la ejecución del contrato.

Este acuerdo sustituirá al que finaliza en diciembre de este año, el primero que se abordó por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación en el marco de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), de impulso a la contratación centralizada de bienes y servicios en el sector público.

Gracias a este primer acuerdo se ha conseguido una homogeneidad en la prestación del servicio y se están superando las previsiones de ahorro, que se cuantificaron en 27,4 millones de euros y pueden llegar a alcanzar los 30,5 millones hasta diciembre. (...)"             (Vox Populi, 22/04/16)

Las diputaciones provinciales constituyen hoy en España la principal fuente de ineficiencias en el sector público

"(...) Lo primero que debe señalarse es que no hay ahorro inmediato significativo de la supresión de las diputaciones provinciales. Debe tenerse en cuenta que los funcionarios permanecerían y los servicios que actualmente se ofrecen deberían seguir prestándose.

 Si se suprimieran, sí desaparecerían los gastos directamente asociados con los órganos de gobierno, pero los bomberos, las imprentas provinciales, algunos servicios sociales (tienen muy pocos), los servicios de recaudación de tributos municipales, las carreteras y otros servicios deberían proseguir, al menos a corto plazo.

Sentado lo anterior, las diputaciones provinciales constituyen hoy en España la principal fuente de ineficiencias en el sector público. Sirva como ejemplo ilustrativo que en alguna diputación hace años que se pactó una jornada laboral de 30 horas. Además, por lo general, es sabido que los sueldos públicos en las diputaciones no soportan comparación con las demás administraciones. 

Por otra parte, los incentivos son perversos: la diputación provincial no recauda ninguna clase de impuestos de los ciudadanos. Solo tienen la potestad de establecer un recargo provincial sobre el Impuesto de Actividades Económicas, cuya reforma en 2002 lo despojó del grueso de sus bases imponibles. 

Y siendo que no exigen tributos, gastan volúmenes de recursos considerables como hemos visto, sin que los votantes sepan de donde provienen. Lo anterior se agrava con su naturaleza política de representación indirecta: los diputados provinciales son elegidos formalmente por los concejales de la provincia, en la práctica, por los partidos políticos.

La literatura económica ha identificado múltiples ineficiencias cuando una administración pública puede gastar sin recaudar y sin necesidad de ser reelegido: hay ausencia de responsabilidad, intercambio de votos que impulsan un gasto excesivo, u otros problemas. Así nos encontramos con casos como alguna diputación que tiene una política de natalidad, lo que nada tiene que ver con sus funciones legales.

Si bien los beneficios no serían de un día para otro, la supresión de las diputaciones provinciales no tardaría en permitir ahorros significativos. Supongamos que se realiza mediante la integración en las comunidades autónomas, tal como se hizo en su momento en Asturias, Cantabria, Madrid, Murcia y La Rioja (los consejos y cabildos Insulares no se cuestionan). 

Así, las diputaciones provinciales en 2014 realizaron gastos de inversión por importe de 1.401 millones, cuya necesidad es probablemente muy discutible, al menos en parte. Todos conocemos alguna anécdota de la construcción de un polideportivo en un pueblo en el que la persona más joven tiene 60 años. 

O bien, si aceptamos que existen amplias ineficiencias en los 2.500 millones de consumo público de 2014 (personal más gastos en bienes y servicios), en pocos años ese gasto se reduciría.

Otra fuente de ahorro importante en el medio plazo vendría de que las actuales diputaciones provinciales, una vez integrados sus servicios en las comunidades autónomas, permitirían a estas suprimir sus propios servicios provinciales. 

 Actualmente existen duplicidades entre servicios provinciales de comunidades y diputaciones (por ejemplo en Castilla y León o en Andalucía). Este proceso necesitaría su tiempo, bastaría con no reponer las plazas de los empleados conforme se vayan jubilando, pero sucedería en todo caso.

 Ciertamente las ineficiencias no se manifiestan en todas las diputaciones provinciales por igual y por supuesto que se prestan servicios útiles a los ciudadanos del medio rural. Nadie lo discute, lo que merece una reflexión es si lo mismo podría hacerse con menos recursos y menos implicaciones en términos de clientelismo político. 

Suprimir las diputaciones introducirá una reducción de los conflictos políticos locales entre estas y las CCAA, mejorará la calidad e imagen de los servicios públicos y como hemos tratado de ilustrar en estás líneas, reducirá el gasto público innecesario."             (Alain Cuenca, Bez)

Usos completamente estúpidos de la tecnología: el sistema sanitario español

"El martes pasado viví una experiencia completamente absurda 

(...) habíamos pasado las vacaciones de Semana Santa en nuestra casa en La Coruña, y aprovechamos para prolongar un día, bajar en coche, detenernos en Mondariz, y después, continuar viaje de vuelta hacia Madrid.

Mi mujer sufre de migrañas con cierta regularidad, lo que hace que lleve siempre encima un medicamento, Sumatriptán, que le hace efecto generalmente con cierta eficiencia. 

Sin embargo, tras una semana de vacaciones y con la mala suerte de haber sufrido ya un par de crisis migrañosas, había consumido ya las pastillas que llevaba encima, y se encontraba en ese momento sin ninguna encima. 

Cuando estamos en Madrid, adquirir Sumatriptán es tan sencillo como acudir a una farmacia con la tarjeta sanitaria de la seguridad social y, dado que se trata de una dolencia crónica, mostrarla para que comprueben en el ordenador que puede adquirir una o dos cajas de cuatro comprimidos cada cierto tiempo, en función del cálculo de sus posibles necesidades de consumo. (...)

 Dado el funcionamiento de las farmacias en España, es un medicamento que, de manera habitual, puede adquirirse sin necesidad de exhibir la correspondiente receta: yo mismo lo he adquirido en numerosas ocasiones sin problemas cuando mi mujer está con alguna de sus crisis. 

Sin embargo, es perfectamente posible que el farmacéutico decida que, por la razón que sea, quiere exigir la receta, e incluso que se niegue a dispensarlo en función de criterios de difícil explicación.

El martes por la tarde, mi mujer comenzó con uno de sus episodios migrañosos, y se encontró sin ninguna pastilla a mano. En esas circunstancias, lo mejor es tratar de tomar la primera pastilla lo antes posible: una vez que la migraña supera un límite determinado, ya no hay quien la pare, y puede durar más de un día con dolores fuertes. 

Acudimos a una farmacia rápidamente, para encontrarnos con que el farmacéutico decidió que, por la razón que fuese, debía exigirnos la receta. Le comentamos que la receta era electrónica y que dependía de la tarjeta sanitaria de mi mujer, de la Comunidad de Madrid. 

Ante esa circunstancia, el dependiente nos dijo que le resultaba completamente imposible verificar esa información porque el sistema no le permitía acceder a ella al ser de un sistema sanitario de otra comunidad autónoma, y que por tanto, no podía vendernos el medicamento.

Como solución, nos ofreció irnos al ambulatorio de la Seguridad Social de Ponteareas, donde podríamos acudir al servicio de urgencias y pedir a un médico que nos extendiese una receta.

Un poco de sentido común, por favor: como solución a un problema completamente absurdo y puramente tecnológico, me proponen que acuda a un médico que, sin ninguna posibilidad de determinar de una manera mínimamente rigurosa si un medicamento es adecuado a una dolencia determinada o no (diagnosticar una migraña requiere diversas pruebas y lleva tiempo), tiene que aceptar que el paciente le dice que su dolencia es crónica, que está perfectamente diagnosticada por un médico en Madrid, y que por favor, le extienda la receta de un medicamento que el farmacéutico se niega a venderle. 

Obviamente, no acudimos al ambulatorio. Contribuir a saturar el servicio de urgencias para que simplemente me extiendan un papel es algo que resulta suficientemente absurdo e ineficiente como para intentarlo primero de otras maneras. Entré en otra farmacia, pedí el medicamento, y me lo vendieron sin ningún problema. 

Obviamente, no intenté beneficiarme de la bonificación en el precio a la que me daría acceso la receta de la Seguridad Social, cosa que tampoco había pretendido en la farmacia anterior, pero a la que hipotéticamente debería tener derecho: simplemente pagué el precio completo y me fui a buscar un vaso de agua.

¿Qué país desarrollado genera un sistema sanitario tan profundamente disfuncional que obliga a semejantes cuestiones? 

¿Qué estúpida razón llevó a transferir a las comunidades autónomas las competencias de Sanidad, para que dieran lugar a un demencial sistema que multiplica los gastos, los priva de posibles economías de escala, y encima convierte a cada comunidad autónoma en un compartimento estanco, que imposibilita o dificulta profundamente que los ciudadanos accedan a los beneficios de un sistema de ámbito estatal como la Seguridad Social?

 Lógicamente, eso implica que tampoco se podrá acceder a datos de cualquier paciente de una comunidad autónoma desde otra, sean pruebas diagnósticas, historiales médicos o lo que sea… ante un accidente en una comunidad autónoma distinta de la tuya, olvídate que que quienes te atiendan puedan acceder a todos los datos que la Seguridad Social de tu comunidad podría hipotéticamente tener sobre ti. Genial.

En pleno siglo XXI, en un país relativamente pequeño como España y dotado con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, hemos decidido que el mejor uso de los recursos públicos era crear diecisiete sistemas de información diferentes, uno para cada comunidad autónoma, no conectados entre sí, completamente independientes y estancos, de manera que un ciudadano español con una receta perfectamente válida en Madrid no pueda obtener el medicamento que necesita para su dolencia si está en algún otro lugar… de su propio país!!!! 

Uno de los grandes beneficios que se supone debería traernos la tecnología, la capacidad de acceder a datos que se encuentran en otro lugar, convertido en completamente inútil. Enhorabuena: hemos conseguido rizar el rizo de la estupidez y darle un par de vueltas más."                    (Enrique Dans, 02/04/16)

Las desigualdades en el acceso a los servicios sanitarios rompen la equidad en la asistencia sanitaria pública. El sistema condena a las autonomías 'pobres' a tener peor sanidad

"(...) Desde hace años, la sanidad pública sufre una degradación continua acentuada por los recortes, pero sus mayores fallos se originaron ya en el proceso de descentralización sanitaria a las comunidades autónomas. Entre ellos destacan: 

1. Reducción del ejercicio del derecho universal a la protección sanitaria en todo el territorio nacional. 

Las dificultades de cualquier ciudadano para ser asistido en una comunidad distinta a la de su residencia son múltiples. 

La atribución efectiva a cada autonomía de la facultad de definir y gestionar la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular es otra forma de trocear el ejercicio del derecho a la atención sanitaria sin ninguna base legal para hacerlo, pues su gobierno corresponde al del Estado. (...)

2. Desgobierno del Sistema Nacional de Salud. 

La descentralización llevó a la diversificación de la gestión de los servicios sanitarios adoptada por cada comunidad autónoma, sin ninguna limitación legal.

 Cataluña, que recibió el traspaso en 1981, cinco años antes de la Ley General de Sanidad, sirvió de modelo a muchas de las restantes comunidades para constituir sus servicios bajo formas público -privadas de gestión, poco apropiadas para comunidades con una disponibilidad real de centros privados muy diferente de la catalana.

 El resultado es una pérdida notable de eficiencia del conjunto del sistema, la desaparición de las ventajas de una gestión coordinada de un sistema de protección universal, desinformación de lo que hace cada servicio de salud autonómico, y la oportunidad de generar episodios de corrupción, tanto en la licitación y construcción de nuevos centros públicos como en la gestión de los mismos, que no han dejado de aflorar.

3. Sistema de financiación peculiar e injusto. 

Las diferencias en nivel de renta y actividad económica de las comunidades autónomas determinan desigualdades manifiestas en su capacidad fiscal y, por tanto, también en los recursos disponibles y las prestaciones que pueden ofrecer con cargo a ellos.

 Sólo tres de las del régimen común de financiación, Baleares, Cataluña y Madrid, disponen de medios propios suficientes para responder al actual catálogo de servicios asistenciales; las restantes deben acudir a la financiación complementaria que facilitan diferentes fondos de compensación.

Por otra parte, el gasto sanitario continúa creciendo por la progresión de innovaciones tecnológicas, principalmente productos farmacéuticos de alto precio, y su incorporación a la prestación pública sin mecanismos de control adecuados. 

Como consecuencia, todos los sistemas de salud, en especial los de acceso universal y gratuito, padecen una insuficiencia financiera crónica, que la disgregación del poder de gasto (spending power) que supone la generación de sistemas de compra diferenciados por cada comunidad frente a proveedores cada más concentrados ha agravado, una situación de desventaja que cualquier reforma de la financiación autonómica debe tener en cuenta.  (...)

4. Desigualdades en el acceso a los servicios sanitarios.

 Las desigualdades en recursos, gastos, endeudamiento, organización y prestaciones entre los servicios sanitarios autonómicos rompen la equidad en la asistencia sanitaria pública entendida como igualdad de acceso para igual necesidad, y el Sistema carece de instrumentos para repararla.

En otros países con organización federal y protección sanitaria igualitaria y universal, como Canadá, para mantener esas condiciones se han adoptado medidas específicas, entre ellas la constitución de un sistema de financiación sanitaria finalista diferenciado. 

El compromiso por mantener la protección sanitaria pública, igualitaria y universal es un elemento principal de la ciudadanía canadiense, y un instrumento de cohesión estatal que contribuye a reducir las pulsiones identitarias de Quebec, semejantes a las catalanas. 

Esas condiciones se mantienen pese a que los gobiernos conservadores más recientes las hayan cuestionado. Con los Estados del bienestar hemos pasado del “monopolio de la violencia” (Weber) como atribución principal del Estado al “monopolio de la benevolencia”, del que forma parte esencial la protección sanitaria.

Si la alternativa federal pretende tener el apoyo de la ciudadanía española, y catalana, debe complementarse con propuestas que garanticen las condiciones universales e igualitarias de la protección sanitaria.  (...)"               (Javier Rey del Castillo , El País,27 ENE 2016)

Se cierran hospitales, pero solo el 13,5% de las ‘embajadas’ autonómicas en los dos últimos años

"Los gobiernos autonómicos no renuncian a sus embajadas pese a la situación de crisis económica generalizada en toda España.  De las 192 oficinas en el exterior que dependían de las CCAA, contabilizadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, tan solo han cerrado 26, es decir el 13,5% del total.

El Gobierno ha informado del reajuste llevado a cabo después de la propuesta de colaboración del Ministerio con los diferentes gobiernos autonómicos para reducir el número de delegaciones autonómicas en el extranjero y utilizar las dependencias diplomáticas de las embajadas de España.

Los gobiernos autonómicos todavía contaban hasta el mes de marzo de este año con un total de 166 oficinas fuera de España, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, lo que supone un recorte de 26 respecto a las 192 contabilizadas por el propio Gobierno hace dos años.

Tan solo los ejecutivos autonómicos de La Rioja, la Comunidad Valenciana y Castilla y León han aceptado colaborar con el Ministerio suscribiendo acuerdos para poner en marcha el recorte de oficinas y evitar así una serie de duplicidades que multiplican los gastos. Además, los gobiernos autonómicos de Aragón, Galicia y Navarra podrían suscribir acuerdos en breve, según ha informado Efe."               (lavozdebarcelona.com, 25/06/2012)

Si los enfermos mueren por falta de atención, que sea por nuestros patrióticos recortes catalanes, y no por los impuestos desde Madrid. Reivindicaremos el derecho a recortar

"Catalunya recurrirá los decretos que recortan en sanidad y educación

 El Gobierno catalán ha acordado este martes responder a la "ofensiva recentralizadora" del Ejecutivo central con medidas políticas y judiciales como recurrir los decretos sobre educación y sanidad que "invaden" competencias o sugerir la reducción de ministerios como Cultura, Sanidad o Educación."       (Público, 08/05/2012)

Las CCAA gastarán 402 millones este año en sus 195 oficinas en el exterior

"Algunas de las representaciones autonómicas en el extranjero tienen carácter político y se suman a las 447 embajadas, consulados y oficinas de la Administración General del Estado. La Generalidad de Cataluña encabeza el ranking autonómico, con 54 oficinas.

El despliegue exterior de las CCAA y de la Administración General del Estado será, sin duda, uno de los aspectos que estará en el punto de mira en los próximos tiempos debido a las estrecheces económicas de las diferentes Administraciones Públicas.

Eliminar las duplicidades en este ámbito será uno de los puntos de la agenda del nuevo Gobierno que salga tras las elecciones generales del próximo domingo. (...)

Por otra parte, según recoge un reportaje publicado este miércoles por El Mundo, la Administración General del Estado cuenta con 447 representaciones internacionales, distribuidas de la siguiente forma: 118 embajadas, 182 consulados, 95 oficinas autonómicas, 37 cámaras de comercio y 15 centros culturales.

Las CCAA no se han quedado atrás y compiten con este despliegue diplomático, como si de miniestados se tratasen, acumulando un total de 195 representaciones en el exterior (lo que incluye delegaciones del Gobierno autonómico y oficinas comerciales), cuyo coste en 2011 será de 402 millones de euros.

Cataluña es la Comunidad que encabeza el ranking de representaciones en el exterior, con 54, seguida, a gran distancia, por la Comunidad Valenciana (23) y Andalucía (22). A continuación se encuentra el País Vasco (con 13 oficinas en el extranjero), Asturias (13), Galicia (12), Murcia (12), Madrid (11) y Canarias (8).

Por último, las CCAA con menos representaciones en el exterior son Navarra (5), Castilla y León (5), Aragón (5), Extremadura (4), Baleares (2), La Rioja (2), Castilla-La Mancha (2) y Cantabria (2).

La mayor parte de estas oficinas autonómicas son representaciones comerciales, pero en los últimos años algunas CCAA han ido creando una red de delegaciones de carácter político, las conocidas como embajadas autonómicas. En este caso, la Generalidad de Cataluña también se lleva la palma, con seis: Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Argentina y la Unión Europea (Bruselas). También cuenta con una miniembajada en Perpiñán (Francia) y está estudiando trasladar la de Argentina a Brasil.

En reiteradas ocasiones, el Gobierno autonómico de Cataluña ha asegurado que no piensa cerrar ninguna de estas embajadas e, incluso, se barajan algunos proyectos de futuro, como la apertura de nuevas oficinas políticas en México, el Vaticano o China.

Entre la red exterior de la Generalidad destacan las diez oficinas de promoción turística (Nueva York, Bruselas, Helsinki, París, Londres, Frankfurt, Moscú y Pekín); los siete representantes de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (Nicaragua, Bolivia, Mozambique, Marruecos, Colombia, Ecuador y Guatemala); las cinco delegaciones del Instituo Ramon Llull (Alguer, París, Nueva York, Londres y Berlín); y las cinco oficinas del Instituto Catalán de las Industrias Culturales (ICIC) (Bruselas, Berlín, Milán, París y Londres).

Todo ello sin contar las 123 comunidades catalanas en el exterior (una especie de casas regionales) que, si bien, no pertenecen a la Generalidad, muchas de ellas dependen fundamentalmente de sus subvenciones.

Tras Cataluña, en el ranking de embajadas autonómicas (es decir, representaciones en el exterior de carácter político, no comercial), se sitúa el País Vasco, con seis delegaciones (Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Colombia y la Unión Europea), mientras que Canarias tiene dos (Marruecos y Senegal). El resto de oficinas de las CCAA son de carácter comercial, salvo las delegaciones ante la Unión Europea en Bruselas." (lavozdebarcelona.com, 16/11/2011)

En el País Vasco existen ’17 entes instrumentales’ dedicados a la compra de suelo y promoción de viviendas, ‘21 órganos directivos y 20 órganos de gestión’ para desarrollar ‘políticas de medio ambiente’... y coexisten cuatro niveles de Administración para una población de poco más de 2,2 millones de habitantes. Hay dónde ahorrar, vamos

"Informe del Gobierno autonómico vasco: hay un gasto de 403 millones de euros en duplicidades.

Existen ’17 entes instrumentales’ dedicados a la compra de suelo y promoción de viviendas, ’21 órganos directivos y 20 órganos de gestión’ para desarrollar ‘políticas de medio ambiente’ o, por ejemplo, algo que parece sorprendente, no se saben el número exacto de policías locales que hay en el País Vasco. 

Un informe elaborado por el Gobierno autonómico del País Vasco ha puesto de manifiesto que se gastan 403 millones de euros en servicios que las Administraciones Públicas en el País Vasco ofrecen por duplicado. El informe resalta que todos los niveles administrativos en la Comunidad incurren en estas duplicidades, aunque son las diputaciones forales las instituciones que más duplican los servicios (50%), seguidas por la Administración autonómica (30%) y los ayuntamientos (20%).

El Informe sobre Duplicidades e Ineficiencias en las Administraciones Públicas Vascas, ha sido elaborado por recomendación del Consejo Asesor del lendakari para Asuntos Socioeconómicos y por mandato parlamentario. El informe, según ha publicado la EiTB, analiza las duplicidades e ineficiencias de una selección de 13 políticas públicas entre las que se encuentran Servicios Sociales, Empleo y Formación, e Impulso Económico. (...)

El texto del estudio afirma que las duplicidades identificadas en el informe son actuaciones que llevan a cabo los tres niveles administrativos ‘sin amparo legislativo básico o sectorial’. El 93% de las duplicidades identificadas se concentran en actuaciones situadas en las políticas de Impulso Económico (31%), Servicios Sociales (28%), Empleo y Formación (17%) y de Transporte (17%). Estas duplicidades están provocadas por una visión ‘incrementalista’ que ‘reproduce la máxima de más y por muchos es mejor, con lo que se generaliza la práctica de que ayudas y servicios se superponen al ser provistos por parte de terceros no competentes‘.

Entre los ejemplos que cita el informe figura el excesivo número de organismos públicos. Así, se advierte que existen ’17 entes instrumentales’ dedicados a la compra de suelo y promoción de viviendas, ‘21 órganos directivos y 20 órganos de gestión’ para desarrollar ‘políticas de medio ambiente’ o, algo que parece sorprendente, no se saben el número exacto de policías locales que hay en el País Vasco.

Respecto al análisis de ineficiencias, el estudio resalta que la Comunidad se caracteriza por contar con un ‘complejo entramado institucional donde, incluyendo al Estado, coexisten cuatro niveles de Administración para una población de poco más de 2,2 millones de habitantes’.

Y se hace una recomendación: ‘En este marco de multiplicidad administrativa, el Sistema Institucional Vasco se debe enfrentar al reto de optimizar la intervención pública para hacer frente a la compleja sostenibilidad financiera, sobre la que inciden variables socio-demográficas que llevarán asociadas en el medio plazo incrementos del gasto’."                (lavozdebarcelona.com, 05/10/2011)

El bosque que hasta ahora ha representado la fiscalidad autonómica se está convirtiendo en una selva oscura

"Los asesores fiscales afinaron ayer la metáfora para criticar la amalgama de normas tributarias que crean cada año las comunidades. Además de legislar sobre los impuestos comunes, estas administraciones tienen ahora mismo en vigor 50 tributos propios, la mayoría medioambientales.

Son datos del Registro de Economistas de Asesores Fiscales (Reaf), que presentó ayer una radiografía de la fiscalidad autonómica para 2011.

"Los tributos propios recaudan muy poco; a veces no cubren ni los gastos de gestión [que supone implantarlos]", destacó Valentí Pich, presidente del Consejo de Colegios de Economistas, al que pertenece el Reaf.

Pese a haberse disparado en los últimos años, los impuestos propios pesan muy poco en los recursos que administran las comunidades, algo más del 1% (1.122 millones de euros), según el informe. Tres cuartas partes de su financiación proceden de los tributos parcialmente cedidos (IRPF, IVA y especiales). (...)

"Convendría reflexionar sobre la amplísima capacidad normativa en relación con los problemas que se crean", advirtió Jesús Sanmartín, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales.

"Lo que pedimos es un poco de cordura; que se legisle cuando tiene alguna importancia", añadió el gerente, Luis del Amo. Pese a lanzar esas reflexiones, los responsables del Reaf eludieron pronunciarse sobre si el Estado debería recuperar parte de la capacidad normativa cedida. (...)

Estos cambios generan importantes diferencias en la factura fiscal de cada región. La principal brecha se produce en el impuesto de sucesiones, muy mermado ya en casi todos los territorios." (El País, 24/02/2022, p. 24)

La duplicidad de políticas y órganos estatales o autonómicos llega a veces al absurdo

"La fauna también brinda un ejemplo español: hasta hace bien poco, el lince ibérico pasaba de competencia autonómica (parque natural) a competencia del Gobierno (parque nacional) en cuestión de metros.

Una división administrativa que pudo ser letal para el felino más amenazado del mundo. Las diferencias de criterio sobre las políticas de protección solo pudieron salvarse a finales de 2007, con la firma del Pacto Ibérico por el Lince. (...)

"Con la que está cayendo es algo muy duro decir que en España hay 17 Defensores del Pueblo, 17 tribunales de cuentas o 17 consejos consultivos", apostilló la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. (...)

... repiten estribillo: hay que acabar con las duplicidades administrativas.

La lista de sospechosos es nutrida: hay entes municipales, autonómicos y estatales implicados en la política de alquiler; también se dan ayudas de empleo y cobertura social a la inmigración en las tres ventanillas; se replican institutos de meteorología, institutos de estadística, tribunales de competencia o agencias de protección de datos; hay oficinas autonómicas y estatales de promoción empresarial en el exterior, como hay expositores autonómicos y provinciales en las ferias de turismo; ayuntamientos y comunidades abren guarderías o centros de día para mayores.

En algunas ciudades hay hasta cuatro cuerpos policiales operativos, como conviven en varias comunidades canales de televisión estatales y autonómicos deficitarios.

A bote pronto, una lista así solo lleva a una conclusión: derroche de recursos públicos. (...)

"Si hay ineficiencias, como ocurre con la decisión de crear universidades en cada provincia con planes de estudios muy parecidos, se debe a un mal diseño de los gobiernos autónomos y a ellos hay que pedir cuentas", recalca Nùria Bosch, catedrática de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona.

Santiago Lago, experto en financiación autonómica de la Universidad de Vigo, señala que en la formación de las comunidades autónomas ha habido "un mimetismo del aparato estatal más que discutible".

Y aboga por revisar si la dimensión de los órganos autonómicos está en sintonía con sus funciones. "A veces, no es tanto una cuestión de suprimirlos como de rebajar su rango administrativo", añade. (...)

"En el presupuesto de la Xunta, el Parlamento, el Consejo de Cuentas, el Consejo de la Cultura Gallega, el Consejo Económico y Social, el Defensor del Pueblo, el Consejo Consultivo y el resto de organismos apenas suponen el 0,5% de los gastos". (...)

"La descentralización en España ha sido muy positiva, aunque como ocurre en otros casos, hay errores que derivan de que no se ha hecho desde el principio una asignación clara de competencias a cada nivel administrativo, sino que se ha primado el reparto de ingresos", afirma. Un error de partida que, a juicio de Martínez-Vázquez, se evidencia sobre todo en los conflictos de competencias entre comunidades, diputaciones y ayuntamientos.

"En la descentralización española se ha dejado en la cuneta a las entidades locales, donde hay los mayores problemas de fragmentación y duplicidades", concluye. (...)

La catedrática de la UB también piensa que "el principal problema con las duplicidades está en el nivel local, donde los ayuntamientos han asumido gastos no obligatorios que no tienen cómo financiar".

Y agrega: "Cada pequeño ayuntamiento no tiene por qué tener una piscina cubierta o un centro para mayores, lo ideal sería fusionar municipios, pero eso en España no es realista, es mejor insistir en la gestión mancomunada".

Y en el disparadero vuelven a estar las instituciones provinciales: en País Vasco y Canarias el debate sobre qué hacer con diputaciones y cabildos vuelve a coger fuerza." (El País, 11/02/2011, p. 30/1)

Se ahorra racionalizando las distintas administraciones

"Ahora bien, ¿cómo mantener el consumo interno y aumentar las inversiones, teniendo que reducir sustancialmente, tanto el déficit público, como el endeudamiento privado de los bancos? Obviamente, disminuyendo los gastos, en primer lugar los de la Administración, y aumentando los ingresos, combatiendo en serio el fraude fiscal y subiendo los impuestos. (...)

Una política de ahorro, sin desmontar el Estado social ni disminuir drásticamente las inversiones, aparte de una poda de subvenciones superfluas, que dan poco de sí, exige una remodelación profunda de las distintas administraciones. Y estas son ya palabras mayores.

La peor herencia de la transición, y de la Constitución en la que aquella se plasmó, es la organización territorial hasta en cuatro niveles, el municipal, provincial, autonómico y central.

En España tenemos 8.114 ayuntamientos, una buena parte con un número de habitantes que no permite racionalizar el gasto, y que habría que reunificar en entidades de un mínimo de unos 10.000 habitantes, así como reconsiderar las competencias urbanísticas que han sido a menudo fuente principal de caos y corrupción.

En un Estado que a la larga solo podrá subsistir si se reconvierte en uno federal, tiene poco sentido la permanencia del último reducto del Estado unitario, la provincia. (...)

Pero es en las Autonomías donde se fijan todas las miradas. Los altos costos de una descentralización que a menudo ha traído consigo la reduplicación de servicios, en momentos de crisis indignan a la mayoría y a todos atemorizan.

Mientras nos lo pudimos permitir, se justificaba por los bienes que se creía reportaba a la convivencia democrática; pero ahora, cuando no queda otro remedio que ahorrar, parece inverosímil que, sin haberse ni siquiera iniciado una reforma de las distintas Administraciones, se hayan consolidado las Comunidades Autónomas.

No saldremos del atolladero sin contar con una Administración más eficaz y a un costo mucho más bajo." (IGNACIO SOTELO: La salida de la crisis. El País, 11/02/2011, p. 27)

El caciquismo autonómico

"Es indudable la emergencia de bloques regionales de poder de naturaleza oligárquica y en buena medida integrantes del bloque histórico inmobiliario rentista que ha dominado el país desde la década de los sesenta del pasado siglo.

Estos bloques, claramente visibles en las CC AA gobernadas por el PP como País Valencià y Murcia, pero presentes también con otra conformación social en las gobernadas por el PSOE, se articulan sobre la pervivencia de estructuras de poder provenientes del franquismo y renovadas en su etapa desarrollista.

Esto explica, junto a otros factores, la incorporación de toda la derecha al PP, así como la influencia de la derecha más directamente franquista en el rumbo de la política efectivamente realizada. (...)

El Estado autonómico no ha cumplido ninguna de estas funciones:

-No ha mejorado la distribución de riqueza, ya que los índices de desigualdad son superiores a la media de la UE-15 -No ha mejorado el acceso a derechos como vivienda, medio ambiente o trabajo
-No ha impedido el deterioro del medio ambiente, con muy bajos niveles de calidad de vida en las ciudades y la degradación de los recursos naturales con ecosistemas frágiles amenazados
-El ejercicio de derechos y libertades ciudadanas se ha visto seriamente recortado no sólo con legislación de excepción (como la Ley de Partidos) sino también con el endurecimiento del Código Penal y el acoso a población trabajadora de origen “no comunitario”; además, se han añadido los efectos de restricción material de los mismos debidos al incremento del paro y la precariedad
-El funcionamiento del propio Estado no sólo no se ha democratizado sino que han proliferado los factores de oligarquización e instrumentalización de las Administraciones Públicas al servicio de intereses privados, ligados con grupos sociales poderosos en el mundo económico (...)

La legitimidad principal de un proceso que avance hacia un federalismo plurinacional y solidario reside en la posibilidad de que el mismo se convierta en fuente de vigor para la democratización de la política en general. En este país ese proceso se ha visto bloqueado desde el principio por los aparatos de los “partidos de gobierno”, los dos partidos “nacionales” PSOE y PP, a los que se han sumado, según las coyunturas, Convergència i Unió, Coalición Canaria y, aun con sus zigzags, el Partido Nacionalista Vasco.

En realidad, la construcción de las administraciones autonómicas ha funcionado como vector fundamental de robustecimiento de los propios aparatos partidarios en los ámbitos territoriales, ayudando a cimentar una implantación y una hegemonía de la que en absoluto disponían (salvo el PNV) en los albores de la democracia.

Con la esperanza de ocupar cargos políticos en la nacientes y pronto frondosas burocracias autonómicas, muchas personas jóvenes han engrosado las filas de estos partidos de gobierno que se convierten así en agencias de colocación para los más ambiciosos y menos escrupulosos de las nuevas generaciones.

Esta instrumentalización de la actividad política ha favorecido, además, la aparición de casos frecuentes de colusión entre intereses privados y el desempeño de la actividad pública, así como la práctica de la “puerta giratoria”, el paso de los negocios a los gobiernos y viceversa, en una dinámica que ha intensificado la propensión de los gobernantes a colocarse en el punto de vista de los negocios, sobre todo en el de los grandes negocios, contemplado en lo sucesivo como la mejor expresión del “interés general”.

Esta ha sido la base de los bloques regionales arriba descritos, de los que pueden citarse ejemplos en los citados partidos de gobierno: el nacionalismo hidráulico en Murcia y la Comunidad Valenciana en el caso del PP, los delirios de construcción de infraestructuras inútiles arrastrando a Cajas de Ahorro en Castilla la Mancha, la práctica generalizada de las comisiones ilegales en el anterior gobierno de CiU en Catalunya y en el del Asturias, etc." (Sin Permiso, 06/02/2011, citando a 'Reino de España: crisis del Estado autonómico, reforma constitucional y bloques de poder', de José Antonio Errejón · Jaime Pastor)