"La fauna también brinda un ejemplo español: hasta hace bien poco, el lince ibérico pasaba de competencia autonómica (parque natural) a competencia del Gobierno (parque nacional) en cuestión de metros.
Una división administrativa que pudo ser letal para el felino más amenazado del mundo. Las diferencias de criterio sobre las políticas de protección solo pudieron salvarse a finales de 2007, con la firma del Pacto Ibérico por el Lince. (...)
"Con la que está cayendo es algo muy duro decir que en España hay 17 Defensores del Pueblo, 17 tribunales de cuentas o 17 consejos consultivos", apostilló la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. (...)
... repiten estribillo: hay que acabar con las duplicidades administrativas.
La lista de sospechosos es nutrida: hay entes municipales, autonómicos y estatales implicados en la política de alquiler; también se dan ayudas de empleo y cobertura social a la inmigración en las tres ventanillas; se replican institutos de meteorología, institutos de estadística, tribunales de competencia o agencias de protección de datos; hay oficinas autonómicas y estatales de promoción empresarial en el exterior, como hay expositores autonómicos y provinciales en las ferias de turismo; ayuntamientos y comunidades abren guarderías o centros de día para mayores.
En algunas ciudades hay hasta cuatro cuerpos policiales operativos, como conviven en varias comunidades canales de televisión estatales y autonómicos deficitarios.
A bote pronto, una lista así solo lleva a una conclusión: derroche de recursos públicos. (...)
"Si hay ineficiencias, como ocurre con la decisión de crear universidades en cada provincia con planes de estudios muy parecidos, se debe a un mal diseño de los gobiernos autónomos y a ellos hay que pedir cuentas", recalca Nùria Bosch, catedrática de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona.
Santiago Lago, experto en financiación autonómica de la Universidad de Vigo, señala que en la formación de las comunidades autónomas ha habido "un mimetismo del aparato estatal más que discutible".
Y aboga por revisar si la dimensión de los órganos autonómicos está en sintonía con sus funciones. "A veces, no es tanto una cuestión de suprimirlos como de rebajar su rango administrativo", añade. (...)
"En el presupuesto de la Xunta, el Parlamento, el Consejo de Cuentas, el Consejo de la Cultura Gallega, el Consejo Económico y Social, el Defensor del Pueblo, el Consejo Consultivo y el resto de organismos apenas suponen el 0,5% de los gastos". (...)
"La descentralización en España ha sido muy positiva, aunque como ocurre en otros casos, hay errores que derivan de que no se ha hecho desde el principio una asignación clara de competencias a cada nivel administrativo, sino que se ha primado el reparto de ingresos", afirma. Un error de partida que, a juicio de Martínez-Vázquez, se evidencia sobre todo en los conflictos de competencias entre comunidades, diputaciones y ayuntamientos.
"En la descentralización española se ha dejado en la cuneta a las entidades locales, donde hay los mayores problemas de fragmentación y duplicidades", concluye. (...)
La catedrática de la UB también piensa que "el principal problema con las duplicidades está en el nivel local, donde los ayuntamientos han asumido gastos no obligatorios que no tienen cómo financiar".
Y agrega: "Cada pequeño ayuntamiento no tiene por qué tener una piscina cubierta o un centro para mayores, lo ideal sería fusionar municipios, pero eso en España no es realista, es mejor insistir en la gestión mancomunada".
Y en el disparadero vuelven a estar las instituciones provinciales: en País Vasco y Canarias el debate sobre qué hacer con diputaciones y cabildos vuelve a coger fuerza." (El País, 11/02/2011, p. 30/1)
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