"Un referéndum para un modelo de desarrollo alternativo
Francia va a tomar decisiones políticas decisivas durante el próximo año. Por un lado, una derecha nacionalista en pleno auge, cada vez más cercana a los círculos empresariales, y que pretende llegar al poder estigmatizando la inmigración y a los extranjeros. En su arsenal, referéndums contra los inmigrantes que permitan «devolver la voz al pueblo». Frente a esto, la izquierda titubea, vacila, se divide y se enreda. Para aclarar sus posiciones y unir sus fuerzas, la izquierda debe proponer la aprobación, mediante referéndum, de un impuesto de solidaridad nacional que grave a los multimillonarios y a los que poseen patrimonios de cientos de millones. Teniendo en cuenta el estado del debate y la magnitud de lo que está en juego, esta es la mejor manera de zanjar la cuestión. La derecha quiere devolver la palabra al pueblo en materia de identidad e inmigración. La izquierda debe hacer lo mismo, pero situándose en el terreno de la solidaridad y la justicia. Y demostrando, de paso, que el discurso antimigrantes del RN no es más que una fachada destinada a desviar la ira social y a defender a los más ricos.
Una propuesta de este tipo permitiría aclarar las opciones disponibles y situar la cuestión democrática en el centro de la campaña presidencial. En Francia no se ha celebrado ningún referéndum desde 2005 (algo inédito desde 1945). La crisis de los Chalecos Amarillos debería haber sido la ocasión para crear un auténtico referéndum de iniciativa ciudadana. No se ha hecho nada. Ha llegado el momento de confiar en los ciudadanos y devolverles la palabra sobre un tema que ocupa un lugar central en la historia del país desde 1789: la igualdad y el fin de los privilegios.
El texto sometido a referéndum podría inspirarse en el impuesto de solidaridad nacional (ISN) aprobado por la ordenanza del 15 de agosto de 1945. El ISN constaba de dos componentes: por un lado, un impuesto sobre los patrimonios más elevados en 1945, con un tipo que alcanzaba el 20 % para las mayores fortunas; y, por otro lado, una contribución excepcional sobre el enriquecimiento constatado entre 1938 y 1945, con un tipo que alcanzaba el 100 % para los aumentos patrimoniales más importantes.
El ISN versión 2027 propuesto por la izquierda para su aprobación mediante referéndum también podría constar de dos componentes: por un lado, un impuesto excepcional con un tipo del 50 % sobre los enriquecimientos superiores a 100 millones de euros entre 2017 y 2027; y, por otro lado, un impuesto anual y permanente con un tipo del 5 % sobre los patrimonios superiores a 100 millones y del 10 % a partir de 1 000 millones.
Los ingresos se situarían en torno a los 800 000 millones de euros (400 000 millones correspondientes al componente excepcional y 400 000 millones en 10 años para el componente permanente), lo que supone aproximadamente el 30 % del PIB. Esta cifra sigue siendo modesta en comparación con el Lastenausgleich alemán de 1952, un sistema de tributación excepcional de los patrimonios más elevados cuyos ingresos representaban el 60 % del PIB alemán de la época, a pesar de que las fortunas privadas eran mucho menos prósperas que en la Francia actual (el 250 % del PIB frente a más del 500 %). Para evitar cualquier elusión, el ISN se devengaría en proporción al número de años de residencia en Francia, de modo que el exilio fiscal no supondría un gran coste para el fisco (un contribuyente que se exiliara tras 60 años en Francia seguiría pagando 60/61 del impuesto que deben los residentes el primer año, 60/62 el segundo, etc.).
Esos 800 000 millones de euros serían aportados en forma de valores por los multimillonarios y los centimillonarios, y se invertirían en un fondo soberano que permitiría a los poderes públicos reorientar la inversión en función de las prioridades estratégicas del país, especialmente en el ámbito energético. Sobre la base de estos nuevos activos, Francia lanzaría un empréstito excepcional de 400 000 millones que permitiría financiar un ambicioso plan de inversión y contratación en los ámbitos de la formación, la investigación y la sanidad. Se trata de un nuevo contrato social, otro modelo de desarrollo, más soberano, más equitativo y más sostenible, sobre el que se celebraría este referéndum (véase el Global Justice Report: A Plan for Equality & Prosperity within Planetary Boundaries) . Todo lo contrario al modelo que nos proponen los multimillonarios y los tecnonacionalistas, cuyo único proyecto es cubrir el mundo de centros de datos y enriquecerse cada vez más, sin ninguna preocupación social ni medioambiental.
Habrá quien intente alegar que un impuesto de solidaridad nacional de este tipo sería jurídicamente imposible o inconstitucional. Este argumento resulta incomprensible desde el punto de vista histórico, ya que en Francia se aplicó un impuesto similar en 1945 (al igual que, por cierto, en numerosos países de Europa y en Japón para hacer frente a los retos de la posguerra, un periodo marcado por una elevada deuda y una gran necesidad de inversión pública, como ocurre hoy en día), y que ninguna modificación constitucional introducida desde entonces ha prohibido ni limitado la tributación progresiva del patrimonio. Por otra parte, el artículo 11 de la Constitución permite al presidente someter a los electores cualquier proyecto de ley relativo a «la política económica o social de la nación» (sin necesidad de aprobación parlamentaria previa). El artículo 34 precisa que la fijación de los tipos y las bases imponibles de todo tipo es competencia de la ley (y de nadie más). Si un presidente elegido, al proponer un referéndum de este tipo, activa el artículo 11 al día siguiente de su elección, será sencillamente imposible oponerse a ello desde el punto de vista democrático.
Por supuesto, se puede oponerse políticamente al ISN, por ejemplo, argumentando que las enormes desigualdades patrimoniales actuales son indispensables para hacer frente a los retos del futuro, o bien que un impuesto de este tipo sería deseable en teoría, pero fácilmente eludible en la práctica. Estos argumentos carecen de peso a la luz de los datos históricos disponibles, pero el debate es legítimo. Lo que es seguro es que hay que dejar de esconderse tras pseudoargumentos jurídicos y aceptar situar el debate en el terreno político, histórico, social y económico. Ese es el debate democrático al que tienen derecho los votantes."
(Thomas Piketty, blog, 23/06/26, traducción DEEPL)
