"El sistema fiscal español arrastra desde hace décadas deficiencias estructurales que hacen imprescindible una reforma de calado. Estas carencias se manifiestan en la insuficiencia crónica de recursos públicos, en la falta de equidad en la distribución de las contribuciones y en un diseño impositivo poco eficaz para incentivar comportamientos económicamente deseables —como la inversión productiva o la I+D+i— y desincentivar otros claramente contraproducentes, como las energías de origen fósil, el rentismo o los apartamentos turísticos. Libro Blanco, tras Libro Blanco, los diagnósticos y recomendaciones se reiteran con una persistencia casi «sisífica«, sin que el sistema llegue a converger completamente con los estándares fiscales europeos, manteniéndose en una situación de insuficiencia en buena medida asumida como normal. El resultado es un Estado estructuralmente infra financiado, con déficits recurrentes y un elevado endeudamiento público, así como una Agencia Tributaria carente de recursos suficientes, lo que favorece el fraude fiscal y la economía sumergida.
Uno de los problemas más evidentes es la insuficiente capacidad recaudatoria. El nivel de contribución fiscal (incluidas cotizaciones sociales) se situaba en 2023 en España 3,1 puntos del PIB por debajo de la Eurozona, que se elevan a 5 puntos si se compara con Italia y a 7,3 con Francia. Esto se traduce en decenas de miles de millones de euros que se dejan de ingresar cada año. Esta brecha limita de forma estructural la financiación de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, las pensiones, la atención a la dependencia, o la inversión pública, lo que dificulta a su vez resolver el infradesarrollo del tejido productivo y pone en riesgo afrontar con éxito la transición verde y la revolución digital, en particular, cuando en agosto de este año se dejen de recibir los fondos para la inversión procedentes del Next Generation EU y persista el bloqueo para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
A la falta de recaudación suficiente se suma una estructura tributaria poco progresiva y desequilibrada en el reparto de las contribuciones. En el IRPF -la figura impositiva que más ingresos genera y donde el 80% de la recaudación procede de las rentas del trabajo-, la tendencia recurrente a introducir rebajas fiscales en momentos de crecimiento económico ha debilitado la progresividad del impuesto y reducido su capacidad redistributiva. Estas decisiones, frecuentemente justificadas como estímulos al consumo o al crecimiento, tienen efectos permanentes sobre la recaudación y limitan el margen de actuación de las políticas públicas en momentos de crisis. Por el contrario, el gobierno de coalición ha llevado a cabo cambios equilibrados y reforzado la progresividad: ha reducido el IRPF a los perceptores de rentas del trabajo por debajo de los 21.000 euros, elevado el mínimo exento hasta el salario mínimo y aumentado el impuesto para las rentas más altas en la tarifa general y de las rentas del capital.
La imposición indirecta, por su parte, plantea importantes dilemas distributivos. El peso del IVA en la recaudación total es elevado y afecta de manera desproporcionada a los hogares con menor renta. Aunque este tipo de impuestos tiene ventajas en términos de estabilidad recaudatoria, su uso sin mecanismos compensatorios adecuados contribuye a reforzar la regresividad del sistema fiscal en su conjunto. Con este fin, está pendiente reducir al 4% el IVA de los suministros básicos del hogar (agua, luz, gas, basuras y alcantarillado) y elevar el IVA de la hostelería hasta el 21% para aprovechar nuestra ventaja competitiva en el turismo, terminando así con la importante transferencia de renta que anualmente se hace a los no residentes que veranean en nuestro país. Asimismo, para compensar parte de la regresividad de la imposición indirecta sería oportuno recuperar el impuesto sobre el lujo: mansiones, yates, jets, coches de alta gama, relojes, joyas, etc.
Especialmente crítica resulta la situación del Impuesto sobre Sociedades, cuya recaudación efectiva es muy inferior a la que cabría esperar de un impuesto diseñado para gravar los beneficios empresariales. La existencia de deducciones, compensaciones de bases negativas, regímenes especiales y esquemas de consolidación fiscal permiten que muchas grandes empresas tributen a tipos efectivos muy reducidos, generando una competencia fiscal desleal frente a las PYMEs. Este fenómeno no solo reduce los ingresos públicos, sino que distorsiona el funcionamiento del mercado y penaliza a quienes no pueden acceder a estos mecanismos. Aquí se ha avanzado adoptando un impuesto complementario que establece un suelo tributario del 15% para multinacionales y grandes empresas; se han aproximado los tipos efectivos de las grandes y las PYMEs, aunque rebajando los tipos de estas últimas lo que afecta a la suficiencia; y se introdujeron prestaciones patrimoniales sobre los beneficios extraordinarios de las empresas de la energía y banca consecuencia de la guerra de Ucrania. No obstante, su proceso de conversión en impuestos terminó con la cancelación del primero y la rebaja del segundo.
La imposición sobre la riqueza es muy baja en Europa (2,3% del PIB) al igual que sobre las empresas. Aquí el economista Gabriel Zucman ha propuesto un impuesto adicional del 2% sobre el patrimonio a los superricos. En este apartado, el gobierno de coalición ha introducido un impuesto de solidaridad a las grandes fortunas que ha permitido recaudar 1.000 millones de euros adicionales y ha supuesto un límite a la competencia fiscal entre comunidades autónomas. Está pendiente completar este esquema con un impuesto sobre las grandes herencias que tenga el mismo efecto sobre las sucesiones y donaciones.
A estos problemas se añaden los retos derivados de la transición ecológica y la digitalización de la economía. La fiscalidad medioambiental y los nuevos impuestos sobre actividades digitales se presentan como instrumentos necesarios, pero su diseño actual resulta insuficiente o problemático. Una fiscalidad verde mal planteada puede trasladar los costes de la transición a los hogares más vulnerables sin compensaciones (impuesto al diésel), mientras que los gravámenes sobre la economía digital no han logrado corregir de forma efectiva la baja tributación de las grandes multinacionales tecnológicas (impuesto sobre determinados servicios digitales).
En definitiva, el sistema fiscal español -aun siendo moderno-, adolece de una combinación de insuficiencia en la recaudación, progresividad mejorable y falta de beligerancia para combatir comportamientos antieconómicos. La ausencia de una reforma integral perpetúa un modelo que no recauda todo lo que debería y es mejorable en la distribución de las contribuciones, lo que genera desconfianza ciudadana. Afrontar esta reforma no es solo una cuestión técnica, sino una decisión política clave para garantizar la cohesión social, la sostenibilidad del Estado del Bienestar y el progreso y estabilidad económica a largo plazo. Desgraciadamente, la composición actual del Parlamento seguirá aplazando su reforma siempre pendiente."
(Carlos Martín Urriza , La discrepancia, 05/02/26)
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