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7.7.26

El cambio en la estructura de la propiedad que está ocurriendo en España.... "Quién paga y quién recibe 28.000 millones de euros en alquileres cada año en España"... el objetivo es evidente: desposeer a las mayorías de sus viviendas habituales para que todos terminemos siendo inquilinos para siempre... España tiene muchos más inquilinos y que pagan mucho más a sus propietarios que hace 15 años... La tendencia es a una concentración progresiva de vivienda en pocas manos, que irá a más para que dentro de 15 años el 40% de españoles viva en régimen de alquiler... Es la consecuencia directa de haber convertido la vivienda en un activo financiero del que extraer lucro sin trabajar... Una nueva forma de dominación social también, que impide construir nada a largo plazo. La única alternativa es que la vivienda sea un Derecho (Alejandro Pérez Polo)

Alejandro Pérez Polo @alejperez_

Nadie quiere ver lo más relevante de este estudio: el cambio en la estructura de la propiedad que está ocurriendo en España. 

Es un proceso largo, que tardará dos décadas más, pero el objetivo es evidente: desposeer a las mayorías de sus viviendas habituales para que todos terminemos siendo inquilinos para siempre. 

Nos entretienen con brechas generacionales y "falta de oferta", pero hay algo mucho más profundo en marcha y que es la tendencia imparable: España tiene muchos más inquilinos y que pagan mucho más a sus propietarios que hace 15 años. 

La tendencia es a una concentración progresiva de vivienda en pocas manos, que irá a más para que dentro de 15 años el 40% de españoles viva en régimen de alquiler. 

Es la consecuencia directa de haber convertido la vivienda en un activo financiero del que extraer lucro sin trabajar. 

Una nueva forma de dominación social también, que impide construir nada a largo plazo. La única alternativa es que la vivienda sea un Derecho.

"La gran transferencia: quién paga y quién recibe 28.000 millones de euros en alquileres cada año en España" (Ainhoa Díez / Raúl Sánchez , eldiario.es, 05/07/26) 


2:40 p. m. · 6 jul. 2026 ·11,9 mil Visualizaciones

11.6.26

Abaratar el coste de la vivienda un 30% supondría un impulso en la demanda agregada de 25 mil millones de euros y la creación potencial de 410.000 empleos en 5 años Esto equivaldría al 20% del empleo neto creado en los últimos 5 años... El rentismo no solo tiene graves efectos sociales sino que lastra la actividad económica y la creación potencial de empleo... la rentabilidad de la inversión en vivienda es un 52% superior a la inversión productiva empresarial Y crea el incentivo perverso de que es más rentable extraer renta que realizar inversiones productivas, que generan actividad y empleo... Para las familias supone una fuerte extracción de renta, que echa por tierra las subidas salariales, aboca a muchos hogares a no llegar a fin de mes y limita a nivel macroeconómico la demanda agregada… limitando por tanto el crecimiento económico y la creación de empleo (Natalia A.)

Natalia A. @NatMingus

El rentismo no solo tiene graves efectos sociales sino que lastra la actividad económica y la creación potencial de empleo 

La vivienda siempre ha sido la forma predilecta de ahorro y se considera una forma de inversión segura y rentable a largo plazo. Los datos confirman que invertir en vivienda en España es muy rentable, más rentable que cualquier inversión alternativa, productiva o financiera 

 De hecho, a largo plazo, la rentabilidad de la inversión en vivienda es un 52% superior a la inversión productiva empresarial  Y crea el incentivo perverso de que es más rentable extraer renta que realizar inversiones productivas, que generan actividad y empleo.

 Para las familias supone una fuerte extracción de renta, que echa por tierra las subidas salariales, aboca a muchos hogares a no llegar a fin de mes y limita a nivel macroeconómico la demanda agregada… …limitando por tanto el crecimiento económico y la creación de empleo

 Según nuestras estimaciones, abaratar el coste de la vivienda un 30% supondría un impulso en la demanda agregada de 25 mil millones de euros y la creación potencial de 410.000 empleos en 5 años Esto equivaldría al 20% del empleo neto creado en los últimos 5 años

 Todos los detalles los tenéis en el estudio completo

 https://estudios.ccoo.es/2df9fb4a180824df4b476fdea19b92fa000001.pdf

9:32 a. m. · 24 jun. 2025 ·48 mil Visualizaciones

6.5.26

La Costa del Sol del narcotráfico... se ha extendido lo que ya parece un mal sistémico, el crimen organizado. El número de bandas organizadas se ha multiplicado en un territorio que ya no da para más... Hay armas de guerra en cualquier sitio. ¿En qué momento se ha dejado prosperar todo esto? Es un grave problema a nivel económico y social que no se afronta con decisión: solo la policía hace su trabajo y con eso no es suficiente... por ejemplo, la alcaldesa Ángeles Muñoz (PP) en Marbella, con su hijastro y su marido —ya fallecido— envueltos en un caso de blanqueo de capitales y narcotráfico, sin que haya mermado su popularidad

"Hace 20 años Marbella saltó por los aires. Desde entonces, nada es lo mismo en la Costa del Sol. La Operación Malaya contra la corrupción urbanística acabó con un sistema de incumplimiento sistemático de la legalidad que nació con la llegada de Jesús Gil a la alcaldía y acabó con la detención de un centenar de personas. Aquel trabajo policial supuso la disolución del Ayuntamiento, primera y única vez que esto ha sucedido en democracia. También un antes y un después para todo el litoral malagueño, que dos décadas más tarde ha conseguido liberarse de la imagen de corrupción, pero se enfrenta a nuevos retos ante un crecimiento que parece infinito. Entre ellos, la escasez de recursos naturales, los problemas de movilidad o el crimen organizado. De fondo, la falta de vivienda y la masificación turística, que va ya mucho más allá del verano en estos casi 150 kilómetros de urbanización continua donde viven 1,3 millones de personas. Y cuyo nuevo centro de gravedad se ha desplazado hacia Málaga, paradigma de este litoral.

Hoy en el Consejo Consultivo de Andalucía, el abogado Diego Martín Reyes fue el elegido hace dos décadas para presidir la comisión gestora que puso orden —en la medida de lo posible— en el Consistorio marbellí. “Malaya corrigió Marbella y provocó que actuaciones similares en ayuntamientos cercanos fuesen descubiertas y enjuiciadas”, recuerda. Ciudades como Estepona, Manilva o Ronda se vieron salpicadas en grandes tramas corruptas, que con el paso de los años han ido desapareciendo de los titulares. “La operación supuso una catarsis en los poderes públicos, un punto de inflexión; pero tengo dudas de que no sigan ocurriendo irregularidades”, advierte Diego Vera, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas en Gobierno y Territorio (I-INGOT) de la Universidad de Málaga (UMA), quien trabaja, de hecho, en analizar si hoy hay otras fórmulas de corrupción urbanística que pasen desapercibidas. “Entonces era todo muy burdo, con tonadilleras, futbolistas y bolsas de basura llenas de dinero. Ahora no sabemos si se están produciendo corruptelas más sutiles”, apunta. “O puede que funcione todo bien, es lo que queremos saber”, cuenta quien fue uno de los redactores del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental, que pretendía poner orden al urbanismo en la zona pero acabó tumbado por el Tribunal Supremo porque la Junta de Andalucía no emitió el informe sobre impacto de género.

El documento se empezó de nuevo y aún hoy no ha sido aprobado. “Tuvimos un momento donde los criterios de ordenación territorial se agudizaban, pero ahora vuelven a estar adormecidos. Si miras al litoral es todo un desastre, con problemas gravísimos” advierte Vera, que cree que la disrupción se produce porque cada municipio va a lo suyo y porque lo privado avanza a toda velocidad buscando rentabilidad, mientras lo público va detrás intentando dar servicios, pero de forma más lenta —para cumplir la legalidad— y sin tantos recursos. “El urbanismo devorador es lo que más ha marcado a la Costa del Sol en su historia reciente”, recalca Librada Moreno, portavoz de Ecologistas en Acción en Mijas, que a sus 56 años lleva desde los 16 implicada en la defensa del medioambiente. “Se ha esquilmado todo”, lamenta quien, además, pone el acento en la crisis climática y la escasez de recursos naturales de este territorio, como ha demostrado la reciente sequía, que puso en jaque al turismo y mantuvo a buena parte de su población con restricciones y cortes de agua durante dos años.

De la vivienda al narcotráfico

Más allá del daño al medio ambiente, las consecuencias del crecimiento infinito del hormigón son evidentes, sobre todo en verano. A un lado, la movilidad. Basta con subir al coche para encontrarse con la A-7 colapsada y una AP-7 de pago que nadie ve como una solución, ni siquiera si dejaran de cobrar peaje. El Cercanías —saturado, aunque en proceso de desdoblamiento— solo llega hasta Fuengirola dejando a Marbella como única gran ciudad sin ferrocarril y el ambicioso tren litoral que apenas ha avanzado en 20 años a pesar de los cambios de gobierno estatales y autonómicos. Al otro lado, la escasez de vivienda, una paradoja porque a simple vista es fácil ver decenas de grandes grúas construyendo miles de pisos en todo el litoral año a año. “Pero la mayoría son para el turismo, segundas residencias y, sobre todo, inversión” asegura Fernando Almeida, profesor de Geografía en la Facultad de Turismo de la UMA, quien expone cómo en el litoral malagueño el urbanismo y el turismo “van de la mano”. “La confianza del inversor es hoy mayor precisamente porque Marbella fue obligada a limpiar su casa de forma pública y ejemplar”, destaca Christopher Glover, máximo responsable de Panorama Properties. Como consecuencia, el mercado marbellí está desbocado, situación que ha contagiado a municipios cercanos como Estepona y Benahavís.

Ahí merece la pena hacer un apunte porque en esas localidades también se ha extendido lo que ya parece un mal sistémico: el crimen organizado. El número de bandas organizadas se ha multiplicado en un territorio que ya no da para más. Esa competencia es el origen de los múltiples tiroteos que se producen cada año. “Viene de los años 70 y 80, mucho antes de Malaya, pero ahora se ha complicado más. Es un grave problema a nivel económico y social que no se afronta con decisión: solo la policía hace su trabajo y con eso no es suficiente”, indica Alejandra Gómez-Céspedes, criminóloga que coordinó la Oficina contra la Droga y el Crimen Organizado de la ONU, quien advierte lo que muchos investigadores: la posibilidad de que un día las balas equivoquen su camino y haya víctimas colaterales. “Hay armas de guerra en cualquier sitio. ¿En qué momento se ha dejado prosperar todo esto?”, se pregunta.

Turismo sin límites

Los ajustes de cuentas apenas tienen influencia sobre esa gran actividad transversal y origen de la Costa del Sol, el turismo, que generó 21.811 millones de euros en 2025, según los datos de la Diputación, que dicen que en este litoral hay 650.000 plazas en 87.500 alojamientos, 84.000 de ellos pisos turísticos, agravando la crisis habitacional. “El destino es indestructible, pero ya no tiene mucho más margen para crecer. O no debería tenerlo si no quiere terminar de reventar el territorio”, avisa Germán Ortega, profesor en la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y miembro del Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo (IATUR), quien pone como gran protagonista de la turistificación a la capital, la que más sufre sus consecuencias en la actualidad. “Hace 20 años la ciudad era un vacío, pero el turismo ha entrado de manera disruptiva, poniendo todo patas arriba y cambiando la ciudad para lo bueno y lo malo”, afirma.

Su colega Alfonso Cerezo, también del IATUR, subraya cómo la política malagueña tiene cada vez discursos centrados en primar la calidad del turismo frente a la cantidad —traducida principalmente en mayor gasto y menos viajeros— pero luego celebran que la Costa del Sol bata récords año a año. Sin ir más lejos, el año pasado registró su mejor cifra histórica con 14,6 millones de visitantes y el aeropuerto de Málaga también se superó a sí mismo alcanzando los 26,7 millones de viajeros. “Y no podemos crecer siempre”, insiste. Cerezo celebra, eso sí, que cada vez más ayuntamientos llaman a la puerta del IATUR en busca de investigaciones y generación de conocimiento que sirva de base para elaborar planes estratégicos de turismo, también consultando a la ciudadanía, en busca de soluciones y equilibrio. Marbella, Mijas o Torremolinos ya lo han hecho. “Antes eso nunca se hacía y es una buena noticia”, añade el investigador. “El problema está en que por muchas normas que pongas, la economía, el mercado, siempre encuentra cómo superarlas”, advierte Fernando Almeida y se comprueba ante la creciente turistificación y gentrificación de la capital y otras muchas zonas del litoral.

Esos tres municipios mencionados tienen, además, otro punto en común: están gobernados por el Partido Popular y ocurre lo mismo en todos los que componen la Costa del Sol occidental y oriental —a excepción de Manilva, donde gobierna el partido local Compromiso Manilva— en muchos casos con mayorías sólidas. “Tras Malaya se produjo una clara derechización del litoral por varias razones. La principal, que el PSOE ya estaba desgastado en la Junta de Andalucía y la derecha fue ganando posiciones en los municipios desde una postura tranquila, sin radicalismos, como predica Juan Manuel Moreno Bonilla. Esa forma de hacer convence, más allá de los resultados de sus políticas”, explica Ángel Valencia, catedrático de Ciencias Políticas en la UMA.

Valencia señala, además, cómo muchos de estos ayuntamientos tienen salud de hierro con alcaldes que parecen intocables. Pase lo que pase. Habla de José María García Urbano (PP), salpicado por varios casos judiciales que no desgastan su liderazgo en Estepona; o Ángeles Muñoz (PP) en Marbella, con su hijastro y su marido —ya fallecido— envueltos en un caso de blanqueo de capitales y narcotráfico, sin que haya mermado su popularidad desde que se hiciera con el cargo, tras Malaya, en 2007, salvo un paréntesis de dos años. Destaca, además, una izquierda “que muestra cierta incapacidad de recuperar la iniciativa política”. “No genera líderes convincentes, pero tampoco discursos o programas ilusionantes”, indica. Un caso claro, en su opinión, es el de Daniel Pérez en la capital, que no ha sabido conectar con la ciudadanía a pesar del grave problema de vivienda de Málaga o la turistificación, que podrían haber hecho tambalear al alcalde, Francisco de la Torre. “La clase media ha progresado y cree que la derecha protege mejor sus intereses económicos que uno de izquierdas, aunque puede no ser cierto”, concluye Diego Martín Reyes con el recuerdo de Malaya aún muy presente." 

(Nacho Sánchez , El País, 05/05/26)  

24.4.26

La política de vivienda solo genera frustración... solo la intervención decidida en el mercado a corto plazo, la supresión de las ventajas fiscales a las Socimis, la construcción modular masiva y la imposición de impuestos sobre el suelo ocioso pueden provocar un cambio de rumbo en el mercado de la vivienda... la política de vivienda es una materia competencia exclusiva de las CCAA, pero este Gobierno ha intentado suplantar la inacción de las mismas con la creación de un Ministerio de Vivienda e iniciativas legislativas ( la Ley de Vivienda, la dotación de un fondo específico para la construcción de inmuebles, un PERTE de vivienda industrializada y, ahora, el último Plan de Vivienda)... Todas estas iniciativas han fracasado... las CCAA, verdaderas responsables de la política de vivienda, solo se han dedicado a poner trabas a las iniciativas gubernamentales, eso sí, cogiendo los fondos que les transfiere el Estado, pero utilizándolos de forma torticera, como Madrid... su denostado Plan Vive solo ha podido entregar 5.000 viviendas, de ínfima calidad, y con precios, en algunos casos, que superan los 1.000€/mes de alquiler... las propias CCAA han boicoteado la puesta en marcha del bono alquiler joven... Las cifras de incremento de precios de alquiler y compra no dejan de crecer, restando brillo a las buenas cifras macroeconómicas y comiéndose gran parte de las mejoras salariales, lo que obliga a miles de compatriotas a tener que vivir en pisos y habitaciones compartidas... la normativa sobre Socimis no ha sido derogada, los grandes fondos siguen haciendo acopio de propiedades en gran parte de barrios de las grandes ciudades... la formación de precios en base a las expectativas de mercado hace imposible el control real de precios, incluso en el supuesto de que la Ley de Vivienda se cumpliera... Los grandes lobbies del sector inmobiliario obtienen suelos gratis, como en Madrid, para hacer vivienda protegida, sabiendo que podrán desclasificarla en pocos años para hacer caja... el nuevo Plan de Vivienda apenas aporta nada estructural al trágico problema que nos asola (Alejandro Inurrieta)

 "Lo que sigue siendo una asignatura pendiente en España es tratar a la vivienda como bien de uso y no como bien de inversión, asignatura ya perdida para siempre, porque el germen de especulación y formación de precios en base a las expectativas de mercado hace imposible el control real de precios

El Gobierno de Pedro Sánchez, al igual que las CCAA, vive instalado en anuncios en materia de vivienda, con cifras mareantes de supuestas nuevas viviendas, pero a la postre el ciudadano solo ve especulación, inflación de precios, desahucios y expulsión de vecinos en los barrios de las grandes ciudades. 

Es cierto que la política de vivienda es una materia competencia exclusiva de las CCAA, pero este Gobierno ha intentado suplantar la inacción de las mismas con la creación de un Ministerio de Vivienda y una serie de iniciativas legislativas, como la Ley de Vivienda, la dotación de un fondo específico para la construcción de inmuebles, un PERTE de vivienda industrializada y, ahora, el último Plan de Vivienda de la legislatura.  

Todas estas iniciativas han fracasado en el objetivo de favorecer el acceso a una vivienda accesible en alquiler para grandes colectivos, jóvenes, familias vulnerables, entre otros, dado que el parque de vivienda pública en alquiler sigue siendo magro y no tiene visos de alcanzar la media europea, un 9%, al finalizar el periodo legislativo actual.

Hay que reconocer que las CCAA, verdaderas responsables de la política de vivienda, solo se han dedicado a poner trabas a las iniciativas gubernamentales, eso sí, cogiendo los fondos que les transfiere el Estado, pero utilizándolos de forma torticera, como el caso de Madrid. En esta CCAA, el denostado Plan Vive solo ha podido entregar 5.000 viviendas, de ínfima calidad, con graves desperfectos, y con precios, en algunos casos, que superan los 1.000€/mes de alquiler. Adicionalmente, los umbrales de renta los han elevado hasta 60.000€/año, por lo que, al igual que en Alicante, se han beneficiado colectivos en absoluto necesitados. 

El otro frente político que ha dejado inerte la política de vivienda del Gobierno central ha sido la declaración de zonas tensionadas. Solo Cataluña y, parcialmente, Navarra o Euskadi y alguna ciudad gallega, han puesto en marcha los mecanismos de control de precios de alquiler con resultados muy pobres, lo que genera una sensación de frustración en amplias capas de la población. A esto se une también que las propias CCAA han boicoteado la puesta en marcha del bono alquiler joven, de modo que miles de personas no pueden disfrutar del mismo, por incapacidad y mala fe de los gobiernos autonómicos.    

Las cifras de incremento de precios de alquiler y compra no dejan de crecer, restando brillo a las buenas cifras macroeconómicas y comiéndose gran parte de las mejoras salariales, lo que obliga a miles de compatriotas a tener que vivir en pisos y habitaciones compartidas, o en caravanas, como les pasa a muchos funcionarios públicos en Baleares y otras localizaciones.

Frente a toda esta energía vacía de contenido real, la realidad legislativa es que la normativa sobre Socimis no ha sido derogada, los grandes fondos siguen haciendo acopio de propiedades en gran parte de barrios de las grandes ciudades, ya incluso llegado a los de renta más baja. Esta intrusión en el tejido poblacional está dejando a los distintos ejecutivos sin margen de actuación y sin que la política de construcción masiva, que nunca llega, pueda ya influir en la distribución y fijación de población en buena parte del país. 

Lo que sigue siendo una asignatura pendiente en España es tratar a la vivienda como bien de uso y no como bien de inversión, asignatura ya perdida para siempre, por lo que el germen de especulación y formación de precios en base a las expectativas de mercado hace imposible el control real de precios, incluso en el supuesto de que la Ley de Vivienda se cumpliera.

Los grandes lobbies del sector inmobiliario, han penetrado en los distintos ejecutivos regionales, pero también en el central, y ya son dueños de las tendencias en materia de vivienda, obteniendo suelos gratis, como en Madrid, para hacer vivienda supuestamente protegida, sabiendo que podrán desclasificarla en pocos años para hacer caja. En el mercado de la vivienda, la ley de oferta y demanda no funciona, dado que es la demanda la mueve los precios al alza en un contexto de oferta rígida que ningún Plan de Vivienda puede alterar. El nuevo Plan de Vivienda anunciado, dotado con 7.000 millones, podría en el mejor de los casos añadir al parque unas 95.000 viviendas nuevas, cifra ridícula ante las necesidades reales, que el Banco de España cifra en unas 650.000. Y muy por debajo de los siete millones de viviendas públicas que nos llevarían a tener un 30% de vivienda social y emular las mejores prácticas europeas. 

Este grado de frustración social con la política de vivienda, que explica gran parte de la desazón hacia la política, no va a desaparecer con el nuevo Plan de Vivienda, que, por otra parte, es un vehículo de financiación que lleva con nosotros muchos años. Apenas hay novedades, salvo el incremento del bono de alquiler para jóvenes -que seguirá frustrando a los potenciales adjudicatarios-, una dotación presupuestaria mayor para las CCAA, y una cláusula anti especulación que el Ejecutivo sabe que no se va a cumplir porque el Tribunal Constitucional ya se ha encargado de delimitar quiénes tienen las competencias en materia de clasificación de vivienda pública.     

Mientras todo esto ocurre, los grandes proyectos como la Operación Campamento de Madrid siguen languideciendo y dando la razón a quienes pensamos que solo la intervención decidida en el mercado a corto plazo, la supresión de las ventajas fiscales a las Socimis, la construcción modular masiva y la imposición de impuestos sobre el suelo ocioso pueden provocar un cambio de rumbo en el mercado de la vivienda.   

En resumen, el nuevo Plan de Vivienda apenas aporta nada estructural al trágico problema que nos asola. La especulación y la vivienda como bien de inversión han ganado la batalla y así lo reconocen en privado la cantidad ingente de rentistas que cada vez más han colonizado gran parte de la población en España, muchos de ellos y ellas sentados en el Congreso, en los Parlamentos y también en el Consejo de Ministros." 

Alejandro Inurrieta, eldiario.es, 23/04/26)

6.4.26

Hemos entrado en un nuevo paradigma económico donde cada vez importa menos producir o trabajar y cada vez más controlar activos como viviendas. La vivienda ya no funciona solo como un lugar para vivir: se ha convertido en el gran motor de acumulación de riqueza y desigualdad... Es el paradigma rentista... quienes más acceden a esa financiación no son tanto los hogares, sino los grandes fondos y los patrimonios más altos... El rentismo no produce, redistribuye hacia arriba riqueza ya creada... Y esto tiene consecuencias políticas y sociales muy profundas. Cada vez más jóvenes estudian, trabajan y aun así no pueden emanciparse. Eso genera frustración, desafección y conflicto social (Javier Gil )

Javier Gil @Gil_JavierGil

1/ Hemos entrado en un nuevo paradigma económico donde cada vez importa menos producir o trabajar y cada vez más controlar activos como viviendas. La vivienda ya no funciona solo como un lugar para vivir: se ha convertido en el gran motor de acumulación de riqueza y desigualdad

 Hoy el beneficio depende menos del empleo o de la economía real y más de tener una vivienda, acciones o deuda bajo la expectativa de que seguirán subiendo. Eso es lo que llamo paradigma rentista.

 Este modelo se sostiene sobre tres elementos: liquidez masiva desde 2008, tipos de interés bajos y exceso de deuda pública. Y buena parte de ese dinero ha terminado refugiándose en los mercados inmobiliarios.

 A diferencia de la burbuja anterior, hoy quienes más acceden a esa financiación no son tanto los hogares, sino los grandes fondos y los patrimonios más altos.

 El problema es que cuando la vivienda se convierte en un activo especulativo deja de cumplir su función social. Los alquileres absorben renta que ya no se gasta en comercio, cultura, ocio o bienestar.

 La economía productiva genera riqueza, empleo y actividad. El rentismo no produce: redistribuye hacia arriba riqueza ya creada.

Por eso la desigualdad ya no depende solo de los salarios. Cada vez depende más del patrimonio inmobiliario y de quién tiene activos y quién no.

 Y esto tiene consecuencias políticas y sociales muy profundas. Cada vez más jóvenes estudian, trabajan y aun así no pueden emanciparse. Eso genera frustración, desafección y conflicto social.

 No estamos ante una anomalía pasajera, sino ante un cambio de modelo. Y mientras la prioridad siga siendo sostener el precio de los activos, el problema de la vivienda seguirá agravándose.

Entrevista completa en @el_pais a proposito del libro "Generación inquilina".

https://elpais.com/economia/negocios/2026-04-05/javier-gil-investigador-del-csic-hay-una-burbuja-del-alquiler-que-se-intenta-sostener-con-intervencion-politica.html

9:06 a. m. · 6 abr. 2026 ·7.526 Visualizaciones

31.12.25

2025, el año de la vivienda impagable... La crisis de la vivienda impagable y la parálisis del Gobierno central han marcado el año y complican las expectativas electorales del PSOE y de los partidos de izquierda... La ley que impulsan los sindicatos de inquilinos para regular los alquileres de temporada y por habitaciones ha sido rescatada después de un año de olvido en los cajones del Congreso y se votará a principios de año... Desde las organizaciones del movimiento de vivienda y los partidos a la izquierda del PSOE apuestan por una intervención generalizada del mercado de vivienda, que comience por la congelación de los 600.000 contratos que vencen este año para evitar subidas abusivas y que continúe con la prohibición de los alquileres turísticos y de la compra con fines especulativos, así como una apuesta real por un parque público de vivienda (Martín Cúneo)

"A finales de 2024, la vivienda se convirtió en el principal problema de la población según el CIS y así se mantuvo durante todo 2025. En el último barómetro de diciembre, el 39,9% de la población consideró que la vivienda era un problema de primer orden, y el 19% la definió como “el principal problema” de España. La migración, que la extrema derecha insiste en presentar como una amenaza, aparece en un distante 3,7%.

Los datos avalan esta preocupación generalizada. En 2025, el precio de la vivienda ha aumentado un 13,1% según los datos de la sociedad de tasación Tinsa. Unas cifras que se elevan hasta el 19,6% en la Comunidad de Madrid y el 15,9% en el País Valencià. Según esta agencia, el año terminará con un volumen aproximado de 550.000 compraventas, todavía 200.000 por debajo de las cifras de 2007. Aún así, con cerca de 60.000 ventas mensuales, los datos triplican los de los últimos 15 años. Según Idealista, el precio de la vivienda ha superado el pico previo al estallido de la burbuja inmobiliaria: en 2007, el metro cuadrado en España llegó a los 2.100 euros; en noviembre del 2025, ya había superado los 2.600. En Madrid y Barcelona, el precio es el doble: comprar un piso de 80 metros cuadrados cuesta más de 450.000 euros de media.

En 1987, un joven necesitaba tres años de sueldo para comprar un piso. En 2025, según el Banco de España, un joven necesitaría 14 años de salario completo. “Matemáticamente es imposible que los jóvenes, en ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga compren un piso”, señalaba el investigador y activista Javier Gil.

Pese a las semejanzas, también hay grandes diferencias con respecto a la anterior crisis de vivienda. Una de las principales es que en 2025 la mitad de las transacciones se realizó con pagos al contado, sin necesidad de hipoteca, un desembolso a tocateja solo al alcance de empresas, sectores de renta media-alta o con una alta capacidad de ahorro familiar.

El sector inmobiliario se resiste a hablar de pinchazo o de burbuja, aunque admite que el mercado está en “un escenario de demanda próxima a máximos”. Esto no quiere decir que el precio de la vivienda vaya a bajar, predicen desde Tinsa, sino que crecerá de forma más moderada, entre un 5% y un 10% en 2026.

Esta “desaceleración” también se ha comenzado a observar en el mercado del alquiler, con un alza interanual del 0,7% en noviembre, la más baja de los últimos 46 meses, según Fotocasa. Esta inmobiliaria habla de la “subida más moderada del año”, de un “posible punto de inflexión” y de un mercado del alquiler que “podría estar cerca de alcanzar su punto máximo” después de años de cifras récord.

Fotocasa pronostica que este cambio de tendencia puede ofrecer “un respiro en plena crisis de sobreprecios”, aunque a continuación reconoce que un piso de 80 metros cuadrados en Barcelona cuesta de media unos 1.752 euros mensuales y en Madrid unos 1.652 euros.

La crisis de la vivienda impagable y la parálisis del Gobierno central han marcado el año y complican las expectativas electorales del PSOE y de los partidos de izquierda que participaron en sucesivos gobiernos de coalición. Frente a la inacción de los distintos gobiernos, el movimiento de vivienda ha sabido reaccionar con gigantescas manifestaciones y algunas grandes victorias en las calles, los juzgados y en las instituciones.

La gran manifestación del 5 de abril y lo que vino después

El 5 de abril, cientos de miles de personas salieron a las calles de más de 40 ciudades del Estado español para reclamar por el derecho a la vivienda, la última gran movilización del ciclo de protesta que se inició en abril de 2023 con las grandes marchas contra la turistificación y la especulación inmobiliaria. En Catalunya, cinco días después de la manifestación en Barcelona, que reunió a más de 100.000 personas, el Gobierno del PSC llegó a un acuerdo con ERC, Podem y las CUP para aprobar la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, una normativa impulsada por el Sindicat de Llogateres (sindicato de inquilinos) que pretende tapar uno de los principales agujeros que dejó la ley de vivienda de 2023. El 18 de diciembre, el Parlament catalán aprobó la ley por la que los alquileres de temporada y de habitaciones deben cumplir los topes de precio de las zonas tensionadas y respetar los derechos de los inquilinos recogidos en la ley estatal de alquileres.
Qué pasa con la ley de vivienda

Catalunya es la comunidad donde más lejos ha llegado la aplicación de la ley de vivienda, con 271 localidades reconocidas como tensionadas. En este territorio, los precios del alquiler regulado bajaron el primer año un 4,7%, según el Institut Català del Sòl (Incasol). En la ciudad de Barcelona, la reducción del precio llegó al 8,9%. Sin embargo, estas cifras muestran solo una parte de la realidad: no incluyen los alquileres de temporada y por habitaciones, que no están regulados por la ley de vivienda. Y esto es un problema, porque este tipo de contratos se disparó tras la aplicación de los topes a los precios: en noviembre de este año ya suponían uno de cada cuatro nuevos contratos en Barcelona. En 2026 se verá el resultado de la entrada en vigor de las nuevas leyes que quitan incentivos a los contratos temporales o por habitaciones —por ahora solo en territorio catalán— y obligan a regularizar los alquileres turísticos.

Además de Catalunya, en 2025 decenas de localidades de otras comunidades se sumaron al listado de zonas de alquiler tensionado. En Navarra, el 30 de julio se unían Iruña, Tudela, Eguesibar, Burlata, Barañain, Zizur Mayor, Lizarra, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Antsoain, Atarrabia, Corella, Elortzibar, Cintruénigo, Baztan, Alsasua, Uharte, Berriobeiti, San Adrián y Azkoien.

También en julio, la ciudad gallega de A Coruña era declarada zona tensionada y se convertía en la única localidad que ha conseguido obtener el visto bueno de una autoridad autonómica en manos del PP para aplicar los topes de precio de la ley de vivienda.

El 31 de octubre de 2025, también se declaraban como zonas tensionadas los municipios de Bilbao, Astigarraga, Usurbil y Vitoria-Gasteiz. Se sumaban así a otros municipios del País Vasco que ya habían concluido los trámites para establecer topes a los precios del alquiler, como es el caso de Donostia, Galdakao, Lasarte-Oria, Zumaia, Irun y Errenteria.

En febrero de 2025, el Gobierno de Asturias (PSOE-IU) anunció que se tramitaría “inmediatamente” la declaración de 16 zonas tensionadas en los concejos de Gijón, Avilés, Llangréu, Llanes, Gozón y Cabrales. A finales de año, esta declaración, que dejaría fuera Oviedo y la mayoría de Gijón —solo dos barrios de esta ciudad serían declarados tensionados—, todavía no tiene fecha aunque se espera para mediados de 2026.
El boicot autonómico, sí, pero no solo

La declaración de A Coruña como zona tensionada es una excepción incluso dentro de Galicia, donde la Xunta ha impedido la misma tramitación para Santiago de Compostela. Las solicitudes de Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada, Parla y Ciempozuelos en la Comunidad de Madrid o Las Palmas de Gran Canaria han sido desestimadas por los Gobiernos autonómicos del Partido Popular. Tanto la Comunidad de Madrid como Andalucía, el País Valencià, Baleares, La Rioja, Extremadura y la Región de Murcia han rechazado de raíz la aplicación de los topes a los precios del alquiler. Grandes manifestaciones, como la del 9 de febrero en Madrid, mostraron el rechazo ciudadano al boicot del PP a la ley de vivienda. Pero el boicot también ha venido del Gobierno socialista de Castilla La Mancha, liderado por Emiliano García-Page, quien ha criticado en numerosas ocasiones el “intervencionismo” de la ley de vivienda.

Las competencias transferidas a las autonomías han dificultado o impedido la aplicación de la ley de vivienda, pero las principales organizaciones sociales —la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), los sindicatos de inquilinos y las asambleas barriales— también han acusado al PSOE central y al Ministerio de Vivienda de lentitud, medidas insuficientes, inacción o, incluso, de operar en favor de los intereses de los fondos de inversión y el lobby inmobiliario. 

De la Sareb a Casa 47

La ley de vivienda suspendía los desahucios de familias vulnerables entre dos y cuatro meses hasta que se encontrara una alternativa habitacional. La falta de parque público —actualmente el 3,4% del total de viviendas— es el principal obstáculo para que los artículos que hablan de desahucios en ley de vivienda se puedan aplicar.

El 9 de diciembre iniciaba su andadura la empresa pública estatal de vivienda, bautizada Casa 47, con un patrimonio de 40.000 pisos, la mayoría de ellos traspasados de los restos de la Sareb y también de los Ministerios de Defensa e Interior. También contará con 2.400 suelos con capacidad para construir otras 50.000 viviendas. 

La creación de una entidad pública con el patrimonio de la Sareb se había convertido en una de las principales reivindicaciones del movimiento de vivienda y de los partidos de la izquierda parlamentaria que sostienen al PSOE en La Moncloa. Sin embargo, el hecho de que el traspaso se haya realizado cuando ya se había vendido la mayoría de las viviendas del banco malo y que no haya un plan ambicioso y realista para levantar un parque público equiparable al de países vecinos ha generado una ola de críticas.

Esta falta de ambición se evidenció en el Plan de Vivienda 2026-2030, que apenas cuenta con un presupuesto de 7.000 millones de euros, una cifra equivalente al gasto militar comprometido en el Consejo de Ministros del 18 de noviembre de 2025. Con los precios actuales de construcción, ese presupuesto serviría para construir entre 30.000 y 50.000 pisos. Un volumen insignificante en comparación con el millón de viviendas públicas que se necesitan para acercarse a la media europea. Aunque la inversión llegue a los 16.000 millones de euros, tal como afirman fuentes del Gobierno, el objetivo de llegar al 9% de parque público seguiría igual de lejos.
El Ministerio de Vivienda, en cuestión

La medida estrella del Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez frente a la explosión de los pisos turísticos, los alquileres de temporada y por habitaciones ha sido el Registro Único de Contratos de Corta Duración, una iniciativa exigida por la UE que entró en vigor el 1 de julio y no ha demostrado por ahora efectos en la contención de estos tipos de contratos. Otras iniciativas del Ministerio, como una línea telefónica de atención a la ciudadanía con problemas de vivienda o campañas de comunicación de dudoso tacto, han terminado en escándalo y peticiones de dimisión por parte de Podemos, algunos cargos de Sumar y las organizaciones de vivienda. 

El Ministerio de Vivienda no solo ha sido acusado por estos actores de inacción y de apostar por leyes ineficaces, sino también por apoyar medidas que criminalizan a los sectores más perjudicados por la crisis de vivienda. En marzo de 2025, el PSOE dio sus votos para la tramitación de una ley propuesta por Junts que agilizaba los desahucios exprés en determinados casos de ocupaciones. A principios de diciembre, tras la ruptura de Junts con el Gobierno, el PSOE posicionó el apoyo parlamentario a esta medida como una de las posibles concesiones para destrabar el apoyo de los nacionalistas catalanes. Otras medidas defendidas por el Gobierno y el Ministerio de Vivienda, como la línea de crédito ICO para financiar el 20% de las hipotecas a jóvenes, han sido criticados por la izquierda parlamentaria y el movimiento de vivienda como contraproducentes por su efecto inflacionario —ya que inciden en el aumento de los precios— y discriminatorio, ya que solo beneficia a las rentas más altas que pueden permitirse acceder a una hipoteca.
Consumo, la demostración

La inacción o complicidad del Gobierno con los intereses de los fondos de inversión, grandes propietarios e inmobiliarias ha tenido una excepción: el trabajo del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de Pablo Bustinduy (Sumar). El trabajo de denuncia de los sindicatos de inquilinos y organizaciones de consumidores contra inmobiliarias que cobran honorarios a los inquilinos sirvió de impulso para que el 30 de octubre el Ministerio de Derechos Sociales multara con 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro. Una multa histórica que pretende terminar con una larga historia de impunidad de caseros e inmobiliarias que se saltan la ley de vivienda y que sienta un precedente para actuar contra otras empresas intermediarias que cometen estos y otros abusos contra los arrendatarios.

La apuesta del Ministerio de Bustinduy por buscar resquicios para actuar contra los abusos inmobiliarios volvió a dar resultado pocas semanas después, cuando anunció el 15 de diciembre una multa de 64 millones de euros contra Airbnb por ofertar viviendas turísticas ilegales.
 
Las victorias que vienen de abajo

2025 ha sido un año recorrido por decenas de luchas por la vivienda en diferentes rincones del Estado. Muchas de ellas han finalizado con importantes conquistas. La primera de ellas fue el desenlace de la larga lucha de la Casa Orsola en Barcelona, convertida en símbolo de lucha de los inquilinos contra los fondos buitre que expulsan a los vecinos para convertir sus pisos en lucrativos alquileres temporales. El 7 de febrero, el Sindicat de Llogaters conseguía que el Ayuntamiento de Jaume Collboni anunciase la compra del edificio, una operación que fue calificada por el Sindicat como una “victoria”, la demostración de que “cuando los vecinos hacen ruido y se plantan, se puede ganar”.

En julio, el Sindicato de Inquilinos, esta vez de Madrid, conseguía otra “victoria histórica y pionera” al ganar el juicio contra el fondo de inversión Nestar/Azora. Tras un año de lucha, una huelga de alquileres que juntó a más de mil familias y meses de juicio, los vecinos del bloque de Martín Muñoz de las Posadas, en Vallecas (Madrid), conseguían que la Justicia reconociera como abusivas seis de siete cláusulas incluidas en los contratos de alquiler de las vivienda gestionadas por este fondo de inversión.

La otra gran huelga de alquileres en el Estado español también ha tenido un final feliz. Se trata de la lucha de miles de inquilinos de la Fundación La Caixa en Catalunya, a quienes el banco pretendía echar de sus casas, construidas con dinero público, para ser privatizadas a medida que finalizaba la protección. El 27 de octubre, conseguían una primera victoria: el Govern anunciaba la compra de tres promociones de La Caixa, una decisión que permitiría que 170 familias se quedaran en sus pisos. Y un mes después, se ampliaba la compra de bloques hasta beneficiar a 1.700 hogares. “Esta victoria demuestra que la huelga de alquileres funciona y que la organización de las inquilinas es la única garantía para defender el derecho a la vivienda”, señalaron desde el Sindicat de Llogaters.

La acción de la Plataforma de Afectado por la Hipoteca (PAH), los sindicatos de inquilinos y las asambleas y sindicatos de vivienda barriales han conseguido detener, además, cientos de desahucios, entre ellos los de Mari Carmen, mujer de 87 años que un fondo buitre pretendía expulsar de su casa en Madrid, o el de seis familias en María Guerrero 1 (Carabanchel, Madrid) tras cuatro horas de cerco policial.

Además, el año ha dejado dos propuestas de confluencia y trabajo conjunto dentro del movimiento de vivienda. La primera fue la creación, en febrero de 2025, de una confederación catalana de organizaciones que luchan por el derecho a la vivienda. La Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya agrupa a buena parte de las asambleas de vivienda de barrios, pueblos y ciudades catalanes, al Sindicato de Llogateres, diversas asambleas de la PAH y otras redes y colectivos de vivienda de todo el territorio catalán.

La segunda iniciativa es la celebración del I Congreso Estatal de Sindicatos de Inquilinas, que reunió a organizaciones de arrendatarios de Madrid, Catalunya, Málaga, Asturias, Burgos, Zaragoza, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Segovia, Almería o Logroño.

Qué se puede esperar de 2026

La crisis de la vivienda no es exclusiva de España, sino que atraviesa buena parte de las sociedades de los países de la OCDE. Diversos estudios académicos han señalado el vínculo entre esta crisis con el auge de la extrema derecha en todos estos países. De hecho, se ha convertido en uno de los temas estrella de los partidos ultra. En España, el cambio de discurso de Vox, representado por el ascenso de Carlos Quero como portavoz del partido, ha puesto la crisis de vivienda en el centro del debate pero culpando de los problemas del precio y de la pérdida de identidad de los barrios a la migración y a los sectores más pobres expulsados de la vivienda por unos precios imposibles. El desalojo de 400 migrantes en Badalona, el pasado 16 de diciembre, o los procesos de desalojo del Convento de Agustinas en el Parque de Aranzadi y la Ikastola Jaso —ambos en Iruña/Pamplona—, del asentamiento en Zorrotzaure en Bilbao y el antiguo colegio de Agustinos en el barrio donostiarra de Martutene evidencian la instalación de los discursos racistas y de criminalización de la población más precaria.

2026 será el año clave en esta crisis de vivienda 2.0. La ley que impulsan los sindicatos de inquilinos para regular los alquileres de temporada y por habitaciones ha sido rescatada después de un año de olvido en los cajones del Congreso y se votará a principios de año. Aunque se consiga superar la oposición frontal de Junts, la ley no serviría por sí sola para bajar los precios ni para solucionar los problemas de oferta en lo que queda de legislatura.

Desde las organizaciones del movimiento de vivienda y los partidos a la izquierda del PSOE apuestan por una intervención generalizada del mercado de vivienda, que comience por la congelación de los 600.000 contratos que vencen este año para evitar subidas abusivas y que continúe con la prohibición de los alquileres turísticos y de la compra con fines especulativos, así como una apuesta real por un parque público de vivienda. Queda por ver si la espiral de precios ha llegado a un máximo, si espera una corrección o un nuevo pinchazo. Lo que sí parece claro es que si el centro y la izquierda parlamentaria quieren tener alguna posibilidad en las siguientes elecciones generales, tienen que dar respuesta a la principal preocupación de la población que vive en España."

13.10.25

Familias del Ensanche de Vallecas responden a la Caixa: “Nos quedamos”. Los vecinos denuncian que CaixaBank, propietaria de dos bloques de Obra Social, intenta rescindir sus contratos de alquiler para sacarlos al mercado sin ofrecerles alternativas... “Antes, las renovaciones eran un trámite sin más"... “A partir de 2019 cambió esa situación”... “Si nos alquilaban a nosotros por 400 euros, ya estaban a 800”... “Los pisos que se van vaciando los están convirtiendo en alquiler temporal. De 30 días a 11 meses y se acabó”... en 2025, sin explicación, la propiedad se negó a prolongar los contratos de alquiler... Hoy, casi cuarenta familias, cuyos contratos expiran entre finales de 2025 y mediados de 2026, tienen fecha para marcharse... “No te dan opción a negociar, a nada. Te preguntas ¿cómo sales de aquí? No puedes pagar 1.500 euros por un dormitorio, los sueldos no están así. Acabas o malviviendo en un piso compartido, en una habitación. Se te parte la vida por la mitad”... “Si tuviéramos un mercado inmobiliario normal… Pero vemos pisos por 1.200, 1.300. Y lo que te piden. Es dar contra un muro. Unos gigantes contra nosotros”... “La única opción que tenemos es pelear con la Caixa, que no han logrado vender el edificio, aunque lo han intentado. Hemos sido testigos de gente que ha venido a visitarlo, ejecutivos que han venido a hacer fotos a los edificios”... han seguido la estrategia del Sindicato de Inquilinas de quedarse en la casa pagando la renta anterior una vez vencido el contrato e incluso han puesto una demanda colectiva contra InmoCaixa (Diana Moreno)

"En el Ensanche de Vallecas, zona tipo PAU con avenidas anchas, hay dos grandes bloques residenciales aparentemente idénticos a otros edificios de la zona. Construidos a partir de 2006, con la estética funcional del extrarradio, formaron parte de una promoción de vivienda asequible de la antigua Obra Social La Caixa. Ahora, en sus ventanas ondean banderas de resistencia. Los vecinos y vecinas de los bloques de Fresno de Cantespino 1 y 3 y de Mazaterón 8 y 10 se han organizado, apoyados por la PAH de Vallecas, para que no les echen de las casas que llevan habitando entre 20 y 15 años.

La historia no es nueva: esta fue la promoción de Obra Social que siguió a las de Pinto y Vicálvaro. Como en las dos anteriores, sus viviendas protegidas se sortearon en 2005 entre personas con dificultades de acceso: mayores de 65 años, menores de 35 o de bajos ingresos. 110 pisos en cada bloque. 45 metros cuadrados cada uno, una habitación, cocina abierta. Era una época en la que “la Caixa” alardeaba de destinar el 44% de su beneficio a obra social. Nadie se esperaba lo que vendría después: la fusión en 2021 de Bankia y CaixaBank (en la actualidad, el mayor gran tenedor de vivienda de España, con más de 25.000 pisos en alquiler), la cancelación del programa y la desprotección total.

Primeras señales

Esta transformación se produjo a espaldas de los vecinos, que no recibieron aviso, pero sí comenzaron a notar pequeños cambios. Primero, desaparecieron las placas de la entrada del edificio, donde se leía ‘Esta vivienda pertenece a la Obra Social La Caixa’, sustituidas por otras con el logo de InmoCaixa. Luego, el rastro online de la promoción se borró. Por fin, llegaron cambios menos sutiles, como las subidas de alquiler injustificables o las dificultades para renovarlo. “Antes, las renovaciones eran un trámite sin más, te pedían cierta documentación, pero nunca había problema”, dice David, vecino desde 2007, año en que se entregaron las viviendas. “A partir de 2019 cambió esa situación”. En idealista.com, sus pisos se alquilaban por una cantidad muy superior a los originarios alquileres sociales: “Si nos alquilaban a nosotros por 400 euros, ya estaban a 800”, recuerda.

Otra alarma fue la aparición de pisos de alquiler temporal. “Cada uno se fue dando cuenta de una forma”, recuerda Daniel, vecino desde hace 17 años. A él le puso sobre aviso ver que el piso de al lado quedó vacío, lo amueblaron y colocaron una alarma, antes de entrar una nueva inquilina. Al hablar con ella, descubrió que su empresa la había contratado para trabajar en Madrid y le habían dado alojamiento durante unos meses. “Los pisos que se van vaciando los están convirtiendo en alquiler temporal. De 30 días a 11 meses y se acabó”, dice Daniel. 

El temido burofax

Los inquilinos perciben que todo cambió este año 2025: sin explicación, la propiedad se negó a prolongar los contratos de alquiler. Muchos recibieron la noticia en forma de un burofax firmado por InmoCaixa: que no habría renovación y que debían abandonar sus hogares en la fecha señalada. Hoy, casi cuarenta familias, cuyos contratos expiran entre finales de 2025 y mediados de 2026, tienen fecha para marcharse; los primeros, el 31 de diciembre. Calculan que hay unos 110 vecinos y vecinas afectados, aunque previamente mucha gente se marchó sin pelear.

Susana está entre quienes tienen que irse en diciembre. Lleva viviendo en el edificio desde 2009: “Me entregaron la vivienda nueva. Renové por cinco (años), luego otros cinco y luego siete. Y ahora me tengo que ir”. El burofax remite a la web de InmoCaixa para cualquier duda, pero todos los vecinos confirman que es imposible ponerse en contacto: “He llamado a CaixaBank cuatro veces para que algún gestor me dé explicaciones, que me lo diga a la cara. Creo que tengo derecho. Y no te llama nadie, abren expediente y luego consultas el portal y dicen, cerrado”, se lamenta.

“Lo han ido haciendo de una manera muy silenciosa. Los contratos tienen mucha diferencia de fechas: menos lo que entraron el año que entregaron las casas, a los demás nos cumplen en meses diferentes”, explica Daniel. “No te dan opción a negociar, a nada. Te preguntas ¿cómo sales de aquí? No puedes pagar 1.500 euros por un dormitorio, los sueldos no están así. Acabas o malviviendo en un piso compartido, en una habitación”.
“Se te parte la vida por la mitad”

Los vecinos y vecinas, ya con arraigo en el barrio, tienen circunstancias diferentes pero el mismo problema: encontrar alternativa con los precios disparados del mercado actual. Un imposible, repiten. Entre ellos está Sara, madre soltera consciente de que con un solo sueldo es difícil alquilar: “¿Dónde te vas con un hijo de nueve años si te echan de aquí, cuando ya te cuesta un alquiler en cualquier lado un sueldo entero?”, se pregunta. Su hijo nació allí, y ya es parte del barrio. Javier tiene una situación más holgada porque aún le quedan cuatro años de alquiler, pero se ha unido a la causa: “Creo que es injusto que se haga esto con el fin social con el que fue creado”, dice. “Mis hijos vinieron a vivir aquí y aquí han nacido mis nietos. Los tengo a cinco minutos. Ahora ¿qué me voy, al Congo?”.

Isabel y Nieves, hermanas, viven en el edificio desde hace 18 años. En su caso, el piso se lo concedieron a su madre, pero al fallecer se lo subrogaron a Nieves. Ahora, miran con preocupación a la próxima nochevieja, la fecha que les han dado para abandonarlo. “Un día te dicen, contrato terminado. Ni negociaciones, ni subidas ni bajadas ni nada”, se queja Isabel. “¡Que no hemos faltado ni un mes de pagar!”. Estarían dispuestas a un aumento de precio del alquiler con tal de quedarse en su casa, pero les ha sido imposible negociar.

“Es bastante agotador, impotente, frustrante. Imagínate que llevas viviendo casi 20 años en una casa, y de repente te echan. Se te parte la vida por la mitad”, se sincera Nieves. Aseguran que no tienen alternativa: “Si tuviéramos un mercado inmobiliario normal… Pero vemos pisos por 1.200, 1.300. Y lo que te piden. Es dar contra un muro. Unos gigantes contra nosotros”, añade.

Un cambio de estrategia de la Caixa

Al escrito que la PAH Vallekas envió a CaixaBank en nombre de los vecinos, la entidad se desentendió: los pisos no eran de su propiedad, contestó, sino de InmoCaixa. Esta es una filial inmobiliaria de Criteria, brazo de inversión de “la Caixa”, que tiene una cartera de activos inmobiliarios valorada en libros en más de 1.500 millones de euros.

Hay sospechas de que, desde la fusión, CaixaBank ha sufrido un cambio de estrategia con fines especulativos. Las hipótesis sostienen que, tras usar la marca de su ‘obra social’ durante años, comenzó a librarse de sus promociones en cuanto el mercado inmobiliario mostró signos de recuperación. El informe del Sindicat de Llogateres concluyó que la Caixa recibió ayudas públicas millonarias para construir vivienda social y, una vez han entrado en una segunda fase de protección, ya no se aplican los criterios de accesibilidad y protección sino que se están gestionando de forma especulativa. Algunos ejemplos son el bloque protegido que el fondo de inversión Ktesios compró a InmoCaixa en Valencia el pasado mayo, o las promociones de la Obra Social previas a la del Ensanche (las de Pinto y Vicálvaro), cuyos vecinos se encuentran en una situación similar. En Cataluña, la Generalitat ha reaccionado comprando viviendas a InmoCaixa para evitar que “se pusieran a la venta en el mercado libre”.

“Tememos que se vendan nuestros edificios a un fondo buitre y entonces cualquier opción se nos quede difícil”, dice David. “La única opción que tenemos es pelear con la Caixa, que no han logrado vender el edificio, aunque lo han intentado. Hemos sido testigos de gente que ha venido a visitarlo, ejecutivos que han venido a hacer fotos a los edificios”. También denuncian constantes cambios de razón social y fusiones, un “juego de trileros”, lo describe Javier. “Son empresas adscritas a la obra social, pero pensamos que son empresas pantalla para gestionar todo esto”, añade David.

El caso de David es distinto al del resto: cuando su contrato venció en 2022, fue uno de los vecinos a los que pusieron problemas para renovar. “Decidí quedarme en la vivienda pagándoles hasta el día de hoy. Me pusieron una demanda y la ganamos en primera instancia. El juez en la sentencia dijo que “la Caixa” había obrado de mala fe. Pero luego en la Audiencia Provincial revocaron la sentencia”. Ahora, está a la espera de fecha de desahucio. “Yo sigo pagando puntualmente a la Caixa, no me rechazan el dinero”, se ríe de lo absurdo de la situación. “Pero vivir sin contrato no es agradable. Es inquietante, te deja mal, yo llevo un montón de años con esto y al final te puede”.

Organizado con sus vecinos y con la PAH de Vallecas, miran los ejemplos de los bloques de Pinto y Vicálvaro, que han seguido la estrategia del Sindicato de Inquilinas de quedarse en la casa pagando la renta anterior una vez vencido el contrato e incluso han puesto una demanda colectiva contra InmoCaixa. En el Ensanche, muestran angustia y dudas de qué sucederá cuando las fechas lleguen, pero han sumado fuerzas para reflejar en un comunicado sus demandas: una reunión inmediata con la propiedad para negociar una renovación de contratos, que CaixaBank y el Estado asuman su responsabilidad y que se cumpla con los compromisos de vivienda asequible para que estos bloques, que tuvieron carácter social en origen, no se conviertan en meros activos para especulación."

(Diana Moreno , El Salto, 13/10/25 )

17.8.25

Entre los ricos que han ocupado los barrios nobles —que por algo se llaman así—, cunde una idea patrimonial del espacio público... Desprecian la noción del bien común y las virtudes republicanas más elementales. Borrachos de poder, solo tienen fe en sí mismos y en su voluntad. Si las elecciones no les permitieran controlar gobiernos, y sus fortunas no avalasen sus delirios, un juez los inhabilitaría y los internaría en una institución adecuada. Pero, como los nobles en Versalles, han aprendido que su capricho es ley... Hemos dejado de vivir en un mundo de valores republicanos de igualdad, libertad y fraternidad. Quizá podamos recuperarlos, pero los demócratas, de momento, vamos perdiendo en esta guerra... Cualquiera puede verlo en su vida cotidiana, y millones lo sufren de manera trágica. Que los centros de las capitales europeas sean guetos de millonarios (sic), a los que solo les faltan un foso con cocodrilos y unas murallas, es la manifestación más general y clara del nuevo sistema de castas que rige...Más grave es la situación de los inmigrantes, verdaderos metecos de esta nueva Atenas que estamos construyendo. Desposeídos de la ciudadanía, trabajan en un régimen casi esclavista para una sociedad en la que no pueden participar de ninguna manera (Sergio del Molino)

 "Aciertan los historiadores cuando nos censuran por comparar el mundo de hoy con el ascenso de los fascismos históricos de la década de 1930. No porque la comparación sea un síntoma de presentismo, el peor de los vicios para un historiador, sino porque estos años que vivimos evocan más el Antiguo Régimen, con sus pelucas empolvadas, sus dorados versallescos, sus chateaux del Loira y sus despotismos a veces ilustrados, aunque siempre despóticos.

Los fascismos europeos, descontando algún delirio de Mussolini y el capricho de la Kehlsteinhaus de Hitler, fueron austeros incluso en su megalomanía monumental. Tendían al igualitarismo por el uniforme, y su gusto por el gigantismo era de inspiración militar, refractario al lujo y al placer. Las avenidas de la arquitectura nazi y fascista estaban hechas para el desfile, no para el paseo. Por lo demás, ya se sabe que Hitler era vegetariano y que Franco cenaba tortillitas francesas (aunque las orgías de Stalin compensaban estas modestias domésticas). Los tiranos de hoy no son frugales. Se parecen mucho más a la corte de Luis XVI, desparramados y horteras.

Lo vimos en la boda de Jeff Bezos, que se alquiló Venecia entera, y por un poco más, casi se la compra. Los ultrarricos que aúpan a los villanos de hoy —o que los miran con simpatía o, como poco, con indiferencia calculada— forman una aristocracia capaz de someter la libertad de muchos Estados y de conformar el mundo a su capricho. Elon Musk, paradigma de la nueva casta, parece escapado de una novela del marqués de Sade o de una distopía tecnototalitaria de Jodorovsky. Sus modos no se distinguen de los de un señor feudal con derechos absolutos sobre los siervos. Desprecian la noción del bien común y las virtudes republicanas más elementales. Borrachos de poder, solo tienen fe en sí mismos y en su voluntad. Si las elecciones no les permitieran controlar gobiernos, y sus fortunas no avalasen sus delirios, un juez los inhabilitaría y los internaría en una institución adecuada. Pero, como los nobles en Versalles, han aprendido que su capricho es ley. Además, la parte del pueblo que en otras épocas montaba guillotinas en la plaza de la Concordia les jalea y amenaza con cortar la cabeza de los demócratas, señalados como elitistas progres.

La involución va mucho más allá del porcentaje de voto que puedan arañar los partidos ultras en Europa, tanto si les da para gobernar o solo para incordiar. También rebasa los crímenes y razias que pueda cometer Trump en lo que ya difícilmente puede percibirse como una democracia. Incluso supera el genocidio sobre los palestinos en Gaza o la invasión de Ucrania. El cambio es profundo, de estructura, aunque tal vez no sea aún irreversible. Pero ya ha sucedido. Hemos dejado de vivir en un mundo de valores republicanos de igualdad, libertad y fraternidad. Quizá podamos recuperarlos, pero los demócratas, de momento, vamos perdiendo en esta guerra.

Cualquiera puede verlo en su vida cotidiana, y millones lo sufren de manera trágica. Que los centros de las capitales europeas sean guetos de millonarios (sic), a los que solo les faltan un foso con cocodrilos y unas murallas, es la manifestación más general y clara del nuevo sistema de castas que rige. El principio de igualdad —que siempre fue un ideal irrealizable, pero se expresaba como horizonte hacia el que debía marchar una sociedad democrática— está catastróficamente roto. Los discursos sobre la desigualdad de los científicos sociales apenas edulcoran la certeza brutal de que cada día aumentan los ciudadanos que no pueden ejercer de tales porque sus derechos están muy limitados. Su derecho a la sanidad, a la educación, a recibir información veraz, a la vivienda, al trabajo digno e incluso a la representación política están seriamente degradados o imposibilitados. Las medidas sociales de gobiernos progresistas actúan a veces como paliativos, casi siempre insuficientes. Eso los convierte en ciudadanos de segunda clase, en una casta sin poder.

Más grave es la situación de los inmigrantes, verdaderos metecos de esta nueva Atenas que estamos construyendo. Desposeídos de la ciudadanía, trabajan en un régimen casi esclavista para una sociedad en la que no pueden participar de ninguna manera. Son masas invisibles que mantienen todo en funcionamiento, como los antiguos esclavos, sin que nadie repare en ellos más que como argumentos para el odio racial. Los poquísimos casos de éxito que contradicen esta norma se usan para obviar esta realidad y fingir que las democracias europeas aún son ese sueño integrador y ecuménico que un paseo distraído por cualquier ciudad desmiente. Basta ver quién friega las oficinas y quién se sienta en los escritorios para entender el sistema de castas.

No es ciudadano quien no gobierna su destino o una parte importante de él. Campesinos asfixiados a quienes les imponen el precio de sus productos, jóvenes multiempleados que no pueden vivir solos o mujeres maltratadas que no pueden denunciar ni divorciarse porque caerían en la miseria más rotunda son ejemplos que cuestionan la retórica de la democracia. Podrán votar, pero la democracia plena, entendida como conversación entre iguales, es para ellos algo que sucede muy lejos. Tampoco participan de la democracia quienes no leen jamás un periódico y viven sometidos al capricho del algoritmo de TikTok o de Instagram. Excluirse de la discusión política es también una manera de desposeerse de la ciudadanía y convertirse en plebeyo. Aturdido y feliz, pero políticamente desarmado.

 Entre los ricos que han ocupado los barrios nobles —que por algo se llaman así—, cunde una idea patrimonial del espacio público que muchas administraciones avalan. Es ejemplar el caso de Madrid, turistificada y privatizada. El urbanismo de este nuevo antiguo régimen beneficia a quien puede pagar la cuenta de un buen restaurante y castiga al jubilado que quiere sentarse en un banco a la sombra o al niño que quiere ir a unos columpios. La concepción democrática del espacio público que regía los Estados de bienestar beneficiaba a ambos, permitiendo una igualdad social que trascendía la desigualdad económica. Pero ahora el rico ya no quiere que los jubilados y los niños le estropeen la plaza, e impone peajes y aduanas para expulsarlos.

Parece una nadería, pero el antiguo régimen empezó a levantarse en las urbanizaciones del extrarradio, en lo que Jorge Dioni llamó la España de las piscinas, y siguió con los ayuntamientos que suprimían las fuentes públicas y daban licencias de terrazas en vez de ampliar los jardines. De aquellas minucias viene la boda de Jeff Bezos, que recupera la Venecia de los duces, tan serenísima como elitista.

El fascismo antiguo nació de un impulso igualitario y se hizo popular precisamente en los barrios obreros donde había calado el ideal socialdemócrata: querían sociedades homogéneas, la felicidad de fundirse en una masa nacional (pese a la paradoja de estar guiados por jefes carismáticos). Las nuevas tiranías se alimentan también del rencor de los nadie, pero nacen del lujo y de una idea patrimonial del mundo, y solo podrá oponerse a ellas una fuerza que se tome en serio la igualdad y la democracia como espacio público para todos. Esa es la razón por la que Trump opera como un rey del siglo XVIII: nadie cree ya en esa igualdad. Nos urge recuperar esa fe y movilizar a quienes la compartimos. Sin ella, pronto seremos siervos de estos nuevos señores."           ( Sergio del Molino , El País, 08/08/25)

24.6.25

La extracción de rentas de las familias trabajadoras que produce la burbuja de precios en la vivienda recorta el consumo y la creación de empleo en 410.000 ocupados... Abaratar el coste de la vivienda un 30% supondría un impulso en la demanda agregada de 25 mil millones de euros que llevaría aparejada la creación de 410 mil puestos de trabajo en 5 años... El ladrillo es (siempre lo ha sido) la inversión más rentable lastrando la inversión productiva. A cierre de 2024, la rentabilidad bruta anual de la vivienda se situó en un 12,9%. Una rentabilidad que supera con creces alternativas de bajo riesgo para las familias (2,2% depósitos a plazo o 3,2% deuda del Estado) y duplica la rentabilidad de la inversión productiva, 7,3% de rentabilidad del capital invertido de las empresas españolas en 2024 (Carlos Martín Urriza)

Carlos Martín Urriza @carlosurriza

La extracción de rentas de las familias trabajadoras que produce la burbuja de precios en la vivienda recorta el consumo y la creación de empleo en 410.000 ocupados, según un estudio del Gabinete Económico de @CCOO  

https://estudios.ccoo.es/2df9fb4a180824df4b476fdea19b92fa000001.pdf

5:00 p. m. · 24 jun. 2025 375 Visualizaciones

 

"El lastre macroeconómico del rentismo inmobiliario nos impide crear 410.000 puestos de trabajo. 24 de junio de 2025

CLAVES

• La vivienda se ha convertido en el principal problema social y económico de España.
Es un problema social por la creciente inaccesibilidad a un bien básico y segregación y
exclusión que genera. Es un problema económico por la extracción de rentas a costa de la
capacidad adquisitiva de los salarios, de la demanda agregada, de la inversión productiva,
y, por tanto, del crecimiento económico y la creación de empleo.

• Abaratar el coste de la vivienda un 30% supondría un impulso en la demanda
agregada de 25 mil millones de euros que llevaría aparejada la creación de 410 mil
puestos de trabajo en 5 años según nuestras estimaciones. Esto equivaldría al 20% del
empleo neto creado en los últimos cinco años. Si la estimación es a 10 años, la creación
potencial de empleo asciende a 780 mil puestos de trabajo.

• El ladrillo es (siempre lo ha sido) la inversión más rentable lastrando la inversión
productiva. A cierre de 2024, la rentabilidad bruta anual de la vivienda se situó en un
12,9%. Una rentabilidad que supera con creces alternativas de bajo riesgo para las familias
(2,2% depósitos a plazo o 3,2% deuda del Estado) y duplica la rentabilidad de la inversión
productiva (7,3% de rentabilidad del capital invertido de las empresas españolas en 2024). (...)

https://estudios.ccoo.es/2df9fb4a180824df4b476fdea19b92fa000001.pdf

7.12.24

“Nadie quiere abordar el debate sobre qué va a pasar en los lugares construidosen suelo inundable”... El nivel de respuesta se centra en lo económico, que por supuesto es necesario para rehacer vidas, pero ignora de nuevo el problema de fondo... Esta pasada semana, Mazón ultimaba detalles para aprobar la construcción de nuevos desarrollos en zonas inundables y la reforma que permita construir cerca de la línea de costa... ignorar el cambio climático sistemáticamente conlleva a no tomar en consideración sus consecuencias... Los aprendizajes deben trasladarse a la configuración de nuestras ciudades, a la protección de nuestros ecosistemas como absoluta prioridad, a pensar los efectos en cadena del modelo centrado en un consumo ilimitado, en las desigualdades locales y continentales que genera ese modelo y en nuestra enorme dependencia como especie y como individuos de los ecosistemas y del resto de personas... la capacidad de movilizar recursos económicos en escenarios de crisis hace décadas que dejó de ser un problema. Lo hemos visto en otras situaciones similares o en los rescates bancarios. Siendo así debemos exigir ese mismo nivel de respuesta para afrontar la transición ecosocial. El dinero no debe ser un problema. No parece que quienes gobiernan estén entendiendo la gravedad del escenario. Pero seguiré siempre pensando que la política tiene como fin encontrarse con las necesidades sociales para dar respuesta permanente a ellas, con el marco de nuestros ecosistemas como límite en el que todo sucede y, por supuesto, con los ingredientes de justicia y derechos que no pueden abandonarse (Samuel Romero)

 "A comienzos de noviembre, pocos días después de la riada que arrasó varios municipios de Valencia, hablamos con Samuel Romero Aporta (Madrid, 1987), vecino de Aldaia. Es ingeniero de Caminos y forma parte de Ecologistas en Acción.

Los momentos previos a esta DANA pasarán a la historia como un ejemplo de desidia criminal, y la gestión posterior fue también lamentable. No olvidar y estar al lado de las personas y territorios requiere hacer un seguimiento de lo que está sucediendo ahora, y lo queremos hacer a través de los ojos y la experiencia de quienes lo viven cotidianamente.

Volvemos a hablar, por ello, con Samuel Romero, que realiza un balance y valoración de este último mes desde la zona cero.

¿Cómo ha evolucionado la situación?

Evoluciona de una forma tremendamente lenta. A un ritmo que, a todas luces, parece incompatible con vidas dignas. Todavía hay garajes inundados, calles llenas de barro, coches destrozados, aceras impracticables y casas sin esperanzas de mejora. La sensación es de olvido. Un olvido áspero como el barro seco que pisamos y respiramos cada día.

Estamos comprobando que vivimos en un sistema nada resiliente, donde el nivel de respuesta y recuperación queda siempre condicionado al pulmón económico de cada empresa y familia. Los cuidados, la salud mental, la respuesta a las necesidades de nuestros hijos e hijas y nuestras personas más dependientes han quedado en un segundo plano. Aquello que no se circunscribe a la monetización de la supuesta recuperación se ignora. Corremos el riesgo de normalizar nuevas realidades que suponen un enorme retroceso en nuestra calidad de vida.

¿Qué valoración te merecen en el plano general las medidas aprobadas?

Pues que, más allá de la valoración económica, se olvidan de la dureza de lo vivido. Estamos asistiendo una vez más al parcheado de situaciones catastróficas. El nivel de respuesta se centra en lo económico, que por supuesto es necesario para rehacer vidas, pero ignora de nuevo el problema de fondo. Hace apenas dos semanas, después de esta catástrofe, el presidente del Gobierno seguía hablando de crecimiento económico como si las consecuencias de ese crecimiento no estuvieran ligadas a la catástrofe vivida. Esta pasada semana, Mazón ultimaba detalles para aprobar la construcción de nuevos desarrollos en zonas inundables y la reforma que permita construir cerca de la línea de costa.

Es un nivel de irresponsabilidad tan tremendo que se perciben estas ayudas como una compra de silencio. En el día a día esa ayuda es inexistente. La forma de autoorganización del voluntariado fue una respuesta asombrosa e ilusionante. Después, siguió un despliegue de medios de mayor alcance que permitió comenzar a recuperar algunas calles, pero, hoy en día, apenas quedan medios. Y está todo por hacer.

¿Qué urgencia mayor hay que recuperar los colegios de nuestros hijos e hijas? ¿Qué urgencia mayor puede haber que reparar cada casa y cada calle pensando en no repetir errores pasados y contribuir a la transformación de nuestros pueblos y ciudades en entornos más amables y pensados para vivirlos?

Mi vecina lleva un mes sin salir de casa por no tener ascensor. Es un retroceso enorme en su propia dignidad porque estamos obligados a tener que pagar un dinero, que muchas familias no tienen, para reparar nuestro ascensor. 

Hemos pensado antes en grandes cifras que en la crudeza de muchas realidades. Es el síntoma de la desconexión absoluta de las instituciones con la realidad social.

¿Cómo es la cotidianeidad de la vida en los pueblos arrasados?

Muy triste y dura. Intentamos recuperar cierta normalidad. Sobre todo, quienes tenemos hijos e hijas, intentamos que prime la alegría. Pero es duro levantar la persiana cada mañana y ver que tú y tu gente seguís sin ser una prioridad. Que tenemos que aprender a convivir con el barro, con el pueblo roto (en lo físico y lo metafórico), con coches amontonados en cada acera, respirando polvo. Y me niego. Me niego a aceptar una realidad que suponga destrozar las condiciones de vida de la clase trabajadora.

Es un riesgo normalizar contextos de miseria, de supervivencia y de ilusiones truncadas. El piloto automático de la supervivencia es muy peligroso porque nos nubla la imaginación de futuros mejores. Y yo sigo pensando que la organización consciente de quienes habitamos los pueblos es capaz de dibujar y conseguir vidas mejores, donde nuestro futuro no quede condicionado a la mercantilización de nuestras vidas o a indicadores económicos que nunca entenderán las necesidades reales.

¿De qué hablamos cuando escuchamos que los pueblos han vuelto a la normalidad?

Exclusivamente de la vuelta a rutinas de producción. La vuelta al trabajo. Es curioso que la primera prioridad fuese limpiar las calles. Pero exclusivamente la calzada. Las aceras siguen, en muchos casos, amontonando coches llenos de barro, siguen con las tapas del alcantarillado rotas, imposibles para el paso con un carro de bebé o una silla de ruedas.

Aquello que no se mercantiliza carece de prioridad. Porque aún hay cientos de niños y niñas sin colegios, sin parques, sin plazas y sin casas. La normalidad debe referirse al destrozo de lo común y lo público. Esa normalidad sí que han sabido recuperarla, porque la recuperación de cada casa, ayuda económica insuficiente a parte, parece condicionada a las posibilidades de pago de cada familia.

El capitalismo que nos ahoga entiende mucho de ese destrozo. Las empresas condenadas por la trama Gürtel siguen recibiendo contratos a dedo. Igual esa es la normalidad a la que se refieren. Mientras, nuestras rutinas se han visto condicionadas al barro, a tener que buscarnos la vida para que nuestros hijos e hijas no sufran las consecuencias de no ser la prioridad para quienes nos gobiernan.

¿Dirías que se está abordando el posDANA desde un enfoque de justicia y derechos?

No existe esa mirada. La recuperación económica no incluye indicadores de justicia y derechos. La búsqueda de recursos materiales para recuperarnos de los destrozos causados se ha quedado en manos del mercado económico. Y ese mercado vive constantemente de espaldas a cualquier enfoque de justicia o derechos porque consigue agrandar aún más las desigualdades.

Pensemos en una familia de clase trabajadora que ha perdido su hogar (probablemente el único) y su vehículo. Es probable, además, que su puesto de trabajo esté sujeto a alguna medida temporal de restricción de la actividad. Pensemos ahora en una familia acomodada que también haya perdido su casa y su vehículo. ¿Hay algún ápice de justicia en esta recuperación? ¿Qué familia podrá volver a alcanzar una vida digna?

Es inaceptable que la recuperación de vidas se supedite al voluntariado

El desborde de recursos inicial fue gracias al voluntarismo de la gente. Y eso es fantástico por la conciencia de clase y la solidaridad generada. Sin embargo, tiene un efecto pernicioso en el medio plazo: las instituciones se olvidan de gran parte de la respuesta porque ven atendida esa necesidad en las voluntades de quienes vinieron a ayudar. Pero es inaceptable que la recuperación de vidas se supedite al voluntariado.

¿Hay algún debate abierto sobre una reconstrucción consciente de que este tipo de eventos son ya una nueva normalidad?

Yo no veo ninguno más allá de algunas organizaciones ecologistas. Porque todo el planteamiento de fondo sigue intacto. Seguimos promoviendo el mismo urbanismo atroz, el mismo nivel de consumo y emisiones y el sostenimiento, como primera premisa, de un sistema económico que nos mata. De forma literal. 

Parece que la respuesta continuada a las crisis endémicas del sistema (rescates bancarios sucesivos) forman parte de la normalidad. Pero plantear la reconstrucción de nuestras ciudades, pueblos y, sobre todo, el entorno natural, es una responsabilidad que nadie quiere asumir porque cualquier análisis riguroso y responsable choca de lleno con ese ansiado crecimiento económico centrado en consumir más y construir más. Nadie quiere abordar el debate de fondo sobre qué va a pasar en las ciudades y pueblos construidos en suelo inundable, cómo hacemos nuestro entorno más resiliente, cómo contribuimos a frenar el avance de las peores consecuencias del cambio climático.

¿Qué crees que se podría haber hecho de otra forma?

Desde luego, no permitir la normalización de contextos distópicos como el que vivimos. Porque siembra en el imaginario colectivo dos aspectos muy graves: el abandono de las instituciones públicas en la recuperación de nuestras vidas y el deterioro de nuestras condiciones de vida.

Lo primero es el nivel de aviso, por supuesto. La máxima responsabilidad de esta catástrofe es de la Generalitat Valenciana que ignoró por completo las alertas de la AEMET. Como ya comentamos, ignorar el cambio climático sistemáticamente conlleva a no tomar en consideración sus consecuencias y ningunear las alertas de la ciencia. Me cuesta asimilar aquellas ideologías que alardean de ignorar la ciencia. Es un retroceso social brutal. Es un insulto a la inteligencia.

La máxima responsabilidad de esta catástrofe es de la Generalitat Valenciana

En el nivel de respuesta he echado en falta dos cuestiones: comités de respuesta locales, que atiendan necesidades de principio a fin, y un comité de recuperación, con el foco en el medio plazo. A este le corresponde analizar lo sucedido y plantear, en el marco de la crisis ecológica y social actual, qué medidas deberían ir desarrollándose en cada plano para abordar este escenario: desde la educación, la sanidad, las emergencias, la protección de nuestros ecosistemas, la estructura de nuestros pueblos y ciudades, la forma de movernos.

En lo concreto, ha habido una falta absoluta de organización y viene precedida por la falta de aterrizaje de las instituciones en cada calle y en cada casa. La política local debe centrarse en las realidades más concretas para dar respuesta desde lo colectivo a esas necesidades. A nivel educacional no había otra urgencia que dar respuesta a los cientos de niños, niñas y adolescentes sin centro educativo. Un mes después, la respuesta es solo parcial. Es evidente que el contexto no tiene precedentes cercanos de una catástrofe similar. Pero ya deberíamos haber sido capaces de movilizar una respuesta más centrada en la crudeza de cada familia y realidad que en las grandes cifras.

¿Qué aprendizajes cree que habría que sacar de lo vivido?

El aprendizaje debe partir de aceptar la gravedad del cambio climático. Que quienes llevan décadas alertando de los efectos del cambio climático son, además, quienes tienen la capacidad de modelizar otros escenarios que minimicen los peores efectos. Nuestra vulnerabilidad se ha visto una vez más expuesta y debe servirnos para tomar consideración de cómo esa vulnerabilidad se maximiza actuando de forma individual, mientras que en colectividad somos capaces de sostenerla y protegerla.

En el camino hacia una transición ecológica y social más justa debe hacerse un ajuste inmediato de los indicadores que miden la eficacia de las políticas públicas. El cambio climático, la resiliencia de nuestras ciudades y pueblos y las condiciones de vida de cada persona deben situarse como primeros índices a medir en la implantación de cada política pública.

Los aprendizajes deben trasladarse a la configuración de nuestras ciudades, a la protección de nuestros ecosistemas como absoluta prioridad, a pensar los efectos en cadena del modelo centrado en un consumo ilimitado, en las desigualdades locales y continentales que genera ese modelo y en nuestra enorme dependencia como especie y como individuos de los ecosistemas y del resto de personas. El contexto de decrecimiento, es decir, la necesidad de consumir menos recursos a nivel global, plantea un nuevo escenario. El problema de entenderlo bajo el prisma de la distopía es que aquello que miramos ahora nos impide pensar futuros mucho mejores. Por eso la recuperación es una urgencia. Porque el contexto de decrecimiento global debe ser, además, justo. Y en ese reparto equitativo y justo de los recursos debemos ser perfectamente capaces de imaginar vidas mejores. Donde nuestras condiciones de vida estén garantizadas y tengamos la capacidad de decidir sobre nuestro tiempo.

 El contexto de decrecimiento global debe ser justo

Hay un punto de aprendizaje que nos debe servir para llevarlo a otras situaciones: la capacidad de movilizar recursos económicos en escenarios de crisis hace décadas que dejó de ser un problema. Lo hemos visto en otras situaciones similares o en los rescates bancarios. Siendo así debemos exigir ese mismo nivel de respuesta para afrontar la transición ecosocial. El dinero no debe ser un problema.

No parece que quienes gobiernan estén entendiendo la gravedad del escenario. Pero seguiré siempre pensando que la política tiene como fin encontrarse con las necesidades sociales para dar respuesta permanente a ellas, con el marco de nuestros ecosistemas como límite en el que todo sucede y, por supuesto, con los ingredientes de justicia y derechos que no pueden abandonarse. Puede que el plano institucional nos esté dando la espalda. Pero no se nos puede olvidar que está en nuestra mano darle la vuelta."

(Entrevista a Samuel Romero,  Yayo Herrero, CTXT, 05/12/24)

5.11.24

Cómo décadas de urbanismo descontrolado agravan el efecto destructor de la DANA... Más de un millón de casas están construidas en España en zonas de riesgo... En España existe un amplio territorio muy expuesto a las inundaciones. Los tramos que muestran riesgo evidente suman casi 12.000 km... El peligro alcanza a más de 2,3 millones de personas... “El problema es que tenemos mucho construido de décadas pasadas. Desde los años 60 se empezó a ocupar el territorio de una manera poco respetuosa con la naturaleza y ahora pagamos las consecuencias. Vemos casas prácticamente metidas en barrancos, naves industriales, puentes de carretera que se hacen sin las dimensiones necesarias para evacuar las aguas de crecida…”

 "Más de un millón de casas están construidas en España en zonas de riesgo, la mayoría de ellas en el litoral mediterráneo. Décadas de prácticas urbanísticas descontroladas que tienen efecto hoy cuando hay una DANA o algún otro fenómeno extremo, explican los expertos.

“El problema es que tenemos mucho construido de décadas pasadas. Desde los años 60 se empezó a ocupar el territorio de una manera poco respetuosa con la naturaleza y ahora pagamos las consecuencias. Vemos casas prácticamente metidas en barrancos, naves industriales, puentes de carretera que se hacen sin las dimensiones necesarias para evacuar las aguas de crecida…”, pondera Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante.

La urbanización intensiva del terreno en muchas zonas de la fachada mediterránea de la península ha empeorado las riadas que provocan fenómenos como las DANAS. “La ocupación de áreas propicias a la inundación ha agravado el problema en el sureste de España”, explican los investigadores de la Universidad de Alicante en su trabajo Estrategias de Adaptación

Los múltiples trabajos e investigaciones que han comprobado que construir sobre zonas con riesgo de avenida en caso de tormentas torrenciales multiplica el peligro son claros: impermeabilizar el terreno a base de construcciones –es decir, forrándolo de hormigón, asfalto o metal– reduce el drenaje de agua cuando llueve, lo que “incrementa el riesgo de inundación en las poblaciones”, ilustra la Agencia Europea del Medio Ambiente.

“La retención del agua se ve reducida”

La Red Europea de Observación para el Desarrollo Territorial (EPSON) también explica que “las inundaciones se han convertido en un problema creciente debido al aumento del sellado del terreno”. Ese sellado, que es lo que lo convierte en impermeable, conlleva un mayor peligro de crecidas porque “la retención natural del agua mediante la infiltración en el terreno se ve muy reducida”. En la escorrentía sobre hormigón, explica Esteban García, ingeniero de Caminos, la mayoría del agua que cae no es absorbida por el terreno, lo que fomenta que se creen esas grandes avenidas.

Y España lleva años sellando sus suelos con hormigón. El país fue, entre 2006 y 2015, el segundo estado de la UE que más incrementó su superficie impermeabilizada en términos absolutos, solo por detrás de Francia, según la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEM).

El trabajo de los científicos de Alicante expone que, dentro del contexto de cambio climático, “el aumento de las tormentas intensas y las superficies selladas debido al exceso de urbanización ha llevado a un incremento de las áreas urbanas afectadas por inundaciones”. Especialmente en el sureste de España, donde esta dinámica ha provocado “una mayor exposición y vulnerabilidad de la población a nuevos riesgos”.

Olcina recuerda que pese a los excesos pasados, “en España hay desde hace unos años normativa que prohíbe la ocupación de suelos inundables, por ejemplo la ley del Suelo de 2015. También las comunidades autónomas tienen planes especiales de gestión del riesgo que obligan a hacer cartografías y regulan los usos del suelo en zonas de riesgo… Eso está ahí, pero hay que cumplirlo”, añade.

El catedrático recuerda que estas situaciones están (algo) previstas en la ley aunque, como explica García, cuando hay muchas precipitaciones se sabe por dónde va a ir el agua, se puede calcular cuánta bajará, pero no se sabe cuándo. “La ley de cambio climático obliga a que todas las planificaciones del territorio deban incorporar la variable de cambio climático. Hoy ya disponemos de modelos que están señalando lo que va a ocurrir, y eso hay que transmitirlo al territorio y elevar el nivel de precaución. Es necesario delimitar espacios más amplios como zonas inundables, no solo lo que nos dice la ley de agua, porque estamos viendo que los periodos de retorno [la probabilidad de cuándo va a volver a suceder un determinado evento] se van batiendo cada vez con más prontitud”.

García explica que infraestructuras como una presa o un canal se diseñan pensando en la mayor avenida que puedan sufrir en 1.000 años (hay diferentes escalas temporales para diferentes tipos de construcciones y según la severidad de la avenida), pero que existe el riesgo de que, como sucede con los periodos de retorno, los cálculos se estén quedando obsoletos y sea necesario hacer nuevas estimaciones. En cualquier caso, tiene mala solución, añade. “¿Qué hacemos en ese caso? ¿Crecer las presas? ¿Reforzar los canales? No está muy claro cómo se podría actuar”, sostiene.

“Reducir la energía del agua”

La guía de adaptación a las inundaciones del Ministerio de Transición Ecológica explica que “cuando se producen precipitaciones intensas, la utilización de pavimentos impermeables y canalizaciones directas de la escorrentía propician la creación de grandes avenidas de agua que provocan el colapso de la red general de evacuación”. En otras palabras, si llueve mucho, ese terreno impermeable provoca que el volumen de agua crezca y la velocidad de la riada se acelere. A partir de ahí viene el desbordamiento.

Por eso García pone énfasis en el concepto “reducir la energía” del agua. La UE, cuenta, ha emprendido la vía de recuperar los cauces naturales de los ríos, como por ejemplo se hizo en Madrid o se está haciendo, a tramos, en el río de Los Ángeles (EEUU). “La naturalización de los ríos permite laminar las avenidas [disminuir el caudal y potencia de una riada] cuando crece la vegetación y la naturaleza se expande”, ilustra. Igual que las dunas junto al mar protegen las costas del avance del agua, explica, los ríos naturales, no canalizados, lo hacen con sus caudales.

Mientras, más de un millón de casas en España están construidas en zonas de riesgo, el 4,3% de las viviendas españolas, y la mayoría en el Mediterráneo. Para ellas no hay solución buena, explica García: “No deberían estar ahí desde un principio” y son susceptibles de sufrir el fenómeno de nuevo.

En España existe un amplio territorio muy expuesto a las inundaciones. Los tramos que muestran riesgo evidente suman casi 12.000 km, según las últimas mediciones del Ministerio de Transición Ecológica. El peligro alcanza a más de 2,3 millones de personas en las cuencas gestionadas por el Ejecutivo central."               

(Raúl Rejón / Daniel Sánchez Caballero , eldiario.es, 01/11/24)