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12.10.26

Cousas veredes... Gabriel Escarrer, presidente de Hoteles Meliá, llamando a la lucha contra los pisos turísticos (rechazando la política de Feijóo): “El nuevo Gobierno tiene que acabar con el “desmadre” de los pisos turísticos en España. “Siendo el acceso a la vivienda el principal problema de los ciudadanos en España, creo que el nuevo Gobierno tiene una oportunidad única para regular los alquileres turísticos y suprimir de una forma tajante el alquiler vacacional ilegal”... culpó a las comunidades autónomas, las que tienen competencia en la materia, de falta de voluntad para hacer cumplir lo que marca la ley. “Hay muchas medidas para promover vivienda pública. Pero a corto plazo, sin lugar a dudas, lo que puede tener un efecto tremendo es quitar los miles de alquileres turísticos ilegales de las plataformas”... “Sigue habiendo un montón de casos y operativas. Por ejemplo, muchos propietarios son extranjeros que comercializan sus viviendas en plataformas fuera de España” (Carlos Molina)

"El presidente y consejero delegado de Meliá, la primera hotelera en España, con 157 inmuebles y 37.228 habitaciones, quiere que el Gobierno que salga de las urnas el próximo 29 de noviembre acabe con el “desmadre” de los pisos turísticos en España. “Siendo el acceso a la vivienda el principal problema de los ciudadanos en España, creo que el nuevo Gobierno tiene una oportunidad única para regular los alquileres turísticos y suprimir de una forma tajante el alquiler vacacional ilegal”, subrayó Gabriel Escarrer (Palma, 55 años) en una entrevista con este periódico durante la vigesimosexta cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), que se ha celebrado jueves y viernes en la localidad maltesa de La Valeta y que ha reunido a cien directivos de las principales empresas de todo el mundo.

Escarrer, que intervino como ponente, culpó a las comunidades autónomas, las que tienen competencia en la materia, de falta de voluntad para hacer cumplir lo que marca la ley. “Hay muchas medidas para promover vivienda pública. Pero a corto plazo, sin lugar a dudas, lo que puede tener un efecto tremendo es quitar los miles de alquileres turísticos ilegales de las plataformas”, indicó. Pese al esfuerzo desarrollado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para controlarlos, Escarrer cree que aún existe margen para rebajar esa cifra: “Sigue habiendo un montón de casos y operativas. Por ejemplo, muchos propietarios son extranjeros que comercializan sus viviendas en plataformas fuera de España”.

El consejero delegado de Meliá considera que los pisos turísticos son los principales responsables de la desafección reciente contra el turismo, expresada en numerosas manifestaciones en Canarias, Barcelona, Málaga o Palma de Mallorca, entre otras localidades. “Necesitamos crear un turismo más amigable, más empático con los ciudadanos y que aporte más, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social”, señaló Escarrer, que puso como ejemplo la transformación sufrida por la localidad mallorquina de Magaluf: “Se ha eliminado paulatinamente el turismo de excesos, el balconing y otras aberraciones. En cuatro años no se ha producido ningún incidente y eso es una muestra de que estamos cambiando la V de volumen por la V de valor”.

En un ejercicio en el que la actividad de la compañía se está viendo muy condicionada por la crisis energética, la hiperinflación derivada de la invasión de Irán y la salida precipitada de Cuba para evitar las sanciones de EE UU por gestionar 24 hoteles, Escarrer apunta que el cierre económico de este año será mejor que el de 2025, en el que la compañía alcanzó un resultado bruto de explotación (ebitda) de 565 millones de euros. “Va a ser un ejercicio definitivamente mejor que el año anterior, tal y como nos comprometimos ante la junta general de accionistas. Al margen de la guerra de Irán, tampoco han ayudado las adversidades vividas en México, ya sea por los problemas de seguridad, la irrupción del sargazo [un alga marina que desprende un mal olor similar al azufre y que se acumula por toneladas en la costa mexicana] o la apreciación del peso mexicano frente al dólar”. México, donde cuenta con 18 hoteles (cinco en Cancún y en el Caribe Mexicano, dos en Los Cabos, Playa del Carmen y Riviera Maya y uno en México DF), se ha convertido en el segundo mercado por volumen de ingresos y empleados.

Pese a todos los contratiempos sobrevenidos este año, Escarrer se reafirmó en su previsión realizada a principios de año para abrir 30 hoteles este año. “Estamos cumpliendo objetivos y además lo estamos haciendo en lugares muy singulares, muy alineados con la estrategia de ir a enclaves únicos. No es casualidad, por lo tanto, que este año abramos en Maldivas o Seychelles, o que hayamos apostado muy fuerte por el desarrollo en dos grandes áreas como Mediterráneo o Sudeste asiático, especialmente Vietnam”, señaló en la entrevista.

En cualquier caso, el directivo subrayó que el único límite que contempla a corto plazo para hacer crecer su cartera es digerir hoteles sin generar tensiones en la estructura de la compañía: “Podríamos llegar a 60 aperturas por año. Pero 30 hoteles significa abrir un hotel cada dos semanas y eso requiere una logística: contratar equipos de recursos humanos, directores o jefes de departamento y eso no siempre es fácil. Nuestra experiencia nos dice que una treintena de establecimientos es lo que podemos digerir sin generar cuellos de botella”.

Frente a la prioridad anterior de reducir la deuda financiera neta [en 2025 cerró en 2,2 veces ebitda], Escarrer destaca que el objetivo para este año es mantenerla en ese nivel y seguir creciendo con nuevas aperturas de la mano de las alianzas que ha ido tejiendo con socios financieros, que han cristalizado en una inversión de 1.000 millones de euros en reposicionamientos en los últimos cuatro años. “A principios de año hemos comprado el Meliá Génova y hemos adquirido una participación minoritaria del 20% en un hotel de Nueva York y un hotel en Benidorm”.

En ese giro del ahorro hacia la inversión ha tenido un peso determinante la reestructuración de la deuda acometida el pasado mes de febrero, cuando la hotelera de la familia Escarrer formalizó un préstamo sindicado de 800 millones de euros bajo la modalidad de club deal, liderado por BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell. Uno de los hitos más relevantes de esta refinanciación es la mejora del perfil de vencimientos. La operación permite posponer los compromisos financieros más significativos hasta 2030, despejando el horizonte de pagos que anteriormente se concentraba en los cuatro años entre 2026 y 2029.

Con esta operación, la compañía solo tendrá que devolver 145,2 millones en ese período, repartidos entre los 29 millones de 2026, los 17,5 millones de 2027, los 48 millones de 2028 y los 50,7 millones de 2029. La compañía prevé afrontar el reintegro de 420,6 millones en 2030 y de otros 415,5 millones en 2031. Al cierre del primer semestre, la deuda neta financiera de Meliá ascendió a 2.149 millones de euros." 

( Carlos Molina , El País, 10/10/26) 

6.10.26

El movimiento por la vivienda ha transformado la política española y podría salvar a Sánchez el 29 de noviembre... El surgimiento de un movimiento masivo por la vivienda en los últimos diez días ha devuelto la cuestión de la clase social a la agenda política española y ha alterado por completo las dimensiones de las elecciones generales... El Gobierno español reaccionó con rapidez a la presión del movimiento impulsando dos decretos sobre vivienda. Junts se negó a votar a favor de cualquiera de los dos decretos por presiones de la banca catalana y de los grupos de presión del sector inmobiliario... ¿Por qué la derrota parlamentaria del Gobierno sirvió de trampolín para convocar elecciones generales? Antes del desahucio de Maricarmen, la política española se había centrado obsesivamente en la crisis migratoria de Ceuta. Si la crisis de Ceuta hubiera marcado la campaña electoral, Sánchez no habría tenido ninguna oportunidad... La vivienda es un asunto totalmente distinto. Lejos de contraponer a autóctonos frente a inmigrantes o a cristianos frente a musulmanes, la cuestión de la vivienda se define por la división entre inquilino y propietario: entre el joven que no puede permitirse independizarse del hogar familiar y el fondo buitre que busca desahuciar a los inquilinos para dejar paso a los turistas... Pedro Sánchez, al responder con rapidez a las demandas del movimiento por la vivienda, ha posicionado al PSOE y a su gobierno de coalición como defensores de los inquilinos; por el contrario, el PP y Vox se han opuesto rotundamente a los decretos sobre vivienda, apareciendo así como portavoces de las clases propietarias... Sánchez habló de la necesidad de que los votantes le otorgaran una mayoría para poder «someter a las élites». A medida que España se ha polarizado en bloques de izquierda y derecha, Sánchez se ha convertido en la figura dominante del primero (Ben Wray)

"España volverá a las urnas el 29 de noviembre. La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar nuevamente a la ciudadanía está estrechamente ligada al movimiento social surgido en España durante los últimos diez días contra los desahucios y en defensa del derecho a la vivienda.

La chispa inicial saltó con el desahucio de Maricarmen, una inquilina de 87 años, de su piso en Madrid, donde había residido durante 71 años. La policía agredió a los activistas que intentaban impedir el desalojo, y Maricarmen fue evacuada en camilla. Un fondo buitre, propietario del inmueble, pretendía aumentar el alquiler más de un 300 %. En respuesta al desahucio, miles de activistas —incluidos miembros del sindicato de inquilinos— ocuparon la madrileña Puerta del Sol y montaron tiendas de campaña: la mecha ya se había encendido.

El Gobierno español reaccionó con rapidez a la presión del movimiento impulsando dos decretos sobre vivienda. El primero contemplaba, entre otras medidas, la paralización de todos los desahucios hasta 2030; el segundo atendía las demandas específicas del sindicato de inquilinos sobre contratos incondicionales, obligando a los propietarios a abonar una indemnización equivalente a 12 meses de alquiler si rescindían el contrato y desahuciaban al inquilino. El Gobierno carece de mayoría absoluta y depende del apoyo de un conjunto de partidos de izquierda y de centro-derecha para sacar adelante cualquier ley.

Sánchez dividió la propuesta en dos decretos, previendo que el segundo sería rechazado por sus «aliados» de derecha —el partido independentista catalán Junts per Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco (PNV)—, pero confiando en que el primero saldría adelante y se lograría frenar los desahucios. Finalmente, Junts se negó a votar a favor de cualquiera de los dos decretos. Se rumorea que el partido de Carles Puigdemont recibió presiones de la banca catalana y de los grupos de presión del sector inmobiliario. El rechazo de los decretos provocó una gran indignación: al día siguiente, decenas de miles de personas se manifestaron en Madrid y otras muchas miles lo hicieron en el resto de España, produciéndose ocupaciones de plazas públicas por todo el país.

¿Por qué la derrota parlamentaria del Gobierno sirvió de trampolín para convocar elecciones generales? En cualquier caso, Sánchez estaba obligado a convocar elecciones a más tardar en mayo de 2027, y la cuestión de la vivienda constituye un terreno mucho más favorable para la izquierda que cualquier otro tema que pudiera llegar a dominar una campaña electoral. Antes del desahucio de Maricarmen, la política española se había centrado obsesivamente en la crisis migratoria de Ceuta, tras la entrada de miles de personas en el enclave africano desde Marruecos a finales de julio. Si la crisis de Ceuta hubiera marcado la campaña electoral, Sánchez no habría tenido ninguna oportunidad: el debate sobre la inmigración está dominado por el partido de extrema derecha Vox, que arrastra consigo al Partido Popular (PP), de centro-derecha.

La vivienda es un asunto totalmente distinto. Lejos de contraponer a autóctonos frente a inmigrantes o a cristianos frente a musulmanes, la cuestión de la vivienda se define por la división entre inquilino y propietario: entre el joven que no puede permitirse independizarse del hogar familiar y el fondo buitre que busca desahuciar a los inquilinos para dejar paso a los turistas. La crisis de la vivienda está marcada por la clase social: por un lado, quienes poseen múltiples propiedades y pueden utilizar su patrimonio inmobiliario para obtener rentas; por otro, quienes carecen de propiedad y deben pagar alquileres o hipotecas cada vez más inasequibles. En este terreno, el intento de la izquierda de frenar los desahucios transmite un mensaje capaz de atraer a sectores mucho más amplios que su base electoral habitual: una gran mayoría de votantes de todos los partidos, incluidos los del PP y Vox, respalda el llamamiento del sindicato de inquilinos a una huelga general contra los desahucios.

Históricamente, el PSOE de Sánchez se ha posicionado del lado del rentista frente al inquilino. Cuando estalló la crisis financiera de 2008 y cerca de un millón de personas perdieron su vivienda en el país, el PSOE gobernaba y rescató a los bancos, al tiempo que protegía la facultad de los agentes judiciales para desahuciar a las personas de sus hogares. El movimiento antidesahucios PAH, surgido a raíz de la crisis financiera, se opuso explícitamente a la gestión de la crisis por parte del PSOE bajo el liderazgo de Zapatero, hasta que el PP asumió el poder a finales de 2011. En los años posteriores, el número de inquilinos en España ha aumentado a medida que la clase trabajadora se ha visto progresivamente excluida del mercado de compra de vivienda debido a los precios prohibitivos. Sin embargo, incluso cuando Sánchez devolvió al PSOE al poder en 2018, abordar la crisis de la vivienda siguió estando muy lejos de sus prioridades.

De hecho, el único argumento de ataque del PP y Vox que ha ganado cierto peso durante la última semana es el siguiente: ¿por qué el Gobierno español tardó ocho años —y necesitó que se produjera el desahucio de Maricarmen— para tomar finalmente medidas serias ante la crisis de la vivienda? Los precios de la vivienda y los alquileres se han disparado durante el mandato de Sánchez, mientras los salarios han seguido estancados. La agudización de la crisis de la vivienda bajo el gobierno de coalición de izquierdas desde 2020 pone de manifiesto el tipo de socialdemocracia —de carácter débil— que se ha aplicado: aunque el Gobierno ha hecho gala de un discurso de justicia social y ha impulsado algunas reformas en esa dirección, la economía española ha seguido alimentando la inflación de los precios de los activos, la turistificación 
el empleo en el sector servicios con salarios bajos.

No obstante, Sánchez ha logrado mantenerse en el poder hasta ahora gracias a su agilidad política y a su capacidad para captar el sentir de la ciudadanía. Al responder con rapidez a las demandas del movimiento por la vivienda, ha posicionado al PSOE y a su gobierno de coalición como defensores de los inquilinos; por el contrario, el PP y Vox se han opuesto rotundamente a los decretos sobre vivienda, apareciendo así como portavoces de las clases propietarias. La única respuesta del PP ante la crisis habitacional es construir más viviendas, una postura defendida, entre otros, por Jeff Bezos. Sin embargo, cualquiera que recuerde el *boom* inmobiliario español previo a 2008 sabe que esa no es la solución: entre 1998 y 2008 se construyeron seis millones de viviendas y el precio de la vivienda se duplicó. Lo que determina la evolución de los precios inmobiliarios es la aceleración en la creación de crédito hipotecario, no la oferta y la demanda. O, dicho de otro modo: nadie cree que un mayor número de viviendas en manos de fondos buitre vaya a resolver la crisis de la vivienda.

Aun así, las encuestas sugieren que el PP y Vox formarán un gobierno de coalición tras el 29 de noviembre. El principal problema de Sánchez es que los partidos situados a su izquierda —con los que necesita sumar fuerzas para lograr una mayoría— han perdido peso desde las elecciones generales de 2023, cuando el PP y Vox se quedaron a las puertas de la mayoría absoluta. La coalición «Sumar», surgida en torno a Yolanda Díaz en 2023 —tomando el relevo de Podemos como referente de la izquierda alternativa—, parecía una opción renovadora hace tres años; hoy, sin embargo, transmite una imagen muy distinta. Dividida entre los restos de Sumar y los de Podemos, no está claro que la izquierda sea capaz de unirse y, aun logrando articular algo, cabe preguntarse si esa unión sería algo más que una «unidad de cementerio».

Fue un movimiento social masivo —el de los «Indignados» o el «15-M»— el que insufló nueva vida a la izquierda alternativa española. De aquel movimiento surgió Podemos como una fuerza antisistema dinámica y renovadora. Sin embargo, nunca logró desplazar al PSOE como principal actor de la izquierda en la política española. Al final, la izquierda ha terminado sosteniendo al PSOE en el poder, mientras que el PSOE ha ido adoptando gran parte del discurso de la izquierda. En el discurso en el que anunció las elecciones, Sánchez habló de la necesidad de que los votantes le otorgaran una mayoría para poder «someter a las élites». A medida que España se ha polarizado en bloques de izquierda y derecha, Sánchez se ha convertido en la figura dominante del primero.

Pero la aritmética electoral no engaña. Sánchez no ganará en solitario. Necesitará que la izquierda alternativa alcance al menos cerca del 10 % de los votos para tener posibilidades reales de formar gobierno de nuevo. Esto no parecía factible antes de que estallara el movimiento por la vivienda, y sigue pareciendo improbable, pero si logran canalizar parte de la indignación antisistema de dicho movimiento, ¿quién sabe? Los activistas por la vivienda tienen motivos legítimos para recelar de que su movimiento sea instrumentalizado con fines electorales, pero también podrían percibir una oportunidad: si la izquierda logra una victoria sorprendente el 29 de noviembre, todo el mundo sabrá que se lo debe al movimiento por la vivienda, y el impulso político que esto otorgaría al movimiento podría ser enorme.

Por otro lado, si gana la derecha y tenemos un partido de extrema derecha en el gobierno por primera vez en la España posterior a Franco, cabe esperar un giro brusco hacia el autoritarismo. Vox, en particular, buscará avanzar hacia sus aspiraciones de un Estado español centralizado, recortando el poder de las fuerzas independentistas en Cataluña y el País Vasco. El objetivo será restar competencias a las comunidades autónomas para que España no vuelva a vivir un proceso independentista como el que presenciamos en Cataluña hace casi diez años. Se revertirán todos los intentos realizados durante los años de mandato de Sánchez por forjar una España «plurinacional».

Las viejas divisiones que definen a España —de clase y de nación— habían quedado algo eclipsadas durante los años de «gobierno progresista», pero nunca llegaron a desaparecer del todo. La dimensión de clase social ha resurgido con fuerza gracias al movimiento por la vivienda. Si el PP y Vox ganan las elecciones, las divisiones nacionales volverán también a ocupar un lugar central." 

(Ben Wray, Brave New Europe, 05/10/26, traducción google, enlaces en el original) 

28.9.26

Sumar propuso prohibir que las sociedades compren inmuebles... sostenía que las corporaciones usan las viviendas como “bien de inversión para su beneficio económico”, pese a que el acceso a una vivienda digna es un derecho constitucional... CaixaBank es el mayor casero privado de España, con cerca de 22.000 viviendas alquiladas con fianza depositada. Le sigue de cerca Blackstone, con 19.600 viviendas alquiladas en España -13.000 de ellas en Madrid, donde es el mayor arrendador privado... Madrid destaca además por la concentración de la propiedad... más de la mitad (57%) son de grandes tenedores empresariales. Y un tercio de los pisos de la región (52.719) pertenece a sociedades con más de 100 viviendas en la región... las sociedades privadas que poseen inmuebles de uso residencial en España acumulan 1.076.753 viviendas... los datos de compraventas confirman que las empresas compran más viviendas que en ningún otro año desde 2007... en 2025, las empresas compraron 78.823 viviendas, la cifra más alta desde 2007... las sociedades con más de diez viviendas suman 562.513, frente a las 178.000 de los particulares en esa misma situación... casi dos de cada tres viviendas de empresas (688.775, el 64%) pertenecen a sociedades que tienen seis o más. Más reducido aún es el grupo de los grandes tenedores: el 5% de las empresas (13.307) posee el 52% de las viviendas a nombre de sociedades (562.513). Y en el extremo superior están 563 sociedades, el 0,2% del total, con más de 100 viviendas cada una: suman 271.479, el 25% de las viviendas de empresas (Daniele Grasso)

 "Maricarmen Abascal, de 87 años, ha sido desahuciada de su casa en Retiro, Madrid, después de que una empresa privada comprara el piso donde vivía. Tras vencer el contrato de alquiler que le había permitido permanecer en la casa familiar desde 1956, la instó a firmar uno donde triplicaba el precio anterior. La empresa que adquirió el inmueble, Urbagestión, es una de las más de 263.619 sociedades privadas que poseen inmuebles de uso residencial en España. En total, acumulan 1.076.753 viviendas, un 4% del parque nacional, según se desprende del análisis de los últimos datos del Catastro, de 2025 (no incluyen País Vasco y Navarra). Y los datos de compraventas confirman que las empresas compran más viviendas que en ningún otro año desde 2007.

Conocer con precisión cuántas viviendas tienen las empresas es clave mientras se debate una reforma de la ley de vivienda en la que Sumar propuso prohibir que las sociedades compren inmuebles. La formación llevó esa propuesta al Congreso en dos ocasiones y ambas fueron rechazadas. En su texto sostenía que las corporaciones usan las viviendas como “bien de inversión para su beneficio económico”, pese a que el acceso a una vivienda digna es un derecho constitucional. La ley de vivienda de 2023 ponía el foco en los grandes tenedores, es decir, las personas y empresas que tienen más de diez viviendas (aunque el Tribunal Constitucional anuló medidas que protegían a inquilinos vulnerables frente a esos propietarios). La mayoría de las viviendas de grandes tenedores en España son de empresas: las sociedades con más de diez viviendas suman 562.513, frente a las 178.000 de los particulares en esa misma situación.

Las sociedades con viviendas a su nombre tienen una media de 4,1 cada una, pero la propiedad está muy concentrada: casi dos de cada tres viviendas de empresas (688.775, el 64%) pertenecen a sociedades que tienen seis o más. Más reducido aún es el grupo de los grandes tenedores: el 5% de las empresas (13.307) posee el 52% de las viviendas a nombre de sociedades (562.513). Y en el extremo superior están 563 sociedades, el 0,2% del total, con más de 100 viviendas cada una: suman 271.479, el 25% de las viviendas de empresas.(...)

Los datos del Catastro no detallan el uso que las corporaciones hacen de las casas (alquiler turístico, alquiler de larga duración, inversión…), pero el Banco de España calcula que un 8% de los arrendadores de viviendas son empresas. Una investigación de la entidad sin ánimo de lucro Civio contabilizó que, como mínimo, 185.000 viviendas de empresas con más de 50 pisos se dedican al alquiler: es decir, al menos una de cada seis viviendas de empresas en España se usaría para alquiler. Es una estimación a la baja, porque recoge aquellos alquileres que tienen la fianza depositada (una práctica que no existe en Asturias, Cantabria, Murcia, Navarra y La Rioja), pero es la mejor cifra disponible. En concreto, y gracias a peticiones de información realizadas con la Ley de Transparencia, reveló que CaixaBank es el mayor casero privado de España, con cerca de 22.000 viviendas alquiladas con fianza depositada. Le sigue de cerca Blackstone, con 19.600 viviendas alquiladas en España -13.000 de ellas en Madrid, donde es el mayor arrendador privado.

En el siguiente mapa se puede consultar, municipio a municipio, cuántas viviendas están en manos de sociedades, casi todas españolas (el 98% tienen sede en España y número de identificación fiscal español). El mapa y la tabla muestran también la concentración de la propiedad, es decir, cuántas viviendas pertenecen a grandes tenedores, las sociedades con más de 10 viviendas. El municipio con mayor porcentaje es Toril (Cáceres), donde el 43% de las viviendas pertenece a grandes tenedores. No hay datos de País Vasco ni de Navarra, porque tienen un catastro propio que no desagrega la información por titulares.  (...)

El mapa y los datos del catastro muestran el peso de las empresas por comunidad. Canarias es donde más viviendas tienen a su nombre en proporción: el 7,5% del parque residencial, por delante de Cataluña y Baleares (6,6% en ambas) y de Madrid (5,6%). En número de viviendas, las cuatro comunidades más pobladas - Cataluña, Andalucía, Madrid y Valencia- concentran el 69% de todas las viviendas a nombre de empresas.

Cataluña por sí sola reúne el 23%, una de cada cuatro. Las viviendas a nombre de empresas pesan más en zonas turísticas, como la zona de la Costa Brava, del Pirineo y del Val de Arán: Naut Aran (Baqueira) es el municipio con más peso de toda Cataluña: 23,5%. También destacan municipios con polígonos industriales relevantes como con Guissona 15,2% (sede de la empresa BonÀrea), La Pobla de Mafumet 15,1% (donde hay una cocida refinería de Repsol) y Constantí 12,0% o La Jonquera 13,2%, importantes polos de logística fronteriza.

La presencia de empresas en zonas turísticas se repite en Baleares y Canarias. En Ibiza, todos los municipios superan el 10% de viviendas a nombre de empresas, con un máximo del 18% en Sant Joan de Labritja. Ocurre lo mismo en casi toda Fuerteventura y en la mayoría de los municipios de Tenerife y Gran Canaria. (...)

Madrid destaca además por la concentración de la propiedad. Las viviendas de empresas son el 5,6% del parque residencial de la comunidad y más de la mitad (57%) son de grandes tenedores empresariales. Y un tercio de los pisos de la región (52.719) pertenece a sociedades con más de 100 viviendas en la región. Es la proporción más alta: Cataluña llega al 25%; Aragón y Canarias, al 24%, y Andalucía, al 23%. En el extremo opuesto están Extremadura (7%), Baleares (8%) y La Rioja (10%), donde pesan más las sociedades con pocas viviendas.    (...)

No es nuevo que las empresas compren viviendas y de hecho mueven el 10% de las compraventas anuales en España, según los datos del Consejo General del Notariado. Pero la tendencia es al alza: en 2025, las empresas compraron 78.823 viviendas, la cifra más alta desde 2007. Y desde 2010 venden más de lo que compran: en 2025 vendieron 124.064, unas 45.000 más de las que adquirieron.(...)

Nota metodológica

Para elaborar esta información hemos utilizado los datos del Padrón urbano del IBI, centrándonos solo en los inmuebles de uso residencial y consultando el desglose por tipología de persona fiscal, una estadística que solo existe para los años 2024 y 2025. Para calcular cuántas viviendas son de empresas privadas se han tenido en cuenta solo aquellos propietarios que son personas jurídicas privadas españolas y extranjeras. No hemos incluido en esa definición las asociaciones, fundaciones y entidades religiosas, las entidades sin personalidad jurídica (comunidades de propietarios, comunidades de bienes), las entidades no definidas y las catalogadas como 'otros NIF'.

Los datos brutos originales se pueden consultar y descargar en la página web del catastro."

(Daniele Grasso , El País, 27/09/26, gráficos en el original)

Un periodista contaba en Onda Cero que Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, los buitres que han desahuciado a Mari Carmen, estaban devastados porque creían que su empresa iría a la quiebra por la mancha de reputación... Mari Carmen nos ha enseñado que funciona la presión social. Que si conocemos el nombre de los buitres que se esconden tras un fondo, sicav, pyme o su puta madre con siglas, vamos a organizarnos para señalarlos, presionarlos y hacerles la vida igual de jodida que ellos se la quieren hacer a quienes pueden perder sus casas... Los dos empresarios, los dos buitres, tuvieron miedo, solo un poco del que han hecho pasar estos años a Mari Carmen y lanzaron un comunicado para decir que igual ahora sí dejaban que se quede a vivir en esa casa con un alquiler normal. Es tarde... Ya sabemos lo que pretenden cuando el miedo los ha acongojado, cuando se ha empezado a hablar de expropiarles el inmueble. Se creían que esta iba a ser otra vez más de esas que suceden con normalidad en la que podían humillar y machacar a una pobre mujer indefensa dejándole sin su techo. Se pensaban que era rutina, que mandarían a la policía a dar hostias, que le dejarían en la calle con los recuerdos de los últimos 70 años y su cuerpo maltrecho en una silla de ruedas y que podrían seguir con su miserable negocio esperando sacar beneficio del inmueble y seguir buscando otra vivienda con algún inquilino muerto de hambre dentro para comprarlo más barato... El Sindicato de Inquilinas tiene la capacidad de canalizar el miedo, la frustración, el odio y la incertidumbre hacia la acción política y la autodefensa. La mayoría de gente que está a punto de perder su vivienda llama a esa puerta desesperada por encontrar alguna salida colectiva a su infierno individual. Y el sindicato se lo proporciona y cada vez tiene más fuerza... Ya que la clase política no es capaz de dar solución a las exigencias de quienes pueden perderlo todo vamos a hacer que esas empresas que quieren ganar dinero con la miseria ajena tengan que valorar si es conveniente tocar a otra Maricarmen, porque igual es el último negocio que hacen (Antonio Maestre)

" Las súplicas que ignoró Urbagestión antes del desahucio de Maricarmen: “Os ruego, por favor, que escuchéis la propuesta”

Un periodista contaba en Onda Cero que Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, los buitres que han desahuciado a Mari Carmen, estaban devastados porque creían que su empresa iría a la quiebra por la mancha de reputación. Estaban asustados porque no paraban de recibir correos y llamadas que le tenían la centralita colapsada y que hasta recibió en la sede de la empresa el obsequio de una caja de animales vivos que incluía cientos de cucarachas. Al fin y al cabo no solo de Maricármenes se alimentan los buitres e igual necesitan más proteína.

Gente a la que quiero mucho y que se encuentra de baja médica se ha dedicado estos días a llamar todo el tiempo a la empresa de los dos buitres desde la cama, a inundarlos de correos, a darles por saco lo que le ha permitido su situación porque no podía a ir a manifestarse a su empresa. No son bots, son gente indignada que ha realizado un ejercicio de activismo para demostrar que somos muchos los que estamos dispuestos a hacerles sudar sangre a quienes crean que pueden hacer lo que quieren, destruir la vida de la gente humilde y continuar con sus negocios de mierda sin que les genere ningún coste.

Los dos empresarios, los dos buitres, tuvieron miedo, solo un poco del que han hecho pasar estos años a Mari Carmen y lanzaron un comunicado para decir que igual ahora sí dejaban que se quede a vivir en esa casa con un alquiler normal. Es tarde. Ya sabemos lo que pretenden cuando el miedo los ha acongojado, cuando se ha empezado a hablar de expropiarles el inmueble. Se creían que esta iba a ser otra vez más de esas que suceden con normalidad en la que podían humillar y machacar a una pobre mujer indefensa dejándole sin su techo. Se pensaban que era rutina, que mandarían a la policía a dar hostias, que le dejarían en la calle con los recuerdos de los últimos 70 años y su cuerpo maltrecho en una silla de ruedas y que podrían seguir con su miserable negocio esperando sacar beneficio del inmueble y seguir buscando otra vivienda con algún inquilino muerto de hambre dentro para comprarlo más barato, cambiarle las condiciones el alquiler de manera unilateral, joderle la vida y así seguir girando la rueda de los beneficios a costa de la vida de la clase trabajadora. Pero esta vez no, esta vez nos ha encontrado organizados, valientes y con la rabia enquistada entre los dientes.

El Sindicato de Inquilinas tiene la capacidad de canalizar el miedo, la frustración, el odio y la incertidumbre hacia la acción política y la autodefensa. La mayoría de gente que está a punto de perder su vivienda llama a esa puerta desesperada por encontrar alguna salida colectiva a su infierno individual. Y el sindicato se lo proporciona y cada vez tiene más fuerza. Ahora hay muchos rentistas, desalmados, propietarios, grandes o pequeños, que saben que como se les ponga en frente esa masa colectiva que es el inquilinato organizado tiene que tener mucho miedo porque van a poner su cuerpo, van a tener un ejército de hormigas tocacojones y van a señalarlos en sus propias casas y empresas.

Mari Carmen nos ha enseñado que funciona la presión social. Que si conocemos el nombre de los buitres que se esconden tras un fondo, sicav, pyme o su puta madre con siglas, vamos a organizarnos para señalarlos, presionarlos y hacerles la vida igual de jodida que ellos se la quieren hacer a quienes pueden perder sus casas. Vamos a enseñar vuestros nombres, vuestras caras, vamos a seguiros allá donde tengáis la empresa, os vais a quedar sin ese anonimato que os protege del mismo modo que hacéis que toda España vea la intimidad desnuda de personas como Maricarmen. Os lo vais a tener que pensar dos veces antes de poneros enfrente del hartazgo de aquellas personas a las que despojáis de todo.

Ser unos buitres no os va a salir a cuenta, ser un canalla no va a valer la pena y antes de que invirtáis para comprar una casa con un inquilino dentro tendréis que meter en la cuenta de resultados lo que os va a costar limpiar las oficinas de cucarachas y el precio para el abogado que vais a usar para perseguir a los miles de ciudadanos que vais a tener detrás haciéndoos entender que cuando tocáis a uno tocáis a todos. Ya que la clase política no es capaz de dar solución a las exigencias de quienes pueden perderlo todo vamos a hacer que esas empresas que quieren ganar dinero con la miseria ajena tengan que valorar si es conveniente tocar a otra Maricarmen, porque igual es el último negocio que hacen"

(Antonio Maestre, blog, 27/09/26)

9.9.26

Pasar de 53 a 97 millones de turistas al año, prácticamente duplicándose en tan solo quince años, con un crecimiento anual acumulado del cinco por ciento, es una auténtica burbuja de demanda externa, que ya le ha explotado en la cara a los cientos de miles de ciudadanos que no pueden acceder a una vivienda (ni propia ni de alquiler)... esta explosión de la demanda no se resolvió con un aumento de la oferta hotelera... el negocio de las camas necesarias se está resolviendo —como se certifica claramente en la evolución de las viviendas de uso turístico y el colapso del mercado inmobiliario para residentes— mediante una burbuja especulativa de alquileres... Una captura rentista en la que están embarcados unos pocos grandes, pero también miles de pequeños inversores que huyen de unos depósitos bancarios no remunerados por el oligopolio financiero... En este modelo económico millones de consumidores llegan del extranjero y también en gran medida la mano de obra necesaria serán inmigrantes extranjeros, mientras que numerosos rentistas (arrendadores, comercios, hostelería, transporte, ocio nocturno, etc.), pequeños, medianos y grandes (autóctonos o foráneos) obtienen ingresos dentro del país. Podríamos considerarlo una burbuja de rentistas turísticos... nos encontramos ante una burbuja de empleo precario (a menudo irregular) de trabajadores extranjeros (del Sur global) que depende de millones de visitantes del Norte global... Sobra decir que si este modelo ha crecido hasta el presente a sus anchas, lo hará hasta su explosión en manos de Gobiernos (locales, autonómicos y quizás pronto estatal) entregados sin límites a esas manos invisibles del mercado. Pues son muchos miles de rentistas conscientes de que es la mano invisible sin ataduras la que garantiza sus rentas y privilegiado nivel de vida; no es extraño que estén siendo, por tanto, muy activos propagandistas de las alternativas de derecha extrema que supuestamente les blindarán esos privilegios (Albino Prada)

 "El modelo económico de España: un Parque Temático

En el año 2007 el presidente José Luis Rodríguez Zapatero nos informaba que en los tres años anteriores en España se había creado el cuarenta por cien de los empleos de la Unión Europea. Luego vino lo que vino. Este mes de julio de 2026 el presidente Pedro Sánchez en su balance anual declaró que España crea hoy cerca de la mitad de los empleos de la UE. Parece que el capitalismo rentista y financiero español es amigo de estos sortilegios.

Por aquél entonces también se nos informaba que el Reino de España era el mayor consumidor de cemento de la Unión Europea, con un veinte por ciento del total consumido. Un nivel tóxico. Y así pasamos de tener dos millones y medio de personas ocupadas en el sector de la construcción en 2008 a apenas un millón en 2016. La burbuja inmobiliaria había estallado de la mano de nuestro sistema financiero. En abril del 2007 publicaba un breve análisis titulado «La España del tío Gilito» sobre este frenesí, que recomiendo leer con la perspectiva de estos últimos veinte años.

Ahora de nuevo, entre 2020 y 2025, según datos de Eurostat, veinticinco de cada cien empleos creados en la UE, en esos cinco años, se generaron en España. Conviene recordar —como referencia para estas cifras— que apenas un once por ciento es el nivel de los ocupados en la UE que trabajan en España.

¿Caminamos hacia una nueva burbuja? ¿en qué sectores estamos engordando demasiado esta vez?. Sostendré en lo que sigue que habríamos pasado de una burbuja de promotores a una burbuja de arrendadores, en sintonía con las decrecientes capacidades de gasto de los visitantes extranjeros. Sin en la primera la demanda turística fue determinante, en la segunda no lo será menos.

*

Para ayudar a responder estas preguntas, recientemente analizaba con cierto detalle la evolución del empleo en España entre 2011 y 2025, llegando a la conclusión de que la mayor parte de los empleos creados se concentraban en las actividades de servicios directa o indirectamente dependientes del turismo (cada vez más en sectores auxiliares distintos de los hoteles) y en servicios personales (ocios varios, educación, sanidad, atención a la dependencia, asistencia familiar, etc.), públicos y -cada vez más- privados.

Un auge del empleo que se traduce en un problema gigantesco[1]: de colapso y de burbuja inmobiliaria. Pues quienes buscan una vivienda permanente para trabajar (o incluso para desplazarse a estudiar) hoy se enfrentan a una oferta escasa y muy cara, dado que el reducido parque inmobiliario existente busca una mayor rentabilidad en el enorme crecimiento del sector turístico o de temporada[2]. Precisamente en este desajuste reside un factor (el acceso a la vivienda) que podría desinflar (junto a las recurrentes olas de calor, danas y demás) la burbuja de crecimiento del empleo en las actividades que hemos mencionado. Un caso típico es el del personal de hoteles en muchas zonas turísticas. Pero existen muchos más.

*

Para dilucidar si hemos pasado de un modelo tóxico de burbuja inmobiliaria y financiera en 2008 a una nueva y particular burbuja en 2026, paso a describir lo que denominaré «Modelo Parque Temático» centrado en el turismo.

En este modelo económico millones de consumidores llegan del extranjero y también en gran medida la mano de obra necesaria serán inmigrantes extranjeros, mientras que numerosos rentistas (arrendadores, comercios, hostelería, transporte, ocio nocturno, etc.), pequeños, medianos y grandes (autóctonos o foráneos) obtienen ingresos dentro del país. Podríamos considerarla una burbuja de rentistas turísticos.

En este modelo una España vaciada (y cíclicamente calcinada) coexiste con otra congestionada: gentrificada en pueblos y ciudades turísticas (se habla de zonas tensionadas), con un uso abusivo de hidrocarburos, derroche de recursos hídricos, etc., etc.,: burbuja difícilmente sostenible. En la nación de España donde resido, podría resumirlo como una mezcla de turismo espiritual (San-Tiago), turismo de sol y luna (San Chencho) o turismo de luces (Vigo) ... parques temáticos. Cada lector puede concretar las ofertas del “éxito” turístico correspondiente en su territorio (para otros ejemplos “exitosos”: Cádiz o Palma).



Para comprobar si nos dirigimos —o no— a una burbuja, resumo cuatro datos en un gráfico para el periodo 2010-2025 (2010=100): los turistas extranjeros y sus pernoctaciones, la disponibilidad de hoteles o alojamientos regulados, y la evolución de los inmigrantes empleados en la economía española en su conjunto.

Ya de entrada debemos hablar de un modelo no resiliente porque necesita de clientes y trabajadores extranjeros, quienes, por lo tanto, dependen de factores externos que, en gran medida, no controlamos (por ejemplo olas de calor). Pero también peligroso porque es ambiental y socialmente insostenible con los recursos internos del país (como ya se ha demostrado en el caso de la vivienda[3], la vida urbana o el medio ambiente, etc.).

Un modelo no resiliente ni sostenible que, además, es una burbuja o bola de nieve, ya que la demanda externa derivada de millones de esos visitantes ha experimentado un crecimiento espectacular, pasando de un índice 100 en 2010 a un índice de 184 en 2025. Esto significa pasar de 53 a 97 millones de turistas al año, prácticamente duplicándose en tan solo quince años, con un crecimiento anual acumulado del cinco por ciento. Una auténtica burbuja de demanda externa[4]. Que ya le ha explotado en la cara a los cientos de miles de ciudadanos que no pueden acceder a una vivienda (ni propia ni de alquiler).

Hay que destacar que esta explosión de la demanda no se resolvió con un aumento de la oferta hotelera. De hecho, en la serie amarilla en el gráfico, las plazas ofrecidas pasa de 100 a 112 en el índice durante esos quince años, de 1,1 millones de plazas a 1,2 millones. Esto significa que el negocio de las camas necesarias se está resolviendo —como se certifica claramente en la evolución de las viviendas de uso turístico y el colapso del mercado inmobiliario para residentes— mediante una burbuja especulativa de alquileres. Y con una animada inversión en vivienda usada para captar esos ingresos turísticos.

Una captura rentista en la que están embarcados unos pocos grandes, pero también miles de pequeños inversores (S.P.: sociedad de propietarios) que huyen de unos depósitos bancarios no remunerados por el oligopolio financiero[5]. Para así alimentar un sector turístico con gastos unitarios cada vez menores y duración media más corta, que, sin embargo, no deja de tener creciente impacto en muchos otros ámbitos.

Acoplado a ese negocio extra hotelero en auge se observa en el gráfico un aumento del empleo de inmigrantes (que en total pasa de un índice de 100 a 146, nótese que es el mismo nivel que el de las pernoctaciones). Empleo que poco tiene que ver con el sector hotelero, más bien con actividades vinculadas al mantenimiento de alojamientos turísticos y al ocio diurno y nocturno en restaurantes o actividades recreativas y festivas. En definitiva, nos encontramos ante una burbuja de empleo precario (a menudo irregular) de trabajadores extranjeros (del Sur global) que depende de millones de visitantes del Norte global.

España funciona en este modelo como un parque temático para un particular encuentro Norte-Sur, del que múltiples rentistas (del sector inmobiliario y de diversos negocios) obtienen notables ingresos, mientras que el acceso a la vivienda y la sostenibilidad ambiental del país se ven muy comprometidos. Las manos invisibles de los mercados son las que deciden los flujos de turistas y de inmigrantes, los usos de las viviendas y de nuestras ciudades, de los recursos y del medio ambiente. Por todo ello lo defino como modelo económico de Parque Temático.

Sobra decir que si este modelo ha crecido hasta el presente a sus anchas, lo hará hasta su explosión  en manos de Gobiernos (locales, autonómicos y quizás pronto estatal) entregados sin límites a esas manos invisibles. Pues son muchos miles de rentistas los asociados a estos Parques Temáticos, conscientes de que es la mano invisible sin ataduras la que garantiza sus rentas y privilegiado nivel de vida; no es extraño que estén siendo, por tanto, muy activos propagandistas de las alternativas de derecha extrema que supuestamente les blindarán esos privilegios.

[1] Sobre la relación del crecimiento del empleo con el vector turístico y de éste con el colapso de la vivienda: https://www.sinpermiso.info/textos/crecimiento-economico-espanol-turismo-y-vivienda.

[2] Crecimiento impulsado por la digitalización masiva de una oferta minifundista de viviendas de uso turístico. Grecia, Portugal y España son grandes e intensos destinos turísticos en la UE que comparten, no por casualidad, un grave problema de encarecimiento de la vivienda (ver aquí).

[3] Algo sobre lo que vengo llamando la atención desde hace ocho años: https://www.infolibre.es/opinion/plaza-publica/jovenes-burbuja-alquiler-espana_1_1163157.html.

[4] Que con datos (INE) de la primera mitad del año 2026 continúa engordando.

7.7.26

El cambio en la estructura de la propiedad que está ocurriendo en España.... "Quién paga y quién recibe 28.000 millones de euros en alquileres cada año en España"... el objetivo es evidente: desposeer a las mayorías de sus viviendas habituales para que todos terminemos siendo inquilinos para siempre... España tiene muchos más inquilinos y que pagan mucho más a sus propietarios que hace 15 años... La tendencia es a una concentración progresiva de vivienda en pocas manos, que irá a más para que dentro de 15 años el 40% de españoles viva en régimen de alquiler... Es la consecuencia directa de haber convertido la vivienda en un activo financiero del que extraer lucro sin trabajar... Una nueva forma de dominación social también, que impide construir nada a largo plazo. La única alternativa es que la vivienda sea un Derecho (Alejandro Pérez Polo)

Alejandro Pérez Polo @alejperez_

Nadie quiere ver lo más relevante de este estudio: el cambio en la estructura de la propiedad que está ocurriendo en España. 

Es un proceso largo, que tardará dos décadas más, pero el objetivo es evidente: desposeer a las mayorías de sus viviendas habituales para que todos terminemos siendo inquilinos para siempre. 

Nos entretienen con brechas generacionales y "falta de oferta", pero hay algo mucho más profundo en marcha y que es la tendencia imparable: España tiene muchos más inquilinos y que pagan mucho más a sus propietarios que hace 15 años. 

La tendencia es a una concentración progresiva de vivienda en pocas manos, que irá a más para que dentro de 15 años el 40% de españoles viva en régimen de alquiler. 

Es la consecuencia directa de haber convertido la vivienda en un activo financiero del que extraer lucro sin trabajar. 

Una nueva forma de dominación social también, que impide construir nada a largo plazo. La única alternativa es que la vivienda sea un Derecho.

"La gran transferencia: quién paga y quién recibe 28.000 millones de euros en alquileres cada año en España" (Ainhoa Díez / Raúl Sánchez , eldiario.es, 05/07/26) 


2:40 p. m. · 6 jul. 2026 ·11,9 mil Visualizaciones

11.6.26

Abaratar el coste de la vivienda un 30% supondría un impulso en la demanda agregada de 25 mil millones de euros y la creación potencial de 410.000 empleos en 5 años Esto equivaldría al 20% del empleo neto creado en los últimos 5 años... El rentismo no solo tiene graves efectos sociales sino que lastra la actividad económica y la creación potencial de empleo... la rentabilidad de la inversión en vivienda es un 52% superior a la inversión productiva empresarial Y crea el incentivo perverso de que es más rentable extraer renta que realizar inversiones productivas, que generan actividad y empleo... Para las familias supone una fuerte extracción de renta, que echa por tierra las subidas salariales, aboca a muchos hogares a no llegar a fin de mes y limita a nivel macroeconómico la demanda agregada… limitando por tanto el crecimiento económico y la creación de empleo (Natalia A.)

Natalia A. @NatMingus

El rentismo no solo tiene graves efectos sociales sino que lastra la actividad económica y la creación potencial de empleo 

La vivienda siempre ha sido la forma predilecta de ahorro y se considera una forma de inversión segura y rentable a largo plazo. Los datos confirman que invertir en vivienda en España es muy rentable, más rentable que cualquier inversión alternativa, productiva o financiera 

 De hecho, a largo plazo, la rentabilidad de la inversión en vivienda es un 52% superior a la inversión productiva empresarial  Y crea el incentivo perverso de que es más rentable extraer renta que realizar inversiones productivas, que generan actividad y empleo.

 Para las familias supone una fuerte extracción de renta, que echa por tierra las subidas salariales, aboca a muchos hogares a no llegar a fin de mes y limita a nivel macroeconómico la demanda agregada… …limitando por tanto el crecimiento económico y la creación de empleo

 Según nuestras estimaciones, abaratar el coste de la vivienda un 30% supondría un impulso en la demanda agregada de 25 mil millones de euros y la creación potencial de 410.000 empleos en 5 años Esto equivaldría al 20% del empleo neto creado en los últimos 5 años

 Todos los detalles los tenéis en el estudio completo

 https://estudios.ccoo.es/2df9fb4a180824df4b476fdea19b92fa000001.pdf

9:32 a. m. · 24 jun. 2025 ·48 mil Visualizaciones

6.5.26

La Costa del Sol del narcotráfico... se ha extendido lo que ya parece un mal sistémico, el crimen organizado. El número de bandas organizadas se ha multiplicado en un territorio que ya no da para más... Hay armas de guerra en cualquier sitio. ¿En qué momento se ha dejado prosperar todo esto? Es un grave problema a nivel económico y social que no se afronta con decisión: solo la policía hace su trabajo y con eso no es suficiente... por ejemplo, la alcaldesa Ángeles Muñoz (PP) en Marbella, con su hijastro y su marido —ya fallecido— envueltos en un caso de blanqueo de capitales y narcotráfico, sin que haya mermado su popularidad

"Hace 20 años Marbella saltó por los aires. Desde entonces, nada es lo mismo en la Costa del Sol. La Operación Malaya contra la corrupción urbanística acabó con un sistema de incumplimiento sistemático de la legalidad que nació con la llegada de Jesús Gil a la alcaldía y acabó con la detención de un centenar de personas. Aquel trabajo policial supuso la disolución del Ayuntamiento, primera y única vez que esto ha sucedido en democracia. También un antes y un después para todo el litoral malagueño, que dos décadas más tarde ha conseguido liberarse de la imagen de corrupción, pero se enfrenta a nuevos retos ante un crecimiento que parece infinito. Entre ellos, la escasez de recursos naturales, los problemas de movilidad o el crimen organizado. De fondo, la falta de vivienda y la masificación turística, que va ya mucho más allá del verano en estos casi 150 kilómetros de urbanización continua donde viven 1,3 millones de personas. Y cuyo nuevo centro de gravedad se ha desplazado hacia Málaga, paradigma de este litoral.

Hoy en el Consejo Consultivo de Andalucía, el abogado Diego Martín Reyes fue el elegido hace dos décadas para presidir la comisión gestora que puso orden —en la medida de lo posible— en el Consistorio marbellí. “Malaya corrigió Marbella y provocó que actuaciones similares en ayuntamientos cercanos fuesen descubiertas y enjuiciadas”, recuerda. Ciudades como Estepona, Manilva o Ronda se vieron salpicadas en grandes tramas corruptas, que con el paso de los años han ido desapareciendo de los titulares. “La operación supuso una catarsis en los poderes públicos, un punto de inflexión; pero tengo dudas de que no sigan ocurriendo irregularidades”, advierte Diego Vera, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas en Gobierno y Territorio (I-INGOT) de la Universidad de Málaga (UMA), quien trabaja, de hecho, en analizar si hoy hay otras fórmulas de corrupción urbanística que pasen desapercibidas. “Entonces era todo muy burdo, con tonadilleras, futbolistas y bolsas de basura llenas de dinero. Ahora no sabemos si se están produciendo corruptelas más sutiles”, apunta. “O puede que funcione todo bien, es lo que queremos saber”, cuenta quien fue uno de los redactores del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental, que pretendía poner orden al urbanismo en la zona pero acabó tumbado por el Tribunal Supremo porque la Junta de Andalucía no emitió el informe sobre impacto de género.

El documento se empezó de nuevo y aún hoy no ha sido aprobado. “Tuvimos un momento donde los criterios de ordenación territorial se agudizaban, pero ahora vuelven a estar adormecidos. Si miras al litoral es todo un desastre, con problemas gravísimos” advierte Vera, que cree que la disrupción se produce porque cada municipio va a lo suyo y porque lo privado avanza a toda velocidad buscando rentabilidad, mientras lo público va detrás intentando dar servicios, pero de forma más lenta —para cumplir la legalidad— y sin tantos recursos. “El urbanismo devorador es lo que más ha marcado a la Costa del Sol en su historia reciente”, recalca Librada Moreno, portavoz de Ecologistas en Acción en Mijas, que a sus 56 años lleva desde los 16 implicada en la defensa del medioambiente. “Se ha esquilmado todo”, lamenta quien, además, pone el acento en la crisis climática y la escasez de recursos naturales de este territorio, como ha demostrado la reciente sequía, que puso en jaque al turismo y mantuvo a buena parte de su población con restricciones y cortes de agua durante dos años.

De la vivienda al narcotráfico

Más allá del daño al medio ambiente, las consecuencias del crecimiento infinito del hormigón son evidentes, sobre todo en verano. A un lado, la movilidad. Basta con subir al coche para encontrarse con la A-7 colapsada y una AP-7 de pago que nadie ve como una solución, ni siquiera si dejaran de cobrar peaje. El Cercanías —saturado, aunque en proceso de desdoblamiento— solo llega hasta Fuengirola dejando a Marbella como única gran ciudad sin ferrocarril y el ambicioso tren litoral que apenas ha avanzado en 20 años a pesar de los cambios de gobierno estatales y autonómicos. Al otro lado, la escasez de vivienda, una paradoja porque a simple vista es fácil ver decenas de grandes grúas construyendo miles de pisos en todo el litoral año a año. “Pero la mayoría son para el turismo, segundas residencias y, sobre todo, inversión” asegura Fernando Almeida, profesor de Geografía en la Facultad de Turismo de la UMA, quien expone cómo en el litoral malagueño el urbanismo y el turismo “van de la mano”. “La confianza del inversor es hoy mayor precisamente porque Marbella fue obligada a limpiar su casa de forma pública y ejemplar”, destaca Christopher Glover, máximo responsable de Panorama Properties. Como consecuencia, el mercado marbellí está desbocado, situación que ha contagiado a municipios cercanos como Estepona y Benahavís.

Ahí merece la pena hacer un apunte porque en esas localidades también se ha extendido lo que ya parece un mal sistémico: el crimen organizado. El número de bandas organizadas se ha multiplicado en un territorio que ya no da para más. Esa competencia es el origen de los múltiples tiroteos que se producen cada año. “Viene de los años 70 y 80, mucho antes de Malaya, pero ahora se ha complicado más. Es un grave problema a nivel económico y social que no se afronta con decisión: solo la policía hace su trabajo y con eso no es suficiente”, indica Alejandra Gómez-Céspedes, criminóloga que coordinó la Oficina contra la Droga y el Crimen Organizado de la ONU, quien advierte lo que muchos investigadores: la posibilidad de que un día las balas equivoquen su camino y haya víctimas colaterales. “Hay armas de guerra en cualquier sitio. ¿En qué momento se ha dejado prosperar todo esto?”, se pregunta.

Turismo sin límites

Los ajustes de cuentas apenas tienen influencia sobre esa gran actividad transversal y origen de la Costa del Sol, el turismo, que generó 21.811 millones de euros en 2025, según los datos de la Diputación, que dicen que en este litoral hay 650.000 plazas en 87.500 alojamientos, 84.000 de ellos pisos turísticos, agravando la crisis habitacional. “El destino es indestructible, pero ya no tiene mucho más margen para crecer. O no debería tenerlo si no quiere terminar de reventar el territorio”, avisa Germán Ortega, profesor en la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y miembro del Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo (IATUR), quien pone como gran protagonista de la turistificación a la capital, la que más sufre sus consecuencias en la actualidad. “Hace 20 años la ciudad era un vacío, pero el turismo ha entrado de manera disruptiva, poniendo todo patas arriba y cambiando la ciudad para lo bueno y lo malo”, afirma.

Su colega Alfonso Cerezo, también del IATUR, subraya cómo la política malagueña tiene cada vez discursos centrados en primar la calidad del turismo frente a la cantidad —traducida principalmente en mayor gasto y menos viajeros— pero luego celebran que la Costa del Sol bata récords año a año. Sin ir más lejos, el año pasado registró su mejor cifra histórica con 14,6 millones de visitantes y el aeropuerto de Málaga también se superó a sí mismo alcanzando los 26,7 millones de viajeros. “Y no podemos crecer siempre”, insiste. Cerezo celebra, eso sí, que cada vez más ayuntamientos llaman a la puerta del IATUR en busca de investigaciones y generación de conocimiento que sirva de base para elaborar planes estratégicos de turismo, también consultando a la ciudadanía, en busca de soluciones y equilibrio. Marbella, Mijas o Torremolinos ya lo han hecho. “Antes eso nunca se hacía y es una buena noticia”, añade el investigador. “El problema está en que por muchas normas que pongas, la economía, el mercado, siempre encuentra cómo superarlas”, advierte Fernando Almeida y se comprueba ante la creciente turistificación y gentrificación de la capital y otras muchas zonas del litoral.

Esos tres municipios mencionados tienen, además, otro punto en común: están gobernados por el Partido Popular y ocurre lo mismo en todos los que componen la Costa del Sol occidental y oriental —a excepción de Manilva, donde gobierna el partido local Compromiso Manilva— en muchos casos con mayorías sólidas. “Tras Malaya se produjo una clara derechización del litoral por varias razones. La principal, que el PSOE ya estaba desgastado en la Junta de Andalucía y la derecha fue ganando posiciones en los municipios desde una postura tranquila, sin radicalismos, como predica Juan Manuel Moreno Bonilla. Esa forma de hacer convence, más allá de los resultados de sus políticas”, explica Ángel Valencia, catedrático de Ciencias Políticas en la UMA.

Valencia señala, además, cómo muchos de estos ayuntamientos tienen salud de hierro con alcaldes que parecen intocables. Pase lo que pase. Habla de José María García Urbano (PP), salpicado por varios casos judiciales que no desgastan su liderazgo en Estepona; o Ángeles Muñoz (PP) en Marbella, con su hijastro y su marido —ya fallecido— envueltos en un caso de blanqueo de capitales y narcotráfico, sin que haya mermado su popularidad desde que se hiciera con el cargo, tras Malaya, en 2007, salvo un paréntesis de dos años. Destaca, además, una izquierda “que muestra cierta incapacidad de recuperar la iniciativa política”. “No genera líderes convincentes, pero tampoco discursos o programas ilusionantes”, indica. Un caso claro, en su opinión, es el de Daniel Pérez en la capital, que no ha sabido conectar con la ciudadanía a pesar del grave problema de vivienda de Málaga o la turistificación, que podrían haber hecho tambalear al alcalde, Francisco de la Torre. “La clase media ha progresado y cree que la derecha protege mejor sus intereses económicos que uno de izquierdas, aunque puede no ser cierto”, concluye Diego Martín Reyes con el recuerdo de Malaya aún muy presente." 

(Nacho Sánchez , El País, 05/05/26)  

24.4.26

La política de vivienda solo genera frustración... solo la intervención decidida en el mercado a corto plazo, la supresión de las ventajas fiscales a las Socimis, la construcción modular masiva y la imposición de impuestos sobre el suelo ocioso pueden provocar un cambio de rumbo en el mercado de la vivienda... la política de vivienda es una materia competencia exclusiva de las CCAA, pero este Gobierno ha intentado suplantar la inacción de las mismas con la creación de un Ministerio de Vivienda e iniciativas legislativas ( la Ley de Vivienda, la dotación de un fondo específico para la construcción de inmuebles, un PERTE de vivienda industrializada y, ahora, el último Plan de Vivienda)... Todas estas iniciativas han fracasado... las CCAA, verdaderas responsables de la política de vivienda, solo se han dedicado a poner trabas a las iniciativas gubernamentales, eso sí, cogiendo los fondos que les transfiere el Estado, pero utilizándolos de forma torticera, como Madrid... su denostado Plan Vive solo ha podido entregar 5.000 viviendas, de ínfima calidad, y con precios, en algunos casos, que superan los 1.000€/mes de alquiler... las propias CCAA han boicoteado la puesta en marcha del bono alquiler joven... Las cifras de incremento de precios de alquiler y compra no dejan de crecer, restando brillo a las buenas cifras macroeconómicas y comiéndose gran parte de las mejoras salariales, lo que obliga a miles de compatriotas a tener que vivir en pisos y habitaciones compartidas... la normativa sobre Socimis no ha sido derogada, los grandes fondos siguen haciendo acopio de propiedades en gran parte de barrios de las grandes ciudades... la formación de precios en base a las expectativas de mercado hace imposible el control real de precios, incluso en el supuesto de que la Ley de Vivienda se cumpliera... Los grandes lobbies del sector inmobiliario obtienen suelos gratis, como en Madrid, para hacer vivienda protegida, sabiendo que podrán desclasificarla en pocos años para hacer caja... el nuevo Plan de Vivienda apenas aporta nada estructural al trágico problema que nos asola (Alejandro Inurrieta)

 "Lo que sigue siendo una asignatura pendiente en España es tratar a la vivienda como bien de uso y no como bien de inversión, asignatura ya perdida para siempre, porque el germen de especulación y formación de precios en base a las expectativas de mercado hace imposible el control real de precios

El Gobierno de Pedro Sánchez, al igual que las CCAA, vive instalado en anuncios en materia de vivienda, con cifras mareantes de supuestas nuevas viviendas, pero a la postre el ciudadano solo ve especulación, inflación de precios, desahucios y expulsión de vecinos en los barrios de las grandes ciudades. 

Es cierto que la política de vivienda es una materia competencia exclusiva de las CCAA, pero este Gobierno ha intentado suplantar la inacción de las mismas con la creación de un Ministerio de Vivienda y una serie de iniciativas legislativas, como la Ley de Vivienda, la dotación de un fondo específico para la construcción de inmuebles, un PERTE de vivienda industrializada y, ahora, el último Plan de Vivienda de la legislatura.  

Todas estas iniciativas han fracasado en el objetivo de favorecer el acceso a una vivienda accesible en alquiler para grandes colectivos, jóvenes, familias vulnerables, entre otros, dado que el parque de vivienda pública en alquiler sigue siendo magro y no tiene visos de alcanzar la media europea, un 9%, al finalizar el periodo legislativo actual.

Hay que reconocer que las CCAA, verdaderas responsables de la política de vivienda, solo se han dedicado a poner trabas a las iniciativas gubernamentales, eso sí, cogiendo los fondos que les transfiere el Estado, pero utilizándolos de forma torticera, como el caso de Madrid. En esta CCAA, el denostado Plan Vive solo ha podido entregar 5.000 viviendas, de ínfima calidad, con graves desperfectos, y con precios, en algunos casos, que superan los 1.000€/mes de alquiler. Adicionalmente, los umbrales de renta los han elevado hasta 60.000€/año, por lo que, al igual que en Alicante, se han beneficiado colectivos en absoluto necesitados. 

El otro frente político que ha dejado inerte la política de vivienda del Gobierno central ha sido la declaración de zonas tensionadas. Solo Cataluña y, parcialmente, Navarra o Euskadi y alguna ciudad gallega, han puesto en marcha los mecanismos de control de precios de alquiler con resultados muy pobres, lo que genera una sensación de frustración en amplias capas de la población. A esto se une también que las propias CCAA han boicoteado la puesta en marcha del bono alquiler joven, de modo que miles de personas no pueden disfrutar del mismo, por incapacidad y mala fe de los gobiernos autonómicos.    

Las cifras de incremento de precios de alquiler y compra no dejan de crecer, restando brillo a las buenas cifras macroeconómicas y comiéndose gran parte de las mejoras salariales, lo que obliga a miles de compatriotas a tener que vivir en pisos y habitaciones compartidas, o en caravanas, como les pasa a muchos funcionarios públicos en Baleares y otras localizaciones.

Frente a toda esta energía vacía de contenido real, la realidad legislativa es que la normativa sobre Socimis no ha sido derogada, los grandes fondos siguen haciendo acopio de propiedades en gran parte de barrios de las grandes ciudades, ya incluso llegado a los de renta más baja. Esta intrusión en el tejido poblacional está dejando a los distintos ejecutivos sin margen de actuación y sin que la política de construcción masiva, que nunca llega, pueda ya influir en la distribución y fijación de población en buena parte del país. 

Lo que sigue siendo una asignatura pendiente en España es tratar a la vivienda como bien de uso y no como bien de inversión, asignatura ya perdida para siempre, por lo que el germen de especulación y formación de precios en base a las expectativas de mercado hace imposible el control real de precios, incluso en el supuesto de que la Ley de Vivienda se cumpliera.

Los grandes lobbies del sector inmobiliario, han penetrado en los distintos ejecutivos regionales, pero también en el central, y ya son dueños de las tendencias en materia de vivienda, obteniendo suelos gratis, como en Madrid, para hacer vivienda supuestamente protegida, sabiendo que podrán desclasificarla en pocos años para hacer caja. En el mercado de la vivienda, la ley de oferta y demanda no funciona, dado que es la demanda la mueve los precios al alza en un contexto de oferta rígida que ningún Plan de Vivienda puede alterar. El nuevo Plan de Vivienda anunciado, dotado con 7.000 millones, podría en el mejor de los casos añadir al parque unas 95.000 viviendas nuevas, cifra ridícula ante las necesidades reales, que el Banco de España cifra en unas 650.000. Y muy por debajo de los siete millones de viviendas públicas que nos llevarían a tener un 30% de vivienda social y emular las mejores prácticas europeas. 

Este grado de frustración social con la política de vivienda, que explica gran parte de la desazón hacia la política, no va a desaparecer con el nuevo Plan de Vivienda, que, por otra parte, es un vehículo de financiación que lleva con nosotros muchos años. Apenas hay novedades, salvo el incremento del bono de alquiler para jóvenes -que seguirá frustrando a los potenciales adjudicatarios-, una dotación presupuestaria mayor para las CCAA, y una cláusula anti especulación que el Ejecutivo sabe que no se va a cumplir porque el Tribunal Constitucional ya se ha encargado de delimitar quiénes tienen las competencias en materia de clasificación de vivienda pública.     

Mientras todo esto ocurre, los grandes proyectos como la Operación Campamento de Madrid siguen languideciendo y dando la razón a quienes pensamos que solo la intervención decidida en el mercado a corto plazo, la supresión de las ventajas fiscales a las Socimis, la construcción modular masiva y la imposición de impuestos sobre el suelo ocioso pueden provocar un cambio de rumbo en el mercado de la vivienda.   

En resumen, el nuevo Plan de Vivienda apenas aporta nada estructural al trágico problema que nos asola. La especulación y la vivienda como bien de inversión han ganado la batalla y así lo reconocen en privado la cantidad ingente de rentistas que cada vez más han colonizado gran parte de la población en España, muchos de ellos y ellas sentados en el Congreso, en los Parlamentos y también en el Consejo de Ministros." 

( Alejandro Inurrieta, eldiario.es, 23/04/26)