"En el Ensanche de Vallecas, zona tipo PAU con avenidas anchas, hay dos grandes bloques residenciales aparentemente idénticos a otros edificios de la zona. Construidos a partir de 2006, con la estética funcional del extrarradio, formaron parte de una promoción de vivienda asequible de la antigua Obra Social La Caixa. Ahora, en sus ventanas ondean banderas de resistencia. Los vecinos y vecinas de los bloques de Fresno de Cantespino 1 y 3 y de Mazaterón 8 y 10 se han organizado, apoyados por la PAH de Vallecas, para que no les echen de las casas que llevan habitando entre 20 y 15 años.
La historia no es nueva: esta fue la promoción de Obra Social que siguió a las de Pinto y Vicálvaro. Como en las dos anteriores, sus viviendas protegidas se sortearon en 2005 entre personas con dificultades de acceso: mayores de 65 años, menores de 35 o de bajos ingresos. 110 pisos en cada bloque. 45 metros cuadrados cada uno, una habitación, cocina abierta. Era una época en la que “la Caixa” alardeaba de destinar el 44% de su beneficio a obra social. Nadie se esperaba lo que vendría después: la fusión en 2021 de Bankia y CaixaBank (en la actualidad, el mayor gran tenedor de vivienda de España, con más de 25.000 pisos en alquiler), la cancelación del programa y la desprotección total.
Primeras señales
Esta transformación se produjo a espaldas de los vecinos, que no recibieron aviso, pero sí comenzaron a notar pequeños cambios. Primero, desaparecieron las placas de la entrada del edificio, donde se leía ‘Esta vivienda pertenece a la Obra Social La Caixa’, sustituidas por otras con el logo de InmoCaixa. Luego, el rastro online de la promoción se borró. Por fin, llegaron cambios menos sutiles, como las subidas de alquiler injustificables o las dificultades para renovarlo. “Antes, las renovaciones eran un trámite sin más, te pedían cierta documentación, pero nunca había problema”, dice David, vecino desde 2007, año en que se entregaron las viviendas. “A partir de 2019 cambió esa situación”. En idealista.com, sus pisos se alquilaban por una cantidad muy superior a los originarios alquileres sociales: “Si nos alquilaban a nosotros por 400 euros, ya estaban a 800”, recuerda.
Otra alarma fue la aparición de pisos de alquiler temporal. “Cada uno se fue dando cuenta de una forma”, recuerda Daniel, vecino desde hace 17 años. A él le puso sobre aviso ver que el piso de al lado quedó vacío, lo amueblaron y colocaron una alarma, antes de entrar una nueva inquilina. Al hablar con ella, descubrió que su empresa la había contratado para trabajar en Madrid y le habían dado alojamiento durante unos meses. “Los pisos que se van vaciando los están convirtiendo en alquiler temporal. De 30 días a 11 meses y se acabó”, dice Daniel.
El temido burofax
Los inquilinos perciben que todo cambió este año 2025: sin explicación, la propiedad se negó a prolongar los contratos de alquiler. Muchos recibieron la noticia en forma de un burofax firmado por InmoCaixa: que no habría renovación y que debían abandonar sus hogares en la fecha señalada. Hoy, casi cuarenta familias, cuyos contratos expiran entre finales de 2025 y mediados de 2026, tienen fecha para marcharse; los primeros, el 31 de diciembre. Calculan que hay unos 110 vecinos y vecinas afectados, aunque previamente mucha gente se marchó sin pelear.
Susana está entre quienes tienen que irse en diciembre. Lleva viviendo en el edificio desde 2009: “Me entregaron la vivienda nueva. Renové por cinco (años), luego otros cinco y luego siete. Y ahora me tengo que ir”. El burofax remite a la web de InmoCaixa para cualquier duda, pero todos los vecinos confirman que es imposible ponerse en contacto: “He llamado a CaixaBank cuatro veces para que algún gestor me dé explicaciones, que me lo diga a la cara. Creo que tengo derecho. Y no te llama nadie, abren expediente y luego consultas el portal y dicen, cerrado”, se lamenta.
“Lo han ido haciendo de una manera muy silenciosa. Los contratos tienen mucha diferencia de fechas: menos lo que entraron el año que entregaron las casas, a los demás nos cumplen en meses diferentes”, explica Daniel. “No te dan opción a negociar, a nada. Te preguntas ¿cómo sales de aquí? No puedes pagar 1.500 euros por un dormitorio, los sueldos no están así. Acabas o malviviendo en un piso compartido, en una habitación”.
“Se te parte la vida por la mitad”
Los vecinos y vecinas, ya con arraigo en el barrio, tienen circunstancias diferentes pero el mismo problema: encontrar alternativa con los precios disparados del mercado actual. Un imposible, repiten. Entre ellos está Sara, madre soltera consciente de que con un solo sueldo es difícil alquilar: “¿Dónde te vas con un hijo de nueve años si te echan de aquí, cuando ya te cuesta un alquiler en cualquier lado un sueldo entero?”, se pregunta. Su hijo nació allí, y ya es parte del barrio. Javier tiene una situación más holgada porque aún le quedan cuatro años de alquiler, pero se ha unido a la causa: “Creo que es injusto que se haga esto con el fin social con el que fue creado”, dice. “Mis hijos vinieron a vivir aquí y aquí han nacido mis nietos. Los tengo a cinco minutos. Ahora ¿qué me voy, al Congo?”.
Isabel y Nieves, hermanas, viven en el edificio desde hace 18 años. En su caso, el piso se lo concedieron a su madre, pero al fallecer se lo subrogaron a Nieves. Ahora, miran con preocupación a la próxima nochevieja, la fecha que les han dado para abandonarlo. “Un día te dicen, contrato terminado. Ni negociaciones, ni subidas ni bajadas ni nada”, se queja Isabel. “¡Que no hemos faltado ni un mes de pagar!”. Estarían dispuestas a un aumento de precio del alquiler con tal de quedarse en su casa, pero les ha sido imposible negociar.
“Es bastante agotador, impotente, frustrante. Imagínate que llevas viviendo casi 20 años en una casa, y de repente te echan. Se te parte la vida por la mitad”, se sincera Nieves. Aseguran que no tienen alternativa: “Si tuviéramos un mercado inmobiliario normal… Pero vemos pisos por 1.200, 1.300. Y lo que te piden. Es dar contra un muro. Unos gigantes contra nosotros”, añade.
Un cambio de estrategia de la Caixa
Al escrito que la PAH Vallekas envió a CaixaBank en nombre de los vecinos, la entidad se desentendió: los pisos no eran de su propiedad, contestó, sino de InmoCaixa. Esta es una filial inmobiliaria de Criteria, brazo de inversión de “la Caixa”, que tiene una cartera de activos inmobiliarios valorada en libros en más de 1.500 millones de euros.
Hay sospechas de que, desde la fusión, CaixaBank ha sufrido un cambio de estrategia con fines especulativos. Las hipótesis sostienen que, tras usar la marca de su ‘obra social’ durante años, comenzó a librarse de sus promociones en cuanto el mercado inmobiliario mostró signos de recuperación. El informe del Sindicat de Llogateres concluyó que la Caixa recibió ayudas públicas millonarias para construir vivienda social y, una vez han entrado en una segunda fase de protección, ya no se aplican los criterios de accesibilidad y protección sino que se están gestionando de forma especulativa. Algunos ejemplos son el bloque protegido que el fondo de inversión Ktesios compró a InmoCaixa en Valencia el pasado mayo, o las promociones de la Obra Social previas a la del Ensanche (las de Pinto y Vicálvaro), cuyos vecinos se encuentran en una situación similar. En Cataluña, la Generalitat ha reaccionado comprando viviendas a InmoCaixa para evitar que “se pusieran a la venta en el mercado libre”.
“Tememos que se vendan nuestros edificios a un fondo buitre y entonces cualquier opción se nos quede difícil”, dice David. “La única opción que tenemos es pelear con la Caixa, que no han logrado vender el edificio, aunque lo han intentado. Hemos sido testigos de gente que ha venido a visitarlo, ejecutivos que han venido a hacer fotos a los edificios”. También denuncian constantes cambios de razón social y fusiones, un “juego de trileros”, lo describe Javier. “Son empresas adscritas a la obra social, pero pensamos que son empresas pantalla para gestionar todo esto”, añade David.
El caso de David es distinto al del resto: cuando su contrato venció en 2022, fue uno de los vecinos a los que pusieron problemas para renovar. “Decidí quedarme en la vivienda pagándoles hasta el día de hoy. Me pusieron una demanda y la ganamos en primera instancia. El juez en la sentencia dijo que “la Caixa” había obrado de mala fe. Pero luego en la Audiencia Provincial revocaron la sentencia”. Ahora, está a la espera de fecha de desahucio. “Yo sigo pagando puntualmente a la Caixa, no me rechazan el dinero”, se ríe de lo absurdo de la situación. “Pero vivir sin contrato no es agradable. Es inquietante, te deja mal, yo llevo un montón de años con esto y al final te puede”.
Organizado con sus vecinos y con la PAH de Vallecas, miran los ejemplos de los bloques de Pinto y Vicálvaro, que han seguido la estrategia del Sindicato de Inquilinas de quedarse en la casa pagando la renta anterior una vez vencido el contrato e incluso han puesto una demanda colectiva contra InmoCaixa. En el Ensanche, muestran angustia y dudas de qué sucederá cuando las fechas lleguen, pero han sumado fuerzas para reflejar en un comunicado sus demandas: una reunión inmediata con la propiedad para negociar una renovación de contratos, que CaixaBank y el Estado asuman su responsabilidad y que se cumpla con los compromisos de vivienda asequible para que estos bloques, que tuvieron carácter social en origen, no se conviertan en meros activos para especulación."
(Diana Moreno , El Salto, 13/10/25 )
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