¿Cómo podemos apoyar mejor la transición medioambiental en el mercado laboral? Proponemos crear un régimen de seguro salarial a escala europea para los trabajadores afectados por la transición. El principio del seguro salarial es garantizar a las personas que acaban de perder su empleo al menos una parte de su salario anterior si encuentran un nuevo trabajo... Este tipo de seguro dista mucho de ser nuevo; ya existe en Estados Unidos como compensación a los trabajadores que pierden su empleo como consecuencia de acuerdos de libre comercio... Una innovación de este tipo permitiría establecer una auténtica «transición justa» en el centro de la política medioambiental europea y compensar los costes individuales de una transición socialmente deseable (Cyprien Batut es economista del Institut Avant-Garde)

 "A menudo se olvida, pero el sistema de seguro de desempleo que conocemos hoy no vio la luz hasta 1958. En el momento de la creación de la Seguridad Social, más de diez años antes, el desempleo se consideraba un riesgo demasiado insignificante para ser tenido en cuenta. Fue en los años 50, sobre todo bajo el impulso de los pioneros del sistema francés de Seguridad Social, como Pierre Laroque, primer Director General de la Seguridad Social, cuando esto cambió. Poco a poco se fue imponiendo la idea de un seguro de desempleo público y nacional que sustituyera al sistema de la época, que combinaba cajas de seguros sindicales y privadas con un sistema de asistencia social estatal.

Este deseo de reforma no estaba motivado por el desempleo masivo, sino por la necesidad de seguir el ritmo de los cambios estructurales de la economía francesa. De hecho, se consideraba que si las transformaciones industriales causaban dificultades a los trabajadores de determinados sectores, se corría el riesgo de frenarlas o de ignorar los costes que suponían para estos trabajadores: había que encontrar una forma de compensar la pérdida de salarios.

 Aunque el sistema francés de seguro de desempleo ha evolucionado considerablemente desde entonces, la transición medioambiental plantea la cuestión de su capacidad para apoyar los cambios en el mercado laboral. Según el informe Pisani-Ferry - Mahfouz, ocho sectores representan el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero poco más del 5% de los empleos. La descarbonización de la economía afectará inevitablemente a los trabajadores de estos sectores.

Si nos atenemos a las mejores estimaciones, el efecto de la transición sobre el número total de empleos debería ser cercano a cero, pero también irá acompañada de reasignaciones entre sectores y profesiones, y éstas no serán indoloras. Por tanto, nos enfrentamos a los mismos problemas que los creadores del seguro de desempleo: ante estos costes, ¿debemos frenar la necesaria transformación de nuestra economía o encontrar la manera de compensar la diferencia salarial de los trabajadores de los sectores más contaminantes?

 Los hechos han cambiado desde 1958. Nuestra sociedad es más rica y compleja, y el coste de la pérdida del empleo va más allá del tiempo pasado en paro. Según el INSEE, el 35% de los parados eran pobres en 2021, frente al 14,5% de la población francesa. Pero el coste de la pérdida de empleo va más allá del desempleo, ya que los economistas han demostrado que también adopta la forma de salarios más bajos cuando las personas vuelven a trabajar: los salarios caen una media del 7% durante un largo período. Esta pérdida de ingresos no está cubierta por nuestro sistema de seguro de desempleo. ¿Tendrán que soportarlo solos los trabajadores afectados por las políticas medioambientales?

La mayoría de los países europeos son conscientes del problema. Intentan anticiparse a estos cambios en el mercado laboral transformando las transiciones «sufridas» en transiciones «elegidas» para limitar este coste. Para ello, se apoyan sobre todo en la formación y en los esfuerzos individuales para favorecer el reciclaje profesional en los sectores afectados. En Francia, este es el espíritu de los consejos de evolución de carrera, de la cuenta personal de formación, de los dispositivos de dimisión-reconversión y de las transiciones colectivas. Pero, como señala un informe de Réseau Emplois Compétences con France Stratégie, estos dispositivos nacionales de apoyo han tenido poco éxito.

 ¿A qué se debe? En parte es un problema de coste de oportunidad. Para muchos trabajadores, no merece la pena el esfuerzo: los beneficios esperados de la formación superan con creces los costes, sobre todo el tiempo perdido, que se emplearía mejor buscando trabajo en el mismo sector. Es el caso de los trabajadores que ya están muy avanzados en su carrera profesional o cuyas competencias son difíciles de exportar a otro lugar.

Entonces, ¿cómo complementar este planteamiento y apoyar mejor la transición medioambiental en el mercado laboral? Proponemos crear un régimen de seguro salarial a escala europea para los trabajadores afectados por la transición. El principio del seguro salarial es garantizar a las personas que acaban de perder su empleo al menos una parte de su salario anterior si encuentran un nuevo trabajo. Su introducción a escala europea está justificada. Compensaría las posibles pérdidas derivadas de la introducción de normativas medioambientales, que a su vez suelen decidirse a escala europea. En la práctica, esto significaría que los beneficiarios podrían recibir una indemnización equivalente al menos a una parte de la diferencia entre su salario anterior y el actual si vuelven a trabajar.

 Este tipo de seguro dista mucho de ser nuevo; ya existe en Estados Unidos como compensación a los trabajadores que pierden su empleo como consecuencia de acuerdos de libre comercio. También podría generar ahorros para los Estados miembros de la UE al aumentar la rapidez de la vuelta al trabajo y los salarios. Un empleado que se reincorpora más rápidamente al trabajo recibe en total menos ingresos de sustitución y, si tiene un salario más alto, también pagará más impuestos después.

Una innovación de este tipo permitiría establecer una auténtica «transición justa» en el centro de la política medioambiental europea y compensar los costes individuales de una transición socialmente deseable. Sus beneficios a escala europea no pueden medirse únicamente en términos monetarios. Al completar los sistemas nacionales de seguro de desempleo y compensar la pérdida de salario de los trabajadores de los sectores «marrones» que corren el riesgo de perder su empleo como consecuencia de las políticas medioambientales, refuerza su aceptabilidad."

(Cyprien Batut es economista del Institut Avant-Garde. Revista de prensa, 17/05/24, Este artículo se publicó originalmente en Le Monde.)

Eduardo Garzón: por qué Podemos ha tumbado la reforma del subsidio (y por qué es un grave error)... es innegable que la reforma amplía derechos al llegar a más colectivos y al incrementar la cuantía del subsidio... Se quería ayudar a los beneficiarios del subsidio para que no acabaran con una pensión demasiado baja por culpa del bajo salario mínimo. Sin embargo, el salario mínimo ha aumentado casi un 50% en los últimos cinco años y se encuentra actualmente en los 1.260 euros mensuales (en 12 pagas). Ahora, la “sobrecotización” del 125% no es tan necesaria porque las pensiones calculadas a partir del salario mínimo ya no son tan bajas. Poniendo un ejemplo extremo y simplificado: el 100% de los 1.260 euros actuales de salario mínimo arrojaría un resultado de 1.260 euros, mientras que el 125% de los 857,5 del salario mínimo de hace cinco años arrojaría un resultado de 1.071,9 euros... Es decir, aunque el porcentaje de la base de cotización sea menor, la base de cotización (el salario mínimo) es mucho mayor, y el resultado también lo puede ser... Pero hay otra justificación para este cambio: dejar la cotización en el 125% a los subsidios para mayores de 52 años genera una injusticia comparativa con trabajadores que cobran ese salario mínimo, porque ellos siguen cotizando al 100%. Es decir, actualmente se puede dar el caso de que una persona trabajando por el salario mínimo acaba teniendo una pensión por debajo de la que recibiría una persona sin trabajar y cobrando el subsidio de desempleo, pues estaría cotizando al 125%, no al 100%

 "Podemos ha sorprendido a muchos al votar conjuntamente con Vox, PP y UPN en contra de la reforma del subsidio de desempleo. Los votos positivos del PSOE, Sumar, Bildu, ERC y BNG no han sido suficientes para convalidar el real decreto, por lo que su contenido deja de estar en vigor apenas unas semanas después de aprobarse. 

Reformar el sistema de subsidio era una condición impuesta por la Unión Europea para activar una nueva transferencia de fondos europeos, concretamente 10.000 millones de euros, y tenía que haber sido aprobada a finales de 2022 para cumplir con los plazos comprometidos con Bruselas. Esta tardanza se explica básicamente porque los dos ministerios competentes no se ponían de acuerdo en los cambios que dicha reforma debía incorporar. Mientras que el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, se inclinaba más por ampliar derechos, el Ministerio de Economía, liderado por Nadia Calviño, se inclinaba más por restringirlos. Esta dura y lenta negociación finalmente desembocó el pasado 19 de diciembre en un texto que, sin ser tan positivo como quería la ministra de Trabajo, apenas incorporaba las restricciones que quería la ministra de Economía.

Entre las principales medidas acordadas se encuentran: 

1) la acumulación universal del permiso retribuido de lactancia; 

2) la prioridad del convenio colectivo autonómico sobre el estatal (una medida muy favorable para los trabajadores); 

3) la ampliación del número de beneficiarios del subsidio de desempleo (llegando a menores de 45 años sin cargas familiares y a los eventuales del campo); 

4) el incremento de la cuantía del subsidio desde 480 euros al mes hasta los 570 euros (Trabajo quería que fueran 660 euros) aunque con un ritmo decreciente por meses hasta volver a los 480 euros (Economía quería que fueran menos); 

5) la compaginación del subsidio con un puesto de trabajo (aunque con menor cuantía a exigencia de Economía); 

6) la eliminación del mes de espera entre el final de la prestación de desempleo y el cobro del subsidio; y 

7) la reducción progresiva de la cotización de los mayores de 52 años (a exigencia de Economía) desde el actual 125% hasta el 100% en 2028. 

En términos generales, y aunque a Trabajo le hubiese gustado llegar más lejos, es innegable que la reforma amplía derechos al llegar a más colectivos y al incrementar la cuantía del subsidio. Sin embargo, el último aspecto mencionado ha sido el escollo para Podemos, que lo ha catalogado como un claro “recorte” de derechos. Pero esta modificación, que podría parecer que recorta derechos, en realidad trata de corregir una injusticia comparativa, además de seguir manteniendo bien protegidos a los beneficiarios. Además, por si fuera poco, esta medida entraba en vigor el 1 de junio de 2024 y sólo iba afectar a quienes lo obtuvieran a partir de entonces (así que, en todo caso, no iba a tocar ningún derecho a ningún actual beneficiario del subsidio). 

En consecuencia, Podemos ha tumbado todas las medidas positivas del decreto que ya estaban en vigor alegando que una medida, a la que le faltaban más de cinco meses para entrar en vigor, es un recorte. ¿No hubiese sido mejor votar a favor para asegurar los beneficios a millones de personas y, luego, tratar de corregir ese último elemento? Tiempo tenían…

Pero es que a todo esto hay que sumarle que resulta difícil justificar que dicha medida sea un recorte. El subsidio de desempleo para mayores de 52 años (recuperado en 2019 por el Gobierno en solitario del PSOE tras su supresión por el PP en 2012) tenía una “sobrecotización” del 125% porque se calcula sobre el salario mínimo y éste era por entonces muy bajo, de 857,5 euros en 12 pagas. 

Se quería ayudar a los beneficiarios del subsidio para que no acabaran con una pensión demasiado baja por culpa del bajo salario mínimo. Sin embargo, el salario mínimo ha aumentado casi un 50% en los últimos cinco años y se encuentra actualmente en los 1.260 euros mensuales (en 12 pagas). Ahora, la “sobrecotización” del 125% no es tan necesaria porque las pensiones calculadas a partir del salario mínimo ya no son tan bajas. Poniendo un ejemplo extremo y simplificado: el 100% de los 1.260 euros actuales de salario mínimo arrojaría un resultado de 1.260 euros, mientras que el 125% de los 857,5 del salario mínimo de hace cinco años arrojaría un resultado de 1.071,9 euros. Es decir, aunque el porcentaje de la base de cotización sea menor, la base de cotización (el salario mínimo) es mucho mayor, y el resultado también lo puede ser (téngase en cuenta que el porcentaje de cotización bajaría solamente un 5% cada año, además durante un periodo en el que presumiblemente el salario mínimo seguirá aumentando).

Pero hay otra justificación para este cambio: dejar la cotización en el 125% a los subsidios para mayores de 52 años genera una injusticia comparativa con trabajadores que cobran ese salario mínimo, porque ellos siguen cotizando al 100%. Es decir, actualmente se puede dar el caso de que una persona trabajando por el salario mínimo acaba teniendo una pensión por debajo de la que recibiría una persona sin trabajar y cobrando el subsidio de desempleo, pues estaría cotizando al 125%, no al 100%. La reforma pretendía ir reduciendo lentamente la base de cotización de los nuevos (no de los actuales) subsidios para mayores de 52 años para equipararlos a los trabajadores con salario mínimo, y sin desprotegerlos por lo anteriormente argumentado.

Bien es cierto que se podría argumentar la conveniencia e incluso necesidad de que los mayores de 52 años tengan una “sobrecotización” por su situación de vulnerabilidad y desprotección, ya que tienen más dificultades para encontrar un puesto de trabajo. Pero eso es una cosa y otra muy diferente calificar de “recorte” a una modificación que sólo afectaría levemente a los nuevos beneficiarios del subsidio (no a los actuales). Además, por muy lesiva que uno pueda concebir esta modificación, desde luego no puede ser excusa para tumbar la ampliación de derechos a tantísimas personas, y mucho menos cuando a dicho “recorte” todavía le quedaban unos cinco meses para entrar en vigor.

 Otros partidos políticos de izquierdas críticos con el Gobierno de coalición como Bildu o ERC lo han entendido perfectamente votando a favor. Y probablemente Podemos habría hecho lo mismo si siguiese estando en el Consejo de Ministros. Por eso parece que este –difícilmente justificable– comportamiento responde más a cuestiones de política interna que a una verdadera preocupación por los derechos de la gente."               (Eduardo Garzón, eldiario.es, 10/01/23)

Ayudas públicas sin papeleo... es el momento de focalizar los apoyos, por ejemplo, a través de un bono que alcance a los asalariados y autónomos con menos ingresos. A través de las retenciones en nómina y los pagos a cuenta del IRPF se puede llegar a este colectivo sin necesidad de que hayan presentado declaración de la renta y hacer efectiva su percepción en la nómina o cuenta corriente en el caso de los autónomos (Carlos M. Urriza)

 "El Ingreso Mínimo Vital solo lo percibe el 35% de los 800.000 hogares que podrían beneficiarse, según la AIReF, y la cobertura es aún peor en el colectivo donde este ingreso no debería fallar: solo llega al 5% de las personas sin hogar que tienen derecho a cobrarlo, según un estudio de Nuria Badenes. Lo mismo sucede con las rentas mínimas de las comunidades autónomas y los bonos sociales eléctrico y térmico. La ayuda de 200 euros incluida en uno de los paquetes del escudo anti-inflación solo alcanzó a un tercio de sus potenciales beneficiarios. Claramente hay un grave problema para hacer llegar a sus destinatarios las ayudas públicas de emergencia o las dirigidas a las personas más vulnerables.

Éste es uno de los fallos del sistema de protección social en España, que la OCDE califica recurrentemente de insuficiente. Los trabajos de los catedráticos Luis Ayala y Olga Cantó apuntan a que las carencias se deben también a falta de recursos, problemas de diseño y vacíos de cobertura, pues no se suele considerar que la desprotección va más allá de los pobres y alcanza también a una clase media baja que se extiende sobre gran parte de la distribución de la renta. Esta clase media baja es resultado los magros salarios y el elevado paro y subempleo. La mitad de los asalariados cobra un salario inferior a los 1.500 euros brutos mensuales y el salario más común es de 1.300 euros, muy próximo al SMI 1.080 euros.

Una pendiente reforma fiscal debe proporcionar los recursos necesarios para alcanzar un nivel de protección social suficiente, pero incluso con los fondos adecuados estos no llegarán a quienes los necesitan si no se mejora el diseño de las ayudas y la manera en cómo se accede a las mismas. Es necesario un cambio en la forma en cómo la Administración hace efectivo el ingreso de estas prestaciones. Hay que transitar a un modelo sin solicitud o papeleo, donde las ayudas se concedan a partir de la información que obra en manos del sector público y donde la burocracia funcione de dentro hacia fuera y no imponiendo una carga administrativa imposible sobre los hombros de personas y hogares vulnerables. Estos ya tienen bastantes problemas como para además añadirles el de un papeleo administrativo innecesario que les obliga a aportar una información que ya tienen las Administraciones Públicas.

Este no es un cambio novedoso. Simplemente se trata de extender el modelo de aquellas prestaciones públicas que sí llegan a todos sus potenciales beneficiarios. Es el caso de las pensiones y las prestaciones por desempleo contributivas y asistenciales, donde la comprobación de requisitos, su concesión e ingreso corre a cargo del Instituto Nacional de Seguridad Social y el SEPE. En el siglo del big data, la AEAT y el resto de organismos públicos disponen de suficiente información para hacer llegar ayudas permanentes o de emergencia a los ciudadanos sin necesidad de que estos las soliciten. Precisamente ahora que se acaba la fase de respuesta expansiva a la crisis de pérdida de poder de compra y se recuperan los límites fiscales a la iniciativa pública, es el momento de focalizar los apoyos, por ejemplo, a través de un bono que alcance a los asalariados y autónomos con menos ingresos. A través de las retenciones en nómina y los pagos a cuenta del IRPF se puede llegar a este colectivo sin necesidad de que hayan presentado declaración de la renta y hacer efectiva su percepción en la nómina o cuenta corriente en el caso de los autónomos."         

(Carlos Martín Urriza es portavoz de Economía y Hacienda del GP Sumar, El País, 08/01/24)

El alto paro tiene su origen en el infradesarrollo del tejido empresarial y no en los subsidios que son magros (480€) y con grandes lagunas de cobertura. El problema no es de protección sino de inversión... No es cierto que los mayores de 45 o 52 años rechacen empleos gracias a los subsidios. Si lo es, en cambio, que son habitualmente expulsados por empresarios del empleo en un país donde sobran los buenos trabajadores y faltan buenas empresas... Un baja protección fomenta el subdesarrollo empresarial pues promueve un capital vago y extractivo en lugar de productivo

Carlos Martín Urriza @carlosurriza

(1/6) El alto paro tiene su origen en el infradesarrollo del tejido empresarial y no en los subsidios que son magros (480€) y con grandes lagunas de cobertura. El problema no es de protección sino de inversión, asunción de riesgos e innovación empresarial

2/6) No es cierto que los mayores de 45 o 52 años rechacen empleos gracias a los subsidios. Si lo es, en cambio, que son habitualmente expulsados por empresarios del empleo en un país donde sobran los buenos trabajadores y faltan buenas empresas

 3/6) No tener subsidios suficientes o facilitar con ellos la subvención de malos empleos fomenta las empresas que hacen negocio de las malas condiciones de trabajo

 (4/6) Una regulación laboral y protección que impidan el abuso son condición necesaria para crear empleo de calidad como ha demostrado la última reforma laboral, el control de horarios, la ley riders y las subidas del SMI

 (5/6) Las evaluaciones de impacto sobre la rebaja de subsidios son parciales. Por lo general solo evalúan la probabilidad de encontrar un empleo, pero no si es de calidad o la pérdida de bienestar de quien no lo encuentra, el impacto sobre la pobreza, la salud o la desigualdad

 (6/6) Tampoco evalúan el fomento que supone una protección precaria a las empresas que hacen negocio de las malas condiciones de trabajo. Un baja protección fomenta el subdesarrollo empresarial pues promueve un capital vago y extractivo en lugar de productivo

 Gran artículo de @laura_olias

https://www.eldiario.es/economia/dicen-estudios-recortar-subsidios-desempleo_1_10750380.html

1:08 p. m. · 10 dic. 2023 11,8 mil Reproducciones

Eduardo Garzón: Hay mucha confusión en torno a la polémica entre el Ministerio de Economía y el de Trabajo sobre la reforma del subsidio de desempleo... el subsidio de desempleo no es lo mismo que la prestación por desempleo. El subsidio es una ayuda asistencial para quien ya no tiene derecho a una prestación. Su cuantía es muy baja: 480 € al mes... El País publica esta noticia afirmando que el gobierno va aumentar la cuantía del subsidio para luego hacerlo decreciente. Por ejemplo, en vez de ser 480 € todo el tiempo, que comience en 660 € y vaya bajando a 480. No parece un retroceso... pero se malinterpreta como un recorte... algunos medios de derechas como Expansión (la sección económica de El Mundo), más que pensar mal se inventan la noticia: dicen que los parados que rechacen ofertas de trabajo no cobrarán subsidio. Pero eso es mentira... no habrá recortes ni control, sino precisamente lo contrario: que el subsidio llegará a 152.000 parados más... parece claro que entre los dos Ministerios hay algunos desacuerdos, pero también está claro que esto ha sido exagerado por algunos medios, y directamente tergiversado por otros para intoxicar, crispar el ambiente y atacar al gobierno. Lo de siempre

Eduardo Garzón @edugaresp

  He desarrollado este tema en vídeo, por si alguien prefiere dicho formato (...)

Hay mucha confusión en torno a la polémica entre el Ministerio de Economía y el de Trabajo sobre la reforma del subsidio de desempleo, y ha sido utilizada para desinformar y difundir bulos. Voy a tratar de explicar el origen de esta polémica y qué hay en juego

Antes de empezar es muy importante tener en cuenta (pocos lo hacen) que el subsidio de desempleo no es lo mismo que la prestación por desempleo. El subsidio es una ayuda asistencial para quien ya no tiene derecho a una prestación. Su cuantía es muy baja: 480 € al mes.

 Partamos de lo que conocíamos antes de que surgiese esta polémica. El gobierno había pactado con Bruselas hacer una reforma del sistema de subsidios (no del de prestaciones) para poder recibir los fondos de recuperación. Debía haberse hecho a final de 2022. Va con mucho retraso.

 Si miramos el detalle de lo pactado, se habla de "ampliar la protección y duración de los subsidios" y "vincular la protección con un itinerario personalizado de empleo". No se concreta nada más. Importante para lo que viene.

 Pues bien, el 13 de noviembre El País publica esta noticia afirmando que el gobierno va aumentar la cuantía del subsidio para luego hacerlo decreciente. Por ejemplo, en vez de ser 480 € todo el tiempo, que comience en 660 € y vaya bajando a 480. No parece un retroceso.

 Unos días más tarde el secretario de Estado de Economía dice lo mismo (pero se malinterpreta; se piensa que es un recorte) y también que se potenciará el control de vuelta a la actividad. Lo último no queda muy claro qué es y da pie a pensar mal.

 Y esto de pensar mal es lo que acaban haciendo algunos medios de derechas como Expansión (la sección económica de El Mundo). Bueno, más que pensar mal se inventan la noticia: dicen que los parados que rechacen ofertas de trabajo no cobrarán subsidio. Pero eso es mentira.

 Frente a tanta confusión sale rápidamente el Ministerio de Trabajo a aclarar que no habrá recortes ni control, sino precisamente lo contrario: que el subsidio llegará a 152.000 parados más, que lo cobrarán antes e incluso durante el primer mes de trabajo.

 Algunos medios se hacen eco de los diferentes puntos de vista de los dos Ministerios, aunque en realidad sobre la graduación del subsidio hay consenso, no hay polémica, como esta misma noticia aclara. En todo caso el disenso está en la duración del subsidio.

 En fin, que parece claro que entre los dos Ministerios hay algunos desacuerdos, pero también está claro que esto ha sido exagerado por algunos medios, y directamente tergiversado por otros para intoxicar, crispar el ambiente y atacar al gobierno. Lo de siempre, vamos...

11:28 a. m. · 2 dic. 2023 190,1 mil Reproducciones

La miseria moral del capitalismo... cortan las ayudas de subsistencia para no tener que subir el salario mínimo... Tennessee y Misuri han decidido cortar los seis diferentes tipos de ayuda que reciben del gobierno federal con la esperanza de abrir el apetito a nuevos trabajadores

 "(...) Algunos dueños de negocios se quejan de que no encuentran trabajadores y Estados republicanos como Tennessee y Misuri han decidido cortar los seis diferentes tipos de ayuda que reciben del gobierno federal con la esperanza de abrir el apetito a nuevos trabajadores. 

“Conversando con negocios en todo el Estado sabemos que están pasando tiempos difíciles no por la covid-19, sino por la escasez de trabajadores provocada por estas ayudas excesivas”, dijo el martes el gobernador de Misuri, Mike Parson, al anunciar el fin de las ayudas desde el 12 de junio.

 Peticiones similares han llegado de Texas. Glenn Hamer, presidente de una asociación privada compuesta por unos 200 comercios, ha pedido cerrar el grifo de ayudas. “Con las vacunas a la mano para quien las quiera, es hora de que el presidente y el Congreso se den cuenta de que esta política es un obstáculo para el empleo en Texas y en todo el país”, señaló Hamer en un comunicado. (...)"             (Luis Pablo Beauregard , El País, 18/05/21)

El confinamiento y cierre de empresas han impedido a 1.628.500 personas buscar empleo a pesar de estar disponibles para trabajar. ... No cumplen todas las condiciones que la definición OIT exige para ser clasificado como parado y han quedado clasificados como inactivos.

Stuart Medina Miltim @SMiltim 

el confinamiento y cierre de empresas han impedido a 1.628.500 personas buscar empleo a pesar de estar disponibles para trabajar. ... 

No cumplen todas las condiciones que la definición OIT exige para ser clasificado como parado y han quedado clasificados como inactivos.

9:47 a. m. · 29 jul. 2020
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Casi 400.000 parados agotan cada mes su prestación sin encontrar otro empleo

" Según los últimos datos del Ministerio de Empleo, en el último año cada mes una media de 426.000 parados dejaban de cobrar una prestación contributiva (a la que se tiene derecho en función de lo cotizado anteriormente) por haber agotado el plazo de percepción.

En enero, último mes disponible en las estadísticas de Empleo, fueron 367.409 desempleados los que agotaron su prestación contributiva y pasaron a cobrar un subsidio asistencial (que no depende de si han cotizado o no anteriormente). 

En diciembre de 2014, fueron 381.767 parados y en algunos de los meses anteriores se superaron los 400.000. El peor dato corresponde a marzo de 2014, con casi 490.000 parados agotando su prestación contributiva.

Aunque eso no se desglosa en las estadísticas, lo cierto es que muchos de los que agotan la prestación contributiva lo hacen porque superan el plazo máximo de percepción (dos años), aunque otros lo han dejado de percibir porque no habían cotizado lo suficiente para cobrar una prestación contributiva durante dos años.

El paro de larga duración ha rebajado la tasa de cobertura hasta el 54,5% de los desempleados, lo que significa que más del 45% de los parados no cobra ningún tipo de renta pública. Este ratio no deja de bajar y contrasta con el que existía en 2010, cuando el 78% de los parados cobraba una prestación.

De hecho, si se tienen en cuenta sólo los que cobran una prestación contributiva, el descenso es muy abrupto, ya que los 919.000 actuales son poco más de la mitad de los 1,624 millones existentes en el año 2010.

Todo ello se nota, como es lógico, en el presupuesto, y es que en el último mes, mayo, los gastos totales de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en prestaciones de desempleo ascendieron a 1.624 millones de euros, un 18,9% menos que en igual mes de 2014."                (Eleconomista.es, 07/07/2015)

Solo se han beneficiado 50.000 personas de la ayuda a parados de larga duración

"El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha calificado de "claramente insuficiente" el número de beneficiarios de la ayuda de 426 euros a parados de larga duración sin ingresos, que sólo alcanza las 46.279 personas.  (...)

A la insuficiencia de este programa, denuncia Ferrer, hay que añadir la "fuerte" caída del gasto en prestaciones por desempleo, el hecho de que más de dos millones de ciudadanos no tienen ningún tipo de ingreso y que la tasa de cobertura frente al desempleo haya bajado seis puntos en un año, hasta situarse en el 55,35%. (...)"          (Nueva Tribuna, 07/05/2015)

La gran ayuda de 426 euros a 450.000 parados ha quedado en nada

"Sólo 40.000 desempleados de larga duración han cumplido todos los requisitos exigidos: el resto están siendo rechazados.

El Ejecutivo aprobó en diciembre el Decreto Ley que regula el programa de activación del empleo, acordado con patronal y sindicatos, para impulsar la reinserción laboral de los parados de larga duración. Contempla una ayuda de 426 euros durante seis meses a los afectados.

El propio Mariano Rajoy presidió el 15 de diciembre en La Moncloa un gran acto, publicitado por todo lo alto, con los líderes de CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme. Se quiso dar la máxima visibilidad al acuerdo en vísperas de un año electoral.

Se anunció que la medida tendría un coste de entre 1.000 y 1.200 millones de euros y que elevaría la tasa de cobertura de protección por desempleo entre siete y ocho puntos, hasta situarse en el 65% a mediados de este año.

Sin embargo, los datos que manejan en este momento los agentes sociales, en el seguimiento que están realizando del acuerdo, no cuadran para nada con el objetivo marcado.

Confirman que sólo uno de cada cinco parados de larga duración que ha decidido tramitar la nueva prestación de 426 euros ha conseguido que se le conceda, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Las fuentes sindicales consultadas por El Confidencial Digital confirman que Empleo está rechazando alrededor del 80% de las solicitudes y calculan que sólo unas 40.000 personas cumplen con todos los requisitos para recibir la ayuda. Estaba previsto que beneficiara a más de 450.000 desempleados. (...)

Los desempleados de larga duración que quisieran acogerse a este subsidio debían haber tenido un empleo anterior, estar en búsqueda activa de un puesto de trabajo y haber consumido las prestaciones de los planes Prepara, Prodi o la Renta Activa de Inserción al menos seis meses antes de solicitar los 426 euros.

Asimismo, para poder beneficiarse de esta prestación, los solicitantes deben tener responsabilidades familiares y estar inscritos como demandantes de empleo a 1 de diciembre de 2014.

El interés de los parados por esta ayuda ha sido considerable desde que entró en vigor a mediados de enero. Tal y cómo se contó en ECD, los trabajadores de las oficinas de empleo denunciaron hace unas semanas que estaban “desbordados” por la avalancha de demandas de la nueva prestación.

El aluvión de solicitudes les obligó, en los primeros días, a atender a 440 desempleados por cada funcionario: una media de 10 minutos por persona. (...)"     (El Confidencial Digital, 19/02/2015)

Ejemplos reales del absurdo de llamar a los parados para los incendios

"1.- Podrán llamar a trabajar a los que estén cobrando el paro o el subsidio, pero no podrán llamar a los que ya no estén cobrando ninguna de las dos cosas. Es decir que quién más lo necesita, no se beneficiará de la medida.

2.- Lo que cobre cada trabajador, dpenderá de lo que cobraba antes de quedarse en paro, no por sus nuevas funciones en las zonas incendiadas. Por tanto, podrá haber trabajadores que cobren 748,51 euros, y trabajadores que cobren 3.262,50 euros, haciendo la misma tarea y con la misma jornada.

3.- Cómo no es relación laboral, no tendrán derecho a vacaciones, festivos, ni incluso, días de descanso semanal. Otra cosa es que se pacte que sí los tengan, pero sería sin cobrarlos.

4.- La duración máxima del paro+subsidios es de 30 meses, así que un trabajador podría estar 30 meses seguidos trabajando, sin los derechos citados en el punto anterior.

5.- No es relación laboral, por lo que no se cobrará indemnización de despido, ni de fin de contrato, ni transporte, ni dietas, ni horas extras. sí tendrá derecho a bajas laborales y comunes, porque cotizará para ello.

6.- Las ONGs podrán firmar un convenio con las administraciones públicas para 'pedir parados'. ¿No conoces el chollo de montarte una ONG y ponerte el sueldo a tí mismo, y que curre un pringao?

7.- No faltarán listillos que pongan a estos parados a trabajar en cualquier cosa, menos en apagar incendios. Entonces el trabajador podría demandarlos por despido nulo cuando le echaran, ya que al haber trabajado en otra cosa, sí que se habría creado relación laboral, no reconocida oficialmente, pero igual de válida que si lo fuera. es decir, que podría conseguir ser readmitido como indefinido, y cobrando salario de tramitación, o bien cobrar la indemnización por despido improcedente. 

Algo parecido a los falsos autónomos, o a la cesión ilegal de trabajadores. esto puede ser un auténtico coladero. 

8.- Si el mismo Ayuntamiento, ONG, o lo que sea, sacara a otro trabajador del paro, pero que ya lo hubiera agotado, sí sería relación laboral, con contrato laboral, convenio de aplicación, alta en el régimen de la SS., vacaciones, festivos, horas extra, descansos, límites de jornada, etc., todo ello, haciendo las mismas funciones que el que llamaron también del paro, pero que tenía la 'desgracia' de no haberlo agotado aún.

9.- Como la selección la hace el SEPE (antiguo INEM), en función de la cercanía y aptitudes del parado, pudiera suceder que requirieran para trabajar a cualquiera de los retenes que han sido despedidos recientemente, porque darán el perfil exacto.

Podría suceder que vovolvieran a trabajar en el mismo sitio, haciendo lo mismo que antes de su despido, y cobrando lo mismo; pero la mitad de su salario saldría de su paro, que irían agotando, y dejarían de tener derechos laborales.

 Es decir, que a la A. P. que los hubiera despedido, habría pasado a costarle la mitad, y seguiría trabajando igual. Menos de la mitad, si tenemos en cuenta que no tendría que pagarle vacaciones, ni días libres ni festivos, ni indemnizaciones de despido ni otras mariconadas de rojos progres."       (Laboro, 10/09/2012)

No a la esclavitud y a los trabajos forzados por decreto-ley para los parados

"Las medidas de trabajos al orden del Estado, deben ser voluntarios, nunca por obligación ni imposición, por supuesto remunerados y tirando del personal cualificado o apto para el desempeño de estas labores forestales. 

Si no se cumplen estas premisas, nos encontramos con que volvemos a la definición de trabajos forzados sin remunerar, porque el Estado pasa a suponer que el abono del desempleo le da derecho a decidir sobre los trabajos que tienen que desempeñar los parados o peor aún, obliga a trabajar en función de una cobertura social sin tener en cuenta la casuística particular de cada parado. (...)

Sé que estos temas levantan pasiones y que la vía fácil es argumentar que hay que trabajar sí o sí. Pues no es tan sencillo, porque si no queremos denigrar completamente el status del desempleo, ese trabajo debe ser remunerado como si de una contratación laboral estándar se tratara.

 ¿Quién es el Estado para apropiarse y arrogarse los derechos consolidados del desempleo y destinarlos como mano de obra sin remunerar a cargo del propio desempleo? Si esto lo planteara una empresa privada, me gustaría ver los comentarios de todos vosotros y los calificativos para el empresario que lo propusiese

. El Gobierno debe plantear mañana en el BOE un plan de reforestación destinado a los parados, con unas condiciones laborales concretas, respetando su derecho al desempleo consolidado, recabando el personal dentro de los parados cualificados y presentando al menos un plan de viabilidad o presupuestario. 

Ya estamos hartos de ocurrencias de viernes por la mañana que se trasladan al BOE por la vía rápida, más aún si ese BOE sirve para laminar cada día más la libertad y derechos de todos los ciudadanos."          (El blog salmón, 07/09/2012)

La protección social española funciona sorprendentemente bien... pero está al límite

"Es sabido que los hogares en las que todos sus miembros están desempleados suben de forma imparable: este número aumentó cerca de un 10% en un trimestre y casi un 25% en un año. Ya alcanza los 1.7 millones. Sin embargo, como mostramos a continuación, la proporción de hogares que no tienen acceso a empleo o a subsidios es constante a lo largo de la crisis, y no ha aumentado a pesar de la enorme subida del paro. 

La red de seguridad parece funcionar a pesar de la presión gigante. Eso sí, con un pero: los hogares que perciben prestaciones, subsidios o pensiones han superado, en más de 400.000, a los que no lo perciben.

 Desde el inicio de la crisis, el porcentaje de hogares sin empleados (es decir, sumando los que tienen a todos sus miembros desempleados o inactivos) ha aumentado unos 8 puntos porcentuales, situándose ya en cerca del 36% del total de hogares.

 Esto a pesar de que, según la EPA, desde el primer trimestre de 2009, el número total de hogares ha seguido creciendo, pero a ritmo muy inferiores al período pre-crisis: 424 mil en tres años, por 1,38 millones en los tres años anteriores, muy probablemente por los efectos de la crisis sobre la inmigración, la emancipación de los jóvenes y los matrimonios.

Sin embargo, la red social funciona. A medida que caen los hogares con empleo y sin prestación subsidio o pensión, hay un aumento paralelo de los hogares sin empleados pero con prestación subsidio o pensión. El número clave para nuestra sociedad es la línea roja del gráfico más abajo, que muestra una sorprendente estabilidad a pesar de la enorme presión del desempleo creciente.

 Finalmente, el riesgo. Como se puede ver en el Gráfico 3, el número de hogares en los que al menos algún miembro percibe algún tipo de prestación, subsidio o pensión (en adelante, p.s.p) ya supera nítidamente los hogares sin perceptores. En este último trimestre, la diferencia se situó en unos 450 mil hogares.

 La red funciona, pero está estirada al límite."               (Nada es gratis, 24/04/2012)

"La prestación por desempleo: debería ser gradual: nada al principio, un poco después de seis meses de trabajo, y subir gradualmente la cantidad hasta un máximo de 10 años"

"P. ¿Qué opina de la dualidad entre trabajadores fijos y temporales que hay en España?R. La creación de los contratos temporales en la España de los años ochenta fue una buena decisión, porque la economía crecía y era más fácil crear empleo.

Pero la medida tuvo el efecto contrario cuando la economía comenzó a contraerse: los empresarios encontraron una excusa para no crear el empleo fijo esencial para incentivar una mayor productividad y una mejor formación. (...)

Lo que sí es asunto del sector público es la prestación por desempleo, que debería aplicarse a todo tipo de trabajadores y que debería ser gradual: nada al principio, un poco después de seis meses de trabajo, por ejemplo, y subir gradualmente la cantidad sin llegar demasiado lejos, hasta un máximo de 10 años." (CHRISTOPHER PISSARIDES Premio Nobel de Economía 2010: "Debería existir solo un tipo de contrato". El País, 29/10/2011)