"En los últimos meses todas las
miradas se han centrado en Estados Unidos y en la violencia de su
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La escalada de
violencia en grandes ciudades como Chicago y Minneapolis provocó el
asesinato a tiros en plena calle de dos ciudadanos estadounidenses por
parte de las autoridades. La ola de indignación global que generaron
estos hechos también provocó cierta exigencia de distanciamiento en
Europa.
Luego de que Trump anunciara su
intención de enviar agentes del ICE a los Juegos Olímpicos de Invierno
de Milán, los presidentes del grupo de izquierda en el Parlamento
Europeo, Martin Schirdewan y Manon Aubry, presentaron una moción a
Ursula von der Leyen, Kaja Kallas y Antonio Costa para que los agentes
del ICE no puedan entrar a la Unión Europea.
Pero lo cierto es que el accionar de
los Estados miembros de la UE respecto a la cuestión migratoria no es
muy distinto que el del ICE. La diferencia es que ellos han conseguido
establecer una política en la que los aspectos «desagradables» —es
decir, mortales— de la protección de las fronteras se trasladan al
exterior, donde se vuelven invisibles para la mayoría de los ciudadanos
europeos.
El costo del aislamiento
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informa
que, en enero de 2026, las autoridades libias descubrieron 195
prisioneros y 21 cadáveres en Adjdabia, en el sureste del país. En una
operación separada, 221 personas fueron liberadas de una prisión
subterránea de tres metros de profundidad en Kufra. Al menos diez de
ellas fueron trasladadas al hospital para recibir tratamiento de
urgencia. Al parecer, las redes de milicias criminales las retenían para
extorsionar a sus familiares.
No es la primera vez que se producen hallazgos tan espeluznantes: en marzo de 2024, la OIM anunció
que se habían encontrado 65 cadáveres de migrantes en el suroeste del
país. En febrero de 2025 se encontró una fosa común con diecinueve
personas en Jakharrah, así como otra en el desierto de Kufra con treinta
cadáveres más. La OIM también estimó que había otros setenta cadáveres y
varios cientos de prisioneros fueron liberados de las manos de las
milicias.
Muchos refugiados de África emprenden
el camino hacia Libia o a través de ella. Sin embargo, la situación de
los derechos humanos allí es aterradora. En los videos que circulan en
las redes sociales se ven repetidamente mercados de esclavos. El Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) afirmó en
un informe
de septiembre de 2020 que Libia no es un país seguro. Sin embargo, esto
no ha cambiado mucho la estrecha colaboración de la UE con el Estado
libio y con milicias como la denominada «guardia costera libia». Las
graves violaciones de los derechos humanos en Libia son bien conocidas,
pero la Comisión Europea rechazó el pasado mes de septiembre una petición al respecto presentada por 42 organizaciones no gubernamentales.
La mala situación de los derechos
humanos en Libia es, en sí misma, resultado de la política exterior
europea, concretamente del ataque de la OTAN a Libia en 2011, en el que
fue derrocado el gobernante Muamar el Gadafi. Desde entonces, el país
está gobernado de forma descentralizada por señores de la guerra y
milicias armadas que compiten por el poder en el Estado, sin que exista
un monopolio de la fuerza. La entonces canciller federal Angela Merkel
también reconoció
en 2017, en una cumbre especial celebrada en Malta, la necesidad de una
solución política, en la que se codificó la defensa conjunta de la
migración con Túnez y Libia, a pesar de las advertencias de explotación y
tortura de organizaciones de derechos humanos como Amnistía
Internacional.
Sin embargo, en los años siguientes
no se buscó esta solución política. En su lugar, se apostó por la
violencia. La UE apoya a la «guardia costera libia» para la defensa
migratoria directamente con fondos y formación. Entre 2015 y 2021, Libia
recibió un total de 465 millones de euros. Esto se hizo a través del
Fondo Fiduciario de Emergencia para África, creado en 2015, que se ha fijado el objetivo
de combatir la «migración irregular» y sus raíces. La financiación
continúa desde 2021 a través del instrumento financiero NDICI-GE, que
hasta 2027 destinará 65 millones de euros a la «gestión de fronteras».
Según las estimaciones,
en los últimos años entre 350 000 y un millón de personas han intentado
huir de Sudán a través de la frontera sur de Libia. La mayoría de los
migrantes que se han encontrado en los campos de refugiados libios
proceden de Eritrea y Somalia, y Sudán es un país de tránsito para los
refugiados de estos países. Además, en el propio Sudán hay una guerra
civil que ha obligado a huir a 12 millones de personas. La milicia RSF
es responsable de las masacres y la limpieza étnica en Sudán,
especialmente en zonas como Darfur. Se dice que la UE también ha apoyado
financieramente a la RSF con el fin de frenar la migración.
Cuando se criminaliza la migración
La UE sigue la estrategia de impedir
que los refugiados africanos lleguen al Mediterráneo, para que no
puedan continuar su viaje hacia Europa. De este modo, las fronteras de
Europa se desplazan cada vez más hacia el exterior, es decir, también al
continente africano. Para ello, se apoya financieramente a los países
del norte y el oeste de África o se ejerce presión sobre ellos, por
ejemplo, vinculando la ayuda al desarrollo a determinadas condiciones.
Allí se forma a los funcionarios en la defensa contra la migración, se
construyen campamentos para acoger a los migrantes deportados o se
promulgan leyes que criminalizan la migración.
Un ejemplo de ello es la ley
nigeriana 2015-036, que penaliza la migración y su apoyo. Según esta
ley, impulsada por la UE, se consideraba apoyo el simple hecho de
transportar a migrantes, ofrecerles un lugar para dormir o incluso
venderles comida. El responsable de Refugio y Migración de medico
international, Kerem Schamberger, describe que esto no impide la migración, sino que la hace más mortal.
Desde el golpe militar de 2022, Níger
está gobernado por una junta militar. Entretanto, este país de África
Occidental se ha retirado de esta cooperación y ha derogado la ley
2015-036. Esto supuso un respiro para la región, pero en Europa se
consideró una señal problemática. El periódico Süddeutsche Zeitung
tituló «La materia de la que están hechas las pesadillas de Europa».
La criminalización de la migración
adopta diferentes formas. Una de ellas es la criminalización de los
llamados traficantes. A primera vista, esto no parece problemático, ya
que las bandas de traficantes suelen explotar a los migrantes y lucrarse
con su huida. Sin embargo, en la realidad, esto suele dar lugar a penas
de prisión elevadas para personas que han huido de la guerra, la
tortura y la esclavitud.
La ONG de:criminalize documenta
algunos de estos casos. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, Garan,
que huyó de la guerra en Sudán del Sur y sufrió torturas y trabajos
forzados en Libia. Este joven de dieciséis años se enfrenta ahora a un
juicio en Grecia por conducir a punta de pistola la embarcación en la
que él y muchos otros migrantes intentaban llegar a Europa. Aunque es
menor de edad, será juzgado como adulto, lo que significa que puede esperar una pena de cadena perpetua. Hay muchos casos como este. Los procesos judiciales
duran una media de 37 minutos, las penas de prisión ascienden a una
media de 46 años y se imponen multas adicionales de 330 000 euros.
La UE sigue una estrategia similar de
externalización de sus fronteras con el llamado acuerdo UE-Turquía,
aprobado en 2016. En virtud de este acuerdo, se financia al Gobierno
turco para que readmita a los refugiados que llegan a Grecia y, por
tanto, a la UE, a través de Turquía. Para ello, se ha dotado a Turquía
con aproximadamente 9000 millones de euros.
La mayoría de los refugiados proceden
de Siria y Afganistán y suelen solicitar asilo directamente en Grecia,
pero como Turquía se considera un país seguro, a pesar de las graves
violaciones de los derechos humanos cometidas desde el fallido intento
de golpe de Estado de 2016, la mayoría de las solicitudes son rechazadas por
inadmisibles. El problema radica también en que la Convención de
Ginebra sobre los Refugiados solo se aplica en Turquía a los refugiados
europeos. Aquí también la situación de los derechos humanos es
alarmante, ya que los refugiados, incluidos los menores, son detenidos
de forma generalizada. Desde que Turquía se negó a readmitir a los
refugiados procedentes de Grecia en el contexto de la pandemia de
COVID-19, las personas se concentran allí en campos de acogida.
Otro problema que conlleva este
acuerdo es que, a cambio, Turquía ha podido exigir a los Estados de la
UE una represión más dura contra la izquierda turca y, en particular,
contra el movimiento de liberación kurdo. En Alemania, esto se aplica
jurídicamente sobre todo mediante la prohibición del Partido de los
Trabajadores Kurdos (PKK). Las estrechas relaciones con Turquía
obstaculizan la despenalización. Con el pretexto de la lucha contra el
terrorismo, Turquía lleva décadas librando una guerra de ocupación
contra la población kurda y exigiendo el apoyo de los Estados de la UE a
esta política.
ICE en el Mediterráneo
Sin embargo, muchos refugiados ni
siquiera tienen la oportunidad de solicitar asilo, a pesar de llegar a
Europa. La agencia europea de protección de fronteras Frontex es objeto
de críticas por llevar a cabo o participar en devoluciones ilegales
según el derecho internacional, es decir, devolver ilegalmente al
Mediterráneo embarcaciones con refugiados para que se encuentren fuera
de la zona de influencia europea.
Para ello, por ejemplo, se disparan
contra botes inflables en los que hay personas o se destruyen los
motores y luego se abandonan los botes en aguas turcas. Según las investigaciones de la revista Der Spiegel,
la policía federal alemana también participa en estas actividades.
Sigue siendo controvertido si el rescate marítimo también entra dentro
del ámbito de competencias de Frontex. Independientemente de ello, la
propia autoridad está implicada en el peligro, en algunos casos mortal,
que corren los migrantes.
La agencia, con sede en Varsovia, se
creó inicialmente para coordinar las actividades de protección de
fronteras en varios países europeos. En el contexto de la llamada crisis
de los refugiados de 2016, se le dotó de competencias y personal
adicionales. Mientras que en 2005 su presupuesto era de 6 millones de
euros, hoy en día asciende a 1200 millones de euros.
Es una de las mayores agencias de Europa y ahora es capaz de «proteger»
las fronteras y obligar a los Estados miembros de la UE a reforzar la
protección de las fronteras y deportar a más personas.
El endurecimiento de las fronteras
exteriores de la UE se produjo inicialmente en paralelo al proceso de
integración europea, en el que se liberalizaron las fronteras dentro de
Europa mediante el espacio Schengen. Por lo tanto, ya no se realizaban
controles fronterizos en las fronteras alemanas. En su lugar, la policía
federal controlaba cada vez más a personas que, por el color de su piel
o su apariencia física, se sospechaba que residían ilegalmente en
Alemania en nodos de transporte como aeropuertos, estaciones de tren y
trenes. Sin embargo, en 2023, Nancy Faeser volvió a introducir los
controles fronterizos. La policía federal puede ahora volver a realizar controles fronterizos
hasta 30 kilómetros después de la frontera. Esto significa que los
controles se amplían en general, al igual que las facultades de
vigilancia.
El rearme de Frontex es inseparable de la militarización general. En diciembre de 2024, la agencia firmó un nuevo contrato
con el fabricante de armas israelí IAI por valor de 192 millones de
euros para un periodo de dos años. Frontex quiere utilizar drones y
tecnologías de vigilancia israelíes contra los migrantes, que también se
utilizaron durante el genocidio de Gaza.
Cómo lidera Alemania
Cuando en octubre de 2013 murieron
500 refugiados frente a la isla italiana de Lampedusa, se desató la
indignación mundial. La mayoría de ellos procedían de Somalia y Eritrea y
habían escapado de los campos de tortura libios. El nombre de la isla
italiana se convirtió en símbolo de una política migratoria inhumana en
Europa. Martin Schulz, entonces presidente del Parlamento Europeo, dijo: «Lampedusa debe ser un punto de inflexión para la política migratoria europea».
Sin embargo, desde entonces, se ha
endurecido aún más precisamente la política que provocó Lampedusa. Los
proyectos de rescate marítimo, como la operación naval «Mare Nostrum»
del gobierno italiano, que salvó la vida de 150 000 personas, tuvieron
que suspenderse por falta de financiación. En su lugar, se sigue
reforzando Frontex y se socavan las rutas de huida seguras. Cada año
mueren alrededor de 3000 personas al intentar cruzar el Mediterráneo
para llegar a Europa. Y esas son solo las cifras oficiales, el número
real es sin duda mucho mayor.
Hoy en día estamos viviendo una nueva
movilización masiva de la derecha, impulsada en gran medida por una
política antimigratoria. Esta movilización ha sido y sigue siendo
impulsada activamente por la coalición semáforo y la coalición
negro-roja. La moción del grupo parlamentario de izquierda en el
Parlamento Europeo puede tener buenas intenciones, pero al final es una
especie de rescate del honor de los valores europeos y mantiene la
imagen falsa de una UE humanista.
Lo cierto es que Alemania y la Unión
Europea no solo aceptan las violaciones de los derechos humanos, sino
que las utilizan como medio para imponer la política migratoria europea.
¿Con qué autoridad moral decidiría entonces la UE restringir los viajes
de los funcionarios de ICE?"
(Bafta Sarbo , JACOBINLAT, 19/03/26)
