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4.6.25

En el Reino Unido, quizás no haya un símbolo más concreto de fracaso estatal que el agua del Támesis. En el sistema de agua británico privatizado, Thames Water es el mayor proveedor del país. Proporciona agua a alrededor de 16 millones de personas, incluida Londres. A pesar de esto, y de un mercado literalmente cautivo, la empresa necesita un rescate, por una deuda de £20 mil millones... Thames Water es el ejemplo más atroz de la mezcla kafkiana de lo público y lo privado que ha surgido en tantas áreas de los servicios públicos británicos y de la economía en general... El caso más costoso de demasiado grande para quebrar para el gobierno británico, por supuesto, fue su sistema bancario. Eso explotó en la cara del Reino Unido hace casi dos décadas, durante la crisis financiera mundial. Desde entonces, ha habido pocos avances en la búsqueda de un modelo económico alejado de las empresas que son nominalmente privadas, pero que dependen implícitamente del respaldo del Estado si las cosas salen mal... Tratar de racionalizar este desastre sería un proyecto político que el partido laborista de centroizquierda, si nadie más, podría llevar a cabo. Pero hasta ahora no hay una visión más amplia para esto (Eurointelligence)

 "Por el desagüe 

 En el Reino Unido, quizás no haya un símbolo más concreto de fracaso estatal que el agua del Támesis. En el sistema de agua británico privatizado, Thames Water es el mayor proveedor del país. Proporciona agua a alrededor de 16 millones de personas, incluida Londres. A pesar de esto, y de un mercado literalmente cautivo, la empresa se ha encontrado en dificultades financieras y necesita un rescate. Una opción para hacer esto acaba de desaparecer. Inicialmente, KKR, el grupo de capital privado, había dicho que pondría £4 mil millones en Thames Water y presentaría un plan para cambiar la empresa. Pero ayer, se retiró del trato. 

 Ahora habrá que encontrar otra opción. El gobierno preferiría que Thames Water y su pila de deudas de £20 mil millones se convirtieran en responsabilidad de los acreedores de la empresa, quienes se harían cargo de la empresa y tratarían de cambiarla. Pero también es posible que la empresa se ponga en un llamado régimen de administración especial, o SAR. Esto implicaría básicamente que el gobierno, por un tiempo, nacionalizara la empresa. Thames Water es el ejemplo más atroz de la mezcla kafkiana de lo público y lo privado que ha surgido en tantas áreas de los servicios públicos británicos y de la economía en general. Las empresas fueron privatizadas. Pero en muchos casos, como los viajes en tren y especialmente el agua, esto sucedió en sectores donde los mercados competitivos son muy difíciles de lograr. Por lo tanto, existía una regulación estricta para garantizar servicios decentes y evitar el aumento excesivo de precios. 

 Pero estos se han vuelto difíciles de soportar financieramente. El resultado es un sistema en el que tiene empresas privatizadas de jure pero respaldadas casi por el Estado. El agua del Támesis podría no ser administrada por el gobierno. Pero si no hay otra opción, así será. Es casi la definición de demasiado grande para fallar. El caso más costoso de demasiado grande para quebrar para el gobierno británico, por supuesto, fue su sistema bancario. Eso explotó en la cara del Reino Unido hace casi dos décadas, durante la crisis financiera mundial. Desde entonces, ha habido pocos avances en la búsqueda de un modelo económico alejado de las empresas que son nominalmente privadas, pero que dependen implícitamente del respaldo del Estado si las cosas salen mal. Tratar de racionalizar este desastre sería un proyecto político que el partido laborista de centroizquierda, si nadie más, podría llevar a cabo. La nacionalización ferroviaria y la reforma de la planificación ya son pasos tentativos en un sistema que eliminaría la privatización sustituta y dejaría que el sector privado realmente existente haga lo que tiene que hacer. Pero hasta ahora no hay una visión más amplia para esto. Cambiar la economía y los servicios públicos es lo único que salvará la decreciente popularidad del gobierno. Tratar de estar a dieta Nigel Farage no lo logrará. Tampoco lo harán los acuerdos de recortes con Donald Trump que solo mitigan parcialmente el daño en sectores que apenas existen en el Reino Unido, como la exención de los nuevos aranceles del 50% sobre el acero y el aluminio." (Eurointelligence, 04/06/25, traducción Yandex)

24.4.24

Ann Pettifor: Thames Water, Kemble, había dejado de pagar una deuda de 400 millones de libras... y un gobierno conservador lidiaba con los costes y la vergüenza política de renacionalizar Thames Water, un monopolio de servicios públicos libre de deudas cuando fue privatizado en 1989 por Margaret Thatcher... Los 16 millones de clientes de Thames Water y muchos inversores, enfadados, se enfrentaban a los costes medioambientales, las deudas impagables, las pérdidas financieras y la incertidumbre provocada por el fracaso de la empresa... Sólo hay una forma de que una empresa de suministro de agua que abastece a la capital de un país del G7 pierda tanto valor tan rápidamente... "Las empresas de capital riesgo siguen un modelo trillado: compran empresas, las endeudan hasta el cuello y luego exprimen sus adquisiciones como naranjas por cada dólar antes de tirar la cáscara a la papelera."... La influencia del capital riesgo se extiende como un pulpo, con tentáculos en hospitales grandes y pequeños, consultas médicas, consultas dentales y decenas de residencias de ancianos... una de estas empresas adquirió una agencia de contratación de médicos y enfermeras del NHS, apostando a que el doloroso retraso de las citas reprogramadas sería bueno para el negocio

 "El lunes por la mañana me desperté con el furor causado por la sugerencia del Secretario de Sanidad en la sombra del Partido Laborista de que un gobierno laborista utilizaría "la capacidad sobrante del sector privado para reducir las listas de espera". Y que él, el diputado Wes Streeting, estaba "dispuesto a luchar" contra "los sindicatos sanitarios y los laboristas" opuestos a la privatización: ... "los izquierdistas de clase media (llorando) 'traición'".

"La verdadera traición", argumentó, "es el sistema de dos niveles que hace que la gente como ellos reciba un tratamiento más rápido, mientras que las familias trabajadoras como la mía tienen que esperar más tiempo".

El Sr. Streeting -y quienes piensen votar a los laboristas- deberían tener cuidado con lo que desean.

He estado viajando. A la Universidad de Helsinki, en Finlandia, para asistir a un estimulante taller sobre alternativas al sistema del dólar estadounidense. Después, a Escocia para debatir sobre economía. De vuelta a casa, la semana pasada celebré la llegada de la primavera con la familia.

No tardé mucho en volver a la tierra, para descubrir lo peligrosa que puede ser la jardinería. Mientras deshierbaba mi huerto, tropecé y caí sobre un poste con un clavo oxidado, me desgarré el brazo y tuve que ser trasladada a la unidad de urgencias del hospital local para que me lo limpiaran y me lo vendaran de nuevo...

Un domingo por la tarde, el atareado personal del hospital del NHS me atendió -a mí y a muchos cientos de personas más- con prontitud, empatía y respeto. Una experiencia que me hizo estar agradecido por las habilidades y la atención del médico de cabecera y por la eficiencia del personal administrativo del NHS, a pesar de que no hubiera dinero en juego.

El devaneo laborista con la privatización

La intervención de Streeting el lunes siguiente por la mañana fue chocante: no sólo porque se emitió después de mi experiencia con el NHS; no sólo porque fue insultante para una cohorte de votantes; sino porque Gran Bretaña está sufriendo un ataque de nervios colectivo por otra debacle de la privatización: Thames Water. El viernes anterior, la empresa matriz de Thames Water, Kemble, había dejado de pagar una deuda de 400 millones de libras. Mientras Streeting publicaba su provocación en el diario The Sun, un gobierno conservador lidiaba con los costes y la vergüenza política de renacionalizar Thames Water, un monopolio de servicios públicos libre de deudas cuando fue privatizado en 1989 por Margaret Thatcher, y posteriormente adquirido por la empresa australiana de capital riesgo Macquarie.

Los 16 millones de clientes de Thames Water y muchos inversores, enfadados, se enfrentaban a los costes medioambientales, las deudas impagables, las pérdidas financieras y la incertidumbre provocada por el fracaso de la empresa. Esa misma mañana, el Financial Times informaba de que

"A finales de 2022, un grupo de grandes planes de pensiones, incluidos fondos de Canadá, Japón y el Reino Unido, descubrieron que habían perdido gran parte de los 5.000.000.000 de libras (de ahorros de los pensionistas) invertidos en Thames Water ..registrados en sus libros." Esta Semana Santa, se enteraron de que probablemente lo habían perdido todo.

Sólo hay una forma de que una empresa de suministro de agua que abastece a la capital de un país del G7 pierda tanto valor tan rápidamente: para empezar, nunca valió 5.000 millones de libras.

El capital riesgo y la importancia de la valoración de activos

El artículo del FT explicaba a continuación que los inversores habían sido efectivamente estafados por un modelo económico que daba una valoración falsa de la empresa que era Thames Water.

No hace falta un doctorado en econometría para adivinar en interés de quién se encargó y diseñó ese "modelo" económico.

La cuestión es la siguiente: la falta de supervisión reguladora de las empresas de capital riesgo (PE) y otras empresas de Wall Street significa que cualquier estafador puede inventar cualquier "modelo" económico para engañar a los inversores, falsificar la valoración de los activos y atraer nuevos capitales o ahorros.

Lamentablemente, los inversores y los pensionistas no son los únicos perdedores. La falsa valoración de los activos de Thames Water es una aterradora advertencia -y una amenaza- para todos nosotros.

¿Por qué?

Porque la valoración correcta y honesta de los activos o garantías - por parte de reguladores independientes - es vital para los acreedores - prestamistas, banqueros e inversores de fondos de pensiones. Pero también es vital para la confianza en todo el sistema financiero. Una valoración falsa de los activos, al socavar la confianza en el sistema, supone un riesgo sistémico para todo el sistema financiero.

El 9 de agosto de 2007, una valoración falsa desencadenó la crisis financiera mundial de 2007-9. Ese día, un banco, el BPI, se vio obligado a realizar una valoración falsa de sus activos. Ese día, un banco, BNP Paribas, anunció en un comunicado de prensa que le había resultado imposible valorar de forma justa determinados activos independientemente de su calidad o calificación crediticia y, en consecuencia, prohibió a los inversores el reembolso de efectivo y congeló inmediatamente los préstamos a otros bancos.

 Ese comunicado de prensa hizo añicos la confianza no sólo en el valor real de los activos financieros de BNP Paribas, sino en todos los activos financieros del sistema financiero mundial. El colapso de la confianza desencadenó la catástrofe que fue la Gran Crisis Financiera de 2007-9.

Capital riesgo, privatización del SNS y estabilidad financiera

En un post de septiembre de 2023 sobre el cambio de sistema, expliqué cómo operan las empresas de capital riesgo cuando adquieren activos públicos como empresas de agua o sanidad. Piden prestada una gran parte del coste de la compra, apalancan la financiación contra la garantía que es el activo y luego descargan la deuda sobre el activo. Puede tratarse de un hospital, una consulta de medicina general o un proveedor de ambulancias. Esto se hace con la esperanza de desviar la responsabilidad de la empresa de capital riesgo y de recaudar una parte de la "renta" o los ingresos generados por el hospital privado, la consulta de medicina general o el proveedor de ambulancias.

Se trata de una "compra apalancada" de capital privado, como explica Carolyn Sissoko, y requiere la retirada de una empresa como Thames Water de los mercados de valores públicos, donde las acciones se negocian de forma pública y transparente, y su posterior "privatización", es decir, fuera de la vista de los reguladores. La empresa de capital riesgo lo hace

...sin pagar en efectivo las acciones. En su lugar, el comprador/propietario pone alrededor del 10% del precio y pide prestado el 90% restante. El truco es que el comprador/propietario no debe la deuda, sino que es la empresa objetivo/comprada la que debe la deuda. En resumen, el comprador obtiene todas las ventajas de la propiedad y el control de la empresa, pero no tiene ninguna responsabilidad sobre la deuda utilizada para comprar la empresa.

O como el congresista estadounidense Bill Pascrell lo expresó de forma más pintoresca:

"Las empresas de capital riesgo siguen un modelo trillado: compran empresas, las endeudan hasta el cuello y luego exprimen sus adquisiciones como naranjas por cada dólar antes de tirar la cáscara a la papelera."

En Estados Unidos, continuó:

"La influencia del capital riesgo se extiende como un pulpo, con tentáculos en hospitales grandes y pequeños, consultas médicas, consultas dentales y decenas de residencias de ancianos..."

El capital riesgo y el SNS

El hecho es que el modelo estadounidense de asistencia sanitaria ya tiene sus tentáculos cubiertos de ventosas por todo el Servicio Nacional de Salud británico, financiado con fondos públicos.

En los últimos dos años, según el Financial Times, las empresas de capital riesgo han cerrado 150 operaciones con empresas sanitarias británicas. Estas empresas han comprado flotas de ambulancias, clínicas oftalmológicas y empresas de diagnóstico. El año pasado se informó de que una de estas empresas adquirió una agencia de contratación de médicos y enfermeras del NHS, apostando a que el doloroso retraso de las citas reprogramadas sería bueno para el negocio.

Y en noviembre de 2023, la revista Fortune informó de que

El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido empezará a trabajar con Palantir, la empresa tecnológica cofundada por Peter Thiel, de PayPal, en una revisión de los datos tras un acuerdo valorado en 330 millones de libras (unos 413 millones de dólares).

Aunque esto podría suponer una enorme renovación del sistema sanitario público del Reino Unido, ha suscitado dudas sobre la posibilidad de que Palantir desempeñe un papel fundamental en el NHS.

"Se trata de un punto de inflexión para el NHS. Se trata de tu derecho a controlar quién ve tu historial médico y de cómo debe gestionar este país uno de los activos públicos más preciados de nuestro NHS: nuestros datos sanitarios recopilados", afirmó en un comunicado el grupo independiente Foxglove.

Con el apoyo de laboristas como Streeting, las "familias trabajadoras" británicas pueden esperar un futuro sistema sanitario privado que acumule datos con fines de vigilancia y para compartirlos con compañías farmacéuticas y de seguros. En otras palabras, un sistema sanitario que imita los costes, riesgos y horrores de la sanidad estadounidense con ánimo de lucro.

Ya, como Allyson Pollock y Peter Roderick explicaron aquí:

"en un desarrollo familiar para los estadounidenses, pero es algo bastante nuevo en Gran Bretaña, más y más personas están recurriendo a GoFundMe para recaudar dinero para el tratamiento médico. "

¿Por qué debería importarnos a System Change?

Hay tres razones por las que debería importarnos. La primera es que la privatización de un gran bien público asequible que es el orgullo de Gran Bretaña será costosa para los contribuyentes británicos, para los usuarios de nuestros servicios sanitarios y para el Estado británico.

En segundo lugar, será perjudicial tanto para nuestra salud y bienestar individuales como para la salud colectiva de nuestros conciudadanos y de las generaciones futuras.

En tercer lugar, podría amenazar con otra crisis financiera mundial. Si no me creen, consideren esta advertencia publicada el lunes 8 de abril de 2024 por los autores del Informe sobre la Estabilidad Financiera Mundial del Fondo Monetario Internacional:

"la migración de estos préstamos de bancos regulados y mercados públicos más transparentes al mundo más opaco del crédito privado crea riesgos potenciales. La valoración es infrecuente, la calidad del crédito no siempre es clara o fácil de evaluar, y es difícil entender cómo pueden estar aumentando los riesgos sistémicos dadas las interconexiones poco claras entre los fondos de crédito privados, las empresas de capital riesgo, los bancos comerciales y los inversores. (Énfasis añadido)"

El hecho es que las enormes cantidades de deuda "opaca" generada por el capital riesgo y otras empresas de Wall St. han dado lugar a una burbuja... una gigantesca burbuja de deuda mundial que el FMI considera un riesgo sistémico para todos nosotros.

 Una burbuja que, aunque inmensamente rentable para los inversores privados de PE -el 1% de Wall St-, es una grave amenaza para la estabilidad, los medios de subsistencia y el bienestar de millones de británicos, incluida la propia "familia trabajadora" del Sr. Streeting.
Esta vez, ni él ni los votantes británicos podrán decir que no fueron advertidos."

(Ann Pettifor, System Change, 10/04/24, traducción DEEPL)

5.9.23

La lucha en defensa del agua atraviesa los pueblos del Oeste de Francia, contra los megaembalses que amenazan el Oeste rural francés... en Chile existen mega embalses que han secado los ríos... “Queríamos llegar a nueva gestión del agua y compartirla entre agricultores, y el Estado nos negó esta posibilidad de diálogo empezando nuevas obras. Fue muy violento para nosotros ver esos tractores llegar y empezar a trabajar cuando queríamos una pausa para poder dialogar”

"En bicicletas, tractores, con equipamiento y logística, cerca de 800 ciclistas se desplazaron en lo que denominaron el “Convoy del Agua” que recorrió más de 400 kilómetros pasando por distintos pueblos y ciudades de Francia hasta llegar a París.

La idea nació de la organización de los movimientos ecologistas Bassines Non Merci, Soulèvements de la terre y Confédération Paysanne, tras los episodios de violencia policial sufridos durante la última gran manifestación el 25 de marzo pasado, donde congregaron a más de 30.000 personas en contra de la construcción de mega embalses en Sainte-Soline.

Precisamente desde allí, el pasado 18 de agosto, partió la caravana rumbo a Orléans, donde llegó siete días después con una única convicción: defender el agua y el territorio de los mega embalses ya instalados y los que se pretenden instalar en las poblaciones del oeste.

“El objetivo fue llevar nuestras demandas colectivamente, en bicicletas y tractores, a la Agencia del Agua —la agencia pública que financia los mega embalses en Francia—, la paralización inmediata de las obras y moratoria sobre la gestión del agua”, relatan Adeline y Mat, del colectivo Bassines Non Merci. La moratoria consistía en suspender los proyectos mientras se trabaja junto con las autoridades en una nueva política de la gestión del agua de forma más concertada y democrática.

Durante el trayecto a Orléans los activistas fueron recibidos por los habitantes de los distintos pueblos y por los colectivos locales que se concentraron en los campamentos que tenían preparados junto con decenas de voluntarios y voluntarias.

El “Convoy del Agua” logró reunirse con dos autoridades a cargo de la gestión del agua en Francia: el presidente del Comité de Vertientes y la prefecta —presidenta de la Agencia del Agua Loira-Bretaña (AELB)— en Orléans, organismo que organiza la política del agua y que otorga financiación pública a las obras relacionadas con su gestión. Sin embargo, durante la reunión con la prefecta Sophie Brocas, los movimientos ecologistas se enteraron por otras fuentes de que se había iniciado la construcción de una nueva mega cuenca en la localidad de Priaires. Las negociaciones fracasaron al instante.

“Queríamos llegar a nueva gestión del agua y compartirla entre agricultores, y el Estado nos negó esta posibilidad de diálogo empezando nuevas obras. Fue muy violento para nosotros ver esos tractores llegar y empezar a trabajar cuando queríamos una pausa para poder dialogar”, relata Laurence Marandola, portavoz de la Confederación Agrícola de Francia (Confédération Paysanne).

El 26 de agosto, más de mil personas, entre ellas una centena de ciclistas del “Convoy del Agua” que pedalearon toda la noche desde Orléans hasta París, se congregaron en Champ-de-mars frente a la icónica Torre Eiffel donde también estuvieron presentes organizaciones ecologistas en defensa del agua de otros países del mundo como Brasil y Chile, así como representantes de las luchas por el agua en Île-de-France.

“Chile es el único país del mundo donde la Constitución ha privatizado el agua. Llevamos años luchando por la recuperación del agua porque en Chile existen mega embalses que han secado los ríos. La lucha transfronteriza cobra especial relevancia en la crisis que vivimos hoy y la importancia de reencontrarse en un sentido común por la defensa de los derechos de la naturaleza y de las personas”, dijo frente a los manifestantes la chilena Manuela Royo, portavoz del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA) y vicepresidenta de SurTerritoria.

“La gente que no tiene dinero, los pobres, son los afectados por las represas y no les permiten acceder al agua, no se lo permiten. Les decimos que el agua no es mercancía, el agua no se vende”, agregó Alexania Rossato, coordinadora nacional del Movimiento de Afectados por Represas en Brasil. (...)

Los grupos ecologistas de Francia han anunciado que continuarán las acciones en defensa del agua al mismo tiempo que han condicionado el diálogo con las autoridades con un requisito fundamental que consideran la única vía para salir de la crisis de forma pacífica: la moratoria sobre las obras y la financiación en curso.

“Es evidente que vamos a tener que aplicar la moratoria sobre el terreno nosotros mismos, y con todos los que defienden el agua, a través de nuevas acciones directas de masas. Rejilla a rejilla, lona a lona, ​​¡desmontaremos todos las megapresas!”, anunció Benoît Feuillu de los Soulèvements de la terre.

Por su parte, Laurence Marandola, portavoz de la Confederación Campesina de Francia, ha enfatizado en que “ésta no es una lucha de ecologistas contra agricultores porque nosotros somos agricultores, representamos a muchos agricultores en Francia. Esta es una lucha de todo el mundo, ecologistas, ciudadanos en general, científicos, gente que tiene mandatos políticos y campesinos que reclamamos cambiar la gestión del agua en Francia”. (...)"                       (Nicole Venegas Reveco , El Salto, 04/09/23)

10.7.23

El Gobierno británico estudia nacionalizar Thames Water, el principal proveedor de agua del Reino Unido, por no poder pagar su deuda... Desde la privatización del sector en 1989, las empresas de agua han pagado 84.000 millones de euros a los accionistas mientras acumulaban deudas de 61.800 millones... mientras la factura del agua de los ciudadanos se multiplicaba y sin haber invertido apenas en infraestructuras

 "La dimisión de la consejera delegada de Thames Water, fue solo la punta del iceberg. Thames Water es el principal proveedor de agua y de tratamiento de aguas residuales del Reino Unido con 15 millones de clientes en todo el sur de Inglaterra, donde tiene el monopolio. Sarah Bentley, dimitía la semana pasada por sorpresa después de que la compañía tuviera un nuevo escape de aguas residuales y alegando que los últimos desastres meteorológicos en país habían dejado a la compañía en una posición delicada. La capitana del barco saltaba en medio de la tormenta con una deuda de 14.000 millones de libras (16.300 millones de euros) desde que fue nacionalizada por Margaret Thatcher en 1989 y unos dividendos para sus accionistas de 7.200 millones de libras (8.400 millones de euros) mientras la factura del agua de los ciudadanos se multiplicaba y sin haber invertido apenas en infraestructuras.

Bentley fue contratada en 2020 como directora ejecutiva con un sueldo con bonos de 2 millones de libras (2,3 millones de euros) anuales y con una prima de contratación de 3,1 millones de libras (3,6 millones de euros). La compañía está ahora en la bancarrota y tanto el Gobierno como el regulador del agua británico (Ofwat, en inglés) están estudiando un plan para nacionalizar la compañía y evitar de este modo el colapso del sector del agua, que también está en bancarrota, por un efecto dominó.

 El sector del agua en el país tiene la peculiaridad de que está diseñado en forma de monopolio de tal forma que cada compañía se encarga de una región sin que tenga competencia y los clientes, que son los ciudadanos, no pueden más que aceptar sus precios. Hay diecisiete compañías de agua que se reparten el territorio. Los únicos que pueden intervenir en el sector son el regulador, que limita los precios, y el Gobierno para establecer el marco legal y proponer leyes para dar obligaciones y responsabilidades a la compañías e imponer multas y penas en caso de que no las cumplan.

El presidente del regulador británico, David Black, en una intervención en la cámara alta del Parlamento para evaluar la dramática situación del sector, culpó directamente a los laboristas, y más concretamente al Nuevo Laborismo de Tony Blair y Gordon Brown (1997-2000) por haber permitido que las deudas no solo de Thames Water sino de todas la compañías del sector se convirtieran en montañas que no se podían escalar.

Privatización de Thatcher

Thames Water fue privatizada por el gobierno de Thatcher en 1989. La empresa fue adquirida, sin deuda, por el gigante alemán de servicios públicos RWE en 2001 y vendida al banco australiano Macquarie en 2006. Macquarie fue acusado de cargar a la empresa con miles de millones de deuda antes de vender su última participación en 2017. Los propietarios de la compañía ahora incluyen el plan de jubilación de las universidades, con una participación del 20%, un fondo de pensión canadiense, con el 31%, e Infinity Investments, una subsidiaria de la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi, también con una importante participación no revelada.

En general, el 70% de los propietarios de las compañías de agua británicas son extranjeros y han invertido en las compañías sin asumir responsabilidades de inversión en infraestructuras. “Creo que deberíamos haber intervenido en 2006 el sector para evitar que las empresas acumularan deuda]”, dijo David Black en su discurso en la cámara alta. “En ese momento, realmente no teníamos el poder para evitar que eso sucediera”. Y acusó directamente al Gobierno laborista de la época por su “enfoque de no intervención”. Cree que el organismo de control debería haber intervenido en 2006 para evitar que el entonces propietario de la empresa de agua, el grupo de inversión australiano Macquarie, se endeudara demasiado. Pero dijo que estaba paralizado por la falta de poderes.

“'Creo que en ese momento, si volviéramos a principios de la década de 2000, los reguladores de todos los sectores adoptaron un enfoque relativamente de no intervención para los préstamos -añadió-. Sucedió también en el sector de la energía y en el transporte”. Y concluyó que debían revisarse y cambiar “las estructuras de financiación heredadas”.

El negocio perfecto

Black ponía el dedo en la llaga. La pregunta que se hace todo el mundo en el país es cómo se ha permitido que una compañía que ofrece un servicio tan básico a los ciudadanos, una compañía que tiene el monopolio regional ha podido llegar a esta situación. Los laboristas no marcaron los límites a los inversores en los trece años en el poder y tampoco lo han hecho los conservadores en sus trece años en Downing Street.

Para hacer una radiografía rápida del sector, desde que se privatizó a finales de los ochenta y principios de los noventa, Se estima que la industria del agua en total ha pagado dividendos por valor de 72.000 millones de libras (84.000 millones de euros) a los accionistas (la mayoría extranjeros), a la vez que acumulaban una deuda de 53.000 millones de libras (61.800 millones de euros). O sea, se han priorizado los retornos a los accionistas que la inversión en infraestructura y el servicio a los ciudadanos.

Desde su privatización del sector se han incrementado las facturas agua en un 40%, pero la inversión de las empresas ha disminuido en un 15% y todo este dinero ha ido a parar a los accionistas, a los inversores. Apenas se ha invertido en el tratamiento de las aguas residuales y se ha incrementado la contaminación a los ríos de forma deliberada hasta el punto que en estos momentos solo el 14% de los ríos británicos son sanos ecológicamente.

Un informe demoledor

En informe quinquenal de 2021 sobre polución y contaminación, la Agencia Medioambiental británica de 2021 era demoledor. Denunciaba que nueve compañías de agua, incluida Thames Water, habían realizado la peor actuación desde que había registros. Y pidió que se incrementaran las sanciones económicas para las compañías contaminantes y que se impusieran penas de cárcel para los directores que permitieran estas prácticas contaminantes deliberadas.  

“La calidad del agua no mejorará hasta que las compañías de agua controlen su desempeño operativo -denunció Emma Howard Boyd, presidenta de la Agencia de Medio Ambiente, en 2021, tras el informe-. Durante años la gente ha visto a ejecutivos e inversores generosamente recompensados mientras que el medio ambiente pagaba el precio”.

Y siguió diciendo: “Los directores de las compañías permitieron que esto sucediera. Nosotros proponemos hacer que sea demasiado doloroso para ellos continuar así. La cuantía de la multa que se puede imponer a una empresa por delitos medioambientales es ilimitada, pero las multas impuestas actualmente por los tribunales a menudo están por debajo de los sueldos de los ejecutivos. Necesitamos que los tribunales impongan multas mucho más altas. Los inversores ya no deberían ver los monopolios de agua de Inglaterra como una apuesta sin riesgo”.

La reacción del gobierno fue también contundente. “Este informe muestra que las empresas de agua están ignorando sus responsabilidades legales. Los jefes de las compañías de agua no pueden continuar obteniendo grandes ganancias mientras contaminan nuestras aguas”, dijo un portavoz del ministerio Medio Ambiente.

Las consecuencias para los ciudadanos

La agencia medioambiental británica estima que la veintena de compañías de agua británicas deberán invertir 50.000 millones de libras (58.300 millones de euros) de ahora al 2050 para reducir los desbordamientos de aguas residuales a un nivel aceptable. Las compañías han pedido al regulador poder subir la factura del agua a los ciudadanos entre un 25% y un 40% (dependiendo de la empresa) para el ejercicio 2025-2030 para poder hacer frente a esta inversión en infraestructura y a los retos del cambio climático.

El regulador está discutiendo con el Gobierno esta subida de precios, un inconveniente más para el Gobierno de Sunak ya que el anuncio debería hacerse el año próximo antes de las elecciones previstas para diciembre. Sería otro golpe más a los ciudadanos, que podrían ver como la factura del agua les sube entre 450 y 680 libras (entre 525 y 795 euros) anuales, además de tener que sufragar la deuda de 16.300 millones de Thames Water si es nacionalizada como ya sucedió con los bancos en 2008. Y todo esto se sumaría a la de los tipos de interés y las hipotecas, a la de la cesta de la compra y los productos básicos y del gas y la electricidad, estrangulando todavía más a los ciudadanos."      (Daniel Postico, NIUS, 06/07/23)

10.5.23

Así culmina en Busturialdea la privatización de la gestión del agua en toda Bizkaia... El PNV ha ido desmantelando paulatinamente los consorcios de agua con los que contaban las comarcas, siendo el último el de Busturialdea

"El agua se debe gestionar de forma local y sostenible, señala la Directiva marco del agua de la Unión Europea y la ONU. Es un recurso a administrar lo más cerca posible del caudal, bajo competencias municipales. En Bizkaia, en cambio, desoyendo esas directrices internacionales, han ido desmantelando paulatinamente los consorcios de agua con los que contaban las comarcas, y el último en llegar ha sido el de Busturialdea. Actualmente, el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia gestiona más del 95 % del agua del territorio.

Las luchas por la remunicipalización han explotado. La plataforma Guzan Bermeo señala que hace tiempo que las autoridades autonómica (URA) y la Diputación Foral empezaron a desinvertir en el Consorcio de Aguas de Busturialdea (CAB), fase previa siempre indispensable en los procesos de privatización: “No se han hecho las inversiones necesarias desde el año 2017, y no se han llevado a cabo las soluciones que tenían acordadas todos los municipios en anteriores planeamientos”. Los alcaldes del PNV de los municipios de la comarca, que abogaron por la disolución del consorcio comarcal, argumentan deficiencias en los medios económicos y técnicos. Nueve de los dieciséis pueblos que componen la comarca apoyaron la decisión.

Por su parte, los alcaldes de EH Bildu en la comarca han mostrado su rechazo a la incorporación al Consorcio Bilbao Bizkaia. Iratxe Arriola, presidenta del CAB en la legislatura anterior a su disolución (2011-2015) y actual alcaldesa del municipio de Ea, señala que en Busturialdea no hay falta de recursos económicos, ya que ha habido un excedente de más de un millón de euros que ha permitido destinar más de una cuarta parte del presupuesto a inversiones. Cree que detrás de la disolución del consorcio que gestionaba las aguas de Urdaibai está la intención de dejar en manos de las multinacionales la gestión del agua y hacer negocio.

En cuanto a los medios técnicos, a pesar del cambio de consorcio, en Busturialdea se sigue consumiendo el agua de la comarca. Tienen seis sistemas diferentes. A día de hoy, Arriola reconoce que en verano se produce un déficit hídrico. De hecho, así lo apuntan los expertos: consideran que la falta de agua es un problema estructural en la zona de Busturialdea y que con frecuencia no se puede garantizar con recursos propios, lo que se agudiza durante los meses de verano. El plan de abastecimiento de agua de Urdaibai recoge un déficit hídrico de entre 70 y 100 l/s.

Arriola señala que una de las causas de este déficit es la no utilización del cuarto pozo de La Vega, situado en Gernika-Lumo, que fue contaminado en época industrial y contiene 60 l/s en desuso. Esos recursos se pueden utilizar para limpiar las calles, regar jardines, en vez de utilizar agua potable como se hace actualmente. Por su parte, la mayor empresa de Busturialdea, Maier, utiliza cada día 1.000 de los 12.000 litros de agua potable que se utilizan en la comarca. Además, los eucaliptos plantados en las dos últimas décadas cerca de las tomas hídricas hacen que la recogida de agua sea menor. Hay 56 puntos de abastecimiento a lo largo de la comarca, pero se da por perdida el 20 % del agua superficial.

Asimismo, Arriola subraya que durante años no se han mantenido adecuadamente las redes de abastecimiento, que presentan fuertes pérdidas evitables. En concreto, el Plan del proceso participativo Urdaibai Abastecimiento (PAT), aprobado por unanimidad en 2020 por la agencia URA del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y todos los municipios de CAB, señala que los sistemas pierden un 31 % de media y que siendo una cifra alta es necesario renovarlos. Arriola apunta que, sin embargo, no se ha querido invertir y que se ha querido traer la solución desde fuera. (...)

En un barco

Al igual que en toda Bizkaia, en Busturialdea llovió menos de lo habitual el verano pasado y las principales medidas que se tomaron para asegurar el suministro dieron mucho que hablar: el agua fue transportada en barco por el Consorcio Bilbao Bizkaia. Hasta mediados de octubre, el barco Dutch Spirit suministró agua potable a la comarca, tomando agua situada en el puerto de Santurtzi y descargándola en el puerto de Bermeo, aportando 2.000 metros cúbicos diarios. Brijuesca precisa que a través del barco se introdujeron en el sistema 103.470 metros cúbicos para beber."
                    (Zihara Jainaga Larrinaga  , El Salto, 09/05/23)

22.12.21

Cómo el IBEX 35 y empresas vinculadas al PNV han privatizado las aguas de Bizkaia

"El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia decidió, en su última asamblea general anual, integrar al Consorcio de Busturialdea en su sistema. Las innumerables voces críticas que se opusieron a esta medida señalan que supondrá la privatización de gran parte de la gestión del agua, una constante que cada vez se repite más en el territorio vizcaíno. Las privatizaciones suprimen la facultad municipal de gestionar el agua en territorio propio. Esta investigación de Hordago-El Salto desvela cómo está teniendo lugar el expolio corporativo del agua, un recurso básico para la sociedad vasca.

Los contratos públicos analizados por este medio muestran que los únicos beneficiarios de estos procedimientos de desregulación y liberalización del agua son las grandes multinacionales españolas que cotizan en el IBEX 35. Así, por ejemplo, las instituciones vascas han entregado en los últimos dos años, y en tan solo un par de contratos, una cantidad cercana a los 14 millones a la empresa Acciona Agua S.A. Por su parte, Ferrovial ha conseguido 8,6 millones de euros para desempeñar toda suerte de funciones públicas en la gestión del agua.

También los capitalistas locales se han beneficiado del trasvase de fondos públicos que ha tenido lugar en nombre de la eficiencia, concretamente quienes llevan décadas imbricados en la estructura caciquista vasca, como es el caso de Ingeplan, creada por la familia Atutxa. Esta obsesión por la externalización también ha propiciado que empresas procedentes de otras comunidades, como la cántabra Tradebe Santander Lunagua S.L. o la valenciana DAM, gestionen el agua de Bizkaia.
 
El IBEX 35 hace aguas

Entre las empresas que más dinero han recibido del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia se encuentra una vieja conocida de las instituciones vascas, Acciona Aguas S. A., a la cual se le adjudicó en 2019 el contrato del Servicio de Explotación y Mantenimiento de los Sistemas de Saneamiento de Instalaciones Periféricas de varias depuradoras secundarias. Un contrato de casi 10 millones de euros que tiene una duración de tres años (ampliable a dos años más). Este contrato engloba los Sistemas de Saneamiento de Arriandi, Elorrio, Bedia, Markina, Lekeitio, Ispaster, Ondarroa, Ereño, Aulesti y Munitibar. Además, también incluye la explotación y mantenimiento de 35 estaciones de bombeo.

Con este contrato, Acciona Aguas S. A., una de las grandes empresas del IBEX 35, se encarga del grupo más importante de depuradoras y sistemas de saneamiento licitados por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia en los últimos años, tanto en términos de facturación como de capacidad de tratamiento. Tras hacerse con este contrato, la empresa señalaba que, en su compromiso con la sostenibilidad, adquiriría un total de 4 vehículos 100% eléctricos (2 furgonetas y 2 turismos) y 3 vehículos híbridos para el desarrollo del servicio.

“En los años de la posguerra, la compañía fue muy activa, consolidando su posición como una de las compañías más innovadoras del país”, señalaba la página web de la empresa Acciona en una frase que fue borrada el pasado año. Como publicaba La Marea en relación al libro de Antonio Maestre, Franquismo S.A., el repaso histórico que la empresa hacía en su cronología llegaba hasta el ingeniero de caminos bilbaíno José Entrecanales Ibarra daba cuenta de los estrechos vínculos de la empresa con las élites de la burguesía franquista.

Por otro lado, Drace Infraestructuras, firma del grupo ACS, se llevó el segundo lote por presupuesto económico del contrato citado para la gestión de agua. La empresa de Florentino Pérez, radicada en Madrid, recibió una cantidad cercana a los 5 millones y medio de euros por parte del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia para controlar los sistemas de saneamientos de aguas de Güeñes, Muskiz, La Arboleda, Triano, Kobaron, Altzuste, Ubidea, Buia, Venta Alta, Zierbena, Orduña, Sopuerta y Trucíos

Por último, el lote menos cuantioso en el servicio de explotación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento de instalaciones periféricas, de 4,7 millones de euros, fue para la UTE integrada por Valoriza Agua, SAV y DAM. Adjudicado en fechas similares, este contrato externaliza el mantenimiento de las depuradoras y las infraestructuras de saneamiento de Mungia, Gorliz, Larrabetzu, Lemoiz, Bakio, Unbe, Aresti y Artebakarra. Por primera vez, la empresa Valenciana DAM entró a gestionar instalaciones del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia mediante un contrato que tiene una dotación presupuestaria de 6,2 millones y una duración de 3 años, con posibilidad de renovaciones anuales por un periodo máximo de dos años.
 
Del río Kadagua a Galindo

En 2019, el Consorcio también adjudicó a la multinacional Acciona un contrato de 4,2 millones de euros, por el servicio de explotación y mantenimiento de las instalaciones de tratamiento de aguas potables, y otro de 2,9 millones a la empresa Gestión y Técnicas del Agua S.A., por el servicio de explotación y mantenimiento de las instalaciones de tratamiento de aguas potables gestionadas. Esta misma empresa ya se encarga también desde 2020 del mantenimiento de la red municipal de abastecimiento de aguas de Barakaldo por la cantidad de 661.157 euros.

La multinacional Ferrovial, con su filial Cadagua, es otra de las empresas que participan del entramado para controlar las aguas de Bizkaia. En 2020 se adjudicó un contrato de 8,6 millones euros para las obras de renovación del sistema de filtración por carbón activo de la Estación de Agua Potable de Venta Alta, ubicada en el municipio de Arrigorriaga. Esta planta de agua potable es la más importante de Bizkaia y abastece a más de un millón de habitantes, el 90% de la población provincial.

Por lo que se refiere al tratamiento de las aguas, la Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) de Galindo, ubicada en Sestao, es la “gran obra por excelencia en saneamiento del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia”, según señala la Diputación de Bizkaia. Su funcionamiento y mantenimiento también se ha repartido a través de contratos públicos a diferentes empresas. Por ejemplo, el servicio de valorización de las cenizas producidas se lo llevó en 2020 la empresa cántabra Santander Lunagua S.L., perteneciente al grupo Tradebe, por 300.000 euros. 
 
Los Atutxa vuelven a la carga

Ingeplan Consulting, empresa creada por los hijos del recien retirado burukide Juan Mari Atutxa, es otra de las beneficiadas por las adjudicaciones del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. En 2019, recibió un contrato de un millón de euros por el servicio de asistencia técnica a la subdirección de proyectos y obras de abastecimiento. En otro lote de ese contrato, la consultora Saitec S.A. se adjudicó otro millón de euros más. El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia es uno de los clientes preferentes de Ingeplan.

Hasta qué punto los vínculos con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) de esta familia han generado polémica en las instituciones puede verse en el año 2015, cuando el Partido Popular (PP) denunció la adjudicación de 200 contratos públicos a empresas de la familia Atutxa y exigió a la Fiscalía que lo investigara. En total, las empresas vinculadas a la familia Atutxa habrían recibido 68 millones en contratos de las administraciones vascas.

Además, como ha publicado Ahoztar Zelaieta, Ingeplan también figura en el caso Bakio d'Or y aparece citada por el Tribunal de Cuentas por su vinculación con el caso Purines de Karrantza. Asier Atutxa, hijo de Juan Mari Atutxa, presidente del Puerto de Bilbao desde el 2008 al 2013, fue apoderado solidario de Ingeplan hasta el año 2013. A día de hoy, se mantienen al frente de esta empresa los otros dos hijos del expresidente del Parlamento Vasco: Iskander, como presidente, y Jon, como secretario y consejero. Es la presencia de los Atutxa en la empresa lo que le permite conseguir contratos públicos del Consorcio.
 
Finalmente, según la información de Zelaieta, esta firma también fichó al exalcalde del PNV de Zaldibar, municipio donde Iskander Atutxa había realizado varios trabajos, entre ellos, arquitectura municipal. De hecho, juntos habían dado los primeros pasos para facilitar la instalación del polémico vertedero de Zaldibar."                                         (Ander Balanzategi, El Salto, 10/12/21)

17.9.21

Cuando decidimos remunicipalizar el agua en Valladolid tuvimos todo tipo de presiones, acciones judiciales y la oposición política de la derecha. 4 años después nada de lo que dijeron que pasaría se ha cumplido. El agua no se ha encarecido y los beneficios revierten en la red... Hago esta reflexión en un día como hoy porque lo que está sucediendo con la energía eléctrica no es de recibo

Oscar Puente @oscar_puente_

1.-Cuando decidimos remunicipalizar el agua en Valladolid tuvimos todo tipo de presiones, acciones judiciales y la oposición política de la derecha. 4 años después nada de lo que dijeron que pasaría se ha cumplido. El agua no se ha encarecido y los beneficios revierten en la red.

2.- Los poderes públicos deben defender siempre el interés general. Si ese interés entra en colisión con intereses particulares la solución está clara y debe resolverse a favor del primero. Y eso sucedió con el agua en Valladolid.

3.-Hemos adoptado la misma decisión con Nevasa(servicios funerarios) que pasa a ser de titularidad 100% pública y haremos lo mismo con los parkings de la ciudad. Los beneficios de esos servicios públicos deben revertir en la ciudadanía no en la cuenta de resultados de una empresa

4.- Hago esta reflexión en un día como hoy porque lo que está sucediendo con la energía eléctrica no es de recibo. Ningún cliché(bolivarianos, etc.) responde a la realidad. Los poderes públicos en una democracia madura pueden y deben impedir cualquier tipo de abuso.

9:36 a. m. · 15 sept. 2021
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27.4.21

Los especuladores ponen su punto de mira en derechos humanos básicos como el acceso a la energía, alimentos, agua y vivienda...

 "Quienes dirigen entre bambalinas la gobernanza mundial continúan vendiendo a plazos su alma al diablo. En uno de los últimos artículos hacía hincapié en la amenaza que la financiarización, como uno de los rasgos más destacados del neoliberalismo, representaba y representa para el ecosistema productivo global y patrio, además de abocarnos a una sociedad cuasi-feudal

 Esta sensación de impotencia se acrecienta al observar cómo los extractores de rentas, quitadas las caretas, pusieron, y continúan poniendo, su punto de mira en derechos humanos básicos recogidos en la carta fundacional de la ONU: acceso a la energía, alimentos, agua y vivienda

 Para terminar la faena, ciertas indocumentadas, con una verborrea zafia e insultante, Ayuso mediante, no dudan en criminalizar y estigmatizar a aquellas personas que el sistema ha hundido y dejado atrás, y que por necesidad son abocadas a las colas del hambre. (...)

Pero volvamos a lo que nos atañe: la reciente financiarización de uno de los derechos humanos por excelencia, el acceso al agua. El 7 de diciembre de 2020, por primera vez en la Historia, se lanzó en la Bolsa de Chicago un contrato de futuros sobre el precio del agua, concretamente sobre el índice Nasdaq Veles California Water, lanzado en 2018 y negociable en el Nasdaq.

 Los argumentos utilizados para justificar esta iniciativa se basan en la verborrea de siempre. Por un lado, los futuros del índice Nasdaq Veles California Water se presentan “como una herramienta para gestionar el cambio climático”. Por otro lado, estos futuros se describen “como una herramienta innovadora, primera en su género, para proporcionar a los usuarios de agua (en sus vertientes agrícola, comercial y/o municipales) una mayor transparencia, descubrimiento de precios y transferencia de riesgos, todo lo cual puede ayudar a alinear más eficientemente la oferta y la demanda de este recurso vital”. Bla, bla, bla, bla….

 La experiencia histórica de lo ocurrido con los mercados de derivados de productos agrícolas sugiere exactamente lo contrario: un aumento de la volatilidad de los precios de los alimentos agrícolas no elaborados, lo que pone en cuestión el concepto de seguridad alimentaria y la satisfacción de las necesidades básicas de nutrición y salud de la población, especialmente en los países más pobres. Aunque el agua y los productos agrícolas son de naturaleza diferente, la dinámica especulativa podría ser la misma en los mercados del futuro.

 De hecho, vuelve a haber una nueva presión de las estrategias especulativas sobre un derecho humano como es el acceso digno al agua. Por lo tanto, para estudiar las consecuencias de la financiarización del agua, con la creación del primer mercado de futuros, es necesario analizar lo que realmente ha sucedido con la mercantilización y financiarización de las materias primas agrícolas.

 ¿Y los mercados de futuros agrícolas?

Podemos distinguimos dos etapas históricas en la financiarización de los productos agrícolas. La primera comienza a mediados de los años noventa, en plena moda de desregulación de los mercados financieros, y que se prolonga hasta la Gran Recesión

En ella confluyen dos factores que, aunque independientes, se refuerzan mutuamente: la inclusión de las materias primas, incluidas las agrícolas, como un activo más en las carteras de los inversores; y la desregulación de los mercados financieros, comenzando por Estados Unidos. En una segunda fase, tras la Gran Recesión, se aceleró la financiarización de los productos básicos agrícolas, aumentando la volatilidad de los precios y su correlación con los activos de riesgo -mercados bursátiles-.

 La inclusión desde mediados de los años 90 de las materias primas como una nueva clase de activos en las carteras de los inversores se basaba en la búsqueda de posibles ventajas. Entre ellas, la diversificación con respecto a las acciones y los bonos (correlación nula o negativa); la correlación positiva con la inflación y con las variaciones de la tasa de inflación (las materias primas como cobertura contra la inflación); sus rendimientos a largo plazo y su volatilidad comparables a los de la renta variable; y, por último, la protección contra algunas "sorpresas" económicas que no ofrecían las acciones y los bonos

 La desregulación de los mercados permitió el empujón definitivo. Un mercado donde inicialmente solo intervenían quienes utilizaban la materia prima como recurso productivo y/o como producto de venta, fue arrasado por una horda de especuladores.

 Los últimos estudios académicos permiten extraer nuevas ideas sobre la financiarización de las materias primas. Las grandes subidas de los precios de los productos básicos a principios de 2008 distorsionaron las expectativas de los inversores sobre la fortaleza económica mundial y, por tanto, la demanda de productos básicos, al distorsionar las señales de los precios.

 Existe suficiente evidencia empírica de que se han reforzado los vínculos entre los mercados de acciones y los mercados agrícolas desde 2004, lo que se corresponde con el aumento de las entradas de inversores institucionales en los mercados de productos básicos. 

Estos resultados muestran que los agentes inciden más profundamente en los mercados de materias primas cuando el valor del índice de materias primas es elevado. La especulación en el mercado de futuros de materias primas distorsiona los precios y los aleja de los niveles racionales.

 El papel de los especuladores de índices de materias primas y sus consecuencias negativas para la sociedad fueron detallados ampliamente por Michael W. Masters, uno de los inversores que más rentabilidad obtuvo en los mercados de futuros de materias primas, en su testimonio el 20 de mayo de 2008 ante el Subcomité Permanente de Investigaciones del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado estadounidense.

 Masters respondió a la pregunta clave en su Testimonio ante el Subcomité: ¿Contribuyen los inversores institucionales a la inflación de los precios de los alimentos y la energía?" Su respuesta inequívoca fue un claro "sí". En este testimonio explicó cómo los inversores institucionales son el factor principal que afecta a los precios de las materias primas en la actualidad.

Como explicó, es evidente que hay muchos factores que contribuyen a la determinación de los precios en los mercados de materias primas; pero hay un factor que crece rápidamente y que presenta un problema que solo puede corregirse de forma expeditiva mediante una acción de política legislativa. Para ello propuso tres medidas muy concretas.

 Los límites de la posición

Se deberían prohibir las estrategias de réplica de índices de materias primas en fondos de inversión y pensiones por el enorme daño que causan a los mercados de futuros de materias primas y a los ciudadanos en su conjunto. En segundo lugar, se debería actuar inmediatamente para cerrar la laguna de los swaps. Los límites de las posiciones especulativas deben "mirar a través" de la transacción de swaps a la contraparte final y mantener a esa contraparte a los límites de las posiciones especulativas

Esto reduciría la especulación con índices y obligaría a todos los especuladores a enfrentarse a los límites de posición. Finalmente, se debe obligar al regulador a reclasificar todas las posiciones y distinguir aquellas posiciones que son controladas por los Coberturistas Físicos "de buena fe" de aquellas controladas por los bancos de Wall Street. Las posiciones de los bancos de Wall Street deberían desglosarse además, en función de su contraparte, en coberturistas físicos "de buena fe" y especuladores.

 Masters terminó su testimonio con este párrafo premonitorio: “Si no se toman medidas inmediatas, los precios de los alimentos y la energía subirán aún más. Esto podría tener efectos económicos catastróficos para millones de consumidores mundiales ya estresados. Podría significar literalmente la muerte por inanición de millones de pobres del mundo.

 Sin embargo, si los responsables políticos toman estas medidas, se restablecerá la integridad estructural de los mercados de futuros. La demanda de los especuladores de índices quedará prácticamente eliminada y es probable que los precios de los alimentos y la energía bajen drásticamente.” Pero al final las colas del hambre son estómagos agradecidos, Ayuso dixit."                 (Juan Laborda, Vox Populi, 22/04/21)

2.3.21

Los gerundenses han pagado un millón de euros anuales más por el agua durante 20 años. Los gestores de la empresa pagaban lujos personales con el dinero de la factura del agua

 "Ser Catalunya ha tenido acceso a varios documentos que constan en el sumario del caso Aguas de Girona que instruye el juzgado número 2 de Girona, que acaba de levantar el secreto. Entre otras cosas, hay un informe del auxilio judicial -que es un alto funcionario de la Agencia Tributaria- que explica que los gerundenses han estado pagando durante más de 20 años más de 1 millón de euros de sobrecoste por el servicio de agua.

Este dinero fue a parar en buena parte en los bolsillos de los responsables de Girona SA, que es la empresa privada que gestionaba la sociedad mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià.

 Este informe, encargado por el juez para ratificar otros informes anteriores que recogían múltiples irregularidades contables y financieras, explica que los gestores de Girona SA, Narcís Piferrer y Xavier Ballell, diseñaron durante años un sistema de contabilidad relleno de irregularidades que permitió esconder beneficios reales de Aigües de Girona, Salt i Sarrià.

Para sustraer el dinero de actuaba, Girona SA emitía facturas falsas (por trabajos que realmente no hacía) y que contabilizaban a actuaba como gastos. El texto del inspector de la Agencia Tributaria dice que se calculaban mal y de forma arbitraria los importes a pagar en Girona SA "pagando cientos de miles de euros cada año por servicios que no se han dado" y añade que la documentación incautada en septiembre de 2017 y en enero de 2019 en las oficinas de Aigües de Girona "acredita aún de forma más rotunda las irregularidades cometidas desde 1992" y añade nuevas.

El informe dice literalmente que "mediante una serie de trucos, artimañas e irregularidades de todo tipo, Girona SA apropia de manera irregular de fondos de actuaba por importe de cientos de miles de euros cada año" .

El auxilio judicial relata que las facturas falsas "no son hechos aislados. Es frecuente y siempre van a favor del socio privado y en detrimento de Aigües de Girona, Salt i Sarrià". También recoge que se incrementó el costo del servicio de forma artificial porque Girona SA "se llevara una buena parte de los fondos de manera totalmente irregular".

Hoteles y restaurantes de lujo, cuotas del club de tenis, jamones pata negra...

Más adelante, explica que Piferrer y Ballell recibieron decenas de miles de euros cada año, y se pagaron todo lo alto particulares a cuenta del dinero del recibo del agua de los gerundenses: hoteles y restaurantes de lujo, las cuotas del club de tenis, jamones pata negra, joyas, coches, relojes, entradas para el Festival de Cap Roig, entradas para el Camp Nou, regalos para sus mujeres, aportaciones de mil euros mensuales a planes de pensiones .. una larga lista - "interminable" dice el informe-.

También se beneficiaron otros miembros del consejo de administración de las dos empresas, especialmente Joan Llobet, Manel Serra (que había sido concejal del ayuntamiento de Girona) y el director territorial de Aqualia Juan Luis Castillo que entre otras cosas pasó 5 días con su mujer en un hotel de lujo del Baix Empordà a cuenta del dinero que los gerundenses pagan por el agua. Piferrer y Ballell también hicieron pagos personales con tarjetas VISA que se cargaban a la cuenta de Girona SA. Entre 2010 y 2014 Piferrer se gastó más de 92.000 euros y Ballell más de 32.000.

La gestión de actuaba (participada mayoritariamente por la empresa privada que la ha arruinado) ha terminado con un deuda superior a los 7 millones de euros.

El papel de los ayuntamientos

El informe de la Agencia Tributaria, encargado por el juzgado de instrucción número 2 de Girona (que investiga los presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal a raíz de una querella presentada por la CUP 2015) cuestiona los tres ayuntamientos que desde el año 1992 no controlaron dónde iban a parar el dinero. Tampoco se preguntaron nunca porque ellos recibían dividendos (de entre 200 mil y 300 mil euros al año) si los beneficios de actuaba aparentemente eran muy pocos.

El informe dice que siempre se han incumplido las condiciones y los pactos con los ayuntamientos que nunca dijeron nada (desde que la gestión del agua se adjudicó sin concurso a la empresa mixta en 1992). Esto continuó incluso después de la última prórroga (que era hasta el año 2020 aunque por orden judicial, desde 2017 la gestión del agua es a cargo de los tres ayuntamientos). El informe dice que desde 2013 hay algunas irregularidades que quedan subsanadas pero que acaban sustituyendo por otras prácticas igualmente cuestionables que lo que hacen es aumentar el dinero que reciben los ayuntamientos de actuaba.

 Además del papel de los ayuntamientos, el informe también que explica que con el dinero de actuaba, la empresa privada Girona SA compró la sede que tiene en la calle Ciutadans de Girona. Además de haberla pagado con dinero sustraído de actuaba, le ha estado cobrando un alquiler del local de unos 75 mil euros cada año. A más, Girona SA concedió un préstamo participativo a actuaba (para poder pagar el déficit que le había generado la misma Girona SA) por valor de 3 millones y medio de euros con unos intereses del 12%, muy por encima de lo que cobraban los bancos.

También hicieron pagar a actuaba los informes que encargaba Girona SA para desmentir otros informes anteriores que ponían al descubierto las irregularidades que cometían. Aunque algo más... todo el trabajo que supuestamente hacía Girona SA por la empresa mixta (y que luego le cobraba) la hacían los trabajadores de actuaba (es decir que actuaba pagaba el trabajo dos veces)."                 (Cadena SER, 05/01/21)

11.12.20

El agua de California ya cotiza en Wall Street, un paso más para que un derecho humano se convierta en mercancía

 "En 1995, el exvicepresidente del Banco Mundial, Ismail Serageldin, afirmaba que las guerras que marcarán el futuro del siglo XXI girarán en torno a la disponibilidad del agua. Quizá la humanidad no se encuentre aún en ese escenario, pero los pasos hacia la mercantilización de este bien –considerado un derecho humano desde 2010 por la ONU– son cada vez mas grandes. 

Tanto, que esta semana el agua comenzó a cotizar en los mercados a futuro de Wall Street. Un hecho histórico que pone a esta materia prima, fundamental para la vida, al mismo nivel que el oro o el petróleo. 

(...) Pedro Arrojo, relator de las Naciones Unidas para el Derecho al Agua y al Saneamiento, explica a Público que esta "mercantilización de las excedencias de los derechos concesionales del agua nos lleva al sanctasanctórum de los mercados especulativos".

 Se trata de los mismos mercados, dice el economista de la ONU, que "han trabajado con la alimentación y han producido hambrunas internacionales, quebrando economías nacionales por especulaciones a futuro con cuestiones básicas de la vida que afectan a los derechos humanos".

Sin embargo, la llegada de este recurso a los mercados no es una sorpresa, sino el resultado de una gestión hidrológica que se remonta a los inicios de la década de los años ochenta del siglo XX, que vino condicionada por las sequías intensas de 1976 y 1977 en California. En estos momentos se implementaron los mercados de agua en el estado norteamericano del oeste. La escasez de recursos hídricos propició que los derechos de agua a corto plazo fueran traspasados a manos privadas. Incluso durante la segunda mitad de los años noventa, que estuvieron marcados por lluvias abundantes, estas prácticas fueron comunes. 

Fue a comienzos del siglo XXI cuando empezaron a crecer los acuerdos de derechos de agua a largo plazo, lo que podría ser el germen de los mercados a futuro que esta semana han irrumpido en Wall Street. En este momento, la Imperial Irrigation Distrit compró una gran cantidad de derechos de agua a las empresas concesionarias de Los Ángeles y San Diego, teniendo que llegar estas ciudades a pagar a esta compañía en momentos de sequía, para poder abastecer los mínimos requeridos para el consumo urbano. Es decir, en tres décadas los derechos de agua pasaron paulatinamente de lo público a lo privado.

"Esta clase de acuerdos puede convertir a las ciudades en cautivas de los proveedores privados, al mismo tiempo que los únicos beneficiarios son los aguatenientes que destrozan la industria auxiliar agrícola y a sus trabajadores. Por no hablar de los efectos negativos en los ecosistemas por los que dejan de pasar esas aguas", expone Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas). "El sudeste de la península ibérica guarda muchas semejanzas con California y esto ha hecho que siempre se la observe como un referente. En este sentido hemos seguido algunas pautas mercantiles en nuestra legislación inspirados en este modelo", alerta, señalando que, por el momento, España se ubica en un sistema público con cierta participación privada. (...)

La cotización del agua en los mercados de futuro por el momento afecta sólo a las cuencas californianas, pero abre una vía de mercantilización nunca antes vista. Desde determinados sectores económicos favorables a esta iniciativa señalan que, al ser únicamente los excedentes de agua los que cotizarán en Wall Street, se fomentará un consumo eficiente y se hará frente a supuestos despilfarros. Sin embargo, se abre el riesgo de que la gran parte de los contratos a futuro sean comprados por inversores ajenos a sectores agrícolas, lo que fomentará que haya un juego de compraventa. Según el experto en transición ecológica, Luis González Reyes, sólo el 2% de los futuros que son bienes básicos terminan siendo entregados, el 98% se venden y revenden como activos financieros especulativos. En el caso del agua, las escasas infraestructuras para el transporte complican aún más que la compra de futuros se haga con la intención de poder hacer uso de ellos, tal y como advierte Babiano.

Las crisis alimentarias ya mostraron los efectos de la financiarización global de recursos básicos para la vida. Tanto es así que la especulación en los mercados a futuros tuvo un papel importante en la subida de precios de las crisis agroalimentarias de los años 2007 y 2008. Todo ello, se vio agravado por la coyuntura de cambio climático y su incidencia en determinados cultivos, así como la apuesta firme por los agrocombustibles que desplazaron la producción de alimentos hacia otras zonas, tal y como se recoge en una publicación de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)

Arrojo, como relator de la ONU, muestra su preocupación por el paso adelante que ha dado el estado californiano y, de hacerse global, asemeja los riesgos a los experimentados con la financiarización de los recursos alimentarios. "No es el debate que teníamos instalado", dice, en relación a la situación que se vive en zonas de Europa como España, donde las disputas giran todavía entre unos derechos del agua puramente públicos frente a los mixtos con concesiones privadas. "Si esto continúa, se acaba todo. No existirá el interés general, sino el interés del mercado, donde el león se come al cordero", reflexiona. (...)

"Estas son las semillas de la mercantilización de los bienes esenciales. Ahora se anuncia en California, pero esto irá evolucionando poco a poco. En un principio se nos presenta la participación privada como un mecanismo de flexibilidad, luego se empieza a cuestionar la esencia de lo público, como ocurre ahora [en España], y se termina entrando en los mercados, que es lo máximo", detalla el gerente de Aeopas, quien reclama que España deje de mirar hacia el modelo californiano para reconvertir nuestro sistema: impulsar la gobernanza en la gestión del agua, eliminar cánones concesionales, considerar el agua un derecho humano y "volver al espíritu público de la ley aguas de 1985"     (Alejandro Tena, Público, 09/12/20)