"(...) Ecuador. En este último país la población vive un auténtico “deja
vu”, esa sensación que una persona siente a veces de haber vivido
anteriormente una misma situación o experiencia. El llamado “paquetazo”,
es decir las medidas neoliberales anunciadas por el gobierno de Lenin
Moreno han devuelto a la población ecuatoriana a la década perdida. Ha
sido un auténtico shock.
El aumento de los combustibles en un 123% con
todo lo que eso supone de inmediato aumento de los precios de todos los
productos esenciales para la vida, el despido masivo de funcionarios y
la culpabilización a éstos de la situación, la privatización posible de
la seguridad social y, entre otras consecuencias, la consiguiente
desaparición de las perspectivas de una posible jubilación; en suma, la
pérdida de derechos sociales y laborales.
Y todo ello acompañado de
nuevas exenciones fiscales y reducción de impuestos a las clases más
altas y a la inversión extranjera, es decir, a las transnacionales que
volverán a copar los territorios (poco importan la crisis climática)
para una extracción desenfrenada de los recursos naturales del país. (...)" (Jesús González Pazos, Público, 10/10/19)
"El Gobierno ecuatoriano y los indígenas llegan a un acuerdo para derogar el decreto que originó las protestas.
El Gobierno y los indígenas ecuatorianos han llegado
durante el domingo a un acuerdo mediante el cual se derogará el decreto
883, que eliminó el subsidio a los combustibles y provocó la actual ola
de protestas en Ecuador contra las medidas de austeridad.
"Como
resultado del diálogo se establece un nuevo decreto que deja sin efecto
el decreto 883, para lo cual se instala una comisión que elaborará este
nuevo decreto", anunció el coordinador de las Naciones Unidas en
Ecuador, Arnaud Peral, tras varias horas de diálogo entre las partes a
las afueras de Quito.
La comisión estará integrada por las organizaciones del
movimiento indígena, quienes han encabezado las protestas contra las
medidas de austeridad económica adoptadas por el Gobierno a petición del
Fondo Monetario Internacional (FMI), y el Gobierno con la mediación de
las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, además de
contar con la veeduría de las otras funciones del Estado.
"Con
este acuerdo se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo
el Ecuador y nos comprometemos de manera conjunta a restablecer la paz
en el país", reza el texto, que leyó el coordinador de las Naciones
Unidas en este país andino. (...)" (eldiario.es, 14/10/19)
"Ecuador es un ejemplo más de la incapacidad que tiene el
neoliberalismo para brindar estabilidad política, social y económica.
Y
también lo es de cómo el FMI puede llegar a ser un “arma de destrucción
masiva” en tiempo récord. Y más aun si el país fue previamente
transformado con políticas progresistas bajo principios de soberanía.
Como muchas veces nos precipitamos a creer, la ciudadanía no olvida tan
velozmente. El ciclo progresista ecuatoriano, bajo la impronta del
correísmo, no se terminó por ahora, a pesar del giro de 360 grados que
ha pretendido imponer Lenín Moreno -quien, por cierto, vale la pena
recordar que no fue electo para ello-.
Precisamente, este es uno de los puntos nodales en el que
radica buena parte del dilema ecuatoriano. El presidente no ganó la cita
electoral con un programa neoliberal, ni tampoco planteando la salida
de la Unasur y la adhesión al Grupo de Lima, y mucho menos pactando con
toda la vieja política. Obtuvo el respaldo en las urnas con una
propuesta que traicionó desde el minuto uno de juego. Y es realmente ese
hecho político el que le ha condicionado desde el principio.
Así, la figura presidencial se fue debilitando a gran velocidad
porque toda la ciudadanía sabía que no era el presidente quién
gobernaba, sino que esta responsabilidad era de otros. En la última
encuesta Celag, en marzo de este año, ya se constataba esta percepción
tan generalizada: ante la pregunta de quién gobierna en Ecuador, el 46%
manifestaba que los grandes grupos económicos, el 27% Estados Unidos y
el 26% el viejo político socialcristiano Jaime Nebot.
Un presidente que no gobierna acaba siendo rehén de otros y, en
consecuencia, comienza a tomar decisiones en función del tironeo de
intereses de actores que lo sostienen mientras se los satisfaga. Y ello
tiene una contraparte inmediata: la figura presidencial se convierte en
una autoridad ficticia que deriva en una institucionalidad frágil. (...)
De esta forma, era inevitable que Lenín Moreno se transformara en un
presidente de usar y tirar, y cuya caducidad depende de dos factores:
uno, del sostén que le quieran dar ciertos poderes (internacional,
mediático, judicial, militar y económico); y dos, del momento en el que
el cansancio y hartazgo de la gente explote con una medida determinada. Y
este ha sido el caso: recorte de “subsidios” de la gasolina, al mismo
tiempo que se otorgan “incentivos” a los grandes empresarios. Mejor
dicho, y sin eufemismos: se eliminan las ayudas a la gente que lo
necesita mientras se subsidia a las grandes corporaciones empresariales
por la vía de exoneraciones tributarias.
Entonces, al decidir deliberadamente atentar contra el bienestar
ciudadano, todas las chispas latentes saltan por los aíres; la gente
protesta y todo se tambalea. El clima hace meses, medido también por
Celag en marzo, era el siguiente: 6 de cada 10 ecuatorianos tenían
sensaciones negativas sobre la situación nacional (enojo, incertidumbre,
miedo, resignación y sensación de caos). Con ese mar de fondo, y con la
debilidad del presidente, unido a una medida innecesaria impulsada por
el FMI, el desenlace era el esperado.
Un país al borde del precipicio
con un Gobierno no acostumbrado a gobernar, al que se le nota demasiado
su falta de práctica, y que lo único que hace es abusar de la fuerza en
contra de las protestas. Estado de excepción, toque de queda, huida a
Guayaquil del presidente, orden de prisión a opositores y límite a la
libertad de prensa han sido algunas de las armas usadas para procurar
“estabilizar” al país, es decir, frenar la protesta y desalentar a los
manifestantes, mientras permite que gobiernen aquellos que no fueron
electos para tal menester.
Es imposible a partir de ahora saber qué sucederá. Pero sí hay dos
hechos inequívocos. Uno, Ecuador está en emergencia democrática, y la
única forma de dirimir en política este tipo de situaciones es pedirle a
la ciudadanía que vote, más aún cuando esto es permitido
constitucionalmente a través del mecanismo de muerte cruzada (se
disuelve todo: Ejecutivo y Legislativo, y se llama a elecciones).
Y dos,
puede que Lenín sortee transitoriamente este momento gracias al apoyo
de sus soportes, pero ya no hay vuelta atrás: el acertijo sólo está en
la fecha cuando se pondrá fin a su mandato.(...)" (Alfredo Serrano Mancilla . Director del CELAG, Público, 10/10/19)
"(...) El paquetazo: origen de las protestas
Octubre arrancó con el
anuncio de una serie de medidas de ajuste económico por parte del
Presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Estas medidas, también conocidas
como el "paquetazo", contemplan, entre otras cuestiones, una reforma laboral y la eliminación de los subsidios a la gasolina y el diésel
(por primera vez en cuatro décadas). Sobre todo, esto último fue
determinante para el inicio de las movilizaciones y las protestas contra
el Decreto 883 del gobierno ecuatoriano.
Como antesala al "paquetazo",
el Ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, justificó el Decreto 883
como parte del acuerdo alcanzado en febrero con el FMI, organismo
multilateral que afirmó que estas medidas económicas “tienen como
objetivo mejorar la resiliencia y sostenibilidad de la economía
ecuatoriana”. Tarde o temprano, el "paquetazo" se veía venir en el marco
de las exigencias del FMI para conceder a Ecuador una línea de crédito
de 4.000 millones de euros.
La crisis política "exilia" al gobierno a Guayaquil
Mientras tanto, el gobierno de Ecuador declaró el estado de excepción,
un mecanismo constitucional que le otorga facultad, entre otras cosas,
al despliegue de 79.000 miembros de la fuerza pública (incluyendo a las
Fuerzas Armadas), a la censura mediática, o al traslado de la sede del gobierno a la ciudad de Guayaquil.
Como respuesta, la Conaie emitió un comunicado en el que se declaraba
el estado de excepción en los territorios indígenas ante la brutalidad
de las fuerzas de seguridad.
A pesar del cerco mediático, miles de imágenes y vídeos con lanzamiento de bombas lacrimógenas y perdigones,
tanques en llamas, tomas de gobernaciones, buses militares apedreados,
saqueos y toques de queda han copado las redes sociales y los medios de
comunicación internacionales. (...)
Así, con el gobierno "exiliado" en Guayaquil, según la Conaie llegaron alrededor de 20.000 personas procedentes de diferentes comunidades indígenas a Quito,
preparadas a movilizarse contra el "paquetazo" y la acción militar. Más
aún después de las dudosas declaraciones en materia de derechos humanos
por parte del Ministro de Defensa de Ecuador, Oswaldo Jarrín, quien
llegó a decir que las Fuerzas Armadas tienen derecho a la autodefensa. Organizaciones de derechos humanos denuncian abusos
y se desconocen las cifras exactas de víctimas mortales y heridos
durante la primera semana de protestas. El único dato oficial por parte
del Gobierno es el de 570 personas detenidas.
Un escenario impredecible
Si bien representantes del neoliberalismo y la derecha ecuatoriana
como Jaime Nebot, Cynthia Viteri o Guillermo Lasso hicieron un llamado a
la defensa de la “seguridad democrática” y su denuncia por hechos
vandálicos, saqueos y violencia en el país (con discurso de odio
incluido), el denominado Colectivo Unitario (conformado por
organizaciones indígenas, campesinas, sindicales, estudiantiles y
sociales), que convocó la huelga nacional, rechazó el oportunismo político y la acusación del gobierno de Lenín Moreno.
El presidente ecuatoriano afirmó en cadena nacional que las protestas formaban parte de un golpe ideado por el exmandatario Rafael Correa y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Cada minuto que pasa se agudizan los síntomas de debilidad de Lenín
Moreno, cuya popularidad descendió abruptamente en las últimas
encuestas. (...)
Más allá de estas acusaciones y la criminalización de las protestas,
se debe tener en cuenta que a partir de ahora, lo que pasará en Ecuador
es una incertidumbre y algo realmente impredecible. Sin embargo, sí es
cierto que se están repitiendo algunos elementos que traen a la memoria otras crisis políticas que acabaron con el derrocamiento de los gobiernos de Abdalá Bucaram en 1997, Jamil Mahuad en 2000 y Lucio Gutiérrez en 2005.
Todos estos gobiernos aplicaron medidas antipopulares posicionándose
a favor o siguiendo las recetas del FMI. También enfrentaron el
descontento del pueblo con la aplicación del estado de excepción, lo que
provocó la movilización indígena, que en las últimas décadas se ha
convertido en el bastión fundamental de la lucha popular en el país, en
conjunto con la escena de la movilización urbana. (...)" (Aitor Montero, Cuarto Poder, 10/10/19)
