Tres miradas sobre la política de drogas de Estados Unidos

"(...) El presidente Richard Nixon (1969-1974) sentó las bases de la actual política persecutoria después que el nivel de consumo en los estadounidenses se elevó exponencialmente en los años 60. 

Lo que nunca se ha reconocido es que el número de adictos a las drogas ilegales creció por el apoyo de la Casa Blanca a los productores de opiáceos, como la entonces Vietnam del Sur, ni tampoco la promoción directa del consumo que hizo entre sus soldados para resistir el infierno de la guerra que perdieron.

Tampoco se habla del beneficio económico que deja el combate al narcotráfico para los fabricantes de armas, ni del presupuesto millonario asignado a la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos.

Después de recorrer 8.000 kilómetros desde América Central, la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia llegó a esta ciudad, que alberga la Casa Blanca, sede de la Presidencia, y el Parque Lincoln, testigo de muchas manifestaciones por los derechos civiles y donde Marthin Luther King dio su emblemático discurso por el trabajo y la libertad en 1963.

Los activistas promueven el cambio de enfoque en la política de drogas. Las posturas son diversas, pero todos coinciden en la importancia de abrir la discusión.

Aquí, tres posturas que apuestan a un cambio de paradigma para las comunidades que sufren las consecuencias de esta política.

1) Con reservas, la legalización para la población blanca de clase media

En Estados Unidos, las víctimas invisibles de la guerra contra las drogas son los afroamericanos y los latinos, dice el activista Marco Castillo.

Entonces comienza a lanzar una serie de cifras que lo explican: 37 por ciento de las personas presas en cárceles federales son latinos por delitos no violentos vinculados a las drogas; 20 por ciento de los presos en prisiones generales son latinos, siendo ellos el grupo étnico migrante más bajo, con 17 por ciento.

“Discriminación, marginación económica, social y política, eso es lo que vemos. El tráfico de drogas, de armas, de personas, encuentra en las comunidades latinoamericanas condiciones para arraigarse porque la gente busca desesperadamente trabajo, tiene intereses de desarrollo y las opciones que el Estado provee no son suficientes”, dice Castillo.

“Por ahí es por donde se ha ido desarrollando esta industria, en las comunidades más pobres de Estados Unidos y América Latina, entonces se fortalece el estereotipo de que los latinos son traficantes, ‘gangueros’ o miembros de bandas delictivas y una vez más, se desarrollan políticas públicas de criminalización y persecución”, añade.

El activista mexicano, director de Asociación de Apoyo a las Familias Migrantes (Apofam) celebra las recientes legalizaciones del consumo de drogas que se han dado en distintos estados de Estados Unidos, como Colorado, Oregón, Washington y Alaska.

Sin embargo, advierte que de quedarse ahí, esas políticas serán benéficas solo para las clases medias, altas, blancas, privilegiadas, sin romper con las dinámicas de desigualdad que han generado violencia y marginación en las comunidades pobres.

“Lo que hay ahora (en Estados Unidos) son soluciones que tienen que ver con el derecho de clases medias y altas al consumo. En ese sentido el panorama no es el mejor”, argumenta Castillo.

“Las soluciones de regularización y legalización regionales no van a tener impacto en la vida de las comunidades, solo tenemos ciertos focos donde ciertas clases van a acceder al consumo y donde el resto de las poblaciones van a seguir sufriendo el impacto”, explica.

Por ello, aduce, “se necesita cambiar el enfoque, a uno de salud pública, libertades individuales y atacar las causas estructurales de desigualdad. Mientras haya comunidades pobres va a haber industria que saque ventaja de ello”.

2) Por una regularización con usos médicos

El obispo Martín Barahona subió a la Caravana por la Paz en su país natal, El Salvador, un país que inició 2016 con 23 homicidios diarios.

Lo hizo convencido de que la guerra contra las drogas es una excusa para justificar el armamentismo y militarización de los países de la región centroamericana.

Y también de que las principales víctimas son los jóvenes que viven la violencia de pertenecer o no a una pandilla, la violencia de la policía que persigue y la violencia de no tener acceso a sus derechos.

Para este obispo emérito de la Iglesia Anglicana, una propuesta es la regularización de las drogas para fines de salud.

“Venimos con la propuesta de una regularización de las sustancias psicoactivas, pero no con una visión punitiva sino de salud pública. Regularización en condiciones de que las drogas puedan ser usadas para tratamientos de medicina, con fines de salud, terapéutico, que esté a la mano de quien lo necesita, no de quien lo puede comprar”, explica.

3) Necesario, el combate a la impunidad

Vitalino Similoux Salazar, secretario general del consejo ecuménico cristiano de Guatemala, plantea la urgencia de fortalecer el estado de derecho y el sistema de justicia en los países latinoamericanos, a la par de la discusión del combate contra las drogas.

“Se empieza a hablar sobre la despenalización, la legalización, pero esto debe hacerse desde un tratamiento integral al tema, pero sobre todo políticas públicas que atiendan a las comunidades históricamente castigadas, como en Guatemala que han sido los migrantes”, dice.

Vitalino, quien ha escrito varios libros sobre los pueblos indígenas de su país, dice que la política prohibicionista de las drogas del gobierno de Estados Unidos, ha impactado en el ataque al derecho de los pueblos a migrar.

“El impacto es la militarización de la sociedad, la violación a los derechos humanos, lo que hemos visto en Guatemala es un impacto gravísimo en las familias migrantes, a ellas les ha tocado contener la violencia de la guerra contra las drogas, son atascados, agredidos y se les impide su derecho a migrar con el pretexto de detener el flujo de armas y drogas”, aduce.

“En lo personal, no creo en la legalización, para nosotros es un tema integral: educativo, informativo, fortalecimiento del estado de derecho y justicia. Sin eso, no podemos esperar resultados de otras políticas regulatorias o legalizatorias”, concluye.  (...)"                 (Daniela Rea y Mónica González, Other news en español, 24/04/16)

Los 'ingas' contra las mafias de la droga

"Hernando Chindoy, gobernador del Cabildo Indígena de los ingas, supo que habían cambiado los tiempos la noche en que vio a sus vecinos comer algo que él nunca había probado, sardinas en lata, inimaginables hasta entonces en su rincón del mundo, al extremo sur de Colombia, en el departamento de Nariño (...)

Antes utilizábamos la amapola como adorno”, dice Chindoy, “y la sembrábamos en macetas porque apreciábamos su belleza. Pero de repente miramos alrededor y vimos que toda la tierra se había transformado en un jardín y que la montaña estaba cubierta por las flores rojas”. Ahora crecían hasta en las calles de tierra del poblado, e iban reemplazando a la papa y a la alverja en las huertas caseras. También podían ser blancas o moradas, añade Sonia Amado, y recuerda que cuando las vio por primera vez, al regresar de visita a Puerres, su pueblo natal, aquello le pareció una fiesta de colores.

Con las flores llegaron gentes que les dijeron: abran los ojos, que eso es dinero en grande, la flor va a dar trabajo para todo el mundo. Los ingas se volcaron con entusiasmo a extraer el látex, tres mínimas rayas con cuchilla de afeitar en el bulbo de cada flor, y a poner una copita de las de ron para recoger las gotas blancas. Los cultivos daban leche, y la leche era bien paga. Habían llegado al pueblo los compradores: paramilitares, mafiosos y criminales de toda laya, a través de los cuales la comunidad, hasta entonces aislada y pobre, entró a hacer parte de la vertiginosa cadena de un ávido y asegurado mercado internacional.

En el nuevo negocio hubo cabida para todos, especialmente para los más marginados, mujeres y menores que con sus manos, pequeñas y cuidadosas, podían rayar la delicada flor con más eficacia que los hombres. “Los niños eran un poco más bajos que las plantas”, dice William Martínez, “y cuando estaban rayando en los amapolares no se les podía ver, se ocultaban entre las flores, sólo se descubría su presencia por el movimiento de los ramajes”.

Al calor de la bonanza, los ingas abandonaron su propia lengua, compraron radios e hicieron a un lado sus trajes tradicionales, confeccionados en lana virgen y telar manual, para echarse encima la pinta con ropa de marca. Dejaron de lado la embriaguez mística y ceremonial del yahé, o santo remedio, para ponerse unas borracheras olímpicas en las cantinas, con ron Cinco Estrellas o Viejo de Caldas. Y al tiempo con la euforia fue llegando la desgracia, y la flor bendita mostró su cara amarga.

Por andar en el embeleco de sembrarla, se habían olvidado de cultivar alimentos, que se encarecieron tanto que aunque había dinero, no alcanzaba para comer. Las guerrillas, que se ingeniaron la manera de sacar tajada custodiando los amapolares, se convirtieron en justicieros y aplicaron pena de muerte a quien incumpliera los pactos del negocio. El Plan Colombia, acordado entre Estados Unidos y el Gobierno colombiano, dispuso la criminalización de la siembra, la militarización de la zona y la fumigación masiva desde aviones, como medidas para erradicar los cultivos a la brava. Muchos adultos de la comunidad fueron a parar a la cárcel mientras en casa quedaban los niños solos. Se arruinaba quien cayera en manos de la ley, al gastar en abogados más de lo que había ganado con el látex.

Para mantener al Ejército alejado de la amapola, las guerrillas levantaron la consigna “nosotros no peleamos contra el Ejército, el Ejército pelea contra las minas”, y enterraron cientos de quiebrapatas que empezaron a estallar, quitándole la vida o las piernas a las mujeres que iban a por agua, a los niños que jugaban entre los matorrales, a los campesinos que bajaban al mercado.

“Era imposible no darse cuenta de que estábamos haciendo algo mal, algo muy malo para nosotros mismos”, dice Chindoy. Habían puesto en jaque la vida, y la comunidad se les disolvía, al perder costumbres y disolver lazos en el remolino de la novedad. “Se nos olvidó lo que los abuelos nos habían enseñado al calor del fogón”, reconoce Querubín, cabeza del cabildo de justicia.

Se les había vuelto extraña hasta la propia tierra. Por generaciones la habían defendido manteniendo acciones de resistencia contra la violencia terrateniente y esgrimiendo en las notarías el título de propiedad que Felipe II, rey de España, les había firmado durante la Colonia. Y ahora esa misma tierra, la Pacha Mama que sus ancestros habían venerado y respetado, estaba envenenada con fumigantes, sembrada de minas, regada con sangre. Había que dar marcha atrás. Quedaba claro que el nuevo camino era una espiral hacia el desastre.

De ahí que el Cabildo Indígena de los ingas, convocado por Chindoy, se planteara la urgencia de volver a los cultivos tradicionales tras arrancar a mano hasta la última amapola. “La gran mayoría de la gente no quería”, dice Chindoy, “alegaban que si se acababa la amapola se iban a morir de hambre, que regresaría la gran pobreza, que los jóvenes se irían lejos a buscar su vida, porque aquí no habría nada para ofrecerles”. Durante un año entero, los integrantes del cabildo debieron conversar con las familias, una por una, hasta lograr que la comunidad se comprometiera en las grandes mingas de la erradicación definitiva." (...)

Navarro era consciente de que la legalización de la droga, como medida mundialmente acatada, sería la única solución para ponerle punto final al problema, porque acabaría con los altos precios de la heroína y por tanto también con el látex, la amapola, los cultivos de amapola, los narcos, los paras y la guerrilla; con la legalización, toda esa barahúnda se derretiría como las nieves de antaño. Pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados esperando a que llegara ese día, o sea, el de san Blando, que no tiene cuándo. Debía actuar ahí y ahora, en las condiciones dadas, y montó un plan de desarrollo agrícola con base en la sustitución voluntaria, con dos condiciones que serían a la vez garantías: no fumigantes, y no violencia. (...) (Laura Restrepo: Tiempo de amapolas. Pueblosoberano.net)