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3.1.20

Una descripción de la debacle de la deuda argentina

"Recordemos que cuando Mauricio Macri comenzó su mandato en diciembre de 2015, lo primero que hizo fue aceptar las demandas de un juez de Nueva York que había fallado a favor de los fondos buitre que pleiteaban contra Argentina. 

Y ese acto permitió a esos fondos de inversiones, especializados en la recompra a bajo precio de títulos soberanos, embolsarse 4.600 millones de dólares y obtener un beneficio del 300%. (https://www.lesechos.fr/2016/03/argentine-les-fonds-vautours-raflent-la-mise-203905

 Pero, había que indemnizar a esos fondos buitre, y Mauricio Macri tuvo que pedir dinero en los mercados financieros para poder hacerlo. Macri era optimista y anunciaba que todo iría muy bien. Argumentaba que la aplicación de las recetas neoliberales haría a Argentina más atractiva para los inversores y los prestamistas extranjeros. 

Por otra parte, la prensa dominante del ámbito internacional le daba todo su apoyo. Los comentarios de los expertos en economía, invitados a dar su opinión, presentaban la Argentina de Macri como una historia de éxitos. La emisión en 2017 de títulos con vencimiento a 100 años, o sea en 2117, se presentaba como la prueba última del éxito neoliberal promercado de Mauricio Macri.

No obstante, el éxito de esos títulos se explicaba de una manera totalmente diferente: el tipo de interés propuesto durante cien años era del 7,25 % anual (con un rendimiento real sobre el precio de compra de partida de 7,917 %, ya que los títulos se vendieron con una rebaja para atraer a los inversores). 

Así que, a comienzos de junio de 2017, los banqueros podían pedir préstamos al 0% de interés al Banco Central Europeo, al Banco de Japón y al Banco de Suiza, al 0,25 % al Banco de Inglaterra y al 1 % a la Reserva Federal de Estados Unidos. 

Por lo tanto, los fondos de inversiones disponían de una enorme liquidez, y como el rendimiento de los títulos de deuda pública de los países del Norte era muy bajo, incluso negativo, los bonos argentinos al 7,25 % durante cien años constituían una ganga. Y de ahí, su éxito. 

Pero, evidentemente, no ofrecían ninguna prueba de la buena salud de la economía argentina. Realmente, es tan elevado el volumen de capitales que busca especular (y no una inversión productiva) que cualquier Estado, que emita títulos soberanos con un rendimiento superior a la media, seguro que tiene compradores.

 Un ejemplo de comentario de la prensa económica para darle la bienvenida al bono a cien años fue este: «Un poco más de un año después del fin de la increíble historia de la deuda argentina, Buenos Aires prosigue su reconquista de los mercados financieros. El gobierno de Macri acaba de efectuar una emisión obligatoria en dólares a 100 años, un acontecimiento que hubiera sido imposible hace unos años.» En este artículo apologético, el diario francés Les Échos no dudaba en afirmar que la Argentina de Macri proseguía «su reconquista de los mercados» (https://www.lesechos.fr/2017/06/largentine-emprunte-a-100-ans-pour-moins-de-8-173806) (...)

Una persona un poco sensata habría comprendido, luego de la lectura de esos comentarios ditirámbicos, que las grandes sociedades capitalistas del mundo entero estaban en búsqueda de ocasiones para conseguir un alto rendimiento de sus capitales, aunque fuera comprando títulos de alto riego. Y eso no representaba de ninguna manera una prueba de buena salud de la economía argentina.

Los potenciales prestamistas (o sea, los fondos de inversión, los grandes bancos…) se decían que si los títulos argentinos se beneficiaban de la garantía del Estado, ante cualquier imprevisto podrían presentar una demanda ante un juez de Nueva York que fallaría en contra de Argentina. 

Y tendrían razón, ya que las autoridades argentinas delegaron en la justicia de Estados Unidos el poder de litigio entre Argentina y sus prestamistas. De todas maneras, también pensaban que en caso de necesidad, el FMI intervendría para prestar dinero al gobierno argentino con el fin de que pudiera reembolsar su deuda a los fondos privados, como siempre lo hizo. 

Y había otro argumento: las riquezas del subsuelo argentino son enormes y en caso de problemas, el Estado podría poner en venta una mayor cantidad de recursos para responder a las exigencias de los acreedores.
En resumen, mientras la economía argentina real no iba para nada bien, el gobierno logró en 2016-2017 encontrar prestamistas, y también consiguió alabanzas a su gobierno de derecha provenientes de la gran prensa internacional, del FMI y de otros gobiernos directamente en manos del gran capital.

Pero todo eso comenzó a empeorar y estaba muy mal en 2018, bajo los efectos de varios factores negativos ligados a las políticas practicadas por Macri: el fuerte aumento de los intereses que se debían pagar —necesitando una continua refinanciación mediante nuevas deudas—, y la fuga masiva de capitales permitida por una política totalmente laxista, dando libertad total a su salida. 

Y, precisamente, esta fuga indicaba que los capitalistas argentinos no tenían realmente confianza en el futuro de Macri, prefiriendo irse a hacer negocios a otra parte, incluida la compra en Wall Street de títulos de deuda argentina emitidos en dólares. Las reservas de cambio se redujeron fuertemente, la producción comenzó a disminuir. Argentina entraba en recesión. 

El empleo descendía. El poder adquisitivo de la mayoría de la población bajaba por los ataques patronales y gubernamentales. En consecuencia, el consumo interno, que representa el 70 % del PIB argentino, también se reducía. El peso argentino se hundía progresivamente. Mientras que el 1 de enero de 2018, se necesitaban 22 pesos para comprar un euro, el 16 de junio del mismo año ya se necesitaban 32. [1]

En ese contexto, en junio de 2018, Macri entró en pánico y llamó al FMI como ya lo habían previsto los prestamistas extranjeros y los capitalistas argentinos https://www.cadtm.org/En-el-horizonte-una-crisis-economica-y-social-aun-mas-aguda-que-la-actual. El crédito total que el FMI prometió a Argentina se elevó a 57.000 millones de dólares  (...)

Pero el FMI, como de costumbre, exigió en contrapartida la aplicación de medidas aún más impopulares que las aplicadas por Macri hasta ese momento.(https://www.cadtm.org/La-austeridad-del-FMI-ya-se-siente-en-Argentina) (...)

Las elecciones presidenciales se convocaron para el 27 de octubre de 2019, y el pueblo argentino castigó a Macri. El movimiento político peronista volvió a ganar en las urnas, después de un intermedio de cuatro años.  (...)

El porcentaje de pobreza aumentó enormemente durante los cuatro años del mandato de Macri, pasando de cerca del 27 % al 40 % de la población. (...)

Por otro lado, es necesario señalar que los movimientos políticos y sociales argentinos son masivos y están bien organizados: los sindicatos continúan siendo poderosos, el movimiento feminista es capaz de organizar grandes movilizaciones, los desempleados están organizados , el movimiento cooperativo es fuerte…Las diferentes experiencias neoliberales que comenzaron con la dictadura (1976-1983), y cuya última expresión fue el gobierno de Macri, no consiguieron atomizar a la sociedad argentina y, a diferencia del vecino Chile, la educación, incluida la universitaria es gratuita así como el sector de la salud.  (...)

En este noviembre-diciembre de 2019, he aquí las cuestiones que están continuamente en portada:
  • Mientras que el gobierno saliente suspendió el pago de una parte de la deuda interna, ¿el nuevo gobierno reembolsará una deuda acumulada para realizar una política que fue rechazada por la mayoría de la población?
  • ¿Qué se tiene que hacer con los acuerdos firmados con el FMI?
  • Ya que el FMI dejó de abonar entre 11.000 y 13.000 millones de dólares a Argentina, ¿el nuevo gobierno pedirá ese dinero o le dirá que no lo quiere?
  • ¿No sería necesario que Argentina suspendiera durante dos años el reembolso de la deuda con el fin de poder relanzar prioritariamente el consumo y la actividad económica, y de esa manera, conseguir que en un futuro sea sostenible el pago de la deuda? Es lo que propone Martín Guzmán, economista argentino, profesor en Nueva York y estrecho colaborador de Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía. Y que acaba de ser nombrado ministro de Economía y Finanzas del nuevo gobierno de Alberto Fernández.
Una mayoría de la población rechaza claramente al FMI cuya nefasta actuación en Argentina es conocida por todas y todos los habitantes del país. (...)

Aquí presento un resumen de los argumentos que aporté y de las propuestas que hice. No hay que dudar en utilizar la doctrina de la deuda odiosa ya que es aplicable a Argentina.
Según esta doctrina para que una deuda sea odiosa, y por lo tanto nula, debe cumplir dos condiciones: 

1.- Haberla contraído en contra de los intereses de la Nación, o en contra de los intereses del Pueblo, o en contra de los intereses del Estado.
2.- Los acreedores no pueden demostrar que ellos
 no podían saber que la deuda era contraída en contra de los intereses de la Nación.

Pero hay que señalar que según la doctrina de la deuda odiosa, la naturaleza del régimen o del gobierno que la contrae no tiene especial importancia, ya que lo que cuenta es el uso que se hace de esa deuda. Si un gobierno democrático se endeuda en contra del interés de la población, esa deuda puede ser calificada de odiosa, si también reúne la segunda condición. Por lo que, contrariamente a una versión errónea de esta doctrina, la deuda odiosa no concierne solamente a regímenes dictatoriales.

http://www.cadtm.org/La-deuda-odiosa-segun-Alexander (La deuda odiosa según Alexander Sack y según el CADTM) [3]

Es fundamental para un país adoptar, de manera soberana y unilateral, medidas complementarias que permitan mejorar la situación en materia de deuda.
Doy cinco ejemplos:
  • La adopción de una ley contra los fondos buitre.
  • La suspensión del pago de la deuda.
  • La obligación de los tenedores de títulos de la deuda argentina de identificarse ante las autoridades estatales.
  • La realización de una auditoría de la deuda con participación ciudadana.
  • El no reconocimiento de los acuerdos firmados con el FMI.
(...) Es muy importante para Argentina aprender de los errores pasados y no reproducir el tipo de negociación que tuvo lugar con los acreedores en el período 2002-2010. (Podéis consultar un análisis de esa renegociación en el artículo de Maud Bailly y Éric Toussaint «Reestructuraciones frustradas de la deuda en 2005 y 2010 », en https://www.cadtm.org/Reestructuraciones-frustradas-de-la-deuda-en-2005-y-2010)

Las medidas anunciadas anteriormente deberían enmarcarse en un programa de conjunto que incluyera otras acciones: control de movimientos de capitales, socialización del sector bancario, reforma fiscal, medidas para romper con el modelo extractivista exportador y la lucha contra la crisis ecológica.

En conclusión, una nueva situación se abre en Argentina a partir de diciembre de 2019, un nuevo gobierno que debe afrontar una grave crisis de la deuda. Es fundamental que se constituya un vasto frente social y político con el objetivo de poner por delante, por todos los medios necesarios, las soluciones que permitan liberar al pueblo argentino de la carga de una deuda ilegítima y odiosa."         (Eric Tousaint, Comité para la abolición de las deudas ilegítimas, 16/12/19)

24.1.19

Piketty: el pago de intereses de la deuda en la zona euro alcanza los 200.000 millones anuales (2% del PIB)... que se pueden comparar, por ejemplo, con los miserables 2 mil millones de euros invertidos en el programa Erasmus. Si se dedicaran montos similares a la capacitación y la investigación, Europa podría convertirse en el principal polo de la innovación a nivel mundial... En Italia, los pagos de intereses representan el 3% del PIB, o 6 veces el presupuesto para la educación superior...

"Una de las ideas planteadas por los chalecos amarillos es la posibilidad de un referéndum sobre la cancelación de la deuda pública. 

Para algunos, este tipo de propuesta, ya escuchada en Italia, demuestra el alcance del peligro "populista": ¿cómo puede uno imaginar que no se puede pagar una deuda? En realidad, la historia muestra que es costumbre recurrir a soluciones excepcionales cuando la deuda alcanza este tipo de nivel.

 Sin embargo, un referéndum no nos permitiría resolver un problema tan complejo. Existen numerosas formas de cancelar una deuda, con efectos sociales muy diferentes. Esto es lo que debe discutirse en lugar de dejar estas decisiones a otros y a las crisis futuras. (...)

Para asegurar que todos puedan tomar una decisión, les daré dos conjuntos de información aquí. La primera se refiere a la normativa europea actual; luego me referiré a la forma en que las deudas de este tamaño han sido tratadas en la historia. 

(...) el Tratado de Maastricht (1992) fue modificado por el nuevo tratado presupuestario adoptado en 2012. Su nombre real es el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernabilidad (TSCG). 

Este texto estipula que en lo sucesivo el déficit no debe superar el 0,5% del PIB (artículo 3), con la excepción de los países cuya deuda es "significativamente inferior al 60% del PIB", en cuyo caso el déficit puede aumentar al 1%. A menos que se produzcan "circunstancias excepcionales", el incumplimiento de estas normas conlleva sanciones automáticas.  (...)

Aunque se han reducido por las tasas inusualmente bajas que quizás no duren para siempre, en este momento los pagos de intereses se sitúan en el 2% del PIB en la zona euro (el déficit promedio es del 1% y el superávit primario del 1%). Esto equivale a más de 200 mil millones de euros por año, que se pueden comparar, por ejemplo, con los miserables 2 mil millones de euros invertidos en el programa Erasmus. 

Esta es una opción posible, pero ¿estamos seguros de que es la mejor para prepararse para el futuro? 

Si se dedicaran montos similares a la capacitación y la investigación, Europa podría convertirse en el principal polo de la innovación a nivel mundial, por delante de los Estados Unidos. En Italia, los pagos de intereses representan el 3% del PIB, o 6 veces el presupuesto para la educación superior.

Lo que es cierto es que la historia muestra que hay otras formas de proceder. Un ejemplo que se cita a menudo son las grandes deudas del siglo XX. Alemania, Francia y el Reino Unido se encontraron con deudas que oscilan entre el 200% y el 300% del PIB en la Segunda Guerra Mundial, que nunca se han pagado. 

Sus deudas fueron canceladas en pocos años por una combinación de cancelación pura y simple, inflación e impuestos excepcionales sobre la propiedad privada (que es lo mismo que la inflación, pero es más civilizada: los ricos pueden pagar más y proteger a la clase media). La deuda externa alemana fue congelada por el Acuerdo de deuda de Londres en 1953, y luego fue cancelada definitivamente en 1991. 

Así es como Alemania y Francia se encontraron sin deuda pública y capaces de invertir en crecimiento en los años 1950-1960. (...)

En comparación, la situación actual es más compleja (cada país tiene una parte de la deuda de los demás) y más simple: tenemos, con el BCE, una institución que nos permite congelar deudas y podríamos adoptar un sistema más justo de Europa. sistema tributario por la creación definitiva de una asamblea soberana.  

Pero si continuamos explicando que es imposible hacer que los europeos más ricos paguen y que solo las clases inmóviles tienen que pagar, inevitablemente corremos el riesgo de enfrentar rebeliones serias en el futuro."                    (Piketty, blog, 15/01/19)

8.5.17

Piketty: soluciones a la deuda pública... un impuesto excepcional progresivo: «0 % hasta 1 millón de euros, 10 % entre 1 y 5 millones de euros, y 20 % para los mayores de 5 millones de euros»

"En un artículo de opinión publicado en el diario Liberation, Thomas Piketty criticaba severamente al gobierno francés y al alemán, que practican políticas neoliberales y que contribuyen a imponer a países como Grecia y España medidas antisociales en nombre del pago de la deuda.

Thomas Piketty escribe: «La palma de la amnesia se la lleva Alemania, con Francia como fiel segundón. En 1945, estos dos países tenían una deuda pública que superaba el 200 % de sus respectivos PIB. En 1950, esa deuda había bajado hasta menos del 30 % del PIB.

 ¿Qué había pasado? ¿Habrían aparecido de repente excedentes presupuestarios que permitieron pagar la deuda? Evidentemente no: fue por medio de la inflación y del repudio simple y llano que Alemania y Francia se liberaron de sus deudas en el siglo pasado. Si hubieran intentado conseguir, pacientemente, excedentes del 1 % o 2 % del PIB todavía estarían en aquella situación de endeudamiento, y les habría sido mucho más difícil a los gobiernos de la posguerra invertir en crecimiento.

Sin embargo, son esos dos países los que aleccionan, desde 2010–2011, a los países del sur de Europa sobre el pago de sus deudas públicas, que deberán hacerlo hasta el último euro. Se trata de un egoísmo corto de vista, puesto que el nuevo tratado presupuestario adoptado en 2012, bajo la presión alemana y francesa, que organiza la austeridad en Europa (con una reducción excesivamente rápida del déficit y un sistema de sanciones automáticas totalmente inoperante) ha conducido a una recesión generalizada en la zona euro.» |2| (...)

«Este complejo problema del endeudamiento de los Estados y de la naturaleza de su patrimonio interesa tanto al mundo actual como al de 1800, y el estudio del pasado puede ilustrarnos sobre la muy acuciante realidad del mundo actual.

A pesar de que la deuda pública está todavía lejos de alcanzar, en este comienzo del siglo XXI, el nivel astronómico que tenía a comienzos del siglo XIX, al menos en Reino Unido, llega en Francia y en numerosos países a estar muy cerca de esos récords históricos y suscita, indudablemente, aún más confusión en el mundo actual que en la época napoleónica.» |5| (...)

Desplacémonos en el tiempo y en el espacio: en Grecia, en 2014, la deuda pública alcanza el 175 %. Si suponemos que el Estado paga la deuda a la Troika y a otros acreedores con un tipo de interés medio del 5 %, |12| y si también consideramos que el crecimiento es nulo |13| y la tasa de inflación también es nula, Grecia tendrá que pagar a sus acreedores hasta las calendas griegas el equivalente al 8 % de su PIB sin reducir el stock de la deuda ya que estaría pagando solamente los intereses. |14| (...)

Para reducir la deuda pública, Thomas Piketty pensó en dos soluciones que posteriormente rechazó y nos propone una tercera.

La primera solución era la de privatizar los activos públicos con el objetivo de reembolsar la deuda.

 La segunda solución consistía en anular la deuda. La tercera que propugna es la recaudación de un impuesto excepcional progresivo «de forma que los patrimonios más modestos no lo tendrían que pagar, y en cambio pedir más a los patrimonios más elevados». |22|

No nos extenderemos aquí sobre la primera solución ya que es evidente que es algo a combatir. Sabemos que fue puesta en práctica por los gobiernos actuales que prolongan la ola de privatizaciones comenzada en los años 1980-1990.

Con respecto a la segunda solución, la anulación de la deuda que Piketty rechaza, es porque, evidentemente, plantea mal el problema, ya que no piensa en los diferentes escenarios de anulación de la deuda. Sólo menciona explícitamente la fórmula aplicada a la deuda griega en marzo 2012 mediante una operación llamada de haircut, mientras existen otras propuestas.

Y tiene razón en rechazar el tipo de anulación parcial de la deuda concebida por la Troika (Comisión Europea, BCE y FMI) para Grecia. Esta anulación estuvo condicionada por medidas que constituyen violaciones de los derechos económicos, sociales, políticos y civiles del pueblo griego, y que hundieron todavía un poco más a Grecia en una espiral descendente.

 Se trataba de una operación que tenía por objetivo permitir que los bancos extranjeros (principalmente franceses y alemanes) se liberaran del problema con pérdidas limitadas, que los bancos griegos se recapitalizaran a costa del Tesoro Público y que la Troika reforzara en forma duradera su influencia en Grecia.

 La deuda pública griega representaba el 130 % del PIB en 2009, y después de la anulación parcial llegó al 157 % en 2012, pero en 2013 alcanzó un nuevo máximo: ¡el 175 % del PIB! La tasa de desempleo que era del 12,6 % en 2010 se elevó hasta el 27 % en 2013 (y al 50 % entre los menores de 25 años). Por lo tanto, Piketty tiene razón cuando rechaza ese tipo de haircut que sólo tiene por objetivo mantener con vida a la víctima para poder desangrarla mejor.

Por el contrario, se equivoca cuando no considera seriamente una anulación o suspensión del pago de la deuda decidida por el país deudor, con sus condiciones y bajo control de su ciudadanía. Es lo que hicieron en contextos diferentes Ecuador, en 2008-2009, e Islandia a partir de 2008.

 Ecuador, basándose en una auditoría organizada por las autoridades del país y realizada con una participación ciudadana activa entre 2007 y 2008, suspendió unilateralmente el pago de una parte de su deuda, la que estaba en forma de títulos que tenían fecha de vencimiento en 2012 y 2030, cuyos principales tenedores eran bancos extranjeros. |23|

El resultado fue positivo: Ecuador pudo recomprar el 91 % de los títulos mencionados a un 35 % de su valor. Y como consecuencia, habiéndose ahorrado ese dinero que correspondía al pago de la deuda, pudo aumentar en forma notable los gastos sociales, especialmente en los ámbitos de la educación y de la sanidad pública. (En el anexo 1 se ofrece una presentación más completa de la experiencia ecuatoriana).

 Sin embargo, en el caso de Ecuador, no debemos tomar como modelo la experiencia que se está desarrollando, y es indispensable conservar una mirada crítica sobre ella. No obstante, la experiencia ecuatoriana en auditoría y suspensión unilateral del reembolso de la deuda demuestra que es perfectamente posible para un país plantear un acto unilateral fundamentado con argumentos sólidos y, en consecuencia, tener la posibilidad de mejorar los gastos públicos en ámbitos como educación y sanidad.

Por su parte, Islandia rechazó en forma unilateral, a partir de 2008, asumir las deudas de los bancos privados que habían quebrado por su exposición en el exterior. Esto se hizo en un clima de fuertes movilizaciones ciudadanas que presionaron al gobierno islandés para que no cediera ante las exigencias de los acreedores extranjeros, en particular del Reino Unido y de los Países Bajos.

Y, ¿qué pasó luego en Islandia? Debido al desplome del sistema bancario en 2008, Islandia se negó a indemnizar a los ciudadanos de Países Bajos y Reino Unido que habían colocado fondos en las filiales de bancos islandeses, que acababan de quebrar, por un total de 3.900 millones de euros. Fueron las mismas autoridades británicas y neerlandesas las que indemnizaron a sus ciudadanos y exigieron el reembolso de esas indemnizaciones a Islandia.

 Bajo la presión popular (manifestaciones, ocupaciones de plazas, referéndum), las autoridades de Reykiavik rechazaron esa demanda. Y eso tuvo como consecuencia la inscripción de Islandia en la lista de organizaciones terroristas, la congelación de los haberes islandeses en Reino Unido y la presentación de una denuncia de Londres y La Haya contra Reykiavik ante el Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC o EFTA por sus siglas en inglés). |24|

 Por otro lado, Islandia bloqueó totalmente la salida de capitales del país. Finalmente, ha salido del conflicto mucho mejor que otros países europeos que aceptaron las exigencias de los acreedores… Por supuesto, hay que evitar hacer de Islandia un modelo pero podemos sacar enseñanzas de su experiencia.

Los casos de Ecuador y de Islandia constituyen dos experiencias recientes que deben estudiarse seriamente ya que demuestran que al lado del haircut a la griega u otras formas de reestructuración, existen otras soluciones para la anulación de una deuda. |25|

Estos dos ejemplos muestran que desobedecer a los acreedores no es una catástrofe y de ninguna manera acarrea el desmoronamiento del país. (...)

Thomas Piketty se pronuncia por una reducción parcial de la deuda del orden del 20 % del PIB. Para alcanzar ese objetivo, propone un impuesto excepcional progresivo: «0 % hasta 1 millón de euros, 10 % entre 1 y 5 millones de euros, y 20 % para los mayores de 5 millones de euros» |32|, aunque indica que podrían aplicarse otros baremos.

Debemos lamentar que Piketty no aborde en esta obra la cuestión de la legitimidad de la deuda pública. No podemos dejar de asombrarnos por este hecho, ya que, a lo largo de su libro, demuestra perfectamente que la política fiscal regresiva favorece la acumulación de la deuda pública.

Además, como declara varias veces en su obra, los pagadores de la deuda son mayoritariamente los de abajo, de acuerdo a su participación en los impuestos, mientras que los de arriba prestan al Estado por ser una inversión segura

. Tampoco propone que la ciudadanía de manera organizada audite la deuda aunque debe saber que desde 2011, en Francia (y en otros países de Europa), se están desarrollando iniciativas de auditoría ciudadana con un cierto dinamismo. |33| (...)"                 ( Eric Toussaint , CADTM)

3.5.17

Portugal, sorpresa internacional y envidia de la izquierda española

"(...) Costa se convirtió en primer ministro en noviembre de 2015 de rebote, tras un fallido Gobierno de 11 días del conservador Pedro Passos Coelho (PSD). Al frente de la segunda fuerza en votos, tuvo una acogida escéptica, en vista del histórico odio entre su partido (PS) y el comunista y antieuropeísta PCP. 

Se topó con el rechazo expreso de parte de la oligarquía empresarial y su gobierno fue bautizado irónicamente por adversarios como el derechista Paulo Portas ( fichado el verano pasado por la mexicana Pemex) como el de la “geringonça”, una cosa mal hecha que, sin que nadie sepa cómo, funciona. Como una bicicleta atropellada por un autobús.

Más de 500 días después, la bicicleta sigue en marcha y Costa, uno de los pocos socialistas que gobiernan en Europa,  lidera los sondeos con un 42% de intención de voto, 17 puntos por encima de los democristianos, en pacífica cohabitación con el ortodoxo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, verso suelto del democristiano PSD que nada tiene que ver con su antecesor, el muy conservador Aníbal Cavaco Silva.

Sin apartarse de la ortodoxia que exige Bruselas, Costa, un hábil negociador, ha aprobado medidas puntuales para distanciarse de la austeridad a ultranza de Passos Coelho (que tuvo gestionar la digestión de un rescate de 78.000 millones) y mejorar las condiciones de vida en un país que en 2015, un año después de despedir a la troika, tenía a casi dos millones de personas en riesgo de pobreza, un 20% de la población.

Entre otras medidas, el Gobierno ha subido el salario mínimo con el compromiso de aumentarlo un 25% en cuatro años (ahora no llega a 650 euros), ha aprobado medidas  contra la pobreza energética, más días de vacaciones, menos IVA para la restauración (el general sigue en el 23%) y ha puesto fin a los recortes salariales a los funcionarios y a la privatización de la aerolínea TAP.

Las cifras acompañan a Portugal, que mejora mes a mes casi todos sus indicadores, con la expectativa de salir en breve del procedimiento de déficit excesivo que tiene abierto en la Comisión Europea. El viernes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) luso situaba la tasa de paro por debajo del 10% por primera vez en ocho años, un 9,9% en febrero. El paro registrado cayó un 18% interanual en marzo, la mayor reducción en 28 años.

El PIB portugués creció en 2016 un discreto 1,4%, pero acumula trece trimestres al alza. El pasado jueves el Gobierno aprobó su Programa de Estabilidad, que prevé un crecimiento económico del 1,8% para este año (nueve décimas menos que España) y un déficit público del 1,5% que en 2021 debería pasar a un superávit del 1,3%.

El déficit de 2016 fue una sorpresa: un 2%, cinco décimas menos de lo que exigía Bruselas y el más bajo desde la Revolución de los Claveles de 1974. El desajuste (muy inferior al 4,33% de España) mejoró las previsiones del FMI, de la CE, el BCE y el propio Gobierno portugués, que a mediados de 2016 preveía un 2,5%.

Milagro o pragmatismo

Hay quien habla de " milagro", como la presidenta del Conselho das Finanças Públicas, Teodora Cardoso (equivalente a la Autoridad Fiscal Independiente Española), que cree que la reducción del déficit podría no ser sostenible porque se explica por factores extraordinarios, como un perdón fiscal (que no amnistía) aprobado a finales del año pasado para permitir regularizar deudas de empresas y familias con el Fisco y la Seguridad Social sin pagar intereses ni multas (en caso de devolver la totalidad de lo adeudado).

Para explicar estas cifras, el director del diario portugués Público, David Dinis, prefiere "hablar de pragmatismo" por parte del PS y de sus socios. "Desde el primer momento" fueron conscientes de que aplicar "una política completamente alternativa" dentro de la UE no era viable, porque en Europa "las reglas son las que son".

Dinis, que reconoce a eldiario.es que estaba entre los escépticos cuando llegó Costa, cree que el "gran desafío" pendiente es de Portugal es su deuda pública, uno de los pocos indicadores que no han mejorado con el nuevo Gobierno. El medio que dirige se apuntó en febrero una gran exclusiva, al desvelar que el anterior Gobierno conservador había dejado escapar 10.000 millones de euros a paraísos fiscales sin ningún tipo de control de Hacienda. El asunto todavía está bajo investigación.(...)

En esta materia, también parece imponerse el pragmatismo. Un grupo de trabajo sobre la sostenibilidad de la deuda pública creado por el PS y el Bloco acaba de proponer que el Ejecutivo defienda en Europa un programa de reestructuración basado en extender los plazos de madurez de la deuda de los 15 actuales a 60 y una reducción de los intereses, entre otras medidas. Ni hablar de quitas.
Los problemas del sector financiero luso están pendientes de resolverse. (...)

Pese a las dudas sobre la deuda y la situación de la banca, la mejora económica se ha traducido en el nivel más alto para la rentabilidad de las empresas lusas desde el rescate de 2011, según datos publicados en abril por el Banco de Portugal, y en máximos históricos en la confianza de los consumidores.

Un ejemplo es Pedro Fernandes, empleado de la empresa de 'handling' Groundforce en el Aeropuerto de Lisboa (participada por TAP). "Aunque la gente gane lo mismo o un poco más que antes, hay más confianza para gastar, menos miedo", dice Fernandes, cuya esposa es maestra en la escuela pública. 

Pone como ejemplo su empresa, donde "han descongelado las contrataciones y las revisiones salariales" tras un conflicto laboral que a finales del año pasado fue sofocado gracias a la intervención gubernamental. La mano de Costa, el gran negociador."                 (eldiario.es, 29/04/17)

28.12.16

Cuba, tras un impago de más de 30 años con el Club de París, logró una reducción de deuda del 80%... Si Grecia hubiese impuesto un programa de suspensión de pagos, auditoría, moneda complementaria, control de capital, socialización de la banca, derogación de las leyes austeritarias, etc., habrían podido vencer a los acreedores

"(...) Fidel en el 85 lanzó una llamada por la constitución de un frente de los pueblos y de los países latinoamericanos para oponerse a seguir pagando la deuda. |4| Y exigió la abolición de las deudas de los países del Tercer Mundo. 

 Cuba entró en impago de deuda en 1986 con el Club de París y terminó el impago en 2015, cuando el Club de París hizo un acuerdo con Cuba con una reducción importante de deuda. |5| No hubo casi comentarios en la prensa internacional sobre el hecho de que después de un impago de 30 años, el país logró una reducción de deuda importante”.

Y de la victoria sobre la deuda de la revolución cubana, a “la incoherencia del PT” (el Partido de los Trabajadores de Brasil). “El PT participó activamente en la lucha contra el pago de la deuda de los 80 hasta el 2000, cuando se incorporó a la iniciativa de convocación de un referendo popular en favor de la suspensión del pago de la deuda y de la realización de una auditoría para identificar la parte ilegítima con el fin de denunciarla y de exigir la suspensión del pago. 

En septiembre del 2000, 6 millones de brasileiros participaron en el referendo convocado por una amplia coalición de organizaciones sociales y políticas (el movimiento de los sin tierra -MST-, la auditoría ciudadana de la deuda -miembro de Jubileo Sur y del CADTM-, la central sindical CUT, el PT,…). 

El 93% se pronunció en favor del no pago. Pero ya el PT había empezado un viraje inquietante: gobernando varias ciudades importantes (Sao Paulo, Porto Alegre,…) decidió no desobedecer al gobierno central respecto al pago de la deuda municipal ilegítima. Adoptó esa orientación para dar garantía en términos de buen gestor creíble. (...)

El caso del Ecuador de Rafael Correa es otra historia de éxito en lo que respecta a la deuda: “La elección de Correa fue el resultado de diez años de movilización popular. Y sobre la base del trabajo de la Comisión de Auditoría, el Gobierno del Ecuador suspendió el pago de una parte de la deuda y venció a sus acreedores con el impago de la deuda comercial por 3.000 millones de dólares. 

Venció a sus acreedores a pesar de todas las amenazas de represalias. No las hubo. Fue una victoria total del Ecuador contra los tenedores de bonos que habían comprado bonos soberanos en Wall Street”. |6|

De la decepcionante experiencia de la Grecia de Tsipras, Eric Toussaint, coordinador de la Comisión de la Verdad sobre la Deuda griega, subraya dos lecciones: Una es “la necesidad, por el movimiento ciudadano, de mantener una presión sobre las organizaciones políticas. 

Cuando Syriza integró en su programa electoral del 2012 la reivindicación de la auditoría y la suspensión de pago, el movimiento de auditoría ciudadana bajó la presión. Y entonces Syriza cambió la orientación sin que el movimiento social se diera cuenta de esa evolución funesta”. La otra lección es “la necesidad de tener un programa radical y coherente. 

Estoy absolutamente convencido de que si el Gobierno de Grecia hubiera implementado un programa a partir de final de febrero en términos de suspensión de pagos, auditoría, moneda complementaria, control de capital, socialización de la banca, derogación de las leyes austeritarias, etc., habrían podido vencer a los acreedores y a la Comisión Europea (CE) con el apoyo del pueblo. 

Porque en las peores condiciones, el 62% del pueblo griego rechazó la exigencias de los acreedores y estaba dispuesto a la confrontación y a la expulsión de la zona euro”. |7| (...)

Aterrizando en el Estado español, aquí y ahora, el politólogo belga se refirió al proceso de Oviedo: “La iniciativa al nivel de los municipios es fundamental. Es una iniciativa histórica, nunca en Europa, ni siquiera en otros continentes, se intentó constituir con una fase inicial exitosa como la de los últimos meses. 

Y esta iniciativa es muy prometedora. No se trata de declarar el impago de la deuda por parte de un gobierno municipal aislado, sino de constituir un frente que aumente el nivel de conciencia de la población y que empiece a cambiar la correlación de fuerzas frente a la política del Gobierno central. 

Y claro, para llegar en un momento dado a actos de desobediencia. Ya Madrid lo hace respecto a la Ley Montoro en ciertos aspectos. Pero si se quiere cambiar la correlación de fuerzas, llevar el tema a las Comunidades Autónomas (CCAA) es también central dentro de una estrategia alternativa y a nivel del Estado español, al nivel del Parlamento. 

A partir del cuestionamiento de las deudas a nivel municipal, creo que es importante tener una iniciativa a nivel del Parlamento del Estado español lo más pronto posible”.  (...)

Ya en el turno de preguntas, ante la cuestión formulada por uno de los asistentes “¿Se puede pasar de la deuda ilegítima al impago? Personalmente pienso que un país dentro de la UE no puede hacerlo”, el portavoz del CADTM respondió: “Yo haría una pregunta diferente: ¿Es posible dentro de la UE, respetando las exigencias de la CE, romper realmente con la austeridad? Tú dices que hay grandes márgenes. 

 Personalmente, no lo creo. Romper realmente con la austeridad sin enfrentarse la CE y sin desobedecer claramente a los tratados es imposible. Van a entrar en confrontación contigo, van a multarte, etc. y el tema será si vas a someterte o no como Gobierno. 

Hay que ver lo que ocurrió en Grecia. El Gobierno griego no quiso la confrontación, siguió pagando, y ya, el 4 de febrero 2015, el presidente del Banco Central Europeo ( BCE ), Mario Draghi, decidió impedir a los bancos griegos tener acceso a la línea de crédito normal.

Estaremos de acuerdo en que seguramente no puede Draghi adoptar en España el mismo tipo de medidas tan brutales como se permitió hacer con Grecia, pero él va a tratar de desgastar lo más rápidamente posible un gobierno de izquierda, progresista, que realmente podría significar una alternativa a nivel de Europa. (...)

Otra de las preguntas versó sobre la relación entre la deuda ilegítima y el problema del sistema monetario. Al respecto, Toussaint se refirió al debate teórico de si se podría reformar el euro: “Pero no se puede imaginar que Alemania, Francia y Benelux, que se aprovechan del euro tal y como existe, vayan a aceptar una reforma del euro favoreciendo a los países periféricos. 

Las grandes empresas alemanas, francesas, de Bélgica y Holanda y las empresas financieras de Luxemburgo, Austria y Finlandia no lo van a aceptar”.

Para finalizar, se mostró convencido de “la necesidad, como Gobierno progresista, de lanzar una moneda complementaria, se llama moneda fiscal, no convertible, a través de la cual un Gobierno hace ciertos pagos, para disminuir la dictadura del euro y del BCE. 

Pero seguramente en varios casos la salida del euro aparece también como una opción posible que hay que debatir de manera seria. Es la conclusión a la que llegó el exministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, y sus consejeros, James K. Galbraith y el joven Daniel Munevar |8| : Finalmente habrían tenido que prepararse a la salida del euro y no era tan traumático como ellos mismos habían pensado”. |9|"                 (Eric Toussaint y Fátima Martín , CADTM, en Rebelión, 24/12/16)

5.12.16

¿Y si Portugal paga su deuda en escudos, y no en euros?

"Os problemas essenciais de Portugal não virão a ter solução com a atual União Europeia, esse foi a principal mensagem que lançou esta sexta feira no seu discurso de abertura do XX Congresso do PCP o seu secretário geral Jerónimo de Sousa

 De Sousa -que vai continuar no cargo após este XX Congreso do PCP- vincou que “a experiência recente demonstra que a UE constitui uma matriz política e ideológica impossível de ser democratizada, humanizada ou reformada. É a sua natureza de classe -capitalista- que determina as suas políticas e opções”.

O PCP realiza esta fim de semana o seu XX Congresso em Almada, cidade do distrito de Setúbal que pertence à região de Lisboa. Nele há presença galega, a da delegação do Bloque Nacionalista Galego, na pessoa de Montse Prado, membro da Executiva Nacional e parlamentar no Hórreo. A UPG enviou também uma saúda ao Congresso.

“Como a situação na Grécia demonstra, é uma perigosa ilusão pensar-se, ou proclamar-se, que se podem encontrar reais soluções para as questões do desenvolvimento económico e do progresso social” no seio do euro, realçou o secretário geral.

Face uma União Europeia “neoliberal, federalista e militarista” o PCP opõe o projeto duma “outra Europa dos trabalhadores e dos povos”. (...)"      (Sermos Galiza, 03/12/16)


"Secretário geral entre 1992 e 2004 e membro do atual Comitê Central, defendeu que Portugal prepare a saída do euro. Pagar a dívida em escudos seria uma forma de a reestruturar, prévia devaluação.

Portugal vive uma “soberania limitada”, afirmou na sua intervenção perante o Pleno do XX Congresso Carlos Carvalhas, quem falou da saída do euro com maior clareza do que Jerónimo de Sousa no acto de abertura.

Sem soberania plena, denunciou Carvalhas, Portugal “está nas mãos do Banco Central Europeu”.
Nos últimos anos, alegou o ex secretário geral do PCP, Portugal teve de pagar juros a um ritmo anual de 8 mil milhões de euros. "                (Sermos Galiza, 04/12/16)


 Alternativa a la salida del euro:  europeseta electrónica de circulación interna 

Existe una descripción con mucho humor, de economía-ficción, sobre los beneficiosos efectos que se producirían si en Italia, el gobierno impusiera una moneda digital (allá por el 2020), para salir de la quiebra económica y política a la que la permanencia en el euro habría llevado al país. El objetivo se conseguiría rápidamente.

Los únicos perjudicados, los especuladores de la deuda. Ver: J. D. Alt: Europa, 2020: una ucronía iluminadora’. http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5467  )


Los artículos de Juan José R. Calaza (Juan José Santamaría y Juan Güell) muestran con gran claridad las ventajas de una europeseta electrónica de circulación interna:  

Para entender la europeseta electrónica. Qué es y, sobre todo, qué no es. Enlace: http://www.farodevigo.es/opinion/2012/12/02/entender-europeseta-electronica/720458.html


Para salir de la crisis sin salir del euro: España debe emitir europesetas (electrónicas). Enlace: http://www.farodevigo.es/opinion/2011/11/27/salir-crisis-salir-euro-espana-debe-emitir-europesetas-electronicas/601154.html  

Las europesetas electrónicas, complementarias al euro, estimularán el crédito sin efectos colaterales perversos. Enlace:  http://www.rebelion.org/noticia.php?id=165815

Juan Torres insiste en que es necesario emitir una moneda complementaria al euro. Sus artículos:


Hay alternativas, incluso dentro del euro. Enlace: http://juantorreslopez.com/publicaciones/hay-alternativas-incluso-dentro-del-euro/
 

Más información en: 'Si Grecia, España, o Andalucía emitiesen una moneda digital, respaldada por la energía solar instalada en sus tejados, alcanzarían la soberanía financiera. La de dar créditos a familias y empresas':    http://comentariosdebombero.blogspot.com.es/2014/06/si-una-autonomia-o-una-gran-ciudad.html

10.10.16

El repudio de las deudas por parte de Costa Rica debería inspirar a los países del sur de Europa

"En enero de 1917 el Gobierno de Costa Rica, bajo la presidencia de Alfredo González, fue derrocado por el secretario de Estado de la Guerra, Federico Tinoco, que convocó nuevas elecciones e instauró una nueva constitución en junio de 1917. El golpe de Tinoco fue apoyado por la oligarquía, que rechazaba la política del Gobierno anterior. 

Y con razón, dicho Gobierno había decidido imponer un impuesto a la propiedad y un impuesto progresivo a las rentas (1). Tinoco recibió también el apoyo del patrono de la tristemente célebre multinacional estadounidense United Fruit Company (a partir de 1989 Chiquita Brands International), famosa por haber contribuido a derrocar a varios gobiernos latinoamericanos con el fin de maximizar sus beneficios (2).  

El gobierno de Tinoco fue reconocido inmediatamente por varios estados latinoamericanos, así como por Alemania, Austria, España y Dinamarca. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia, por su parte, se negaron a reconocerlo. 

En agosto de 1919 Tinoco abandonó el país llevándose una fuerte suma de dinero que acababa de pedir prestado, en nombre de su país, a un banco británico, el Banco Real de Canadá (3). El Gobierno de tinoco cayó en septiembre de 1919. Entonces un Gobierno interino restableció la antigua constitución y convocó nueva elecciones.

 La ley nº 41 del 22 de agosto de 1922 anuló todos los contratos anteriores entre el poder ejecutivo y personas privadas, con o sin aprobación del poder legislativo, entre el 27 de enero de 1917 y el 2 de septiembre de 1919; también anulaba la ley nº 12 del 28 de junio de 1919 que había autorizado al Gobierno a emitir 16 millones de colones (moneda de Costa Rica) en papel moneda. 

Hay que señalar que el nuevo presidente de la república, Julio Acosta, en principio vetó la ley de repudio de las deudas arguyendo que iba en contra de la tradición de respetar las obligaciones internacionales contraídas con los acreedores. Pero el Congreso constituyente, bajo la presión popular, mantuvo su posición y finalmente el presidente retiró su veto. 

La ley de repudio de las deudas y de todos los contratos firmados por el régimen anterior constituye una ruptura evidente con la tradición de la continuidad de las obligaciones de los estados a pesar de un cambio de régimen. 

Esa decisión unilateral soberana de Costa Rica se parece de forma clara a la decisión tomada en 1867 por el presidente Benito Juárez, apoyado por el Congreso y el pueblo mexicano, de repudiar las deudas reclamadas por Francia (4). La decisión se inscribe también en la línea del decreto bolchevique de repudio de las deudas zaristas adoptado en 1918.  

Gran Bretaña amenazó a Costa Rica con una intervención militar si no indemnizaba a las empresas británicas afectadas por el repudio de las deudas y otros contratos. Se trataba del Banco Real de Canadá y una sociedad petrolera. Londres mandó un barco de guerra a las aguas territoriales de Costa Rica.  
Costa Rica mantuvo su postura de rechazo proclamando alto y fuerte que:  
«La nulidad de todos los actos del régimen de Tinoco ha sido regulada definitivamente por un decreto de la Asamblea Constituyente de Costa Rica, que es la mayor y más alta autoridad competente en la materia y su decisión sobre este asunto, realizada en el ejercicio de los derechos soberanos del pueblo de Costa Rica, no puede ser modificada por una autoridad extranjera» (6).  
Con el fin de buscar una solución Costa Rica aceptó hablar con un árbitro internacional en la persona de William H. Taft, presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, para que dictaminara sobre los dos principales litigios con Gran Bretaña, el asunto del Banco Real de Canadá y el de una concesión petrolera que acordó el dictador Tinoco con la empresa British Controlled Oilfields Ltd. 

Al dirigirse a William H. Taft, que fue presidente de Estados Unidos de 1909 a 1913, Costa Rica contaba con la baza del interés de Washington por marginar a Gran Bretaña en la región. Costa Rica estaba convencida de que Taft le daría la razón porque el cónsul de Estados Unidos en la capital, San José, había expresado su apoyo a la ley de repudio de las deudas.

 Ese apoyo del cónsul dejó malparado a Londres, que se quejó por la vía diplomática al Gobierno Washington. Hay que precisar también que en un primer tiempo Washington intentó convencer al Gobierno británico para que aceptase llevar el asunto a los tribunales costarricenses, como exigía Costa Rica.

 Ante el rechazo de Londres a reconocer la competencia de los tribunales del país deudor finalmente el asunto fue objeto de un arbitraje. Ya estaba claro que Costa Rica no corría ningún riesgo. Y efectivamente William H. Taft decidió rechazar la demanda de indemnización exigida por Londres. 

Hay que señalar que dos años después de la sentencia y la confirmación del repudio de las deudas, Costa Rica pudo encontrar banqueros dispuestos a concederle créditos. Lo que demuestra que una actitud muy firme de un país contra sus acreedores no le impide encontrar nuevos préstamos.  
Es importante fijarse en los argumentos de Taft. En primer lugar estableció claramente que la naturaleza despótica del régimen de Tinoco no tenía ninguna importancia.  
En su sentencia William H. Taft declaró en particular:  
«Pretender que un gobierno que se establece y ejecuta de forma armoniosa su administración con el beneplácito de la población durante un período sustancial no puede convertirse en un gobierno de hecho si no es conforme a la constitución vigente, lleva a pretender que en el marco del derecho internacional una revolución contraria al derecho fundamental del Gobierno establecido no puede establecer un nuevo gobierno».  
Lo que significa que Taft rechazó el argumento de Costa Rica con respecto a la naturaleza del régimen de Tinoco. Según Taft, Tinoco, que ejercía de facto el control del Estado, incluso aunque no hubiera respetado la constitución tendría derecho a contraer deudas en nombre del Estado.  

El argumento de Taft reproducido más arriba abre el camino al reconocimiento de gobiernos revolucionarios que llegan al poder sin respetar la constitución. Taft declara que si se excluye la posibilidad de que un gobierno inconstitucional se convierta en un gobierno regular el derecho internacional impediría a un pueblo que ha realizado una revolución establecer un nuevo gobierno legítimo, lo que según Taft no es concebible. 

Por supuesto, en la práctica, lo que ha ocurrido más a menudo en los últimos dos siglos ha sido el reconocimiento (con el apoyo del Gobierno de Washington en particular) de regímenes dictatoriales que derrocaron a regímenes democráticos, así como el apoyo a dichos regímenes dictatoriales para financiarse en el extranjero y el ejercicio de una presión sobre los regímenes democráticos que los sucedieron para que asuman las deudas contraídas por las dictaduras.

 Eso marca la diferencia entre la teoría basada en la historia del nacimiento de Estados Unidos, que se rebeló contra el régimen constitucional británico en 1776, y la práctica ulterior de Estados Unidos. 

El juicio de Taft contiene un párrafo que afirma que hay que respetar la regla de la continuidad de las obligaciones de los Estados a pesar de un cambio de régimen:  
«Los cambios de gobierno o de política interna de un estado no afectan a su posición con respecto al derecho internacional (…). A pesar de los cambios de gobierno, la nación subsiste sin que sus derechos y obligaciones se modifiquen (…). El principio de la continuidad de los estados tiene resultados importantes. El Estado está obligado a respetar los compromisos que adquirieron los gobiernos que dejaron de existir. En general el gobierno restaurado debe respetar los compromisos adquiridos por el usurpador (…)» (7). Esto señala muy claramente la posición conservadora de Taft. 
Sin embargo Taft dio la razón a Costa Rica contra Gran Bretaña basándose en otros argumentos importantes. Afirmaba que las transacciones entre el banco británico y Tinoco estaban plagadas de irregularidades y que el banco era responsable. 

Añade que «el caso del banco Real no depende simplemente de la forma de la transacción, sino de la buena fe del banco cuando prestó dinero para uso del Gobierno costarricense bajo el régimen de Tinoco. El banco debe demostrar que el dinero se prestó al Gobierno para usos legítimos. Y no lo ha hecho» (8).  

 Retomemos el razonamiento de Taft: Tinoco podía contraer deudas aunque tomó el poder violando la constitución, pero debía hacerlo en el interés del Estado. Taft afirma que Tinoco tomó los préstamos con el Banco Real de Canadá para su beneficio personal (9). 

Añade que el Banco lo sabía perfectamente y por lo tanto es directamente cómplice. Precisemos que, según el razonamiento de Taft, si Tinoco hubiera tomado el dinero prestado para desarrollar los ferrocarriles, el régimen que le sucedió habría estado obligado a reembolsarlo salvo si los contratos tuviesen irregularidades.  (...)

Está claro que la sentencia favorable a Costa Rica emitida por Taft estaba muy calculada. Rechazó ahondar en el sentido de Costa Rica en lo que concernía al carácter despótico e inconstitucional del régimen de Tinoco (13), aunque que era fácil recurrir a este argumento puesto que Washington y Londres habían rechazado reconocer su régimen. 

Pero Taft eligió otros argumentos. No quería establecer un precedente basado en la naturaleza democrática o no de un régimen. Sabía perfectamente que Washington y sus empresas estadounidenses apoyaban a dictadores y los apoyarían en el futuro. Sin hablar de los casos en los que Estados Unidos contribuía activamente a implantarlos. 

Argumentos en favor de Grecia, Argentina, Túnez, etc. 

Los argumentos de Taft son útiles para la causa del pueblo griego y otros pueblos sometidos al yugo de la deuda.

Taft afirma que las deudas y otras obligaciones contraídas por Tinoco son nulas porque no respetó la constitución que él mismo impuso después de su golpe. Esa constitución prescribía que el tipo de obligaciones contraídas por Tinoco requerían un voto común del Senado y de la Cámara de Diputados, pero solo la Cámara de Diputados se pronunció a favor de la concesión petrolera y de la exención de tasas acordada a la empresa británica. En consecuencia, según Taft, el contrato no tenía ningún valor (14). 

Como han indicado tanto numerosos juristas griegos como la Comisión para la Verdad sobre la Deuda Griega (15), los artículos 28 y 36 de la constitución griega se violaron en el momento de la adopción del memorándum de 2010, que implicó la acumulación de una nueva deuda elevándose a 120.000 millones de euros.

 Poco importa la naturaleza democrática o no del régimen griego, el hecho es que ha contraído obligaciones con los acreedores violando la constitución griega que por sí mismo es un argumento de nulidad. Obviamente hay numerosos argumentos que se añaden a ese para basar en derecho el repudio de las deudas reclamadas por los actuales acreedores de Grecia.  (...)

Otro argumento del juicio emitido por Taft es útil. Recordemos que Taft declaró que «El banco debe demostrar que el dinero se prestó al Gobierno para usos legítimos». Es evidente que los acreedores que concedieron préstamos a Grecia, a Portugal, Chipre, Irlanda o España desde 2010 son incapaces de demostrar «que el dinero se prestó al Gobierno para usos legítimos», porque el dinero sirvió principalmente para reembolsar a los bancos extranjeros de los principales países prestamistas y se concedió con la condición de implantar políticas contrarias a los intereses del país. 

Este argumento se aplica también a las deudas contraídas por Túnez y Egipto tras la caída de las dictaduras en 2011. Las deudas no se contrajeron en interés de las poblaciones y de la nación. No se contrajeron para usos legítimos. 

En conclusión el interés de la sentencia de Taft es que no basa la nulidad de las deudas reclamadas a Costa Rica en el carácter despótico del régimen que las contrajo. La sentencia de Taft se basa en la utilización que se hizo del dinero prestado y en el respeto de las normas jurídicas internas del país.

 La sentencia de Taft afirma que aunque en principio permanecen las obligaciones de los estados incluso en el caso de un cambio de régimen, esas obligaciones pueden repudiarse si el dinero prestado no se utilizó de forma legítima. Además Taft pone la carga de la prueba sobre los acreedores, a los que conmina a demostrar que sus préstamos se utilizaron en fines legítimos. 

Añade que si los contratos implican falta de respeto a las reglas internas vigentes (por ejemplo una violación de la constitución) o contienen irregularidades un país tiene derecho a repudiar esos contratos. 

No tenemos ninguna simpatía por Taft, es evidente que sus motivaciones eran de todo menos desinteresadas. Pero nos guste o no el arbitraje de Taft este constituye una referencia internacional en materia de aplicación del derecho con respecto a las deudas y otras obligaciones. Es fundamental que los estados ejerzan su derecho a repudiar como mínimo las deudas ilegales, odiosas e ilegítimas."             (Eric Toussaint , CADTM, en Rebelión, 13/09/16)

24.9.15

La ONU aprueba 9 principios básicos para la reestructuración de las deudas soberanas y así evitar casos como los de Argentina o Grecia

"GINEBRA, 17 sep 2015 (IPS) - La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó nueve principios básicos para que el proceso de reestructuración de la deuda soberana de los países sea justo y económicamente sostenible. 

Los principios fueron remitidos a la Asamblea General tras dos años de deliberaciones por un Comité Especial, que los acordó en su tercera sesión de trabajo, los días 27 y 28 de julio en la sede de la ONU en Nueva York.

Los principios habían sido presentados originalmente por el Grupo de los 77 (G77, una alianza de países en desarrollo), y China.
Seis países votaron en contra de la resolución, incluido Estados Unidos, alegando que la ONU no es el foro adecuado para discutir la reestructuración de la deuda y que un mecanismo de ese tipo generaría incertidumbre en los mercados financieros.

La mayoría de los países industrializados boicotearon la sesión de trabajo del Comité Especial en julio, al igual que el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El derecho de los Estados a concebir su propia política macroeconómica, incluida la renegociación de su deuda soberana, sin que medidas abusivas la frustren o impidan, es uno de los principios acordados.

Además, la inmunidad soberana sobre la jurisdicción y ejecución respecto a la reestructuración de la deuda es un derecho de los Estados ante los tribunales nacionales extranjeros, y las excepciones deben interpretarse restrictivamente.

Otro principio es la sostenibilidad, que implica que la renegociación de la deuda debe apuntar a una situación estable en el Estado deudor, la preservación de los derechos de los acreedores, a la vez que promueve el crecimiento económico y el desarrollo sostenible.

Todo eso mientras se minimizan los costos socioeconómicos, se garantiza la estabilidad del sistema financiero internacional y se respetan los derechos humanos.

Otros principios son la buena fe, tanto del Estado deudor como de sus acreedores, la transparencia para mejorar la rendición de cuentas de los actores involucrados, y la imparcialidad de todas las instituciones y actores que participan en la reestructuración.

Asimismo, el trato equitativo de los acreedores, la legitimidad, o sea el respeto de los requisitos de inclusión y el estado de derecho, y la reestructuración mayoritaria, lo que implica que los acuerdos de renegociación de la deuda que sean aprobados por una mayoría de acreedores no deben ser impedidos por otros Estados ni por una minoría no representativa de acreedores.

El proceso de elaboración de estos principios incluyó numerosas sesiones de trabajo informales, donde los participantes discutieron las propuestas del G77 y China, junto con varios principios basados ​​en los resultados del Grupo de Trabajo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo sobre un Mecanismo de Renegociación de la Deuda.

Ese Grupo de Trabajo estaba integrado por expertos, juristas, inversores, responsables políticos y representantes de la sociedad civil.

Durante una de esas sesiones, el ganador del premio Nobel de Economía (2001) Joseph Stiglitz señaló a Argentina y Grecia como ejemplos recientes de países que padecieron a causa de los marcos inadecuados para la reestructuración de la deuda. En este contexto, las economías suelen caer en una profunda recesión, como ocurrió en ambos países, explicó. (...)"               (Manuel F. Montes y Adriano José Timossi , IPS, en Rebelión, 22/09/2015)

2.4.15

“Naciones Unidas elige a Bolivia para dirigir la nueva arquitectura financiera mundial”

"(...) La noticia suena a ciencia ficción, a delirio: “Naciones Unidas elige a Bolivia para dirigir la nueva arquitectura financiera mundial”. Sigamos escuchando, si es posible desde la buena leche: 

“La ONU eligió a Bolivia para presidir el comité especial que elaborará un marco jurídico multilateral que regule los procesos de reestructuración de deuda soberana. En Nueva York, los países miembros de la ONU eligieron al embajador boliviano Sacha Llorenti como presidente de ese comité.”

Parece mentira: no será Alemania, ni Estados Unidos, ni Japón, ni China el país modelo elegido para encabezar el trabajo destinado a instalar una nueva arquitectura financiera mundial que enfrentará al superpoder encarnado por los buitres. El comité presidido por Bolivia además “buscará garantizar el desarrollo sostenible de las naciones”.

Lo conseguido por Bolivia, hacia adentro y hacia afuera, no queda otra que reconocerlo. Evo Morales padeció burlas y afrentas. Recordemos y, de paso, veamos como la impunidad es pornografía. Cuatro países del envejecido Viejo Mundo (Portugal, Italia, España y Francia) el 3 de julio del 2013 prohibieron hacer escala al avión que trasladaba al presidente de Bolivia. Adujeron “problemas técnicos” en sus aeropuertos. (...)

Durante su primer gobierno Evo, aplicando el método cubano “Yo Sí Puedo”, alfabetizó 1.500.000 de secuestrados. En diciembre del 2008 la UNESCO declaró: “Bolivia, territorio libre de analfabetismo”. Evo lo demuestra: la paciencia es lo contrario de la resignación.
Hoy las Naciones Unidas eligen a Bolivia para dirigir “la nueva arquitectura financiera mundial”. 

No estamos soñando, estamos viendo lo que, por generaciones, dijimos que nosotros no íbamos a ver, ni nuestros hijos tampoco. Ahora lo sabemos: Bolivia anidaba otros yacimientos, además de los del oro y la plata, los incalculables yacimientos de la dignidad."         (Rodolfo Braceli , Cronicon.net, Attac Madrid, 31/03/2015)

12.3.15

Si Europa opta por un crecimiento sólido y sostenible, deberá reestructurar la deuda... En el caso de España, supondría olvidarse temporalmente de 400.000 millones

"(...) Una de las cuestiones claves será qué hacer con la deuda pública griega que alcanza la vertiginosa cifra de 245.000 millones de euros, un 175% de su PIB. Una cifra tan elevada Grecia no podrá pagarla aunque quisiera.

Pero la solución que se dé a Grecia debería tener una perspectiva mucho más amplia. La deuda pública de los 18 países que integran la eurozona supera los 9 billones de euros; el 94% de su PIB. 

La mayoría de países no cumplen con el Tratado de Maastricht, que obliga a que su deuda no supere el 60% del PIB. Bélgica, Italia, Irlanda, Portugal, y Grecia también, han superado con creces el 100%, mientras que otros países, entre ellos España, se encuentran próximos a esta cifra.

El problema no es solamente europeo, afecta también a otros países como Estados Unidos, con una deuda pública del 108% del PIB, o Japón con un 246%. Estos niveles de endeudamiento debilitan gravemente la democracia y la capacidad política de los gobiernos pues sus decisiones se hallan muy condicionadas por la reacción de los mercados financieros, que acaban imponiendo sus reglas. Ningún país tiene capacidad suficiente para actuar de forma aislada. 

Es imprescindible encontrar soluciones globales. La Unión Europea no puede esperar a que se llegue a un acuerdo a nivel mundial, hecho más que improbable, pero tampoco puede esperar a resolver sus problemas cuando le estallen entre las manos. Es bien sabido, desgraciadamente, que la palabra anticipación no es una palabra de moda en Bruselas. Preferirán maquillar la solución desplazando durante años una solución imposible.

A los gobiernos siempre les ha resultado más cómodo endeudarse, que eliminar gastos superfluos, aplicar recortes o aumentar —con justicia—  los impuestos. Los dirigentes políticos y económicos sueñan con que la recuperación irá reduciendo la relación deuda/PIB, especialmente si la inflación aumenta. Con esta excusa trasladan los problemas al futuro.

Teniendo presente la volatilidad del entorno económico mundial, el nivel de la deuda y los déficits existentes, confiar que un futuro crecimiento resolverá el problema no deja de ser una ilusión. En España, por ejemplo, el déficit del año 2015 alcanzará unos 50.000 millones, que redundarán en más deuda y en un mayor coste financiero. (...)

La crisis actual habría podido tener consecuencias todavía más perversas de no haber podido acceder a un endeudamiento masivo. España, desde el inicio de la crisis ha aumentado la deuda pública en más de 600.000 millones. Afortunadamente, el tipo de interés está en mínimos, pero no durará eternamente.

 ¿Cómo podrán los estados enfrentarse a una nueva posible crisis económica si ya no tiene margen para seguir endeudándose? ¿Cómo podrán hacer frente a una futura subida del tipo de interés? Lo que es evidente es que los países no pueden endeudarse indefinidamente.

Si Europa opta por un crecimiento sólido y sostenible, deberá reestructurar la deuda de algunos países y poner límite a futuros endeudamientos. En el caso de España, supondría olvidarse temporalmente de una deuda de 400.000 millones. No hay ninguna opción fácil y menos si incluye una quita, que políticamente sería inviable para los gobiernos europeos.
 
En cualquier caso, las consecuencias de reestructurar la deuda son graves para los acreedores y entre éstos, indirectamente, se encuentra gente humilde que ha confiado sus ahorros a fondos de pensiones o instrumentos financieros similares. No puede tener el mismo trato el pequeño ahorrador que los inversores especulativos. (...)"        (Francesc Raventós, Público, 04/02/2015)