El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró en privado al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que Estados Unidos entregaría a nueve líderes de la MS-13, incluidos varios informantes federales, a cambio de acceso a la megacárcel de El Salvador para detener a venezolanos deportados... Bukele consiguió liberar a jefes de pandillas que podrían exponer su presunto pacto con la MS-13 para reducir los índices de criminalidad... y Trump se aseguró un destino para su programa de deportaciones masivas (Drop Site News)

 "(...) El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró en privado al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que Estados Unidos entregaría a nueve líderes de la MS-13, incluidos varios informantes federales, a cambio de acceso a la megacárcel de El Salvador para detener a venezolanos deportados, según informaron funcionarios a la prensa de The Washington Post.  

La promesa, que exigía a la fiscal general Pam Bondi anular los acuerdos de protección del Departamento de Justicia, ha indignado a las autoridades estadounidenses, quienes afirman que delata años de trabajo encubierto y pone en peligro a los testigos que cooperan. 

El acuerdo favoreció los intereses de ambos líderes: el presidente Donald Trump aseguró una sede para su programa de deportaciones masivas, mientras que Bukele consiguió figuras de pandillas que podrían exponer su presunto pacto con la MS-13 para reducir los índices de criminalidad. Hasta el momento, solo se ha devuelto a un informante, pero jueces y fiscales están analizando el acuerdo, que, según los críticos, socava la credibilidad de Estados Unidos y protege al gobierno de Bukele de investigaciones por corrupción. (...)"

(Drop Site News,  20/10/25, traducción google)

El narcoestado de El Salvador de Bukele... Charli, líder de la facción llamada Revolucionarios del Barrio 18, cuenta detalles sobre cómo empezaron los acercamientos de su pandilla con el círculo de Bukele, los favores recibidos y cómo presuntamente las pandillas le ayudaron al ahora presidente por a llegar al poder... describe cómo las pandillas convirtieron a Bukele en un político relevante... es imposible entender el ascenso de Bukele al poder total sin su sociedad con las pandillas

 "Mientras miles de inocentes permanecen en condiciones inhumanas en las cárceles de El Salvador, uno de los más reconocidos líderes pandilleros del país centroamericano, Carlos Cartagena López, alias Charli de IVU, fue liberado en secreto por el Gobierno del presidente Nayib Bukele y ha ofrecido una entrevista mostrando su rostro y contando detalles sobre sus pactos al medio digital El Faro.

En una entrevista de 41 minutos, Charli, este importante líder de la facción llamada Revolucionarios del Barrio 18 se sienta en un cómodo sillón color arena vistiendo unos pantalones de mezclilla, tenis, gorra y una camisa negra en la que se lee “Just Do it”, el eslogan de Nike. Desde ahí cuenta, a veces hasta sonriente, detalles sobre cómo empezaron los acercamientos de su pandilla con el círculo de Bukele, los favores recibidos y cómo presuntamente las pandillas le ayudaron al ahora presidente por a llegar al poder.

Óscar Martínez, jefe de redacción de El Faro y coautor de la publicación dijo a EL PAÍS que “[esta entrevista] describe cómo las pandillas convirtieron a Bukele en un político relevante. Nos permite llegar a las conclusiones tajantes como que es imposible entender el ascenso de Bukele al poder total sin su sociedad con las pandillas”.

Bukele inició su llamada guerra contra las maras el 27 de marzo de 2022, luego de una masacre de 87 personas organizada por las estructuras criminales en todo el país. Esta masacre, según investigaciones periodísticas, se dio después de que se rompiera el pacto que el Gobierno mantenía en secreto con la Mara Salvatrucha 13 y las dos facciones del Barrio 18. Desde entonces, cerca de 85.000 personas han sido encarceladas en condiciones deplorables, sin derecho a defensa y cerca de 400 de ellas han muerto sin ser juzgadas, muchas con signos de tortura.

Este miércoles, otro medio salvadoreño, la revista Elementos, reveló que Charli fue capturado el 21 de abril de 2022 en un retén policial, 25 días después de iniciado el régimen de excepción. Pero luego de unos minutos no solo fue liberado sino que además fue “escoltado hasta su vivienda”, todo “por orden superior”. Un día después, ha salido publicada su entrevista en El Faro. Hasta el momento, Bukele no ha reaccionado a ninguna de las dos publicaciones.

Charli se volvió uno de los pandilleros más famosos en El Salvador tras protagonizar la miniserie Eighteen with a bullet, producida por BBC. En la serie, Charli, con solo 16 años, ya aparece como líder de uno de los bastiones más importantes del Barrio 18, la colonia IVU, en la capital. En el audiovisual, confiesa que ya ha cometido varios asesinatos y otros delitos. Su prontuario criminal se alargó con los años y actualmente es prófugo de la justicia.

Según la revista Elementos, al momento de su captura, Charli estaba acusado de un homicidio y 46 extorsiones incluyendo a una alcaldía y dos empresas. Durante el régimen de excepción, pero sobre todo en esos primeros meses, las autoridades detuvieron a miles de personas por razones tan genéricas como una denuncia anónima, tener tatuajes artísticos, ser familiar o vecino de un pandillero o simplemente por ponerse nerviosos al momento de una revisión policial. Muchas de esas personas siguen en prisión y otras han muerto sin ser condenadas.

Durante el Gobierno de Bukele, al menos otro líder pandillero ha sido liberado de manera ilegal. Se trata de Elmer Canales Rivera, alias Crook, uno de los máximos jefes de la MS-13 a nivel mundial. Crook fue solicitado en extradición por Estados Unidos a finales de 2020 porque se suponía que debía estar cumpliendo una condena de 40 años en una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Sin embargo, fue capturado en noviembre de 2023 en México, luego de que El Faro publicara que había sido liberado y trasladado hasta Guatemala con ayuda de un funcionario público.

Desde que el pacto entre Bukele y las pandillas se rompió, el Gobierno salvadoreño ha buscado de manera desesperada recuperar a los líderes pandilleros que conocen de sus pactos. Anteriormente también se conoció que el Gobierno llegó a ofrecer un millón de dólares al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a través de un intermediario para recuperar a Crook. Este lunes, CNN reveló que un hermano del presidente ofreció a la Administración de Donald Trump un 50% de descuento por el alquiler de su megacárcel para deportar migrantes si le devolvía a nueve líderes pandilleros bajo su custodia.

Bukele mantiene un discurso sin piedad contra las pandillas y se ha vendido como un ejemplo de combate al crimen a nivel mundial. Por su parte, la Administración republicana ha respaldado sus logros a pesar de conocer sus pactos. En diciembre de 2021, el Departamento de Estado sancionó a dos altos funcionarios salvadoreños por negociar con las pandillas una reducción de homicidios a cambio de beneficios carcelarios.

Impulsar a Bukele

El Faro entrevistó, además de Charli, a otro líder pandillero del Barrio 18. Este segundo mostró en cámara sus tatuajes alusivos a la pandilla pero pidió mantener su anonimato. Ambos cabecillas reconstruyen durante más de media hora detalles sobre los pactos de las pandillas con los gobiernos de Bukele.

Los dos aseguran que el acercamiento con el círculo Bukele empezó en el año 2014, cuando el actual presidente decidió lanzarse como candidato a alcalde de San Salvador. Bukele venía de ser el regidor de un pequeño municipio llamado Nuevo Cuscatlán y aspiraba a un cargo de trascendencia nacional.

“Acuérdense que quien domina San Salvador, domina todo. Lo importante para entonces era la alcaldía de San Salvador porque eso lo iba a impulsar hasta donde ha llegado ahora”, dice Charli.

Según ambos pandilleros, los acercamientos empezaron a través de Carlos Marroquín, un artista urbano conocido como Slip, que ha acompañado a Bukele en toda su carrera política hasta el día de hoy. Según diversas investigaciones periodísticas, Slip ha sido el principal enlace entre Bukele y las pandillas y es uno de los dos funcionarios del actual Gobierno sancionados por el Departamento de Estado. El otro es Osiris Luna, el director de Centros Penales.

Los pandilleros aseguran que como parte de las negociaciones, Marroquín les alertaba sobre operativos policiales que se dirigían hacia sus colonias y llevaba obras a las comunidades para congraciarse con ellos. “Él decía vengo a nombre de fulano y se va a hacer esto. Y se hacía”, afirma el otro pandillero entrevistado por El Faro.

De acuerdo con ambos líderes, Bukele pidió a cambio su respaldo. Esto consistía, en la práctica, en que los pandilleros amenazaran a los militantes de la oposición en sus colonias y obligaran a sus familias y vecinos a votar por él.

Tras ganar la alcaldía, Bukele logró intervenir el centro histórico de San Salvador, algo que ha vendido como la joya de la corona de su gestión. Ahí incrementó exponencialmente su popularidad hasta convertirse en candidato presidencial. Posteriormente, mantuvo su pacto hasta llegar al Gobierno central. Desde entonces El Salvador presentó una reducción de homicidios sin precedentes hasta que las pandillas dieron un golpe en la mesa con la masacre de marzo de 2022.

Sobre las negociaciones entre las pandillas salvadoreñas Barrio 18 y Mara Salvatrucha 13 con los diferentes Gobiernos de Nayib Bukele hay todo un inventario de pruebas: documentos de inteligencia penitenciaria, investigaciones fiscales, fotos, audios y hasta acusaciones del Departamento del Estado de Estados Unidos. Ahora se suman estos dos testimonios de líderes pandilleros que, por primera vez, cuentan detalles sobre los pactos.

Para Martínez, jefe de redacción de El Faro, las investigaciones sobre las negociaciones sobre los pactos entre Bukele y las pandillas aún no han terminado. “Hay cosas que todavía no sabemos. ¿por qué se desató la matanza de marzo de 2022? ¿liberaron a más gente? ¿por qué liberaron a Crook? El pacto de las pandillas con Bukele no es una cosa del pasado, es una cosa del presente de cómo un hombre llegó al poder total”, dijo."

( Bryan Avelar , El País, 02/05/25)

Bukele: la violencia del Estado tapa la corrupción sistémica... El presidente de El Salvador se ha convertido en un referente de la extrema derecha mundial por su política contra la delincuencia que ha derivado en una violación sistemática de los derechos humanos... Una de las investigaciones que fue cerrada por el fiscal general de Bukele fue el caso «Catedral». Ahí se descubrió una red arraigada dentro del gobierno involucrada en prácticas fraudulentas con los hermanos del presidente. Según la investigación, se crearon registros ficticios, el desvío de fondos y la negociación con los líderes de las maras

 "La extrema derecha mundial idolatra al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por su política de seguridad que ha derivado en la detención de cerca de una decena de miles de pandilleros y en una reducción de los delitos. En la cumbre ultra de la CPAC fue recibido como una verdadera estrella del rock.

Durante los años que lleva en la Presidencia de la república centroamericana, Bukele se ha ganado el apoyo de la práctica totalidad de los salvadoreños gracias a los resultados de esa política de seguridad, en la que se están violando de manera sistemática los derechos humanos y en la que se está aprovechando para encarcelar a opositores a activistas, y a una supuesta guerra contra la corrupción que no es tal.

Según indica un informe del Institute for Policy Studies, al que Diario16 ha tenido acceso, en El Salvador de Bukele existe una corrupción generalizada en torno a los préstamos externos que llegaron al país.

«El Salvador recibió un préstamo de emergencia de 389 millones de dólares del FMI para el alivio inmediato de la pandemia. Luego de ese préstamo, el entonces Fiscal General de la República, Raúl Melara, inició una investigación criminal que se conoció como Operación Catedral. Esta reveló una compleja red de prácticas fraudulentas en varios departamentos de la administración de Bukele que fueron supervisadas por tres de los hermanos de Bukele; Karim, Ibrajim y Yusef, así como su primo y jefe de Nuevas Ideas, Xavier Zablah. Cuando el bloque legislativo pro-Bukele reemplazó a Melara el 1 de mayo de 2021 por Rodolfo Delgado, este último rápidamente disolvió la investigación. La Asamblea Legislativa controlada por Bukele más tarde aprobó una ley que bloquea cualquier escrutinio de las compras relativas a la pandemia por parte de las agencias gubernamentales y otorga inmunidad a los acusados de malversar fondos de ayuda para el Covid 19», afirma el informe.

El gobierno salvadoreño declaró el estado de emergencia en marzo de 2020 por la pandemia de Covid19. Esto provocó que las instituciones retuvieran toda información pública de manera indefinida. Precisamente, El Salvador fue uno de los países con menor acceso a la información pública durante la pandemia, lo que obstaculizó el control de la respuesta de Bukele a la crisis sanitaria y el gasto de emergencia.

Fue aprobado un préstamo de 2.000 millones de dólares para responder a la pandemia, lo que fue aprovechado por Bukele para manejar de manera indiscriminada el presupuesto. A finales de 2020, se detectaron gravísimas irregularidades en dos tercios de todas las adquisiciones de contratación pública, según señalaron los informes de los fiscales de corrupción pública que fueron destituidos posteriormente por Bukele.

En concreto, la Fundación Nacional para el Desarrollo registró 20 casos de mala conducta financiera y poca transparencia en el uso de los recursos públicos en 2020. Bukele fue acusado de distribución partidista de ayuda financiera de emergencia, de eliminar los registros públicos de gastos, de impedir las inspecciones a los gastos de emergencia y de no presentar informes a la Asamblea Legislativa.

Mientras Fiscalía investigaba estas irregularidades, el gobierno se protegía de la inspección suspendiendo el acceso a la información pública. En noviembre de 2020, la creciente sospecha sobre malversación de fondos llevó a la Fiscalía General a iniciar una investigación para determinar si esas irregularidades constituían delitos de corrupción.

El gobierno de Bukele eludió la rendición de cuentas gracias a las elecciones legislativas de febrero de 2021. El partido del presidente obtuvo entonces la mayoría absoluta, lo que aprovechó para imponer su poder autoritario.

En la primera sesión de la Asamblea Legislativa, celebrada en mayo de 2021, se destituyó al fiscal general, alegando sus vínculos con un partido de la oposición. Todos los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia fueron destituidos por una sentencia dictada contra el Ministerio de Salud.

La Asamblea Nacional nombró entonces a nuevos magistrados y fiscales generales afines a Bukele. Meses después, en agosto de 2021, promulgó una reforma que jubilaba de manera forzosa a todos los jueces mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio. La nueva Corte Suprema de partidarios de Bukele designó a 98 jueces para reemplazar a los salientes, sin seguir el procedimiento legal establecido para tal fin.

Así, el gobierno salvadoreño también gozó de impunidad completa, hecho que se reforzó con la aprobación de una ley que prohibía la auditoría de las compras gubernamentales relacionadas con la pandemia y otorgaba a los funcionarios públicos protección frente a sus responsabilidades civiles y penales.

Por su parte, Rodolfo Delgado, el fiscal general puesto a dedo por Bukele cerró todas las investigaciones. A pesar de las acusaciones de esquemas y tramas de corrupción multimillonarias relacionadas con la pandemia, el presidente salvadoreño logró imponer la impunidad.

Una de las investigaciones que fue cerrada por el fiscal general de Bukele fue el caso «Catedral». Ahí se descubrió una red arraigada dentro del gobierno involucrada en prácticas fraudulentas con los hermanos del presidente.

Según la investigación, se crearon registros ficticios, el desvío de fondos y la negociación con los líderes de las maras. La destitución del fiscal general, destinada única y exclusivamente a detener estas investigaciones sobre los hermanos de Bukele, sacó a la luz tanto las cuestionables actividades criminales llevadas a cabo por el entorno familiar del presidente como el intento de eliminar cualquier control judicial que los amenazara.

Finalmente, en junio de 2021, Bukele eliminó todas las restricciones de supervisión y controles. La OEA denunció los intentos del gobierno de «impedir el avance en las investigaciones sobre las denuncias de corrupción de la actual administración» e «inducir a investigar exclusivamente las acciones de los políticos de la oposición».

Bukele, además, está contando con la complicidad de las potencias económicas del continente americano: Estados Unidos y Canadá. En la actualidad ni el gobierno de Biden ni el de Trudeau se están oponiendo a un préstamo de 1.300 millones de dólares que se está negociando con el Fondo Monetario Internacional.

Tanto el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como el propio FMI expresaron serias dudas sobre todo por la falta de transparencia presupuestaria y por la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador.

El cambio de actitud estadounidense hacia Bukele, un mandatario que viola la Constitución salvadoreña, suspende las libertades civiles y socava los controles democráticos del poder ejecutivo, ha coincidido con las declaraciones de importantes miembros del FMI en favor de la concesión de ese préstamo.

Sin embargo, con los precedentes existentes, hay gran preocupación en El Salvador porque es más que probable que ese dinero sea malversado o mal utilizado. Por ejemplo, en 2021, recibió un préstamo de 600 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para brindar alivio a las pequeñas empresas afectadas negativamente por la pandemia de Covid19. Una investigación del Proyecto de Denuncias de Crimen Organizado y Corrupción encontró que Bukele desvió 200 millones de dólares de ese préstamo para pagar la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal."               (José Antonio Gómez , Diario16, 26/05/24)

Detrás de la revolución de Bukele... la popularidad de Bukele entre los salvadoreños de a pie es innegable, y no sorprende que respalden abrumadoramente a un líder que ha asestado un golpe decisivo a las bandas callejeras que los aterrorizaron durante décadas... es poco probable que las advertencias sobre un retroceso democrático o un autoritarismo progresivo les hagan cambiar de opinión... Muchos salvadoreños no sienten más que desprecio por los anteriores partidos gobernantes del país, porque no cumplieron la función básica del Estado de proteger a los ciudadanos de la violencia criminal desenfrenada. Bukele lo ha hecho, con un estado de excepción que ha permitido el encarcelamiento del 2% de la población, sin ningún tipo de garantías procesales... para la mayoría de los votantes, estas injusticias son un precio que merece la pena pagar... por ejemplo, a raíz de las huelgas de los trabajadores de los servicios públicos, el gobierno encarceló de forma expeditiva a los trabajadores en el marco del actual estado de excepción... la única crítica que se suele oír de los salvadoreños medios es que las oportunidades económicas siguen siendo escasas

 "El domingo alrededor de las 7 p.m., el presidente de El Salvador de 42 años, Nayib Bukele, anunció en X, la aplicación antes conocida como Twitter, que él y su partido, Nuevas Ideas, habían establecido "un récord en la historia del mundo democrático", ganando más del 85 por ciento de los votos presidenciales y al menos 58 de los 60 escaños en la asamblea nacional. Unas horas más tarde, se presentó ante una multitud jubilosa reunida frente al Palacio Nacional, ataviado con su característico uniforme de tecnócrata: vaqueros, zapatillas de deporte y camisa beige sin cuello. En su discurso, reiteró la idea de batir récords: Nunca antes en la historia de la democracia, declaró, se había ratificado un proyecto político con una mayoría tan abrumadora, con un margen de victoria tan amplio sobre sus oponentes.

 Las cifras anunciadas por Bukele aún no han sido ratificadas por el Tribunal Supremo Electoral, lo que para sus detractores no es más que el último indicio de que lo que ha roto no son los récords históricos, sino la propia democracia salvadoreña. Ha llenado de leales no sólo la Asamblea Legislativa, sino también la Corte Suprema y la Fiscalía General, sin dejar ningún control contra su poder. El hecho de que se le permitiera presentarse y ganar un segundo mandato, violando una prohibición constitucional, es prueba suficiente de ello. Desde el momento en que Bukele anunció que se presentaba a la reelección, su victoria nunca estuvo en duda, por lo que la única cuestión real era el tamaño de la mayoría de su partido en la legislatura. El domingo por la noche, los votantes parecieron responder rotundamente a esa pregunta, aunque, dada la falta de resultados oficiales, persisten algunas dudas sobre la verdadera magnitud de la victoria.

En cualquier caso, la popularidad de Bukele entre los salvadoreños de a pie es innegable, y no sorprende que respalden abrumadoramente a un líder que ha asestado un golpe decisivo a las bandas callejeras que los aterrorizaron durante décadas. Pero al entrar en su segundo mandato, lo que sigue siendo menos seguro es si es capaz de convertir sus logros en materia de ley y orden -conseguidos mediante la prolongación indefinida del estado de excepción- en un modelo de gobierno duradero, y si es capaz de alcanzar un nivel de desarrollo económico que pueda situar al país en una nueva posición.

 Los partidarios y detractores de Bukele están de acuerdo en una cosa: Bukele ha demolido completamente el orden político establecido cuando la horrible guerra civil de El Salvador llegó a su fin en 1992. Ya en las elecciones legislativas de 2021, dos años después del inicio del mandato de Bukele, Nuevas Ideas redujo a los dos partidos anteriormente dominantes -el derechista ARENA y el izquierdista FMLN- a la categoría de partidos basura. Para la inmensa mayoría de los salvadoreños, al parecer, se trata de una evolución positiva, y es poco probable que las advertencias sobre un retroceso democrático o un autoritarismo progresivo les hagan cambiar de opinión.

La razón de esto es bastante simple: en casi todos los aspectos, el país está mejor hoy que cuando Bukele asumió el cargo en 2019. Las pandillas rivales que ejercían el control de facto sobre gran parte del país, La Mara Salvatrucha y Barrio 13, hicieron de la extorsión y el asesinato parte de la vida cotidiana; durante algún tiempo, el país fue considerado uno de los más peligrosos del planeta, a la par con Siria y Somalia, devastadas por la guerra. Tras el primer mandato de Bukele, al menos según las cifras oficiales, El Salvador es el país más seguro de América Latina y rivaliza con Canadá en el hemisferio occidental en homicidios per cápita.

 Muchos salvadoreños no sienten más que desprecio por los anteriores partidos gobernantes del país, porque no cumplieron la función básica del Estado de proteger a los ciudadanos de la violencia criminal desenfrenada. Bukele lo ha hecho, a un coste que sus críticos consideran demasiado elevado: un estado de excepción que ha durado dos años y ha permitido el encarcelamiento de cerca de 75.000 personas, aproximadamente el 2% de la población, sin ningún tipo de garantías procesales. Nadie se hace ilusiones de que no haya habido inocentes en esta redada; de hecho, el gobierno lo ha admitido y ha liberado a algunos presos. Pero los resultados electorales parecen demostrar que, para la mayoría de los votantes, estas injusticias son un precio que merece la pena pagar.

Bukele no fue en absoluto el primer jefe del ejecutivo salvadoreño o latinoamericano que declaró el estado de excepción para hacer frente a la delincuencia violenta o que adoptó un enfoque de "mano dura" contra las bandas. Sus predecesores del partido derechista ARENA, que ocupó la presidencia de 1992 a 2009, adoptaron en repetidas ocasiones políticas de mano dura contra las bandas, que sólo consiguieron aumentar los niveles de violencia. La llegada del izquierdista FMLN a la presidencia en 2009 trajo consigo una nueva estrategia de seguridad. De cara al exterior, el primer presidente del partido, Mauricio Funes, continuó con las mismas políticas de mano dura que sus predecesores de ARENA, pero, de forma encubierta, los funcionarios nacionales y municipales del FMLN comenzaron a negociar con los líderes de las bandas. A cambio de privilegios y beneficios del gobierno, las bandas accedieron a limitar la violencia.

El ascenso inicial de Bukele a la prominencia se produjo durante este período de ascenso del FMLN; en 2013, se convirtió en alcalde del pequeño municipio de Nuevo Cuscatlán como candidato del partido de izquierda, con el que su familia había estado asociada durante mucho tiempo. Luego ascendió a la alcaldía de San Salvador, siempre por el FMLN. Curiosamente, dada su actual reputación de partidario de la mano dura contra el crimen, Bukele tenía fama de ser uno de los administradores más eficaces del FMLN en las negociaciones secretas entre las bandas y el Estado como alcalde de San Salvador. Las mejoras de seguridad resultantes le permitieron revitalizar el centro de San Salvador. Entre 2015 -cuando Bukele se convirtió en alcalde- y 2020, San Salvador registró una reducción de 106 homicidios, frente a los más de 500 registrados. Durante el mismo período, bajo el predecesor de Bukele en la presidencia, Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, la tasa nacional de homicidios disminuyó un 70 por ciento, a 36 por cada 100.000, frente a 103.

Se ha afirmado que, tras convertirse en presidente, Bukele siguió negociando con los líderes de las bandas, aunque él lo niega, pero en cualquier caso, no fue hasta el tercer año de su mandato cuando impuso el estado de excepción por el que se ha hecho más conocido. Antes de eso, parecía que la estrategia de seguridad que el presidente había adoptado de sus predecesores seguiría dando resultados. A principios de 2022, los homicidios habían caído a su punto más bajo en 25 años. Pero esta relativa paz se rompió repentina y agriamente tras un repunte de 87 asesinatos durante un solo fin de semana de marzo de 2022.

Al principio, había pocos indicios de que el estado de excepción decretado por Bukele fuera a tener más que un éxito limitado. Al igual que las políticas de mano dura, los estados de excepción se han utilizado y reutilizado en toda América Latina y rara vez han logrado avances duraderos en materia de seguridad. Pero casi dos años después, los esfuerzos de Bukele han llevado la delincuencia violenta a un nivel que nadie creía posible en el país o en la región. En 2022, los homicidios descendieron a 7,8 por 100.000, frente a los 17 por 100.000 de 2021. Y en 2023, los homicidios cayeron a un sorprendente 2,3 por 100.000, y se espera que la tasa caiga a 1,6 por 100.000 este año. Y el descenso de los homicidios ni siquiera cuenta la historia completa. Según todos los indicios, la extorsión -el principal medio de financiación de las bandas- ha sido prácticamente eliminada.

¿Por qué el estado de excepción de El Salvador ha tenido éxito donde tantos otros han fracasado? La respuesta sencilla es que, en contra de los tópicos de muchos progresistas, el encarcelamiento es un remedio crucial contra la delincuencia violenta. Más concretamente, el éxito de las políticas de mano dura contra la delincuencia depende de la reducción de la impunidad. El problema de las políticas de mano dura en América Latina suele ser que no abordan la debilidad subyacente del sistema judicial en Estados como El Salvador. Hasta 2022, menos de 3 de cada 100 detenciones en el país acababan en condena. Bajo el actual estado de excepción, efectivamente todos los que son arrestados van a la cárcel, y la suspensión de las garantías constitucionales permite condenas fáciles a través de juicios masivos a presuntos pandilleros.

En otras palabras, cuando el Estado priva a los ciudadanos de sus derechos individuales, reducir la delincuencia se convierte en una perspectiva menos desalentadora. Esta es la razón por la que las dictaduras pasadas y presentes de América Latina han sido normalmente mejores en el control de la delincuencia violenta. Bukele, que en su día se autodenominó juguetonamente "el dictador más guay del mundo" en su biografía de Twitter -ahora dice "rey filósofo"-, necesitaba el control total del poder legislativo y de los tribunales para lograr lo que ha conseguido en materia de seguridad; así lo reconoció en su discurso de victoria del domingo por la noche. Por este motivo, otros líderes regionales que intenten emular su modelo podrían verse incapaces de repetir sus resultados, a menos que primero sean capaces de hacerse con el control casi total del Estado.

La profunda impopularidad de los partidos tradicionales de derecha e izquierda se deriva, además de su incapacidad para garantizar la seguridad, de su incapacidad para mejorar la situación económica de la población. No está tan claro que Bukele pueda mejorar sus resultados en este ámbito. Con una mano de obra formal de sólo el 30% y una economía basada principalmente en el turismo, los textiles de baja calidad y un puñado de cultivos comerciales, El Salvador depende en gran medida tanto de las importaciones como de las remesas de su gran diáspora en Estados Unidos. El nivel de seguridad alcanzado con Bukele ha impulsado el turismo y promete atraer más inversión extranjera, pero no altera la ecuación básica.

En el frente del desarrollo, Bukele se ha mostrado ambicioso, pero no tan centrado o decidido como en el ámbito de la seguridad pública. Durante su mandato ha mostrado tendencias contrapuestas hacia las políticas neoliberales favorables al mercado y el populismo económico. En la primera categoría, ha promovido el libre comercio y ha ofrecido exenciones fiscales a las empresas tecnológicas interesadas en hacer negocios en El Salvador. También ha recortado drásticamente la financiación de los servicios públicos y ha privatizado el suministro de agua en el país. A raíz de las huelgas de los trabajadores de los servicios públicos, el gobierno encarceló de forma expeditiva a los trabajadores en el marco del actual estado de excepción. En 2023, las autoridades detuvieron a trabajadores municipales en huelga en San Salvador por exigir meses de salarios atrasados.

Por otra parte, Bukele ha defendido importantes proyectos de obras públicas. De hecho, gran parte de su popularidad como alcalde de San Salvador, que impulsó su ascenso a la presidencia, se debió a la revitalización y embellecimiento del centro histórico de la ciudad. Al otro lado de la plaza central, desde donde pronunció su discurso el domingo por la noche, se levantaba la recién inaugurada biblioteca nacional, un reluciente edificio de cristal construido con el apoyo del gobierno chino. El anterior gobierno izquierdista del FMLN normalizó las relaciones diplomáticas con la República Popular en 2018, al tiempo que puso fin al reconocimiento de Taiwán, pero es Bukele quien ha cosechado los beneficios políticos y económicos de la creciente cooperación con el Reino del Medio. También se está construyendo un nuevo estadio nacional de fútbol gracias a la generosidad -y las ambiciones geopolíticas- de Xi Jinping.

Dados los elevados niveles de gasto en obras públicas que ha supervisado, Bukele no es un halcón de la deuda; la relación deuda/PIB de El Salvador se ha mantenido en torno al 73% desde que asumió el cargo. El gasto social también ha desempeñado un papel importante: Durante su primer mandato, la legislatura aumentó las pensiones en un 30% y el salario mínimo en un 20%, al tiempo que amplió la distribución de alimentos durante la pandemia. Nada de esto es tan sorprendente: Los antiguos miembros del FMLN desempeñan un papel importante en Nuevas Ideas, y el partido ha logrado la hegemonía cooptando muchas de las promesas económicas de la izquierda, así como las promesas de seguridad de la derecha.

El área de la política económica en la que Bukele ha intentado dar un nuevo golpe de timón es su apuesta sin precedentes por las criptomonedas. El 7 de septiembre de 2021, declaró el Bitcoin moneda de curso legal junto con el dólar estadounidense, que el país adoptó como moneda a principios de la década de 2000. El momento resultó desafortunado: El precio del Bitcoin se desplomó casi un 70% en junio de 2022. Tras haber invertido más de 100.000 millones de dólares en criptomonedas procedentes de las arcas públicas del país, El Salvador estuvo al borde del impago a lo largo de 2022. A finales de año, Bukele sufrió un golpe humillante, ya que el país se vio obligado a recomprar importantes sumas de su propia deuda. Las encuestas muestran que la adopción de Bitcoin es, de lejos, la medida más impopular del gobierno.

A principios de 2024, El Salvador consiguió recuperar la mayor parte de sus pérdidas asociadas a las criptomonedas, lo que permitió a Bukele dar una vuelta triunfal. Pero hasta ahora hay pocos indicios de que El Salvador esté en la senda de un desarrollo económico más amplio bajo su mandato. A pesar de los beneficios de una menor delincuencia, el crecimiento del PIB se mantiene prácticamente sin cambios desde que Bukele asumió el cargo, en torno al 2 por ciento; una cifra que sigue siendo la más baja de Centroamérica. Los avances en materia de seguridad han reducido a la mitad la tasa de emigración de El Salvador y han fomentado la repatriación, pero siguen llegando salvadoreños a la frontera sur de Estados Unidos, unos 100.000 al año. A pesar de la inmensa popularidad de Bukele, la única crítica que se suele oír de los salvadoreños medios es que las oportunidades económicas siguen siendo escasas.

Cuando Bukele terminó su discurso triunfal, sonó por los altavoces "It's the End of the World As We Know It (and I Feel Fine)" de REM. Habría sido difícil encontrar una selección mejor: Independientemente de la preocupación que suscitara en otras partes la consolidación en el poder de un presidente que ya lleva dos mandatos, el público se sentía ciertamente bien, mejor que bien. El escenario más probable en el que esto deje de ser así es si el país sigue tambaleándose económicamente o, peor aún, se enfrenta a una grave recesión económica. En ese caso, los salvadoreños tendrán que decidir si les sigue pareciendo bien que el presidente controle por completo las instituciones del país."

(Juan David Rojas,  Geoff Shullenberger , Compact, 05/02/24; traducción DEEPL)

El estado de excepción en El Salvador es una declaración de facto de la ley marcial... que se está utilizando para criminalizar la protesta y perseguir a los disidentes, con los líderes sindicales del sector público y las comunidades rurales organizadas en el punto de mira... en el campo, las fuerzas de seguridad de Bukele han utilizado el pretexto de la lucha contra las bandas para asediar bastiones históricos de la militancia y la resistencia populares, como las Comunidades Cristianas de Base... pero, la mayoría de los salvadoreños sigue apoyando la represión. Se ha demostrado que la actividad de las bandas callejeras ha disminuido en las comunidades de clase trabajadora que han sufrido la extorsión y la violencia durante décadas... Independientemente de los siniestros pactos que pueda ocultar, el respiro temporal ha renovado el apoyo popular a Bukele, justo a tiempo para las próximas elecciones... mientras la militarización encubre el acaparamiento de tierras para las industrias extractivas y el desarrollo inmobiliario para el turismo costero.

 "Cuando El Salvador celebre su Día de la Independencia a mediados de septiembre, llevará año y medio en un Estado de Excepción indefinido. Elegido en junio de 2019, el presidente Nayib Bukele, joven millonario y antiguo relaciones públicas, ha remilitarizado la política y criminalizado la disidencia; su régimen, cada vez más autoritario, ha suscitado comparaciones con las décadas más oscuras de gobierno militar y represión del país. La diferencia, por ahora, es la perdurable popularidad de Bukele. Está a punto de conseguir un segundo mandato ilegal en las próximas elecciones de 2024.

La maquinaria propagandística de Bukele le ha granjeado renombre y notoriedad en todo el mundo. Mediante el uso estratégico de personas influyentes a sueldo, trolls y contenido "inspirador", se ha forjado una imagen mesiánica. Su extravagante visión del país -rebautizarlo como centro de inversiones tecnológicas, utilizar la criptomoneda como moneda de curso legal, desviar recursos de energía geotérmica a la minería de bitcoins- se desplomó con el precio del bitcoin el año pasado. Sin embargo, no tardó en consolidar su gobierno y neutralizar el descontento por la vacilante economía, adoptando políticas de seguridad draconianas que han mantenido sus índices de aprobación y se han convertido en un punto de referencia para aspirantes a autócratas de todo el hemisferio.

 El partido Nuevas Ideas (NI) de Bukele impuso el Estado de Excepción el 27 de marzo de 2022, después de que la ruptura de las negociaciones secretas entre el gobierno y las bandas criminales del país desembocara en una oleada de asesinatos masivos que se saldaron con 74 personas muertas en un solo fin de semana. Desde entonces, la orden de treinta días se ha renovado diecisiete veces y contando. Se trata de una declaración de facto de la ley marcial, que suspende garantías constitucionales como el derecho al debido proceso, la libertad de asociación, la presunción de inocencia, el derecho a la asistencia letrada y la protección frente a registros e incautaciones ilegales.

En este vacío constitucional, Bukele ha librado su llamada "guerra contra las bandas". Hasta la fecha se ha detenido a más de 72.000 personas, y sólo 7.000 han sido puestas en libertad por falta de pruebas. La población carcelaria casi se ha triplicado. Con el 2% de su población entre rejas, la tasa de encarcelamiento de El Salvador supera incluso a la de Estados Unidos. A los reclusos se les niega el contacto con sus familias o representantes legales; los supervivientes denuncian condiciones de hacinamiento, enfermedades, inanición y tortura. En julio, el grupo de asistencia jurídica Socorro Jurídico Humanitario confirmó al menos 170 muertes bajo custodia, 84 de las cuales parecían ser violentas y otras 52 el resultado de una aparente negligencia médica. A principios de septiembre, el número de víctimas había superado las 180. Según la organización sin ánimo de lucro Cristosal, ni uno solo había sido condenado por un delito.

 Analizando los datos de marzo de 2022 a enero de 2023, Cristosal descubrió que más del 99% de los detenidos se enfrentaban a cargos limitados a la afiliación a bandas; menos del 1% están acusados de cometer actos delictivos graves como extorsión, asalto u homicidio. Gracias a otras reformas penales impulsadas en las últimas semanas, los sospechosos serán procesados por centenares en juicios masivos. Los legisladores también han eliminado el límite de dos años de prisión preventiva, al tiempo que han multiplicado la duración de las penas de cárcel para los miembros de las bandas, incluidos los menores.

A pesar de estos horrores, la mayoría de los salvadoreños sigue apoyando la represión. Se ha demostrado que la actividad de las bandas callejeras ha disminuido en las comunidades de clase trabajadora que han sufrido la extorsión y la violencia durante décadas. Independientemente de los siniestros pactos que pueda ocultar, el respiro temporal ha renovado el apoyo popular a Bukele, justo a tiempo para las próximas elecciones.

 Sin embargo, la represión no ha pasado desapercibida. Mientras los grupos de asistencia jurídica y derechos humanos se afanan por prestar servicios y documentar los abusos, organizaciones como el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) movilizan a los familiares de los encarcelados. El MOVIR, que forma parte de la principal coalición de la oposición, el Bloque de Rebelión Popular y Resistencia (BRP), lucha por desestigmatizar a las víctimas y proporcionar apoyo a las familias que luchan por encontrar abogados, tener noticias de sus seres queridos o llegar a fin de mes sin ellos. Como era de esperar, estos grupos son objeto de acoso y persecución. El Estado de Excepción no sólo se ha dirigido contra presuntos miembros de bandas y desafortunados transeúntes; también se está utilizando para criminalizar la protesta y perseguir a los disidentes, con los líderes sindicales del sector público y las comunidades rurales organizadas en el punto de mira.

 Las condiciones de los trabajadores del sector público se han deteriorado notablemente bajo el gobierno de Bukele, falto de ingresos. Decenas de miles han sido despedidos desde 2019; el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MDT) contabilizó más de 2.500 empleados legislativos, 3.800 empleados municipales despedidos de municipios gestionados por NI y 14.000 de instituciones del gobierno central. Los que han conservado su empleo se enfrentan a la represión del Estado. Según el MDT, al menos dieciséis sindicalistas del sector público han sido detenidos en virtud del Estado de Excepción, muchos de ellos durante disputas por salarios impagados.

 En el campo, las fuerzas de seguridad de Bukele han utilizado el pretexto de la lucha contra las bandas para asediar bastiones históricos de la militancia y la resistencia populares, como las Comunidades Cristianas de Base inspiradas en la Teología de la Liberación y los pueblos "repoblados" que fueron reasentados por refugiados organizados en territorio liberado del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) durante la guerra civil. En enero, los "Cinco de Santa Marta" -un grupo de activistas de Cabañas que convirtieron una lucha local contra la extracción de oro tóxico en una campaña nacional para prohibir la minería de metales- fueron encarcelados. El trato que recibieron provocó la indignación internacional. Pero en todo el país se han producido campañas de detenciones masivas, acoso militar y ocupación, dirigidas contra campesinos organizados de la región del Bajo Lempa y comunidades repobladas como Nuevo Gualcho, en el este de Usulután. Los residentes, muchos de ellos supervivientes del terror estatal de una generación anterior, advierten de que la militarización encubre el acaparamiento de tierras para las industrias extractivas y el desarrollo inmobiliario para el turismo costero.

 El Estado de Excepción ha proporcionado así al presidente un arma poderosa. Pero mucho antes de esto, Bukele ya utilizaba el lawfare para incapacitar y desmoralizar a su oposición. Llegó al poder aprovechando los discursos anticorrupción imperantes contra sus oponentes tanto de derechas como de izquierdas, estableciendo falsas equivalencias entre la clase oligárquica gobernante y los exguerrilleros de su antiguo partido, el FMLN. El acoso a periodistas y trabajadores de ONG ha suscitado una condena generalizada, pero el procesamiento, encarcelamiento y exilio de políticos de izquierdas ha provocado menos simpatía, un testimonio del éxito de los esfuerzos por desacreditar a sus predecesores progresistas.

Desde la elección de Bukele, unas dos docenas de ex miembros del gabinete del FMLN, cargos electos y dirigentes del partido se han enfrentado a acusaciones de corrupción inventadas. Entre ellos se encuentran el primer presidente del FMLN, Mauricio Funes, así como el ex comandante guerrillero y ex presidente Salvador Sánchez Cerén, ambos asilados en Nicaragua. Estos antiguos políticos, muchos de ellos excombatientes de edad avanzada, se enfrentan a una serie de acusaciones entre endebles y totalmente falsas de malversación de fondos, blanqueo de dinero e incluso participación en bandas delictivas por los esfuerzos del gobierno de Funes para apoyar una malograda tregua de 2012 entre los grupos criminales enfrentados del país.

 Además de debilitar a los líderes de la oposición, estos enjuiciamientos han contribuido a borrar de la memoria popular los logros sociales del gobierno del FMLN, creando una marea despolitizadora de cinismo, así como de rencor hacia la izquierda. En términos electorales, los muy publicitados procesamientos de dirigentes del partido, junto con la represión generalizada de sus bastiones históricos de apoyo, han neutralizado efectivamente al FMLN como fuerza política. Por si fuera poco, Bukele también ha perjudicado a adversarios selectos del partido ARENA, notoriamente corrupto, que implementó la reestructuración neoliberal de la economía durante cuatro mandatos consecutivos de 1989 a 2009. Entre ellos se encuentran el ex presidente Alfredo Cristiani, exiliado en Europa, y el menos afortunado ex alcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, que ha pasado más de dos años entre rejas.  

En consecuencia, ningún actor político representa una amenaza creíble para Bukele y su partido en las próximas elecciones, que contarán con votaciones legislativas y presidenciales en febrero y municipales en marzo. A pesar de su gran popularidad y de la ausencia de rivales viables, Bukele está haciendo todo lo posible para aislar su proyecto de la democracia. La Constitución de El Salvador prohíbe los mandatos presidenciales consecutivos, pero en 2021, la nueva supermayoría legislativa de NI destituyó ilegalmente al Fiscal General junto con toda la corte constitucional, y los sustituyó por leales que autorizaron obedientemente la candidatura de Bukele.

En junio de este año, con el proceso de primarias ya en marcha, el partido de Bukele impuso un paquete de cambios electorales sísmicos que literalmente redibujaron el mapa de la democracia salvadoreña. Los legisladores votaron a favor de eliminar el 83% de los municipios, reduciendo su número de 262 a 44, y de reducir de 84 a 60 el número de escaños legislativos. También se suprimió el método de reparto de escaños restantes, que había favorecido a los partidos políticos más pequeños. Según las nuevas medidas, los municipios restantes se convertirán en distritos, que serán gobernados por gestores no electos nombrados por el presidente. Como resumió el BRP en un comunicado, las reformas están diseñadas para impedir que los partidos de la oposición recuperen el poder en los municipios gobernados por NI; para garantizar la sobrerrepresentación de NI en el poder legislativo; para eliminar la autonomía local; y para centralizar el poder en el ejecutivo, garantizando el gobierno de un solo partido en todos los niveles de gobierno.

La espiral autocrática de El Salvador, antaño faro de los revolucionarios internacionalistas y luego ejemplo de transición liberal-democrática, es trágica y alarmante. En el contexto regional, sin embargo, la trayectoria del país no es excepcional. Las tenues democracias burguesas de posguerra de Centroamérica, aunque gobernadas por regímenes muy diferentes, se han visto todas sacudidas por la crisis en los últimos años. Esto habla del profundo agotamiento de una economía política neoliberal que ha reproducido el papel subordinado del istmo en el sistema mundial capitalista desde la derrota de los movimientos insurgentes de los años ochenta. Aunque los acuerdos de paz de los años noventa desmantelaron las dictaduras militares y desmovilizaron a los antiguos insurgentes, las economías altamente desiguales de la región siguieron dependiendo de las vastas reservas de mano de obra barata y de las exportaciones con destino a Estados Unidos. En un panorama desregulado de escaso empleo formal y salarios de miseria, millones de personas fueron desplazadas a Estados Unidos. Allí, su mano de obra alimentó los segmentos más bajos del creciente sector servicios de la economía desindustrializada, mientras que sus remesas se convirtieron en una fuente cada vez más importante de ingresos para los hogares y de divisas para sus países de origen.

Las sucesivas sacudidas de la crisis financiera mundial y Covid-19 han dejado al descubierto estas contradicciones. Esto ha producido respuestas divergentes, incluso dentro del propio El Salvador. La breve conquista del poder estatal por parte del FMLN sugirió, en el mejor de los casos, una salida emancipadora de los escombros del neoliberalismo, la oligarquía y la dependencia, una promesa que ha impulsado a fuerzas populares progresistas al poder en Honduras y, más recientemente, en Guatemala. Sin embargo, la trayectoria del FMLN también ofrece una sombría advertencia sobre los límites de la transformación dentro del sistema existente. Es una lección que Bukele se ha tomado muy en serio.

Bukele no ofrece soluciones reales a la crisis de El Salvador. Con sus cripto sueños frustrados, ha abrazado una estrategia de acumulación familiar impulsada por la inversión extranjera y centrada en el turismo y la exportación de emigrantes con salarios bajos, productos de maquila y servicios de centros de llamadas a Estados Unidos. Este programa no ha conseguido mejorar las perspectivas económicas del país y, aunque la ofensiva contra las bandas ha elevado los índices de aprobación de Bukele, las preocupaciones económicas siguen encabezando la lista de problemas percibidos. Mientras los jóvenes de clase trabajadora engrosan un sistema penitenciario saturado, las contradicciones de la pobreza, la desigualdad y la dependencia que produjeron las bandas de El Salvador son más evidentes que nunca.

Las decenas de organizaciones que conforman el BRP están convocando a los salvadoreños a las calles el Día de la Independencia de la próxima semana para marchar contra el Estado de Excepción, la candidatura a la reelección de Bukele y la última serie de reformas electorales antidemocráticas. Estos grupos, la mayoría de ellos con orígenes en el FMLN, están trabajando para reconstruir la izquierda salvadoreña en condiciones poco envidiables. Mientras tanto, Bukele rehace el país a su imagen y semejanza. Es un espectáculo espantoso."                (Hilary Goodfriend , SIDECAR, 08/09/23; traducción DEEPL)

Contra el narcoestado sólo hay dos caminos: la legalización de las drogas... o el estado de excepción impuesto por Bukele (que mantiene un nivel de popularidad del 90%, debido a que muchos salvadoreños se sienten seguros ahora), en El Salvador: un país sumergido en un estado policial, sin derechos ciudadanos y bajo censura ... a elegir

 "El Gobierno de El Salvador movió a inicios de julio su maquinaria diplomática para prohibir la presentación de una obra en la Feria Internacional del Libro de Guatemala, la más grande de Centroamérica. El régimen del populista Nayib Bukele exigió que se suspendiera del programa la colección de cuentos Sustancia de hígado, de la escritora salvadoreña Michelle Recinos, que denuncia las arbitrariedades cometidas por las autoridades durante más de un año de un estado de excepción impuesto por el mandatario para hacer frente a la violencia de las pandillas que desangraba al país.

Los ojos de la censura se posaron principalmente en el cuento Barberos en huelga, una dramática y terrible historia que narra cómo los hombres —vendedores ambulantes, dependientes de tiendas, ayudantes de barberos, chóferes de transporte público— desaparecen al ser detenidos por vincularlos sin pruebas con las llamadas maras. Un recuento de una realidad infernal en un país donde han sido detenidas más de 77.000 personas, se han suspendido las garantías ciudadanas, se ha militarizado la seguridad, han sido denunciadas torturas y desapariciones y la censura se impone como política de Estado.

 Bukele, que mantiene niveles altos de popularidad que son la envidia de otros líderes latinoamericanos, impuso desde marzo del año pasado un régimen de excepción que le ha dado luz verde para restringir los derechos constitucionaless en un país que no ha logrado cerrar aún las heridas de una guerra civil que, en la década de los ochenta, causó más de 70.000 muertos y dejó un nefasto recuerdo de abusos militares. A través del estado de excepción, las autoridades salvadoreñas han desatado una cacería que recuerda los abusos de aquella época. Miles de personas son sometidas a diario a revisiones y cateos en retenes militares establecidos en todo el país y se ha desatado una cacería contra hombres jóvenes, por vivir en zonas controladas por pandillas o llevar tatuajes. Hay denuncias de torturas y condiciones inhumanas en las cárceles, además de un centenar de muertos bajo custodia por maltratos de las autoridades carcelarias. La censura es ya una norma y la persecución contra voces críticas, periodistas y sindicalistas ha impuesto un estado de terror en la sociedad.

“Cualquier persona puede ser capturada arbitrariamente”, afirma Abraham Abrego, director de litigio estratégico de Cristosal, una organización que vela por el respeto a los derechos humanos en El Salvador, Guatemala y Honduras. “Hemos encontrado en las denuncias recibidas que han sido detenidos jornaleros, sindicalistas, pescadores, agricultores, personas que han cuestionado a la policía. Hay sindicalistas capturados por protestar porque no les han pagado sus sueldos y más de 3.000 vendedores informales han sido desalojados de San Salvador, la capital, y amenazados con capturarlos bajo el régimen de excepción si protestan”, explica el activista.

Este organismo hizo público a finales de mayo un informe demoledor, en el que denunciaba que al menos 153 reos murieron por torturas, golpes, estrangulación o por falta de atención médica. El organismo documenta que 75 cadáveres presentaban laceraciones y hematomas, heridas con objetos cortopunzantes o señales de ahorcamiento. “Las violaciones masivas y sistemáticas ya son una política del Estado”, advirtió en esa ocasión Cristosal. Para reforzar su política de seguridad, Bukele ordenó la construcción de la que ha llamado la prisión más grande de América, un inmenso complejo de alta seguridad donde han sido trasladados miles de reos y que es denunciado como centro de torturas. A ese infierno carcelario se une la angustia que genera en la ciudadanía la presencia constante de militares en las calles del país.

 Los militares tienen luz verde para detener autobuses y bajar a quienes consideren sospechosos, allanar casas sin órdenes judiciales, basados en denuncias anónimas, o imponer estados de sitio en zonas del país donde la población se encierra por temor a ser capturada. “De las denuncias que hemos recibido, más de 3.400, en el 98% de los casos no hay pruebas de que las personas detenidas tengan vínculos con las pandillas. El procedimiento usado para estas capturas muestra que no hay una investigación previa, ni orden de captura dictada por un juez, sino por operativos policiales y detenciones a criterio. Este nivel de arbitrariedad hace que buena parte de estas capturas no tenga sustento”, explica Abrego. El mandatario, que controla el Congreso y las cortes, ha logrado una reforma que le permite desarrollar juicios masivos, con audiencias de hasta 900 presos. “Estos juicios colectivos limitan el ejercicio de la defensa, porque hacen que los abogados tengan menos oportunidad de demostrar que su defendido es inocente”, advierte el activista.

 Lo que desconcierta a los analistas es que a pesar del infierno desatado por Bukele en su guerra contra las pandillas, sus niveles de popularidad siguen siendo altos, hasta de un 90% según algunos sondeos. Esa popularidad se debe al hecho de que muchos salvadoreños se sienten seguros ahora, dado que las maras habían impuesto su ley en amplias zonas del país, donde cobraban impuesto incluso a las vendedoras callejeras de comida, el pago de una cuota para entrar o salir de un barrio o redadas violentas que dejaban decenas de muertos. El Salvador tenía una de las tasas de homicidio más altas del continente.

“Hay prácticas de violaciones a derechos humanos que no veíamos desde el conflicto armado. Se está utilizando el régimen de excepción para la represión, para limitar la libertad de expresión. El Gobierno cuenta con un aparato de comunicación muy fuerte y una estrategia publicitaria muy exitosa, que genera un mensaje importante, con el que cala la idea de que la seguridad está encima de los derechos. La baja criminalidad hace que la gente se sienta aliviada”, explica Abrego. Un alivio que, sin embargo, mantiene a los salvadoreños en una tensión constante: nadie está a salvo de ser arrestado de forma arbitraria en el infierno desatado por el joven presidente Bukele en el pequeño país centroamericano."          (Carlos S. Maldonado, El País, 30/07/23)

El Salvador diezmó a sus violentas pandillas... En el año que ha transcurrido desde que El Salvador declaró un estado de emergencia, el gobierno le ha propinado un golpe demoledor a las pandillas que solían ser la máxima autoridad en gran parte del país, ¿a qué costo? Las fuerzas militares inundaron las zonas controladas por las pandillas en todos los rincones del país, y detuvieron a 13.000 personas en pocas semanas... Uno de ellos fue el hijo de Morena Guadalupe de Sandoval, a quien dice no ha visto ni ha podido comunicarse con él desde que fue arrestado cuando regresaba del trabajo a su casa. Niega que sea un pandillero. Lo máximo que ha escuchado es que sigue encerrado... De Sandoval afirma que las medidas enérgicas han mejorado la situación en su vecindario, una zona llamada Distrito Italia, que solía estar dominada por el MS-13. “Está más seguro”, afirmó. “Por una parte, pues yo lo veo bien”. Pero De Sandoval no puede separar lo positivo de su dolor diario. Su hijo cumplirá 22 años “adentro” este mes, afirmó. Sueña con poder vislumbrarlo aunque sea de forma fugaz. “Quisiéramos aunque sea verlo de lejos”

 "Cuando la pandilla criminal MS-13 mandaba en la colonia de Las Margaritas, uno de sus bastiones en El Salvador, había que seguir unas reglas para poder sobrevivir.

No podías vestir el número 8 porque estaba asociado con la pandilla rival Mara Barrio 18. No podías usar la marca de zapatillas deportivas que usaban los pandilleros. Y bajo ninguna circunstancia podías llamar a la policía.

 “La gente no podía quejarse con la policía por lo que decían los bichos”, afirmó Sandra Elizabeth Inglés, residente del lugar, refiriéndose a los miembros de la pandilla. “Hasta cierto punto llegó a ser la autoridad en este sistema”.

El Salvador, el país más pequeño de América Central, solía ser conocido como la capital de los asesinatos del hemisferio, y tenía una de las tasas de homicidios más altas del mundo, exceptuando zonas de guerra.

Pero en el año transcurrido desde que el gobierno declaró un estado de emergencia para mitigar la violencia de las pandillas, a través del despliegue de las fuerzas militares en las calles, la nación ha experimentado una transformación notable

Hoy, los niños juegan fútbol hasta altas horas de la noche en campos que solían ser territorio de pandillas. Inglés recolecta tierra para sus plantas cerca de un edificio abandonado que, según los residentes, se utilizaba para los asesinatos de las pandillas.

La cantidad de homicidios se desplomó. Los pagos por extorsión impuestos por las pandillas a los negocios y los vecinos, que solían ser una economía en sí misma, también se redujeron, afirmaron los analistas.

“Puedes caminar libremente” afirmó Inglés. “Tanto ha cambiado”.

El Faro, el principal medio de comunicación del país, hizo un trabajo de inspección en el país a principios de este año y llegó a una conclusión impresionante: las pandillas, en su gran mayoría, “ya no existen”.

Sin embargo, según los críticos, ese logro ha tenido un costo incalculable: arrestos masivos que se llevaron a miles de personas inocentes, la erosión de las libertades civiles y el descenso del país hacia un Estado policial cada vez más autocrático.

La mayoría de los salvadoreños parecen estar dispuestos a aceptar ese trato. Hartos de las pandillas que los aterrorizaron y obligaron a muchos a huir a Estados Unidos, las encuestas sugieren que la amplia mayoría de la población apoya las medidas y al presidente responsable de ellas.

Con índices de aprobación cercanos al 90 por ciento, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de 41 años, se ha convertido en uno de los líderes más populares del mundo y se ha ganado seguidores en todo el hemisferio occidental.

Los hondureños corearon el nombre de Bukele y lo vitorearon durante la toma de posesión de su presidenta el año pasado. Una encuesta reveló que la población en Ecuador, donde se está incrementando la violencia, tiene una mejor opinión de Bukele que de sus propios líderes

A medida que los políticos de México y Guatemala han prometido emular la férrea estrategia de Bukele, los críticos están cada vez más preocupados de que el país pueda convertirse en un modelo para un trato peligroso: el sacrificio de las libertades civiles a cambio de la seguridad.

“Sigo siendo increíblemente pesimista sobre lo que esto significará para el futuro de la democracia en la región”, afirmó Christine Wade, una experta en El Salvador del Washington College en Maryland. “El gran riesgo es que esto se convierta en un modelo popular para que otros políticos digan: ‘bueno, podríamos brindarles más seguridad a cambio de que renuncien a algunos de sus derechos’”.

El gobierno salvadoreño ha arrestado a más de 65.000 personas en el último año, incluidos niños de hasta 12 años, lo que ha más que duplicado la población carcelaria total. Según el conteo del propio gobierno, más de 5000 personas sin vínculos con las pandillas fueron apresados, y eventualmente liberados. Al menos 90 personas murieron bajo custodia, declaró el gobierno.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado arrestos masivos arbitrarios, así como hacinamientos extremos en las cárceles y reportes de torturas por parte de los guardias.

Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, declaró en una entrevista que los reportes sobre abusos de las autoridades estaban siendo investigados y afirmó que las personas inocentes que habían sido arrestadas estaban siendo liberadas.

“Hay un margen de error”, afirmó, defendiendo lo que calificó como una estrategia “casi quirúrgicamente impecable”.

“La gente sale, compra, va al cine, va a la playa, va a los partidos”, afirmó. “Hemos devuelto la libertad al pueblo”.

En lo que solían ser algunas de las zonas más peligrosas del país, las casas abandonadas que le pertenecían a los miembros de las pandillas están siendo remodeladas y reocupadas por nuevos inquilinos.

En las calles de Las Margaritas, una colonia en Soyapango, un municipio que solía ser espantosamente violento en el centro del país, los autos ahora pueden estacionarse sin que los dueños tengan que pagar 10 dólares mensuales a los extorsionistas de las pandillas.

Antes de las medidas enérgicas, nadie visitaba el principal mercado al aire libre del municipio sin permiso de los pandilleros, afirmaron los vendedores. Hoy, el mercado es visitado masivamente por cualquiera que quiera estar allí.

Cuando Inglés le decía a las personas dónde vivía —en una calle ciega en Las Margaritas— estas quedaban impactadas.

“Me decían, ‘ay no, ¡vives en Vietnam!’”, recordó Inglés, mientras le servía a un niño jugo de mango en una bolsa en el puesto de jugos que atiende cerca de su casa.

Inglés solía quedarse mirando un grafiti al otro lado de la calle que decía “Ver, oír y callar”, una frase utilizada por la pandilla para intimidar a los residentes para que guardaran silencio sobre sus crímenes, contó Inglés.

Inglés afirma que aprendió a mantener un bajo perfil: “Menos cosas veía, menos problemas se metía”. Recientemente, el grafiti fue remplazado por una pintura de un pájaro.

Juan Hernández, de 41 años, no había pisado una cancha de fútbol que queda a pocas cuadras de su casa en 10 años.

“Era un territorio,” afirmó, refiriéndose al territorio de la pandilla. “Los balazos le repartían a la gente”.

Ahora usa la cancha para enseñarle a su hijo de 12 años a jugar. “Ahora cada vez que me dice ‘quiero aprender a jugar’, le digo: ‘Vamos’” afirmó Hernández.

El catalizador de la nueva realidad que está surgiendo en El Salvador fue un salvaje fin de semana en marzo del año pasado en el que los criminales dejaron más de 80 muertos.

Funcionarios estadounidenses han afirmado que mucho antes de las medidas enérgicas, el gobierno de Bukele había negociado un acuerdo con los líderes de las pandillas para reducir los homicidios a cambio de algunos beneficios como mejores condiciones carcelarias.

 Muchos analistas creen que el repunte de la violencia fue señal de una ruptura del supuesto pacto; Bukele ha negado haber realizado dicho acuerdo.

Tras los asesinatos de marzo, la Asamblea Legislativa controlada por el partido oficialista de El Salvador declaró el estado de emergencia. Las fuerzas militares inundaron las zonas controladas por las pandillas en todos los rincones del país, y detuvieron a 13.000 personas en pocas semanas.

Uno de ellos fue el hijo de Morena Guadalupe de Sandoval, a quien dice no ha visto ni ha podido comunicarse con él desde que fue arrestado cuando regresaba del trabajo a su casa en la capital hace aproximadamente un año. De Sandoval afirma que las autoridades lo han acusado de ser parte de una organización criminal, algo que ella niega.

Cada tres meses visita el Centro Penal de Izalco donde afirma está recluido su hijo Jonathan González López. En este centro penitenciario al occidente del país se han denunciado actos de tortura. De Sandoval ruega obtener información sobre él. A veces lleva a la esposa y al hijo de 2 años de Jonathan.

Lo máximo que ha escuchado es que sigue encerrado.

“Me agarra la depresión”, afirmó De Sandoval. “Me pongo mal, estar pensando en que no lo puedo ver, que no puedo hablar con él”.

 En un informe publicado en diciembre, Human Rights Watch y una organización salvadoreña llamada Cristosal entrevistaron a personas detenidas durante el operativo y posteriormente liberadas, quienes describieron los horrores que presenciaron dentro del sistema carcelario del país: golpizas, muertos y raciones dignas de inanición.

Una de esas personas contó que unos guardias habían sumergido su cabeza bajo agua “para que no pudiera respirar”, dice el informe. Otro afirmó que le daban de comer dos tortillas por día, las cuales tuvo que compartir con otro detenido.

De Sandoval afirma que las medidas enérgicas han mejorado la situación en su vecindario, una zona llamada Distrito Italia, que solía estar dominada por el MS-13. Ya no ve a jóvenes fumar marihuana en las esquinas, afirmó.

“Está más seguro”, afirmó. “Por una parte, pues yo lo veo bien”.

Pero De Sandoval no puede separar lo positivo de su dolor diario. Su hijo cumplirá 22 años “adentro” este mes, afirmó. Sueña con poder vislumbrarlo aunque sea de forma fugaz.

“Quisiéramos aunque sea verlo de lejos”, afirmó De Sandoval."                               ( Natalie Kitroeff, Photographs by Daniele Volpe, The New York Times, 09/04/23)

Óscar Martínez: “Los salvadoreños cruzan fronteras de guerra a diario”... un joven que vive en una comunidad dominada por el Barrio 18 [una mara] puede tener que tomar dos autobuses para llegar a su trabajo con tal de no pasar por la zona de la mara Salvatrucha, aunque no pertenezca a pandillas. Los salvadoreños cruzan fronteras de guerra a diario; los hondureños y guatemaltecos, también; y los mexicanos de gran parte del país, también

 "Él es el periodista de Los muertos y el periodista (Anagrama), el último libro de Óscar Martínez (San Salvador, El Salvador, 39 años). “Admito que soy un personaje más”. Contraviene esa máxima del oficio de ser un invisible transmisor, pero lo defiende asegurando que su experiencia es reveladora, por ejemplo, cuando le pide a Rudy que le cuente un recuerdo feliz. Rudy es uno de los cadáveres y el protagonista de una historia que se sabe cómo termina desde el que empieza. Un pandillero que nunca entendió qué era “un momento de felicidad” y no supo responder. “Me puse en escena para mostrar una conversación fracasada”. Una charla infructuosa y clarificadora que muestra el mundo violento en el que vive la sociedad salvadoreña, donde no existen los recuerdos felices.

Este periodista ―jefe de Redacción de El Faro, que lleva casi tres lustros cubriendo pandillas y migración en Centroamérica― no tarda ni un segundo en responder la misma pregunta, aunque reconoce que el sentimiento que prevalece en él es la rabia hacia su país. “Los 31 de diciembre, cuando nos reunimos y mi madre dice las palabras de fin de año, son momentos felices. El pasado fue muy difícil: el primero que Bukele [presidente de El Salvador] empezó a atacarnos constantemente y mi madre dijo: ‘Pero ustedes no van a parar”. Se refería a Martínez y a sus dos hermanos, también periodistas, y a la situación que vive esta profesión en ese país, donde cada vez es más difícil ejercerla.

Pregunta. ¿Se siente libre?

Respuesta. No

P. ¿Cómo se vive sin poder caminar tranquilamente por la calle?

R. En Centroamérica no recuerdo haber caminado tranquilamente; en México, sí; en ciertas zonas de Ciudad de México, es un país tan grande que todavía tiene circuitos por los que vos puedes transitar y abstraerte del país real. La gente vive en pedazos de un país, en un laberinto. Saben por dónde caminar y por dónde no, dónde sentarse y dónde no. En El Salvador, un joven que vive en una comunidad dominada por el Barrio 18 [una mara] puede tener que tomar dos autobuses para llegar a su trabajo con tal de no pasar por la zona de la mara Salvatrucha, aunque no pertenezca a pandillas. Los salvadoreños cruzan fronteras de guerra a diario; los hondureños y guatemaltecos, también; y los mexicanos de gran parte del país, también.

 P. Su libro y, por ende, su país están plagados de violencia extrema, ¿hay razones para matar?

R. Sí. Creo que las razones para matar más válidas han sido para liberarse de tiranos, y eso es un clásico latinoamericano. En ciertas ocasiones es aceptable matar para defenderse, y en aquel lugar es una posibilidad real, cercana, es muy difícil que alguien la descarte. Las hay para bajar a unos hombres de verde del poder, sin duda. Que luego esa gente se ha convertido en corrupta igual que a quienes querían hacer desaparecer, eso no le quita validez a aquel momento.

P. ¿Habla de Nicaragua?

R. Sí. Ortega [el presidente] es un dictador. Ha perdido cualquier rumbo y cualquier ética y moral de lo que defendió.

P. ¿Tiene miedo a que El Salvador termine así? ¿Lo ve cerca?

R. La postura editorial de El Faro es la que yo reivindico totalmente. Cuando Nayib Bukele haga lo que ha anunciado: reelegirse en el 2024, él va a ser un dictador sin ninguna capa de maquillaje. La gente se va a dar cuenta de quién es con sufrimiento y dolor. Y es una lástima porque el periodismo centroamericano ya ha perfilado quién es: alguien corrupto, tirano. Cree que los rasgos de la democracia son obstáculos.

P. ¿La violencia forma parte de su vida?

R. Sí, todo el tiempo. He dedicado mi vida a entender por qué somos tan violentos. No entendemos la paz porque nunca nadie nos enseñó. Nunca hemos salido de casa pensando que, con certeza, vamos a volver por la noche. Para mi próximo libro tengo una idea que aún está en desarrollo: quiero explorar la paz, entender qué hay que hacer para vivir en paz en regiones violentas. Y eso, te aseguro, va a ser muy violento.

P. Y en esa sociedad que describe, ¿dónde están las mujeres?

R. Enterradas. ¡Buf!, no puedo ni imaginar lo que es ser mujer en El Salvador. Lo intento, pero me cuesta. Muchas de ellas, en los sectores más populares, no comprenden que otra vida es posible. Asumen que la vida es de esa forma, que tarde o temprano ocurrirá de nuevo: que un hombre les volverá a hacer daño. No conocen otras posibilidades.

P. Ahora es jefe de Redacción, pero ¿volverá a la calle a reportajear, a meterse entre pandillas y migrantes?

R. No tengo prisa porque sé que regresaré. En El Faro siempre ascendemos hasta ser reporteros. El periodismo es mi manera de relacionarme con el mundo, de estar en el mundo. Solo lo dejaría por desilusión: porque me llegue a convencer de que no cambia las cosas, pero sí las cambia, aunque a un ritmo lento, que no me gusta pero que ya comprendí. O por hartazgo: por cansarme de dedicarme a revisar las vidas de unos déspotas, de unos policías corruptos, de unos muchachos sin oportunidades y de criminales salvajes. (...)

P. ¿Tiene esperanza? Para usted, para su país, para el periodismo en Centroamérica…

R. Ahorita, no. Lo cual no quiere decir que haya renunciado a la esperanza. Simplemente te mentiría si te digo que en este momento tengo esperanza. Que el gremio va a continuar trabajando te lo garantizo. Es complicado decirlo, imagínate: todo Nicaragua está fuera de su país. Honduras está tratando de hacer periodismo en un narcoestado. El exilio se va a mantener por un tiempo y va a crecer. Muchos periodistas vamos a tener que abandonar nuestros países.

P. Para terminar, ¿se despega en algún momento de la actualidad?, ¿deja algún hueco para lo frívolo?

R. Creo que he visto todas las películas de superhéroes de Marvel. Ver cosas muy estúpidas en la televisión me ayuda a evadirme. Si alguien simplemente me observara viendo tele pensaría que soy un imbécil (termina riéndose)."                   (Rut de las Heras Bretín , El País, 29/10/22)

El bitcóin avanza a paso lento en El Salvador a dos meses de su implantación

 "El chef Oscar Cornejo hacía fila en una céntrica calle de la capital salvadoreña para ingresar al cajero automático instalado en el lugar por el gobierno, a fin de poder realizar una operación en bitcoines, la criptomoneda vigente en El Salvador desde el 7 de septiembre.

Cornejo explicó a IPS que quería retirar una remesa enviada en bitcoines por su hermana, Alba Cornejo, desde la ciudad de San Francisco, en el occidental estado de California, en Estados Unidos.

La operación se realizaría por medio de la billetera electrónica creada también por el gobierno salvadoreño, la llamada Chivo Wallet, una aplicación que permite enviar y recibir, desde un teléfono celular, remesas en bitcoines sin pagar comisiones, así como realizar pagos por productos y servicios. Chivo, en la jerga local, representa algo agradable o genial.

Pero mientras avanza en la fila, el código que su hermana había enviado ya, para que él cobre el dinero, aún no llegaba a la cuenta del cocinero, que él monitoreaba a cada instante en su teléfono celular.

“Tengo el problema de que no me cae el código, no sé qué pasa”, dijo Cornejo, quien dejó el país en 1986 y se aventuró en el viaje como indocumentado hacia Estados Unidos para, años después, convertirse en chef. Regresó a El Salvador hace un año y acaba de estrenarse como chef ejecutivo en un restaurante de comida mexicana.

La plataforma Chivo Wallet viene funcionando, no exenta de fallas técnicas, desde que el 7 de septiembre El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, lo que causó un revuelo no solo en el país sino en los círculos financieros internacionales.

Dos meses después de que el presidente Nayib Bukele le apostó al bitcóin, sin que analistas económicos se expliquen los entresijos financieros y sociales de la abrupta medida, su gobierno se esfuerza por resaltar los logros generados, que para los críticos aún están por verse.

El 1 de noviembre, el gobierno anunció que con el excedente generado con el incremento en el valor de los bitcoines ya adquiridos, se construirán 20 escuelas. Y en octubre anunció que también se edificaría un hospital veterinario estatal.

Según medios especializados en criptomonedas, el gobierno ha comprado hasta ahora 1120 bitcoines, que el promedio equivalieron al adquirirlos a 53,49 millones de dólares y que con el repunte que ha tenido el criptoactivo en las últimas semanas, ahora su valor subió a 71,42 millones.

¿Audacia exitosa o fiasco?

Pero tras dos meses de haberse puesto en vigencia, aún es poco tiempo, estiman los analistas, para hacer un balance más certero de si la audacia del mandatario está comenzado a dar los frutos previstos, o es un fiasco.

“Estamos en ese periodo gris aún en el que está anunciada la medida, tiene un breve periodo de implementación, pero aún falta para ver cuáles son las grandes lecciones aprendidas”, dijo a IPS la analista Nayda Acevedo Medrano.

Y agregó: “En la medida en que la gente ya tiene acceso a la aplicación, y haya cosas que se deben de ir ajustando, así la va a ir aceptando”.

 Una de las premisas fue, precisamente, eliminar los cobros de comisiones que se hacen al enviar remesas por medio del sistema financiero tradicional.

El gobierno ha calculado esos cobros en 400 millones de dólares anuales, que ahora serán ahorro para quienes envían dineros a sus familiares en El Salvador.

“Es un ahorro para nuestros amigos y familiares en el extranjero, que ya no van a estar pagando la comisión de 15 a 20 dólares por envíos, que es la que solía pagar mi hermana”, explicó el chef Cornejo, de 51 años, mientras avanzaba en la fila.

La aplicación permite que esos envíos en bitcoines sean convertidos en dólares por quien los recibe en El Salvador, si así lo desea. La convertibilidad es posible porque el gobierno creó un fondo de 150 millones de dólares con ese fin.

Si no lo quieren, puede mantener ese criptoactivo en su cuenta de la Chivo Wallet y pagar con ello bienes y servicios.

Sin embargo, si bien puede que haya cada vez más comercios y negocios que aceptan bitcoines, aún son una pequeña fracción del total de esos sectores.

Una encuesta realizada a principios de octubre por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) reveló que apenas un 3,9 por ciento de las empresas del país encuestadas reportaron ventas en bitcoines.

Ese criptoactivo ahora convive con la moneda estadounidense, que también es de curso legal desde que en 2001 se dolarizó la economía de este pequeño país centroamericano, de 6,7 millones de habitantes.

La remesas, claves

El envío de remesas en bitcoines es quizá la medida que más promete desarrollarse, sobre todo porque en Estados Unidos viven cerca de tres millones de salvadoreños, que envían anualmente unos 6000 millones de dólares, con los cuales se mantiene a flote la economía del país.

Si es cierto lo que dice el mandatario, que entre uno y dos millones de dólares se transfieren al día en remesas en bitcóin, entonces al año se estarían enviando alrededor de 600 millones de dólares, que representa 10 % de los envíos totales.

“Si la gente se da cuenta de que esto es más barato, este porcentaje va a crecer. Yo diría que si ya un 30 o 40 por ciento comienzan a enviarse a través de este canal lo consideraría un éxito”, explicó a IPS el economista Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR).

El experto agregó que el otro aspecto a considerar es que, como activo especulativo, el aumento en el valor de la criptomoneda, que ha superado los 60 000 por bitcóin, es buena noticia para quienes tienen los medios para invertir. Pero obviamente esto no es para toda la población.

Además del ahorro en comisiones por remesas, el presidente Bukele habló de que también llegarían nuevas inversiones al país: millonarios que ya le apuestan a esa criptomoneda, como activo especulativo, y vendrían a El Salvador atraídos por la novedad que ofrece un país “bitconoizado”.

Pero eso no ha pasado, al menos todavía. (...)

El gobierno también le está apostando a que cada vez sean más los salvadoreños que transan con bitcoines en el día a día, es decir, la usan como moneda de curso legal.

 Para fomentar ese uso, el gobierno otorgó desde el principio 30 dólares a cada persona que se registrara en la Chivo Wallet, y más recientemente otorga un descuento del equivalente a 0,30 centavos de dólar por galón (3,8 litros) a quienes compran combustible con bitcoines en cualquier gasolinera del país.

Según el propio Bukele, que es el único portavoz del gobierno y el único que emite información y opiniones por medio de tuits, más de tres millones de personas se ha registrado ya en la aplicación.

Pero eso no necesariamente significa que estén usando activamente los bitcoines que puedan tener en su cuenta de la billetera electrónica.

Los analistas y la gente de a pie entrevistados por IPS sostuvieron que probablemente, en su gran mayoría, esas tres millones de personas bajaron la aplicación simplemente para beneficiarse de los 30 dólares, y nada más.

Además se ha reportado cientos de casos de robo de identidad de personas que han querido registrarse en la Chivo Wallet pero al intentarlo se han dado cuenta que otra persona se ha registrado ya por ellas, con la intención de hacerse con los 30 dólares.

Se cree que alguna banda criminal, con acceso a los números de los documentos de identidad personal de mucha gente, necesarios para registrarse, se han dedicado a esta operación fraudulenta. (...)"    (Edgardo Ayala, IPS, 05/11/21)