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23.7.26

Una gallega que lo conoce bien, Cristina P. Marcote (como lo conocemos los gallegos), describe perfectamente a Alberto Núñez Feijóo: "Aún no sabemos quien paga su vivienda de El Viso de 8.000€ al mes de alquiler. No sabemos de dónde ha sacado tanto para tener hoy en día, él solo, un patrimonio de más de 2 millones de euros. Una persona pública, que fue Jefe de Correos y mantuvo hasta 2023 conversaciones telefónicas con su amigo narco Marcial Dorado, las cuales fueron grabadas y las hicieron desaparecer, no puede gobernar un país. Un hombre que ha tenido amistades como Pachi Lucas “el abre puertas” que cobraba comisiones por lograr favores de su amigo Feijóo y pernoctaba en la residencia oficial del presidente, no puede dirigir un país. Un hombre que es amigo de Rey Novoa, imputado y pendiente de juicio por corrupción, al que regaló 2,5 millones de euros públicos, no puede ser Presidente. Un hombre que regaló la fusión de las Caixa gallegas a su amigo venezolano Escotet, en connivencia con el primo de su pareja, Eva Cardenas, que dio contratos públicos a dedo a su cuñado, a la empresa de su hermana, a la cual ascendieron gracias a esos contratos, no puede ser presidente del Gobierno"

ℂ𝕣𝕚𝕤𝕥𝕚𝕟𝕒 ℙ. 𝕄𝕒𝕣𝕔𝕠𝕥𝕖 @crispmarcote

Alberto Núñez Feijóo ha dado una rueda de prensa desde una sede pagada por el PP con dinero negro, y hay una sentencia firme y ratificada por el Tribunal Supremo. Partiendo de esa base, está desacreditado para hablar de decencia y moralidad. 

Aún no sabemos quien paga su vivienda de El Viso de 8.000€ al mes de alquiler. No sabemos de dónde ha sacado tanto para tener hoy en día, él solo, un patrimonio de más de 2 millones de euros. 

Una persona pública, que fue Jefe de Correos y mantuvo hasta 2023 conversaciones telefónicas con su amigo narco Marcial Dorado, las cuales fueron grabadas y las hicieron desaparecer, no puede gobernar un país. 

Un hombre que ha tenido amistades como Pachi Lucas “el abre puertas” que cobraba comisiones por lograr favores de su amigo Feijóo y pernoctaba en la residencia oficial del presidente, no puede dirigir un país. 

Un hombre que es amigo de Rey Novoa, imputado y pendiente de juicio por corrupción, al que regaló 2,5 millones de euros públicos, no puede ser Presidente. 

Un hombre que regaló la fusión de las Caixa gallegas a su amigo venezolano Escotet, en connivencia con el primo de su pareja, Eva Cardenas, que dio contratos públicos a dedo a su cuñado, a la empresa de su hermana, a la cual ascendieron gracias a esos contratos, no puede ser presidente del Gobierno.

3:38 p. m. · 22 jul. 2026 ·10,1 mil Visualizaciones

18.7.26

La rebelión de togas y puñetas... el pulso contra la amnistía y el gobierno de Pedro Sánchez... Dos años de confrontación en las calles, el Parlamento y los tribunales a cuenta de la ley que más recursos de inconstitucionalidad ha provocado... el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de la mayoría conservadora, consideraba que la futura norma quebraría la igualdad entre los españoles, y que respondía a la arbitrariedad del legislador... los fiscales del procés se mostraron contrarios de aplicar la amnistía para los líderes independentistas condenados por malversación, lo que evidenció la crisis interna en la Fiscalía General del Estado, cuyo fiscal general, Álvaro García Ortiz, zanjó la polémica imponiendo su criterio, que era contrario... el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, apuntaló en un histórico auto, la negativa del Alto Tribunal a amnistiar a los líderes del procés... El magistrado Pablo Llarena también se negó a levantar la orden de detención nacional contra Carles Puigdemont y los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín... La Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria, difundió un comunicado en el que afirmaba que con la amnistía del procés se pretendía "volar por los aires el Estado de derecho"... La entidad Plataforma Cívica por la Independencia Judicial llegó a usar el servidor del CGPJ para enviar a todos los jueces españoles un correo corporativo con una guía contra la amnistía...pero el Tribunal Constitucional y el TJUE han declarado la constitucionalidad y legitimidad de la ley de amnistía (Ana María Pascual)

"Desde que la ley de amnistía se fraguó en forma de pacto de investidura, en noviembre de 2023, hasta que se aprobó en el Congreso, el 30 de mayo de 2024, y el Tribunal Constitucional declaró su encaje en la carta magna un año después, hasta el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) este jueves no es solo tiempo lo que ha trascurrido; también una feroz campaña contra el Gobierno en las calles, en las Cortes y en los tribunales.

( , Público, 17/07/26) 

17.7.26

La derecha judicial ha sufrido otra derrota en Europa, esta vez por la amnistía contra la que se manifestaron los jueces ante sus juzgados... Ni autoamnistía ni quiebra de la igualdad, el fallo del TJUE desecha el relato del Supremo y el PP contra la ley, pero el PP se tomó con mucha calma la sentencia... y eso que antes sostenían que esa ley casi había puesto fin a la democracia en España, porque el Tribunal Supremo se había ocupado del trabajo sucio. Su Sala de lo Penal fue el cooperador necesario para detonar la legislatura que había comenzado en 2023... Los magistrados colmaron los deseos del PP con su auto... el PP pensó que el cabreo de Puigdemont y Junts haría que la legislatura terminara antes de que acabara 2024. Con el apoyo de los jueces, creían tenerlo al alcance de la mano... El frenazo del Supremo a la amnistía fue el momento clave de la legislatura. La posible vuelta de Puigdemont a Catalunya quedó congelada en el tiempo y las relaciones del PSOE con Junts nunca se recuperaron. Y por eso no se han aprobado presupuestos en estos cerca de tres años. La derecha judicial sabía que tenía un papel que cumplir en esta confrontación política y eso fue lo que ocurrió... Y lo que sigue ocurriendo. Siempre se puede afirmar que la guerra no ha terminado. La asociación conservadora Francisco de Vitoria informa al Tribunal Constitucional que ni se le ocurra dictaminar que Puigdemont y Junqueras pueden ser amnistiados. La palabra del Supremo no se discute. La derecha judicial sabe que convirtió esta legislatura en una vía muerta y de ningún modo va a aceptar que los jueces de Luxemburgo o los miembros del Constitucional le arrebaten la victoria en el último minuto (Iñigo Sáenz de Ugarte)

"La derecha judicial ha sufrido otra derrota en Europa, esta vez por la amnistía contra la que se manifestaron los jueces ante sus juzgados. No quiere renunciar a la victoria que supuso la decisión del Tribunal Supremo de olvidarse de la sentencia del procés para asumir todo el discurso del PP

Ni autoamnistía ni quiebra de la igualdad: el fallo del TJUE desecha el relato del Supremo y el PP contra la ley

El Partido Popular se tomó con mucha calma la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía. Una nota de prensa para salir del paso y ya está. Ninguna rueda de prensa convocada de urgencia para lanzar los misiles de costumbre contra el Gobierno. En las últimas semanas, habían hecho saber discretamente que el tema de la amnistía estaba casi amortizado y que no merecía la pena prestarle mucha más atención. Y eso que antes sostenían que esa ley casi había puesto fin a la democracia en España. Podían decir algo así porque el Tribunal Supremo se había ocupado del trabajo sucio. Su Sala de lo Penal fue el cooperador necesario para detonar la legislatura que había comenzado en 2023.

La ofensiva judicial contra la amnistía se inició incluso antes de que llegara al Congreso el proyecto de ley enviado por el Gobierno. Centenares de jueces se concentraron ante la puerta de sus juzgados para mostrar su rechazo al texto que aún no conocían. Fue una iniciativa de clara intencionalidad política. Algunos magistrados, sin ninguna intención de esconder sus propósitos, asistieron vestidos con sus togas y dieron así a la protesta una mayor carga simbólica.

El TJUE desactivó todos los argumentos de la derecha política y judicial utilizados contra la amnistía a los independentistas. Tanto sobre el sistema judicial como sobre la seguridad jurídica y el impacto en las finanzas europeas. La amnistía podía servir para facilitar “un escenario de reconciliación”, como sostenía el Gobierno, por lo que no era una simple concesión para ganarse el apoyo de Junts. No suponía un peligro existencial para “el buen funcionamiento del sistema judicial nacional”. No quebró la igualdad ni la seguridad jurídica. Los intereses financieros de la Unión Europea no se vieron afectados por el procés.

El veredicto no implica que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras vayan a recibir de inmediato los beneficios de la amnistía. Eso tendrá que esperar a la decisión que tome en un sentido u otro el Tribunal Constitucional. Quienes sí salen beneficiados ahora son 35 antiguos altos cargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas y trece activistas de los CDR acusados de terrorismo.

El TJUE es claro sobre lo que deben hacer ahora los tribunales españoles: “La obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de dictar una resolución de extinción de la responsabilidad sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias es consustancial al principio mismo de la amnistía”.

Es legítimo dudar sobre este punto teniendo en cuenta decisiones anteriores del Tribunal Supremo. ¿Volverán a ser tan creativos como lo fueron hace dos años? Entonces, la Sala presidida por Manuel Marchena decidió que la ley de amnistía no cubría los delitos de malversación cometidos por Puigdemont y los miembros de su Gobierno. La ley se había escrito para que no afectara a los que se beneficiaron económicamente sabiendo que ese no era el caso de los condenados (o fugados).

El Supremo se inventó el argumento de que sí hubo ese beneficio, porque sin acceso a los fondos públicos esquilmados los autores del procés habrían tenido que recurrir a su patrimonio. Eso fingía ignorar que esos políticos habían recibido donaciones privadas de correligionarios con las que afrontar gastos como el de compra de urnas y papeletas para el referéndum.

Aún más estrambótico fue su argumento de que la independencia de Catalunya, que nunca estuvo cerca de producirse, habría perjudicado a los intereses económicos de la UE. Catalunya habría tenido que abandonar la UE y la aportación económica de España a los presupuestos comunitarios habría sido menor, dijeron. Dentro de los presupuestos de la UE, eso sería casi un error de redondeo. El TSJE resta valor a ese argumento.

Los magistrados colmaron los deseos del PP con su auto. La oposición pensó que el cabreo de Puigdemont y Junts haría que la legislatura terminara antes de que acabara 2024. Con el apoyo de los jueces, creían tenerlo al alcance de la mano.

El Tribunal Supremo culminó un giro completo de 180 grados perfectos al desmentir la sentencia original del procés que ese mismo tribunal había dictado en 2019. Lo que unos años antes había sido un delito de sedición y la definición del desafío como una “ensoñación” que no podía considerarse un delito de rebelión pasó a ser algo más siniestro. De repente, veían el golpe por todos los lados. En nueve ocasiones diferentes, mencionaban la palabra 'golpistas', como si quisieran certificar con retraso todos los análisis de la derecha política sobre el procés.

En el auto incluyeron valoraciones claramente políticas, como las críticas al Gobierno por pactar la amnistía a cambio del apoyo parlamentario de los siete diputados de Junts, calcando de esta manera el argumentario del PP.

En su decisión del jueves, los magistrados del TJUE no aceptan que la amnistía fuera un simple producto de una negociación con la que obtener la investidura de Pedro Sánchez. La conciben como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social mayor”. Es decir, una forma de hacer política para resolver un conflicto que desde luego es discutible o criticable, pero que no puede ser un delito. Es posible escuchar el rechinar de dientes de los jueces al leer esa frase.

El frenazo del Supremo a la amnistía fue el momento clave de la legislatura. La posible vuelta de Puigdemont a Catalunya quedó congelada en el tiempo y las relaciones del PSOE con Junts nunca se recuperaron. Y por eso no se han aprobado presupuestos en estos cerca de tres años. La derecha judicial sabía que tenía un papel que cumplir en esta confrontación política y eso fue lo que ocurrió.

Y lo que sigue ocurriendo. No importa cuántas derrotas judiciales sufran en Europa esos jueces (ahí quien ha encajado todas las goleadas ha sido Pablo Llarena). Siempre se puede afirmar que la guerra no ha terminado. La asociación conservadora Francisco de Vitoria –que es de derechas, pero no tan de derechas como la APM– difundió un comunicado para afirmar que “la sentencia no avala una aplicación automática ni incondicionada de la amnistía” (el TJUE dice lo contrario). “Los actos que hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos siguen quedando excluidos de la amnistía”, dicen en coherencia con su filosofía de que el procés fue un golpe de Estado como nunca lo ha habido en España.

Además, la asociación recuerda al Tribunal Constitucional que “en ningún caso puede actuar como una instancia de casación del Tribunal Supremo”. En otras palabras, que ni se le ocurra dictaminar que Puigdemont y Junqueras pueden ser amnistiados. La palabra del Supremo no se discute. La derecha judicial sabe que convirtió esta legislatura en una vía muerta y de ningún modo va a aceptar que los jueces de Luxemburgo o los miembros del Constitucional le arrebaten la victoria en el último minuto."      (Iñigo Sáenz de Ugarte, eldiario.es, 15/07/26)

16.7.26

La clave jurídica del caso está en que tres jueces creen que les corresponde a ellos decidir si una plaza es o no necesaria. A partir de ahí, ni demuestran la prevaricación ni demuestran la colaboración necesaria. Una condena así, es política... La tarea de coordinar las actividades de los conservatorios extremeños la desempeñaba hasta 2010 un funcionario. Una vez que este se jubiló, pasaron a asumirla los propios directores de conservatorios. Evidentemente, no corresponde a tres jueces penales decidir si un puesto de la administración es necesario o no. Eso es una decisión política, que deben tomar los responsables políticos elegidos para ello. Podría llegar a ser corregida por arbitraria si fuera del todo disparatada o una mera apariencia, pero no es el caso, puesto que existió ya antes... Creen que si la administración contrata para coordinar actividades a un señor que sabe mucho de ópera, después no puede intentar aprovechar esos conocimientos poniéndolo a montar un programa de ópera... Cualquiera desde la barra de un bar puede opinar cuál sería la mejor manera de gestionar lo público, pero es un razonamiento insuficiente para justificar una condena penal... peor aún, no hay la más mínima explicación de la condena a David Sánchez. La prevaricación la cometen los que convocan una plaza para beneficiarlo. De él se dice que era colaborador necesario… ¡porque se presentó a la plaza! Se le acusa de haber rellenado la solicitud, de haber aportado documentación y de haber asumido las nuevas tareas encomendadas, sin explicar de dónde sacan que hizo todo eso sabiendo que era un chanchullo ilegal. Ese salto lógico no es baladí: se trata del invento que permite condenar al hermano del presidente (Joaquín Urías)

Joaquín Urías @jpurias

Lo contaba ayer en mi artículo. La clave jurídica del caso está en que tres jueces creen que les corresponde a ellos decidir si una plaza es o no necesaria. A partir de ahí, ni demuestran la prevaricación ni demuestran la colaboración necesaria. Una condena así, es política.

7:56 p. m. · 15 jul. 2026 desde Ηρακλείδες, Ελλάς ·887 Visualizaciones


"De enchufes, prevaricación y jueces activistas

A la ciudadanía nos importa un pepino lo que opinen los jueces de la sección penal sobre si es conveniente o necesario que vuelva a haber un coordinador de actividades de conservatorios en Extremadura. Desde esa confusión entre lo judicial y lo político es desde donde la sentencia pergeña una condena tan injustificada como irrazonable

La Justicia condena al hermano de Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación por prevaricar pero le absuelve de tráfico de influencias

De la sentencia que ha dictado la Audiencia Provincial de Badajoz solo se recordará una cosa: que condena al hermano del presidente del Gobierno.

Quizás eso sea realmente lo único que importa. El jurista que pacientemente se lea sus casi cuatro centenares de páginas (prescindibles la mayor parte) puede quedarse con la sensación de que esa era su única intención. Sin condena a Sánchez Castejón no merecía la pena todo este despliegue. Así las cosas, no es desaventurado pensar que en el germen y la razón de ser misma de esta resolución hay una motivación política.

Se presenta, eso sí, como sentencia. Un documento jurídico. Y no precisamente grosero o carente de toda argumentación. Todo indica que parte razonablemente de un hecho irregular al que incluso coloquialmente se puede llamar corrupción. Pero la condena final es política, porque no puede ser jurídica: ni es coherente ni aparece justificada.

Obviando los centenares de páginas de relleno, el núcleo de la sentencia sostiene que hay indicios indirectos suficientes para concluir que responsables de la Diputación de Badajoz vulneraron conscientemente la ley para adjudicar una plaza irregularmente a David Sánchez Pérez-Castejón y que, además, luego la modificaron para complacerlo. Un delito de prevaricación.

Reconoce la sentencia que no hay prueba de cargo directa. Sí enuncia algunos indicios de que la plaza se creó específicamente para dársela a él: que el propio Sánchez estaba ya buscando casa en Badajoz antes de que se resolviera el concurso; que había rumores de que la plaza iba a ser para “el hermanísimo”; que una vez nombrado, Sánchez faltó frecuentemente al trabajo.

En efecto, la convocatoria huele mal. Pero, aunque se creara pensando en él y se le adjudicara a dedo, eso no implica necesariamente un delito de prevaricación, que consiste en dictar una resolución injusta a sabiendas. Ni siempre que se crea un puesto pensando en dárselo a alguien es ilegal, ni toda ilegalidad —aunque podamos denominarla corrupción—es delito.

El tribunal es consciente. Por eso añade lo que le parece el argumento de peso: que la plaza de coordinador de actividades de conservatorio era innecesaria y carente de contenido. Ahí es donde la sentencia empieza a flaquear. La tarea de coordinar las actividades de los conservatorios extremeños la desempeñaba hasta 2010 un funcionario. Una vez que este se jubiló, pasaron a asumirla los propios directores de conservatorios. Evidentemente, no corresponde a tres jueces penales decidir si un puesto de la administración es necesario o no. Eso es una decisión política, que deben tomar los responsables políticos elegidos para ello. Podría llegar a ser corregida por arbitraria si fuera del todo disparatada o una mera apariencia, pero no es el caso, puesto que existió ya antes.

Democráticamente, a la ciudadanía nos importa un pepino lo que opinen los jueces de la sección penal sobre si es conveniente o necesario que vuelva a haber un coordinador de actividades de conservatorios en Extremadura. Desde esa confusión entre lo judicial y lo político es desde donde la sentencia pergeña una condena tan injustificada como irrazonable.

Sostiene que el nombramiento fue innecesario y que también fue caprichoso modificar después las tareas asignadas a la plaza para cumplir con los deseos del director de orquesta contratado. Creen que si la administración contrata para coordinar actividades a un señor que sabe mucho de ópera, después no puede intentar aprovechar esos conocimientos poniéndolo a montar un programa de ópera. Uno puede estar de acuerdo en esa crítica. Cualquiera desde la barra de un bar puede opinar cuál sería la mejor manera de gestionar lo público, pero es un razonamiento insuficiente para justificar una condena penal.

Si una actuación administrativa es irregular, está la jurisdicción contencioso-administrativa para corregirla. Eso no significa que sea prevaricación. Nuestros egregios jueces nos machacan cada día con que las sentencias disparatadas que dictan algunos de sus compañeros, especialmente las que tienen una base ideológica, no son prevaricación. Dicen que lo suyo es recurrirla y que se corrija. Pero cuando lo mismo sucede en la administración extremeña, les basta un puñado de indicios interpretables para ver el delito.

Al menos, en este caso. En nuestro país no es raro que ayuntamientos, universidades, ministerios o entes públicos convoquen plazas de las que de antemano se sabe quién será el beneficiario. A menudo las convocatorias son incluso anuladas por la jurisdicción contencioso-administrativa porque son chanchullos descarados. Pero nunca hay nadie condenado por prevaricar. Solo en esta ocasión. No es una locura pensar que tiene que ver con la cercanía al presidente del Gobierno.

Un indicio de ello es que la sentencia está radicalmente huérfana de justificación en dos de sus elementos esenciales. En primer lugar, la Audiencia no explica por qué descarta que los condenados pensaran que lo que hacían entraba dentro de las facultades discrecionales que les permite la ley. O sea, que no sabemos ni se nos aclara si eran todos ellos conscientes de estar aprobando algo ilegal.

En segundo lugar, peor aún, no hay la más mínima explicación de la condena a David Sánchez. La prevaricación la cometen los que convocan una plaza para beneficiarlo. De él se dice que era colaborador necesario… ¡porque se presentó a la plaza! Se le acusa de haber rellenado la solicitud, de haber aportado documentación y de haber asumido las nuevas tareas encomendadas, sin explicar de dónde sacan que hizo todo eso sabiendo que era un chanchullo ilegal. Ese salto lógico no es baladí: se trata del invento que permite condenar al hermano del presidente. Es muy burdo, pero imagínense montar todo este lío —convertir en delito excepcionalmente una corruptela administrativa, someter a los jueces a desgaste público, llamar a declarar a numerosos testigos, redactar una sentencia de cuatrocientas páginas— si al final no se consigue un titular que haga daño al presidente del Gobierno. No tendría sentido.

Por si quedara alguna duda, los magistrados que redactan la sentencia no dudan en saltarse su apariencia de neutralidad técnica para incluir unas insinuaciones dañinas de las que reconocen no tener la mínima prueba: dejan caer que quizás la plaza se creo por presión de Pedro Sánchez o para congraciarse con él. Afirman que es una mera impresión carente de toda base fáctica, pero ahí lo ponen.

En fin. No es ningún disparate pensar que los que crearon la plaza de coordinador musical lo hicieron para dársela a David Sánchez. Seguramente estamos ante una de tantas corruptelas que son el mal endémico de este país. Pero sí que es un disparate jurídico concluir que estamos ante un delito de prevaricación y, sobre todo, carece de todo sustento condenar por ello al hermano del presidente. El que pueda hacer, que haga."

( Joaquín Urías , eldiario.es, 14/07/26)

15.7.26

Todos los sospechosos eran culpables. Todos tenían motivos para asesinar. Esa fue la conclusión a la que llegó Hércules Poirot en la novela Asesinato en el Orient Express, de Agatha Christie... el tribunal de la Audiencia de Badajoz ha llegado a una conclusión no tan diferente. Todos los acusados son culpables del delito de prevaricación administrativa aunque no del delito de tráfico de influencias. No hay pruebas de que nadie les presionara para tomar esas decisiones. Es algo que simplemente ocurrió... Los magistrados que condenan a David Sánchez por prevaricación no tienen problemas en confesar que también lo creían culpable por tráfico de influencias, pero que no encontraron las pruebas... Otro juicio en que las deducciones del jefe de la unidad de delitos económicos de la UCO acaban incorporadas a la sentencia, como sucedió en el del fiscal general... no se atreven a condenar al acusado por tráfico de influencias e imponerle una pena de prisión, por el pequeño detalle de que no tienen pruebas para dictar ese castigo. Así lo dice la sentencia: “No ha quedado probado, por tanto, que persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados primeramente filiados, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de un cargo o de cualquier otra situación derivada de una relación personal o jerárquica con aquellos”... Si había un plan ideado desde arriba con el que se ordenó a tantos funcionarios que cumplieran órdenes, es difícil explicar por qué no se condena a Gallardo por tráfico de influencias... “No sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo”, dicen... No lo saben, por eso no condenan por tráfico de influencias, pero dan por hecho que esa presión existió. Algún catedrático de Derecho Penal podría animarse a explicar a este tribunal que todo lo que no son hechos en una sentencia, no pasan de ser simples especulaciones... Desgraciadamente para sus convicciones, no encontraron pruebas con las que condenarle por esa conspiración, es decir, por tráfico de influencias. No fue porque no lo intentaran ((Iñigo Sáenz de Ugarte)

"Claves de una condena extraña a David Sánchez: inhabilitado por prevaricación sin pruebas sólidas de tráfico de influencias

Todos los sospechosos eran culpables. Todos tenían motivos para asesinar a Ratchett. Esa fue la conclusión a la que llegó Hércules Poirot en la novela Asesinato en el Orient Express, de Agatha Christie. No es probable que la sentencia contra David Sánchez alcance tal nivel de notoriedad. Lo que sí es cierto es que el tribunal de la Audiencia de Badajoz ha llegado a una conclusión no tan diferente. Todos los acusados son culpables del delito de prevaricación administrativa, con una pena de nueve años de inhabilitación, en el caso del puesto de Sánchez, aunque no del delito de tráfico de influencias. No hay pruebas de que nadie les presionara para tomar esas decisiones. Es algo que simplemente ocurrió.

En la novela, los responsables tenían un móvil que explicaba sus actos, la venganza contra Ratchett. La sentencia sostiene que el móvil consistía en favorecer al principal acusado. Los jueces llegan a esa conclusión citando a los agentes de la UCO que declararon en el juicio, encabezados por el teniente coronel Antonio Balas: “De todo lo anterior, deducen inequívocamente que la plaza fue creada para una persona determinada: Don David Sánchez Pérez-Castejón”. Otro juicio en que las deducciones del jefe de la unidad de delitos económicos de la UCO acaban incorporadas a la sentencia, como sucedió en el del fiscal general. El tribunal quiso remarcarlo escribiendo que la aportación de Balas fue “sumamente ilustrativa”.

Los jueces de Badajoz optaron por una decisión que quiere ser vista como salomónica. En su relato de los hechos que considera probados, prácticamente suscriben la versión de las acusaciones populares y la que ha mantenido el Partido Popular en los últimos dos años al utilizar la investigación en sus discursos en el Parlamento y en mítines. Incluso en detalles que son escasamente relevantes, pero que aparecieron en muchos titulares, como el hecho de que Sánchez tuviera su residencia en Portugal desde 2021, y que no son delito. Pero no se atreven a condenar al acusado por tráfico de influencias e imponerle una pena de prisión. Por el pequeño detalle de que no tienen pruebas para dictar ese castigo. Nunca las hubo ni en la instrucción ni en la vista.

“No ha quedado probado, por tanto, que persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados primeramente filiados, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de un cargo o de cualquier otra situación derivada de una relación personal o jerárquica con aquellos”, dice la sentencia. A la vista de la sentencia, es un misterio por qué nueve de los acusados –dejando a un lado a Sánchez y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo– tomaron unas decisiones que ahora les han costado una pena de nueve años de inhabilitación. Si fracasan sus recursos, perderán sus empleos en la institución.

Para los jueces, no hay dudas de que todos los funcionarios son culpables. Son múltiples los indicios, afirma la sentencia, que muestran “con arreglo a las reglas de la lógica y de la razón, que ninguno de los acusados era ajeno al plan delictivo ideado por las más altas instancias de la Diputación de Badajoz y que actuaron de consuno, en connivencia, en ejecución de un plan preconcebido”. Su objetivo era crear “en expresión castiza, un traje a medida al beneficiario de la plaza”.

Si había un plan ideado desde arriba con el que se ordenó a tantos funcionarios que cumplieran órdenes, es difícil explicar por qué no se condena a Gallardo por tráfico de influencias. Parece que “la lógica y la razón” permiten trazar el retrato de un grupo dispuesto a delinquir, pero no condenar sin pruebas a su responsable. Una cosa es la literatura de una sentencia y otra, el Código Penal.

La sentencia dice que los condenados pusieron en marcha “una plaza de empleo público innecesaria y vacía de contenido”. Para justificar esta valoración, se basan por ejemplo en la opinión de un director de conservatorio que no creía necesario que se creara un puesto de coordinador que se ocupara de los dos conservatorios de Badajoz. Pocos funcionarios aceptan de buena gana que les pongan un jefe más por encima, al menos cuando reciben la primera comunicación. Sin embargo, y para afirmar que Sánchez no realizó las funciones por las que le pagaban, los magistrados no dan ningún valor a las declaraciones como testigos de los tres directores en la primera jornada de la vista en las que defendieron la capacidad y el trabajo del músico.

“La ayuda del coordinador vino muy bien”, dijo Yolanda Sánchez (sin parentesco con el hermano del presidente). “Estaba muy bien formado y capacitado para la plaza”, continuó. En su momento, parecía que ese primer día del juicio había sido muy malo para los intereses de las acusaciones. No es así si el tribunal decide ignorar esos testimonios, porque no sirven para condenar al acusado.

Los jueces admiten que hay un margen para la duda sobre si alguien presionó para que David Sánchez consiguiera ese puesto, si fue él mismo, alguien de su entorno “o si tal decisión se realizó 'motu proprio' con el designio de favorecer al Sr. Sánchez Pérez-Castejón por su relación de parentesco con quien era una figura política señera y futuro Secretario General del PSOE, por reelección en el cargo, a la sazón D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón”.

Resulta gracioso, quizá hasta revelador, que los magistrados coloquen al presidente del Gobierno en este contexto. Las fechas no cuadran del todo. Cuando se creó la plaza, noviembre de 2016, Pedro Sánchez ya no era secretario general del PSOE por su dimisión el 1 de octubre anterior. No presentó su candidatura hasta el 28 de enero de 2017, cuando no era precisamente el favorito, tampoco para el PSOE extremeño que apoyaba a Susana Díaz. Las primarias no se celebraron hasta mayo de 2017. El tribunal viaja al pasado porque sabe quién ganó esas primarias, lo que es una información que no tenían en 2016 los responsables de convocar la plaza que finalmente cayó en manos del hermano del presidente.

Puestos a lanzar hipótesis o “contrahipótesis”, como dice el texto –una decisión insólita en una sentencia que debe mostrar hechos probados y asignar penas en función de ellos–, los jueces plantean que los acusados pudieron haber intentado “congraciarse” con Pedro Sánchez con el nombramiento de su hermano al haber apoyado antes a Susana Díaz en las primarias. Y con esa sugerencia dan argumentos a los que quieran utiizar la sentencia para atacar al Gobierno.

“No sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo”, dice la sentencia en el párrafo anterior a esa referencia a la contrahipótesis. No lo saben, por eso no condenan por tráfico de influencias, pero dan por hecho que esa presión existió. Algún catedrático de Derecho Penal podría animarse a explicar a este tribunal que todo lo que no son hechos en una sentencia, no pasan de ser simples especulaciones.

Todo esto no dejan de ser elementos secundarios en la mente de los jueces. No tienen problemas en señalar que existe “la convicción de este Tribunal de que la prevaricación cometida obedecía al designio de favorecer por razones espurias a don David y don Luis María”. Estaban seguros de que David Sánchez era culpable, quizá incluso desde antes de que comenzara el juicio, de que existía un “designio”, un plan, destinado a beneficiarle. Desgraciadamente para sus convicciones, no encontraron pruebas con las que condenarle por esa conspiración, es decir, por tráfico de influencias. No fue porque no lo intentaran."

(Iñigo Sáenz de Ugarte, eldiario.es, 14/07/26) 

14.7.26

La última bala que esperan disparar es que Sánchez no pueda soportar el ingreso en prisión de Begoña. El golpe culmina ahí más que nada porque es impensable lo que puede pasar a continuación... Su plan es en realidad una canallada dirigida a quebrar al hombre que los humilló... Es tan grosera la participación activa de jueces vinculados al PP, tan jodidamente grosera… Este acelerón es por si llegan a tiempo de meter mano al pastel de los fondos europeos que faltan por llegar a España y lo harán en diciembre. Sin más... El dinero público. El dinero de todos que es en realidad la razón de ser y de existir del PP. Quieren el poder porque es la llave del dinero. De las privatizaciones, del reparto de la pasta con los que están financiando el golpe. Begoña va a ser condenada a prisión. Y nunca antes habrá estado tan en peligro la democracia en España desde el 23F (José Aroca)

José Aroca @JoseArocaALC

La última bala que esperan disparar es que Sánchez no pueda soportar el ingreso en prisión de Begoña. El golpe culmina ahí más que nada porque es impensable lo que puede pasar a continuación. 

Su plan es en realidad una canallada dirigida a quebrar al hombre que los humilló. 

Todo ha estado encaminado para convencer a la opinión pública de que el PSOE y el Presidente son culpables de lo mismo que les hizo caer a ellos. Es tan grosera la participación activa de jueces vinculados al PP, tan jodidamente grosera… 

Este acelerón es por si llegan a tiempo de meter mano al pastel de los fondos europeos que faltan por llegar a España y lo harán en diciembre. Sin más. 

El dinero. El dinero público. El dinero de todos que es en realidad la razón de ser y de existir del PP. Quieren el poder porque es la llave del dinero. De las privatizaciones, del reparto de la pasta con los que están financiando el golpe. Begoña va a ser condenada a prisión. Y nunca antes habrá estado tan en peligro la democracia en España desde el 23F.

3:36 p. m. · 14 jul. 2026 ·4.445 Visualizaciones

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Los argumentos de la Fiscalía para pedir absolver a Begoña Gómez: El ministerio público ha pedido reiteradamente el archivo del caso... descarta la existencia de cualquier tipo de delito y reclama la absolución de Gómez y de los otros dos imputados. “Los hechos narrados no son constitutivos de infracción penal. Sin delito no hay autor”, incide... Begoña llevaba vinculada a la Complutense desde 2012, mucho antes de que su marido liderara el PSOE y llegara a La Moncloa. Además, la investigación ha reflejado que su beneficio económico fue reducido... su asistenta Cristina Álvarez ha “cumplido las funciones inherentes a su cargo y aquellas que le han sido encomendadas en su condición de funcionario eventual” sin “ningún tipo de menoscabo o detrimento para el patrimonio y recursos públicos”... El ministerio público encuadra su relación con Barrabés dentro de la normalidad... “Ninguno de los investigados se ha beneficiado económicamente de las actividades de creación del software informático, ni consta que la UCM haya sufrido perjuicio patrimonial a consecuencia de las actividades desarrolladas”... en todo caso, la utilización del mismo sería gratuita para los usuarios... asimismo, La Fiscalía acusa al juez Peinado de idear una “confabulación” para retirar el pasaporte a Begoña Gómez (J. J. Gálvez)

"Los argumentos de la Fiscalía para pedir absolver a Begoña Gómez: “Sin delito no hay autor”

La Fiscalía de Madrid ya ha presentado su escrito de conclusiones sobre la investigación abierta por el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. El ministerio público, que ha pedido reiteradamente el archivo del caso y ha cargado duramente contra el magistrado por retirarle el pasaporte a la pareja del líder del PSOE, da este paso después de que Peinado acordase abrir juicio oral por jurado. El documento, de 25 páginas, descarta la existencia de cualquier tipo de delito y reclama la absolución de Gómez y de los otros dos imputados: Cristina Álvarez, su asesora en La Moncloa; y el empresario Juan Carlos Barrabés. “Los hechos narrados no son constitutivos de infracción penal. Sin delito no hay autor”, incide.

Con este informe, la Fiscalía contrarresta la tesis del juez instructor, que atribuye cuatro delitos a Gómez (tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida). El magistrado repite que la pareja de Sánchez se “prevalió” de su “posición” y “relación personal” con el presidente del Gobierno —“y de este con el resto de la Administración”, según apostilla— para “acceder a interlocuciones institucionalmente excepcionales” y “favorecer” su carrera dentro de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde codirigió un máster y una cátedra extraordinaria. Además, según le reprochó Peinado, Álvarez la ayudó con su trabajo privado.

Sin embargo, la Fiscalía rechaza sus hipótesis. Estas son las principales conclusiones del ministerio público, que impactan contra el relato del magistrado Juan Carlos Peinado:

Los ingresos de Begoña Gómez. La Fiscalía hace especial hincapié en que la pareja de Sánchez llevaba vinculada a la Complutense desde 2012, mucho antes de que su marido liderara el PSOE y llegara a La Moncloa. Además, la investigación ha reflejado que su beneficio económico fue reducido. Según señala el escrito, cobró “cero euros” por codirigir una cátedra extraordinaria durante dos cursos académicos. Por su labor docente en un máster recibió un total de 13.534 euros en dos cursos (6.767 euros de media); por otro máster, 20.653 euros a lo largo de seis cursos (3.442 euros de media, con años que no llegó ni a los 800 euros); y por su trabajo en un diploma de formación continua, 4.883 euros en otros dos cursos académicos.

El papel de Álvarez. “Entre 2018 y 2026, Álvarez ha acompañado a Begoña Gómez a diferentes y numerosos actos, públicos y privados, algunos de ellos relacionados con la actividad que desarrollaba en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Y también ha realizado actividades puntuales de gestión y contacto entre diferentes personas de la UCM que se relacionaban o debían relacionar con Gómez, así como con terceros patrocinadores de la cátedra”, explica la Fiscalía. El ministerio público añade que Álvarez ha “cumplido las funciones inherentes a su cargo y aquellas que le han sido encomendadas en su condición de funcionario eventual” sin que “haya existido en la actividad adicional de ayuda que ha podido ocasionalmente realizar”, “ningún tipo de menoscabo o detrimento para el patrimonio y recursos públicos”. “Y tampoco se ha producido ningún tipo de retribución o beneficio adicional derivado de ello”, apostilla.

Relación con Barrabés. El ministerio público la encuadra dentro de la normalidad. El empresario “colaboró y participó” en un módulo de las actividades docentes de un máster que codirigía Gómez, así como también facilitó la participación de otros profesionales de su grupo”, “recibiendo todos ellos la contraprestación reglada por la UCM por hora de docencia” y “siguiendo el cauce establecido” por la universidad. Frente a la tesis de Peinado, el fiscal dice que Barrabés “no ha colaborado en la cátedra de Transformación Social Competitiva, ni ha sido patrocinador ni ha financiado ninguna actividad de la misma”.

Ante la idea de que Barrabés se benefició de adjudicaciones gracias a su colaboración con la carrera de Gómez, la Fiscalía recuerda que Innova Next —una de sus empresas que se ha puesto en el punto de mira— se creó en 2012 y comenzó a presentarse a concursos en 2016-2017 (antes de que Sánchez llegase a La Moncloa), “sola o en unión” con otras compañías. Desde entonces, ha logrado un total de 28 contratos por valor de 22,8 millones de euros. Las sospechas se ponen sobre los otorgados por la empresa pública Red.es. A este respecto, el ministerio público expone que Gómez es “ajena” a esa entidad estatal, “como también al resto de entidades que adjudicaron los contratos públicos al grupo Barrabés”. “Sin constancia de la existencia de lazos personales, familiares, amistad o cualquier relación con los miembros y personal de dichas entidades. Y sin constancia siquiera de cualquier llamada, interlocución, contacto, o intermediación, y menos aún de que, de existir, la mismas hubieran sido dirigidas a persuadir a adoptar resolución alguna en favor de Juan Carlos Barrabés”, manifiesta.

El desarrollo del software. “Ni sociedades y empresas intervinientes pretendieron ni obtuvieron ninguna remuneración a consecuencia de su participación en el proyecto, ni tampoco existe vinculación con su actividad y contratación en el sector público o privado”, ahonda el escrito. “Ninguno de los investigados se ha beneficiado económicamente de las actividades de creación del software informático, ni consta que la UCM haya sufrido perjuicio patrimonial a consecuencia de las actividades desarrolladas”, prosigue el ministerio público, que insiste en que no existen indicios de que se ejerciera “presión de ningún tipo” sobre las empresas.

El escrito de conclusiones continúa así: “No consta que ninguno de los acusados, directa o indirectamente, haya realizado una explotación mercantil del referido programa informático, ni consta hayan pretendido ostentar titularidad o propiedad frente a terceros, reconociendo en todo momento que el programa en cuestión era titularidad complutense y que, en todo caso, la futura utilización del mismo sería gratuita para los usuarios”.

La marca. “La denominación de Transformación Social Competitiva y el logo de su imagen habían sido creados e ideados por Begoña Gómez antes de su registro formal y eran utilizados en las actividades del máster en la UCM. No consta que los mismos se hayan empleado fuera del ámbito de la UCM, ni su utilización lucrativa, ni su explotación, ni que se haya entablado litigio a causa de ello por la UCM”." 

(J. J. Gálvez , El País, 09/07/26)  

 

  "La Fiscalía acusa al juez Peinado de idear una “confabulación” para retirar el pasaporte a Begoña Gómez.

 A la Fiscalía de Madrid se le empiezan a acabar los calificativos para referirse a la investigación del juez Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez, así como a su decisión de retirarle el pasaporte y prohibirle salir de España. En un duro recurso enviado a la Audiencia Provincial de Madrid, el ministerio público arremete contra el magistrado por su “escaso rigor y mesura” al restringir los movimientos de la esposa de Pedro Sánchez, además de cargar contra él por “desviarse” de la ley y querer, incluso, dar “carta de naturaleza” al “dato irreal” propagado por páginas web sobre la supuesta adquisición de la nacionalidad de República Dominicana por parte de la pareja del presidente del Gobierno. Es más, también acusa al magistrado de idear una “confabulación” para sostener que la escolta la ayudaría en una “eventual” fuga al extranjero.

“No concurre el riesgo de fuga pretendido [por Peinado] y las medidas adoptadas no han sido motivadas ni justificadas atendiendo a la situación individualizada de las acusadas”, incide el escrito firmado por el fiscal José Manuel San Baldomero, en referencia a Begoña Gómez y Cristina Álvarez, su asesora en La Moncloa, para quien acordó las mismas restricciones. En este sentido, el ministerio público remacha: “Nos parece una evidentemente medida innecesaria, injustificada, inmotivada, desproporcionada, y contraria a los fines propios de la ley. En los dos casos. Y en el caso de Cristina Álvarez, sencillamente, la resolución es injusta”.

El pasado 20 de junio, Peinado no solo decidió abrir juicio oral a la esposa de Sánchez por cuatro delitos (tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida), sino que además se apoyó en la petición de la acusación popular liderada por la asociación ultracatólica Hazte Oír para restringir su libertad de movimientos. Le retiró el pasaporte, le prohibió salir del país y la obligó a comparecer dos veces al mes ante su juzgado. El magistrado argumentó entonces que aprecia un “riesgo de fuga” ante los años de cárcel que prevé el Código Penal para los delitos que le atribuye; y, según apostilló, sus escoltas policiales podrían ayudarla a fugarse. Días después, ante el recurso de la defensa de Gómez, que alegó que la esposa del jefe del Ejecutivo se encuentra en todo momento vigilada por agentes que se encargan de su seguridad, el juez ha añadido que “no sería la primera ocasión” en la que “se fuga” un presidente del Gobierno de un Estado miembro de la UE.

Para la Fiscalía, Peinado hace tiempo que ha traspasado las líneas rojas y estas iniciativas son solo un paso más de una instrucción desmedida, que ha “acelerado” en su última fase para poder sentar en el banquillo a la pareja del líder del PSOE. Todo ello, “sin acoger diligencias propuestas, obviando trámites, sin dar respuesta a las alegaciones planteadas, y sin esperar el resultado de resolución de los recursos que penden ante la Audiencia Provincial de Madrid”.

El ministerio público carga contra cada una de las tesis expuestas por el juez para intentar justificar la retirada del pasaporte. Sobre el hecho de que recurra a la hipótesis de que la escolta de Begoña Gómez —formada por agentes de la Policía— pueda ayudarla en su huida, el fiscal incide en que evidencia su “carencia de argumentos”. Según San Baldomero, Peinado levanta esa idea de “una forma categórica y de autoafirmación, pero sin justificación ni base racional”: “Y extiende una sombra de sospecha infundada de las instituciones, tanto a nivel de mandos como a nivel del funcionario de base”. “No es fácilmente asumible esa visión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en un estado de Derecho como el nuestro. Y tampoco es fácil imaginar y asumir la confabulación que visualiza el instructor”, ahonda.

El recurso subraya que el magistrado ni siquiera ha valorado todas aquellas circunstancias que deben analizarse a la hora de adoptar una medida de tal calibre: como “la ausencia de antecedentes penales (ni siquiera detenciones policiales); nacionalidad española; arraigo en territorio nacional; actividad laboral en España; vínculos familiares y personales en España; ausencia de vínculos o nexos mínimos con terceros países que presupongan facilidad para desplazarse a ellos e instalarse; y bienes en el extranjero o dinero y productos financieros que puedan indicar facilidad para su movimiento a los mismo”. “Todos [estos] criterios se valorarían positivamente en las investigadas”, puntualiza el fiscal.

“Tienen indudable arraigo en territorio nacional; son españolas; sus familias son españolas y tienen también arraigo en territorio nacional; ambas desempeñan y han desempeñado sus actividades profesionales en España”, enumera el ministerio público, que sigue así: “Carecen de nexos con el extranjero. Desconocemos a dónde se supone que huirán, porque no se apunta ningún país concreto donde tendrían facilidad de instalación e impunidad. Y carecen de bienes o activos que permitan dicha fuga e instalación fuera de España. Y no será por la sospecha de bienes y ganancias ilícitas, a la vista del resultado de las exhaustivas pesquisas patrimoniales autorizadas desde el juzgado que descartaron las sospechas infundadas”.

El fiscal califica de “llamativo” que Peinado reclamase a Begoña Gómez que entregase “cuantos pasaportes pudiera disponer, cualquiera de las nacionalidades a las que pertenezcan, tanto de carácter ordinario como de carácter diplomático”. “Desconocemos a qué puede referirse con esa expresión de ‘cualquiera de las nacionalidades a las que pertenezcan’, salvo que vuelva a aludir a la supuesta adquisición de nacionalidad de República Dominicana, dato irreal sistemáticamente propagado en ciertos medios, y que parece que se le sigue dando carta de naturaleza”, censura el escrito enviado a la Audiencia.

La “perspectiva” de Peinado

En esta línea, el ministerio público critica igualmente que, para justificar la retirada del pasaporte, el juez instructor se apoyase en una “sola resolución” del tribunal provincial sobre un caso de tráfico de drogas, en la que no llegaba a profundizar para explicar por qué hacía ese “paralelismo”. Aunque, según San Baldomero, esa “comparación con un delito contra la salud pública cometido en el marco de una organización criminal y en tráfico de grandes cantidades”, evidencia desde qué “perspectiva” Peinado “aborda este procedimiento en relación” con Begoña Gómez, su asesora y el empresario Juan Carlos Barrabés, también procesado en la causa.

El recurso de la Fiscalía, que ha pedido reiteradamente al archivo del caso, está plagado de reproches a la actuación del juez. Recalca que “carece de sentido” obligar a Gómez a presentarse dos veces al mes ante su juzgado, “salvo que se quiera” adoptar esa medida como una suerte de penalidad adicional anticipada y exposición pública”. De hecho, al ministerio público le resulta “llamativo el número de veces” que la esposa del presidente ha sido citada durante la instrucción: con la “imputación de delitos sucesivos” y “comparecencias duplicadas”.

La Audiencia de Madrid deberá ahora pronunciarse sobre los recursos presentados contra la retirada del pasaporte. Esta medida ya ha tenido sus efectos. La esposa de Sánchez pidió permiso para salir de España entre el 7 y 10 de julio para acudir a la cumbre de la OTAN en Ankara y a la graduación de su hija en Londres. Pero el juez Antonio Viejo, en sustitución de Peinado, solo le autorizó esta semana a viajar al Reino Unido, y no a Turquía." 

(J. J. Gálvez El País, 09/07/26)  

Barrabés, empresario investigado en el ‘caso Begoña Gómez’: Pregunta. ¿Cuál era su relación con Pedro Sánchez? Repuesta. Es muy simple: no hay relación. Solo le vi una vez en una reunión con ciento y pico empresarios... P.- ¿Y a Begoña Gómez cuándo la conoce? R. A Begoña la conocí en Mañana, un evento muy chulo sobre el futuro de la sostenibilidad... me llamó y me dijo que estaba montando un máster de sostenibilidad... Me pareció bien, en España no había estudios de sostenibilidad... Me dijo que si podía ayudar con una parte, de estrategia, y le dije que sí. Tuvimos algunas reuniones para profesores, para la estructura. Yo tenía mucha experiencia en másteres... yo era una persona que podía contar lo que pasaba de una manera diferencial. He salido en las listas de los más influyentes no sé cuántos años...Pero, si se refiere a si soy su amigo, no. No tengo amistad con ella. No conoce a mis hijos, no conoce a mi mujer. Hemos tenido una relación profesional. Yo ayudé a hacer un máster de sostenibilidad social... Hace muchísimos años que no tengo relación... la empresa, al final, he tenido que venderla a un euro... P.- Se mencionan unas cartas de recomendación que firmó la esposa del presidente ¿Cómo surge la firma de este tipo de cartas? R. Cuando tú te presentas a un concurso, presentas cartas de apoyo al proyecto. No es una carta de recomendación. Una carta de apoyo al proyecto quiere decir que, si el proyecto sale, se comprometen a hablar con quien gane el proyecto. ¿Para qué sirve? Para demostrar que estás en el mundo, es una manera de decir que no eres un pirata. ¿Y cómo se hace? Automáticamente. ¿Y cuántas se piden? Miles al año (Irene Dorta , J. J. Gálvez

 "Juan Carlos Barrabés se define a sí mismo así: “Un tío de Benasque (Huesca) que casi no he estudiado y he hecho un montón de cosas”. El empresario, de 56 años, creó a mediados de los noventa su primera tienda online de ropa de montaña con su apellido. En el año 2000 gestó Barrabés Internet, una empresa que ofrecía formación a nuevos emprendedores de negocios para el comercio electrónico. Su carrera despegó así, convirtiéndose en un referente en el mundo de la innovación. En 2024, el juez Juan Carlos Peinado decidió imputarlo en la causa que impulsa contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en cuyo máster en la Universidad Complutense de Madrid, Barrabés dio “dos o tres” clases. En ese momento, según explica, él se encontraba gravemente enfermo debido al síndrome de Poems que padece, un trastorno sanguíneo que provocó que le tuvieran que autotransplantar células madre. Recién operado y aislado en una habitación del hospital, el magistrado ordenó que las fuerzas de seguridad le incautaran el teléfono móvil. Una decisión que posteriormente fue anulada.

Tanto el juez Peinado como la Fiscalía Europea mantienen abiertas distintas investigaciones contra él por tres adjudicaciones de contratos públicos de la entidad Red.es. Ahora recuperado, Barrabés decide dar a EL PAÍS su primera entrevista desde que comenzó esta causa y asegura que no se siente una víctima del procedimiento, sino un “instrumento”. “He estado a punto de morirme y me están intentando matar”, apunta. Asegura que confía en la justicia e incide en que no busca que la causa se anule: “Quiero ganar”.

Pregunta. ¿Cuál era su relación con Pedro Sánchez? ¿Cómo y cuándo lo conoció?

Repuesta. Es muy simple: no hay relación. He escuchado que le enseñé a esquiar, que he tenido jornadas hablando con él dando largos paseos. Todo es mentira. Solo le vi una vez en una reunión con ciento y pico empresarios; y fui porque me llamaron 40 veces y porque llamaron a todos para llenar la sala. Y luego otra vez porque me llamó (como tantas veces tanta gente me llama) y me preguntó cómo veía yo el tema de la innovación, las pymes y todo esto, que es de lo que sé. No tengo una relación de asesor o algo así. No es verdad.

P. ¿Fue una reunión en La Moncloa?

R. Sí. Fueron dos: en una nos conocimos y en otra quedamos. Hay que dar el detalle exacto porque ya me he dado cuenta de que, si no, parece que escondes algo.

P. ¿Y a Begoña Gómez cuándo la conoce?

R. A Begoña la conocí en Mañana, un evento muy chulo sobre el futuro de la sostenibilidad. Sobre 2010, yo ya estaba muy convencido de que realmente el futuro de la innovación pasaba por la sostenibilidad y que los países no podrían tener una industria competitiva sin ese componente. Entonces hice muchas cosas en ese mundo y ella vino la primera vez a escuchar. Y la conocí allí y, ya está, no tiene más historia.

P. Y, a partir de ese momento, ¿cómo fue su relación con ella?

R. En un momento dado, me llamó y me dijo que estaba montando un máster de sostenibilidad. No surgió la idea de mí, ni nada por el estilo. Me pareció bien porque muchísima gente me preguntaba dónde podía estudiar sostenibilidad. Hay que tener en cuenta el momento: en España no había estudios de sostenibilidad. A todos les tenía que recomendar cosas fuera. Me dijo que si podía ayudar con una parte, de estrategia, y le dije que sí. Me pareció normal. Tuvimos algunas reuniones para profesores, para la estructura. Yo tenía mucha experiencia en másteres. Pero, si se refiere a si soy su amigo, si me he ido a cenar con ella: no, nunca, jamás. No tengo amistad con ella. No conoce a mis hijos, no conoce a mi mujer. Hemos tenido una relación profesional. Y cuando yo he ido a La Moncloa es porque pensaba que era su oficina. Yo ayudé a hacer un máster de sostenibilidad social, y di dos o tres clases.

P. ¿Y tiene alguna relación actual con Begoña Gómez?

R. ¡Qué va! Nada. Hace muchísimos años que no tengo relación. Creo que me puso un mensaje para Navidad. Que yo he estado a punto de morirme y no me ha llamado. Este rollo de la deshumanización de la gente no está bien. Porque esto consiste en quemar y destrozar la vida. La gente que se deja instrumentalizar con estas cosas, tanto periodistas como entornos judiciales, no sabe lo que hace. No te puedes convertir en una herramienta para permitir que la gente haga el mal. Tienes que protegerte para que no te utilicen, para que no te instrumentalicen, para deshumanizar y fastidiar. Nos estamos jugando la democracia.

P. En su trayectoria como empresario, ¿ha tenido relación con otros gobiernos?

R. Claro, a mí me han llamado siempre. Desde el año 90 y poco, siempre me han llamado para preguntar. Es normal, es que me dedico a la innovación. Cómo no van a preguntar, es que sería irresponsable no hacerlo.

P. ¿Algún ejemplo que pueda poner?

R. Si se pregunta si he hablado con gente muy importante de gobiernos y de empresas, sí. Aquí y fuera de España. Lo que pasa es que si ahora nombro a alguien, lo van a crujir. Porque estamos todos locos. Pero es que a mí me parece normal que las personas que se dedican a la vida pública y a las grandes empresas se informen de lo que pasa. Y yo era una persona que podía contar lo que pasaba de una manera diferencial. He salido en las listas de los más influyentes no sé cuántos años.

P. ¿Ha tenido contratos con otras administraciones?

R. No recuerdo ninguna administración o empresa importante con la que no haya trabajado. Llevo toda mi vida currando. A mí no me dan un contrato. Primero, los gano. Y segundo, no los gano solo. En uno de estos casos [que se están investigando], por ejemplo, KPMG tiene el 60%. No son unos que hay por ahí, unos mataos.

P. ¿Cómo fueron los contratos con Red.es?

R. Creo que nos hemos presentado a 300 y pico contratos. De repente, en España explotaron los fondos europeos. El 100% de las consultoras que se presentan a estos multiplicaron su facturación. Solo te presentas a lo que crees que puedes ganar y, aun así, ganas entre el 15 y el 20% si tienes experiencia. Es muy difícil. Siempre ganas muy pelado y muchas veces se recurre. En estos casos [los que se investigan], no se recurrieron. Hay 12 o 15 funcionarios profesionales, cada uno de su padre y de su madre, con experiencia. Sinceramente, no sabría cómo influirles. No lo haría, pero es que no sabría hacerlo. Hacer un programa para 3.000 personas que aprendan de ciberseguridad en tantas ciudades en España durante tres años es súper difícil. De hecho, no lo había hecho nunca nadie. Nunca he tenido la consultora como un negocio; ha sido una plataforma para cumplir mis ideas. Jamás me ha movido el dinero en la consultora. Ahora ya no la tengo, me la han robado. Ahora la cuestión es quién me la va a pagar. Me han robado empleados, que llevábamos muchísimos años juntos; me han robado la posibilidad en un montón de proyectos increíbles; me han robado una potencia que tenía yo para hacer cosas. Es como si me hubieran robado el riñón.

P. ¿Se le han ido empleados?

R. Bueno, la empresa, al final, he tenido que venderla a un euro. Pero es que me he quedado con la deuda. El tema es que me han robado la empresa. Éramos un ejemplo para mucha gente. Y eso era precisamente lo que a nosotros nos gustaba: hacer cosas muy potentes y con mucho impacto. Pero yo no soy una víctima, soy un elemento necesario para los objetivos de este proceso. Pero no me siento una víctima. Por ahora son negocios. Pero he visto llorar a mi mujer hace poco. A mí, la pasta me da igual, pero estas cosas no me dan igual. Se deshumaniza a la gente. ¿Para qué? Porque entonces los puedes matar.

P. En la investigación también se mencionan unas cartas de recomendación que firmó la esposa del presidente ¿Cómo surge la firma de este tipo de cartas?

R. Cuando tú te presentas a un concurso, presentas cartas de apoyo al proyecto. No es una carta de recomendación. Hay varias grandes mentiras que se dicen muchas veces y la gente se las cree: como que yo soy socio [de Begoña Gómez], lo de las cartas de recomendación. Esto no funciona así. Una carta de apoyo al proyecto quiere decir que, si el proyecto sale, se comprometen a hablar con quien gane el proyecto. ¿Para qué sirve? Para demostrar que estás en el mundo. No cuenta, pero todo el mundo lo hace porque, en el fondo, es una manera de decir que no eres un pirata. ¿Y cómo se hace? Automáticamente. ¿Y cuántas se piden? Miles al año. ¿La pedí yo? No.

Esta gente no va con las mismas armas. No va con buena fe. El juzgado sabía que yo iba a ser autotrasplantado. Y, cuando te autotrasplantan, en las primeras dos semanas, y sobre todo los primeros dos o tres días, tienes cero defensas. Yo estaba llagado, hecho polvo, medio muerto... No puedes estar con la gente, porque con cualquier cosa [infección] te mueres. Y, de repente, oigo unos ruidos y eran dos tíos del juzgado en mi cuarto. Pusieron en riesgo mi vida descomunalmente. Uno me decía: “Usted, si no ha hecho nada, no se preocupe”. Y me cogen el móvil y se piran. Me dejaron sin comunicación y yo sin saber nada, medio muerto —la Audiencia Provincial de Madrid anuló la incautación del teléfono, así como los registros en la casa y empresas de Barrabés con un duro reproche al juez Peinado: “No todo es lícito”—.

P. Volviendo a las cartas. Había otra, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid, del PP. Después de su imputación, ¿rompieron los proyectos que había o los renovaron?

R. No quiero hablar del Ayuntamiento de Almeida porque no voy a criminalizar a nadie. No voy a hacer lo que me hacen. Lo que pasó es que, en el mundo de la consultora, desapareció todo el mundo y nos echaron de los sitios que pudieron. Yo lo entiendo porque, si al final tú tienes esa presencia mediática, pues la gente se asusta.

P. Sobre la cátedra codirigida por Begoña Gómez, el juez Peinado mantiene que usted “no se limitó a contactos puntuales”, sino que se “proyectó” sobre “la propia estructura de la cátedra, en la que quedó integrado de forma estable”. ¿Cuál fue exactamente su participación en la cátedra?

R. Mi participación en la cátedra fue inexistente. Cero patatero. De hecho, ahora me he enterado de que existía la cátedra. No he estado nunca y nadie me ha visto nunca en la cátedra. Han pasado los de la Complutense [por el juzgado] y han dicho que yo no estaba en la cátedra. Esto consiste en tener cuatro o cinco mentiras muy gordas y repetirlas todo el rato. No soy el socio de Begoña Gómez; no he tenido un aumento de ingresos por los concursos públicos, tenía un 10-12% en un mundo que crecía al 800%. Llevo toda la vida ganando concursos públicos. ¿Dónde está la pasta? A mí me han buscado en mi casa a ver si había pasta. Pero no tengo dinero negro. Nunca he tenido. Han venido a buscarme cuentas, y no las tengo.

P. ¿Usted conocía al rector de la universidad?

R. Qué va.

P. ¿Y a Luis Prieto? —director de Economía Digital en Red.es—.

R. A Luis Prieto le conozco porque es un tío que lleva 30 años en el gremio, y le he visto dos o tres veces en mi vida. Luis Prieto tiene la fama de ser el tío más duro del gremio. ¿Y ahora dice un informe que falta el libro blanco [un trámite necesario para la adjudicación]? Claro que está el libro blanco. O sea, tú haces un informe policial y dices lo que dice la gente, pero no miras a ver si es verdad. ¡Pues claro que está el libro blanco!

P. ¿Usted habló con algún miembro de Red.es o sabe si alguien intercedió para que su oferta fuera “la buena”, como decían los mensajes incautados a los trabajadores de la entidad?

R. No, absolutamente no. Ellos tienen su manera de adjudicar los proyectos. Y tienen un proceso en el que abren una discusión. Y en una discusión, lo normal es que uno diga una cosa al otro, y que uno se equivoque. Pero la realidad es que lo hacen así con todos los proyectos. De hecho, nosotros hemos pedido 20 veces que nos dejen investigar otros [contratos] y nos lo echan para atrás.

P. Si la instrucción terminara en juicio, ¿preferiría que le juzgara un tribunal profesional o un jurado?

R. Una inteligencia artificial [bromea]. Es más fácil controlar los sesgos ideológicos. Y sería rápido. Porque el mayor problema de esto es que te arruinan y te destrozan la imagen con el tiempo.

P. Y quitando la inteligencia artificial, que no es posible, ¿preferiría un tribunal o un jurado?

R. Un tribunal. Siempre prefiero trabajar con profesionales. Y te digo la verdad: yo confío en la justicia. Lo que le está pasando a la justicia es que está siendo atacada. Eso es lo que pienso. Y, cuando te atacan, te atacan desde dentro y desde fuera. Y si viene un jurado, pues yo sigo confiando en la justicia y supongo que habrá manera de reclamar. Pero lo normal es que un jurado popular te cuelgue vivo. Tampoco hay que ser muy listo para verlo. Vete a la calle y dile a nueve ciudadanos que hay un empresario en España, del que durante dos años y medio han estado diciendo que es un ladrón enorme y un confabulador. Y diles que no lo condenen. No se me ocurre una indefensión mayor.

P. ¿Cómo ha vivido el proceso a nivel personal?

R. Tú ves que estás a punto de morirte y que no le importa a la gente. Y es muy duro. Y ya cuando me enteré de que habían entrado en mi casa, con mis hijos... El otro día, en el juzgado, estaba viendo a los abogados de la acusación y pensé: “Si son como los abogados de Torrente, frikis diciendo chorradas”.

P. Cuando empieza el procedimiento, ¿usted ya estaba enfermo?

R. Claro. Tenía el síndrome de Poems, que es una enfermedad rara. Esto es una enfermedad tumoral.

P. Y, cuando le citaron primero como testigo, ¿estaba en el hospital?

R. Yo estaba desahuciado. Joder, que no era broma. Yo he estado en el hospital, entrando y saliendo, ocho meses y medio o nueve. Vamos, mírame cómo me he quedado —necesita bastones para desplazarse y no tiene sensibilidad en las extremidades—. El problema es que a mí me hicieron muchas cosas sin estar imputado. Declaré sin estar imputado. Yo he sido un tío de monte y estuve siete años en un internado porque en Benasque no había colegio. Soy un tío fuerte. Entonces, tiro para adelante. El problema no soy yo. El problema son mi mujer, mis hijos, mi familia y mi familia extendida: empleados y amigos. Que esto afecte a ellos. Yo estoy viviendo esto como una parte de mi vida. Y hasta ahora son negocios. Pero empiezan a no ser negocios. Es muy duro despertarte a las cuatro de la mañana y ver que, realmente, eres el producto de una cadena para hacer daño. Te están instrumentalizando para hacer daño. Pues dices, ¿Esto qué es? Y si te mueres, eres una pieza de la cadena, ya cogerán otra. Esto no puede ser. Yo no quiero que declaren este juicio nulo, quiero ganarlo. No me da la gana que lo declaren nulo. No quiero porque eso es una salida muy fácil. Así no queda claro que yo no lo he hecho. Yo quiero ganarlo.

Hay una economía de la desgracia en todo esto. Hay una economía de las fake news. Son unos mediocres y esto les permite llevar un ritmo de vida que no han llevado en su vida. Y es increíble porque estamos llegando a un mundo sostenido por unos mediocres. La democracia tiene que protegerse. El ascenso de los mediocres es el fin de la democracia.

Me han intervenido el móvil. Que es la razón por la que mi mujer estaba llorando. Me acabo de enterar. Me humilló profundamente. Creo que en todo el proceso no hay nada que me haya humillado más que eso. ¿De verdad me tenéis que intervenir el móvil dos años o tres después [de que se abriera la causa]? Es que van con todo. En la Fiscalía Europea han pasado 68 personas a declarar. Y está todo clarísimo. Y solo se han filtrado, curiosamente, los mensajitos.

P. ¿Cuál es su opinión sobre cómo el juez Peinado ha llevado la instrucción?

R. Pues mira, visto lo visto, no lo voy a decir. Porque eso tiene un coste." 

(Irene Dorta , J. J. Gálvez , El País, 09/07/26) 

7.7.26

Ernesto Ekaizer: "El de Pedro Sánchez es un gobierno intervenido con un 155 judicial"... Tenemos un nuevo 155 sobre la mesa, un gobierno intervenido. En este caso, no en Catalunya, sino en Madrid: el de Pedro Sánchez; los jueces trabajan día y noche y, haga lo que haga Sánchez, no se detendrán hasta derribarlo; es su principal objetivo... el golpe de atención de Aznar y Ayuso al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de que éste pidiera ​​“pasar página del proceso” es porque le han querido poner en su sitio para recordarle que se olvide de cualquier moción de censura que incluya Junts y Puigdemont; su objetivo es el de llegar a las elecciones con un gobierno deshecho

"Tenemos un nuevo 155 sobre la mesa, un gobierno intervenido. En este caso, no en Catalunya, sino en Madrid: el de Pedro Sánchez; los jueces trabajan día y noche y, haga lo que haga Sánchez, no se detendrán hasta derribarlo; es su principal objetivo". Así lo ha dicho en el Versión RAC1 de Toni Clapés el periodista y escritor Ernesto Ekaizer tras el alud de noticias que han salido a la luz este mismo jueves y que afectan al ejecutivo de coalición.

En las últimas horas, Hacienda ha decidido personarse en el caso Plus Ultra frente a José Luis Rodríguez Zapatero por las joyas que tenía en el despacho; el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y su número dos, Manuel Llamas, en el caso Leire Díez; y finalmente, se ha archivado la causa contra el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, por difundir datos personales de dos periodistas de El País que investigaban la presunta corrupción de la pareja de la presidenta madrileña.

Al respecto, Ekaizer destaca el golpe de atención de Aznar y Ayuso al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de que éste pidiera, el pasado fin de semana desde Barcelona, ​​“pasar página del proceso” y que mostrara una posición más flexible con Catalunya. "Feijóo se estaba desviando por un camino peligroso y le han querido poner en su sitio para recordarle que se olvide de cualquier moción de censura que incluya Junts y Puigdemont; su objetivo es el de llegar a las elecciones con un gobierno deshecho", dice.

El periodista no ve recurrido a una posible moción de censura contra Sánchez: "No creo que Feijóo pueda prometer a Puigdemont que se levantará la orden de detención que se cierne sobre él, porque los que realmente mandan son los jueces; tampoco veo a Puigdemont dispuesto a facilitar el gobierno el PP". Ekaizer, de hecho, destaca que en 1996, tras la victoria de Aznar, el expresidente apostó en un artículo de El Punt Avui para pactar con el PSOE y no permitir un gobierno de la derecha española.

Por último, Ekaizer está a la expectativa de la decisión que el viernes debe tomar el juez Peinado en relación con Begoña Gómez, que le ha pedido recuperar temporalmente el pasaporte para acompañar a Pedro Sánchez la próxima semana en Turquía y Reino Unido, coincidiendo con la cumbre de la OTAN.

"Si decide autorizarla a viajar, como él mismo ha dicho en una resolución que los policías que le escoltan podrían ayudarla a huir, ¿qué hará? Nombrará un nuevo cuerpo policial para que le acompañe? Hemos llegado a un punto de absurdo que incluso este planteamiento sería esperable", concluye." 

(Ernesto Ekaizer , blog, 05/07/26,traducción google) 

5.7.26

Lo que viene en España lo está anticipando el gobierno de Merz... Merz aboga por una reforma del estado de bienestar que afecte a la sanidad pública, a la atención a los mayores y al subsidio por desempleo, pero de forma que perjudica a sus votantes y a la pequeña empresa... ha establecido que un porcentaje las cotizaciones sociales tendrá que ir a parar a fondos que invertirán en los mercados. Dicho de otro modo, quiere aportar más capital a los mercados financieros. ¿Quién va a pagar eso? Los trabajadores y los pequeños y medianos empresarios. Está detrayendo partidas públicas para destinarlas a los inversores privados... Será malo para los trabajadores, porque esos fondos son los que impulsan un tipo de gestión que deteriora las condiciones salariales y laborales de los trabajadores. Será malo para las pymes porque pagarán más. A cambio, los dos recibirán menos del Estado... Es un paso más en esa deriva incesante. Cada vez hay menos prestaciones sociales, cada vez los ciudadanos debemos pagar más y recibimos menos. Los fondos son los grandes beneficiados (Esteban Hernández)

Esteban Hernández @HdezEsteban

Lo que viene en España lo está anticipando el gobierno de Merz. 

Ajustes, sí, pero también una contradicción extraña y recurrente entre las fuerzas de la derecha. 

Merz puede abogar por una reforma del estado de bienestar que afecte a la sanidad pública, a la atención a los mayores y al subsidio por desempleo, pero de una forma que perjudica a sus votantes. 

Muchos empresarios, en particular los pequeños y medianos, se quejan de las prestaciones sociales que deben pagar. Merz los va a hacer pagar más. 

En parte porque ha establecido que un porcentaje de esas cotizaciones, ahora pequeño, tendrá que ir a parar a fondos que invertirán en los mercados. Dicho de otro modo, quiere aportar más capital a los mercados financieros. 

¿Quién va a pagar eso? Los trabajadores y los pequeños y medianos empresarios. Está detrayendo partidas públicas para destinarlas a los inversores privados. 

Será malo para los trabajadores, porque esos fondos son los que impulsan un tipo de gestión que deteriora las condiciones salariales y laborales de los trabajadores. Será malo para las pymes porque pagarán más. A cambio, los dos recibirán menos del Estado. 

Es un paso más en esa deriva incesante. Cada vez hay menos prestaciones sociales, cada vez los ciudadanos debemos pagar más y recibimos menos. Los fondos son los grandes beneficiados.

11:47 a. m. · 5 jul. 2026 ·6.254 Visualizaciones

4.7.26

El alquiler de los 250 metros cuadrados del ‘pisito’ de Feijóo, en lo que la jerga inmobiliaria denomina “la muy exclusiva” colonia de El Viso, según Idealistas, oscila entre los 5.000 y los 20.000 euros mensuales. Es decir, el presupuesto anual destinado a vivir bajo uno de esos techos va desde los 48.000 a los 240.000 euros... así que los ingresos netos (o sea, lo que le queda después de que la rapiña de la Hacienda sanchista lo desplume) necesarios para vivir al lado de la Koplowitz tienen que rozar los 150.000 euros en el más favorable de los casos y de 750.000 en el menor. Por mucho que la declaración de intereses en las instituciones españolas sean un género de ficción, los ingresos declarados de Alberto Núñez Feijóo no se acercan a cualquiera de esas cantidades... “Obviamente lo paga mi familia" dijo… y ciertamente, de lo que no hay duda es de la identidad del casero. El propietario es Abanca, por persona física o por sociedad participada, que a su manera no deja de ser “la familia”

"La dimensión del problema de la vivienda en España la describe perfectamente la situación del líder de la oposición y presidente del partido que la gente de antes llamaba “el de los ricos”. El piso se lo tiene que pagar “la familia”, según ha confesado, entre confuso y avergonzado. Una situación similar a la de tantos estudiantes universitarios que tienen que sufragar un piso compartido precariamente amueblado. 

El piso

Según fuentes varias, el alquiler de los 250 metros cuadrados de vivienda, en lo que la jerga inmobiliaria denomina “la muy exclusiva” colonia de El Viso, asciende a 4.000 euros mensuales. Eso es lo mismo que cuesta una casa en la Ciudad Jardín de A Coruña, así que consulto la web Idealista (que se llame así la web inmobiliaria de referencia ya da una idea de la confusión conceptual de la clase emprendedora española) y compruebo que las residencias de esas características en El Viso oscilan entre los 5.000 y los 20.000 euros mensuales. Es decir, el presupuesto anual destinado a vivir bajo uno de esos techos va desde los 48.000 a los 240.000 euros. El elevado porcentaje medio que una familia española destina a ese fin no baja del 30%, así que los ingresos netos (o sea, lo que le queda después de que la rapiña de la Hacienda sanchista lo desplume) necesarios para vivir al lado de la Koplowitz tienen que rozar los 150.000 euros en el más favorable de los casos y de 750.000 en el menor. Por mucho que la declaración de intereses en las instituciones españolas sean un género de ficción (menor, pero fértil), los ingresos declarados de Alberto Núñez Feijóo no se acercan a cualquiera de esas cantidades.

Cierto es que no carece de patrimonio (unos pisos aquí y allá, unas acciones de esto y lo otro) y que la dedicación a la política no le ha distraído de la gestión de lo suyo. Su patrimonio, en 2019, en su última toma de posesión en el parlamento de Galicia, era de 319.593 euros, que se convirtieron en 930.972 euros en 2023, según declaró –con año y medio de retraso, pero declaró– al arribar al Senado y la presidencia del PP.

Pero, como todo el mundo sabe, y particularmente los propietarios de viviendas en sitios sin crecimiento demográfico, una cosa es el patrimonio y otra el cash disponible.

La familia

A pesar de que no es el “niño campesino” que saca a relucir cuando le conviene, la familia de Feijóo no era una familia pudiente. Bien es cierto que, como dicen que se dice en la política mexicana, “yo no quiero que me den, sino que me pongan donde hay”. Mientras crecían las dudas sobre quién pagaba la vivienda, el inquilino arrojó luz sobre el asunto: “Obviamente lo paga mi familia… [pausa dramática] Y creo que dentro de mi familia estoy yo, es decir, mi pareja y yo”.

La pareja es Eva Cárdenas Botas, aunque quizás un sector considerable de los votantes conservadores no la consideren como tal, dada la inexistencia de un vínculo matrimonial, legal o religioso. Eva Cárdenas es la madre de Alberto Núñez Cárdenas, el hijo de nueve años de ambos (y que contra lo que argumenta su padre para defender la intimidad de su hogar, no vive allí, que se sepa, porque este año pasado estuvo escolarizado en A Coruña) y es además hija de Antonio Cárdenas, que fue director de personal en la extinta Caixa Galicia (como diría Guillem Martínez, quédense con el dato para después), y de Cristina Botas, una familia de raigambre falangista y farmacéutica, sin que una cosa quitase la otra, sino todo lo contrario: lo primero benefició económicamente lo segundo.

Eva Cárdenas, después de picotear en varias multinacionales de la alimentación y la perfumería, recaló en 2003 en Inditex, donde fue, con 38 años, directora de la filial más reciente, Zara Home. Una historia de éxito que finalizó en 2018, con un cese por motivos personales (y una indemnización, ni desmentida ni confirmada, de dos millones y medio de euros). Fue consultora externa de Sargadelos (hasta que las relaciones de la firma con la Xunta aconsejaron que dejase de serlo) y de Mango, pero su principal ocupación empresarial actual es Niebla Azul, una sociedad inmobiliaria que arroja unos beneficios anuales de unos 150.000 euros (lo que no está mal, con una administrativa como única empleada).

Eva Cárdenas es hermana de, entre otros, Ignacio Cárdenas, director comercial de Universal Support, una empresa de telemarketing, sin relación con el sector de la salud que, a pesar de presentar la oferta más cara, obtuvo 19,2 millones en contratos de la administración sanitaria gallega para atención telefónica y rastreo de casos de infección durante la pandemia de la covid.

Otro caso de estar en el sitio justo en el momento justo (“donde hay”) es el de la única hermana del líder de la oposición. Micaela Núñez Feijóo era delegada en Pontevedra de Eulen, pero acabó siendo la directora del área noroeste después. En los 13 años en los que su hermano presidió la Xunta, Eulen obtuvo contratos por valor de 37 millones de euros. Tan solo de 2018 a 2024, fueron 1.566 adjudicaciones de distintos órganos de la administración, la mayoría a dedo, fragmentados en partidas de menos de 30.000 euros. Y desde 2023, los sucesores de Feijóo le adjudicaron otros 17 millones. Desde que el hermano mayor de Micaela accedió al mando en la calle Génova, Eulen aumentó sustancialmente las contrataciones de administraciones como las comunidades de Andalucía y Madrid, o el ayuntamiento de la capital.

Volviendo a los Cárdenas, y a los Botas. Otro de los hermanos de Eva e Ignacio, Antonio Raimundo, ha ocupado varios cargos en Abanca, y forma parte del comité de control del fondo de pensiones del banco. Feijóo era presidente de la Xunta cuando el diktat del Banco de España determinó que las dos cajas gallegas –Caixa Galicia y Caixanova– se fusionaran primero y se privatizaran después. La nueva entidad, que sumaba más del cincuenta por ciento del mercado financiero gallego y la mayoría de los ahorros, se vendió por 700 millones de euros a un banquero venezolano entonces desconocido, llamado Juan Carlos Escotet (que los recuperó sin prácticamente haberlos desembolsado desprendiéndose de sociedades participadas).

El ganador de la pugna con rivales como Caixabank había metido el pie en el sector financiero gallego a través de un pequeño banco coruñés, Etcheverría (el Etcheverría y otra entidad coruñesa, el Banco Pastor, eran los únicos en España que manejaron en su día ducados y euros, antes de desaparecer). El entonces director general del Etcheverría y actual CEO de Abanca es Francisco Botas Ratera. Efectivamente, primo hermano de Eva Cárdenas.

El casero

Mientras Feijóo o el PP no desgranen los pormenores del inquilinato de El Viso con el mismo detalle que lo tuvo que hacer Pablo Iglesias sobre el casoplón de Galapagar, de lo que no hay duda es de la identidad del casero. El propietario es Abanca, por persona física o por sociedad participada, que a su manera no deja de ser “la familia”.

Y cuando se hagan públicos los detalles, que se repita el proceso con la mansión de su socio prioritario, Santiago Abascal, que tampoco se sabe, para no salirnos de Madrid y como decía el cuplé La chica del 17, “de dónde saca, pá tanto como destaca”."

(Xosé Manuel Pereiro  , CTXT, 03/07/26)