"Desde que la ley de amnistía se fraguó en forma de pacto de investidura, en noviembre de 2023, hasta que se aprobó en el Congreso, el 30 de mayo de 2024, y el Tribunal Constitucional declaró su encaje en la carta magna un año después, hasta el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) este jueves no es solo tiempo lo que ha trascurrido; también una feroz campaña contra el Gobierno en las calles, en las Cortes y en los tribunales.
El 15 de noviembre de 2023, miles de jueces, juezas, fiscales y letrados salieron a las calles a protestar por el pacto entre PSOE y Junts que implicaba el impulso a la ley de amnistía; cosa que no hicieron en protesta por los casi cinco años que llevaba entonces el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones ante el bloqueo del PP.
Algunos incluso con las togas y las puñetas puestas, se plantaron frente a los juzgados en la primera ocasión en la que la carrera judicial se manifestaba contra un acuerdo político y una iniciativa legislativa. Denunciaban que la ley de amnistía implicaba de facto el final de la separación de poderes, la desigualdad de los españoles y la inseguridad jurídica, clamando contra la "inconstitucionalidad" de la norma del olvido judicial.
La ley entró en vigor el 19 de junio de 2024 y rápidamente quedó patente que la oposición de jueces y fiscales también se desarrollaría no solo en las calles ante la opinión pública sino dentro de los tribunales. Así, los fiscales del procés, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadenas y Jaime Moreno, se mostraron contrarios de aplicar la amnistía para los líderes independentistas condenados por malversación, al entender que tuvieron ánimo de lucro y que dicha malversación afectó a los intereses financieros de la Unión Europea (UE), una de las excepciones que recoge la propia ley de amnistía.
Dos años después, los magistrados del TJUE concluyen que no, que el procés no afectó a los intereses financieros de la UE.
Aquel movimiento de los cuatro fiscales del procés evidenció la crisis interna en la Fiscalía General del Estado, cuyo máximo representante entonces, el fiscal general, Álvaro García Ortiz, zanjó la polémica imponiendo su criterio, que era contrario.
Un informe del CGPJ demoledor
Meses antes, el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la proposición de ley de amnistía, el 21 de marzo de 2024, había sido demoledor. El texto, que salió adelante con la mayoría conservadora del órgano del gobierno de los jueces de entonces consideraba que la futura norma quebraría la igualdad entre los españoles, vulneraría la separación de poderes y que respondía a la arbitrariedad del legislador.
El ponente del informe, el vocal conservador Wenceslao Olea, advertía del peligro de que la ley amparara cualquier tipo de acto terrorista cometido en el contexto del proceso independentista y consideraba que podía vulnerar la directiva europea en materia de terrorismo.
Los jueces del TJUE han dictaminado que no ocurre eso, que la ley de amnistía no contraviene la directiva europea sobre terrorismo.
Las cartas del Supremo
El 2 de julio de 2024, dos resoluciones del Tribunal Supremo, una de la Sala de lo Penal y otra del instructor Pablo Llarena, dejaron al descubierto las cartas del Alto Tribunal para entorpecer la aplicación de una ley emanada del Parlamento. El entonces presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, apuntaló en un histórico auto la negativa del Alto Tribunal a amnistiar a los líderes del procés.
Con un argumento cuestionable, Marchena decía que la malversación por la que fueron condenados los líderes independentistas no era amnistiable, porque había habido lucro personal con aumento de patrimonio, que era la excepción que la propia ley recogía. Y decía aquel auto que, al evitar los responsables de la Generalitat haber pagado con su propio dinero los gastos del referéndum, habían aumentado su patrimonio con aquel ahorro.
El magistrado Pablo Llarena, blandiendo los mismos argumentos, se negó a levantar la orden de detención nacional contra Carles Puigdemont y los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín.
Las asociaciones judiciales
La mayoría de las asociaciones judiciales desplegaron una dura campaña contra la ley de amnistía. La Asociación Profesional de la Magistratura, que es la mayoritaria en la carrera judicial, difundió un comunicado en el que afirmaba que con la amnistía del procés se pretendía "volar por los aires el Estado de derecho"-
La entidad Plataforma Cívica por la Independencia Judicial llegó a usar el servidor del CGPJ para enviar a todos los jueces españoles un correo corporativo con una guía contra la amnistía. El documento se titulaba Guía práctica para el planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad y/o prejudiciales europeas sobre la ley de amnistía.
Dos años después, esas vías ya se han agotado y el Tribunal Constitucional y el TJUE han declarado la constitucionalidad y legitimidad de la ley de amnistía. Queda un solo recurso de inconstitucionalidad por resolver, el de la Junta de Extremadura, de la veintena que se plantearon desde las comunidades autónomas, y que quedará listo estas próximas semanas. La ley de amnistía ha sido la norma más recurridas de la historia, señalan fuentes jurídicas."
(Ana María Pascual , Público, 17/07/26)
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