Asesinan a la fiscal que investigaba los ataques estadounidenses contra pescadores ecuatorianos y los relatos de tortura y secuestro de los 36 sobrevivientes... a la fiscal Bravo le ordenaron cerrar todas las líneas de investigación después de que se encontraran a 36 de los 44 hombres desaparecidos —a pesar de que llegaron con lesiones graves, entre ellas una pérdida de visión del 70 % y pies desgarrados hasta dejar al descubierto la carne y los huesos, lo cual los expertos médicos consideraron consistente con sus relatos de explosiones y tortura... Dentro del régimen militar ecuatoriano respaldado por Estados Unidos, la Fiscalía General se ha convertido en una institución cada vez más opaca y politizada. “Ya es un gran obstáculo para que los fiscales investiguen a los agentes estatales locales. Ahora imagínese a los agentes estatales internacionales”... se descubrieron embarcaciones de la empresa exportadora de la familia de Noboa traficando con €26 millones de libras esterlinas en cocaína. El mes pasado, The Guardian informó que un denunciante que investigaba los vínculos de Noboa con el narcotráfico fue asesinado... Dentro del régimen militar ecuatoriano respaldado por Estados Unidos, la Fiscalía General se ha convertido en una institución cada vez más opaca y politizada. “Ya es un gran obstáculo para que los fiscales investiguen a los agentes estatales locales. Ahora imagínese a los agentes estatales internacionales” (Camila Lourdes Galarza)

"QUITO, Ecuador—Alexandra Bravo, la fiscal encargada de investigar los ataques de EE. UU. contra tres embarcaciones ecuatorianas y los relatos de tortura y secuestro de los 36 sobrevivientes, fue asesinada a tiros en la ciudad costera de Manta el mes pasado. Según la policía, el 14 de junio un sicario a bordo de una motocicleta negra disparó contra Bravo cuando ella y su hermana salían de una cafetería alrededor de las 11 de la mañana. La hermana de Bravo, quien se lanzó a protegerla, también murió en el ataque.

Al llegar a la escena del crimen, los agentes dicen que encontraron cinco casquillos de 9 mm y al chofer de Bravo herido, pero ningún rastro de la escolta policial que había sido asignada para protegerla. La Policía Nacional, que opera íntegramente bajo el poder ejecutivo, ha iniciado una investigación para determinar si hubo una falla de seguridad interna.

Bravo es la vigésimo sexta miembro del sistema judicial de Ecuador asesinada desde 2020 y la segunda persona que investigaba delitos de Estado asesinada esa semana. Además de su asignación habitual de casos de homicidio y crimen organizado, Bravo había estado trabajando en los casos Fiorella, Negra Francisca Duarte II y Don Maca —una serie de ataques con drones contra embarcaciones pesqueras civiles que Drop Site dio a conocer en abril. Dos de los tripulantes de las embarcaciones regresaron a casa y denunciaron haber sido secuestrados, vendados y privados de alimentos durante ocho días por hombres armados estadounidenses, vestidos con uniformes militares de EE. UU. a bordo de un barco patrullero con bandera estadounidense, antes de ser abandonados en El Salvador. 

El Comité de las Naciones Unidas Contra las Desaparición Forzada respaldó los llamados para que se realice una investigación, exigiendo que Estados Unidos proporcione información sobre el paradero de los ocho hombres que aún se encuentran desaparecidos y sobre cualquier implicación en el asunto a más tardar el 27 de abril. Hasta la fecha, Estados Unidos no ha respondido.

Bajo el mandato del presidente de derecha de Ecuador, Daniel Noboa —un multimillonario nacido en Miami a quien a menudo se describe como un “dictador respaldado por Estados Unidos”—el país se ha convertido en un campo de experimentacion importante para la Operación Southern Spear, la campaña de bombardeos extrajudiciales de Washington que supuestamente tiene como objetivo a los “narco-terroristas” y que ha causado la muerte de 221 personas hasta la fecha. No hay evidencia de que muchas de las víctimas, incluidas las de la investigación de Bravo, se hubieran dedicado al tráfico de drogas.

“No puedo sugerir que haya sido un asesinato político, pero evidentemente, cuando matan a un fiscal es por la investigación que está llevando a cabo”, declaró a Drop Site Fernando Bastías, un reconocido abogado de derechos humanos de la CDH de Ecuador y miembro de la Organización Mundial contra la Tortura, con sede en Ginebra, “Eso es algo que hemos aprendido de nuestra experiencia en Ecuador”.

Una fuente dentro del departamento de policía de Manta, que conocía personalmente a Bravo, le dijo a Drop Site News que la fiscal ecuatoriana estaba bajo presión de sus superiores en la Fiscalía General para que tratara los ataques de EE. UU. exclusivamente como “casos de desaparición”. La fuente, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias, dijo que a Bravo le ordenaron cerrar todas las líneas de investigación después de que se encontraran a 36 de los 44 hombres desaparecidos —a pesar de que llegaron con lesiones graves, entre ellas una pérdida de visión del 70 % y pies desgarrados hasta dejar al descubierto la carne y los huesos, lo cual los expertos médicos consideraron consistente con sus relatos de explosiones y tortura.

La investigadora principal de Human Rights Watch quien entrevistó a Bravo como parte de su investigación sobre las tres embarcaciones, recordó de manera similar que Bravo enfrentó “desafíos internos dentro de la propia institución para avanzar en la investigación”. La investigadora señaló que la fiscal solicitó repetidamente la cooperación de otras entidades a cargo del rescate del barco, incluida la Capitanía del Puerto de Manta, pero “ninguna respondió a sus solicitudes de información”. Durante el bombardeo de La Negra Francisca, Darwin Pico-Flores, un testigo ocular a bordo de una embarcación cercana, le dijo a Drop Site que llamó a la Capitanía del Puerto de Manta para solicitar asistencia de emergencia. Nadie acudió. En abril, como parte de su primera investigación sobre el incidente, Drop Site llamó al puerto en busca de comentarios. Los funcionarios colgaron el teléfono al enterarse de que la llamada era de periodistas.

La investigadora dijo a Drop Site que Bravo, en su última reunión el 8 de mayo, le dijo que “aún se encontraba en las etapas iniciales de la indagación y la investigación”. Bastías dijo que Bravo “estaba investigando a un país [Estados Unidos] que ha sido presentado en los medios como un aliado contra el crimen. Esa investigación no ha avanzado en absoluto, y eso se debe a la intención de evitar meterse en líos o problemas con nadie”. La fuente dentro del Departamento de Policía de Manta dijo que Bravo, debido a la falta de cooperación de otras agencias estatales, había pedido consejo sobre cómo buscar nuevas fuentes de evidencia.

En los días previos a su muerte, Bravo fue reasignada a la Fiscalía General en Montecristi, un municipio vecino. Consecuentemente, ella fue reasignada a otros casos y ya no estaba a cargo de investigar los tres ataques a las embarcaciones. Drop Site se comunicó con varios representantes de la Fiscalía General para solicitar comentarios sobre por qué se había reasignado a Bravo, pero no recibió respuesta. Drop Site intentó comunicarse con el sustituto de Bravo para obtener comentarios, pero se le había ordenado explícitamente que no hablara con la prensa. Tras varias semanas de intentos por obtener una respuesta de la Fiscalía General del Estado, la institución respondió a Drop Site que la investigación se encuentra bajo reserva y que no podía pronunciarse sobre las razones del traslado de Bravo.

Dentro del régimen militar ecuatoriano respaldado por Estados Unidos, la Fiscalía General se ha convertido en una institución cada vez más opaca y politizada. “Ya es un gran obstáculo para que los fiscales investiguen a los agentes estatales locales. Ahora imagínese a los agentes estatales internacionales”, dijo Bastías. “El Poder Ejecutivo ha implementado una serie de marcos legales que dejan en impunidad a estos agentes estatales extranjeros.”, agregó, refiriéndose a la inmunidad diplomática otorgada a todo militar estadounidense y al personal del Departamento de Defensa a través de los 22 decretos de ley marcial del presidente Noboa.

El Pentágono, la Guardia Costera y el Comando Sur de EE.UU. han negado tener conocimiento o responsabilidad alguna sobre los incidentes con las embarcaciones. Después de que Drop Site publicó pruebas fotográficas del bombardeo de La Negra Francisca, los legisladores estadounidenses interrogaron al secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, durante una audiencia en el Congreso. El 13 de junio, el día antes del asesinato de Bravo, los diputados Joaquín Castro (D-Texas) y Bill Keating (D-Mass.) publicaron una carta dirigida a Hegseth, al secretario de Estado Marco Rubio y al jefe de la Guardia Costera de EE. UU., Kevin Lunday, en la que exigían una auditoría completa de la participación del gobierno de EE. UU. en los ataques. A pesar de que el plazo venció el 10 de julio, ninguna de las agencias ha emitido una respuesta pública. La secretaria de prensa de Keating, Lauren McDermott, le dijo a Drop Site que su oficina había recibido una respuesta de la oficina de Rubio, pero ninguna del Departamento de Guerra ni de la Guardia Costera. No reveló el contenido de la respuesta.

Los sobrevivientes que regresaron a casa, tanto como las familias de los que no, aún no han recibido ninguna respuesta. Le dijeron a Drop Site que “las autoridades nos cerraron la puerta en la cara”. María, la esposa de uno de los pescadores, le contó a Drop Site que su suegra murió esperando el regreso de su hijo, y que sufría de una depresión grave y dejó de comer en las semanas previas a su muerte.

A pesar de los esfuerzos de ambos gobiernos por obstaculizar la investigación, siguen surgiendo pruebas que respaldan los testimonios de los pescadores sobre los secuestros, ataques aéreos y tortura. Drop Site obtuvo un video exclusivo de la actividad de la Guardia Costera de EE. UU. en las inmediaciones del bombardeo de La Negra Francisca, inteligencia de fuentes abiertas que corrobora los testimonios de La Negra Francisca, y entrevistas policiales con testigos presenciales que confirman la presencia de EE. UU. alegada por los sobrevivientes y documentada por Drop Site. Con la ayuda de Tomi McCluskey, analista de OSINT de Airwars y exmiembro del Cuerpo de Marineros de EE. UU., Drop Site tuvo acceso a imágenes térmicas adicionales de la NASA que corroboran el bombardeo del “Negra Francisca”, así como a datos de rastreo de embarcaciones que sitúan la actividad de la Guardia Costera de EE. UU. a lo largo de la ruta por la que, según los pescadores, fueron llevados tras el ataque.

Lawfare político bajo el régimen militar ecuatoriano respaldado por Estados Unidos

Noboa, quien gobierna mediante toques de queda militares y el hambre masiva de los presos políticos, ha hecho todo lo posible por convertirse en el aliado más fuerte de Trump en Sudamérica. Desde que asumió la presidencia, ha hecho caso omiso de la prohibición constitucional de Ecuador sobre la presencia militar estadounidense—ratificada por el 60% de los votantes en noviembre de 2025— que se introdujo originalmente hace casi 20 años precisamente debido a un historial de hundimientos de embarcaciones por parte del ejército estadounidense frente a la costa de Manta. Además, su administración autorizó la primera oficina del FBI en territorio ecuatoriano, apoyó una iniciativa de la embajada de EE. UU. para incriminar falsamente a miembros del gobierno de izquierda de Colombia antes de las elecciones y colaboró con EE. UU. en el bombardeo de trabajadores agrícolas civiles inocentes a lo largo de la frontera entre Colombia y Ecuador—todo ello en nombre de la lucha contra el narcotráfico.

Cabe destacar que se descubrieron embarcaciones de la empresa exportadora de la familia de Noboa traficando con €26 millones de libras esterlinas en cocaína —un detalle que no ha disuadido al Departamento de Estado de nombrarlo socio clave en la Guerra contra las Drogas de Trump—. El mes pasado, The Guardian informó que un denunciante que investigaba los vínculos de Noboa con el narcotráfico fue asesinado.

Aun así, Noboa sigue siendo miembro de pleno derecho del “Escudo de las Américas” de Trump. La Coalición de las Américas contra los Cárteles, como también se conoce al Escudo, funciona como una alianza tanto militar como altamente política, y ha intervenido abiertamente para respaldar los intereses de Estados Unidos en Bolivia mientras el presidente Rodrigo Paz se enfrentaba a un paro nacional contra la austeridad.

Que un fiscal local acuse a las fuerzas estadounidenses de bombardeos extrajudiciales y tortura de civiles ecuatorianos socavaría la alianza y dañaría las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos.

Otros funcionarios públicos que han estado investigando la presunta colusión delictiva entre Estados Unidos y Ecuador también han recibido amenazas de muerte. Mónica Palacios, asambleísta para los ecuatorianos radicados en Estados Unidos, quien declaró que llevaría el caso de La Fiorella ante las Naciones Unidas, enfrentó meses de lawfare político tras destapar un escándalo de corrupción presuntamente cometida por una empresa estadounidense y el Estado ecuatoriano. El pasado viernes, Palacios denunció haber recibido amenazas de muerte contra ella y su hijo de un año, junto con imágenes del exterior de su vivienda en Nueva York. La legisladora responsabilizó directamente al presidente Daniel Noboa y sostuvo que las amenazas fueron una represalia por su investigación sobre el peculado.

“Existe una persecución directa contra jueces y fiscales que, en el marco de sus funciones, toman decisiones que no se alinean totalmente con lo que quiere el Poder Ejecutivo y terminan siendo sancionados”, dijo Bastías, el abogado de derechos humanos. “Por otro lado, también existe el riesgo que viene del contexto de criminalidad”. De todos modos, afirmó, la muerte de Bravo “tiene mucho que ver con lo que hace o no hace el Estado, porque hasta ahora no ha habido mecanismos de seguridad efectivos para los funcionarios del sistema judicial. Eso genera una responsabilidad automática del Estado. Eso es indiscutible.”

Diego Vintimilla Jarrín, exdiputado de la Asamblea Nacional de Ecuador y actual portavoz del Partido Comunista de Ecuador, se expresó de manera similar a Drop Site: “El gobierno de Noboa es la agenda más anti soberana que hemos tenido desde el inicio de la democracia. No tengo pruebas de quién asesinó a la fiscal, pero el hecho de que ella estuviera investigando ciertos elementos y que estos luego dejaran de parecer importantes también dice mucho sobre los problemas subyacentes”.

Surgen nuevas pruebas que implican a EE. UU.

The Negra Francisca

Estados Unidos sostiene que nunca interactuó con ninguna de las tres embarcaciones. Un portavoz de la Guardia Costera de EE. UU. declaró a The Guardian que la única participación de la agencia en los hechos fue el despliegue del USCGC Bertholf en una misión de búsqueda y rescate tras recibir una alerta MAYDAY de que la Negra Francisca estaba en llamas, y que finalmente no encontró nada.

Sin embargo, los datos de rastreo de los movimientos del Bertholf, proporcionados en exclusiva a Drop Site por McCluskey, sitúan al buque cerca de la Negra Francisca en el momento del bombardeo antes de que este apagara su señal —sólo para reaparecer frente a la costa de Costa Rica en las mismas fechas en que la tripulación de la Negra Francisca fue llevada a aguas centroamericanas y transferida al Comando Naval de El Salvador, con extremidades destrozadas y quemaduras graves a causa del ataque. Hernán Flores, capitán de la Negra Francisca, le dijo a Drop Site que los oficiales salvadoreños le informaron específicamente que “personal estadounidense había llamado para coordinar el traspaso”.

La Guardia Costera Estadounidense negó haber coordinado el traspaso. “La Guardia Costera no desempeñó ningún papel en el traslado de los pescadores de La Negra Francisca Duarte II”, afirmó un portavoz.

El USCGC Bertholf partió de la base militar de Galápagos a las 4 p. m. del 16 de marzo y dejó de transmitir su ubicación poco después. Un día más tarde, La Negra Francisca fue bombardeada a 170 millas de distancia —una distancia que normalmente se recorre en barco en entre 3 a 10 horas. Drop Site solicitó a la Guardia Costera de EE. UU. que diera cuenta de la actividad del buque patrullero después de que su señal se interrumpiera. La Guardia Costera respondió que “no divulga los movimientos de los buques patrulleros durante las misiones de aplicación de la ley por razones de seguridad operativa”.

A la 1:02 p. m. del 17 de marzo, el sistema FIRMS de la NASA registró una anomalía térmica compatible con un incendio provocado por explosivos, lo cual corrobora la hora y el lugar en que los pescadores de la Negra Francisca le dijeron a Drop Site que su barco fue incendiado por ataques de múltiples drones. La tripulación afirma que luego fueron capturados a punta de arma por hombres de cabello rubio que hablaban inglés y vestían uniformes de faena de color caqui con parches de la bandera estadounidense cosidos en las mangas; sus descripciones coinciden con los uniformes que aparecen en los comunicados de prensa del Comando Sur de EE. UU. A bordo del buque patrullero con bandera estadounidense, los hombres armados presuntamente los mantuvieron como rehenes, hundieron su barco ya bombardeado, les colocaron capuchas en la cabeza, golpearon a algunos de los pescadores y les negaron comida durante ocho días mientras los transportaban a Centroamérica.

La señal del USCGC Bertholf reapareció en aguas costarricenses el 22 de marzo cerca del puerto de Golfito, a aproximadamente 450 millas náuticas de las aguas de El Salvador. Apagó su transpondedor y no lo reactivó hasta el 24 de marzo, 24 horas después de que la Guardia Costera de El Salvador anunciara públicamente que tenía bajo su custodia a los pescadores de La Negra Francisca.

Como parte de nuestra primera investigación, Drop Site se puso en contacto con 11 funcionarios del gobierno de El Salvador. Todos se negaron a hablar oficialmente, alegando una orden de silencio de su gobierno.

Existen precedentes de que el Bertholf ha participado en la transferencias de víctimas de ataques aéreos de EE. UU. a las autoridades centroamericanas alrededor del mismo período; medios costarricenses informaron que el Bertholf entregó los restos de dos fallecidos y un sobreviviente herido en el puerto de Golfito, en Costa Rica. El inspector náutico de Costa Rica, Wilber Urroz Guido, dijo que no tenía información sobre los movimientos del buque, pero que este estaba autorizado a actuar en virtud de un memorándum de entendimiento entre Estados Unidos y Costa Rica —similar a los acuerdos que Estados Unidos mantiene con Ecuador y El Salvador.

Los testimonios de testigos presenciales también ponen en duda la versión de los hechos de la Guardia Costera de EE. UU. Un video compartido en exclusiva con Drop Site por Darwin Pico-Flores, testigo presencial del ataque y sobrino del capitán de la Negra Francisca, muestra a una lancha patrullera de la Guardia Costera de EE. UU. patrullando las aguas donde ocurrió el bombardeo.

Darwin dijo que el 17 de marzo estaba pescando en las cercanías, a bordo de su barco, el Solavil, cuando vio humo elevándose en la distancia alrededor de las 2 p. m. Mientras intentaba repetidamente comunicarse por radio con la tripulación de La Negra Francisca, vio una aeronave estadounidense sobrevolando la zona en círculos. No fue sino hasta horas más tarde que se enteró por una señal de radio de que La Negra Francisca estaba en llamas y se apresuró a dirigirse al lugar, donde encontró el barco consumido por el fuego y sin rastros de sobrevivientes.

Recuperó dos botes de emergencia carbonizados, tomó fotos como evidencia del incendio y luego llamó al Puerto de Manta para pedir ayuda. Nadie acudió.

Darwin decidió emprender el regreso al puerto para buscar ayuda de emergencia y, justo cuando se alejaba del lugar del incendio, unas luces rojas y verdes se posaron sobre la Negra Francisca. Temiendo por su seguridad, alejó su embarcación del lugar.

A la tarde siguiente, Darwin le contó a Drop Site que su barco fue abordado por la Guardia Costera de EE. UU., la cual detuvo e interrogó a la tripulación durante casi 12 horas a través de un traductor de español con acento puertorriqueño. Dijo que el personal de la Guardia Costera confirmó que las luces rojas y verdes eran de su patrulla y reconoció haber llegado al lugar donde se encontraba la Negra Francisca la noche anterior, pero se negó a dar más detalles sobre lo que habían encontrado. En cambio, interrogaron a los pescadores sobre si habían visto algo y por qué Darwin había rescatado las lanchas.

Después de decirles a los oficiales de la Guardia Costera que la Negra Francisca era el barco de su tío, Darwin dice que de repente dejaron de interrogarlo y comenzaron a comunicarse por radio en inglés con sus colegas a bordo del guardacostas cercano que se ve en el video. “Como éramos los únicos que lo habíamos visto todo, temíamos que nos hicieran algo”, dijo Darwin. Sintió que la Guardia Costera de EE. UU. mostró poco interés en ayudarlo a localizar a su familia y, en cambio, parecía más enfocada en “asegurarse de que no fuéramos testigos de nada”.

McCluskey afirma que la táctica de múltiples drones —descrita por las tres embarcaciones— refleja una doctrina estadounidense. Argumenta que es poco probable que otras potencias regionales, desde países vecinos hasta grupos del crimen organizado, cuenten con el presupuesto o el acceso a dicha tecnología. No se conoce ningún precedente de que los cárteles utilicen drones de vigilancia tipo “ojo en el cielo” en la alta mar, aunque la Guardia Costera también ha negado operar drones armados en aguas ecuatorianas.

Además, la decisión de mantener con vida a los sobrevivientes —a pesar de que esto implicara testimonios de tortura— y los esfuerzos y gastos para transportarlos, refleja mucho más un protocolo del Departamento de Defensa —diseñado para evitar ramificaciones legales internacionales— que lo que cualquier grupo del crimen organizado se molestaría en practicar. “Si hubieran sido los cárteles, nunca los hubieras encontrado”, dijo McCluskey. “No habría sobrevivientes con quienes hablar, no habría historias.”

The Fiorella

La Fiorella fue atacada frente a la costa de las Galápagos el 20 de enero; los ocho pescadores a bordo siguen desaparecidos. El día antes de que el barco desapareciera, la esposa del capitán recibió una llamada de su esposo a través de una línea de emergencia, en la que le advertía que había aeronaves estadounidenses sobrevolando la zona.

Drop Site obtuvo las transcripciones de las entrevistas policiales a dos testigos presenciales, Christian Flores y Dimas Ignacio Álvarez, quienes confirmaron haber visto La Fiorella envuelta en humo y rodeada por unidades estadounidenses. Los dos hombres formaban parte de la tripulación de La Fiorella, pero llevaban varias horas fuera del barco colocando un palangre en una balsa cercana cuando la embarcación se incendió.

En sus declaraciones a la policía, Flores y Álvarez describieron dos aeronaves estadounidenses sobrevolando La Fiorella el 18 de enero; múltiples drones grises estadounidenses y un barco patrullero con bandera de EE. UU. rodeando la embarcación el 19 y el 20 de enero —el día en que desaparecieron sus compañeros de tripulación—, el gran buque patrullero de bandera estadounidense cerca del humo. Desde la distancia, no pudieron distinguir al personal a bordo del buque, pero sus relatos coinciden con los de la tripulación de la Negra Francisca, quienes afirmaron que fueron tomados como rehenes por estadounidenses armados a bordo de un buque patrullero de bandera estadounidense. Las descripciones de los testigos también coinciden con las aeronaves y el equipo que aparecen en publicaciones del Comando Sur de EE. UU.

Transcripciones de las entrevistas policiales con los testigos presenciales, obtenidas en exclusiva por Drop Site News.

Tras avistar el humo, los dos pescadores dijeron que escucharon a sus compañeros de tripulación llamando al capitán por radio en señal de socorro. Nunca más se los volvió a ver.

El abogado que representa a los dos sobrevivientes de la “Fiorella”, Juan Ávila, le dijo a Drop Site que la fiscal asesinada, Alexandra Bravo, era su sobrina.

La Guardia Costera le dijo a Drop Site que “no tiene registro de haber estado involucrada con La Fiorella”.

En la nación más violenta del Occidente, Bravo no es una excepción

La ausencia de una escolta policial asignada cuando Bravo fue asesinada presenta similitudes con el asesinato del candidato presidencial favorito Fernando Villavicencio en 2023. Una comisión del Congreso determinó que la escolta policial de Villavicencio era insuficiente, que había sido escoltado de manera poco convencional a través de una salida expuesta a nivel de la calle, contrariamente al protocolo estándar, y que el vehículo blindado designado para proteger a Villavicencio durante la campaña electoral había sido dejado por su equipo de seguridad en Guayaquil ese mismo día. Estas fallas lo hicieron particularmente vulnerable cuando los agresores se le acercaron y le dispararon en la acera mientras salía de una reunión con otros funcionarios del gobierno.

La muerte de Villavicencio preparó el camino para que la campaña del ahora presidente Daniel Noboa —que en las encuestas tenía un 3 %— se disparara hacia la victoria. En una entrevista con Señal Colombia, la diputada de la Asamblea Nacional y miembro del partido de Villavicencio, Gisella Molina, quien estaba con él y resultó herida durante el asesinato, sugirió que los funcionarios del gobierno tenían conocimiento previo del complot.

Durante la investigación del asesinato de 2024, Drop Site publicó mensajes privados de la entonces fiscal general Diana Salazar que revelaron un complot para implicar al partido del expresidente socialista democrático Correa en el asesinato de Villavicencio, en el marco de una estrecha colaboración con el embajador de Estados Unidos.

Posteriormente, el Estado concluyó que el cártel de Los Lobos había cometido el asesinato de Villavicencio y alegó que los exmiembros del partido de Correa eran los autores intelectuales. Los fiscales afirman que Los Lobos mataron a Villavicencio por desenmascarar su red criminal. Mientras Villavicencio hacía campaña en pro de erradicar la narco economía, Ecuador bajo el mandato de Noboa —acusado de ofrecer inmunidad a los jefes del crimen organizado a cambio de apoyo electoral— se ha convertido en el principal centro de distribución del 70 % de la cocaína del mundo.

Inmediatamente después de la muerte de Bravo, la Fiscalía General emitió un comunicado público en el que atribuía su asesinato a una represalia contra los fiscales que combaten el crimen organizado. Al ser consultada por Drop Site sobre la decisión de atribuir el asesinato al crimen organizado y sobre los avances en la investigación del equipo policial encargado de la protección de Bravo, la Fiscalía General del Estado respondió que el caso se encuentra bajo reserva y declinó hacer comentarios.

Aunque la Fiscalía General aún no ha presentado pruebas que respalden su afirmación, Bravo se lamentó ante Human Rights Watch de que “el peligro siempre estaba presente” en su trabajo. “Dijo que ser fiscal en un contexto de crimen organizado era complejo y arriesgado, pero no dio más detalles”, explicó la investigadora de Human Rights Watch a Drop Site. Manta se encuentra en el epicentro de la crisis del crimen organizado en Ecuador, a medida que este pequeño país sudamericano se convierte en la nación más violenta del hemisferio occidental.

Bravo también estaba a cargo de investigar la desaparición sin resolver, en 2024, del barco Patricia Lynn y sus 21 tripulantes.

Bravo es la segunda persona relacionada con el caso de Patricia Lynn que ha sido asesinada. La primera fue la suegra de uno de los pescadores desaparecidos, quien se convirtió en la portavoz de las familias de las víctimas y organizó marchas exigiendo respuestas sobre el paradero de sus familiares desaparecidos. María Chóez fue asesinada a tiros por dos agresores armados mientras atendía su puesto de mariscos en el centro de Manta.

La investigadora afirma que el hundimiento del barco Patricia Lynn en aguas ecuatorianas “sirvió de precedente en todos estos asuntos relacionados con embarcaciones”.

“Si Ecuador contara con un marco de confianza en sus instituciones, uno podría pensar que [el asesinato de Bravo] fue un crimen comun”, dijo Vintimilla Jarrín, exlegisladora. “Pero dada la violencia sistemática contra jueces, fiscales y abogados, no hay mucho margen para darles el beneficio de la duda. Veintiséis miembros del sistema judicial asesinados es una cifra impactante. Y, por supuesto, toda esta crisis ha sido impulsada por una agenda dirigida directamente por las autoridades gubernamentales; quienes se benefician del crimen organizado son los grandes grupos de poder”.

 (Camila Lourdes Galarza , Drop Site News, 23/07/26)  

"La destitución de Khan encaja perfectamente con la lucha por neutralizar la orden de arresto contra Netanyahu. Esto demuestra que la justicia SÍ amenaza al Israel del apartheid y compañía. Así que si la CPI está paralizada, los abogados y jueces de todo el mundo deben hacer más" (Francesca Albanese)... ¿Qué sigue para la investigación sobre Palestina tras la destitución de Karim Khan como fiscal de la Corte Penal Internacional? La destitución del fiscal jefe deja un expediente Palestina estancado, dos fiscales adjuntos sancionados al mando y la necesidad de una elección para elegir al sucesor de Khan... Los Estados miembros de la Corte Penal Internacional votaron el viernes a favor de destituir al fiscal jefe Karim Khan por acusaciones de mala conducta, con 82 de los 125 miembros del tribunal respaldando la destitución... y pone fin a un proceso disciplinario de 18 meses que grupos de derechos palestinos, exjueces y los abogados del fiscal han calificado de politizado... cuando un panel de tres expertos judiciales nombrado por el órgano ejecutivo de la Asamblea de los Estados Partes, la Mesa, concluyó por unanimidad en marzo que las conclusiones de los investigadores de la ONU sobre las acusaciones "no constituyen mala conducta ni incumplimiento del deber según el marco pertinente" (Sondos Asem

Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt @FranceskAlbs

La destitución de Khan encaja perfectamente con la lucha por neutralizar la orden de arresto contra Netanyahu. La coincidencia es un lujo que el derecho internacional ya no puede permitirse. Esto demuestra que la justicia SÍ amenaza a Israel del apartheid y compañía. Así que si la CPI está paralizada, los abogados y jueces de todo el mundo deben hacer más.

גיא עזריאל Guy Azriel @GuyAz

En el contexto del despido del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, un alto funcionario israelí me dice que el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, desempeñó un papel activo en los esfuerzos para promover la medida. Según el funcionario, Sa’ar supervisó un grupo de trabajo dedicado y empleó esfuerzos diplomáticos intensivos destinados a asegurar la destitución de Khan de su cargo.

(traducción google)

8:34 p. m. · 24 jul. 2026 ·1 M Visualizaciones

3:06 p. m. · 25 jul. 2026 ·235,3 mil Visualizaciones

 

"¿Qué sigue para la CPI y la investigación sobre Palestina tras la destitución de Karim Khan?
La destitución del fiscal jefe por parte del tribunal deja un expediente Palestina estancado, dos fiscales adjuntos sancionados al mando y la necesidad de una elección para elegir al sucesor de Khan

Los Estados miembros de la Corte Penal Internacional votaron el viernes a favor de destituir al fiscal jefe Karim Khan por acusaciones de mala conducta, con 82 de los 125 miembros del tribunal respaldando la destitución en una votación secreta en las Naciones Unidas en Nueva York.

Es la primera vez en los 24 años de historia del tribunal que un fiscal en funciones es destituido, y pone fin a un proceso disciplinario de 18 meses que grupos de derechos palestinos, exjueces y los abogados del fiscal han calificado de politizado. Khan ha negado cualquier irregularidad.

La votación ha abierto varios interrogantes sobre el destino de la investigación sobre Palestina y quién será elegido como su sucesor.

En particular, la salida de Khan y la reacción oficial de Israel han suscitado preguntas sobre si tendrá algún impacto en las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, emitidas durante el mandato de Khan.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, calificó la destitución de Khan como "largamente postergada" y pidió al tribunal que retire las órdenes de arresto "de inmediato", reiterando la afirmación desacreditada de Israel de que se emitieron apresuradamente para desviar la atención de las acusaciones de mala conducta sexual.

Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué pasa con Khan?

La decisión de destitución surte efecto de inmediato, según las normas del tribunal. Khan ya no es miembro del tribunal y ha sido apartado de todos los casos de la cartera de la fiscalía, incluido el de Palestina.

Sus abogados declararon el viernes que Khan impugnará "la legalidad y equidad de la decisión a través de todos los mecanismos legales disponibles".

Khan declaró a Middle East Eye en mayo que llevaría cualquier destitución ante el Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo (TRIBADM de la OIT), el foro donde el personal de la CPI impugna las decisiones laborales.

Su argumento central contra la decisión probablemente sería que un panel de tres expertos judiciales nombrado por el órgano ejecutivo de la Asamblea de los Estados Partes, la Mesa, concluyó por unanimidad en marzo que las conclusiones de los investigadores de la ONU sobre las acusaciones "no constituyen mala conducta ni incumplimiento del deber según el marco pertinente", una conclusión que la Mesa votó a favor de desestimar.

MEE también reveló este mes que la Mesa cambió las reglas de votación, fusionando una votación en dos etapas en una sola moción y reduciendo el umbral efectivo para la destitución. Esa es otra cuestión de procedimiento que podría presentarse ante el tribunal.

Abdul Koroma, exjuez de la Corte Internacional de Justicia, ha dicho que las perspectivas de una apelación exitosa son "considerables".

Pero una impugnación ante el TRIBADM de la OIT es un terreno inexplorado.

Como han señalado los expertos en la CPI Ezequiel Jiménez y Sergey Vasiliev, la jurisprudencia del TRIBADM de la OIT está "calibrada para las relaciones laborales dentro de las organizaciones internacionales", y está "lejos de estar resuelto" si una decisión política de un órgano plenario de un tratado para destituir a un funcionario electo entra dentro de su jurisdicción.

Incluso un laudo favorable podría no traducirse en la reincorporación. Para cuando el TRIBADM de la OIT dicte sentencia, es posible que ya haya un sucesor en el cargo. Los procedimientos suelen tardar años.
¿Se levantarán las sanciones de EE. UU. contra Khan?

Esto sigue siendo incierto. Nada en la orden ejecutiva prevé la eliminación automática al dejar el cargo, y la administración actual no ha mostrado ningún indicio de que pretenda levantar las sanciones.

El Departamento de Estado de EE. UU. no ha respondido a una solicitud de comentarios de MEE sobre el asunto.

Khan fue la primera persona designada bajo la Orden Ejecutiva 14203, firmada por el presidente Donald Trump en febrero de 2025 en represalia por las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant. Sus bienes fueron bloqueados, su visa estadounidense revocada y se prohibió la entrada a su familia al país.

Pero existe un precedente de exclusión de la lista. Aunque la predecesora de Khan, Fatou Bensouda, fue sancionada en septiembre de 2020 por la investigación sobre Afganistán, esas sanciones se levantaron en abril de 2021, cuando la administración Biden revocó la orden por completo. Pero Bensouda todavía estaba en el cargo en ese momento, con su mandato vigente hasta junio de 2021.

Por lo tanto, su exclusión de la lista se debió a un cambio de administración y de política estadounidense, no a su salida del tribunal.
¿Qué pasa con la investigación sobre Palestina?

Tras la votación de destitución, la Fiscalía de la CPI emitió un comunicado diciendo que su trabajo continuaría sin interrupción. Además de la investigación sobre Palestina, el tribunal tiene más de una docena de situaciones activas, incluidas Ucrania, Darfur, Libia y Afganistán.

MEE ha informado en exclusiva de que la Fiscalía solicitó en abril una orden de arresto contra el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, y que se estaba preparando otra solicitud para el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.

La salida de Khan puede afectar la forma en que la Fiscalía prioriza las solicitudes o se resiste a las presiones y sanciones externas. MEE informó el año pasado que las solicitudes de Smotrich y Ben Gvir, por ejemplo, estaban listas antes de que Khan se tomara una licencia en mayo de 2025, pero fueron archivadas durante meses mientras los fiscales interinos, así como el propio tribunal, estaban bajo amenaza de sanciones.

Khan desempeñó un papel clave en la acusación de líderes israelíes tras un turbulento proceso de 15 años en el que sus dos predecesores no lograron solicitar ninguna orden de arresto contra israelíes. Tras su elección en 2021, dio prioridad a la investigación sobre Palestina y le dedicó recursos adicionales.

Sin embargo, las órdenes de arresto emitidas contra Netanyahu y Gallant el 21 de noviembre de 2024 siguen vigentes y no deberían verse afectadas de inmediato por la salida de Khan. Solo los jueces pueden retirarlas, y en repetidas ocasiones se han negado a hacerlo.

Desde que se emitieron las órdenes, Israel ha presentado una serie de impugnaciones legales con el objetivo de que sean anuladas. Dos de ellas siguen pendientes.

La más importante es el argumento de Israel de que el tribunal no tiene jurisdicción alguna sobre sus nacionales, ya que Israel no es un Estado parte del Estatuto de Roma.

En abril de 2025, la Sala de Apelaciones dictaminó que la sala inferior había desestimado erróneamente este argumento por prematuro y lo devolvió para que se decidiera adecuadamente.

Más de un año después, esa decisión aún no se ha producido y, sea cual sea el resultado, es casi seguro que se apelará de nuevo, lo que retrasará una respuesta definitiva hasta bien entrado 2027.

La segunda es una solicitud presentada en noviembre de 2025 para descalificar a Khan por presunto sesgo y cancelar las órdenes que obtuvo. La petición de descalificación decae ahora que ha sido destituido.

Pero si Israel presiona con la afirmación más amplia de que las órdenes solicitadas por un fiscal declarado culpable de falta grave están contaminadas, es una cuestión abierta, y una que los funcionarios israelíes ya han comenzado a insinuar públicamente.

El resto han fracasado. En diciembre de 2025, la Sala de Apelaciones rechazó la afirmación de Israel de que las remisiones presentadas por siete estados después del 7 de octubre de 2023 equivalían a una nueva investigación, lo que obligaba al fiscal a notificar de nuevo a Israel y darle la oportunidad de investigar a sus propios funcionarios.

Los jueces sostuvieron que los eventos posteriores al 7 de octubre ya estaban cubiertos por la notificación emitida en 2021. Si Israel hubiera ganado, las órdenes habrían decaído y el proceso habría tenido que comenzar de nuevo.

En julio de 2025, los jueces rechazaron la solicitud de Israel de suspender las órdenes y congelar la investigación más amplia mientras se resuelve la cuestión de la jurisdicción, dictaminando que se mantienen hasta que se responda a esa cuestión.
¿Quién dirige la Fiscalía ahora?

La Fiscalía declaró el viernes que "toma nota" de la decisión de destituir a Khan y confirmó que los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan, de Fiyi, y Mame Mandiaye Niang, de Senegal, "seguirán al frente de la oficina", como lo han hecho desde que Khan se tomara una licencia en mayo de 2025.

Ambos fiscales adjuntos también fueron sancionados por EE. UU. en agosto de 2025 por mantener las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant tras asumir el liderazgo de la Fiscalía.

Ninguno de los dos es fiscal en funciones. La oficina está dirigida por dos fiscales adjuntos, no por un titular interino, y ahora lleva más de un año sin un jefe electo.
¿Cuál es el calendario para elegir un nuevo fiscal?

La destitución desencadena una nueva elección según el Artículo 42 del Estatuto de Roma, la cuarta en la historia del tribunal. El fiscal es elegido por votación secreta para un mandato de nueve años por mayoría absoluta de los Estados partes.

El 25º período de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes se celebrará del 7 al 17 de diciembre de 2026 en la sede de la ONU en Nueva York, una sesión que también incluirá la elección de seis jueces.

Según Jiménez, las opciones realistas son integrar la elección del fiscal en esa sesión o convocar una sesión reanudada a principios de 2027.

    "Nada impide que ninguno de los fiscales adjuntos en funciones [Nazhat Shameem Khan o Mame Mandiaye Niang] sea nominado por un Estado parte"

    - Ezequiel Jiménez, experto en la CPI

En declaraciones a MEE, Jiménez argumentó que debería suceder lo antes posible, dado el tiempo que la Fiscalía ha estado sin un jefe electo, y espera que la Asamblea constituya un grupo de trabajo para abordar el asunto.

Una nueva Mesa también asumirá el cargo en diciembre, lo que ayudará a dar forma a cómo se lleva a cabo el proceso.

En cuanto a la duración del mandato, las reglas del tribunal establecen un mandato de nueve años no renovable "a menos que se decida un mandato más corto en el momento de su elección". Eso da a los Estados partes la opción de elegir un sucesor por el resto del mandato de Khan (aproximadamente cuatro años) hasta junio de 2030, en lugar de por nueve años completos.

Jiménez sugirió que la Asamblea podría ir más allá y limitar el campo a los dos fiscales adjuntos en funciones, otorgando al ganador el resto del mandato para asegurar un resultado rápido. Eso requeriría consenso, y cualquier Estado parte puede nominar a su propio candidato.

La contienda de 2020 que produjo a Khan se desvió de la vía que la Asamblea había acordado, y los estados abandonaron la lista corta examinada producida por el Comité para la Elección del Fiscal.

Bensouda, por el contrario, fue elegida por consenso en 2011. En ese momento se había desempeñado como fiscal adjunta.

"Nada impide que ninguno de los fiscales adjuntos en funciones [Nazhat Shameem Khan o Mame Mandiaye Niang] sea nominado por un Estado parte", señaló Jiménez.

Añadió que el equilibrio de género y la rotación regional podrían influir. El cargo ha sido ocupado por América Latina (Luis Moreno Ocampo), África (Bensouda) y Europa Occidental (Khan). Asia Pacífico y Europa del Este nunca lo han ocupado.

"¿Pedirá Europa Occidental su 'turno' de nuevo? ¿O será alguien de Asia o Europa del Este? Estos factores formarán parte de la nueva elección", dijo Jiménez a MEE." 

(Sondos Asem  , Middle East Eye, 25/07/26, traducción Deep Seek, enlaces en el original) 

Ben Swanson, exjefe de supervisión de la ONU afirma que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, es "víctima de un enorme montaje", con su decisión de suspenderlo de su cargo por acusaciones de mala conducta... La decisión de la mesa se apartó de la conclusión unánime de un panel de tres jueces que ella misma nombró, el cual concluyó en marzo que los hechos presentados en la investigación de la ONU "no constituyen mala conducta o incumplimiento del deber bajo el marco normativo pertinente"... "Está claro que se está persiguiendo una agenda activista para destituir al Fiscal de su cargo, a toda costa, mediante la instrumentalización de las escasas pruebas que puedan existir, ignorando la abundancia de pruebas en contrario disponibles para la Mesa y sin tener en cuenta la sabiduría de tres jueces internacionales", escribió (Sondos Asem)

"Exjefe de supervisión de la ONU afirma que el fiscal de la CPI Karim Khan es "víctima de un enorme montaje"

Exclusiva: Ben Swanson acusa al órgano ejecutivo del tribunal de perseguir una "agenda activista" y una noción "distópica" de la justicia al ignorar la opinión judicial en el caso de mala conducta del fiscal**

Un exjefe de investigaciones de las Naciones Unidas ha acusado al órgano ejecutivo de la Corte Penal Internacional de someter al fiscal Karim Khan a un "montaje" con su decisión de suspenderlo de su cargo por acusaciones de mala conducta.

Durante el último año, ha presentado cuatro opiniones periciales encargadas por el equipo legal de Khan a la mesa de 21 miembros de la Asamblea de los Estados Partes (AEP), criticando la forma en que se llevó a cabo la investigación sobre las acusaciones de mala conducta que enfrenta el fiscal y el posterior manejo del proceso por parte de la mesa.

En su última presentación del 28 de junio, obtenida por Middle East Eye a través de fuentes independientes, Swanson denunció la decisión del 8 de junio de la mesa, que suspendió al fiscal tras concluir por mayoría que cometió una "falta grave".

La decisión de la mesa se apartó de la conclusión unánime de un panel de tres jueces que ella misma nombró, el cual concluyó en marzo que los hechos presentados en la investigación de la ONU "no constituyen mala conducta o incumplimiento del deber bajo el marco normativo pertinente".

Basándose en su lectura del informe de los jueces junto con la decisión de la mesa, Swanson escribió: "Soy de la opinión de que el Fiscal es víctima de un enorme 'montaje' y, dado lo sucedido desde la publicación del Informe del Panel, dudo que se haga justicia o que se perciba que se ha hecho".

Swanson acusó a la mesa de adoptar "un método distópico" de justicia y de perseguir "una agenda activista" en su decisión de ejercer funciones tanto judiciales como de investigación de hechos después de que el proceso que ella misma construyó no condujera al resultado deseado.

"Está claro que se está persiguiendo una agenda activista para destituir al Fiscal de su cargo, a toda costa, mediante la instrumentalización de las escasas pruebas que puedan existir, ignorando la abundancia de pruebas en contrario disponibles para la Mesa y sin tener en cuenta la sabiduría de tres jueces internacionales", escribió.

La AEP, compuesta por representantes diplomáticos de los 125 estados miembros del tribunal, votará sobre el futuro de Khan en la sede de la ONU en Nueva York el viernes.

**"Eso no fue lo que se alegó"**

El panel judicial formó parte del proceso autorizado por la presidenta de la AEP, Paivi Kaukoranta, en noviembre de 2024, cuando decidió externalizar la investigación de mala conducta a la OSSI, después de que la denunciante contra Khan se negara a cooperar con el propio órgano investigador de la CPI.

Según documentos de la mesa, las cuatro acusaciones bajo investigación comprendían una denuncia de una mujer de la oficina de Khan sobre "conducta no deseada de naturaleza sexual" y abuso de autoridad, así como tres acusaciones de represalias contra miembros de su oficina. Khan ha negado todas las acusaciones de mala conducta o incumplimiento del deber.

La decisión de la mesa no determinó mala conducta en relación con ninguna de las acusaciones de represalias.

En cambio, la decisión confidencial a la que tuvo acceso MEE afirma que la mesa encontró que "las pruebas establecen más allá de toda duda razonable" que Khan "mantuvo una relación sexual" con la denunciante, y argumentó que "en el contexto de ese desequilibrio de poder, una relación sexual nunca podría ser apropiada".

Agregó que "la conducta del Fiscal constituye el uso indebido de una posición de influencia, poder o autoridad" contra ella.

Khan negó la existencia de cualquier relación sexual, mientras que el relato de la denunciante se centró en acusaciones de conducta no consentida.

En una entrevista con CNN la semana pasada, su primera aparición pública en relación con el caso, la denunciante mantuvo la acusación de conducta sexual no consentida.

Pero la decisión de la mesa pareció replantear la naturaleza de la mala conducta sexual, en una aparente desviación de las acusaciones de agresión sexual que han sido el eje central de la investigación, así como de las filtraciones mediáticas sobre el caso.

En su carta, Swanson dijo a la mesa que su conclusión se basa en una acusación novedosa que es materialmente diferente del objeto de la investigación.

"Lo que se alega ahora se lee como si el Fiscal y [la denunciante] hubieran tenido un romance laboral inapropiado pero consentido. Eso no fue lo que se alegó y, en cualquier caso, tampoco ha sido probado", escribió.

Añadió que la mesa llevó a cabo su propia evaluación de credibilidad, decidiendo que el relato de la denunciante era creíble, después de que la OSSI y el panel de jueces no pudieran establecer la credibilidad de la denunciante y sus pruebas.

En opinión de Swanson, después de que el panel de jueces presentara su informe, a la mesa le quedaban cuatro opciones: cerrar el asunto; pedir a la OSSI que investigara más y resolviera las cuestiones mencionadas por el panel; reiniciar la investigación; o celebrar un proceso dirimente.

Señaló que un proceso dirimente habría dado a la mesa la oportunidad de interrogar a los testigos de una manera que estableciera adecuadamente la credibilidad.

MEE informó anteriormente que el equipo legal de Khan solicitó formalmente dicho proceso en una carta a la presidenta de la AEP el 30 de julio de 2025. Pero la mesa se negó a incorporar esos requisitos en la investigación de mala conducta, incluida la solicitud de una audiencia dirimente ante el panel.

**"Un giro positivo"**

Swanson criticó a la mesa por optar por ignorar al panel judicial y elaborar sus propias evaluaciones de conclusión y credibilidad, afirmando que las pruebas de falta grave alcanzaban el estándar requerido.

"La Mesa, al determinar la credibilidad, no actuó con la misma contención jurídica que el Panel, declarándose sin restricciones, y mediante gimnasia semántica utilizó rápidamente el mismo material disponible para los Jueces, con la adición de más escritos del Fiscal y [la denunciante], aunque desestimaron los de esta última, para permitirse hacer evaluaciones de credibilidad", escribió el experto.

Agregó que la mesa no evaluó la credibilidad de la prueba en sí, la cual, dijo, tiene igual o más relevancia que la credibilidad de la fuente de la prueba.

"La Mesa parece ignorar esto; tienen una forma de análisis de credibilidad que da un giro positivo a [la denunciante] y a todo lo que dice, y un giro negativo al Fiscal y a cualquier cosa que diga o presente, e incluso a lo dicho por otros testigos cuyas pruebas ponen en duda lo que [la denunciante] está diciendo", escribió.

Swanson concluyó que la conclusión de la mesa es "insegura y no debería considerarse una base adecuada para una acción disciplinaria", y que los estados partes deberían, en cambio, dar un "peso decisivo" a la conclusión unánime del panel cuando se reúnan el 24 de julio.

MEE informó a principios de este mes que Sir James Eadie KC, primer asesor jurídico del tesoro del Reino Unido, había escrito a la presidenta de la AEP en noviembre advirtiendo sobre la ilegalidad de otorgar a la mesa autoridad legal alguna para determinar si se ha cometido una falta.

En su opinión, presentada a título privado, subrayó que el proceso mínimo requerido debería ser de naturaleza judicial y debe conducir a una audiencia oral ante un panel de jueces para poner a prueba las acusaciones y determinar qué hechos pueden probarse más allá de toda duda razonable.

"Es completamente inapropiado que la función determinante sea ejercida por órganos ejecutivos o políticos", escribió Eadie.

Eadie señaló que la propuesta de la presidenta de la AEP pretendía tratar el informe de la OSSI como conclusiones fácticas sin un proceso dirimente, y conducir a una audiencia ante la mesa que involucrara únicamente al fiscal. Este enfoque amenazaría la independencia y la integridad de la CPI, agregó." 

(Sondos Asem , Middle East Eye, 20/07/26, traducciójn Deep Seek, enlaces en el original)  

El alcalde Mamdani afirma que está analizando si su gobierno puede arrestar a Netanyahu durante su visita a Nueva York con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre... dijo que Netanyahu "debería estar en La Haya... Es un criminal de guerra que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional... Es difícil explicarle a un neoyorquino por qué ni siquiera se están discutiendo sus necesidades y, sin embargo, tenemos miles de millones de dólares para matar civiles al otro lado del mundo", dijo Mamdani... El periodista Zaid Jilani afirmó que, si bien es probable que el alcalde de Nueva York carezca de autoridad para arrestar a Netanyahu, "sin duda puede provocarlo en las redes sociales" (Julia Conley)

"Mamdani dice que está examinando si su gobierno puede arrestar a Netanyahu durante su visita a Nueva York.

El alcalde afirmó que mantiene "una conversación activa con nuestro departamento legal" sobre el asunto.  

En una extensa entrevista con The New York Times el sábado, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, dejó claro que planea tomar todas las medidas a su alcance para garantizar que la ciudad cumpla con la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, si se presenta la oportunidad.  

Netanyahu, dijo Mamdani, "debería estar en La Haya", y actualmente está examinando si su gobierno tiene la autoridad para arrestar al primer ministro si visita la ciudad con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre.  

"Es un criminal de guerra que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional", dijo el alcalde. "Cumpliré las leyes que tenemos aquí en la ciudad de Nueva York porque creo que es importante acatar la ley como líder que preside nuestra ciudad".  

Luego aclaró que "lo que la ley me permita hacer en la ciudad de Nueva York, eso es lo que haremos, pero no vamos a redactar nuestras propias leyes con ese fin".  

El alcalde le dijo a Lulu García-Navarro, presentadora del programa "The Interview" del periódico, que mantiene "una conversación activa con nuestro departamento legal" para determinar el alcance de su autoridad en el asunto.  

En noviembre de 2024, la CPI emitió una orden de arresto contra Netanyahu, el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant y el líder de Hamás Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, quien fue abatido por las fuerzas israelíes. Netanyahu fue acusado de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Gaza, donde Israel inició una ofensiva implacable en 2023 en represalia por un ataque liderado por Hamás.  

Israel y su principal financiador militar, el gobierno de Estados Unidos, han insistido en que las Fuerzas de Defensa de Israel han tenido como objetivo a Hamás en ataques que continúan en Gaza a pesar de un alto el fuego alcanzado el pasado octubre.  

Pero las pruebas han ido en aumento constantemente de que niños, trabajadores humanitarios, campos de refugiados, escuelas y hospitales han sido atacados, y el año pasado expertos determinaron que Israel estaba matando de hambre intencionadamente a los palestinos en Gaza como método de guerra.  

Más de 73.000 palestinos han muerto en Gaza y más de 173.000 personas han resultado heridas. Los ataques israelíes han convertido a Gaza en el lugar con el mayor número de niños amputados del mundo y han destruido más del 90% de las viviendas del enclave.  

García-Navarro preguntó a Mamdani sobre el "peso político" que otorga al conflicto entre Israel y Palestina, un tema que ha experimentado un cambio notable en la opinión pública estadounidense desde que Israel comenzó su última ofensiva contra Gaza respaldada por Estados Unidos. Más de la mitad de los votantes demócratas y casi un tercio de todos los votantes declararon a Associated Press el mes pasado que consideran la guerra en Gaza como un genocidio contra los palestinos.  

Tres cuartas partes de los encuestados en un sondeo de The New York Times en mayo dijeron oponerse a seguir enviando ayuda militar a Israel, en comparación con el 45% de hace tres años.  

"Es difícil explicarle a un neoyorquino por qué ni siquiera se están discutiendo sus necesidades y, sin embargo, tenemos miles de millones de dólares para matar civiles al otro lado del mundo", dijo Mamdani, quien se ha centrado con determinación durante su mandato y su campaña del año pasado en reducir el coste de vida de los neoyorquinos y aprobar programas públicos universales.  

"Creo que lo que hemos visto de los neoyorquinos, lo que hemos visto de los estadounidenses, cuando hablamos de este anhelo de un nuevo tipo de política, es un anhelo de superar la bancarrota que caracteriza a gran parte de la política actual", afirmó Mamdani. "Y es difícil encontrar un enfoque político más en bancarrota que lo que nuestro país ha hecho en Gaza y en Palestina y cómo no ha sido exclusivo de un solo partido. Ha sido, una y otra vez, una insistencia en decirles a los neoyorquinos, y a los estadounidenses, que lo que están viendo no es algo que deba preocuparles o en lo que deban creer. Es difícil luego pasar a otro tema y decir: 'Confíen en mí en esto'".  

 El embajador de Israel ante las Naciones Unidas dijo el sábado que Netanyahu estará en la reunión de la ONU en Nueva York en septiembre, a pesar de las amenazas de Mamdani —que se remontan a su campaña para la alcaldía—, mientras que el primer ministro afirmó en un programa de radio esta semana que el alcalde "odia a Estados Unidos" y defiende a Hamás.  

El periodista Mehdi Hasan dijo que era "bastante asombroso escuchar" a Mamdani reiterar su convicción anterior de que Netanyahu debería ser arrestado en virtud de la orden de la CPI, dado que se pronunció públicamente sobre el tema por primera vez "cuando tenía un 1% en las encuestas de las primarias demócratas y nadie esperaba que realmente llegara a ser alcalde".  

Hasta ahora, Netanyahu ha eludido el arresto al viajar a países que reconocen la autoridad de la CPI bajo el Estatuto de Roma. El tribunal abrió una investigación sobre Hungría el año pasado cuando no detuvo al primer ministro durante su visita. Francia también dijo que no ejecutaría la orden contra Netanyahu porque Israel no es parte del Estatuto de Roma.  

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Michael Waltz, respondió a la entrevista de Mamdani el sábado, diciendo que Estados Unidos tampoco es parte del Estatuto de Roma.  

El periodista Zaid Jilani señaló que, aunque probablemente el alcalde de Nueva York carece de autoridad para arrestar a Netanyahu, "sin duda puede provocarlo"." 

(Julia Conley , Common Dreams, 18/07/26, traducción Deep Seek) 

El salvaje plan de Trump y Rubio para asfixiar al Tribunal Penal Internacional... el gobierno de Donald Trump activó una ofensiva sin precedentes diseñada para desarmar el blindaje legal del tribunal y garantizar la impunidad total de sus ciudadanos... Rubio fue tajante: “El TPI representa una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense: se arroga la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses que actúan en defensa del interés nacional de Estados Unidos”... La consigna de la Casa Blanca es blindar por completo a sus tropas, espías y altos cargos, cerrando cualquier resquicio legal que permita a la justicia internacional sentar a un estadounidense en el banquillo de los acusados... La campaña contempla nuevas sanciones económicas contra los responsables del tribunal, prohibiciones de viaje, revocación de visados, restricciones a organizaciones vinculadas a la Corte y una intensa presión diplomática sobre gobiernos aliados para que abandonen el Estatuto de Roma o rechacen expresamente cualquier intento del TPI de ejercer jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses... Washington da un ultimátum: cualquier gobierno aliado que siga financiando o respaldando a La Haya mientras cobra cheques de asistencia estadounidense entrará directo en la lista negra de la Casa Blanca. No estamos ante un simple choque de tecnicismos legales; Donald Trump busca forzar una fractura global y coordinar un bloque internacional de contención que mutile definitivamente el alcance de la justicia transnacional (Diego Tudares)

"La Administración Trump busca aislar al tribunal, endurecer las sanciones contra sus responsables y convencer a los aliados de Washington de que abandonen el organismo para “acabar con sus abusos” contra ciudadanos estadounidenses.

La histórica fricción entre Washington y La Haya ha derivado en una guerra abierta. Dispuesto a pulverizar el margen de maniobra del Tribunal Penal Internacional (TPI), el gobierno de Donald Trump activó una ofensiva sin precedentes diseñada para desarmar el blindaje legal del tribunal y garantizar la impunidad total de sus ciudadanos. La consigna de la Casa Blanca es blindar por completo a sus tropas, espías y altos cargos, cerrando cualquier resquicio legal que permita a la justicia internacional sentar a un estadounidense en el banquillo de los acusados.

El anuncio realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, confirma que Washington ya no pretende únicamente cuestionar la jurisdicción del TPI, sino reducir su influencia diplomática e institucional mediante sanciones, presión internacional y un aislamiento político coordinado.

Rubio presentó la iniciativa como una cuestión de defensa de la soberanía estadounidense. En su comunicado fue tajante: “El TPI representa una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense: se arroga la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses que actúan en defensa del interés nacional de Estados Unidos”.

La campaña contempla un amplio abanico de medidas. Entre ellas figuran nuevas sanciones económicas contra responsables del tribunal, prohibiciones de viaje, revocación de visados, restricciones a organizaciones vinculadas a la Corte y una intensa presión diplomática sobre gobiernos aliados para que abandonen el Estatuto de Roma o rechacen expresamente cualquier intento del TPI de ejercer jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses.

Según responsables del Departamento de Estado, Washington también incrementará el escrutinio sobre aquellos países que reciben apoyo militar o de seguridad estadounidense pero continúan respaldando la autoridad de la Corte.

¿Por qué Estados Unidos ataca al TPI?

Aunque el actual enfrentamiento se produce bajo la presidencia de Trump, la desconfianza estadounidense hacia la Corte Penal Internacional no es nueva, ya que Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma —el tratado que dio origen al TPI— precisamente porque sucesivas administraciones consideraron que el tribunal podía interferir en su soberanía nacional y en la actuación internacional de sus Fuerzas Armadas.

El principio defendido por Washington es claro: los militares y funcionarios estadounidenses deben responder únicamente ante el sistema judicial de Estados Unidos, no ante un tribunal internacional.

La embestida de Trump contra La Haya viene de lejos. Tras un primer mandato de abierta confrontación, la venganza contra el tribunal terminó de fraguarse en noviembre de 2024. Su reelección coincidió con el peor escenario para Washington: la Corte dictó una orden de arresto internacional contra Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel y principal aliado estadounidense. Aquel desafío judicial encendió las alarmas en el equipo de Trump, activando de inmediato un plan de represalias financieras y veto de visados para asfixiar a los magistrados del tribunal.

En marzo de 2020, la Fiscalía del tribunal abrió una investigación en Afganistán que incluía indicios de posibles crímenes por parte de las tropas estadounidenses. Sin embargo, desde 2021 ha dejado en un segundo plano el papel de EE UU y se ha centrado en los presuntos crímenes cometidos por el Gobierno afgano y las fuerzas talibanes.

El secretario de Estado afirmó que se está instando a las naciones que colaboran con las fuerzas de seguridad estadounidenses, albergan presencia militar estadounidense o se benefician de su paraguas de seguridad general a “rechazar la supuesta autoridad de la TPI para procesar a funcionarios y militares estadounidenses”.

Para la Administración Trump, ambos episodios demostraron que la Corte estaba ampliando progresivamente el alcance de sus competencias; ante esto, el secretario de Estado, Marco Rubio, endureció el discurso en un artículo publicado en The Wall Street Journal, donde definió a la institución como “un árbitro global sin rendición de cuentas» y aseguró: “Utilizando todos los recursos a disposición de nuestro gobierno, trabajando codo a codo con cada aliado con quien podamos unir fuerzas, desmantelaremos el TPI, paso a paso, si es necesario”.

En otra de las frases más contundentes de su ofensiva política afirmó: “Si nos quedamos de brazos cruzados, todos estaremos a merced de jueces extranjeros situados a miles de kilómetros de aquí, expuestos al riesgo constante de ser procesados, e incluso encarcelados, por el supuesto crimen de haber defendido su propio país”. Este lenguaje refleja un cambio de estrategia: ya no se trata únicamente de rechazar la competencia del tribunal, sino de intentar reducir activamente su legitimidad internacional.

La presión sobre los aliados

El Departamento de Estado pretende convencer a países socios —especialmente aquellos que mantienen estrechas relaciones militares con Washington o dependen de su paraguas de seguridad— para que cuestionen públicamente la autoridad del TPI respecto a ciudadanos estadounidenses.

El aviso de Washington es un ultimátum: cualquier gobierno aliado que siga financiando o respaldando a La Haya mientras cobra cheques de asistencia estadounidense entrará directo en la lista negra de la Casa Blanca. No estamos ante un simple choque de tecnicismos legales; Donald Trump busca forzar una fractura global y coordinar un bloque internacional de contención que mutile definitivamente el alcance de la justicia transnacional.

La controversia refleja dos concepciones muy distintas del derecho internacional, ya que, mientras el Tribunal Penal Internacional sostiene que puede actuar cuando un Estado no investiga o no quiere investigar presuntos crímenes de guerra, genocidio o delitos contra la humanidad, Estados Unidos considera, por el contrario, que ese principio no puede aplicarse a un país que nunca aceptó la jurisdicción de la Corte y dispone de un sistema judicial propio plenamente operativo.

Ese desacuerdo lleva más de dos décadas presente, aunque la actual Administración ha decidido convertirlo en uno de los ejes centrales de su política exterior.

Al mismo tiempo, una mayor presión estadounidense puede reforzar la división existente entre los países que defienden un sistema internacional de justicia penal con competencias amplias y aquellos que consideran que dichas competencias invaden la soberanía de los Estados.

Este zarpazo diplomático agarra a La Haya en su momento de mayor vulnerabilidad. El tribunal opera bajo máxima presión, con investigaciones abiertas en los polvorines más calientes del planeta, mientras su cúpula judicial ya sufre en carne propia el castigo de Washington: una grave crisis de legitimidad y presión política debido a las fuertes represalias y sanciones económicas aplicadas por Washington contra sus altos funcionarios, una situación de tensión institucional histórica que debilita la capacidad de la institución para avanzar de forma independiente en investigaciones de crímenes de guerra. "

(Diego Tudares , Other News, 16/07/26)