Podemos ir más allá del modelo capitalista y salvar el clima... estos son los tres primeros pasos: una nueva arquitectura financiera que penalice las «inversiones» privadas destructivas y permita la financiación pública con fines públicos. En el centro de esta arquitectura necesitamos un nuevo banco de inversión público que, en asociación con los bancos centrales, convierta la liquidez disponible en tipos de inversión compatibles con una prosperidad común y sostenible. La segunda condición es el uso extensivo de la democracia deliberativa para decidir los objetivos sectoriales, regionales y nacionales (por ejemplo, en lo que respecta al crecimiento o incluso a la reducción de diferentes producciones) a los que se destinarán las nuevas herramientas de financiación pública. Y la tercera condición es una gran ley de reforma corporativa con el fin de democratizar las empresas, favoreciendo y promoviendo la formación de empresas que funcionen según el principio de un empleado, una acción, un voto (Jason Hickel, Yanis Varoufakis)

 "El capitalismo se preocupa por el futuro de nuestra especie tanto como un lobo se preocupa por el de un cordero. Pero si democratizamos nuestra economía, un mundo mejor estará a nuestro alcance.

Tenemos una responsabilidad urgente. Nuestro sistema económico actual es incapaz de abordar las crisis sociales y ecológicas a las que nos enfrentamos en el siglo XXI. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos una paradoja extraordinaria. Por un lado, tenemos acceso a nuevas tecnologías extraordinarias y a una capacidad colectiva para producir más alimentos y más cosas de las que necesitamos o de las que el planeta puede permitirse. Sin embargo, al mismo tiempo, millones de personas sufren condiciones de grave privación.

¿Cómo se explica esta paradoja? El capitalismo. Por capitalismo no nos referimos a los mercados, el comercio y el espíritu empresarial, que han existido durante miles de años antes del auge del capitalismo. Por capitalismo nos referimos a algo muy extraño y muy específico: un sistema económico que se reduce a una dictadura dirigida por una pequeña minoría que controla el capital: los grandes bancos, las grandes empresas y el 1 % que posee la mayoría de los activos invertibles. Aunque vivamos en una democracia y podamos elegir nuestro sistema político, nuestras elecciones nunca parecen cambiar el sistema económico. Son los capitalistas quienes determinan qué producir, cómo utilizar nuestra mano de obra y quién se beneficia de ella. El resto de nosotros, las personas que realmente realizamos la producción, no tenemos voz ni voto.

Y para el capital, el objetivo de la producción no es principalmente satisfacer las necesidades humanas o lograr el progreso social, y mucho menos cumplir con ningún objetivo ecológico. El objetivo es maximizar y acumular beneficios. Ese es el objetivo primordial. Esa es la ley capitalista del valor. Y para maximizar los beneficios, el capital requiere un crecimiento perpetuo, una producción agregada cada vez mayor, independientemente de si es necesaria o perjudicial.

Así que acabamos con formas irracionales de producción: tenemos una producción masiva de cosas como SUV, mansiones y moda rápida, porque estas cosas son muy rentables para el capital, pero una subproducción crónica de cosas obviamente necesarias como viviendas asequibles y transporte público, porque estas son mucho menos rentables para el capital, o no lo son en absoluto.

Lo mismo ocurre con la energía. Las energías renovables ya son mucho más baratas que los combustibles fósiles. Por desgracia, los combustibles fósiles son hasta tres veces más rentables. Por lo tanto, el capital obliga a los gobiernos a vincular los precios de la electricidad al precio del más caro gas natural licuado, y no a la energía solar barata. Del mismo modo, la construcción y el mantenimiento de autopistas es mucho más lucrativo para los contratistas privados, los fabricantes de automóviles y las compañías petroleras que una red moderna de ferrocarriles públicos ultrarrápidos y seguros. Así que los capitalistas siguen presionando a nuestros gobiernos para que subvencionen los combustibles fósiles y la construcción de carreteras, incluso mientras el mundo se quema.

Desde la elección de Donald Trump, muchas grandes empresas de inversión han abandonado con entusiasmo sus compromisos climáticos, que, en favor del bien común, habían restringido su rentabilidad. Esto debería ser un momento esclarecedor para todos nosotros: al capitalismo le importan las perspectivas de nuestra especie tanto como a un lobo le importa un cordero.

Así que aquí estamos: atrapados en el conjunto de prioridades del capitalismo, que son enemigas de las de la humanidad. El ingenio humano nos ha legado tecnologías y capacidades espléndidas. Pero, como una divinidad cruel, el capital no solo nos impide utilizarlas para nuestro bien colectivo, sino que, de hecho, nos obliga a emplearlas para nuestra ruina colectiva.

El sistema también nos encierra en ciclos interminables de violencia imperialista. La acumulación de capital en las economías avanzadas se basa en la aportación masiva de mano de obra barata y recursos naturales del sur global.

Para mantener este orden, el capital utiliza todas las herramientas a su alcance: deuda, sanciones, golpes de Estado e incluso invasiones militares directas para mantener subordinadas a las economías del sur.

La solución está ante nuestros ojos. Necesitamos urgentemente superar la ley capitalista del valor y democratizar nuestra economía, para poder organizar la producción en torno a prioridades sociales y ecológicas urgentes. Al fin y al cabo, nosotros somos los productores de los bienes, los servicios y las tecnologías. Es nuestro trabajo y los recursos de nuestro planeta los que están en juego. Por lo tanto, nosotros debemos reclamar el derecho a decidir qué se produce, cómo y con qué fin.

¿Cómo se puede hacer esto? Hay tres condiciones necesarias para la transformación de nuestra economía de una dictadura sin salida a una democracia funcional y ecológicamente sólida.

La primera condición es una nueva arquitectura financiera que penalice las «inversiones» privadas destructivas y permita la financiación pública con fines públicos. En el centro de esta arquitectura necesitamos un nuevo banco de inversión público que, en asociación con los bancos centrales, convierta la liquidez disponible en tipos de inversión compatibles con una prosperidad común y sostenible.

La segunda condición es el uso extensivo de la democracia deliberativa para decidir los objetivos sectoriales, regionales y nacionales (por ejemplo, en lo que respecta al crecimiento o incluso a la reducción de diferentes producciones) a los que se destinarán las nuevas herramientas de financiación pública.

Y la tercera condición es una gran ley de reforma corporativa con el fin de democratizar las empresas, favoreciendo y promoviendo la formación de empresas que funcionen según el principio de un empleado, una acción, un voto.

Vivimos a la sombra del mundo que podríamos crear. Un mundo en el que podríamos evitar un colapso ecológico casi seguro, en lugar de esperar a que el capitalismo nos empuje más allá del punto de no retorno. Un mundo en el que sea posible abolir la inseguridad económica, la precariedad, la pobreza, el desempleo y la indignidad, mientras llevamos una vida significativa dentro de los límites planetarios. No se trata de un sueño lejano. Es una perspectiva tangible."

( Jason Hickel, Yanis Varoufakis  , Rebelión, 18/02/26,  fuente https://www.theguardian.com/environment/commentisfree/2026/feb/12/capitalist-model-climate-growth-capitalism-species-humanity  )

Artículo 129.2 de la Constitución: La pieza que le falta a nuestra democracia... el acceso de las personas trabajadoras a su participación en el desarrollo de sus reconocidos o potenciales derechos es aún «tímido» y el mandato constitucional sobre el acceso a la propiedad de los medios de producción es, hoy por hoy, una promesa vacía... como cualquier entidad política en una democracia, la empresa debe organizarse bajo una arquitectura democrática... como cualquier entidad política en una democracia, la empresa debe organizarse bajo una arquitectura democrática. En consecuencia, el trabajador deja de ser un mero recurso para convertirse en un “inversor de trabajo”. Al igual que el accionista aporta capital, el trabajador aporta su vida, su tiempo, su conocimiento, su capacidad de trabajo y los resultados de éste. Sin embargo, mientras el primero ostenta el control absoluto a través de la entidad “empresa”, el segundo permanece a menudo en la periferia de las decisiones estratégicas... El artículo 129.2 es taxativo: “los poderes públicos promoverán eficazmente la participación de los trabajadores en la empresa y facilitarán su acceso a la propiedad de los medios de producción”. No es una sugerencia ni un “si conviene”, es un mandato constitucional... España se sitúa hoy a la cola de Europa en participación real. Mientras países como Alemania, Austria o los Estados del Norte de Europa han integrado la codecisión en sus modelos productivos —no por ideología, sino por eficiencia y cohesión—, en España a los comités de empresa y a las secciones sindicales se les informa y consulta, pero rara vez participan en la toma de decisiones... Por ello, la negociación colectiva debe evolucionar hacia una gestión conjunta de materias críticas: desde la organización del trabajo hasta la formación continua o la gestión ética de los algoritmos... medidas concretas: derechos de codecisión en IA, participación en el capital e incentivos públicos para empresas democráticas. Pero esto requiere también una autocrítica honesta: durante demasiado tiempo el sindicalismo no priorizó la conquista de estos derechos y su ejercicio (Quim González Muntadas)

 "El pasado 2 de febrero, el Ministerio de Trabajo recibió de la Comisión Internacional de expertos de alto nivel sobre democracia en el trabajo un documento de 497 páginas que está llamado a sacudir los cimientos de nuestro modelo laboral. Este informe no es un diagnóstico más, es una enmienda a la totalidad a la forma en que entendemos la empresa en España. Su conclusión es tan nítida como preocupante: el acceso de las personas trabajadoras a su participación en el desarrollo de sus reconocidos o potenciales derechos es aún «tímido» y el mandato constitucional sobre el acceso a la propiedad de los medios de producción es, hoy por hoy, una promesa vacía.

No hablamos de una carencia coyuntural, sino de un déficit estructural. Nuestra arquitectura empresarial sigue anclada en una jerarquía del siglo pasado que choca frontalmente con los desafíos del siglo XXI: la gobernanza de la inteligencia artificial, la digitalización, la competitividad, la desigualdad y la globalización.

Una de las aportaciones más relevantes del informe es la calificación de las “entidades políticas”. Son espacios de poder donde se toman decisiones que condicionan la vida de las personas y el futuro de la sociedad. Si aceptamos esta premisa, la conclusión es inevitable: como cualquier entidad política en una democracia, la empresa debe organizarse bajo una arquitectura democrática.

En consecuencia, el trabajador deja de ser un mero recurso para convertirse en un “inversor de trabajo”. Al igual que el accionista aporta capital, el trabajador aporta su vida, su tiempo, su conocimiento, su capacidad de trabajo y los resultados de éste. Sin embargo, mientras el primero ostenta el control absoluto a través de la entidad “empresa”, el segundo permanece a menudo en la periferia de las decisiones estratégicas.

A menudo se etiqueta la participación laboral como una aspiración utópica o radical. Nada más lejos de la realidad. Se trata sencillamente de cumplir la Constitución Española. El artículo 129.2 es taxativo: “los poderes públicos promoverán eficazmente la participación de los trabajadores en la empresa y facilitarán su acceso a la propiedad de los medios de producción”. No es una sugerencia ni un “si conviene”, es un mandato constitucional que lleva cuarenta y siete años en el «congelador» legislativo.

España se sitúa hoy a la cola de Europa en participación real. Mientras países como Alemania, Austria o los Estados del Norte de Europa han integrado la codecisión en sus modelos productivos —no por ideología, sino por eficiencia y cohesión—, en España a los comités de empresa y a las secciones sindicales se les informa y consulta, pero rara vez participan en la toma de decisiones. En nuestro país, la participación real sigue siendo un espejismo en la inmensa mayoría de las empresas.

Debemos reconocer que en el sindicalismo del sur de Europa han primado durante décadas ciertas reticencias, en contraste con el sindicalismo del centro y norte del continente. Siempre planeaba la duda: ¿participar no significa integrarse en el sistema del capital?, ¿no diluye esto la defensa de los intereses de clase?

Estas reticencias están hoy superadas por un sindicalismo español que defiende que la participación no niega el conflicto entre capital y trabajo, sino que lo regula, lo institucionaliza y lo hace productivo. La cooperación y el conflicto no se excluyen, establecen entre sí, una frontera móvil. El conflicto sin capacidad de decisión compartida puede ser estéril, y la cooperación sin sindicato es una trampa. Por ello, la negociación colectiva debe evolucionar hacia una gestión conjunta de materias críticas: desde la organización del trabajo hasta la formación continua o la gestión ética de los algoritmos.

Es necesario además desmitificar la idea de que democratizar la empresa consiste únicamente en sentar a un representante en el consejo de administración. De hecho, esa silla puede ser una figura decorativa —una coartada para la empresa— si no existe una participación real en el día a día. La democracia empieza en la organización del trabajo y en el reconocimiento del conocimiento técnico de la plantilla. Existe una diferencia abismal entre el trabajador que siente que solo «rompe piedras» y aquel que entiende que está «construyendo una catedral». Esa diferencia no reside solo en el salario, sino en el sentido, la información y la capacidad de influir. Ahí, y no en los despachos cerrados, es donde nace la innovación real.

El informe propone medidas concretas: derechos de codecisión en IA, participación en el capital e incentivos públicos para empresas democráticas. Pero esto requiere también una autocrítica honesta: durante demasiado tiempo el sindicalismo no priorizó la conquista de estos derechos y su ejercicio, permitiendo que muchos convenios sigan consagrando el viejo «ordeno y mando».

El anuncio de la iniciativa del Gobierno para legislar en esta materia debe ser la palanca constitucional definitiva para democratizar la empresa. Porque la empresa es un espacio de poder y donde el poder no se democratiza reina el autoritarismo. Es hora de que el artículo 129.2 pase del papel a la realidad de los centros de trabajo y que la participación sea, por fin, una protagonista central de la negociación colectiva." 

(Quim González Muntadas  ,  Nueva Tribuna, 16/02/26)

¿Sustituir el capitalismo, no por el socialismo, sino por la democracia? Necesitamos urgentemente superar la ley capitalista del valor... por «capitalismo entendemos algo muy extraño y muy específico: un sistema económico que se reduce a una dictadura dirigida por una pequeña minoría que controla el capital: los grandes bancos, las grandes empresas y el 1 % que posee la mayoría de los activos invertibles»... bajo el capitalismo «el propósito de la producción no es principalmente satisfacer las necesidades humanas o lograr el progreso social, y mucho menos cumplir con ningún objetivo ecológico. El propósito es maximizar y acumular beneficios. Ese es el objetivo primordial. Esta es la ley capitalista del valor. Y para maximizar los beneficios, el capital requiere un crecimiento perpetuo, una producción agregada cada vez mayor, independientemente de si es necesaria o perjudicial»... la construcción y el mantenimiento de autopistas es mucho más lucrativo para los contratistas privados, los fabricantes de automóviles y las compañías petroleras que una red moderna de ferrocarriles públicos ultrarrápidos y seguros. Por eso, los capitalistas siguen presionando a sus gobiernos para que subvencionen los combustibles fósiles... El capitalismo está bloqueando las tecnologías y las inversiones para el bien colectivo y les está encerrando «en ciclos interminables de violencia imperialista». El imperialismo es un producto del capitalismo, donde «la acumulación de capital en las economías avanzadas depende de la aportación masiva de mano de obra barata y recursos naturales del sur global. Para mantener este orden, el capital utiliza todas las herramientas a su alcance: deuda, sanciones, golpes de Estado e incluso invasiones militares directas para mantener a las economías del sur en una posición de subordinación»... Entonces, ¿cuál es la respuesta al capitalismo y al imperialismo? Necesitamos un nuevo banco de inversión público que, en asociación con los bancos centrales, convierta la liquidez disponible en tipos de inversión compatibles con una prosperidad común y sostenible... utilizar ampliamente la democracia deliberativa para decidir los objetivos sectoriales, regionales y nacionales a los que se destinarán las nuevas herramientas de financiación pública... y la formación de empresas «gestionadas según el principio de un empleado, una acción, un voto»... pero la inversión capitalista en las economías modernas es cinco veces mayor que la inversión pública, inversión públíca frente a las decisiones de inversión que toman los grandes bancos de inversión privados de Estados Unidos... y cualquier trabajador puede comprar ya una acción de una empresa en este momento y votar, frente a las acciones de las grandes empresas, las sociedades de capital privado y las instituciones financieras? (Michael Roberts)

"Los destacados economistas de izquierda Jason Hickel y Yanis Varoufakis escribieron conjuntamente un artículo para el periódico británico The Guardian esta semana. El titular era «Podemos superar el modelo capitalista y salvar el clima: estos son los tres primeros pasos». Jason Hickel es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor visitante sénior en la LSE. Yanis Varoufakis es el líder de MeRA25, exministro de Finanzas y autor de Technofeudalism: What Killed Capitalism.

Hickel y Varoufakis comienzan dejando muy claro lo siguiente: «Nuestro sistema económico actual es incapaz de abordar las crisis sociales y ecológicas a las que nos enfrentamos en el siglo XXI. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos una paradoja extraordinaria. Por un lado, tenemos acceso a nuevas tecnologías extraordinarias y a una capacidad colectiva para producir más alimentos y más cosas de las que necesitamos o de las que el planeta puede permitirse. Sin embargo, al mismo tiempo, millones de personas sufren condiciones de grave privación».

¿Por qué ocurre esto? Hickel y Varoufakis nos dicen sin rodeos que el problema es el «capitalismo». Una respuesta extraña por parte de Varoufakis, que recientemente ha escrito un libro en el que sostiene que «el capitalismo ha muerto» y ha sido sustituido por el feudalismo, o más precisamente por el «tecnofeudalismo». Pero la definición de capitalismo de Hickel y Varoufakis es algo extraña. Por capitalismo, no se refieren a «los mercados, el comercio y el espíritu empresarial, que han existido durante miles de años antes del auge del capitalismo». Eso es cierto. En cambio, los autores de este artículo afirman que por «capitalismo entendemos algo muy extraño y muy específico: un sistema económico que se reduce a una dictadura dirigida por una pequeña minoría que controla el capital: los grandes bancos, las grandes empresas y el 1 % que posee la mayoría de los activos invertibles».

No estoy seguro de por qué esto es «extraño». Al fin y al cabo, la historia de la organización social humana desde la época primitiva ha sido una historia de división de las personas en clases, con una clase dominante que explota al resto a través de diferentes modos sociales: la esclavitud, el feudalismo, el absolutismo y, durante los últimos 250 años aproximadamente, la explotación capitalista de la fuerza de trabajo humana a través de la propiedad y el control de los medios de producción. De hecho, como dicen los autores, bajo el capitalismo «el propósito de la producción no es principalmente satisfacer las necesidades humanas o lograr el progreso social, y mucho menos cumplir con ningún objetivo ecológico. El propósito es maximizar y acumular beneficios. Ese es el objetivo primordial. Esta es la ley capitalista del valor. Y para maximizar los beneficios, el capital requiere un crecimiento perpetuo, una producción agregada cada vez mayor, independientemente de si es necesaria o perjudicial».

Sí, el capitalismo es un sistema impulsado por los beneficios que explota a la masa de trabajadores, pero los autores no hacen tanto hincapié en ese aspecto del capitalismo como en su «irracionalidad», es decir, la «producción masiva de cosas como SUV, mansiones y moda rápida, porque estas cosas son muy rentables para el capital, pero la subproducción crónica de cosas obviamente necesarias como viviendas asequibles y transporte público, porque estas son mucho menos rentables para el capital, o no lo son en absoluto. »

Demuestran acertadamente que la razón por la que el calentamiento global y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero no se están abordando bajo el capitalismo es que, aunque las energías renovables ya son mucho más baratas que los combustibles fósiles, la producción de estos últimos es hasta tres veces más rentable. «Del mismo modo, la construcción y el mantenimiento de autopistas es mucho más lucrativo para los contratistas privados, los fabricantes de automóviles y las compañías petroleras que una red moderna de ferrocarriles públicos ultrarrápidos y seguros. Por eso, los capitalistas siguen presionando a sus gobiernos para que subvencionen los combustibles fósiles y la construcción de carreteras, incluso mientras el mundo se quema». Como dicen gráficamente los autores: «al capitalismo le importan las perspectivas de nuestra especie tanto como a un lobo le importa un cordero».

El capitalismo está bloqueando las tecnologías y las inversiones para el bien colectivo y les está encerrando «en ciclos interminables de violencia imperialista». El imperialismo es un producto del capitalismo, donde «la acumulación de capital en las economías avanzadas depende de la aportación masiva de mano de obra barata y recursos naturales del sur global. Para mantener este orden, el capital utiliza todas las herramientas a su alcance: deuda, sanciones, golpes de Estado e incluso invasiones militares directas para mantener a las economías del sur en una posición de subordinación».

Entonces, ¿cuál es la respuesta al capitalismo y al imperialismo? Los autores vuelven a ser contundentes. «La solución está delante de sus narices. Necesitamos urgentemente superar la ley capitalista del valor». Sí. Pero cuando se trata de un programa para superar la ley del valor en el capitalismo, las alternativas que ofrecen nuestros autores se vuelven poco convincentes (en su otro significado). Hickel y Varoufakis nos ofrecen tres condiciones necesarias, pero no para sustituir el capitalismo por el socialismo, sino para sustituir la «dictadura» capitalista por «una democracia funcional y ecológicamente sólida». Así que no del capitalismo al socialismo, sino de la dictadura a la democracia. En este artículo, la palabra «socialismo» brilla por su ausencia.

Y el motivo queda claro cuando los autores explican sus tres condiciones para el cambio. «La primera condición es una nueva arquitectura financiera que penalice las «inversiones» privadas destructivas y permita la financiación pública con fines públicos». Eso es un poco vago; ¿qué significa en la práctica? «En el centro de esta arquitectura necesitamos un nuevo banco de inversión público que, en asociación con los bancos centrales, convierta la liquidez disponible en tipos de inversión compatibles con una prosperidad común y sostenible». ¿Qué? Entonces, la respuesta al dominio del capital financiero no es hacerse con el control de los bancos, las compañías de seguros, los fondos de cobertura, etc. y luego planificar la inversión. No, se trata simplemente de crear un banco público que compita con el sector financiero capitalista existente. Dado que la inversión capitalista en las economías modernas es unas cinco veces mayor que la inversión pública, ¿cómo puede esta propuesta invertir esa proporción y poner fin a la «dictadura» del capitalismo?

La segunda condición es «utilizar ampliamente la democracia deliberativa para decidir los objetivos sectoriales, regionales y nacionales (por ejemplo, en lo que respecta al crecimiento o incluso a la reducción de diferentes producciones) a los que se destinarán las nuevas herramientas de financiación pública». Así pues, nuestro banco de inversión público se gestionará democráticamente y las decisiones sobre las inversiones que realice se tomarán democráticamente. Muy bien, pero ¿qué pasa con las decisiones de inversión que toman los grandes bancos de inversión privados de Estados Unidos, los cinco grandes bancos comerciales del Reino Unido, etc.? Parece que sus decisiones no se ven afectadas.

¡Ah! No, no es así, porque la tercera condición para poner fin a la «dictadura» capitalista, según los autores, es la formación de empresas «gestionadas según el principio de un empleado, una acción, un voto». Las empresas no deben pasar a ser de propiedad común. En cambio, cada trabajador obtiene una acción y un voto en las decisiones de la empresa. Esto es extraño, porque cualquier trabajador puede comprar una acción de una empresa en este momento y votar. ¿Qué pasa con las acciones que ya poseen las grandes empresas, las sociedades de capital privado y las instituciones financieras? ¿No van a ser expropiadas? Si es así, ¿por qué no lo dicen, en lugar de limitarnos a ofrecernos la idea de un trabajador, un voto?

Los autores terminan su artículo afirmando que puede existir un mundo que evite el colapso ecológico y acabe con la pobreza global: «es una perspectiva tangible». El problema es que las tres recetas políticas que ofrecen Hickel y Varoufakis distan mucho de lograrlo, porque no conducen al fin de lo que ellos llaman la «dictadura» capitalista." 

( michael roberts , blog, 13/02/26, traducción DEEPL) 

La participación de los sindicatos en los órganos de gobierno de las empresas incluida en el acuerdo PSOE-Sumar se sustenta en la Constitución... lo que es una realidad en Alemania, Holanda y los países escandinavos en donde después de la segunda guerra mundial se instituyeron formas de cogestión que aunque no han proporcionado todos los resultados esperados han logrado elevados niveles de productividad... La idea de Yolanda Díaz se sustenta en el artículo 129.2 de la Constitución Española: “Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”

 "La norma más revolucionaria

Comprender la democracia en todas sus dimensiones es el propósito de Luigi Ferrajoli, profesor de Filosofía del Derecho de la universidad pública de Roma Tres, en su reciente y fundamental libro La construcción de la democracia (Editorial Trotta). La obra dedica especial atención a la democracia económica y aboga por “la democratización de las empresas y, más en general, de los lugares de trabajo”.

El eminente jurista recoge el llamamiento global Democratizing work firmado por más de 3.000 estudiosos de más de 650 universidades, publicado en mayo de 2020 en el que se “llama a los trabajadores ‘inversores de trabajo’, dado que invierten su trabajo -su mente y su cuerpo– para asegurar la supervivencia de todos, y por eso se les concibe como la clave del éxito de los empleadores, es decir, de los ‘inversores de capital’ y como el núcleo constituyente de las empresas”. De aquí la necesidad de implicar a los trabajadores “en las decisiones relativas a sus vidas y a su futuro en el puesto de trabajo”.

Un espíritu que es una realidad en Alemania, Holanda y los países escandinavos en donde después de la segunda guerra mundial se instituyeron formas de cogestión que aunque no han proporcionado todos los resultados esperados han logrado elevados niveles de productividad. Las últimas estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revelan la elevada productividad del trabajo en Suecia y Alemania, con 61,7 y 58,3 dólares producidos por hora trabajada, respectivamente. Resultados muy superiores a los de países que carecen de estas instituciones como Reino Unido y España, con 51,3 y 48,8 dólares generados por hora trabajada, respectivamente.

En el marco de estas experiencias de los países europeos más democráticos y eficientes hay que situar la propuesta de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, incluida en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, que propugna regular la participación de los sindicatos en los órganos de gobierno de las empresas. La idea de Díaz se sustenta en el artículo 129.2 de la Constitución Española: “Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.

En Crónica secreta de la Constitución, (Tecnos 1989 y 2018), Soledad Gallego–Díaz y el añorado Bonifacio de la Cuadra, consideraron que “ateniéndonos estrictamente al texto del precepto nos encontramos quizá ante la norma más revolucionaria de la Constitución”. Los periodistas recordaron que se trataba de una enmienda de un diputado de Alianza Popular (AP) -Licinio de la Fuente-, que se aprobó gracias al voto favorable de cuatro ponentes: el de AP, el socialista, el comunista y el de Minoría Catalana. La ignorada Constitución Española de 1978 tiene 169 artículos, cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final. Todos importantes, aunque algunos solo invoquen los que les interesan. Con el clima actual hoy no sería posible."               (Andreu Misse, Plataforma por la Democracia Económica)

Parque Alcosa, donde la dana dejó al menos 15 muertos, las redes comunitarias tejidas durante años en torno a un colectivo del barrio, están dando respuesta a la emergencia. Autoorganizadas, las vecinas y vecinos del Parque Alcosa llegan donde la Generalitat y el Gobierno central no lo han hecho... se están articulando iniciativas de todo tipo. Un supermercado popular que centraliza, organiza y reparte víveres, y que además es uno de los pocos de este tipo que sigue activo; un comedor social, que ofrece comida en el espacio, pero también la reparte a personas dependientes que no pueden salir de sus casas. Han realizado un mapeo de todos los bajos afectados para repartir colchones, electrodomésticos o hasta cunas para bebés... también cuenta con un espacio de salud y salud mental, con profesionales al frente que en un inicio daban atención primaria atendiendo la cura de heridas o lesiones físicas pero que ahora se centran en el ámbito psicológico. El grupo está activando sesiones de terapia colectivas... La población migrante, muchos en situación irregular, se volcaron en ayudar: limpiando bajos, repartiendo comidas… Y nos encontramos con la policía identificando a estas personas... Una iniciativa reciente del Kolectivo consiste en empadronar a personas en situación irregular utilizando las direcciones de los y las integrantes de la asamblea, superando así la obligación de presentar un contrato de alquiler que no es posible firmar sin documentación. Gastos como el pago de tasas son financiados a través de la caja de resistencia... “Hemos notado más racismo tras la dana... pero nosotros nos ofrecimos a ayudar. Y hay más gente agradecida” (El Salto)

"Un mes después de la tragedia decenas de personas van y vienen alrededor del Parque Alcosa, en Alfafar, donde la dana dejó al menos 15 muertos. Hay mucha gente trabajando para el poco ruido que se escucha. Unos llevan cajas con productos de limpieza, otros preparan un puesto para repartir comida caliente, dos voluntarios arreglan bicicletas a un ritmo frenético, un grupo de jóvenes avisa que se está repartiendo café recién hecho, todo el mundo parece estar ocupado en alguna tarea.

La actividad sucede alrededor de un edificio de dos alturas que solía albergar algunos negocios en su planta baja y salas ocupadas por diferentes organizaciones y colectivos locales en la parte superior. Tras el desastre el lugar se ha convertido en un centro comunitario operativo para la emergencia. En la fachada, dos grandes pancartas cuelgan a modo de banderas. “Supermercado popular” y “Davant del rebuig de la institució, la solidaritat és la tendresa dels pobles”, rezan.

En una sala de la segunda planta se escucha bullicio, hay un grupo de casi cuarenta personas en círculo, con un moderador en el centro, organizando la conversación. Es la asamblea del proyecto “Nosotrxs mismxs”. Vecinas y vecinos del barrio afectados por la dana discuten la organización de comisiones de trabajo, las herramientas de coordinación o cómo atender las necesidades básicas que la comunidad tiene tras el desastre. Una de las asistentes recalca la importancia de crear una comisión de educación: “Los niños llevan en casa casi tres semanas, ¿qué hacemos mientras los colegios no puedan abrir?”, se pregunta, mientras muchas de las personas presentes asienten. Otras insisten en repartir entre todas las responsabilidades, y reducir las horas de trabajo que cada una asume “nos tenemos que cuidar”, incide una de ellas, lo que queda por delante hasta recuperar algo parecido a la normalidad es mucho y la salud mental de todas se resiente tanto o más que la fuerza física.

Varios testimonios aseguran que los servicios de emergencia tardaron más de 48 horas en llegar a esta zona. Sin luz, sin agua o víveres y rodeados de lodo, durante esos momentos el apoyo de los que tenías más cerca fue clave hasta que llegaron los primeros voluntarios. Todos los vecinos y vecinas entrevistados coinciden en que enfrentar las consecuencias de la dana habría sido mucho más complicado de no ser por el tejido social que existía en esta comunidad diversa. Los más veteranos del lugar explican que el barrio está marcado por la identidad migrante y obrera: antes fueron los andaluces y extremeños, ahora son los colombianos o marroquíes, todos bajo el mismo denominador común: la solidaridad ante el abandono histórico que dicen sufre el barrio por parte de las autoridades.

Un mural de fotografías en la sala de la asamblea testimonia las luchas y afectos del barrio. El proyecto “Nosotrxs mismxs” comenzó su andadura en los años 70 y, desde este proyecto, nació la Koordinadora de Kolectivos del Parke en 1985, una “herramienta colectiva en defensa de los derechos de las y los más vulnerables”, como asegura su manifiesto. Josep Campos es educador social en el Kolectivo, vecino de Algemesí, su casa se vio afectada por la dana. Los primeros días estuvo en su entorno más cercano atendiendo las necesidades más inmediatas pero en cuanto pudo, “me desplacé al Parque, porque creía que era un buen lugar para desarrollar iniciativas bonitas y necesarias en un momento así, con la cabeza en mil sitios pero intentando activar todo lo posible desde aquí”, explica.

“La importancia de que exista una comunidad, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero que exista un espacio en el que reconocerse es clave” según Campos, para llevar a cabo las acciones que el Kolectivo puso en marcha tras el desastre. Desde la cercanía y la escucha activa de las necesidades que la comunidad tiene, se están articulando iniciativas de todo tipo. Un supermercado popular que centraliza, organiza y reparte víveres, y que además es uno de los pocos de este tipo que sigue activo; un comedor social, que ofrece comida en el espacio, pero también la reparte a personas dependientes que no pueden salir de sus casas. Han realizado un mapeo de todos los bajos afectados para repartir colchones, electrodomésticos o hasta cunas para bebés. “De todo, intentamos que la ayuda llegue directamente a las familias afectadas”, recalca Campos.

El Kolectivo también cuenta con un espacio de salud y salud mental, con profesionales al frente que en un inicio daban atención primaria atendiendo la cura de heridas o lesiones físicas pero que ahora se centran en el ámbito psicológico. El grupo está activando sesiones de terapia colectivas, “hace unas semanas organizaron un duelo comunitario, algo que era muy necesario para todas”, cuenta Campos. La lista de actividades es inmensa e incluye también una oficina de gestión de trámites en relación a la emergencia, conciertos en el parque, actividades para niños u otras para los adultos mayores que no han podido apenas salir de la zona afectada en estas semanas.

También dentro del Kolectivo se articula un grupo de jóvenes en el que Campos es educador, “Kolectivo jóvenes parke”. “Es un proyecto comunitario que a veces es contradictorio frente a la lógica de consejería o servicios sociales individualistas. Tratamos de incluir a todxs los jóvenes posibles, estamos presentes en muchas más dimensiones”, explica Campos. El grupo lo conforman en torno a cuarenta jóvenes de diferentes edades, nacionalidades y contextos, desde chavales nacidos en Valencia a jóvenes migrantes no acompañados. El grupo ha crecido gracias al boca a boca, son los propios chicos y chicas las que animan a otros amigos a unirse. El objetivo es poder atender las necesidades que estos jóvenes tienen y que la autoridades no atienden, desde el ámbito educativo al social.

Durante la dana el grupo de jóvenes se movilizó para trabajar en las tareas de emergencia. Se reparten las tareas: “Coger cajas, hacer cadenas, repartir comida, transportar cosas”, explica Iman, de 18 años. “Nos hemos criado aquí, ver el barrio así nos lastima mucho. Pero hemos vivido súper bien gracias a los voluntarios y los jóvenes”, dice Adam, de 17 años. “Ayer hicimos una cosa para los niños para divertirse, con juegos y chuches para que se pierdan un poco y olviden”, añade Ghissam, de 16 años. “Si estamos juntos, si somos más, todo va a ser mejor”, añade convencida.

Alfafar cuenta con una población migrante que supera el 13% según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), uno de los índices más elevados de la región. Jhonny Valles es educador en el centro de jóvenes y miembro del Kolectivo, a través del cual realizaba labores de acompañamiento para personas en situación irregular, pero tras la dana, “el escenario cambió completamente. La población migrante, muchos en situación irregular, se volcaron en ayudar: limpiando bajos, repartiendo comidas… Y nos encontramos con la policía identificando a estas personas. Al principio en horario nocturno, después también por la tarde. Fuimos a hablar con la policía y nos dijeron que querían saber quiénes estaban ahí y que estaban investigando por perfil”. En la calle, Gastón Ariel se afana en el arreglo de bicicletas junto a su compañero Alessandro, hablan sin parar de trabajar. Gastón relata que los primeros días cuando venía a ayudar desde València la Guardia Civil lo paraba como sospechoso de hurto, y por su experiencia cree que los y las migrantes son más cuestionadas por las autoridades.

El Kolectivo ha constituido una Unidad móvil junto a otras organizaciones como Regularización Ya o Resistencia Migrante Disidente. Están recorriendo las zonas afectadas para acompañar a personas migrantes durante sus procesos, ayudando en la renovación de documentos o asistiendo jurídica o psicológicamente. Una iniciativa reciente del Kolectivo consiste en empadronar a personas en situación irregular utilizando las direcciones de los y las integrantes de la asamblea, superando así la obligación de presentar un contrato de alquiler que no es posible firmar sin documentación. Gastos como el pago de tasas son financiados a través de la caja de resistencia de la Unidad móvil, que recibe aportes de las diferentes organizaciones sociales.

Momentos de crisis como los vividos a consecuencia de la dana pueden convertirse en el caldo de cultivo perfecto para los discursos de odio y algunos grupos han reconocido este contexto como una oportunidad para que mensajes reaccionarios calen en algunos sectores de la sociedad afectada. “Ha habido un blanqueamiento brutal de ciertas organizaciones y se ha instrumentalizado el discurso de «solidaridad»,” denuncia Campos. “Hemos notado más racismo tras la dana. Mucha gente estaba enfadada y se desahogaba con nosotros”, comparte Matías, de 14 años y miembro del Kolectivo de Jóvenes. “Pero nosotros nos ofrecimos a ayudar. Y hay más gente agradecida”, termina. Campos considera que en Alfafar la existencia de un tejido social previo y la organización comunitaria han sido fundamentales para que estos discursos no tuvieran más recorrido. “Hay gente que ha cambiado de visión”, agrega Iman. “Al final, todos somos personas y estamos afrontando lo mismo”. En la misma línea, Valles explica que “se ha generado esa red, ese tejido comunitario. Gente que nunca se había visto y ahora se reconoce. Es la mejor forma de lucha contra los bulos”.

Más allá de los discursos de odio y la desatención de las instituciones gubernamentales, la realidad sobre el lodo muestra una comunidad unida que lucha por salir adelante. La normalidad todavía queda lejos pero, como asevera Guissam, “somos buenos y estoy segura que estos pueblos volverán a brillar cómo lo han hecho antes”.

(Pablo Fernández , Patricia Macías , El Salto, 06/12/24)

Ruzafa, todo un barrio contra el barro... ¿Qué necesitas? Todos se mueven con algo en la mano. ¿A qué pueblo vais hoy a limpiar, qué más podemos cargar para los afectados? Las furgonetas y coches cargan y descargan... En el taller de Jesús y Amparo se recoge y embala: comida, productos de limpieza e higiene, herramientas. Todo se clasifica. Al detalle... Material de todo tipo. Lo trae el barrio. Fotografían el cartel de necesidades y vuelven con algo... A limpiar, recoger material, cocinar y enviar todo lo disponible. Todo lo demás son opiniones... Una red de apoyo tejida con una única norma: “no aceptamos ni un euro”... Hay que ir. Ese empeño explica que desde la primera semana lleguen, día tras día tras día, hasta dos mil raciones de comida caliente y bocadillos a las localidades más afectadas. Cuando era casi imposible circular o caminar... nadie ha visto un pasillo así. A lo largo del “pasillo de enfermería” con una anchura de menos de dos metros se extiende, clasificado de forma clara y minuciosa el material más necesario para el trabajo y protección de voluntarios. Desde la puerta hay azadas, palas, rastrillos, todo tipo de escobas, palos y herramientas para limpiar. Guantes y mascarillas de toda condición. Botas clasificadas por talla, calzado y trajes de trabajo, gafas protectoras, EPIS, linternas y pilas, botiquines familiares, mesas de etiquetado, control de acceso y zona de medicamentos… El mando en plaza de las voluntarias Lola, Paca y Carmen, junto a muchas más

 "No es grande la acera de la que les voy a hablar. Cuatro locales en apenas 29 pasos, puertas y un trajín de personas voluntarias que van y vienen. El día es largo y con muchas cajas. Las dos primeras persianas arriba, sin mucho ruido. Aún no son las 8 de la mañana. El taller mecánico, de cierre por jubilación a abierto por solidaridad. El largo pasillo que une el restaurante La Cantina con el local de los comunistas de UCE se asoma también a esa acera de 29 pasos.

Las primeras cajas con material y carros de supermercado, orillados a los árboles de la calle. A la espera, junto a los palés y carteles de “qué necesitamos hoy”. En varios colores, como los envíos marcados que llenan una pequeña pizarra. Ayer 15 puntos con ayuda distribuida en localidades afectadas por la DANA. Mañana serán 25 envíos. Van 4 semanas: cada día más manos, nuevas manos, mejoran el trabajo. Crecen las ojeras, la complicidad y las ganas. Sólo verás sonrisas. Nadie llega aquí por equivocación. Pisas la calle Literato Azorín, estás en el Centro de Voluntarios La Cantina.

¿Qué hace falta hoy?

En dos horas, la terraza de bar más transitada y rodeada del barrio ya ha visto desfilar vecinas y grupos de voluntarios sin parar. ¿Qué necesitas? Todos se mueven con algo en la mano. ¿A qué pueblo vais hoy a limpiar, qué más podemos cargar para los afectados? Las furgonetas y coches cargan y descargan. A las 10 abre el Ubik, sus ventanales escoltados por pilas de cajas dejan ver la librería. En sus mesas, se mezclará el café y los descansos con reuniones de voluntarios. De Valencia, de toda España de varios países, como el famoso trío de socorristas italianos llegado desde Verona. Todo junto, en las coordenadas de 29 pasos.

En el taller de Jesús y Amparo se recoge y embala: comida, productos de limpieza e higiene, herramientas. Todo se clasifica. Al detalle, se aseguran uno a uno los tapones de la lejía y se cambia de turno sin dejar de mover cajas. Material de todo tipo. Lo trae el barrio. Fotografían el cartel de necesidades y vuelven con algo. Compran y donan abuelas, familias con niños, mucha juventud, estudiantes extranjeros, turistas de todo el mundo y vecinos de toda la vida. A goteo, de la mañana a la tarde. Todo entra para salir, para llegar a las zonas afectadas. Como si el barrio funcionase con un combustible secreto. Todos conocen la consigna: la gente es lo primero.

Puentes al otro lado del río

Toda Valencia tiene alguien al otro lado del río. Ruzafa es uno de los barrios más próximos a la zona cero y al famoso “puente de la solidaridad”. Por el Centro de Voluntarios La Cantina han pasado más de 2.000 personas distintas en la primera quincena. Es un barrio popular, de gente trabajadora que se ha volcado en ayudar desde el día uno a toda la Horta Sur. A limpiar, recoger material, cocinar y enviar todo lo disponible. Todo lo demás son opiniones. Cada tarde, a las 20hs, hay reunión abierta con propuestas y resumen diario que se comparte en un chat con más de 700 voluntarios en activo.

Día número 27. Centros de fisioterapia y veterinarias, bares e inmobiliarias, estudios, escuelas de danza, las fallas, restaurantes en pleno. Han cedido espacios, tiempo y esfuerzo. Una red de apoyo tejida con una única norma: “no aceptamos ni un euro”. Es el último domingo de noviembre y hay un Horno-panadería junto al centro de voluntarios. Allí puedes pagar una barra para enviar al día siguiente a la zona cero. En su estreno llegaron 165 barras. Dicen que no sólo de pan vive el hombre. Y es verdad. Hay que amasar la solidaridad con brío, con las manos, hombro con hombro, con fuerza, con cansancio, contra el olvido.

Fogones contra el lodo

Hay que ir. Ese empeño explica que desde la primera semana lleguen, día tras día tras día, hasta dos mil raciones de comida caliente y bocadillos a las localidades más afectadas. Cuando era casi imposible circular o caminar en los pueblos, en el primer paisaje de guerra y jornadas de limpieza. Con carreteras cortadas o anegadas de barro y maquinaria, entre riadas de voluntarios. Que la gente afectada y los voluntarios coman caliente. Cada día, coche a coche, pueblo a pueblo, entre rotondas y muchos atascos. Tres en cada coche. Nadie va sólo. Volante y al menos un copiloto. Hay que parar, bajarse y hablar. Uniformes de todos los colores en la entrada al pueblo, rostros de puro nervio y esfuerzo. Gritos: sigan no paren, no se puede entrar. ¡Llevamos comida caliente! Carteles en los cristales del coche identificando la “Ayuda humanitaria”. Las raciones entre el maletero y los asientos. Y la comida llega, un día y otro. En una ocasión cargada en brazos, con más voluntarios porque de la rotonda no pasas. Otro de los mediodías con la policía abriéndote camino, y entonces es la anécdota más celebrada del día.

Cocina de retaguardia

La comida no cae del cielo. A primera vista, esa pegatina de color en la frente parece un guiño espiritual. Pero no, las tropas de cocina organizan por colores sus secciones: punto azul o verde para profesionales de cocina y experiencia en hostelería, el amarillo para manipuladores de alimentos… Se han juntado en varios locales de restauración de Ruzafa y no paran. Un ritmo frenético de labores y encargos que se distinguen de un vistazo para optimizar el espacio de trabajo.

Muchos apuran sus horas libres antes de abrir el negocio, o son voluntarios de cocina, otros han cerrado para dar un empujón a la ayuda y aguantan semanas enteras. Sin todas esas manos sería imposible. Del fondo del pasillo a la calle, se mueven los carros y van saliendo a voces. ¡Los bocadillos de La Torre, la raciones de Paiporta! Así hacia 11 localidades. De la cuchara de palo en cocina, hasta las manos que cargan su pala contra el barro.

Cómo vaya yo y lo encuentre…

Nunca, nadie ha visto un pasillo así. A lo largo del “pasillo de enfermería” con una anchura de menos de dos metros se extiende, clasificado de forma clara y minuciosa el material más necesario para el trabajo y protección de voluntarios. Desde la puerta hay azadas, palas, rastrillos, todo tipo de escobas, palos y herramientas para limpiar. Guantes y mascarillas de toda condición. Botas clasificadas por talla, calzado y trajes de trabajo, gafas protectoras, EPIS, linternas y pilas, botiquines familiares, mesas de etiquetado, control de acceso y zona de medicamentos… El mando en plaza de las voluntarias Lola, Paca y Carmen, junto a muchas más.

Es la milla de oro del voluntariado, el pasillo que ha servido a cientos de voluntarios para equiparse antes de ir al barro y del que se han surtido muchas familias afectadas. Ordenado con esmero para librar el paso permanente hacia la zona de comida y cocina, la salida de raciones o material, el almacén improvisado de limpiadoras de agua a presión y bombas de achique en préstamo, o para seguir actualizando el inventario de material. Un pasillo plagado de orden, la arteria principal junto a la acera de los 29 pasos. Mil veces transitado y mil veces más ordenado para ayudar en 14 pueblos distintos..

La flota estelar

Difícil de explicar, cómo consigue un grupo de voluntarios enviar casi 500 furgonetas desde su barrio. A rebosar de material o comida, hasta 27 localidades durante 3 semanas continuadas. Añadan los 5 trailers de ayuda recibidos, descargarlos y distribuir el contenido. Llenando y vaciando locales, pasillos, talleres… A base de kilómetros, listados de carga y un sinfín de brazos con cajas, llamadas, mensajes y ubicaciones de descarga. Faltos de medios, sobrados de solidaridad y atrevimiento. Con 50 furgonetas a turnos y 21 coches.

El fin de semana llega el pico de envíos conseguidos. Hace una semana fueron 31 viajes de furgoneta el sábado y 12 más la mañana del domingo. Tan fácil de explicar como admirable: al volante van “currelas” que pasan la semana trabajando al volante, autónomos o por cuenta ajena, y el fin de semana echan el resto como voluntarios. Como siempre, se entrega en puntos de distribución contactados previamente. En ellos, el vecindario afectado organiza la distribución directa. A pie de calle y desde el primer día.

El sábado de la cuarta semana, se concentran por la mañana la mayoría de vehículos: desde Ruzafa al polígono de Bétera, una nave repleta de palés con mucha comida y más material. La primera furgoneta llega a las 10:30 a cargar. Las última salen antes de las dos del mediodía, han acabado su turno repartiendo prensa y llevan despiertos desde las 3 de la mañana. En un total de 17 viajes, varias van y vienen, descargan y vuelven a repetir. Como un reloj de precisión. Varias siguen a la tarde. Como siempre, la gente lo mejor.

«No quiero / que mis muertos descansen en paz / tienen la obligación / de estar presentes», Stella Díaz Varín."

(Iñaki BL , De Verdad Digital, 26/11/24)

La caída del imperio Volkswagen es también el ocaso de una esperanza que ha agitado durante mucho tiempo a la izquierda europea y estadounidense: la de regular el capitalismo mediante la cogestión... Volkswagen es el ejemplo mismo de la forma más avanzada de cogestión del «capitalismo renano», que debía oponerse a la lógica del «capitalismo accionarial» anglosajón. Pero su fracaso actual, que es un fracaso económico, ha hecho añicos estas certezas... porque el contrapoder formal de los empleados y el Land no ha sido capaz de impedir y alertar sobre la elusión de la ley de emisiones llamada « Dieselgate »... el sindicato dio un cheque en blanco a la dirección a cambio de ciertas concesiones para los trabajadores. Esta es la cara oculta de la «cogestión», que a menudo adopta la forma de connivencia con la dirección y permite a esta última gobernar sin oposición real... el fracaso de la dirección, que es evidente, es también el fracaso de la cogestión bajo la dirección de IG Metall... Bajo la apariencia de participación, a menudo nos encontramos con una simple validación de una posición de gestión centrada en la maximización de la rentabilidad... Todo esto no quiere decir que la democratización de la producción sea inútil. Al contrario, puede ser una poderosa palanca de transformación, siempre que se produzca en el marco de un cuestionamiento de las relaciones sociales existentes y de una impugnación total del orden económico (Romaric Godin)

 "El desastre que Volkswagen y sus empleados están experimentando actualmente es también el fracaso de la «codeterminación» que está en el corazón del compromiso entre capital y trabajo en Alemania. Los controles y equilibrios han fracasado, y esto es una lección para la izquierda occidental.

La caída del imperio Volkswagen es también el ocaso de una esperanza que ha agitado durante mucho tiempo a la izquierda europea y estadounidense: la de regular el capitalismo mediante la cogestión. La firma de Wolfsburgo es el ejemplo mismo de la forma más avanzada de cogestión del «capitalismo renano», que debía oponerse a la lógica del «capitalismo accionarial» anglosajón. Pero su fracaso actual, que es un fracaso económico, ha hecho añicos estas certezas.

Alemania tiene una larguísima tradición de Mitbestimmung, término alemán que suele traducirse por «cogestión», pero que más literalmente significa «codeterminación». Su implantación es una respuesta a dos retos a los que se enfrentó el capitalismo al otro lado del Rin durante el siglo XX.

El primero fue el desafío revolucionario que, durante el otoño y el invierno de 1918-19, adoptó la forma de «consejos de obreros y soldados» que se organizaban en los centros de trabajo para tomar el control de la producción. Para evitar que este método se generalizara, el Partido Socialdemócrata (SPD) obligó a los empresarios alemanes a aceptar la primera representación de los trabajadores en las empresas. Sin embargo, la ley de 1920 fue limitada y su aplicación restringida, hasta que fue derogada por el régimen nazi.

Capitalismo «domesticado

Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania Occidental tuvo que presentarse como un ejemplo de participación económica democrática, en contraste con el Este sovietizado. Pero los democristianos en el poder también querían establecer un modelo económico que compitiera con el estatismo keynesiano que imperaba en Francia y el Reino Unido. Para ellos, había que evitar las nacionalizaciones. El aumento de la participación de los trabajadores parecía una alternativa atractiva. Se convirtió en la piedra angular de la noción, entonces abiertamente conservadora, de «economía social de mercado».

La cogestión fue consagrada por ley en 1952 y ampliada en 1976 por el SPD, que entretanto había abrazado este modelo económico. A partir de entonces, las empresas con más de 2.000 empleados debían ofrecer la mitad de los puestos del consejo de vigilancia a los trabajadores. Es cierto que esta representatividad tiene sus límites, como volveremos a ver, ya que va acompañada de la obligación de nombrar al menos a un directivo entre los representantes de los trabajadores y de dar prioridad a los accionistas en caso de empate en el consejo.

Pero lo cierto es que Alemania parece estar a la vanguardia del capitalismo de cogestión, en el que los asalariados tienen voz y voto en los asuntos de la empresa. Tanto más cuanto que, además de la representación en los consejos de vigilancia, los trabajadores deben ser consultados sobre cuestiones salariales y de condiciones de trabajo a través del Betriebsrat, el «comité de empresa». Por tanto, las decisiones de la dirección suelen estar sujetas a medidas compensatorias para obtener la aprobación del Betriebsrat.

Para los partidarios de la cogestión, estos acuerdos tienen varias ventajas. En primer lugar, ofrecen una forma de cooperación entre capital y trabajo basada en el compromiso. Aquí encontramos todas las señas de identidad del pensamiento socialdemócrata destinado a crear un «capitalismo domesticado» que se opondría a su versión neoliberal.

En segundo lugar, la participación de los asalariados en la gestión permitiría tener en cuenta en la empresa criterios distintos del simple beneficio, como el empleo, los salarios, las condiciones de trabajo o los efectos medioambientales de la producción. La cogestión a la alemana sería así una forma de capitalismo de «partes interesadas», que de nuevo se opondría a la maximización del valor accionarial de la empresa.

Por último, la empresa cogestionada sería más eficiente que las empresas dirigidas únicamente por los accionistas, ya que su gestión se alejaría del corto plazo para pensar en el largo plazo. En un artículo publicado en 2012 en Alternatives économiques, el periodista Guillaume Duval explica por qué, tras la crisis de 2008, las empresas alemanas despidieron menos que las francesas, lo que les permitió beneficiarse más fácilmente de la recuperación. En términos más generales, cree que ésta es otra explicación de la resistencia industrial de la economía alemana.

¿Un modelo para la izquierda?

La cogestión se ha convertido así, para muchos en la izquierda, en un modelo y un punto de partida. En su libro de 2019, Capital et idéologie (Le Seuil), Thomas Piketty lo convierte en un pilar de sus "elementos para un socialismo participativo en el siglo XXI». «Todas las pruebas que tenemos sugieren que estas reglas han sido un gran éxito», resume el economista, que cree que «han favorecido la emergencia en la Europa germánica y nórdica de un modelo social y económico a la vez más productivo y menos desigual que los otros modelos ensayados hasta ahora».

Entrevistado por Mediapart a este respecto, Thomas Piketty subraya que, aun considerando los límites de la cogestión a la alemana, ve en este modelo un primer paso hacia la construcción de una nueva sociedad. Pero está claro que, al principio, esta cogestión, por imperfecta que fuera, le parecía al economista estrella un medio de escapar al «hipercapitalismo», término con el que Thomas Piketty describe la era neoliberal del capitalismo.

Lógicamente, la cogestión se ha convertido en el horizonte de una parte de la izquierda política. Ya en 2018, algunos senadores demócratas de Estados Unidos proponían introducir entre un 33% y un 40% de representantes de los trabajadores en los órganos de gobierno de las grandes empresas, siguiendo el modelo alemán. Más recientemente, en el programa del Nuevo Frente Popular (NFP) para las elecciones legislativas de junio de 2024, figuraba la modestísima propuesta de «convertir a los asalariados en verdaderos actores de la vida económica, reservándoles al menos un tercio de los puestos en los consejos de administración y ampliando su derecho de intervención en la empresa». Una prueba de que la cogestión en su versión mínima (la de los democristianos alemanes en los años 50) es hoy la referencia de la izquierda francesa y de gran parte de la izquierda occidental.

Volkswagen es un ejemplo muy avanzado de cogestión a la alemana. La empresa cumple la norma antes mencionada, pero también tiene una sólida práctica de colaboración entre la dirección y el sindicato IG Metall. El ejemplo más conocido es el convenio de 1994, que acaba de ser rescindido por la dirección, y que ofrecía garantías de seguridad laboral a cambio de moderación salarial.

Pero el grupo de Wolfsburgo va más allá de la norma común alemana. Su «Carta de Relaciones Laborales» de 2009 refuerza los derechos de los empleados a la información, la comunicación y la codeterminación a través del IG Metall. Proclama que «las partes implicadas a nivel operativo deben tener un enfoque de confianza, colectivo y constructivo para lograr el éxito económico, la seguridad laboral y el bienestar de los empleados». Para ello, dirección y sindicatos se comprometen a «adherirse conjuntamente a una política de consenso social».

Por último, este compromiso de cogestión se ve reforzado por el control público. Una ley de 1960, validada finalmente por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en 2009, otorga una minoría de bloqueo al Land de Baja Sajonia, que posee el 20,2% de los derechos de voto del grupo. Este Land está dirigido actualmente por una coalición de socialdemócratas y verdes, por lo que su gobierno es próximo al sindicato. Sin embargo, cuando la derecha estuvo en el poder entre 2003 y 2013, el planteamiento del Land apenas varió. De hecho, fue la coalición CDU-FDP la que consiguió la confirmación de la «ley VW» frente a los ataques de la Comisión Europea.

La ausencia de un verdadero contrapeso

En resumen, Volkswagen es visto por muchos como un modelo de cogestión. Pero en realidad, las ventajas de este modelo plantean una serie de dificultades. La primera es que el contrapoder formal de los empleados y el Land no ha sido capaz de impedir y alertar sobre la elusión de la ley de emisiones llamada « Dieselgate ».

En un artículo publicado en 2017, la jurista Nicola Sharpe, de la Universidad de Illinois, mostró cómo los controles y equilibrios formales de Volkswagen no se ejercieron en este caso concreto. En realidad, el poder dentro del grupo sigue concentrado en manos del principal accionista, la familia Porsche-Piëch, y de la dirección. La presencia de un Consejo de Supervisión, la mitad del cual está formado por empleados, nunca ha reducido la fuerte centralización del poder. «El Consejo de Supervisión sólo estaba ahí para aparentar", dijo un ejecutivo en su momento.

Para Nicola Sharpe, «el consejo de vigilancia estableció las disfunciones y complicidades que permitieron que se produjera el escándalo, y adoptó una política centralizada basada en los comités de empresa que no consiguió evitar el escándalo». En otras palabras, el sindicato dio un cheque en blanco a la dirección a cambio de ciertas concesiones para los trabajadores. Esta es la cara oculta de la «cogestión», que a menudo adopta la forma de connivencia con la dirección y permite a esta última gobernar sin oposición real.

Lo que es cierto del escándalo Dieselgate también lo es de la gestión económica. Los representantes del IG Metall se indignaron al descubrir los planes de la dirección de cerrar tres plantas en Alemania y recortar el 10% de la plantilla. Pero estos planes son la consecuencia de su complacencia ante las decisiones tomadas por una dirección que ha permanecido profundamente encerrada en esquemas cada vez más anticuados.

Frente a la teoría y la comunicación que ven la cogestión como una forma de «compromiso» entre el trabajo y el capital, hay otra interpretación que se desprende de los diversos fracasos de Volkswagen. Es la de una continuación de la dominación del capital sobre el trabajo, a cambio de un precio «razonable» pagado por este último.

En este contexto, el sindicato Volkswagen no parece ser un verdadero contrapeso. Nicola Sharpe resume así la actitud de los diez representantes del IG Metall en el consejo de vigilancia de VW: «son todos empleados alemanes tradicionalmente alineados con los puestos de dirección y que aprecian la importancia de Volkswagen para la economía alemana». En consecuencia, rara vez cuestionan las decisiones de la dirección.

En otras palabras: el fracaso de la dirección, que es evidente, es también el fracaso de la cogestión bajo la dirección de IG Metall. El jurista considera incluso que la estructura alemana no ofrece más garantías contra la gestión a corto plazo y centrada en los beneficios que la estructura anglosajona.

Además, el famoso acuerdo de 1994 que encarnó el «éxito» de esta cogestión fue muy problemático. Condujo a una moderación salarial generalizada, que debilitó la posición de los trabajadores en Alemania. Cuando Gerhard Schröder, con su coalición SPD-Verdes, lanzó su Agenda 2010 destinada a presionar a los asalariados liberalizando el mercado laboral y reduciendo las prestaciones de desempleo, lo hizo en nombre de la defensa de la competitividad de costes encarnada por el éxito de Volkswagen. Cabe señalar de paso que la crisis de la eurozona de principios de la década de 2010 fue la consecuencia última de esta opción de «desinflación competitiva» a través de los salarios, que había sido iniciada por el grupo de Wolfsburgo veinte años antes.

La ilusión de un compromiso entre el trabajo y el capital

En conjunto, el destino de Volkswagen, y más en general el naufragio de la industria alemana, contradice la visión pikettiana de que la participación de los asalariados en la toma de decisiones mejoraría los resultados de la empresa y construiría una economía más integradora y respetuosa con sus partes interesadas. Sin embargo, no es posible suscribir la versión conservadora de la crítica de la cogestión, que considera que la participación sindical reduce los beneficios al favorecer la parte redistribuida e impedir cualquier adaptación estratégica.

En el caso de VW, la dirección dio prioridad a los beneficios con la complicidad pasiva de los sindicatos, que suscribieron la doctrina del capital según la cual la rentabilidad empresarial es garantía de bienestar para los asalariados. Durante mucho tiempo, la rentabilidad de Volkswagen se benefició del compromiso social, y la dirección se aferró a sus recetas tradicionales sin que los asalariados encontraran ningún fallo.

La moraleja de esta historia es evidente: la democracia de empresa en el marco de la organización social actual es una ilusión. Bajo la apariencia de participación, a menudo nos encontramos con una simple validación de una posición de gestión centrada en la maximización de la rentabilidad. No es de extrañar: por encima del poder de los distintos órganos de dirección de las empresas, existe un poder más irresistible, el de la acumulación de capital.

La ilusión de que el compromiso entre capital y trabajo puede conducir a una nueva economía olvida que, en el capitalismo, las relaciones sociales están invertidas, es decir, están mediadas por mercancías, que a su vez están sujetas a la necesidad de acumulación de capital. Por tanto, cualquier compromiso entre capital y trabajo tiene lugar en estas condiciones, es decir, bajo el control de las exigencias del capital.

Puede ocurrir que esta demanda tolere o incluso fomente los compromisos. Pero éstos suelen ser temporales y siempre están supeditados al mantenimiento de un alto ritmo de acumulación. Cuando este ritmo se pone en tela de juicio, las condiciones para el compromiso desaparecen, independientemente de la estructura de toma de decisiones de la empresa.

Las mismas limitaciones se aplican a la participación política. Sea cual sea el color político del Land de Baja Sajonia, nunca ha podido utilizar su influencia para corregir las decisiones de la dirección. También en este caso se da prioridad a la «salud económica» de la empresa, que a menudo se identifica con las opciones de la dirección. Las autoridades políticas no son una excepción a este fetichismo de la mercancía.

Todo esto no quiere decir que la democratización de la producción sea inútil. Al contrario, puede ser una poderosa palanca de transformación, siempre que se produzca en el marco de un cuestionamiento de las relaciones sociales existentes y de una impugnación total del orden económico. Esto significa construir una crítica que vaya más allá de la crítica única del capitalismo centrada en el valor para el accionista. Porque cualquier compromiso entre capital y trabajo es, a más o menos largo plazo, una ilusión."

( Romaric Godin , Sin Permiso, 07/11/24, fuente Mediapart )

Yolanda Díaz: La democracia en la empresa es la última frontera de la democracia efectiva... Pero, además, y sobre todo, es una obligación constitucional: El art. 129 de la Constitución (el que establece el derecho a la participación de los trabajadores/as en la empresa) es tan revolucionario como el art. 9.2 de la Constitución: ambos establecen la obligación de que los Poderes Públicos remuevan los obstáculos para alcanzar la democracia real y efectiva: en la sociedad (el art. 9.2) y también en la empresa (el art. 129)... Pero al mismo tiempo el art. 129 CE es un precepto de normalidad: es un artículo estructural, de consolidación de principios. Es el precepto que nos dice como debemos interpretar el derecho a la libertad de empresa del art. 38 CE. Nuestra Constitución nos ordena que la libertad de empresa funcione de la mano con el derecho a la participación de las personas trabajadoras en la empresa

 "Buenos días, es un placer estar esta mañana aquí, inaugurando este Curso de Verano de El Escorial coorganizado por Sumar, y que está dedicado a la democracia en la empresa, un tema muy antiguo que en los últimos años está teniendo una importancia muy especial.

Muchas gracias a quienes habéis hecho posible este Curso,

*Joaquín Goyache Goñi, Rector de la Universidad Complutense de Madrid

*Natalia Abuín Vences, Directora de los Cursos de Verano Complutense

*Y en especial a Agustín Santos, por coordinarlo desde Sumar

Durante los próximos días vais a hablar aquí de la trascendencia que tiene la participación de las personas trabajadoras en la empresa.

Algo indudable.

La democracia en la empresa es la última frontera de la democracia efectiva; es el último escalón para garantizar el Estado Social y democrático que somos.

Pero, además, y sobre todo, es una obligación constitucional: una obligación que tenemos pendiente desde 1978 y que debemos recordar especialmente en épocas de peligro involucionista, como la que ahora vivimos.

El art. 129 de la Constitución (el que establece el derecho a la participación de los trabajadores/as en la empresa) es tan revolucionario como el art. 9.2 de la Constitución: ambos establecen la obligación de que los Poderes Públicos remuevan los obstáculos para alcanzar la democracia real y efectiva: en la sociedad (el art. 9.2) y también en la empresa (el art. 129).

Pero al mismo tiempo el art. 129 CE es un precepto de normalidad: es un artículo estructural, de consolidación de principios.

Es el precepto que nos dice como debemos interpretar el derecho a la libertad de empresa del art. 38 CE.

Nuestra Constitución nos ordena que la libertad de empresa funcione de la mano con el derecho a la participación de las personas trabajadoras en la empresa.

En este Curso se hablará mucho de que la democracia en las empresas es la tendencia actual en derecho comparado y en el marco de la Unión Europea. Y es cierto.

Se hablará también de que la democracia en la empresa es un elemento de rentabilidad empresarial; que mejora la calidad de las empresas; que nos permite avanzar en una economía más firme y de más valor.

Y es cierto.

La experiencia española de los últimos años es el claro ejemplo de que los derechos sociales no son “un coste”, sino un pilar de crecimiento y estabilidad, incluso en parámetros macro (ejemplos del aumento de la contratación indefinida; el aumento continuado del SMI; disminución del paro; crecimiento económico…).

Pero creo que es importante establecer claramente la única línea en la que nos podemos y nos debemos mover, como Poderes Públicos y como sociedad: los derechos sociales y la democracia en la empresa no son una opción.

La pregunta no es: derechos sociales sí; o derechos sociales no.

La pregunta es: cómo vamos a hacer realidad el avance de los derechos sociales y la democracia en la empresa a lo que nos obliga nuestra Constitución, el derecho de la Unión Europea y nuestros compromisos internacionales, porque somos (y queremos ser) un Estado social y democrático de derecho.

La democracia en la empresa solo puede funcionar desde el trabajo digno y seguro. No se puede construir democracia en la empresa con personas trabajadoras amenazadas en su salud, con trabajos precarios y absorbentes.

La reforma laboral de 2021 ha supuesto un punto de inflexión en nuestra estructura social y empresarial, que tiene efectos a todos los niveles y que es reconocida internacionalmente.

Pero el camino no ha terminado, ni mucho menos. Y el siguiente reto del trabajo digno y sano, lo sabemos bien, es el del tiempo de trabajo. La mala gestión del tiempo de trabajo es, en sí misma, una forma de violencia; es el espacio maldito donde encontramos personas trabajadoras enfermas.

No nos engañemos:

las jornadas infinitas; la disponibilidad permanente; la renuncia al tiempo personal son simplemente “costes” para algunas empresas.

Si no garantizamos jornadas dignas estamos promocionando las empresas de mala calidad, algo que no nos podemos permitir.

No podemos permitirnos que el trabajo sea un espacio hostil, donde las personas trabajadoras deben competir con las máquinas y con otras personas trabajadoras tan amenazadas como ellas. Quienes más tienen que perder en este contexto hostil y amenazador son las personas trabajadoras más vulnerables, que son quienes no se pueden permitir perder un empleo. Y esas son las mujeres.

Las mujeres trabajadoras debemos continuamente “probar” que somos tan buenas y tan comprometidas como los hombres.

Y eso nos lleva a estar cada vez más solas en nuestros proyectos profesionales: muchas mujeres optan por no mencionar que tienen vida personal; optan, al final, por renunciar a su tiempo de vida y por seguir alimentando la bestia de la explotación y la discriminación.

El tiempo de trabajo no es una condición de trabajo más: es toda una declaración de principios. Es el más social y el más humano de los derechos laborales, porque nos garantiza salud efectiva y también igualdad efectiva.

El artículo 2 de la Carta Social Europea nos obliga a reducir la jornada laboral a medida que aumenta la productividad, como dinámica de funcionamiento económico ordinario. Permitidme que insista en esta idea de la Carta que se formula de modo rotundo y claro: Reducir la jornada laboral no es un mandato aislado o puntual, sino que es un mandato continuado.

Es un mandato con una lógica empresarial y económica aplastante; tan aplastante como es la lógica del aumento continuado del SMI que actualmente se encuentra establecido en la Directiva 2022/2041 de salarios mínimos adecuados y que España está cumpliendo a rajatabla. Y debe, por cierto, seguir garantizando.

En los tiempos de la inteligencia artificial no podemos mantener la misma jornada máxima que en los tiempos de las cadenas de montaje del fordismo.

Las máquinas nos hacen más productivas (es lógico y así debe ser).

Pero si no reducimos la jornada máxima de trabajo no permitimos que el trabajo humano se desarrolle donde debe:

- en el plano de la creatividad,

- de la formación continua,

- de la adaptabilidad a las circunstancias,

- de la responsabilidad

- y del verdadero compromiso con los proyectos empresariales sanos.

Cuando estamos enseñando a las máquinas a que se comporten como humanos es una verdadera paradoja (y una insensatez) que sigamos empeñados en que los humanos trabajemos como máquinas. No es sano, no es operativo y simplemente no funciona.

Se habla de la gran dimisión (o la gran jubilación, como también se está planteando en este momento), pero no podemos seguir negando lo evidente: la fidelización y el mantenimiento en el mercado de trabajo de las personas no se consigue apretando las tuercas de la vulnerabilidad, con malas pensiones y con trabajos donde las personas se juegan su salud.

Se consigue con trabajos dignos, con pensiones dignas y, sobre todo, con jornadas dignas. A los Poderes Públicos nos corresponde asegurar que las máquinas trabajen para las personas y no al contrario.

La jornada digna es una prioridad actualmente en la Unión Europea.

La Directiva de trabajo en plataformas y el reglamento de inteligencia artificial (ambos inminentes) apuntan claramente en esa dirección. Pero las jornadas dignas como exigencia de la Unión Europea viene de muy lejos y está consolidada desde hace mucho tiempo.

Por eso las personas trabajadoras no pueden estar a plena disponibilidad (Directiva 2003/88 y Reglamento de protección de datos 2016/679); por eso todas las personas trabajadoras tenemos derecho a saber cuándo tenemos que trabajar (directiva 2019/1152); y por eso tenemos derecho a que el trabajo se adapte a nuestras necesidades de cuidado (Directiva 2019/1158).

El mandato es muy claro: La jornada digna no se cumple si dejamos las cosas como están. Debemos reducir la jornada sin merma de salario; y debemos asegurar una flexibilidad horaria en doble dirección, para cuidar y para vivir.

Es incomprensible que la patronal española no quiera hablar de reducción de jornada. Y creo que procede decirlo alto y claro aquí, en este foro en el que estamos hablando de democracia en la empresa.

Si queremos construir una economía y un tejido empresarial sanos, que aspiren a la excelencia, a competir en calidad con los grandes de nuestra economía, no podemos seguir anclados en el viejo y falso debate de los costes.

La reducción de jornada no es un lastre de la productividad sino todo lo contrario.

Porque trabajar menos significa producir mejor, aprovechar mejor los recursos, tanto los materiales como los humanos.

Significa ser consecuente con una economía sostenible, donde ni nos dejamos las luces encendidas, ni quemamos los motores. Porque es lo mismo dejarse la luz encendida y quemar el motor que derrochar tiempo y talento.

Este rechazo visceral de la patronal a la reducción de jornada es un mensaje triste, pero sobre todo es un mensaje desesperanzador.

No hemos oído alternativas, ni planes, ni estudios. Solo viejos argumentos, viejos apegos y viejos miedos.

Queremos lo mismo y lo estábamos consiguiendo:

Después de la reforma laboral de 2021 y de los aumentos de SMI somos una economía mejor, con mejores empresas y con mejores expectativas económicas.

La responsabilidad social empresarial no debiera quedarse en la foto y en las buenas palabras, sino que debiera aspirar a mejorar de verdad la economía y la sociedad españolas.

Tiempo, salud e igualdad van unidos y son las tres caras del trabajo digno.

Es inútil hablar de democracia en la empresa si el trabajo es un lugar hostil a las personas, a su salud y a sus derechos fundamentales, incluido el derecho a la no discriminación.

Debemos asegurar que en las empresas se reconoce el valor del trabajo de todas las personas, que no hay ningún tipo de violencia y que la dinámica de funcionamiento empresarial no solo reconoce y reniega de los estereotipos, sino que también está comprometida con su eliminación.

Hemos empezado a identificar los estereotipos de género relacionados con las brechas retributivas, y este ha sido un paso muy importante,

en España primero (RD 902/2020)

y en la Unión Europea después (Directiva 2023/970).

Ahora sabemos que debemos esforzarnos por ser verdaderamente objetivos en la forma en que valoramos el trabajo de las personas.

Lo establecen y lo explican nuestras normas actuales de transparencia retributiva, que son verdaderos manuales de conducta en clave de derechos fundamentales en la empresa.

Los estereotipos de género están detrás de la segregación, del techo de cristal, de la brecha retributiva, de las carreras profesionales irregulares, de la precariedad, de la brecha de pensiones y también de esa violencia sutil, que por llamarla micromachismo no deja de ser violencia.

El mundo de la empresa es el lugar ideal para luchar de modo efectivo contra los estereotipos, no solo los de género. Tenemos por delante el reto de la LGTBI fobia. Y para combatirlo ya hemos empezado a actuar en el marco del acuerdo social.

Pronto se aprobará la reforma del ET que reforzará el derecho de adaptación de las personas discapacitadas, que seguirá avanzando en una política de respeto y reconocimiento a las personas discapacitadas que tuvo su mayor exponente con la reforma del art. 49 CE y que ha tenido muchas otras manifestaciones en el ámbito del Derecho del Trabajo de los últimos cuatro años.

El derecho a la adaptación del trabajo a la persona es una obligación a la que nos insta la Unión Europea para las personas discapacitadas, pero también para las personas con responsabilidades de cuidado y para las personas que lo requieran por razones de salud.

Es un derecho de adaptación del trabajo a las personas que, como país, tendremos que empezar a plantearnos también para las personas por razón de su edad y por razón de su religión o convicciones, porque la democracia nos exige respeto a la diferencia y no exclusión.

En definitiva, estamos en un momento clave en la evolución del Derecho del Trabajo en el que la democracia en la empresa significa flexibilidad en doble dirección y respeto a la diferencia, en cualquiera de sus dimensiones.

Aspiramos a una modernización de la forma en que trabajamos, que supone más salud psicosocial y más atención a las personas. Eso es lo significa la flexibilidad en la doble dirección que nos exige la Unión Europea cuando nos requiere para que garanticemos el derecho a la adaptación del trabajo a las personas.

Modernizar las empresas y modernizar nuestra economía supone incorporar una nueva mirada al mundo de la formación:

no basta con que nuestra formación sea adecuada a las necesidades de las empresas (mucho se ha hecho al respecto y se seguirá haciendo);

además, es necesario que la cultura de la formación se instale en todas las empresas, independientemente de su dimensión o del sector al que pertenecen.

Y eso solo se puede hacer con leyes y con inversión pública.

Este país invierte mucho en formación y en políticas activas de empleo porque es la única manera de competir.

La reciente nueva ley de empleo (la ley 3/2023) ha instaurado nuevas dinámicas que tienen más capacidad de lucha contra el desempleo y mayor capacidad de integración laboral y de lucha contra la vulnerabilidad.

Pero, sobre todo, las nuevas políticas de empleo creen en la formación y la sitúan en el centro de la sociedad, de la vida de las empresas y de la vida de las personas.

La normativa laboral debe acomodarse a esta centralidad de la formación haciendo que todos los contratos laborales (todos!) tengan como contenido esencial la formación.

La reforma laboral de 2021 supuso un paso trascendental en la configuración de esta centralidad absoluta de la formación cuando creó el nuevo contrato formativo, que ahora, (al fin!) ya no sirve para abaratar costes ni para incrementar la precariedad juvenil como ha sucedido en España durante décadas.

Pero es necesario seguir avanzando para erradicar definitivamente la cultura del becario o becaria, que es tan antigua como aquella cultura de la España en blanco y negro del siglo pasado, llena de meritorios y de pasantes.

La modernización de nuestras empresas requiere instaurar la dinámica de la formación permanente, que es la única manera de generar una fuerza de trabajo motivada, adaptable y estable. La formación debe estar en lo bueno y en lo malo; y debe ser prevención, terapia y curación.

El paso final de esta formación “esencial” y “permanente” en la empresa será el nuevo Estatuto del Trabajo del siglo XXI, que debe inyectar dinámica formativa en cada derecho y en cada obligación de las empresas y de las personas trabajadoras.

Quisiera referirme ahora al tema de los permisos.

Tendemos a banalizar la cuestión de los permisos, como si fueran cosa de mujeres, de perdedores o de quienes “no se comprometen con el proyecto empresarial”.

Los que toman permisos son a menudo estigmatizados y culpabilizados del trabajo extra que “deben hacer” los que se quedan.

Creo que es urgente revelarnos contra esta concepción que nos enfrenta como clase trabajadora y que le hace el juego a las formas de gestión empresarial más caducas y más perversas. No podemos consentir esta demonización de quien ejerce sus derechos, cuando en el fondo lo que existe es una infradotación de las plantillas.

Las nuevas formas de gestión empresarial que nos requiere la Unión Europea son flexibles, porque existe la obligación de adaptación del trabajo a la persona.

Creo que es importante tener en cuenta esta visión humana de los permisos, sobre todo en un momento en que la Unión Europea nos exige compromiso.

Hace apenas unos meses entraron en vigor en España el permiso de fuerza mayor familiar y el permiso para las emergencias de personas convivientes.

Son permisos de gran importancia porque generan confianza en las personas trabajadoras con responsabilidades de cuidado, porque refuerzan las dinámicas de flexibilidad en doble dirección y porque espantan el fantasma del abandono.

Pero falta todavía en España desarrollar el famoso permiso parental de dos meses mediante una prestación de seguridad social adecuada.

Esto es lo que nos exige la Directiva 2019/1158 de conciliación.

Es un mandato que no podemos demorar y que debemos acometer con pleno convencimiento,

porque no podemos seguir sustentando nuestra política de conciliación en la excedencia,

-que es una expulsión del mercado de trabajo que ralentiza -la carrera profesional de las mujeres,

-que segrega,

-que incrementa la brecha retributiva

 -y que perpetua roles de cuidado.

Justo lo contrario de lo que nos exige la Unión Europea.

Hemos avanzado mucho en el ámbito de la igualdad de género (no voy a aburriros ahora con los datos de empleo o de brecha retributiva que son sobradamente conocidos).

Pero la igualdad real y efectiva requiere actuar en todas las dimensiones.

Eso es lo que significa la transversalidad de género. Los permisos, la conciliación, la corresponsabilidad son una parte esencial para la consecución de la verdadera igualdad, pero hay más espacios en los que seguir insistiendo y trabajando.

Uno de ellos es el trabajo a tiempo parcial, un trabajo en el que son mayoría las mujeres, y no precisamente por voluntad propia.

Tenemos que seguir mejorando las condiciones del trabajo a tiempo parcial para que no sea un gueto de las mujeres trabajadoras pobres.

Ya hemos empezado, estableciendo importantes modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores para hacer el trabajo a tiempo parcial más previsible. Ahora procede seguir avanzando

Y ya con esto concluyo,

Seguimos teniendo por delante el reto de la modernización de nuestro mercado de trabajo, pero ahora hablamos con nuevos términos y tenemos claros los pilares y las prioridades.

La democracia en la empresa,

los derechos fundamentales,

la transversalidad de género,

la igualdad real y efectiva,

la formación permanente,

la salud integral,

la prevención del riesgo psicosocial

o la soberanía del tiempo son conceptos que nos indican claramente el camino.

En eso estamos.

Muchas gracias."                 (Yolanda Díaz , Vicepresidenta segunda del Gobierno, Sin Permiso, 14/07/24)

Piketty: El texto constitucional alemán de 1949 afirma que los derechos de propiedad sólo son legítimos en la medida en que «sirvan al bienestar general»... lo ue abrió la posibilidad de reformas estructurales como la cogestión... La ley de 1951 decidió que los representantes de los trabajadores tuvieran el 50% de los puestos en los órganos de gobierno (consejos de administración o de vigilancia) de las grandes empresas siderúrgicas y del carbón... La ley de 1976 estableció el sistema actual, con un tercio de los puestos para los trabajadores de las empresas de entre 500 y 2000 empleados, y la mitad de los puestos para las de más de 2000 empleados. También en este contexto, el Parlamento alemán adoptó en 1952 un ambicioso régimen de «Lastenausgleich» («igualación de cargas»), consistente en un gravamen de hasta el 50% sobre los activos financieros, profesionales e inmobiliarios más elevados (cualquiera que fuera su naturaleza)

 "(...) El texto de 1949 afirma que los derechos de propiedad sólo son legítimos en la medida en que «sirvan al bienestar general» (artículo 14). Menciona explícitamente que la socialización de los medios de producción y la redefinición del régimen de propiedad entran en el ámbito de la ley (artículo 15). Los términos utilizados abren la posibilidad de reformas estructurales como la cogestión. La ley de 1951 decidió que los representantes de los trabajadores tuvieran el 50% de los puestos en los órganos de gobierno (consejos de administración o de vigilancia) de las grandes empresas siderúrgicas y del carbón, independientemente de su participación accionarial. La ley de 1952 amplió el sistema a todos los sectores de actividad. La ley de 1976 estableció el sistema actual, con un tercio de los puestos para los trabajadores de las empresas de entre 500 y 2000 empleados, y la mitad de los puestos para las de más de 2000 empleados.

También en este contexto, el Parlamento alemán adoptó en 1952 un ambicioso régimen de «Lastenausgleich» («igualación de cargas»), consistente en un gravamen de hasta el 50% sobre los activos financieros, profesionales e inmobiliarios más elevados (cualquiera que fuera su naturaleza).

El sistema recaudó sumas considerables (en torno al 60% de la renta nacional alemana en 1952, con pagos escalonados a lo largo de 30 años). Ello permitió financiar importantes compensaciones a los pequeños y medianos patrimonios reducidos drásticamente por la destrucción y la reforma monetaria de 1948 (1 nuevo marco sustituyó a 100 antiguos marcos, lo que permitió deshacerse de la inmensa deuda pública sin inflación), y hacer políticamente aceptable esta medida esencial para inyectar nueva vida a las finanzas públicas. Según todos los indicios, este sistema revolucionario desempeñó un papel fundamental en la reconstrucción del país sobre la base de un nuevo contrato social y democrático (Shouldering the Burdens of Defeat. West Germany and the Reconstruction of Social Justice, por Michael L. Hughes, The University of North Carolina Press, 1999). (...)"

(piketty , Le Monde, blog, 19/03/24.  Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com)

1º de Mayo... Legislatura de avances laborales... una agenda posible: implantar modelos de “cogestión” en las empresas siguiendo el modelo alemán, para que los sindicatos participen en los consejos de administración... Ante los retos de la digitalización, algoritmos, desarrollo de plataformas digitales y la inteligencia artificial, implantar una regulación a favor del trabajo decente. Como en la ley Rider (Ricardo Aje)

 "Cerca de seis meses tras la investidura del nuevo gobierno, son muchos los retos en materia laboral, en un entorno cada vez más hostil, en plena ola reaccionaria, militarista y austericida que se va imponiendo con el objetivo de seguir aumentando los beneficios de las grandes empresas, a costa de partidas sociales, restricciones laborales y libertades.

Además, hay que tener en cuenta para sacar adelante reformas la dependencia del voto de la derecha nacionalista vasca y catalana (que hoy componen el bloque de investidura), así como la escisión de Podemos del grupo parlamentario (con su irresponsable voto contra la reforma del subsidio del desempleo con PP y VOX). Sumar debería trabajar por los más amplios acuerdos desde el dialogo, el respeto y la colaboración con la izquierda política y social, para ampliar la fuerza de la calle y de las instituciones.

De momento, el avance más significativo ha sido el incremento de un 5 % del SMI (pasando de 1.080 € a 1.134 euros en 14 pagas), pactado con CC. OO. y UGT y con la oposición de la patronal, aunque en este caso salió adelante al lograr apoyos parlamentarios suficientes.

Empleo estable y más avances en derechos de la clase obrera

Las prioridades del Ministerio de Trabajo para esta legislatura son ambiciosas y significarían un importante avance en favor de la mayoría social trabajadora, siempre y cuando se consigan superar los obstáculos, a través de mayorías parlamentarias suficientes y/o con acuerdos entre sindicatos y una patronal abiertamente hostil.

En este complicado contexto y atravesando sucesivas crisis, pero, a la vez, con el respaldo de los datos de empleo (máximo histórico de 21 millones de trabajadores/as) gracias a las políticas que se implementaron, especialmente la reforma laboral y su reducción del trabajo temporal. Ahora, el Ministerio de Trabajo fija las siguientes prioridades:

—Reducción de la jornada laboral

Esta es la medida estrella de Sumar en esta legislatura y que se incluyó, pese a las resistencias del PSOE, en el programa de gobierno. El objetivo es disminuir la jornada máxima de trabajo sin merma de salario para reducir de las 40 horas de media semanal a 38 horas y media en 2024 y hasta las 37 horas y media en 2025.

—Reforma del despido

En la lógica del despido “reparativo”: aumentar la indemnización por despido improcedente, tal y como establece la Carta Social Europea. Reforzado por el fallo favorable del Comité Europeo de Derechos Sociales ante una denuncia contra España ganada por el sindicato UGT. Mayor restricción legal a los despidos para que sólo puedan ser utilizados como último recurso (endureciendo las causas del despido, estableciendo planes industriales, puestos de trabajo alternativos y planes de recolocaciones como condición acordada con los sindicatos, recuperando la autorización administrativa de los ERE). Prohibir el despido por incapacidad sobrevenida o permanente (como pide la justicia europea). Además de recuperar los salarios de tramitación.

—Estatuto del Trabajo “del siglo XXI”

Otro objetivo es la reforma del Estatuto de los Trabajadores (el actual es de 1980). En este aspecto, se pretende hacer un profundo cambio en el trabajo a tiempo parcial, que en la mayoría de los casos se hace de forma impuesta y afecta a las mujeres (el 72 %). Es donde se concentra la mayor parte de la precariedad.

—Mejorar la negociación colectiva y el papel de los sindicatos

Otro objetivo es avanzar en la negociación colectiva, publicando trimestralmente la información económica del Observatorio de Márgenes Empresariales por tipo de convenio colectivo y detallada por tamaño de empresa, con el fin de mejorar la negociación colectiva y hacer frente a las cláusulas de descuelgue salarial. También es imprescindible profundizar en los derechos de representación e intervención sindical para reforzar el papel de los sindicatos, que tienen que cubrir con sus limitados recursos a todos y todas las trabajadoras, a pesar de que la mayoría no están sindicalizados.

—Participación de los/as trabajadores/as en las empresas

Otro aspecto es implantar modelos de “cogestión” en las empresas siguiendo el modelo alemán, para que los sindicatos participen en los consejos de administración. Esta medida es controvertida y puede ser un arma de doble filo, se debe legislar con un claro sentido de clase y con las organizaciones sindicales, puesto que puede servir tanto para fiscalizar las políticas de las empresas, darles un calado más social y dar más fuerza a los sindicatos y los trabajadores, como también puede servir para disciplinar a las organizaciones sindicales en una lógica patronal y corporativista.

—Reforma de los subsidios de paro

Tras el revés de la reforma de los subsidios de desempleo por el voto en contra de Podemos con PP y VOX, aunque también fue criticada por los sindicatos por no haberla tratado con ellos, se abrirá una negociación en el marco del dialogo social y los grupos parlamentarios para dar cobertura a los trabajadores a tiempo parcial, para mantener la cotización del subsidio para mayores de 52 años, y también para que el subsidio de desempleo llegue a los trabajadores autónomos de más edad. Esta reforma está comprometida con Bruselas dentro del Plan de Recuperación para el abono del cuarto desembolso de fondos europeos.

—Estatuto del becario

Para acabar con el uso fraudulento de esta figura para explotar a las personas becarias, establecer el llamado “Estatuto del becario”, en línea con el texto que se pactó en la anterior legislatura (entre Ministerio, CC. OO. y UGT) y que no salió adelante por el bloqueo del PSOE.

—Algoritmos, plataformas digitales e inteligencia artificial

Ante los retos de la digitalización, algoritmos, desarrollo de plataformas digitales y la inteligencia artificial, implantar una regulación a favor del trabajo decente. Como en la ley Rider, se trata de laboralizar y sindicalizar a los falsos autónomos de las plataformas digitales y garantizar más información a los trabajadores sobre los algoritmos y sus repercusiones laborales, promoviendo la participación sindical.

—Más permiso por nacimiento y retribuir el parental

Ampliar los permisos de maternidad y paternidad por nacimiento de hijo a las 20 semanas (desde las 16 actuales), con mayor flexibilidad de trabajo a tiempo parcial. También retribuir el permiso parental, ya que el actual de 8 semanas no es remunerado, por lo que incumple la directiva europea de conciliación.

—Más medidas contra la discriminación salarial

Para seguir profundizando contra la discriminación salarial por sexos, aprovechar los decretos sobre los nuevos planes de igualdad y las auditorias salariales aprobados en la pasada legislatura y ampliar los derechos y garantías para asegurar la igualdad retributiva.

—Modernizar la prevención de riesgos laborales

Reformar la ley de prevención de riesgos laborales para reducir la importante siniestralidad laboral, ya que en España cada día fallecen 2 trabajadores/as de media por accidentes de trabajo, así como adaptar la regulación a nuevos retos, como la digitalización y los problemas de salud mental.

—Crear las condiciones necesarias para avanzar en derechos

Es un contexto hostil, con una patronal lanzando consignas ultraliberales para que sea la clase trabajadora la que transfiera de su sueldo las cotizaciones a la Seguridad Social al más puro estilo Milei. El gran capital avanza en la batalla cultural para presentarse como rebeldes “libertarianos” que atacan al Estado, cuando su cruzada es para hacer negocio con el desmantelamiento y privatización de lo público. Tratan de culpabilizar a la clase trabajadora como si su situación económica y social fuera debida a “no esforzarse”. Por todo ello, es más necesaria que nunca una fuerte alianza de la izquierda y el sindicalismo de clase.

Ante la ola reaccionaria, belicista y austericida, ante el peligro de una victoria de la derecha o de un PSOE que busca restablecer el bipartidismo, frente a un bloque de investidura con un peso determinante de la derecha vasca y catalana, la clave decisiva va a ser la fuerza y la movilización del movimiento obrero y sindical para poner las reivindicaciones sociales y laborales en el centro. Y sobre todo, ahora que se acaban los tiempos líquidos de la nueva política, es el momento de acabar con la fragmentación y las tendencias asimiladoras y cesaristas, construyendo la unidad de la izquierda en base a la organización y la militancia, con el sindicalismo y movimientos sociales, por la solidaridad internacionalista, la democracia popular y por la paz, para hacer políticas valientes y sin complejos a favor de la clase obrera y los más vulnerables."                  (Ricardo Aje, Mundo Obrero, 01/05/24)