"El pasado 2 de febrero, el Ministerio de Trabajo recibió de la Comisión Internacional de expertos de alto nivel sobre democracia en el trabajo un documento de 497 páginas que está llamado a sacudir los cimientos de nuestro modelo laboral. Este informe no es un diagnóstico más, es una enmienda a la totalidad a la forma en que entendemos la empresa en España. Su conclusión es tan nítida como preocupante: el acceso de las personas trabajadoras a su participación en el desarrollo de sus reconocidos o potenciales derechos es aún «tímido» y el mandato constitucional sobre el acceso a la propiedad de los medios de producción es, hoy por hoy, una promesa vacía.
No hablamos de una carencia coyuntural, sino de un déficit estructural. Nuestra arquitectura empresarial sigue anclada en una jerarquía del siglo pasado que choca frontalmente con los desafíos del siglo XXI: la gobernanza de la inteligencia artificial, la digitalización, la competitividad, la desigualdad y la globalización.
Una de las aportaciones más relevantes del informe es la calificación de las “entidades políticas”. Son espacios de poder donde se toman decisiones que condicionan la vida de las personas y el futuro de la sociedad. Si aceptamos esta premisa, la conclusión es inevitable: como cualquier entidad política en una democracia, la empresa debe organizarse bajo una arquitectura democrática.
En consecuencia, el trabajador deja de ser un mero recurso para convertirse en un “inversor de trabajo”. Al igual que el accionista aporta capital, el trabajador aporta su vida, su tiempo, su conocimiento, su capacidad de trabajo y los resultados de éste. Sin embargo, mientras el primero ostenta el control absoluto a través de la entidad “empresa”, el segundo permanece a menudo en la periferia de las decisiones estratégicas.
A menudo se etiqueta la participación laboral como una aspiración utópica o radical. Nada más lejos de la realidad. Se trata sencillamente de cumplir la Constitución Española. El artículo 129.2 es taxativo: “los poderes públicos promoverán eficazmente la participación de los trabajadores en la empresa y facilitarán su acceso a la propiedad de los medios de producción”. No es una sugerencia ni un “si conviene”, es un mandato constitucional que lleva cuarenta y siete años en el «congelador» legislativo.
España se sitúa hoy a la cola de Europa en participación real. Mientras países como Alemania, Austria o los Estados del Norte de Europa han integrado la codecisión en sus modelos productivos —no por ideología, sino por eficiencia y cohesión—, en España a los comités de empresa y a las secciones sindicales se les informa y consulta, pero rara vez participan en la toma de decisiones. En nuestro país, la participación real sigue siendo un espejismo en la inmensa mayoría de las empresas.
Debemos reconocer que en el sindicalismo del sur de Europa han primado durante décadas ciertas reticencias, en contraste con el sindicalismo del centro y norte del continente. Siempre planeaba la duda: ¿participar no significa integrarse en el sistema del capital?, ¿no diluye esto la defensa de los intereses de clase?
Estas reticencias están hoy superadas por un sindicalismo español que defiende que la participación no niega el conflicto entre capital y trabajo, sino que lo regula, lo institucionaliza y lo hace productivo. La cooperación y el conflicto no se excluyen, establecen entre sí, una frontera móvil. El conflicto sin capacidad de decisión compartida puede ser estéril, y la cooperación sin sindicato es una trampa. Por ello, la negociación colectiva debe evolucionar hacia una gestión conjunta de materias críticas: desde la organización del trabajo hasta la formación continua o la gestión ética de los algoritmos.
Es necesario además desmitificar la idea de que democratizar la empresa consiste únicamente en sentar a un representante en el consejo de administración. De hecho, esa silla puede ser una figura decorativa —una coartada para la empresa— si no existe una participación real en el día a día. La democracia empieza en la organización del trabajo y en el reconocimiento del conocimiento técnico de la plantilla. Existe una diferencia abismal entre el trabajador que siente que solo «rompe piedras» y aquel que entiende que está «construyendo una catedral». Esa diferencia no reside solo en el salario, sino en el sentido, la información y la capacidad de influir. Ahí, y no en los despachos cerrados, es donde nace la innovación real.
El informe propone medidas concretas: derechos de codecisión en IA, participación en el capital e incentivos públicos para empresas democráticas. Pero esto requiere también una autocrítica honesta: durante demasiado tiempo el sindicalismo no priorizó la conquista de estos derechos y su ejercicio, permitiendo que muchos convenios sigan consagrando el viejo «ordeno y mando».
El anuncio de la iniciativa del Gobierno para legislar en esta materia debe ser la palanca constitucional definitiva para democratizar la empresa. Porque la empresa es un espacio de poder y donde el poder no se democratiza reina el autoritarismo. Es hora de que el artículo 129.2 pase del papel a la realidad de los centros de trabajo y que la participación sea, por fin, una protagonista central de la negociación colectiva."
(Quim González Muntadas , Nueva Tribuna, 16/02/26)
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