"El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba— iniciado en 1960 bajo Eisenhower y formalizado por Kennedy en 1962 —representa el capítulo más prolongado de coerción económica en la historia moderna. Lo que comenzó como instrumento de presión geopolítica durante la Guerra Fría ha mutado en una compleja arquitectura de asfixia, perfeccionada a través de once administraciones estadounidenses.
Su objetivo declarado siempre ha sido el mismo: debilitar al gobierno cubano. Su resultado empírico, sin embargo, revela una verdad más oscura, la transformación deliberada del sufrimiento humano en moneda de cambio político. Mientras el mundo avanza hacia 2026, este mecanismo no solo persiste, se ha refinado hasta alcanzar niveles de sofisticación cruel que desafían la conciencia internacional.
La orden ejecutiva del 30 de enero de 2026—firmada por un Donald Trump reinstalado en la Casa Blanca—no representa una novedad, sino la culminación lógica de una escalada metódica. Al declarar que Cuba constituye una «amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional«, el documento reactiva y amplía el marco jurídico del bloqueo, amenazando ahora con aranceles punitivos a cualquier nación que «directa o indirectamente» venda o suministre productos petroleros a la isla. Esta medida, aparentemente técnica, es en realidad el eslabón final de una cadena diseñada para estrangular la energía vital de una nación.
Pero la verdadera naturaleza del bloqueo trasciende lo legal para adentrarse en lo existencial. Hablamos de una política que ha generado daños cuantificables por 2.103 billones de dólares durante seis décadas, según cálculos cubanos—cifra que, contextualizada, supera el PIB anual de países como Austria o Noruega. Solo entre marzo de 2024 y febrero de 2025, el impacto material ascendió a 7.556,1 millones de dólares, un aumento del 49% respecto al período anterior. Estas no son meras estadísticas: representan 20.700 mil dólares de daño diario, 862.568 dólares por cada hora de bloqueo sostenido.
Si el bloqueo tiene un epicentro visible en 2026, ese es la crisis energética. La persecución sistemática de buques petroleros—una práctica que Washington ejerce con celo casi religioso—y la prohibición absoluta de importar piezas de repuesto para centrales termoeléctricas (muchas con tecnología estadounidense obsoleta pero irremplazable) han creado un colapso premeditado. En febrero de 2026, el 60% del territorio cubano experimenta apagones simultáneos que duran entre 8 y 14 horas diarias.
La dimensión estratégica de esta asfixia energética se revela en números crudos: Cuba necesita importar aproximadamente 80.000 barriles diarios de petróleo para funcionar mínimamente, pues su producción nacional apenas alcanza los 32.000 barriles diarios de crudo extrapesado—inadecuado para la mayoría de usos y dañino para las ya deterioradas infraestructuras. El consumo total de la isla (120.000 barriles diarios) representa apenas el 0,1% del consumo mundial, una demanda minúscula que, sin embargo, se convierte en campo de batalla geopolítico.
El término «genocidio alimentario», empleado por académicos y activistas de derechos humanos, deja de ser retórica cuando se examinan los datos médicos. En febrero de 2026:
- El 69% del cuadro básico de medicamentos presenta faltas o bajas coberturas
- 364 medicamentos esenciales permanecen fuera de inventario
- La inclusión de Cuba en la lista de «Estados Patrocinadores del Terrorismo» encarece las importaciones de alimentos en un 30% adicional por sobrecostos de fletes y seguros
La paradoja es macabra. Cuba, nación con extraordinaria capacidad médica y biotecnológica, ve morir pacientes por falta de medicamentos que existen en el mercado global, pero a los que no puede acceder debido a exclusiones financieras. El sistema SWIFT—la red nerviosa del comercio internacional—opera como muro infranqueable, mientras que la Ley de Comercio con el Enemigo (aún vigente) criminaliza transacciones humanitarias.
La crudeza actual encuentra su hoja de ruta en un documento desclasificado, el memorando de Lester Mallory, subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos, fechado el 6 de abril de 1960. Allí se establecía con claridad meridiana: «Debemos utilizar rápidamente cualquier medio concebible para debilitar la vida económica de Cuba […] negándole dinero y suministros para reducir sus ingresos reales y sus salarios, provocando hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno».
Sesenta y seis años después, esa lógica no solo persiste, se ha automatizado. La pandemia COVID-19 — que debería haber suscitado solidaridad global— fue aprovechada para intensificar las sanciones bajo las administraciones Trump y Biden, contribuyendo a una contracción económica del 10,9% en 2020 y manteniendo números rojos hasta 2025. Lo que Mallory esbozó como estrategia coyuntural se ha convertido en política de Estado permanente.
Aquí emerge la dimensión más cínica del bloqueo, su transformación en herramienta de política doméstica estadounidense. Florida — con sus 30 votos electorales, cruciales en cualquier elección presidencial — ha convertido el «anticastrismo» en industria política. Mantener una postura de «máxima presión» garantiza la movilización de la base cubano-americana conservadora, particularmente en condados clave como Miami.
La ecuación es simple: sufrimiento cubano = votos en Florida = poder en Washington. Este cálculo explica por qué, pese a que el 62% de los estadounidenses (y el 70% de los cubano-americanos menores de 40 años) favorecen la normalización, el bloqueo persiste. Su rentabilidad electoral supera cualquier consideración humanitaria o geopolítica.
La figura de Marco Rubio—secretario de Estado en 2026 bajo la administración Trump—encarna esta simbiosis entre sufrimiento ajeno y ascenso político. Rubio ha perfeccionado el arte de canalizar «dinero negro, dark money» hacia su carrera. Fondos de Comités de Acción Política (Super PACs) que no revelan donantes, provenientes frecuentemente de sectores que visualizan en el colapso cubano oportunidades futuras de negocio inmobiliario y privatización de servicios.
Detrás de este financiamiento opaco emerge un nombre revelador: Miriam Adelson. La viuda del magnate de casinos Sheldon Adelson—séptima mujer más rica del mundo según Forbes—inyectó 100 millones de dólares en la campaña de Trump en 2024 y ejerce influencia considerable sobre Rubio. Su interés no es ideológico, sino prospectivo. El eventual colapso del sistema cubano abriría oportunidades de inversión masivas en turismo, casinos y bienes raíces—exactamente el negocio familiar de los Adelson.
Existe en Estados Unidos toda una infraestructura económica que depende del mantenimiento del bloqueo. Agencias gubernamentales y contratistas privados reciben miles de millones anuales para monitorear transacciones financieras, rastrear buques petroleros y ejecutar programas de «promoción de la democracia»—muchos de los cuales sirven como fachadas para financiar oposición interna en Cuba.
Las firmas legales en Miami y Washington D.C. han convertido la complejidad burocrática en negocio lucrativo: asesoran a corporaciones multinacionales sobre cómo evitar violar las 2.000+ páginas de regulaciones del bloqueo, facturando honorarios que alcanzan los 500 dólares por hora. El bloqueo, así, genera su propio ecosistema de beneficiarios. Abogados, lobbistas, analistas de riesgo y empresas de inteligencia económica que prosperan mientras Cuba se asfixia.
Cada año, la Asamblea General de la ONU vota una resolución condenando el bloqueo. Cada año, el resultado es similar: 187 países en contra, ahora 3 a favor (EE.UU., Israel y Argentina). Sin embargo, este consenso moral choca con una realidad política: el rédito interno para Washington supera el costo diplomático.
Febrero de 2026 trae una novedad inquietante: bajo el gobierno de Javier Milei, Argentina rompe su tradición histórica y vota a favor del bloqueo—o al menos se abstiene—proporcionando a EE.UU. el oxígeno retórico para afirmar que «no está solo». Este giro refleja una tendencia preocupante, la instrumentalización de la política exterior latinoamericana en función de alineamientos ideológicos, incluso cuando contradicen principios históricos de soberanía y no intervención.
Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela en enero de 2026, Estados Unidos utiliza a Cuba como ejemplo disuasorio final para la región. El mensaje es claro: cualquier modelo alternativo al capitalismo liberal será asfixiado hasta la rendición o el colapso. Cuba funciona como escaparate del «Estado fallido» por diseño—una advertencia a cualquier nación que contemple políticas soberanas.
Esta lógica se extiende a la competencia con potencias globales. Al limitar mediante sanciones secundarias la presencia de China y Rusia en la isla, Washington reafirma la Doctrina Monroe en versión siglo XXI: el Caribe como patio trasero inexpugnable. La ironía es profunda, mientras EE.UU. acusa a Cuba de violar derechos humanos, emplea el hambre y la enfermedad como herramientas de disciplinamiento geopolítico.
Más allá de las votaciones simbólicas en la ONU, ¿qué hace concretamente la comunidad internacional para aliviar el sufrimiento cubano? El balance es:
- Rusia: Envía 19.000 toneladas de trigo en 2025 sin ofrecer apoyo energético.
- China: Proporciona respaldo diplomático y aumenta el comercio bilateral—incluida una visita ministerial en febrero de 2026—pero evita confrontaciones directas con Washington.
- México: Despacha dos buques con 800 toneladas de ayuda humanitaria y explora contratos petroleros alternativos, que nunca llegaran por la revisión del acuerdo de libre comercio con EEUU en 2026.
- Sudáfrica: Intenta una donación de 3,2 millones de dólares en alimentos y medicinas, bloqueada temporalmente por procedimientos judiciales.
- UE/ONU: Establecen programas de alivio por 3 millones de dólares canalizados a través de la Iglesia Católica—condicionados a evitar al gobierno cubano—en lo que parece más gesto humanitario que solución estructural.
El denominador común es la limitación: nadie quiere asumir los costos de desafiar frontalmente las sanciones estadounidenses, particularmente las secundarias que pueden excluir a bancos y empresas del sistema financiero global.
Cuba ha explorado vías de escape con resultados dispares:
- BRICS y desdolarización: El intento de comerciar en yuanes o rublos tropieza con la realidad: el dólar sigue siendo el oxígeno del comercio global. Aunque los BRICS+ producen el 43-45% del petróleo mundial, sus mecanismos de pago alternativos son incipientes y burocráticos.
- Criptomonedas: Su uso para remesas ofrece un respiro marginal, pero la volatilidad y las regulaciones las hacen inviables para transacciones estatales masivas.
- Energías renovables: Inversiones en solar y eólica avanzan, pero no pueden reemplazar a corto plazo la dependencia petrolera.
- Reformas internas: La expansión del sector privado y la agricultura sostenible muestran potencial, pero chocan con las limitaciones estructurales del bloqueo.
A febrero de 2026, el bloqueo contra Cuba representa algo más que una política exterior fallida: es la normalización institucional de un experimento humano a escala nacional. Lo que comenzó como herramienta de la Guerra Fría ha evolucionado en monstruo burocrático-automático, alimentado por intereses electorales, lucro empresarial y una dosis considerable de crueldad indiferente.
Los datos hablan claro: sin bloqueo, el PIB cubano habría crecido un 9,2% en 2024. Con bloqueo, lo que crece es la diáspora (400.000 cubanos entre 2021-2026), la desnutrición (28% infantil crónica) y la desesperanza. La pregunta que la comunidad internacional evade es ética: ¿a partir de qué punto el sufrimiento deliberado de once millones de personas deja de ser «política exterior» para convertirse en crimen contra la humanidad?
Mientras Washington celebra la «firmeza» de su postura y Miami capitaliza electoralmente el dolor ajeno, Cuba respira bajo una arquitectura de asfixia tan meticulosa que resulta casi admirable en su perversidad. El bloqueo ya no es medio para un fin: es el fin mismo, un monumento a la capacidad humana para sostener el sufrimiento ajeno mientras se normaliza la propia indiferencia.
En el horizonte, mientras tanto, se vislumbra otra Gaza—otro laboratorio de control mediante privación—recordando que lo que hoy ocurre en el Caribe podría mañana replicarse donde sea que el poder decida que el hambre es mejor mensajero que la diplomacia."
(Alejandro Marcó del Pont, blog, 11/02/26)
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