"(...) La imputación de los supervisores viene a plantear judicialmente la
pregunta que el común de los mortales se hace desde hace ocho años.
¿Qué
demonios supervisaba esta gente para que el sistema financiero más
solvente del mundo, tal era la milonga en compás de dos por cuatro que
cantaba Zapatero, haya necesitado que se comprometan 220.000 millones de
dinero público para su restructuración? ¿A quiénes servían en realidad?
No se podía alegar ignorancia porque de la degradación consciente de
la actividad inspectora ya había sido advertido el ministro de Economía
Pedro Solbes allá por 2006, justo el año en el que Mafo se convertía en
el funcionario público mejor pagado en sustitución de Jaime Caruana, el
gobernador de Aznar. Lejos de cambiarse, las malas prácticas continuaron
durante años sin que nadie apuntara a los culpables.
Hubo que esperar a enero de 2013 para que la Asociación de
Inspectores del Banco de España denunciara en un durísimo documento que
la cúpula de la entidad alteraba conscientemente sus conclusiones y que
su reacción ante indicios claros de delito era mirar hacia otro lado.
Ello explicaba por qué algunos de los informes de la inspección fueran
sin firma, sin que nadie se hiciera responsable. No había que molestar a
los poderosos ni desvelar conductas perjudiciales para la gestión y
solvencia de bancos y cajas, ni, por supuesto, alertar de las
remuneraciones desmedidas de sus capitostes.
Las directrices estaban
claras: o se extendía la manta para que nadie quedara con el culo al
aire o, directamente, se rebajaban las exigencias para que todos
aprobaran el examen con nota.
Tan sólido era el sistema que si de algo carecía era de liquidez.
La primera evidencia de que los controles fallaban y de que los
auditores eran un chiste se materializó en la Caja de Ahorros de
Castilla-La Mancha, cuyos beneficios declarados de 30 millones en 2008
se convirtieron en pérdidas de 762 millones tras ser intervenida.
Sonaron las alarmas y Fernández Ordóñez se puso manos a la obra.
En vez
de afrontar la realidad impuso el celestinaje. Había que casar a las
cajas a toda prisa, maquillar su ruina, especialmente la del oso verde,
que, como se temía, derribó el castillo de naipes e hizo quebrar no ya
al sistema sino al país entero.
Siguiendo una vieja tradición, quién cortaba el bacalao en el Banco
de España era el subgobernador, Javier Aríztegui, a cuyas órdenes estaba
la dirección general de Supervisión y el cuerpo de inspectores.
Según
la Asociación antes mencionada, se implantaron filtros artificiales con
el único objetivo de desvirtuar las conclusiones de los fiscalizadores
bajo la presión de los grandes banqueros, a los que no había que
molestar bajo ninguna circunstancia. Entre tanto, Fernández Ordóñez se
dedicaba a dictar sus mandamientos sobre salarios y pensiones, que lo de
supervisar le dejaba mucho tiempo libre.
En diciembre de 2010 la Comisión Europea identificó al culpable de la
ruina: si el Banco de España hubiera aumentado las obligaciones de
capital para las operaciones en las que bancos y cajas concedían
hipotecas muy superiores al valor real de las viviendas no habría habido
burbuja ni estallido.
En vez de eso, se ocultó el fraude de no
contabilizar esos activos al precio real de mercado, y todo para que la
banca no diera pérdidas a costa de que el crédito se esfumara.
Estas negligentes actuaciones condujeron al país a las tinieblas.
Cientos de miles de familias han quedado expuestas a una crisis
implacable que se ha llevado por delante a toda una generación de
españoles. Tras conocerse el auto de la Audiencia, tres directivos del
Banco de España que serán imputados presentaban su renuncia. Por lo
visto, seguían supervisando.
Al exgobernador la decisión judicial ha
debido de pillarle tocando la lira, la misma afición que tenía cuando
estaba en el cargo y Roma ardía. Estamos impacientes por escuchar como
acaba la serenata." (Juan Carlos Escudier, Público, 14/02/17)
