Artículo 129 de la Constitución española: Los poderes públicos... establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción - Implantar la democracia económica en España es constitucional
"La Audiencia de Barcelona ordenó hace unos días retirar de las
farmacias un medicamento genérico que ahorra 380.000 euros diarios a la
sanidad pública, en beneficio del que está protegido por derecho de
patente. Otro ejemplo más del efecto social tan dañino de este último
cuando se aplica a productos esenciales para la vida humana.
La patente es el derecho que permite que el descubridor de algún
producto lo pueda vender en exclusiva y al precio que desee durante un
determinado periodo de tiempo. En otras palabras, lo que hace es
concederle un monopolio en el mercado.
Cualquier estudiante de primero de Económicas sabe que el monopolio
es un tipo de mercado en el que, gracias al poder del que disfruta el
vendedor, se produce y vende menos cantidad y a un precio más elevado
que cuando hay competencia. Produce beneficios extraordinarios a costa
de un racionamiento artificial del producto, mucho más indeseable cuando
afecta a bienes o servicios de primera necesidad, como medicamentos,
vacunas o cualquier otro tipo de suministros esenciales. Y en perjuicio
también de la expansión de las innovaciones y del desarrollo
tecnológico, puesto que quien disfruta de una posición de monopolio
trata de mantener el privilegio y la venta que eso le concede sobre sus
competidores durante el mayor tiempo posible.
El monopolio que generan las patentes es incompatible con el
principio de libre competencia que se supone rector de la economía
capitalista. En realidad, no puede haber «mercados libres», economía de
libre mercado como llaman al capitalismo, allí donde haya patentes, es
decir, monopolios. Pero lo curioso es que quienes defienden el
capitalismo aseguran que son necesarias para que se produzcan inventos,
se lleve a cabo innovación y haya progreso tecnológico y social. Dicen
que, de no existir, a las empresas no les compensaría dedicar dinero a
invertir en innovación, puesto que no podrían recuperar en forma de
beneficios posteriores el gasto previamente realizado.
Esto último es completamente cierto. Ninguna empresa privada
investigaría si no gana dinero con ello. Las patentes son,
efectivamente, el gran incentivo que proporciona el capitalismo para
poder generar el extraordinario avance tecnológico que siempre ha
llevado consigo.
Pero si eso es cierto, que lo es, lo que no puede decirse al mismo
tiempo es que la ventaja del capitalismo respecto a otros sistemas
económicos es que se basa en la libertad y en la plena competencia.
Dígase, entonces, que su motor es el monopolio, que para poder crearlos
se necesita concentrar cada vez más los capitales, y que todo ello se
consigue a costa de producir menos, a precios más caros y dejando, por
tanto, fuera del consumo a la parte de la población que carece de dinero
suficiente .
En cualquier caso, ni siquiera esa es la cuestión principal. Lo
relevante es, en primer lugar, que no es cierto que para inventar y
desarrollar innovaciones sea necesario que haya patentes concedidas al
capital privado. En segundo lugar, que aunque fuese verdad que son
imprescindibles, lo que habría que plantear es si el coste social que
eso lleva consigo es superior al beneficio privado que proporcionan y,
por tanto, si conviene que la investigación se deje en manos privadas.
Y, finalmente, que el sistema de patentes se basa en un supuesto de
propiedad privada que es también infundado, como explicaré fácilmente
enseguida.
Vayamos rápidamente por partes.
Lo primero que hay que saber es que reconocer el derecho de patentes
es una decisión política y no una exigencia económica. Numerosos
estudios científicos y evidencias históricas han mostrado que hay
multitud de inventos e innovaciones que se han realizado sin necesidad
de haber protegido al capital privado concediéndole el monopolio.
Cualquier lector puede indagar en la red donde encontrará estudios que
lo demuestran en diversas etapas históricas (por ejemplo, aquí y aquí o en algunos artículos míos sobre el caso de las vacunas, como este).
Lo segundo a tener en cuenta es que, siendo cierto que las patentes
son imprescindibles para que haya inventos e innovaciones en el sector
privado, lo que habría que plantear es si el sistema de monopolio y, por
tanto, de racionamiento y mayor precio, es decir de exclusión del
consumo e insatisfacción que lleva consigo, compensa a la sociedad, si
no tiene alternativa o si no se deben limitar sus efectos negativos.
El ejemplo de la Audiencia de Barcelona es claro, pero se podrían
poner cientos de otros semejantes. Téngase en cuenta que las empresas
que venden los medicamentos en régimen de patentes o monopolio lo hacen a
precios que pueden llegar a ser docenas de veces más altos que su
coste. Dean Baker, por ejemplo, mencionaba el caso de un medicamento
contra hepatitis C que se vende en Estados Unidos a 84.000 dólares
mientras que su genérico cuesta en la India 300 dólares, 280 veces más
caro. ¿Debe permitirse o es lícito que el desarrollo de productos
esenciales para la vida humana, como las vacunas, dependa de que algunos
monopolios privados obtengan beneficios tan extraordinarios? Incluso
sin necesidad de eliminar por completo el derecho a las patentes del
sector privado, muchos economistas han propuesto sistemas alternativos
que no provoquen resultados tan exageradamente costosos para el interés
público y la salud y el bienestar humanos. Sobre todo, porque es también
una evidencia que las patentes, sobre todo farmacéuticas, están
estrechamente vinculadas a la corrupción, a prácticas fraudulentas y a
delitos de todo tipo, con frecuencia, muy difíciles de combatir. Así lo
denunciaba hace un par de años incluso un medio tan poco sospechoso de
radicalismo como The New York Times.
Finalmente, hay que mencionar un hecho que pasan por alto quienes
defienden las patentes y, sobre todo, que no se limite su alcance en
ningún caso. Aunque sea cierto e incluso justo que una empresa que ha
invertido en desarrollar un nuevo producto se beneficie de su venta
posterior, no puede olvidarse que ninguna empresa del planeta,
absolutamente ninguna y en ningún caso, podría hacerlo sin apropiarse de
un acervo de conocimientos común y previo por el que no paga. Algo que
se hace especialmente inaceptable cuando se permite que se reconozcan
patentes sobre semillas u otros productos naturales.
Siendo esto último así, resulta completamente injusto que quien posea
una patente no devuelva al común la parte del beneficio que obtiene
gracias al saber acumulado o a la investigación previa que se realiza,
por ejemplo, financiada por el sector público.
Se habla muy poco de las patentes y, cuando se hace, siempre suele
ser para darle voz a quien las defiende en favor del capital privado.
Sin embargo, sin límites y sobre recursos esenciales para la vida,
siguen siendo uno de los mayores obstáculos para lograr socializar de
verdad el progreso, para conseguir ahorros millonarios en las cuentas
públicas y, curiosamente, para que el capitalismo tuviese de verdad las
ventajas que dicen que tiene sobre otros sistemas económicos
alternativos. Tal como hoy día funcionan, son un derecho auténticamente
inhumano. Los partidos progresistas y las organizaciones sociales deben
hacer un esfuerzo para poner este asunto en primer plano de su agenda y
del debate público." (juan torres López, blog, 04/09/24)
"La concentración desenfrenada del mercado de materias primas agrícolas ha permitido a un puñado de empresas maximizar sus beneficios durante una crisis alimentaria mundial. Los reguladores europeos deben redoblar sus esfuerzos para frenar el perjudicial dominio del mercado, pero sólo una reforma más amplia puede resolver los problemas que ha generado nuestro sistema económico.
En la última década hemos asistido a una extraordinaria expansión de la concentración del mercado en la mayoría de los sectores de la economía. Las cuatro primeras empresas de cualquier sector tienen ahora una cuota de mercado mayor que hace 10 años. Este fuerte aumento de la concentración del mercado está provocando una amplia gama de daños, desde impactos negativos en los consumidores hasta la captura corporativa de los reguladores y pequeños proveedores forzados a endeudarse o a la ejecución hipotecaria. A pesar de que estas cuestiones ocupan los titulares, la atención pública y política a la naturaleza estructural del problema de la concentración del mercado sigue siendo limitada. La crisis de la inflación alimentaria de los últimos años es un ejemplo de ello.
En 2022, aproximadamente una de cada diez personas se acostó con hambre, y el número absoluto de personas con hambre aumentó en 40 millones. Ese mismo año, los beneficios de los cinco mayores comerciantes de materias primas agrícolas se triplicaron en comparación con la media del periodo 2016-2020.
Las «Cinco Grandes» dominan el mercado mundial de materias primas agrícolas, ostentando colectivamente el monopolio de productos básicos como el grano, el maíz, la soja y el azúcar. Las estrategias mediante las cuales alcanzaron y ahora mantienen su posición dominante, incluidas las fusiones y adquisiciones, la integración vertical y las empresas e inversiones conjuntas, son probablemente las que les permitieron aumentar sus márgenes de beneficio de forma tan espectacular durante una crisis alimentaria mundial.
A pesar de que miles de millones de personas se vieron afectadas por la fuerte subida de los precios de los alimentos, estas empresas y su poder de mercado recibieron poca atención. El papel -o el fracaso- de la política de competencia y de la acción reguladora en relación con la crisis alimentaria apenas se ha analizado, aunque las leyes y agencias de competencia son actores centrales en esta historia. Tenían (y siguen teniendo) el potencial de impedir una concentración excesiva del mercado y de desafiar a las empresas que abusan de su posición dominante. Es un potencial que en gran medida no se ha aprovechado.
Las herramientas de la política de competencia están notablemente infrautilizadas. Tomemos el ejemplo de la UE: desde la promulgación del Reglamento de concentraciones de la UE en 1990, sólo se han evitado 88 de las 9.243 fusiones notificadas (es decir, menos del 1%).1 Sesenta de los casos de fusión y adquisición (F&A) que los reguladores europeos consideraron - y aprobaron - implicaban a los «Cinco Grandes» comerciantes de materias primas agrícolas.2 Mientras se escribía este artículo, la UE aprobó otro más: el acuerdo de 34.000 millones de dólares entre los gigantes agrícolas Bunge y Viterra.
La mecánica de la concentración y el dominio del mercado en el comercio de productos básicos agrícolas demuestra que las autoridades de competencia, en la UE y en otros lugares, deben cambiar radicalmente su enfoque para hacer frente a los efectos perjudiciales para la sociedad de la concentración de poder empresarial. Los actores y su papel
Cinco grandes multinacionales dominan la cadena de valor agrícola: Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill, China Oil and Foodstuffs Corporation (COFCO) y Louis Dreyfus Company (LDC). Los «Cinco Grandes» se denominan colectivamente ABCCD.
Aunque la mayoría de los productos agrícolas se comercializan en los mercados nacionales, los ABCCD también desempeñan un papel crucial en la conexión entre países. Tradicionalmente, los comerciantes de productos básicos agrícolas se centran en los cereales (trigo, maíz, arroz y maíz), las semillas oleaginosas (palmiste y soja) y otros productos básicos como el azúcar, los zumos de cítricos, el cacao, el café y el algodón4 . Los Cinco Grandes controlan entre el 70% y el 90% del comercio mundial de cereales comerciales.
En Europa, el dominio de los comerciantes pasa a primer plano en relación con la importación de soja. Sólo Bunge y Cargill son responsables de más del 30% de todas las exportaciones de soja de Brasil a Europa y dominan el mercado francés de harina de soja.5 Además, Bunge tiene una clara posición monopolística en algunos mercados. Por ejemplo, es responsable del 90-100% de las ventas de aceite de soja crudo en Portugal, mientras que ADM explota el mayor complejo de transformación y refinado de semillas oleaginosas de Europa.
Los cinco comerciantes de productos básicos agrícolas de la ABCCD lograron beneficios históricamente altos durante el período 2021-2022, cuando los consumidores de todo el mundo se enfrentaban a un aumento vertiginoso de los precios de los alimentos. En comparación con la media del período 2016-2020, durante el cual los precios de los alimentos se mantuvieron relativamente estables, los beneficios netos en 2021 aumentaron entre un 75% y un 260% para todos los comerciantes de productos básicos agrícolas. En 2022, los beneficios netos de los ABCCD fueron entre un 200% y un 300% superiores en comparación con el período estable.
Los elevados beneficios de los comerciantes de productos básicos tienen una clara relación con los precios de los productos básicos agrícolas. Estos han aumentado sustancialmente desde 2021 -y especialmente en 2022- debido a la reacción del mercado de futuros a la invasión rusa de Ucrania. El precio del trigo subió cerca de un 50% en las dos semanas siguientes a la invasión rusa de Ucrania, seguido del aceite de palma (cerca del 25%), el maíz (10% ) y el aceite de soja (10%). (...)
El gráfico anterior muestra la evolución de los precios de los alimentos y los beneficios netos medios de los comerciantes de productos alimentarios. Ambos siguen una tendencia casi idéntica. A partir de 2020, ambos aumentan fuertemente, lo que indica una posible correlación. La mayoría de los comerciantes de productos alimentarios explican el aumento de los beneficios en términos no específicos como «fuerte demanda», «escasez de suministros» o «precios elevados »6.
Si bien los elevados beneficios de estas empresas de comercio de productos básicos podrían reflejar simplemente un aumento de los volúmenes de comercio, el incremento de sus márgenes de beneficio demuestra que las ABCCD aumentaron su capacidad de generar beneficios con sus operaciones. Todas las empresas de comercio de productos básicos agrícolas lograron un margen de beneficio neto mucho mayor para los años 2021-2022 en comparación con los años anteriores. Algunas incluso duplicaron con creces su margen de beneficio neto.
Una investigación realizada en 2023 sobre la inflación de los alimentos en la UE concluyó que parte de la inflación era «inexplicable». La misma investigación señaló que las reducciones de los precios de los productos básicos no habían ayudado a disminuir la tensión de los precios de los alimentos en Europa y que en abril de 2023, «la mayoría de los productos básicos alimentarios [cotizaban] a niveles cercanos o ligeramente superiores a los de 2021.»
Esta observación coincide con el fenómeno de la inflación de los vendedores7 , en el que empresas de diversos sectores utilizaron su poder de mercado para aumentar los precios tras la pandemia del Covid-19 y la crisis ucraniana, no para cubrir sus costes, sino para aumentar sus márgenes de beneficio. El informe sobre Comercio y Desarrollo de la UNCTAD de 2022 señalaba que «[l]os mercados de la energía y la alimentación son complejos, están muy concentrados y son propensos a prácticas anticompetitivas, como el abuso de poder de mercado por parte de empresas dominantes o la fijación oligopolística de precios, que pueden provocar un aumento de los precios y una disminución del servicio».
El poder de mercado al que se refiere la UNCTAD se ha acumulado a través de acciones estratégicas deliberadas de las ABCCD, acciones que en gran medida no han sido controladas por los organismos reguladores gubernamentales, incluidos los encargados de abordar las prácticas contrarias a la competencia.
Estrategias para acumular poder de mercado
La investigación de Maarten Hietland y SOMO identificó tres estrategias utilizadas por los ABCCD que les han permitido amasar un poder de mercado tan vasto y adquirir una posición que les permite beneficiarse de los precios más altos y más volátiles de los productos básicos agrícolas.
Consolidación del mercado (fusiones y adquisiciones)
Una de las estrategias para aumentar la concentración del mercado son las fusiones y adquisiciones. Las fusiones y adquisiciones permiten a las empresas comerse a la competencia y ampliar su negocio para hacerse con el control de numerosas variables de la cadena de valor, y las ABCCD han llevado a cabo numerosas fusiones y adquisiciones a lo largo de las últimas décadas8.
Aunque las operaciones han sido examinadas, por ejemplo, por los reguladores de la competencia de la UE, apenas se ha intervenido para impedir la consolidación. Los reguladores de la competencia de la UE han evaluado un total de 60 casos de fusiones y adquisiciones relacionadas con los ABCCD desde 19909, de los cuales todos menos uno fueron aprobados sin condiciones. Esto incluye la aprobación de transacciones entre ABCCD, como la aprobación incondicional de la adquisición por Bunge de dos instalaciones europeas de procesamiento de semillas oleaginosas a Cargill10.
En el centro del fracaso de la UE se encuentra, irónicamente, un enfoque estrecho en los precios al consumidor como el principal «daño» o riesgo de las fusiones y adquisiciones. Los reguladores aprueban fusiones que no parecen tener repercusiones negativas inmediatas en los consumidores (o que pueden presentarse como susceptibles de tener repercusiones positivas).
Como subrayó la Dirección General de Competencia de la UE (DG COMP) en el caso de la fusión Bayer/Monsanto, aunque los problemas globales más amplios son de gran importancia en los casos de competencia, «no pueden constituir la base de la evaluación de una fusión». Esto significa que ni siquiera se abordan adecuadamente los riesgos para los consumidores, ya que los efectos acumulativos de la concentración de poder en un sector, como el de las materias primas agrícolas, no siempre son determinantes en las decisiones sobre fusiones y adquisiciones.
La UE no es, ni mucho menos, el único regulador que, en las últimas décadas, ha estado dormido al volante mientras las ABCCD se «fusionaban y adquirían» su camino hacia el dominio del mercado. Aunque los responsables políticos estadounidenses han adoptado recientemente un enfoque algo diferente, tanto ellos como los organismos antimonopolio de muchas regiones han tendido a evaluar las fusiones y adquisiciones que tenían ante sí sin considerar adecuadamente factores más amplios. En particular, existe una falta de supervisión de los comerciantes de materias primas agrícolas a nivel mundial, algo que también ha observado Abdolreza Abbassian, antiguo economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
La consolidación del mercado funciona junto con otras estrategias para crear una posición dominante en el mercado. Las fusiones y adquisiciones permiten la integración horizontal (cuando las empresas adquieren otros negocios similares), y son también uno de los principales mecanismos utilizados para ampliar la integración vertical (cuando una empresa obtiene el control de varias, o todas, las partes de su cadena de valor).
La UE no es el único regulador que se ha quedado dormido mientras las ABCCD se han «fusionado y adquirido» su camino hacia el dominio del mercado.
Integración vertical
Las ABCCD dominan grandes partes de la cadena de valor, desde el suministro a los agricultores de préstamos, semillas, fertilizantes y pesticidas hasta el almacenamiento, procesamiento y transporte de productos alimentarios. Debido a su tamaño y a su implicación en diversas fases del proceso de producción, estas empresas han ampliado su influencia y control sobre los actores de la cadena de valor. Los agricultores -incluso cuando son técnicamente independientes de las empresas multinacionales- están cada vez más en deuda con ellas y dependen de ellas para plantar y vender cultivos o criar ganado.
Por ejemplo, la adquisición de Monsanto por Bayer creó, en palabras de la DG COMP, «el mayor operador mundial integrado de semillas y pesticidas». El acuerdo Bayer/Monsanto fue, de nuevo en palabras de la DG COMP, «el tercero consecutivo en el sector de las semillas y los pesticidas» tras las fusiones Dow/DuPont y ChemChina/Syngenta.12 Los reguladores europeos ven el problema, pero parecen ciegos a sus implicaciones.
La realidad de las empresas comerciales integradas verticalmente es una tendencia confirmada por el propio sector. Según Sucafina, un comerciante de café con sede en Suiza: «Si nos contentáramos con mantenernos en este tamaño y no estuviéramos integrados verticalmente, acabaríamos siendo adquiridos por alguien. (...) La casa comercial del futuro estará más integrada verticalmente, y gran parte de ello tendrá que venir del lado de la agricultura».
Interconexión
Los cinco comerciantes de productos agrícolas compiten entre sí por cuotas de mercado en determinadas regiones. Se centran en las mismas materias primas y atienden, en cierta medida, a los mismos clientes. Al mismo tiempo, también operan como socios comerciales a través de empresas conjuntas, inversiones conjuntas y cooperación en todo el sector.
Existen muchas empresas conjuntas entre ADM, Bunge, Cargill y LDC. Por ejemplo, el Informe Anual 2022 de LDC enumera las empresas conjuntas con Cargill en terminales portuarias para la exportación de grano y azúcar.13 También tienen inversiones conjuntas. Tanto ADM como Cargill tienen una inversión estratégica en la empresa francesa de biotecnología InnovaFeed SAS, por ejemplo.
Las ABCCD también trabajan juntas para desarrollar y adoptar nuevas tecnologías, como blockchain. Todas las empresas ABCCD participan en la plataforma de cadena de bloques Covantis. El objetivo de la plataforma es mejorar la comunicación entre los comerciantes de materias primas agrícolas para mejorar los procesos logísticos.
Esta interconexión y cooperación permiten una mayor integración vertical y un amplio control sobre todas las facetas del mercado, y puede posibilitar la fijación de precios, el comportamiento anticompetitivo y la formación de cárteles. Existe una base para tomar en serio estos riesgos al considerar el impacto acumulativo de las estrategias descritas anteriormente y los resultados en materia de precios al consumo observados en 2021-2022.
Riesgo de abuso de posición dominante: señales de alarma
Los ABCCD se han expandido hasta alcanzar posiciones de dominio del mercado. Aunque los reguladores lo han permitido en la mayoría de los casos, se han abierto expedientes contra la mayoría de los ABCCD por comportamiento anticompetitivo. Estos casos, aunque aislados e insuficientes para abordar el desarrollo del excesivo poder de mercado de las empresas, constituyen señales de alarma para los reguladores en relación con la capacidad (y la voluntad) de las ABCCD de abusar de su poder.
En EE.UU., ADM fue acusada de fijación de precios en el sector del cacahuete y pagó un acuerdo de 5 millones de dólares en 2021. Bunge está siendo investigada desde marzo de 2023 por las autoridades rumanas por posible colusión en el mercado del aceite de girasol. Cargill fue acusada en 2022 de violar la legislación antimonopolio por comunicarse indebidamente con otras empresas del sector avícola sobre los salarios y prestaciones de los trabajadores. Junto con otras dos empresas, Cargill negoció con el Departamento de Justicia de EE.UU. y finalmente pagó 84,4 millones de dólares para zanjar las acusaciones. Cargill también ha sido acusada de fijación de precios en Corea del Sur y Estados Unidos.
Todos estos casos son relativamente recientes y existen muy pocos ejemplos en la UE. En la medida en que la UE ha empezado a considerar la posición dominante en el mercado, ha tendido a centrarse en el sector tecnológico. Sin embargo, es posible que se adopten nuevas medidas próximamente. En marzo de 2023, la Comisión Europea anunció que elaboraría nuevas directrices sobre abuso de posición dominante para 2025.
Teniendo en cuenta el poder dominante en el mercado de los comerciantes de productos básicos agrícolas y las pruebas de comportamiento anticompetitivo, los beneficios extraordinarios de 2021-2022 deberían haberse anticipado. Según un estudio de la aseguradora Allianz, hasta el 20% de la inflación alimentaria puede atribuirse a la especulación. La especulación de las empresas de comercio de materias primas agrícolas es incluso mayor que la de las petroleras, debido a una concentración más predominante.
El control monopolístico de las ABCCD sobre la cadena alimentaria les permite influir en los precios y los costes. Su papel en la especulación en los mercados de materias primas alimentarias ha sido expuesto por varios investigadores. Anna Kolesnichenko, de la Fundación Europea de Estudios Progresistas, señaló que, en Europa, la mayor parte del comercio de derivados de materias primas alimentarias (el 95%) se realiza de forma extrabursátil, lo que significa que en gran medida no está regulado.
Además de su enorme tamaño y del poder que conlleva la integración vertical, los ABCCD poseen una inmensa capacidad de almacenamiento de cereales, lo que les permite almacenar alimentos cuando los precios son bajos y venderlos cuando suben. El control que los ABCCD ejercen sobre las distintas partes de las cadenas de suministro alimentario les permite estar bien informados sobre cuándo y dónde cabe esperar escasez de alimentos. En 2022, el Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES) señaló que los comerciantes de productos básicos agrícolas poseen importantes reservas de grano y observó que esta capacidad crea un incentivo para que estos comerciantes «retengan las existencias hasta que se perciba que los precios han tocado techo».
En definitiva, cada elemento de las estrategias de los ABCCD para adquirir posiciones dominantes se entrecruza para facilitar el abuso de posición dominante.
Los daños sociales causados por la concentración de poder de mercado no se deben a una fusión, adquisición o empresa conjunta. Los peligros se deben a la acumulación de poder de mercado.
Los fracasos de la política de competencia a la hora de prevenir y abordar la situación descrita anteriormente reflejan un enfoque estrecho desde hace mucho tiempo en este ámbito político. Pero incluso ahora, cuando se cruza la línea del bienestar del consumidor, hay otros factores que hacen que no se aborde adecuadamente la concentración y el poder masivos del mercado.
La competencia geopolítica entre las naciones por afirmar su dominio económico y salir vencedoras en la transición ecológica ha dado a las narrativas empresariales sobre los riesgos del exceso de regulación un peso aún mayor entre los responsables políticos, muchos de los cuales están inculcados en la lógica económica neoliberal. La recientemente aprobada Ley de Materias Primas Críticas de la UE es un ejemplo de ello. Las narrativas corporativas que enmarcan la regulación como un impedimento para la seguridad energética y el empleo en Europa condujeron a cláusulas que permiten exenciones regulatorias para proyectos minerales estratégicos, comprometiendo las salvaguardas medioambientales.
Haber permitido que las empresas crecieran tanto y que los Estados dependieran tanto de ellas ha reforzado aún más el poder empresarial. En toda la UE, los responsables políticos escuchan a los mismos actores que deberían supervisar y han interiorizado sus discursos.
Sin embargo, también existe la oportunidad de abordar los problemas, sobre todo allí donde los reguladores de la competencia están viendo los daños y despertando al potencial latente de la competencia y las herramientas antimonopolio para combatir el poder empresarial desmesurado. La crisis alimentaria y de la inflación ha sido un toque de clarín para que no nos fijemos sólo en los precios al consumo, sino en el panorama acumulativo y global del dominio del mercado y el poder empresarial. ¿Será atendida esta llamada, o será el propio poder empresarial que las autoridades de la competencia deberían controlar la herramienta utilizada contra ellas?
En el momento de redactar este artículo estaba sobre la mesa una prueba clave: la fusión entre los gigantes de las materias primas agrícolas Viterra y Bunge. La operación no tiene precedentes en el sector agrícola mundial y acercará a la nueva empresa al tamaño de ADM y Cargill. Reforzará aún más la posición dominante de los ABCCD en el mercado.
En abril, la Oficina de Defensa de la Competencia de Canadá declaró que era probable que la fusión tuviera efectos anticompetitivos sustanciales en los mercados agrícolas canadienses. A pesar de estas preocupaciones, Viterra y Bunge confiaban en que la operación se llevaría a cabo.
La Comisión Europea recibió la notificación de la fusión el 14 de junio. El 1 de agosto, la Comisión dio su visto bueno sin iniciar una investigación más profunda. Dados los riesgos y la preocupación pública de la sociedad civil por la operación, el hecho de que la Comisión no profundizara en ella fue una gran decepción. Sin embargo, no fue inesperado. La proporción de investigaciones en profundidad establecidas por el regulador de la UE después de que se le haya notificado un proyecto de fusión ha disminuido, pasando de más del 9% en la década de 1990 a menos del 2% en 2023.
La fusión necesita ahora la aprobación de las autoridades canadienses y chinas. Aunque se sabe poco de la situación en China, las asociaciones de agricultores de Canadá han protestado enérgicamente contra el acuerdo. No obstante, todo parece indicar que la fusión seguirá adelante.
'En toda la UE, los responsables políticos escuchan a los mismos actores que deberían supervisar y han interiorizado sus narrativas.'
Una economía diferente
Tras las lecciones de 2021-2022, el caso Bunge-Viterra subraya enfáticamente el fracaso de los enfoques poco sistemáticos de la política de competencia frente a los desafíos del poder corporativo mundial.
Para abordar la situación de manera significativa, necesitamos un cambio de paradigma. Una aplicación más enérgica de las leyes de competencia y antimonopolio puede suponer un gran avance; sin duda, mucho más que en la actualidad. Debería reconsiderarse el estrecho enfoque que se utiliza actualmente para evaluar las fusiones y adquisiciones y examinar los casos de abuso de posición dominante. Hay muchas pruebas de que los daños sociales acumulativos y amplios se extienden más allá de las jurisdicciones individuales, lo suficiente como para justificar una acción más enérgica y, cuando sea necesario, enmiendas a la orientación y la legislación en materia de competencia.
Pero al final, se necesita más. La ley de competencia, por muy bien que se aplique, no puede resolver el problema por completo. La concentración de poder corporativo se ha expandido dramáticamente en las últimas décadas y necesita ser revertida a través de una acción legal deliberada. También debemos desmantelar las estructuras y los incentivos que impulsan la concentración del mercado en primer lugar. El «crecimiento a toda costa» es una creencia fundamental de la mayoría de las multinacionales y, al servicio de esta creencia, han promovido un edificio de leyes fiscales, de inversión y comerciales, todas las cuales -fuera o no la intención de los gobiernos- promueven el crecimiento y la concentración (de beneficios, valor para los accionistas y poder).
Unas barandillas sólidas pueden limitar el poder corporativo, pero no las presiones hacia su creación. La contención no puede ser la única estrategia. Para abordar realmente los problemas que ha generado nuestro sistema económico, debemos plantearnos reformas más amplias de todo el sistema. Una economía basada en los principios del decrecimiento y la descolonización es, en última instancia, el antídoto contra el poder empresarial concentrado y generador de desigualdades."
(Audrey Gaughran es directora ejecutiva del Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales (SOMO).Çağrı Çavuş es investigador de SOMO y se especializa en políticas de competencia y regulación de los mercados digitales.Vincent Kiezebrink es investigador de SOMO e investiga una amplia gama de cuestiones relacionadas con el poder corporativo, incluidas las cadenas de suministro de materias primas y la evasión fiscal. Brave New Europe, 28/08/24, traducción DEEPL, gráficos, notas y enlaces en el original, fuente Green European Journal)
"Los enfermos de cáncer u otras enfermedades graves rara vez se
dan cuenta de que su vida puede depender de los acuerdos secretos sobre
los precios de los medicamentos que se cierran entre las autoridades
públicas y los ejecutivos farmacéuticos. "La negociación es totalmente secreta.
Todo se mueve en sobres cerrados", revela un negociador de un país
mediano de la UE. “Ni siquiera lo ponemos en nuestros sistemas
informáticos porque no queremos que el contratista que mantiene nuestros
sistemas tenga acceso”.
Los Estados creen que consiguen grandes ahorros con estos
acuerdos secretos, pero en realidad están enfrentados entre sí, sin
saber lo que pagan los demás. Una investigación de ocho meses realizada
por el consorcio periodístico Investigate Europe y sus socios revela que, a pesar de los descuentos, los Gobiernos pagan a menudo precios desorbitados por medicamentos vitales para ciertos enfermos. Otros países simplemente no tienen acceso a esos fármacos.
infoLibre publicará en exclusiva en España la
investigación completa de Investigate Europe, formada por una decena de
artículos. Las tres primeras entregas de la serie se publican hoy
(puedes leer aquí y aquí las otras dos).
“Ciudadanos de primera, segunda y tercera clase”
Los pacientes sufren innecesariamente porque las empresas eligen
dónde les resulta más rentable lanzar sus medicamentos. “Tenemos
ciudadanos europeos de primera, segunda y tercera clase en lo que
respecta al acceso. Es un escándalo”, denuncia Clemens Auer, que fue director general del Ministerio de Sanidad de Austria hasta 2018.
Joerg Indermitte, de la Oficina Federal de Salud Pública de
Suiza, sostiene que los laboratorios exigen precios más altos cada año, a
menudo con descuentos ya incluidos. “El último ejemplo que tengo es de 50.000 francos al mes por un nuevo medicamento oncológico.
Nunca habíamos tenido un precio tan alto. Aunque sólo se trata a entre
10 y 20 pacientes con este nuevo fármaco, es extremadamente caro".
Los periodistas hablaron con decenas de funcionarios implicados
en la fijación confidencial de precios, que describieron un sistema
“absurdo” que les obliga a negociar con los ojos vendados. “El secreto
de los precios se considera un valor fundamental de la industria”,
afirma Wim van Harten, oncólogo holandés que lleva años buscando los
verdaderos costes de las terapias contra el cáncer en Europa.
Según la investigación, los países ricos suelen pagar menos que
los de Europa Central y Oriental por determinados medicamentos. La
investigación revela una alarmante brecha en el acceso a docenas de fármacos innovadores en países de la UE, mientras las empresas farmacéuticas acumulan enormes beneficios a costa de los sistemas sanitarios.
El precio oficial de un medicamento –su precio de lista– puede
consultarse fácilmente en Internet o en el reverso de los envases. Pero
estos precios suelen ser artificiales y a la industria le interesa que
sean altos. La razón es sencilla: decenas de países fijan el importe
fijándose en lo que otros Estados dicen públicamente que pagan, los
llamados precios de referencia, que en los casos de tratamientos contra
el cáncer o enfermedades raras pueden costar cientos de miles de euros por paciente. Los precios de lista elevados son la puerta de entrada de la industria a unos beneficios estratosféricos.
“Jugar al divide y vencerás”
En realidad, existe un sistema paralelo.
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA por sus siglas en
inglés) aprueba los fármacos para su uso en toda Europa. Las empresas
deciden entonces si quieren comercializar un medicamento en un país o
no. El precio oficial lo fija cada país por separado y luego comienzan las negociaciones individuales para acordar descuentos confidenciales.
La industria “se empeña en mantener en secreto los resultados de
estas negociaciones”, explica la abogada y experta en temas de salud
pública Ellen 't Hoen. “Mantener todo en secreto les da un enorme poder para jugar al divide y vencerás”, añade.
Los países llegan a acuerdos secretos con la esperanza de
contener el aumento del coste farmacéutico, pero los precios de los
fármacos innovadores suben en todas partes. En los Países Bajos, la
parte del presupuesto hospitalario nacional que se destina a estos
fármacos ha pasado del 0,6% al 10% en los últimos 15 años,
afirma el oncólogo holandés van Harten. Las autoridades noruegas dicen
que han tenido que rediseñar su base de datos para dar cabida a más
ceros para los precios millonarios. La empresa Novartis batió el récord
con Zolgensma, un tratamiento para la atrofia muscular espinal que cuyo
importe fijó en 27 millones de coronas noruegas (2,3 millones de euros),
un precio "absolutamente poco ético", dice Anja Schiel, de la Agencia
Noruega de Productos Médicos. Finalmente, se acordó una rebaja
confidencial en 2021.
Precios muy diferentes según el país
El análisis de Investigate Europe indica que los países europeos están pagando precios muy diferentes por medicamentos "milagrosos"
contra la fibrosis quística. Vertex Pharmaceuticals, la empresa
biotecnológica estadounidense que tiene el monopolio de los
tratamientos, puede llegar a pedir más de 200.000 euros por paciente y
año por un tratamiento que combina los fármacos Kaftrio y Kalydeco, más
de 40 veces el coste de producción estimado, según investigadores
británicos. Un portavoz de la empresa destacó que los precios no vienen determinados por los costes de producción, sino por la inversión realizada en su desarrollo, el riesgo asumido y su valor para la comunidad.
Los fármacos han sido alabados por ayudar a los pacientes con
esta enfermedad rara que obstruye progresivamente los pulmones y puede
conducir a una muerte prematura. Vertex, con unas ventas de casi 10.000
millones de dólares en 2023 (algo más de 9.200 millones de euros al
cambio actual), cobra a países con menor renta precios más altos que a algunos de sus vecinos más ricos.
El análisis de las cuentas anuales de las filiales europeas de
Vertex y de los datos presupuestarios y sanitarios de las autoridades
estatales ofrece por primera vez una visión de la disparidad en cuanto a
lo que pagan los países por estos medicamentos innovadores.
En Europa Occidental, Investigate Europe comparó los ingresos
locales de Vertex con el número oficial de pacientes que tomaron los
medicamentos de la empresa en 2022. La media estimada asciende a 71.000
euros en Francia, 81.000 euros en Italia, 87.000 euros en España y 88.000 euros en los Países Bajos, siempre cantidades sin IVA.
En comparación, el gasto medio por paciente en algunos países de
Europa Central y Oriental es más elevado. En la República Checa, el
coste anual estimado en 2022 era de 140.000 euros, según datos de VZP,
la mayor aseguradora pública del país. "Este es el coste real que se paga por este tipo de tratamiento", afirma VZP, aunque no está claro si esa cifra incluye o no impuestos.
Las autoridades lituanas llevan años intentando negociar con
Vertex en medio de la creciente presión de los medios de comunicación y
de grupos de pacientes. El Gobierno anunció en abril que estaba
dispuesto a pagar hasta 8,4 millones de euros para suministrar Kaftrio y Kalydeco a un máximo de 48 pacientes. Esto equivaldría a 175.000 euros por persona.
“La correlación inversa entre el número de pacientes y los
precios refleja probablemente las diferencias en el poder de
negociación”, afirma Valérie Paris, economista de la OCDE que ha
trabajado extensamente sobre cómo se fijan los precios farmacéuticos.
“Me parece que habéis hecho todos los esfuerzos posibles para conseguir
precios netos, pero sólo la empresa que vende el producto o las
autoridades nacionales podrían confirmar realmente estos datos”,
indicó a Investigate Europe respecto a las conclusiones y la
metodología de la investigación, que los periodistas le mostraron por
adelantado.
“En la UE no debería haber discriminación”
Monika Luty, de 27 años, se vio obligada a
abandonar Polonia en 2020 porque allí no le reembolsaban el medicamento.
Publicó un vídeo en Internet rogando a Vertex que le diera Kaftrio. “Sentí una enorme decepción",
recuerda. "Viviendo en la UE, siendo polaca, fui discriminada por no
ser alemana o de otra nacionalidad donde el tratamiento estaba
disponible. En la UE no debería haber discriminación", afirma Luty.
Sus amigos la ayudaron a recaudar más de 200.000 euros y su
padre vendió su coche para que pudiera comprar los medicamentos en
Alemania. Al ver su eficacia, cruzó definitivamente la frontera. “Pagué cero,
así que lloraba porque era muy fácil. Para conseguir los fármacos en
Alemania sólo necesitaba un seguro, un trabajo y vivir allí”, explica.
Polonia llegó más tarde a un acuerdo de reembolso con Vertex, e
Investigate Europe calcula que el precio por paciente en 2023 era de
109.000 euros sin IVA. Mucho más barato que el precio de lista de
Vertex, pero aún más caro que en otros países de Europa.
“El precio de nuestros medicamentos se basa en su innovación y
en el valor que aportan a la comunidad de los pacientes con fibrosis
quística, a los cuidadores y a los sistemas sanitarios", señala un
portavoz de Vertex. “Los precios reembolsados que mencionan son
inexactos”, añade, sin aclarar cuáles son esas supuestas inexactitudes
ni comentar la situación de países concretos. Además, destaca que en la
última década más del 70% del presupuesto operativo de la empresa se
destinó a investigación y desarrollo.
La "amenaza" de las empresas
A pesar de sus enormes ingresos, Vertex no forma parte de la
principal patronal europea, la Federación Europea de Industrias y
Asociaciones Farmacéuticas (Efpia, por sus siglas en inglés). "Existe un
amplio consenso en que los precios deben reflejar la capacidad de un
país para pagar los medicamentos. Efpia y sus miembros proponen un
sistema para Europa en el que los países que puedan permitirse pagar
menos por los medicamentos paguen menos", afirma Nathalie Moll, su directora general. La patronal no quiso hablar sobre los acuerdos confidenciales o la desigualdad de precios.
Una estrategia habitual para mantener el statu quo del
secretismo es la amenaza de boicotear los mercados. "He hecho cientos de
negociaciones de este tipo", indica Francis Arickx,
responsable de política farmacéutica del Instituto Nacional Belga del
Seguro de Enfermedad e Invalidez. "La amenaza de que la empresa no se va
a sentar en la mesa de negociación la oímos todo el tiempo y en todas
partes".
KCE, un instituto belga financiado por el Estado, intentó en
2016 examinar los acuerdos secretos de descuentos firmados por las
autoridades nacionales. Querían presentar los resultados sin divulgar ningún dato protegido
sobre acuerdos concretos. Sin embargo, tras la presión de la Asociación
Farmacéutica Belga, se publicó un estudio suavizado que excluía
cualquier análisis de esos acuerdos. El estudio reveló que la asociación
había amenazado con presentar una demanda antes de la publicación.
Cuando una gran farmacéutica suiza presionó para conseguir un precio más alto en Austria,
Clemens Auer afirma que un representante le recordó las inversiones que
habían hecho allí, dando a entender que éstas corrían peligro si no se
llegaba a un acuerdo favorable para la compañía. "Siempre es el mismo
juego estúpido y muy primitivo", afirma.
El papel de Alemania y Dinamarca
Dinamarca y Alemania, dos países que permiten a las empresas
fijar inicialmente los precios oficiales con libertad, suelen ser los
primeros puntos de entrada en Europa. En la práctica, Dinamarca pone
algunos límites "voluntarios" a los precios, mientras que Alemania
revisa cada medicamento un año después de su introducción y entonces
puede pedir cambios en los precios. Mientras tanto, los elevados
importes iniciales sirven de referencia a otros países, que fijan sus
propios precios oficiales. Lo que ocurre después en los dos países está rodeado de secretismo.
Los hospitales daneses obtienen descuentos confidenciales en los
medicamentos más caros, pero estos acuerdos no aparecen en Euripid, la
base de datos europea de precios, según confiesan funcionarios daneses.
Alemania es aún más opaca. Vetó una resolución
de la Organización Mundial de la Salud sobre transparencia de precios y
ni siquiera forma parte de Euripid. "Siempre preguntamos a las empresas:
"Dígannos, por favor, el precio real en Alemania".
Pero contestan que no lo saben", afirma un negociador europeo que pidió
el anonimato. "No me puedo creer [que no haya descuentos confidenciales]
porque tienen un mercado muy potente, podrían conseguir los mejores
precios de Europa. Quizá sea posible, pero no me lo creo", concluye.
El resto de Europa parte con desventaja. Un
farmacéutico que trabaja para una filial húngara de una multinacional
farmacéutica lo dice sin rodeos: "Para una empresa como Novartis o
Pfizer, el mercado húngaro es un error de redondeo".
Sin acceso a medicamentos esenciales
Investigate Europe descubrió que Hungría es uno de los varios Estados que se han quedado sin acceso a medicamentos esenciales.
El instituto de investigación alemán IQWiG elaboró una lista de 32 medicamentos para Investigate Europe y sus socios alemanes, el periódico Süddeutsche Zeitung y las televisiones NDR y WDR. Según los científicos, estos fármacos tienen un beneficio adicional "significativo" o "considerable"
respecto a las terapias existentes. Entre ellos figuran tratamientos
contra el cáncer de mama, la leucemia y la fibrosis quística.
Los datos recogidos en toda Europa revelan que en seis Estados
de la UE no están disponibles un 25% de los fármacos. Sin acuerdos de
compra entre países y empresas, que son la base de la financiación
pública vía reembolsos, las autoridades sanitarias tienen que recurrir a
otros métodos costosos para obtener un medicamento o
se quedan sin acceso por completo. La situación es especialmente
dramática en Hungría, donde 25 de los 32 medicamentos no suelen
reembolsarse, y en Malta y Chipre, donde no están financiados 19 y 15 fármacos,
respectivamente. Los pacientes de Chipre y Hungría pueden solicitar el
acceso de forma individual, pero a menudo con costes desorbitados para
el Estado. En los países bálticos y en Rumanía tampoco se dispone de un
gran número de los fármacos de la lista.
Incluso cuando los medicamentos se ponen a disposición de los Estados más pequeños, los precios pueden ser excesivos. Giorgos Pamborides,
exministro de Sanidad de Chipre, descubrió en ocasiones que sus precios
eran “el doble, el triple o incluso el quíntuple de los que pagaban
otros países”. Le horroriza que la UE permita que la industria trate a
sus miembros de forma tan diferente: "Los acuerdos de confidencialidad
son herramientas para el abuso de posición dominante que tiene la
industria frente a sus clientes, los Estados. Sin la menor
consideración, la UE está renunciando a su única ventaja, su tamaño".
"Algo asombrosamente ineficaz"
Las negociaciones individuales amplifican la desigualdad,
explica un antiguo funcionario irlandés de sanidad: “Los 27 Estados
miembros negociando para sí mismos es algo asombrosamente ineficaz y conduce a la desigualdad de los ciudadanos europeos”.
Cuando 10 países, entre ellos Chipre, Grecia, Italia, Malta, Portugal y España, unieron fuerzas y firmaron la Declaración de La Valeta
para cooperar en la adquisición de medicamentos en 2017, la industria
mostró un interés nulo, según explicaron varios participantes a
Investigate Europe.
Más al norte, la iniciativa Beneluxa –Austria, Bélgica,
Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos– ha negociado los precios de algunos
medicamentos de alto coste, sobre todo con pequeñas empresas. Dos
negociadores afirman que las grandes compañías son reacias a participar.
"Las pequeñas empresas dicen "sí, con una negociación puedo acceder a
más mercados, así que estoy de acuerdo", mientras que las grandes
parecen boicotear este tipo de iniciativas”, afirma Paolo Pertile, profesor de economía de la Universidad de Verona.
La única vez que las grandes empresas negociaron a escala de la
UE fue para las vacunas del covid. Demostró que, si se le presiona, la
industria puede llegar a un acuerdo que no enfrente a unos países contra
los otros. Pero los precios volvieron a ser secretos. "Si la UE hubiera
unido sus fuerzas para no aceptar cláusulas de confidencialidad, podría haber cambiado las cosas", lamenta Sabine Vogler, responsable de farmacoeconomía del Instituto Nacional de Salud Pública de Austria.
Las empresas farmacéuticas pueden "chantajear a los gobiernos",
afirma Luca Li Bassi, exdirector de la Agencia Italiana del
Medicamento, que ha hecho campaña a favor de una mayor divulgación de
los precios. “Si se exige transparencia, las farmacéuticas amenazan con
no dar el medicamento”, indica.
"Garantizar la confidencialidad"
Mientras tanto, la sospecha de que cada vez que hay un acuerdo
de confidencialidad, alguien está siendo estafado, se demostró cierta
cuando se filtró el precio de la vacuna del covid de AstraZeneca. Sudáfrica pagó el doble que la UE.
“Cualquier colaboración entre Estados miembros... debe
garantizar la confidencialidad de los acuerdos de precios y reembolsos”,
defiende Nathalie Moll, de Efpia. “La participación de la industria en
cualquier iniciativa de los Estados miembros sobre fijación de precios, reembolso y cuestiones relacionadas con el acceso debe ser voluntaria”, añade.
La idea de que la industria es la única ganadora real de este
secretismo está muy extendida entre negociadores como Francis Arickx,
quien afirma que Bélgica intentó limitar las cláusulas confidenciales y
fracasó: “En realidad está ocurriendo lo contrario, vemos una presión muy clara de la industria para mantener los contratos hasta que lleguen los genéricos o los biosimilares”.
La comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides,
es consciente de la miríada de problemas. "El lugar donde vives no
debería determinar si vives o mueres", confesó al presentar el
denominado "paquete farmacéutico", un reglamento y una directiva que aún
se está, negociando entre las instituciones comunitarias. Pero las resistencias contra ciertos cambios son muy poderosas.
La propuesta legislativa no incluye medidas contra el secretismo ni los
precios confidenciales. Incluso un intento de reducir la exclusividad
de mercado de las empresas farmacéuticas se vio truncado por las
presiones de la industria y los Estados miembros.
“Los precios de los medicamentos son competencia nacional y
están vinculados a los presupuestos nacionales de sanidad”, señala un
portavoz de la Comisión Europea a Investigate Europe. “Sin embargo, como
se reconoce en la Estrategia Farmacéutica para Europa, una mayor
transparencia en torno a la información sobre precios podría ayudar a
los Estados miembros a tomar mejores decisiones en materia de precios y reembolsos”, admite.
El portavoz explica que la Comisión Europea apoya el trabajo del
grupo Euripid, la base de datos europea sobre precios. Cuando los
periodistas contactaron con Euripid, sus miembros se negaron a facilitar
datos sobre el creciente número de acuerdos confidenciales entre los
Estados y las empresas farmacéuticas.
Ahora el velo del secreto podría hacerse aún más espeso.
El Parlamento alemán está debatiendo una nueva ley de "investigación
médica". Si se aprueba, cada vez que las autoridades ordenen un recorte
de precios porque un medicamento no funciona como prometía, el resto del
mundo no se enterará. Sólo verán los precios “oficiales”,
artificialmente altos. La industria estará encantada si esto ocurre,
pronostica Josef Hecken, jefe del comité nacional para la aprobación de
nuevos medicamentos. “Los fármacos que obtengan grandes descuentos aquí se venderán como oro en paño en otros lugares. Correrá el champán en muchas oficinas corporativas”, concluye."
(Eurydice Bersi, Lorenzo Buzzoni, Maxence Peigné (Investigate Europe)
, con información de Ingeborg Eliassen, Harald Schumann, Nico Schmidt, Attila Kalman. InfoLibre, 12/06/24)
"Ya es oficial. Dos meses después de haber anunciado su intención de
trasladar su sede social a los Países Bajos, la junta de accionistas de
la empresa otrora española Ferrovial ha aprobado este jueves 13 de abril
dicha operación. Y todo ello a pesar de las valoraciones negativas por
parte del Gobierno, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de
buena parte de la población española, que ven dicho movimiento como una
especie de traición a España después de todo lo que le ha dado a esta
empresa. Y es que la multinacional no sería lo que es si no llega a ser
por todos los recursos que ha recibido del Estado y de la sociedad
española durante varias décadas.
Recordemos que Ferrovial nació durante la dictadura franquista y que
en sus orígenes se dedicaba casi exclusivamente a obra pública. Durante
esa época las licitaciones públicas no las ganaba la empresa que
estuviese mejor preparada para realizar la obra pública, sino la que
tuviese mejores vínculos con los burócratas. Por eso, Ferrovial, que en
su momento no tenía mucha relevancia empresarial ni económica, erigió su
imperio al calor de estos vínculos políticos opacos y antidemocráticos.
Es decir, no estamos hablando de la típica empresa que -según el mantra
capitalista- habría nacido y crecido en un garaje y por mérito propio
de su creador; estamos hablando de una empresa que triunfó básicamente
por acercase al poder dictatorial español.
Y no sólo al dictatorial, también al democrático surgido de la
mediocre transición realizada en los años 70 y 80 del siglo pasado. Para
que nos hagamos una idea, desde el año 1991 Ferrovial ha facturado
más de 9.000 millones de euros simplemente en contratos con el Estado
español (este dato no incluye a las administraciones públicas
autonómicas y locales, donde la empresa tiene otros miles de contratos).
Y no es que lo haya hecho de una forma regular y transparente
precisamente: según la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia,
Ferrovial ha estado 32 años (que se dice pronto) llegando a acuerdos
con empresas de su sector para repartirse las licitaciones públicas a
precios más elevados de los que arrojaría un proceso competitivo entre
ellas. Es decir, que ha vulnerado sistemáticamente la legislación sobre
competencia para ganar más dinero, encareciendo por el camino la factura
pública que recae sobre todos los contribuyentes españoles. Y, ojo, que
esto es sólo lo que conocemos; a saber qué más hay por ahí. Porque
resulta que mientras se producían todas estas alteraciones de contratos
públicos, la fundación de la familia propietaria de Ferrovial -la
Fundación Rafael Delpino-, iba contratando a excargos del organismo que
se encargaba de velar por la competencia. Las puertas giratorias de
siempre: si tú acabas contratando a alguien que estaba vigilando tu
actividad, lo evidente es sospechar que le estás devolviendo un favor.
Pero
las prácticas irregulares y corruptas que enriquecieron a Ferrovial a
costa de los recursos públicos españoles no quedan ahí. Durante el
gobierno de José María Aznar la multinacional recibió ayudas fiscales
que fueron declaradas ilegales por la Unión Europea y que todavía a día
de hoy sigue estudiando la justicia. Además, esta empresa es
habitualmente puesta de ejemplo paradigmático en los cursos de formación
sobre evasión fiscal. De hecho, en los últimos tres años esta empresa no ha pagado
ni un solo euro en impuesto de sociedades, el tributo que grava los
beneficios empresariales. Y de los últimos diez años, sólo ha pagado
este impuesto en tres ocasiones. Y no es porque no haya obtenido
beneficios durante esos años, sino porque, por un lado, se acoge a
acuerdos internacionales de doble imposición que reducen notablemente su
factura tributaria ya que supuestamente pagan impuestos en otros países
(en los que, por cierto, pagan muchos menos de lo que pagarían aquí) y,
por otro lado, porque activan los créditos fiscales que les otorga el
Estado español los años en los que registra pérdidas (otra ayuda pública
sin la que no podrían haber llegado a donde han llegado).
Ahora Ferrovial dice que traslada su sede social a los Países Bajos por motivos económicos,
pero eso es clara y absolutamente falso. Si, como dicen, le interesara
cotizar en los Estados Unidos, lo podrían hacer sin modificar su sede
social, ya fuese a través de los ADR como hacen medio centenar de
valores desde 1997 (como, por ejemplo, BBVA, el Banco Santander o
Iberdrola) o a través de un nuevo procedimiento acordado por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. Si, como dicen, le interesara un país
que tuviese una calificación crediticia máxima, hubiesen elegido
Alemania, la economía mejora valorada por los mercados financieros, no
los Países Bajos. Si, como dicen, trasladan su sede social porque ya
tienen poca actividad en España, se trasladarían a cualquier país donde
tienen importantes negocios y plantillas como Reino Unido, Canadá,
Estados Unidos o Polonia, donde tiene más de 6.000 empleados; no a los
Países Bajos donde sólo tiene, ojo, seis empleados.
Entonces, ¿por qué se van a los Países Bajos en realidad? Pues, como
todo el mundo sabe, porque allí van a pagar menos impuestos. Una de las
pruebas que demuestra eso es que Ferrovial, antes de decidirse por los
Países Bajos, pensó en mudar su sede social a Luxemburgo o Irlanda, dos
paraísos (o guaridas) fiscales así reconocidos por las asociaciones
internacionales dedicadas a la justicia fiscal pero también por el
Parlamento Europeo. Otra prueba evidente es que los Países Bajos ofrecen
muchas ventajas fiscales: menor pago de cotizaciones sociales, menor
pago por dividendos, el aplazamiento del IVA a la importación, menor
pago por los intereses de préstamos entre filiales, mayor número de
tratados bilaterales internacionales de protección de inversiones (15
más que España), etc. No por casualidad las organizaciones que luchan
por la justicia fiscal sitúan a este país como uno de los paraísos
fiscales más importantes del mundo.
Ferrovial se va a los Paraísos Fiscales Bajos para pagar menos
impuestos, pero no lo pueden reconocer. ¿Por qué? Porque si lo hicieran
no se podrían acoger al beneficioso régimen tributario especial de
fusiones y adquisiciones con el que se ahorrarían un voluminoso pago de
impuestos, ya que sólo está pensado para transacciones motivadas por
motivos económicos, no tributarios. Y la cuestión no es baladí: estamos
hablando de una diferencia estimada
de 3.300 millones de euros en pago de impuestos. Por supuesto, Hacienda
hará todo lo posible por analizar el caso y descubrir si hay truco en
esta operación, pero ya sabemos que Ferrovial tiene un ejército de
abogados especializados que tratarán por todos los medios de probar que
la mudanza no se realiza para eludir impuestos. Y tal y como demuestra
la historia, desgraciadamente suelen salirse con la suya.
Aquí tenemos el enésimo caso de una gran empresa que se aprovecha
todo lo que puede de la sociedad y de los recursos públicos de un país,
incluso a través de prácticas corruptas, y que lejos de disimular y
guardar las apariencias, se ríe en toda la cara de los españoles
mudándose a otro país." (Eduardo Garzón, Público, 13/10/23)
"España ha iniciado el procedimiento para retirarse del Tratado de la Carta de la Energía (ETC, por sus siglas en inglés) que protege las inversiones en ciertas infraestructuras energéticas,
según avanzó este miércoles el diario 'Politico' y confirmaron a EFE
fuentes oficiales. El ETC es un tratado multilateral firmado por 53
países y en vigor desde 1998, cuya modernización se negocia desde hace
cuatro años y, tras una última ronda celebrada en julio en Bruselas, se
quedó en que el tratado se actualizaría automáticamente en noviembre si no se oponía formalmente ninguna de las partes.
La protección que ofrece ese tratado se había utilizado en los últimos años para litigar contra los firmantes por políticas climáticas diseñadas para ir eliminando los combustibles fósiles. En estos momentos hay reclamaciones de fondos de inversión por un valor total de 10.000 millones de euros. El Gobierno trató de que renunciasen voluntariamente a la vía arbitral, ofreciéndoles una nueva senda de rentabilidad, pero la mayoría han rechazado. Este medio ya informó a finales de 2021 de las intenciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez en relación con el tratado en cuestión.
Y es que España, con la Abogacía del Estado al frente, está tratando de esquivar las multimillonarias reclamaciones
de fondos internacionales que invirtieron en energías renovables y
lanzaron arbitrajes tras el recorte de las subvenciones en la década
pasada. Mientras algunos tribunales arbitrales les dan la razón, el
Tribunal Supremo se alineó con la visión del Gobierno y avaló el hachazo de 2013 a las energías limpias.
Por su parte, fuentes del sector aseguran que la salida de España de
este tratado puede provocar reticencias entre inversores
internacionales, precisamente en un momento en que la transición
energética demandará más de 200.000 millones para este fin,
según cálculos del propio Gobierno, durante la próxima década. El hecho
de que no se tenga un marco supranacional al que acudir en caso de no
estar de acuerdo con determinadas decisiones implica la asunción de
mayores riesgos para los inversores. Sobre todo, en un país que ha
implementado varios cambios regulatorios de calado en el sector
energético en los últimos años, hecho que no pasa desapercibido para los
inversores foráneos. España es, junto con Argentina, Venezuela y Perú, el
país que más arbitrajes de inversores extranjeros soporta. Más allá de
la cuestión climática, un aspecto clave para España es que la
modernización de la Carta de la Energía reconozca la supremacía del
derecho de la Unión Europea respecto del propio tratado internacional.
La cuestión no es baladí. España y Bruselas están tratando desde hace
años de evitar las reclamaciones de las renovables, buscando convencer a
los tribunales internacionales de que el derecho europeo prevalece sobre la propia Carta de la Energía, una cuestión que no reconocen la mayoría de tribunales arbitrales.
Varios Estados miembros de la Unión Europea, como España, Países Bajos o Luxemburgo,
habían solicitado que la UE abandonara ese marco jurídico, al igual que
varias organizaciones ecologistas. La vicepresidenta tercera del
Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera,
había pedido en el pasado "una salida coordinada del ETC" por parte de
la UE y sus Estados miembros de ese marco jurídico, y finalmente ha
decidido dar el paso, al igual que hizo Polonia la pasada semana.
El tratado se diseñó tras la desaparición de la URSS, en un contexto en
que muchos temían invertir en los países del bloque soviético, y se
concibió para promover la seguridad energética, fomentando mercados más
abiertos y competitivos que al mismo tiempo respeten los principios de
desarrollo sostenible y soberanía sobre los recursos energéticos. Está suscrito por los Estados miembros de la Unión Europea
—salvo Italia, que lo abandonó en 2016— y países como el Reino Unido,
Bosnia y Herzegovina, Japón, Armenia, Jordania, Ucrania o Tayikistán, y
contempla un sistema de protección de las inversiones, trato no
discriminatorio o resolución de disputas a través de mecanismos de
arbitraje. El texto había quedado anticuado en virtud de los objetivos del Acuerdo de París de 2015 para ralentizar el cambio climático.
Varios de los puntos en discusión generaban grandes recelos, en particular la protección a las inversiones en infraestructuras para combustibles fósiles y la resolución de litigios en tribunales privados de arbitraje, polémica similar a la surgida con el tratado de libre comercio firmado entre la UE y Canadá, el llamado CETA. La retirada de España del tratado ha sido acogida de buen grado por organizaciones ecologistas
como la Red de Acción Climática (CAN), que calificó la decisión de
España y Polonia como "valiente" y llamó a otros países de la UE a
seguir sus pasos.
"Lo peligroso es seguir dentro. Con la crisis climática y de combustibles fósiles que vivimos, no podemos permitir que los países malgasten dinero público
en compensar a empresas de combustibles fósiles por emprender políticas
que ayudan a frenar las emisiones", declaró a EFE la experta en
Políticas de Comercio de CAN Europa Cornelia Maarfield." (El Confidencial, 12/10/22)
Con unas elecciones en la región rural de Castilla y León el domingo, la atención de la nación se ha centrado firmemente en las últimas semanas en el campo, que espera hacer oír su voz tras décadas de falta de inversión y despoblación.
"Por primera vez en este país, no es una región como Cataluña o Andalucía la que está dominando el calendario electoral nacional, sino una de las regiones de la España olvidada"
La zona a la que se refiere es más conocida como La España vacía o La España vaciada. Abarca regiones dependientes de la agricultura en el vasto interior del país, como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón. Estos territorios se perdieron gran parte de la rápida industrialización y el desarrollo que las ciudades más grandes y la costa turística disfrutaron desde los últimos años de la dictadura de Franco.
Esa disparidad fomentó la migración hacia las ciudades, especialmente de los más jóvenes, acentuando aún más la brecha entre el campo y la ciudad.
"Se impuso una idea cultural: que lo progresista, lo innovador, era salir de tu pueblo", dice Tomás Guitarte, de Teruel Existe, un pequeño partido aragonés que ha hecho campaña sobre este tema.
"Esto no es un proceso natural, es la consecuencia de las desastrosas políticas socioterritoriales de un modelo de desarrollo equivocado".
Hoy en día, las estadísticas ofrecen una lectura descarnada: El 10% de la población española habita el 70% del país. El 42% de las ciudades están en riesgo de despoblación. La provincia de Zamora, en Castilla y León, ha visto disminuir su población en más de un 30% desde 1975, mientras que la de las Islas Baleares se ha duplicado.
"Por activa o por omisión, el Estado fomentó un modelo de desarrollo por el que la industria y los servicios salían de los núcleos rurales, provocando la despoblación", afirma Ángel Ceña, que se presenta como candidato a las elecciones de Castilla y León. "Y a esto nos enfrentamos desde entonces".
El partido de Ceña, Soria ¡Ya!, forma parte de una reacción política contra esta tendencia. Comenzó hace dos décadas con un movimiento de protesta que puso de manifiesto la difícil situación del campo mediante manifestaciones en las capitales locales. Concienció a los españoles de los problemas de las zonas rurales y La España vacía se convirtió en una frase popular en el debate político y en los medios de comunicación. Sin embargo, hubo frustración porque las políticas reales no cambiaban.
"No basta con estar en la calle, también hay que estar dentro", dijo Ceña. Señaló que, aunque las fuerzas políticas dominantes en España, el Partido Socialista Obrero (PSOE) y el conservador Partido Popular (PP), han incluido en sus programas electorales las reivindicaciones de quienes viven en el campo, no han conseguido aplicar un cambio real.
"Hemos decidido entrar en las instituciones donde se toman las decisiones", añadió Ceña. "Queremos entrar ahí para poder influir en las políticas que afectan a este sector de la población".
Pidió que se incentive la repoblación de las zonas rurales y la creación de puestos de trabajo, mediante lo que llamó la "reindustrialización estratégica" del campo.
Su partido, con sede en la provincia de Soria, es uno de los varios que se presentan a estas elecciones cuya prioridad es poner de manifiesto las desigualdades entre la España rural y la urbana. En Castilla y León, que es un poco más grande que Austria, se presentan otros en las provincias de Burgos, Palencia, Valladolid y Salamanca.
Todos forman parte de España Vaciada, una organización nacional que afirma no tener ninguna lealtad específica en el espectro político. Se han inspirado en el éxito de Teruel Existe que, de la mano de Guitarte, consiguió un escaño en el Congreso en las elecciones generales de 2019.
Las reivindicaciones de los nuevos partidos han contribuido a elevar la apuesta en Castilla y León, donde el PP ha gobernado durante los últimos 35 años. La campaña ha sido especialmente feroz después de que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, criticara la ganadería intensiva a escala industrial de España por ser insostenible. El PP y otros partidos han tachado a Garzón y al gobierno de coalición de izquierdas de Pedro Sánchez de antiagrícolas.
En la campaña electoral, cerca de la pequeña localidad de Las Navas del Marqués, el líder del PP, Pablo Casado, rodeado de vacas, continuó con el tema pidiendo "más ganadería y menos comunismo". Pero no todos los lugareños quedaron impresionados.
"Ahora, cuando hay elecciones, se acuerdan de repente del campo, como todos los políticos. Pero cuando acaben las elecciones, volverán a hacer lo que les da la gana", dijo José Juan Pascual Ríos, un cocinero jubilado que vive en Las Navas del Marqués y que siguió la visita de Casado por las noticias.
Sin embargo, celebra la llegada de la nueva ola de partidos rurales.
"Creo que es bueno", dijo. "Se llevarán votos de la izquierda y de la derecha y se les escuchará". (...)
Las encuestas apuntan a que el PP volverá a ganar en Castilla y León. Sin embargo, si, como parece probable, no consigue la mayoría, podría necesitar el apoyo de Vox para formar un nuevo gobierno. Se considera que esta votación puede dar una idea del resultado de las próximas elecciones generales, previstas para 2023 pero que podrían adelantarse. Dado que el sistema electoral da más peso parlamentario a las zonas poco pobladas del país que a las ciudades, España Vaciada es optimista sobre su potencial.
Por ahora, las encuestas también muestran que los nuevos partidos rurales podrían ganar suficientes escaños en Castilla y León para jugar a ser reyes. De ser así, tendrían que involucrarse en el corte de la política de partidos.
Sergio del Molino, ensayista que ha escrito mucho sobre la situación de la España rural, ha advertido de que, al entrar en la contienda política, los nuevos partidos corren el riesgo de diluir un debate importante "en un clamor de reivindicaciones minúsculas y de política de bajo nivel", lo que, en última instancia, podría fomentar el crecimiento de movimientos "nacionalistas, populistas y tipo Le Pen", en referencia a la líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen.
Guitarte, de Teruel Existe, que ya ha hecho el camino de la protesta rural al parlamento nacional, desestima esos temores.
"Las zonas olvidadas, las que nunca han tenido la oportunidad de expresar su predicamento, ahora tienen la oportunidad de hacerlo", afirma." (Guy Hedgecoe , POLITICO, 10/02/22)
"Hay varios motivos que explican la inflación presente, pero el principal es la imbecilidad occidental. Todos los demás están subordinados a ese, que se forja en una manera ilusa de pensar y que se ve ratificada en una visión de la economía que se desenvuelve en jardines angelicales
de productividad, masa monetaria, mercados de trabajo adaptados y
demás, pero que olvida que la economía es también una cuestión de poder.
La explicación es sencilla, y en su mismo
enunciado deja entrever las debilidades a las que esa estructura aboca:
cuando una gran mayoría de bienes se producen en muy pocos lugares, muy
alejados de sus mercados finales, y en un momento de concentración del
mercado, es evidente que las cosas saldrán mal en algún momento. Los cuellos de botella en la cadena pasarán factura. Si además, producto de la obsesión con el 'just-in-time',
no se han almacenado suministros para las eventualidades, ya que parte
del modelo de negocio se basa en recortar costes, y el almacenaje
cuesta, es fácil comprender que, cuando se produce escasez por algún
motivo, los precios aumentan mucho más de lo que debieran.
La falacia
La pregunta es por qué se decidió que Europa (Occidente en general)
adoptase esta forma de operar, que parecía una mala idea, y que, por
tanto, había sido habitualmente evitada. Los motivos, no obstante, eran evidentes:
ese modo permitía que las grandes empresas redujeran notablemente sus
costes, y así depredaran a las pequeñas y medianas firmas de su sector y
abarataran de manera sustancial el coste del factor trabajo. Actuar así
permitía, por tanto, generar más recursos para los accionistas y
precios más bajos para el consumidor. Es cierto que este, deslocalizada
la producción y presionada la pequeña y mediana empresa, perdía poder
adquisitivo, porque desaparecían muchas firmas y muchos puestos de
trabajo, y los existentes estaban peor remunerados, con lo que ganaba
por un lado y perdía más por otro. Pero daba lo mismo, porque se apeló
con éxito a la eficiencia, a la innovación y a la falacia de los precios baratos.
Para dar ese giro se tuvieron en cuenta factores económicos, pero no de economía política.
Conformar las cadenas de suministro de esta manera permitía que algunos
de los participantes cobrasen un peso excesivo y, de esta manera,
condicionaran las acciones de todos los demás, incluidos a los
compradores. No es banal, porque el poder económico en las últimas décadas se ha construido de esta manera,
mediante concentraciones en la cadena que conseguían crear cuellos de
botella por los que había que pasar irremediablemente. La conformación
de nuevos monopolios y oligopolios, cuya casuística es amplia, ha tenido
lugar mediante este tipo de operaciones, algo que se ha subrayado en
diferentes ocasiones, y que ha dado lugar a una economía completamente distinta.
Las fallas estratégicas
La fragilidad de esta organización de la cadena supone, en lo
económico, que lo barato sale caro, porque cuando vienen mal dadas, los
precios se disparan muy por encima de lo que deberían. Cuando se otorga
demasiado poder a una parte de la cadena, hasta hacerse dependiente de
ella, se puede tirar de la cuerda al máximo, porque no hay alternativas.
Y eso ha ocurrido también con el transporte: el precio del contenedor se ha multiplicado por 10 o 12.
Pero esta arquitectura demuestra también muestra fallas estratégicas, vale decir geopolíticas, porque configurar así el mercado significa hacerte dependiente, y cuando eso ocurre, te pueden apretar por todas partes. Esta concentración no solo concede demasiado poder a una serie de empresas (y a sus inversores), envueltas en la bandera del máximo beneficio lo más rápido posible, sino a una serie de países.
Es llamativo que, en esta tesitura, haya quienes señalen a China como
responsable de la escasez en algunas áreas y del aumento de precios: si
así fuera, y si resultase intencionado, China no estaría más que
ejerciendo el poder que se le ha otorgado: nadie nos mandó llevar toda la producción a Asia; si no quieres que disparen, no les regales fusiles.
Así las cosas, en lugar de pensar los males que está causando para
Occidente, internos y estratégicos, esta distribución del poder y de sus
consecuencias estratégicas, cerramos los ojos
esperando que todo siga igual. Ya se escuchan peticiones para subir los
tipos de interés, lo que nos llevará todavía hacia peores escenarios, en lugar de encarar el problema de frente. En fin." (Esteban Hernández, El Confidencial , 09/11/21)
