El sistema de navegación por satélite Beidou de China es un factor que cambia las reglas del juego en la guerra de Irán con Estados Unidos... Durante la guerra de 12 días en junio de 2025, los misiles y drones iraníes tuvieron dificultades contra la sofisticada guerra electrónica israelí y estadounidense. La interferencia (jamming) y suplantación (spoofing) del GPS alteraron repetidamente sus sistemas de guía, limitando su efectividad... en 2026, la dinámica del campo de batalla había cambiado drásticamente. Los ataques de precisión de Irán comenzaron a atravesar las avanzadas defensas aéreas, alcanzando objetivos de alto valor en todo el Golfo con una precisión sorprendente. Los analistas de inteligencia señalaron un factor clave: Irán había abandonado el GPS por el sistema de navegación por satélite Beidou de China... Las ventajas clave de Beidou para Irán son: resistencia a la interferencia y suplantación... mayor precisión, con probabilidad de error circular de menos de 5 metros... mando en tiempo real, que permite ajustes durante el vuelo a largas distancias... Esta mejora ha contribuido significativamente a la capacidad de Irán para penetrar las defensas estadounidenses en los países del Golfo... Hoy en día, Beidou supera al GPS en cobertura y precisión en aproximadamente 165 países, ofreciendo una alternativa resiliente que no puede ser interferida o suplantada unilateralmente por las potencias occidentales (Larry C. Johnson)

"El sistema de satélites Beidou de China es un factor que cambia las reglas del juego en la guerra de Irán con Estados Unidos.

Un agradecimiento a Kevin Wamsley de Inside China Business. Su reciente vídeo explicando la importancia del sistema de navegación por satélite Beidou de China proporciona una visión crítica del éxito actual de los ataques con misiles de Irán contra objetivos estadounidenses e israelíes. Es un factor que cambia las reglas del juego.

Permítanme resumirlo. Durante la guerra de 12 días en junio de 2025, los misiles y drones iraníes tuvieron dificultades contra la sofisticada guerra electrónica israelí y estadounidense. La interferencia (jamming) y suplantación (spoofing) del GPS alteraron repetidamente sus sistemas de guía, limitando su efectividad durante el intenso conflicto de 12 días. Avanzando rápidamente hasta principios de 2026, la dinámica del campo de batalla había cambiado drásticamente. Los ataques de precisión de Irán comenzaron a atravesar las avanzadas defensas aéreas, alcanzando objetivos de alto valor en todo el Golfo con una precisión sorprendente. Los analistas de inteligencia señalaron un factor clave: Irán había abandonado el GPS por el sistema de navegación por satélite Beidou de China.

EE.UU. proporcionó involuntariamente la chispa que encendió la búsqueda de China por el Beidou. La historia comienza en 1993, cuando un único buque portacontenedores chino, el Yinhe, que navegaba hacia Irán, fue acusado por la CIA de transportar productos químicos para la producción de armas. Los puertos de Oriente Medio, bajo presión de EE.UU., le negaron la entrada y el barco quedó varado en el Océano Índico. EE.UU. no solo presionó a sus aliados, sino que, según se informa, desactivó el acceso del barco al GPS, obligándolo a echar el ancla durante semanas. Las inspecciones en Arabia Saudita finalmente exoneraron al buque, pero China no recibió disculpas ni compensación alguna.

Esta humillación (perder la navegación en medio del océano debido a la dependencia de un sistema controlado por un país extranjero) se convirtió en una lección fundamental para Pekín. Aceleró el desarrollo de una red de navegación por satélite independiente: Beidou (BDS).

- BDS-1 (años 2000) proporcionó una cobertura regional inicial.
- BDS-2 amplió las capacidades.
- BDS-3 (completado alrededor de 2020) lo transformó en un gigante global con docenas de satélites, muchas más estaciones terrestres (especialmente en el Sur Global) y una precisión superior en muchas regiones en comparación con el GPS.

Hoy en día, Beidou supera al GPS en cobertura y precisión en aproximadamente 165 países, ofreciendo una alternativa resiliente que no puede ser interferida o suplantada unilateralmente por las potencias occidentales.

Después de que el conflicto de 2025 expusiera las vulnerabilidades de los sistemas dependientes del GPS, Irán actuó de manera decisiva. A finales de 2025 o principios de 2026, integró Beidou en sus arsenales de misiles y drones. Informes de marzo de 2026 ya destacaban mejoras drásticas: los proyectiles iraníes eludían las contramedidas electrónicas que habían funcionado meses antes.

Las ventajas clave de Beidou para Irán incluyen:

- Resistencia a la interferencia y suplantación: tecnología avanzada de salto de frecuencia y antinterferencias.
- Mayor precisión: probabilidad de error circular de menos de 5 metros en regiones clave, lo que permite ataques precisos con menos municiones.
- Mando en tiempo real: mensajería segura que permite ajustes durante el vuelo a largas distancias.

Esta mejora ha contribuido significativamente a la capacidad de Irán para penetrar las defensas estadounidenses en los países del Golfo y ha mejorado drásticamente su habilidad para atacar objetivos críticos, lo que ha socavado la confianza en las garantías de seguridad de EE.UU. en el Golfo.

La decisión de EE.UU. de usar el GPS como arma en 1993 ha resultado espectacularmente contraproducente: es la prueba de que humillar a China inspiró un salto tecnológico que ahora otorga a China y sus aliados una ventaja estratégica sobre EE.UU." 

(Larry C. Johnson , blog, 18/07/26, traducción Deep Seek, enlaces en el original) 

Guerra híbrida por la soberanía digital de Brasil... ¿Quién controlará las infraestructuras críticas de la economía digital del siglo XXI? ¿Los Estados nacionales o las plataformas tecnológicas transnacionales? El sistema de pagos (PIX) es fundamental para entender la parte menos visible del conflicto entre Brasil y las grandes tecnológicas estadounidenses. Lo relevante es que PIX no fue creado por una empresa privada, sino por el Estado brasileño lo desarrollo a través del Banco Central. El sistema de pagos instantáneos se convirtió en pocos años en una de las infraestructuras financieras más exitosas del mundo. Permite transferencias inmediatas, permanentes y de bajo costo, integrando bancos, fintechs y usuarios finales bajo una arquitectura pública... representa la posibilidad de que el Estado preserve el control sobre una infraestructura crítica de la economía digital... La infraestructura 5G ofrece otro ejemplo. Brasil ha avanzado en la construcción de redes exclusivas destinadas a la administración pública, separadas de las redes comerciales convencionales... Determinadas capacidades tecnológicas son demasiado importantes para depender completamente de actores privados... PIX y la red 5G estatal responden, en esencia, a la misma lógica. Pero desde la perspectiva del ecosistema tecnológico estadounidense, ello podría representar un precedente preocupante... Si un país de más de 200 millones de habitantes demuestra que es posible desarrollar sistemas públicos eficientes de pagos digitales, regular el tratamiento de datos, establecer límites a las plataformas y diseñar marcos propios para la inteligencia artificial, otros podrían seguir el mismo camino, lo que está en juego es el modelo de gobernanza de la economía digital (Alejandro Marcó del Pont)

"¿Quién controlará las infraestructuras críticas de la economía digital del siglo XXI? ¿Los Estados nacionales o las plataformas tecnológicas transnacionales? (El Tábano Economista)

Cuando Donald Trump anunció un arancel del 25% sobre productos brasileños para el 15 de julio, la explicación parecía servida. Para unos, se trataba de una nueva demostración de solidaridad ideológica con Jair Bolsonaro y de hostilidad hacia el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Para otros, era simplemente un capítulo más del viejo manual proteccionista del trumpismo, castigar importaciones extranjeras para proteger empleos estadounidenses. Ambas interpretaciones son equivocadas y resultan insuficientes.

La primera dificultad aparece cuando se revisan los números. Estados Unidos mantiene un superávit comercial con Brasil. Es decir, vende más bienes y servicios a la mayor economía sudamericana de los que compra. No existe, por tanto, un desequilibrio comercial comparable al que históricamente ha utilizado Washington para justificar medidas contra China o, en otros momentos, contra México. Si el objetivo fuera corregir un déficit, Brasil sería un objetivo insólito.

La segunda dificultad es Bolsonaro. La cercanía política entre Trump y el expresidente brasileño es indiscutible. También lo son las críticas de sectores conservadores estadounidenses hacia el Tribunal Supremo Federal brasileño y las decisiones adoptadas contra dirigentes y activistas bolsonaristas. Sin embargo, reducir el conflicto a una cruzada personal en defensa del exmandatario supone ignorar una serie de transformaciones más profundas que se vienen desarrollando en Brasil desde hace años.

Para comprender qué intereses concretos se encuentran detrás de la creciente presión de Washington sobre Brasil conviene abandonar, al menos por un momento, la narrativa sobre la libertad de expresión y observar dónde están los negocios. O, como hemos sostenido, el desenlace de secuestrar al Estado por parte de las elites tecnologías americana, no es otro que funcione como gendarme de sus negocios.

En octubre del año pasado, la Computer & Communications Industry Association (CCIA), una de las organizaciones de lobby más influyentes del ecosistema tecnológico estadounidense, financiado por grandes empresas tecnológicas que incluyen a Google, Meta, Apple, Microsoft, Amazon y Uber, presentó un informe ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) detallando las barreras que, a su juicio, enfrentaban las empresas norteamericanas en distintos mercados extranjeros, para que iniciara una investigación sobre Brasil en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974.

El documento cuestionaba aspectos tan diversos como las normas sobre comercio digital y servicios de pago electrónico, las regulaciones sobre plataformas, la protección de la propiedad intelectual, ciertas medidas tributarias, el tratamiento del etanol y hasta la aplicación de políticas relacionadas con la deforestación ilegal. Tomadas individualmente, las observaciones podían parecer dispersas. Consideradas en conjunto, revelaban algo diferente: la creciente incomodidad de parte del sector tecnológico estadounidense frente a un país que estaba construyendo reglas propias para gobernar su economía digital.

La arquitectura regulatoria que Brasil ha construido desde finales de la década de 2010 no debe analizarse como una colección aislada de leyes. Vista en conjunto, configura una estrategia de soberanía digital, fiscal y tecnológica, en la que el Estado brasileño busca preservar capacidad de decisión sobre infraestructuras críticas, flujos de datos, plataformas digitales y nuevas tecnologías.

OpenDemocracy mostró cómo varias de las preocupaciones de las corporaciones americanas terminaron reflejándose en la investigación comercial impulsada posteriormente por Washington. El dato no prueba una relación causal automática, pero sí ilumina una convergencia de intereses entre grandes empresas tecnológicas y la política comercial estadounidense. Lo que emerge es una pregunta distinta: ¿y si la disputa no fuera realmente sobre Bolsonaro ni sobre comercio tradicional? ¿Y si el verdadero conflicto girara alrededor de quién establecerá las reglas del capitalismo digital del siglo XXI?

Brasil se ha convertido en un laboratorio inesperado de soberanía tecnológica. La Ley General de Protección de Datos (Ley Nº 13.709/2018) entró plenamente en vigor en 2020 y creó el marco brasileño de protección de datos personales, estableció límites al tratamiento y circulación de información personal inspirados en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (GDPR), aunque con particularidades propias. La LGPD representa una afirmación de que los datos producidos por la sociedad brasileña son un recurso sujeto a regulación nacional.

La discusión sobre la moderación de contenidos y la responsabilidad de las plataformas constituye otro frente de tensión. La decisión del Supremo Tribunal Federal brasileño de ampliar las obligaciones de las redes sociales respecto de contenidos ilícitos fue presentada por algunos sectores estadounidenses como un ataque a la libertad de expresión. Sin embargo, desde la óptica brasileña se trataba de resolver una pregunta institucional básica, si las plataformas globales deben responder ante la legislación nacional de los países donde operan.

La disputa alcanzó su máxima expresión en el enfrentamiento entre el Supremo Tribunal Federal y X, la red social de Elon Musk. La suspensión temporal de la plataforma por incumplimientos relacionados con representación legal en el país y decisiones judiciales transformó un conflicto jurídico en un acontecimiento geopolítico. Musk lo presentó como un ejemplo de censura estatal; las autoridades brasileñas, como una cuestión elemental de soberanía jurídica.

Pero quizás el aspecto más revelador sea que Brasil no se ha limitado a regular. También ha construido alternativas y el sistema de pagos (PIX) es fundamental para entender la parte menos visible del conflicto entre Brasil y las grandes tecnológicas estadounidenses. Lo relevante es que PIX no fue creado por una empresa privada, sino por el Estado brasileño lo desarrollo a través del Banco Central. El sistema de pagos instantáneos se convirtió en pocos años en una de las infraestructuras financieras más exitosas del mundo. Permite transferencias inmediatas, permanentes y de bajo costo, integrando bancos, fintechs y usuarios finales bajo una arquitectura pública.

Desde la perspectiva del consumidor brasileño, PIX representa comodidad y eficiencia. Desde una perspectiva geoeconómica, representa algo mucho más importante. La posibilidad de que el Estado preserve el control sobre una infraestructura crítica de la economía digital. Con hasta 290 millones de transacciones diarias, PIX alcanza al 90% de la población brasileña con impactos especialmente positivos en los excluidos financieramente, la economía informal y las pequeñas y medianas empresas (pymes).

El Centre for International Policy and Technology ha descrito PIX como una manifestación de soberanía digital financiera. La expresión no es exagerada. Durante años, las grandes tecnológicas han intentado expandirse hacia el sector de pagos. Meta, en particular, visualiza en WhatsApp mucho más que una aplicación de mensajería. El objetivo es construir una superplataforma capaz de integrar comunicación, comercio electrónico, pagos, crédito e inteligencia artificial.

Brasil, donde WhatsApp Brasil es el segundo mercado más grande del mundo, Meta busca monetizar la app mediante herramientas corporativas de cobro (WhatsApp Business), pero ve amenazado su negocio si el poder judicial brasileño suspende de manera intermitente sus servicios por desacatos regulatorios. Sin embargo, cada pago realizado mediante PIX es un pago que no transita necesariamente por una infraestructura privada controlada por una plataforma tecnológica. Cada transacción representa datos financieros que permanecen fuera de ecosistemas corporativos cerrados.

La disputa deja entonces de ser ideológica y adquiere una dimensión económica tangible. Brasil también ha avanzado hacia la regulación de la inteligencia artificial. El Proyecto de Ley 2338/2023 busca establecer mecanismos de supervisión diferenciados según el nivel de riesgo de las aplicaciones. Transparencia, responsabilidad y protección de derechos aparecen como principios orientadores. Para empresas estadounidenses inmersas en una carrera global por liderar el desarrollo de la IA, la proliferación de marcos regulatorios nacionales representa un desafío significativo. Cada nueva exigencia implica mayores costos de cumplimiento y posibles restricciones operativas.

La misma lógica atraviesa el Proyecto de Ley 2768/2022, que ampliaría las facultades regulatorias de la Agencia Nacional de Comunicaciones (Anatel) sobre plataformas digitales, y el Proyecto de Ley 4097/2023, orientado a cuestiones de competencia en mercados digitales. A ello se suman iniciativas tributarias, como la implementación del impuesto mínimo global del 15%, o medidas destinadas a gravar determinadas importaciones asociadas al comercio electrónico transfronterizo.

Observadas de manera aislada, estas iniciativas responden a debates sectoriales específicos. Observadas en conjunto, configuran una arquitectura orientada a fortalecer la capacidad regulatoria del Estado brasileño. No se trata de un fenómeno exclusivamente brasileño. Europa ha transitado caminos similares mediante el Reglamento General de Protección de Datos y nuevas normas sobre servicios digitales. Pero el caso brasileño posee una relevancia particular debido al tamaño de su mercado.

Brasil es la mayor economía de América Latina y uno de los mayores mercados digitales del mundo. Diversos estudios estiman que la inversión anual en publicidad digital en el país supera los 10.000 millones de dólares. Google concentra una parte sustancial de ese mercado a través de su ecosistema de búsqueda, YouTube y herramientas publicitarias. Meta, mediante Facebook e Instagram, ocupa también una posición dominante.

Aunque las empresas no desagregan sistemáticamente sus ingresos por país, distintas estimaciones sitúan a Google capturando aproximadamente entre el 45% y el 55% del mercado publicitario digital brasileño, mientras Meta controlaría entre el 30% y el 40%. Traducido a cifras, esto podría significar ingresos anuales de varios miles de millones de dólares para ambas compañías.

El verdadero desafío, sin embargo, no reside en la publicidad actual sino en los negocios del futuro. Los datos alimentan sistemas de inteligencia artificial. Los sistemas de pago generan información valiosa sobre hábitos de consumo. Las plataformas de comunicación facilitan la integración de servicios financieros y comerciales. El control de estos ecosistemas permite capturar valor económico a una escala sin precedentes.

En este contexto, la decisión brasileña de preservar espacios de soberanía regulatoria adquiere una dimensión estratégica. La infraestructura 5G ofrece otro ejemplo. Brasil ha avanzado en la construcción de redes exclusivas destinadas a la administración pública, separadas de las redes comerciales convencionales. Según la Global System for Mobile Communications Association (GSMA), la organización mundial que representa los intereses de más de 1.000 operadores de telefonía móvil y compañías del ecosistema tecnológico, el país reúne condiciones para convertirse en un referente regional en materia de 5G.

La decisión de dotar al Estado de una infraestructura propia para comunicaciones sensibles responde a consideraciones de seguridad y eficiencia administrativa. Pero también expresa una convicción política. Determinadas capacidades tecnológicas son demasiado importantes para depender completamente de actores privados.

PIX y la red 5G estatal responden, en esencia, a la misma lógica. La pregunta subyacente es sencilla: ¿deben los Estados conservar el control sobre ciertas infraestructuras críticas o delegarlo progresivamente a plataformas transnacionales?

Desde la perspectiva brasileña, la respuesta parece inclinarse hacia la primera opción. Desde la perspectiva de parte del ecosistema tecnológico estadounidense, ello podría representar un precedente preocupante.

El problema no es únicamente Brasil. Si un país de más de 200 millones de habitantes demuestra que es posible desarrollar sistemas públicos eficientes de pagos digitales, regular el tratamiento de datos, establecer límites a las plataformas y diseñar marcos propios para la inteligencia artificial, otros podrían seguir el mismo camino. La discusión deja entonces de girar alrededor de un arancel específico. Lo que está en juego es el modelo de gobernanza de la economía digital.

Por un lado, emerge un esquema donde plataformas privadas aspiran a convertirse en la infraestructura dominante de la vida contemporánea, articulando comunicación, pagos, comercio y procesamiento de datos. Por otro, aparecen Estados que intentan preservar márgenes de autonomía mediante regulación y desarrollo de capacidades propias. En esa disputa, Bolsonaro ocupa un lugar secundario.

Su figura puede funcionar como catalizador político o como elemento movilizador dentro del debate estadounidense. Pero las tensiones entre Brasil y determinados sectores económicos norteamericanos preceden y exceden ampliamente la suerte judicial del expresidente.

El arancel del 25% constituye, en ese sentido, mucho más que una herramienta comercial. Puede interpretarse como una señal geoeconómica dirigida hacia un país que ha comenzado a cuestionar algunos de los supuestos fundamentales del capitalismo digital contemporáneo. No porque Brasil haya rechazado la tecnología ni porque haya optado por un camino aislacionista. Todo lo contrario. Brasil busca insertarse activamente en la economía digital global, pero bajo reglas que preserven espacios de decisión nacional.

Esa aspiración inevitablemente genera tensiones. La historia del siglo XXI probablemente se escriba menos en los campos de batalla tradicionales y más en disputas relacionadas con estándares tecnológicos, gobernanza de datos, sistemas de pago y control de infraestructuras digitales.

Vista desde esa perspectiva, la controversia actual entre Washington y Brasilia adquiere otro significado. Ya no se trata simplemente de aranceles. Tampoco únicamente de Bolsonaro. Se trata de quién definirá las normas que regirán el flujo de información, dinero y conocimiento en las próximas décadas.

Brasil ha decidido participar de esa discusión no solo como mercado, sino también como regulador y constructor de alternativas. Y esa decisión, más que cualquier superávit comercial o cualquier disputa política coyuntural, podría explicar por qué el país se encuentra hoy en el centro de una batalla silenciosa por el futuro del poder económico global."

(Alejandro Marcó del Pont, blog, 14/06/26)

Estados Unidos ha sido el gran impulsor de leyes de propiedad intelectual abusivas, imponiéndolas a los socios con los que ha firmado tratados comerciales... esos tratados comerciales están siendo alterados de manera unilateral por la Administración de Trump. por lo que la vigencia de estas leyes de propiedad intelectual podría ser lo próximo en caer... “En EE UU tenemos ahora a Trump, que puede usar las empresas tecnológicas estadounidenses para ejercer presión sobre gobiernos y empresas europeas a los que ve como rivales, y eso crea una oportunidad para impulsar la soberanía tecnológica de Europa”... la dependencia tecnológica de Estados Unidos es una apuesta cada vez más arriesgada... "si no te sometes a Trump, sus tecnológicas te cortan las piernas”... para salirse de esa dependencia, lo primero que hay que hacer es crear instrumentos que permitan la exportación de los contenidos, actualmente en los servidores de esas mismas tecnológicas, lo que en muchos casos solo podría hacerse vulnerando las leyes de propiedad intelectual. “Por eso creo que la oportunidad de dejar sin efecto esas leyes va a surgir en un futuro muy próximo, la gente se va a dar cuenta de que es imposible tener soberanía digital si las mantenemos”... esto lo ha espoleado el olvido de las leyes que nos protegían contra la formación de grandes monopolios... esta laxitud en el ejercicio del derecho de la competencia también podría estar terminando. “En el conjunto de la UE, en Corea del Sur, en Japón, en Singapur o en Canadá empiezan a verse acciones vigorosas para defender el derecho de la competencia” (Cory Doctorow)

 "Todas las plataformas de internet se parecen unas a otras, especialmente en su manera de decaer. Según el periodista y activista digital canadiense Cory Doctorow, la secuencia se repite una y otra vez: primero son buenas con los usuarios, ofreciendo los mejores resultados de búsqueda (Google), la manera más eficaz de conectar con amigos sin ser espiados (Facebook), o los productos más baratos (Amazon). En segundo lugar, se olvidan de los usuarios y pasan a concentrarse en los intereses de sus clientes empresariales, traficando con nuestros datos para venderles espacios publicitarios que empeoran drásticamente nuestra experiencia de uso. Hasta que su poder monopolístico y los efectos de red les permiten maltratar también a esos clientes, alterándoles unilateralmente el contrato con aumentos de tarifas y reducciones de servicios prestados.    

Doctorow lleva escribiendo sobre el proceso desde 2022, cuando para describirlo acuñó el término enshittification —término que podría traducirse como enmierdamiento—, declarado palabra del año por la American Dialect Society en 2023. El neologismo también da título al último libro de Doctorow, preseleccionado por Financial Times para la lista de las mejores publicaciones de negocios de 2025, donde analiza las razones que llevan a las plataformas a cumplir con esta secuencia decadente. No es algo que dependa de la virtud o maldad de las personas a cargo de estas plataformas, explica a EL PAÍS durante una entrevista telefónica, “sino algo que ocurre una y otra vez porque las reglas del juego que hemos creado lo permiten, les invitamos a hacer las cosas mal, y ellos responden a nuestra invitación haciendo las cosas mal”.

Entre las reglas del juego que según Doctorow permiten esa decadencia figuran las leyes que vetan cualquier intento de mejorar aplicaciones o dispositivos que incluyan software bajo el pretexto de que hacerlo atenta contra la propiedad intelectual del creador. Son esas leyes de propiedad intelectual las que vuelven ilegal modificar un teléfono inteligente para que acepte apps de tiendas alternativas al monopolio oficial, las que impiden que los conductores de los delivery adapten la aplicación para que no aproveche su vulnerabilidad ofreciéndoles cada vez menos dinero por envío, o las que prohíben hackear la app de Facebook para quitarle la molesta publicidad.

Como sede de las principales empresas tecnológicas, Estados Unidos ha sido también el gran impulsor de estas leyes de propiedad intelectual, imponiéndolas en los socios con los que ha firmado tratados comerciales. Pero en una coyuntura donde esos tratados comerciales están siendo alterados de manera unilateral por la Administración de Trump, la vigencia de estas leyes de propiedad intelectual podría ser lo próximo en caer, dice Doctorow, que lo vincula al momento Putin que vivió la Unión Europea tras la invasión a gran escala de Ucrania.

“En la Unión Europea también había un montón de reglas que dificultaban la transición hacia la energía solar, pero cuando ocurrió la invasión [y se redujo drásticamente la llegada de hidrocarburos por gasoductos] se hizo evidente que esas reglas eran menos importantes que garantizar la independencia energética, así que muchas regulaciones se levantaron y ahora Europa va 10 años por delante de lo que había pronosticado en sus objetivos de transición energética”, explica. “En EE UU tenemos ahora a Trump, que puede usar las empresas tecnológicas estadounidenses para ejercer presión sobre gobiernos y empresas europeas a los que ve como rivales, y eso crea una oportunidad para impulsar la soberanía tecnológica de Europa”.

En opinión de Doctorow, la dependencia tecnológica de Estados Unidos es una apuesta cada vez más arriesgada. La emisora de radio France Info publicó en octubre un informe sobre el magistrado francés Nicolas Guillou, que en la Corte Penal Internacional (CPI) preside una cámara sobre Palestina y ha perdido el acceso a sus cuentas personales en Amazon, Airbnb, Netflix, y Paypal, por las sanciones que la Administración de Trump impuso a la CPI tras la orden de arresto contra el premier israelí Benjamín Netanyahu. Antes de eso, la agencia de noticias Associated Press ya había publicado un artículo sobre la interrupción del servicio de correo de Microsoft a Karim Khan, el fiscal jefe de la CPI.

“Esto es una amenaza implícita a todos los gobiernos: si no te sometes a Trump, sus tecnológicas te cortan las piernas”, dice Doctorow. Claro que, para salirse de esa dependencia, lo primero que hay que hacer es crear instrumentos que permitan la exportación de los contenidos, actualmente en los servidores de esas mismas tecnológicas, lo que en muchos casos solo podría hacerse vulnerando las leyes de propiedad intelectual. “Por eso creo que la oportunidad de dejar sin efecto esas leyes va a surgir en un futuro muy próximo, la gente se va a dar cuenta de que es imposible tener soberanía digital si las mantenemos”, explica.

Otra regla que, según Doctorow, ha espoleado la enshittification de las plataformas es el olvido de las leyes que nos protegían contra la formación de grandes monopolios. Desde la época de Ronald Reagan ha imperado la visión de maximizar el beneficio del consumidor, tolerando los monopolios siempre y cuando redundasen en una bajada de precios (popularizada por Robert Bork en su libro de 1978 The antitrust paradox). El problema, dice Doctorow, es que los monopolios provocan otros perjuicios, aunque el precio de su producto sea igual a cero, como ocurre con muchos servicios de internet.

Condiciones leoninas

Uno de ellos es que estos monopolios tienden a convertirse en monopsonios, compradores casi únicos que ejercen una presión desmedida sobre las empresas y autónomos que necesitan las plataformas para acceder a sus usuarios. Desde los márgenes leoninos que cobran a las empresas que desean participar en la plataforma (los anunciantes y los que ofrecen productos o servicios, por ejemplo) hasta las condiciones esclavizantes que imponen a sus autónomos (riders y conductores).

En opinión de Doctorow, centrarse solo en el precio de los bienes y servicios es olvidar que los consumidores también son trabajadores o dueños de empresas pequeñas y necesitan las plataformas para sobrevivir. “Si se estancan los salarios y sus ingresos, cuando se acabe el consumo financiado por deuda vas a terminar teniendo un problema de consumo también”. La buena noticia, dice, es que esta laxitud en el ejercicio del derecho de la competencia también podría estar terminando. “En el conjunto de la UE, en Corea del Sur, en Japón, en Singapur o en Canadá empiezan a verse acciones vigorosas para defender el derecho de la competencia”, explica. “Esto es un movimiento que no ha sido liderado por los políticos, sino que los políticos se han limitado a seguir”, concluye." 

(Entrevista a Cory Doctorow,  Francisco de Zárate , El País, 07/11/25)

¿Podemos arreglar internet? Tim Berners-Lee apuesta por un «pod» universal de datos al que ha contribuido a desarrollar y que se llama ‘Solid’ (abreviatura de «social linked data»)... El sistema, desarrollado originalmente en el MIT, ofrecería un sitio central donde las personas podrían gestionar datos que van desde información de tarjetas de crédito hasta historiales médicos o comentarios en redes sociales. «En lugar de tener toda esta información compartida entre distintos proveedores en la web, podrías almacenar todo tu rastro digital en un único repositorio privado»... Otorgar mayor control a los usuarios y permitirles ver «qué datos se están generando sobre ellos» suena como una propuesta tentadora... Con Solid, todo, desde los registros de vacunación hasta las transacciones con tarjeta de crédito, podría mantenerse dentro de esa bóveda digital e integrarse en distintas aplicaciones. Berners-Lee cree que la inteligencia artificial también podría ayudar a las personas a aprovechar mejor esos datos, por ejemplo, vinculando planes de comidas con los gastos en supermercados. Aunque se muestra optimista sobre cómo la IA y Solid podrían coordinarse para mejorar la vida de los usuarios, no lo es tanto en cuanto a cómo garantizar que los chatbots gestionen esos datos personales de forma sensible y segura (Nathan Smith, MIT)

 "De algoritmos adictivos a prácticas abusivas por parte de las aplicaciones, y pasando por la minería de datos y la desinformación: internet puede ser un lugar peligroso actualmente. Tres figuras influyentes, el intelectual detrás de la «neutralidad de la red», una exdirectiva de Meta y el propio inventor de la web, han propuesto una serie de enfoques un tanto radicales para arreglar el problema. La pregunta reside en si estas son las personas adecuadas para este trabajo. Aunque cada una muestra convicción, e incluso en ocasiones ingenio, las soluciones que presentan tienen algunos puntos ciegos.

En The Age of Extraction: How Tech Platforms Conquered the Economy and Threaten Our Future Prosperity, Tim Wu sostiene que unas pocas empresas tecnológicas concentran demasiado poder y por ello deben ser desmanteladas. Wu, un destacado profesor de la Universidad de Columbia (Nueva York, EE UU) que popularizó el principio de que un internet libre requiere que todo el tráfico en línea sea tratado por igual. Además, cree que los mecanismos legales existentes, especialmente las leyes antimonopolio, ofrecen la mejor vía para lograr este objetivo.

Combinando teoría económica con historia digital reciente, Wu muestra cómo las tecnológicas han pasado de dar a los usuarios a extraer de ellos. Argumenta que nuestra incapacidad para comprender su poder no ha hecho más que alentarlas a crecer, desplazando a competidores en el camino. Afirma que el hecho de que estas herramientas sean tan útiles y convenientes es la baza que estas empresas usan para mantener atrapados a los usuarios. «El deseo humano de evitar un dolor e incomodidad innecesarios», escribe, puede ser «la fuerza más poderosa que existe».

Cita los «ecosistemas» de Google y Apple como ejemplos, mostrando cómo los usuarios pueden volverse dependientes de estos servicios debido a su integración total y sin fisuras. Para Wu, esto en sí mismo no es malo. La facilidad de usar Amazon para ver contenido en streaming, hacer compras online o ayudar a organizar la vida cotidiana tiene claras ventajas. Pero cuando empresas poderosas como Amazon, Apple y Alphabet ganan la batalla con tantos usuarios, sin permitir que entren competidores al mercado, el resultado es una «dominación industrial» que ahora debe ser reevaluada.

Las medidas que Wu defiende, que a su vez son las que parecen más prácticas al basarse en marcos legales y políticas económicas ya existentes, son leyes federales antimonopolio, límites de utilidad que restringen cuánto pueden cobrar las empresas a los consumidores por sus servicios, y restricciones por área de negocio, que prohíben a las compañías operar en ciertos sectores.

Las disposiciones antimonopolio y las leyes de competencia son las armas más eficaces con las que contamos en nuestro arsenal, sostiene Wu, señalando que han sido utilizadas con éxito contra empresas tecnológicas en el pasado y cita dos casos conocidos. El primero es el caso antimonopolio de los años sesenta presentado por el gobierno de EE UU contra IBM, que ayudó a crear competencia en el mercado de software informático y permitió el surgimiento de empresas como Apple y Microsoft. El caso de AT&T en 1982, por su parte, desmanteló el conglomerado telefónico en varias compañías más pequeñas. En ambos casos, el público se benefició de la separación entre hardware, software y otros servicios, lo que llevó a una mayor competencia y opciones en el mercado tecnológico.

La cuestión está en si servirán estos casos de precedente para predecir el futuro. Aún no está claro si estas leyes pueden tener éxito en la era de las tecnológicas. El caso antimonopolio de 2025 contra Google en el que un juez dictaminó que la empresa no tenía que desprenderse de su navegador Chrome, como proponía el Departamento de Justicia de EE UU, revela cuáles son los límites de la ley para ir en contra de las tecnológicas. El caso antimonopolio de 2001 contra Microsoft tampoco logró separar a la compañía de su navegador web y mantuvo gran parte de su conglomerado intacto. Wu evita descaradamente hablar del caso de Microsoft para defender la acción antimonopolio en la actualidad.

Nick Clegg, hasta hace poco presidente de asuntos globales de Meta y ex viceprimer ministro del Reino Unido, adopta una postura muy distinta a la de Wu: considera que intentar desmantelar las grandes empresas tecnológicas es un error y que ello perjudicaría la experiencia de los usuarios en internet.

En How to Save the Internet: The Threat to Global Connection in the Age of AI and Political Conflict, Clegg reconoce el monopolio que ejercen las grandes tecnológicas sobre la web. Sin embargo, cree que las medidas legales punitivas, como las leyes antimonopolio, son improductivas y pueden evitarse mediante regulación, como normas sobre qué contenido pueden o no publicar las redes sociales. Cabe señalar que Meta se enfrenta a su propio caso antimonopolio, relacionado con si debió permitirse la adquisición de Instagram y WhatsApp.

Clegg también cree que Silicon Valley debería tomar la iniciativa para transformarse. Argumenta que fomentar «abrir los libros» en las redes sociales y ser transparentes reconociendo su poder de decisión con los usuarios tiene más probabilidades de devolver cierto equilibrio que contemplar acciones legales como primera opción.

No obstante, algunos podrían mostrarse escépticos ante un exdirectivo de Meta y político que trabajó estrechamente con Mark Zuckerberg y que, aun así, no logró impulsar tales cambios en las redes sociales mientras trabajaba en una de ellas. A este escepticismo se le suma el que creará la historia en la que Clegg reconoce brevemente algunos escándalos dentro de su libro, como el relacionado con la extracción de datos de usuarios de Facebook por parte de Cambridge Analytica en 2016, pero se niega a abordar otros igualmente relevantes. Por ejemplo, Clegg lamenta la naturaleza «fragmentada» del internet global actual, pero no reconoce el papel de Facebook en esa fragmentación.

Desmantelar a las grandes tecnológicas mediante leyes antimonopolio pondría trabas a la innovación, afirma Clegg, argumentando que esa idea «ignora por completo los beneficios que los usuarios obtienen de las redes». Los usuarios se mantienen en estos canales con ingente cantidad de contenido porque pueden encontrar «la mayoría de las cosas que buscan», escribe, como pueden ser amigos, contenido en redes sociales o productos baratos en Amazon e eBay.

Wu podría ceder en este punto, pero discreparía de las afirmaciones de Clegg de que mantener el status quo beneficia a los usuarios. «La lógica tradicional de la ley antimonopolio no funciona», insiste Clegg. Cree que una regulación menos drástica puede ayudar a que las grandes tecnológicas sean menos peligrosas, al tiempo que garantiza una mejor experiencia para el usuario.

Clegg ha visto ambos lados de la moneda: trabajó en el gobierno de David Cameron aprobando leyes nacionales que las empresas tecnológicas debían cumplir, y luego se trasladó a Meta para ayudar a la compañía a aplicar ese tipo de obligaciones específicas de cada país. Lamenta las molestias y la complejidad que enfrenta Silicon Valley al intentar cumplir con normativas distintas en todo el mundo, algunas establecidas por «agencias federales estadounidenses» y otras por «nacionalistas indios».

Con la cantidad de recursos que manejan estas empresas, uno se plantea si no deberían estar más que preparadas para afrontarlo. Dado que Meta ha interferido anteriormente en el acceso a internet (como en India, donde el regulador de telecomunicaciones bloqueó su servicio Free Basics por violar las normas de neutralidad de la red), esta queja es algo sospechosa viniendo de Clegg. Lo que debería ser la verdadera prioridad, argumenta, no son nuevas leyes nacionales, sino un «tratado global que proteja el libre flujo de datos entre los países firmantes».

Clegg cree que estas obligaciones tecnológicas específicas de cada país, como la reciente prohibición en Australia del uso de redes sociales para menores de 16 años, suelen ser el reflejo de mitos sobre el impacto de la tecnología en los humanos, un tema que puede estar cargado de ansiedad. Estas leyes han demostrado ser ineficaces y tienden a distorsionar la comprensión pública de las redes sociales, afirma. Hay algo de verdad en su argumento, pero leer un libro en el que un exdirectivo de Facebook rechaza el determinismo tecnológico, es decir, la idea de que la tecnología hace que las personas piensen o actúen de determinada manera, puede resultar poco creíble para quienes han visto el daño que la tecnología puede llegar a causar.

En cualquier caso, la actitud defensiva de Clegg respecto a las redes sociales puede no ganarse el favor de los propios usuarios. Subraya la necesidad de una mayor responsabilidad personal, argumentando que Meta no pretende que los usuarios permanezcan indefinidamente en Facebook o Instagram: «El tiempo que pasas en la aplicación en una sola sesión no es ni de lejos tan importante como conseguir que vuelvas una y otra vez«. Las empresas de redes sociales quieren ofrecerte contenido que sea «significativo para ti», afirma, y no «darte simplemente un subidón momentáneo de dopamina». Todo esto, sin embargo, resulta bastante poco creíble.

Lo que Clegg defiende no es el desmantelamiento de las grandes tecnológicas, sino un impulso para que estas se vuelvan «totalmente transparentes», ya sea por iniciativa propia o, si es necesario, con la ayuda de legisladores federales. También quiere que las plataformas involucren más a los usuarios en sus procesos de gobernanza utilizando, por ejemplo, el modelo de foros comunitarios de Facebook para mejorar sus aplicaciones y productos. Por último, Clegg también desea que las grandes tecnológicas otorguen a los usuarios un control más significativo de sus datos y conocimiento sobre cómo empresas como Meta pueden utilizarlos.

Clegg coincide con el inventor de la web, Tim Berners-Lee, que plantea una reforma técnica específica para lograr precisamente eso. En su libro de memorias y manifiesto This Is for Everyone: The Unfinished Story of the World Wide Web, Berners-Lee reconoce que su visión inicial, una tecnología que esperaba que se mantuviera de código abierto, colaborativa y completamente descentralizada, dista mucho de la web que conocemos hoy.

Si algo queda vivo de ese proyecto original, dice, es Wikipedia, que sigue siendo «probablemente el mejor ejemplo de lo que quería que fuera la web». Su mejor idea para trasladar el poder de las plataformas de Silicon Valley a manos de los usuarios es darles más control sobre sus datos. Él apuesta por un «pod» universal de datos al que ha contribuido a desarrollar y que se llama ‘Solid’ (abreviatura de «social linked data»).

El sistema, desarrollado originalmente en el MIT, ofrecería un sitio central donde las personas podrían gestionar datos que van desde información de tarjetas de crédito hasta historiales médicos o comentarios en redes sociales. «En lugar de tener toda esta información compartida entre distintos proveedores en la web, podrías almacenar todo tu rastro digital en un único repositorio privado», escribe Berners-Lee.

El producto Solid puede parecer una especie de solución mágica en una era en la que el tráfico de datos es habitual y las brechas de seguridad diarias. Otorgar mayor control a los usuarios y permitirles ver «qué datos se están generando sobre ellos» suena como una propuesta tentadora.

Pero algunas personas pueden tener reservas, por ejemplo, sobre la idea de fusionar sus historiales médicos confidenciales con datos de dispositivos personales (como puede ser la información de ritmo cardíaco de un reloj inteligente). Por mucho control y descentralización que prometa Berners-Lee, los escándalos recientes relacionados con datos, como aquel en que una aplicación de seguimiento menstrual hizo un uso indebido de los datos de sus usuarias, pueden retumbar en la mente de muchos.

Berners-Lee cree que centralizar los datos de los usuarios en un producto como Solid podría ahorrar tiempo y mejorar la vida cotidiana en internet. «Un alienígena que llegara a la Tierra pensaría que es muy extraño que tenga que decirle a mi teléfono las mismas cosas una y otra vez», ha expresado, sobre la experiencia de búsqueda de un vuelo en distintas aerolíneas.

Con Solid, todo, desde los registros de vacunación hasta las transacciones con tarjeta de crédito, podría mantenerse dentro de esa bóveda digital e integrarse en distintas aplicaciones. Berners-Lee cree que la inteligencia artificial también podría ayudar a las personas a aprovechar mejor esos datos, por ejemplo, vinculando planes de comidas con los gastos en supermercados. Aunque se muestra optimista sobre cómo la IA y Solid podrían coordinarse para mejorar la vida de los usuarios, no lo es tanto en cuanto a cómo garantizar que los chatbots gestionen esos datos personales de forma sensible y segura.

Berners-Lee se opone en general a la regulación de la web, excepto en el caso de los adolescentes y los algoritmos de redes sociales, donde sí ve una necesidad real. Cree en el derecho individual de los usuarios de internet a controlar sus propios datos y confía en que un producto como Solid podría «reorientar» la web desde su actual rumbo «explotador» y extractivo.

De los tres enfoques propuestos para transformar internet, el de Wu es el que ha mostrado cierta eficacia recientemente. Empresas como Google se han visto obligadas a compartir datos con competidores y ahora enfrentan límites sobre cómo pueden utilizar sus sistemas en nuevos productos y tecnologías. Pero, en el actual clima político de EE UU cabe plantearse si se seguirán aplicando las leyes antimonopolio contra las grandes tecnológicas.

Clegg podría salirse con la suya en un aspecto: limitar las nuevas leyes nacionales. El presidente Donald Trump ha confirmado que utilizará aranceles para penalizar a los países que aprueben leyes nacionales dirigidas contra empresas tecnológicas estadounidenses. Además, dada la postura del presidente de EE UU, no parece probable que las grandes tecnológicas tengan que enfrentarse a más regulación en el país. De hecho, las redes sociales parecen haberse envalentonado (Meta, por ejemplo, eliminó a los verificadores de hechos y relajó las normas de moderación de contenido tras la victoria electoral de Trump). En cualquier caso, EE UU no ha aprobado una legislación federal importante sobre internet desde 1996.

Si no es posible utilizar las leyes antimonopolio a través de los tribunales, la apuesta de Clegg por un acuerdo general liderado por EE UU, que establezca normas consensuadas sobre datos y estándares aceptables de derechos humanos a nivel global, podría ser la única forma de lograr mejoras más inmediatas.

Al final, no existe una única solución para los males que acechan a internet hoy. Pero las ideas en las que coinciden los tres autores: mayor control para los usuarios, más privacidad de datos y una mayor rendición de cuentas por parte de Silicon Valley, son, sin duda, los objetivos por los que todos deberíamos luchar." 

(Nathan Smith , MIT, 16/10/25)

Sobre el arresto político de Pavel Durov... la detención de Durov recuerda en muchos aspectos a la de Meng Wanzhou, que tuvo lugar en Canadá en 2018 en el marco de la guerra lanzada por Estados Unidos contra la empresa china de telecomunicaciones Huawei... «Fue un país occidental, aliado de la administración Biden y miembro entusiasta de la OTAN, el que lo puso entre rejas. Pavel Durov se encuentra esta noche en una prisión francesa, una advertencia en vida para cualquier propietario de una plataforma que se niegue a censurar la verdad a petición de gobiernos y agencias de inteligencia. La oscuridad está descendiendo rápidamente sobre el mundo que una vez fue libre», escribió el conocido periodista estadounidense Tucker Carlson... y Snowden dijo: «La detención de Durov es un ataque a los derechos humanos fundamentales de libertad de expresión y asociación. Me sorprende y entristece profundamente que Macron haya descendido al nivel de la toma de rehenes como medio para acceder a comunicaciones privadas. Esto denigra no solo a Francia, sino al mundo entero»

"La detención de Pavel Durov en Francia está suscitando una tormenta de polémica internacional, con numerosas voces que denuncian el carácter político del caso. Entre acusaciones de censura y ataques a la libertad de expresión, el episodio representa un nuevo capítulo de la compleja guerra mundial de la información.

Nuevo capítulo de la guerra híbrida lanzada por Occidente contra Rusia, la detención de Pavel Durov en Francia ocupa las portadas de los periódicos de todo el mundo. Sin embargo, como de costumbre, la prensa occidental está haciendo todo lo posible para ofrecer una versión sesgada de los hechos, en un intento de ocultar la naturaleza puramente política de la detención del joven empresario ruso, que también tiene la ciudadanía francesa.

Incluso el presidente francés, Emmanuel Macron, tomó la palabra para tratar de negar el carácter político de la detención: «La detención del presidente de Telegram en suelo francés se produjo en el marco de una investigación judicial en curso. No se trata en ningún caso de una decisión política. Corresponde a los jueces pronunciarse al respecto», escribió el dirigente francés en su página X. «Francia está profundamente comprometida con la libertad de expresión y comunicación, la innovación y el espíritu emprendedor», afirmó. «En un Estado de derecho, las libertades están protegidas dentro de un marco legal, tanto en las redes sociales como en la vida real, para proteger a los ciudadanos y respetar sus derechos fundamentales», añadió Macron.

Sin embargo, el mero hecho de que Macron se viera obligado a intervenir para negar la naturaleza política de la detención de Durov parece casi una confirmación de lo acertado de esta teoría, en desafío a la libertad de expresión con la que les gusta llenarse la boca a los autodenominados líderes «democráticos» occidentales. De hecho, la detención de Durov recuerda en muchos aspectos a la de Meng Wanzhou, que tuvo lugar en Canadá en 2018 en el marco de la guerra lanzada por Estados Unidos contra la empresa china de telecomunicaciones Huawei.

La detención de Durov ha desatado una ola de protestas y polémica no sólo en Rusia, cuyas autoridades han exigido la liberación inmediata del detenido, sino también por parte de muchos occidentales que no se tragan la propaganda oficial de los medios de comunicación. «Fue un país occidental, aliado de la administración Biden y miembro entusiasta de la OTAN, el que lo puso entre rejas. Pavel Durov se encuentra esta noche en una prisión francesa, una advertencia en vida para cualquier propietario de una plataforma que se niegue a censurar la verdad a petición de gobiernos y agencias de inteligencia. La oscuridad está descendiendo rápidamente sobre el mundo que una vez fue libre», escribió el conocido periodista estadounidense Tucker Carlson en su página X.  

Posteriormente, Carlson retomó el tema en una entrevista que mantuvo con Robert Kennedy Jr. y afirmó que la detención de Durov no representa más que un «sello de la dictadura». «La administración Biden animó al presidente francés Macron a detener al propietario y fundador de Telegram, Pavel Durov, que actualmente se encuentra en una prisión francesa. Esto parece, quiero decir, el sello distintivo de la dictadura, en mi opinión», fueron las palabras del periodista, que se dio a conocer internacionalmente por ser el primer occidental en entrevistar a Vladímir Putin desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania.

Edward Snowden, antiguo miembro de los servicios de inteligencia estadounidenses y famoso por filtrar documentos secretos que demostraban la existencia de un programa de vigilancia global por parte de Washington, también calificó la detención de Durov de ataque a la libertad de expresión y de vergüenza para Francia y el mundo: «La detención de Durov es un ataque a los derechos humanos fundamentales de libertad de expresión y asociación. Me sorprende y entristece profundamente que Macron haya descendido al nivel de la toma de rehenes como medio para acceder a comunicaciones privadas. Esto denigra no solo a Francia, sino al mundo entero», escribió en su página X.

Sevim Dagdelen, diputado alemán de izquierdas, declaró a su vez que «la detención de Pavel Durov en Francia, que al parecer se debe a su negativa a conceder a los servicios de inteligencia occidentales acceso a los datos de los usuarios, es un ataque flagrante a la libertad de expresión y de palabra». Incluso en la propia Francia no faltaron voces críticas con la detención de Durov, como la de Florian Philippot, ex eurodiputado y líder del partido derechista Les Patriotes. Según Philippot, se trata de «una guerra contra la libertad de expresión en general».

Tras los numerosos casos del pasado, como el de Julian Assange, víctima de años de persecución, y los ya mencionados de Edward Snowden -obligado a solicitar la ciudadanía rusa- y Meng Wanzhou, la detención de Pavel Durov representa un caso más de flagrante violación de los derechos humanos por parte de las potencias occidentales, que siguen aplicando su propio doble rasero según el cual las violaciones son solo las cometidas por terceros. Los mismos que lloriqueaban por la detención del neonazi Aleksej Naval'nyj, aplauden ahora el arresto de Durov, culpable de no vender los datos de sus usuarios, como le gusta hacer a Mark Zuckerberg.

Según el senador ruso Vladimir Džabarov, Estados Unidos ideó el plan de la detención de Durov no sólo para atacar al fundador de Telegram, sino sobre todo para apoderarse de la propia plataforma de mensajería instantánea y hacerse con información relativa a los ciudadanos y las tropas de la Federación Rusa. «Creo que aquí hay algo más en juego, la operación militar especial. Mientras que muchos dicen que Telegram es seguro para su uso, los estadounidenses no [...] tienen acceso a esta red social, por lo que tratarán de establecer un control sobre esta plataforma para utilizar la información contra las tropas rusas. Creo que deberíamos tener esto en cuenta», declaró el senador en una entrevista a la cadena de televisión Rossija-24.

Como muchos otros, Džabarov afirma que Washington está detrás de la detención de Durov por las autoridades francesas. «Creo que los estadounidenses intentarán examinar cada uno de los mensajes de Telegram. No se limitarán a decir, señor Durov, dénos información sobre esta persona concreta de la que sospechamos que es terrorista. Por supuesto que no, lo leerán todo», dijo el senador. Además, según Džabarov, las agencias de inteligencia estadounidenses podrían intentar obtener la cooperación de Durov. Creo que probablemente intentarán doblegarle, como hicieron con Zuckerberg. Sabes que hablaba de independencia, pero todas sus redes acabaron [...] cooperando muy bien con los servicios de inteligencia. Y WhatsApp está bajo el control total de los estadounidenses. Creo que intentarán hacer lo mismo con Telegram', dijo. Si no, lo dejarán encarcelado hasta que ceda», concluyó." 

(Giulio Chinappi , Marx21, 28/08/24, traducción DEEPL, enlaces en el original) 

El fallo tecnológico masivo que provocó el caos en todo el mundo plantea importantes cuestiones sobre la propiedad y el control de nuestro mundo digital... la información, los pagos, el transporte y las comunicaciones del mundo dependen de las decisiones y operaciones de unas pocas empresas privadas «con ánimo de lucro (masivo)»... mis amigos técnicos consideran que Microsoft Windows es un sistema operativo muy pobre, vulnerable a fallos y otros errores de codificación, a diferencia de otros sistemas, incluidos los gratuitos de «código abierto»... Durante décadas, Microsoft ha seguido una estrategia de dependencia del proveedor... Desde aeropuertos a hospitales, pasando por centros de llamadas al 911 y sistemas financieros, millones de personas sufren hoy las consecuencias de la codicia y el ego de uno de los delincuentes más atroces de la gran tecnología. Cuando sólo tres empresas -Microsoft, Amazon y Google- dominan el mercado de la computación en nube, un incidente menor puede tener ramificaciones globales». ¿Cuál es la respuesta? La cuestión se centra realmente en quién posee y controla nuestro mundo digital... La alta concentración de ese poder digital es una razón más para la sustitución de las corporaciones capitalistas por empresas públicas controladas democráticamente por los órganos populares y los trabajadores tecnológicos de las mismas. Necesitamos que los Siete Magníficos de los medios sociales y las empresas tecnológicas, actualmente dirigidas y controladas por multimillonarios que deciden qué gastar y dónde, pasen a ser de propiedad pública (Michael Roberts)

 "El fallo tecnológico masivo que provocó el caos en todo el mundo plantea importantes cuestiones sobre la propiedad y el control de nuestro mundo digital.  La empresa de ciberseguridad CrowdStrike, relativamente desconocida, admitió que el problema fue causado por una actualización de su software antivirus, diseñado para proteger los dispositivos Microsoft Windows de ataques maliciosos.

Mis amigos programadores «techie» me dicen que parecen dos errores de codificación muy básicos que deberían haber sido detectados y probados antes de ser «forzados» en los sistemas operativos de Microsoft.

CrowdStrike es una empresa estadounidense con sede en Austin (Texas), que cotiza en la bolsa de EE.UU. y emplea a 8.500 personas con 24.000 clientes.  Como proveedora de servicios de ciberseguridad, suele ser llamada para ocuparse de las secuelas de los ataques informáticos.  Pero también ofrece protección contra virus y ciberataques, aunque parece que no contra sus propios programas.

 El fallo afectó gravemente a los servicios bancarios y sanitarios, con más de 8,5 millones de máquinas que utilizan Microsoft.  Los sistemas de aerolíneas y aeropuertos fallaron, lo que provocó la cancelación de 3.300 vuelos.  Los sistemas de nóminas de muchas empresas se han visto afectados, lo que significa que miles de empleados no cobrarán sus salarios mensuales a tiempo.  La interrupción podría costar miles de millones de dólares en todo el mundo y tardar semanas en solucionarse, ya que los ordenadores tendrán que reiniciarse manualmente en «modo seguro», lo que supondrá un enorme quebradero de cabeza para los departamentos informáticos de todo el mundo.

Lo que revela esta interrupción es el enorme dominio tanto de Microsoft como de CrowdStrike en el software informático y la ciberseguridad.  Microsoft Windows tiene alrededor del 72% de la cuota de mercado mundial de sistemas operativos, mientras que la cuota de mercado de CrowdStrike en la categoría de seguridad de «protección de puntos finales» es del 24%.  Así pues, la información, los pagos, el transporte y las comunicaciones del mundo dependen de las decisiones y operaciones de unas pocas empresas privadas «con ánimo de lucro (masivo)».  En palabras de un activista «El apagón mundial masivo de Microsoft es el resultado de un monopolio de software que se ha convertido en un único punto de fallo para gran parte de la economía mundial».

 Un problema que se deriva de esto es que no hay diversificación de sistemas operativos.  De nuevo, mis amigos técnicos consideran que Microsoft Windows es un sistema operativo muy pobre, vulnerable a fallos y otros errores de codificación, a diferencia de otros sistemas, incluidos los gratuitos de «código abierto».  «Durante décadas, Microsoft ha seguido una estrategia de dependencia del proveedor que ha impedido a los sectores público y privado diversificar sus capacidades informáticas. Desde aeropuertos a hospitales, pasando por centros de llamadas al 911 y sistemas financieros, millones de personas sufren hoy las consecuencias de la codicia y el ego de uno de los delincuentes más atroces de la gran tecnología.  Cuando sólo tres empresas -Microsoft, Amazon y Google- dominan el mercado de la computación en nube, un incidente menor puede tener ramificaciones globales».

¿Cuál es la respuesta?  Los técnicos dicen que necesitamos más sistemas de respaldo, digamos al menos dos proveedores independientes para sus operaciones básicas, o al menos garantizar que ningún proveedor represente más de dos tercios de su infraestructura informática crítica.  Así, si un proveedor sufre un fallo catastrófico, el otro puede seguir funcionando. Pero una cosa es tener sistemas de reserva y otra diversificarse en distintos sistemas operativos que corren el riesgo de no ser compatibles entre sí.  Una vez más, mis amigos técnicos consideran que muchos fallos y caídas se deben a que en una misma empresa operan sistemas diferentes.  Eso significa que no hay una visión única «de principio a fin».  Como resultado, si las cosas van mal en una parte de la empresa desde el punto de vista tecnológico, los equipos técnicos no pueden ver por qué desde el otro extremo del proceso empresarial.  Demasiados cocineros han echado a perder el caldo.

¿Es una mayor regulación de las grandes empresas tecnológicas la respuesta? Yo creo que no.  La regulación de las empresas capitalistas «con ánimo de lucro» por parte de los organismos reguladores gubernamentales ha sido un fracaso probado en casi todos los sectores: finanzas, servicios públicos, transporte, comunicaciones, etcétera.  Estas empresas se limitan a hacer caso omiso de las normativas, pagan las multas si se les descubre y siguen «como si nada».

¿Y si acabamos con los grandes monopolios tecnológicos?  Es el grito habitual de algunos:  «Hace tiempo que Microsoft y otros monopolios de las grandes tecnológicas deberían haber desaparecido definitivamente».  Estos monopolios no sólo son demasiado grandes para preocuparse, sino también para gestionar. Y a pesar de ser demasiado grandes para fracasar, nos han fallado. Una y otra vez. Ha llegado la hora de ajustar cuentas. No podemos seguir permitiendo que los ejecutivos de Microsoft minimicen su papel a la hora de hacernos a todos más vulnerables.»

Pero las medidas antimonopolio que disuelven las grandes empresas han servido de poco en el pasado.  Las principales economías están aún más dominadas por las grandes empresas que hace cien años.  Tomemos como ejemplo la disolución de la Standard Oil en 1911, cuando controlaba más del 90% del sector petrolero estadounidense.  ¿Llevó esa disolución a la creación de muchas pequeñas compañías petroleras «manejables» en todo el mundo que trabajaban en interés de la sociedad?  No, porque en muchas industrias las economías de escala deben funcionar para aumentar la productividad y para que las empresas capitalistas maximicen la rentabilidad.  Ahora, cien años después de la disolución de la Standard Oil, tenemos empresas energéticas multinacionales aún mayores que controlan la inversión en combustibles fósiles y los precios de la energía.

Es el mismo debate con la banca digital.  Justo el día antes de la interrupción mundial de CrowdStrike, el Banco de Inglaterra informó de que su servicio de transacciones bancarias CHAPS se había averiado, retrasando muchos pagos urgentes.  Al parecer, el sistema internacional de pagos transfronterizos SWIFT sufrió una interrupción durante varias horas.  Y de hecho, ha habido una letanía de fallos del sistema bancario en los cajeros automáticos y en las transacciones digitales en los últimos 20 años. 

Los grandes bancos de todo el mundo gastan enormes cantidades de dinero en especular en los mercados bursátiles y de bonos, pero no gastan lo suficiente para garantizar que los servicios bancarios básicos para el público (tanto hogares como pequeñas empresas) funcionen sin problemas.  Esto se denomina a veces «deuda tecnológica». Esto ha llevado a algunos a argumentar que necesitamos detener la digitalización total de las transacciones monetarias.

El efectivo sigue siendo un recurso seguro cuando los pagos digitales fallan.  El sindicato británico GMB afirma que «el efectivo es una parte vital del funcionamiento de nuestras comunidades». Cuando se retira el efectivo del sistema, la gente no tiene nada a lo que recurrir, lo que afecta a su forma de hacer las cosas básicas del día a día».  El dinero en efectivo, se argumenta, también proporciona más control sobre el dinero de la gente.  Martin Quinn, director de campaña del PCA, afirma que el uso de efectivo permite el anonimato. «No quiero que se vendan mis datos ni que los bancos, las empresas de tarjetas de crédito e incluso los minoristas online conozcan cada faceta de mi vida», afirmó. Presupuestar utilizando dinero en efectivo también es más fácil para algunos».

Y el ejemplo de lo que hizo el Gobierno indio en 2016 es una lección al respecto.  El Gobierno indio eliminó abruptamente la mayor parte del papel moneda del país con la esperanza de acabar con el «dinero negro» y frenar la corrupción.  Pero un estudio de noviembre de 2017 sobre 3000 mercados agrícolas regulados de 35 de los principales productos básicos agrícolas, realizado durante los tres meses inmediatamente posteriores a la desmonetización, concluyó que la eliminación de los billetes de alto valor monetario había reducido el valor del comercio agrícola nacional en más de un 15 % a corto plazo, estableciéndose en una reducción del 7 % con tres meses de retraso.  En una «economía informal» en gran medida, donde las personas más vulnerables aún no tienen acceso a los pagos digitales, esta desmonetización fue una medida draconiana que perjudicó mucho a los más pobres de la India.

Pero, de nuevo, sería un error concluir que debemos volver al dinero en efectivo.  El efectivo bajo el colchón puede proteger de las miradas indiscretas de las autoridades, pero seguiría siendo un método ineficaz de transacciones monetarias y, como sabemos, un atractivo para la delincuencia.  Por supuesto, el robo violento de efectivo personal y corporativo (como vemos en las películas de acción) ha sido sustituido ahora por la extracción silenciosa de los ahorros de la gente y las cuentas de las empresas mediante estafas cibernéticas.  Pero eso no significa que haya que dar marcha atrás en la digitalización del dinero.  

La cuestión se centra realmente en quién posee y controla nuestro mundo digital. La alta concentración de ese poder digital es una razón más para la sustitución de las corporaciones capitalistas por empresas públicas controladas democráticamente por los órganos populares y los trabajadores tecnológicos de las mismas.  Necesitamos que los Siete Magníficos de los medios sociales y las empresas tecnológicas, actualmente dirigidas y controladas por multimillonarios que deciden qué gastar y dónde, pasen a ser de propiedad pública.  Así podría reducirse drásticamente el enorme despilfarro de recursos en proyectos tecnológicos diseñados sólo para ganar dinero y no para ofrecer sistemas útiles y seguros que beneficien la vida de las personas. El error humano no desaparecería, pero la organización y el control de nuestro mundo cada vez más digital podría orientarse hacia las necesidades sociales y no hacia el beneficio privado."                

 (Michael Roberts, blog, 21/07/24, traducción DEEPL, enlaces en el original)

Paul Krugman: La guerra económica a la americana... el hecho de que gran parte de las transacciones económicas mundiales pasen por bancos y cables que Estados Unidos controla, otorga a Washington poderes que ningún gobierno ha poseído en la historia... ¿Está Washington abusando de sus armas más poderosas? La ex jefa ejecutiva de Hong Kong nombrada por China, después de que Estados Unidos la sancionara, no pudo abrir una cuenta bancaria en ningún sitio, ni siquiera en un banco chino. En su lugar, tuvo que cobrar en efectivo, guardando montones de dinero en su residencia oficial... En 2012, el gobierno estadounidense pudo dejar a Irán fuera del sistema financiero mundial, con un efecto brutal... Una posible solución sería crear normas internacionales para la explotación de los puntos de transacciones económicas, en la línea de las normas que han limitado los aranceles

 "Supongamos que una empresa de Perú quiere hacer negocios con una empresa de Malasia. No debería ser difícil para las empresas llegar a un acuerdo. El envío de dinero a través de las fronteras nacionales suele ser sencillo, al igual que la transferencia internacional de grandes cantidades de datos.

Pero hay una trampa: se den cuenta o no las empresas, sus transacciones, tanto de información financiera como de datos, serán casi con toda seguridad indirectas y probablemente pasarán por Estados Unidos o por instituciones sobre las que el gobierno estadounidense tiene un control sustancial. Cuando lo hagan, Washington tendrá el poder de supervisar el intercambio y, si lo desea, detenerlo en seco, es decir, impedir que la empresa peruana y la empresa malasia hagan negocios entre sí. De hecho, Estados Unidos podría impedir que muchas empresas peruanas y malayas comerciaran bienes en general, aislando en gran medida a los países de la economía internacional.

Parte de lo que sustenta este poder es bien conocido: gran parte del comercio mundial se realiza en dólares. El dólar es una de las pocas divisas que aceptan casi todos los grandes bancos, y sin duda la más utilizada. Como resultado, el dólar es la moneda que muchas empresas deben utilizar si quieren hacer negocios internacionales. No existe un mercado real en el que la empresa peruana pueda cambiar soles peruanos por ringgit malasios, por lo que los bancos locales que facilitan ese comercio normalmente utilizarán soles para comprar dólares estadounidenses y luego utilizarán dólares para comprar ringgit. Para ello, sin embargo, los bancos deben tener acceso al sistema financiero estadounidense y seguir las normas establecidas por Washington. Pero hay otra razón, menos conocida, por la que Estados Unidos tiene un poder económico abrumador. La mayoría de los cables de fibra óptica del mundo, que transportan datos y mensajes por todo el planeta, pasan por Estados Unidos. Y allí donde estos cables llegan a tierra estadounidense, Washington puede vigilar su tráfico, y de hecho lo hace: básicamente haciendo un registro de cada paquete de datos que permite a la Agencia de Seguridad Nacional ver los datos. Por tanto, Estados Unidos puede espiar fácilmente lo que hacen casi todas las empresas y todos los demás países. Puede determinar cuándo sus competidores amenazan sus intereses y emitir sanciones significativas en respuesta.

El espionaje y las sanciones de Washington es el tema de Underground Empire: How America Weaponized the World Economy, de Henry Farrell y Abraham Newman. Este revelador libro explica cómo Washington llegó a tener un poder tan impresionante y las muchas formas en que despliega esta autoridad. Farrell y Newman detallan cómo el 11 de septiembre empujó a Estados Unidos a empezar a utilizar su imperio y cómo sus muchos componentes se han unido para constreñir tanto a China como a Rusia. Demuestran que, aunque a otros Estados no les gusten las redes de Washington, escapar de ellas es extremadamente difícil.

Los autores también demuestran cómo, en nombre de la seguridad, Estados Unidos ha creado un sistema del que a menudo se abusa. "Para proteger a Estados Unidos, Washington ha convertido, sin prisa pero sin pausa, prósperas redes económicas en herramientas de dominación", escriben Farrell y Newman. Y como dejan claro en su libro, los esfuerzos de Estados Unidos por dominar pueden causar un daño tremendo. Si Washington despliega sus herramientas con demasiada frecuencia, podría incitar a otros países a romper el actual orden internacional. Estados Unidos podría empujar a China a aislarse de gran parte de la economía mundial, frenando el crecimiento global. Y Washington podría utilizar su autoridad para castigar a Estados y personas que no han hecho nada malo. Por tanto, los expertos deben reflexionar sobre la mejor manera de limitar -si no contener del todo- el imperio de Estados Unidos.

DATOS Y DÓLARES

La centralidad de Estados Unidos en las finanzas mundiales y la transmisión de datos no es totalmente inédita. La primera potencia mundial siempre ha ejercido un enorme control sobre la economía mundial y las redes de comunicación. A principios del siglo XX, por ejemplo, la libra esterlina desempeñaba un papel clave en muchas transacciones internacionales, y una pluralidad de todos los cables telegráficos submarinos mundiales pasaban por Londres.

Pero 2023 no es 1901. La era actual se define por lo que algunos economistas llaman "hiperglobalización". El mundo está mucho más entrelazado que hace un siglo. No se trata sólo de que el comercio mundial represente ahora una parte mayor de la actividad económica que en el pasado; se trata también de que la complejidad de las transacciones internacionales es mucho mayor que nunca. Y el hecho de que muchas de estas transacciones pasen por bancos y cables que Estados Unidos controla otorga a Washington poderes que ningún gobierno ha poseído en la historia.

Muchos observadores profanos, y bastantes comentaristas profesionales, imaginan que este dominio proporciona a Estados Unidos grandes ventajas económicas. Pero los economistas que han hecho los cálculos generalmente no creen que la posición especial del dólar suponga más que una contribución marginal a los ingresos reales de Estados Unidos, es decir, la cantidad de dinero que ganan los estadounidenses después de ajustar la inflación. No parece que existan estudios sobre los beneficios económicos derivados de albergar cables de fibra óptica, pero es probable que esos beneficios también sean pequeños (sobre todo porque muchos de los beneficios derivados del transporte de datos probablemente se contabilizan en Irlanda u otros paraísos fiscales). Pero Farrell y Newman demuestran que el control estadounidense de los puntos de estrangulamiento de la economía mundial ofrece a Washington nuevas formas de proyectar influencia política, y que las ha aprovechado.

Según los autores, Estados Unidos empezó a sacar partido de estos poderes tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Antes, las autoridades estadounidenses se habían inhibido de ejercer su poderío económico por temor a extralimitarse. Pero pronto se dieron cuenta de que podrían haber seguido las transacciones financieras de Osama bin Laden de forma que hubieran revelado los planes del terrorista y de que podrían haber utilizado su influencia financiera para desbaratar las operaciones de Al Qaeda. Y así, tras el golpe del grupo terrorista, Washington dejó de lado sus preocupaciones. Amplió tanto su vigilancia financiera como el uso de sanciones.

Para los responsables políticos, ejercer estos poderes resultó fácil. Los dólares utilizados en las transacciones internacionales no son fajos de billetes, sino depósitos bancarios, y casi todos los bancos que mantienen este tipo de depósitos deben tener un pie en el sistema financiero estadounidense por si necesitan acceder a la Reserva Federal. Como resultado, los bancos de todo el mundo intentan quedar bien con los funcionarios estadounidenses, no sea que Washington decida cortarles el grifo. La historia de Carrie Lam, la ex jefa ejecutiva de Hong Kong nombrada por China, es un buen ejemplo. Como escriben Farrell y Newman, después de que Estados Unidos sancionara a Lam por violaciones de los derechos humanos, ésta no pudo abrir una cuenta bancaria en ningún sitio, ni siquiera en un banco chino. En su lugar, tuvo que cobrar en efectivo, guardando montones de dinero en su residencia oficial.

Un ejemplo menos pintoresco -pero mucho más trascendente- del poder de Estados Unidos es la forma en que Washington cooptó la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales, más conocida como SWIFT. Esta organización es el sistema de mensajería a través del cual se realizan las principales transacciones financieras internacionales. En particular, tiene su sede en Bélgica, no en Estados Unidos. Pero como muchas de las instituciones que la sustentan dependen de la buena voluntad del gobierno estadounidense, empezó a compartir gran parte de sus datos con Estados Unidos tras los atentados del 11-S, proporcionando una piedra Rosetta que Washington podía utilizar para rastrear transacciones financieras en todo el mundo. En 2012, el gobierno estadounidense pudo utilizar SWIFT y su propio poder financiero para dejar a Irán fuera del sistema financiero mundial, y con un efecto brutal. Tras las sanciones, la economía iraní se estancó y la inflación del país alcanzó aproximadamente el 40%. Finalmente, Teherán aceptó recortar sus programas nucleares a cambio del alivio. (En 2018, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, echó por tierra el acuerdo, pero esa es otra historia).

Ese es el tipo de poder que Estados Unidos obtiene de su control sobre los puntos de estrangulamiento financiero. Pero, como muestran Farrell y Newman, lo que Estados Unidos puede hacer con su control sobre los puntos de estrangulamiento de datos es posiblemente más notable. En muchos, o quizás en todos, los lugares donde los cables de fibra óptica entran en territorio estadounidense, el gobierno de Estados Unidos ha instalado "divisores": prismas que dividen los haces de luz que transportan la información en dos corrientes. Uno de los flujos llega a sus destinatarios, pero el otro va a parar a la Administración Nacional de Seguridad, que utiliza potentes sistemas informáticos para analizar los datos. Como resultado, Estados Unidos puede vigilar casi todas las comunicaciones internacionales. Puede que Papá Noel no sepa si te has portado bien o mal, pero la NSA probablemente sí.

Otros países, por supuesto, pueden espiar a Estados Unidos, y de hecho lo hacen. China, en particular, se esfuerza por interceptar la tecnología avanzada estadounidense. Pero nadie espía mejor que Washington y, a pesar de los esfuerzos de Pekín, China no ha conseguido robar suficientes secretos como para igualar la destreza estadounidense. Como señalan Farrell y Newman, Estados Unidos sigue dominando una propiedad intelectual crucial: no tanto el software que hace funcionar los chips semiconductores actuales, sino el que se utiliza para diseñar nuevos semiconductores complejos, que sigue siendo un mercado esencial. "La propiedad intelectual estadounidense", declaran los autores, serpentea "por toda la cadena de producción de semiconductores, como el palangre de un pescador con anzuelos de púas y cebo".

TODO ESE PODER

Hay muchos ejemplos ilustrativos de cómo Washington arma su imperio subterráneo, incluidas las sanciones tanto a Lam como a Irán. Pero el que mejor muestra cómo se combinan los tres elementos del imperio: el control de los dólares, el control de la información y el control de la propiedad intelectual, es el asombroso éxito del desmantelamiento de la empresa china Huawei.

Hace apenas unos años, los funcionarios estadounidenses y las élites de la política exterior estaban aterrorizados por Huawei. La empresa, que mantiene estrechos lazos con el Gobierno chino, parecía dispuesta a suministrar equipos 5G a gran parte del planeta, y a los funcionarios estadounidenses les preocupaba que esta expansión otorgara a China el poder de espiar al resto del mundo, como ha hecho Estados Unidos.

Así que Washington utilizó su imperio entrelazado para cortar a Huawei por las rodillas. En primer lugar, según Farrell y Newman, Estados Unidos se enteró de que Huawei había estado negociando subrepticiamente con Irán y, por tanto, violando las sanciones estadounidenses. Luego, pudo utilizar su acceso especial a la información sobre datos bancarios internacionales para presentar pruebas de que la empresa y su directora financiera, Meng Wanzhou (que también resultó ser la hija del fundador), habían cometido fraude bancario al decir falsamente a la empresa británica de servicios financieros HSBC que su empresa no estaba haciendo negocios con Irán. Las autoridades canadienses, en respuesta a una petición de Estados Unidos, la detuvieron cuando viajaba por Vancouver en diciembre de 2018. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó tanto a Huawei como a Meng de fraude electrónico y varios otros delitos, y Estados Unidos utilizó restricciones a la exportación de tecnología estadounidense para presionar a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que suministra muchos semiconductores cruciales, para que cortara el acceso de Huawei a los chips más avanzados. Pekín, mientras tanto, detuvo a dos canadienses en China y esencialmente los mantuvo como rehenes.

Tras pasar casi tres años bajo arresto domiciliario en Canadá, Meng llegó a un acuerdo en el que admitía muchos de los cargos y se le permitió regresar a China; el gobierno chino liberó entonces a los canadienses. Pero para entonces, Huawei era una fuerza muy disminuida, y las perspectivas de dominio chino de la 5G se habían desvanecido, al menos a corto plazo. Estados Unidos había librado silenciosamente una guerra posmoderna contra China, y había ganado.

A primera vista, esta victoria podría parecer una buena noticia. Washington, después de todo, limitó el alcance tecnológico de un régimen dictatorial sin tener que usar la fuerza. La capacidad de Estados Unidos para aislar a Corea del Norte de gran parte del sistema financiero mundial, o su acertada sanción al banco central de Rusia, también podrían suscitar justos aplausos. Es difícil indignarse por el uso de poderes ocultos por parte de Estados Unidos para bloquear el terrorismo mundial, acabar con los cárteles de la droga o entorpecer el intento del Presidente ruso Vladimir Putin de subyugar a Ucrania.

Sin embargo, el ejercicio de estos poderes entraña riesgos evidentes. Farrell y Newman, por su parte, están preocupados por la posibilidad de extralimitación. Si Estados Unidos utiliza su poder económico con demasiada libertad, escriben, podría socavar la base de ese poder. Por ejemplo, si Estados Unidos convierte el dólar en un arma contra demasiados países, éstos podrían unirse con éxito y adoptar métodos alternativos de pago internacional. Si los países se preocupan profundamente por el espionaje estadounidense, podrían tender cables de fibra óptica que eludieran a Estados Unidos. Y si Washington impone demasiadas restricciones a las exportaciones estadounidenses, las empresas extranjeras podrían alejarse de la tecnología estadounidense. Por ejemplo, puede que el software diseñado en China no esté a la altura del de Estados Unidos, pero no es muy difícil imaginar que algunos regímenes acepten una calidad inferior como precio para salir del dominio de Washington.

Hasta ahora, nada de esto ha sucedido. A pesar de los interminables comentarios sobre la posible desaparición del dólar, la divisa reina suprema. De hecho, como escriben Farrell y Newman, el dólar perduró a pesar de la "viciosa estupidez" de la administración Trump. Tender cables de fibra óptica que eludan Estados Unidos podría ser más fácil de lograr, y las personas que no son tecnólogos no saben realmente con qué facilidad se puede reemplazar el software estadounidense. Aun así, el poder oculto de Washington parece notablemente duradero.

Pero eso no significa que no haya límites a lo que Estados Unidos puede hacer. A Farrell y Newman les preocupa que China, que es una superpotencia económica por derecho propio, decida "defenderse en la oscuridad": cortando los vínculos financieros y de información internacionales con el resto del mundo (algo que ya hace en cierta medida). Tal acción tendría importantes costes económicos para todos. Degradaría el papel de China como taller del mundo, que -a su manera- podría ser tan difícil de sustituir como el papel global del dólar estadounidense.

También existe el riesgo obvio de que los países que pierden guerras sin humo de cañón puedan contraatacar emprendiendo guerras con humo de cañón. Como escriben Farrell y Newman, la militarización del comercio es uno de los factores que contribuyeron a la Segunda Guerra Mundial: Tanto Alemania como Japón emprendieron guerras de conquista, en parte, para asegurarse el acceso a las materias primas que temían que les fueran cortadas por las sanciones internacionales. La pesadilla actual sería que China, temerosa de ser marginada, contraatacara invadiendo Taiwán, que desempeña un papel clave en la industria mundial de semiconductores.

Pero aunque Estados Unidos no abuse de su imperio subterráneo ni provoque un conflicto caliente, sigue habiendo una razón importante para preocuparse por el espectacular poder económico y de datos de Washington: Estados Unidos no siempre tendrá la razón. Washington ha tomado multitud de decisiones poco éticas en política exterior, y podría utilizar su control sobre los puntos de estrangulamiento globales para perjudicar a personas, empresas y Estados que no deberían estar en el punto de mira. Trump, por ejemplo, abofeteó con aranceles a Canadá y Europa. No es difícil imaginar que, si ganara un segundo mandato, intentaría lastrar las economías de los Estados europeos críticos con su política exterior o incluso interior. No hace falta verlo todo a través de la lente de la guerra de Irak o insistir en que Estados Unidos obligó de algún modo a Putin a invadir Ucrania para estar preocupado por la falta de responsabilidad del imperio subterráneo.

REGLAS DEL JUEGO

Farrell y Newman no proponen políticas que puedan mitigar estos riesgos, aparte de sugerir que el imperio subterráneo merece el mismo tipo de pensamiento sofisticado que en su día se dedicó a las rivalidades nucleares. Aun así, al poner de relieve cómo ha cambiado la naturaleza del poder mundial, el libro supone una enorme contribución a la forma en que los analistas piensan sobre la influencia. Y los responsables políticos y los investigadores deberían empezar a formular planes para solucionar estos problemas.

Una posible solución sería crear normas internacionales para la explotación de los puntos de estrangulamiento económico, en la línea de las normas que han limitado los aranceles y otras medidas proteccionistas desde la creación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, en 1947. Como saben todos los economistas especializados en comercio, el GATT (y la Organización Mundial del Comercio que surgió de él) hace algo más que proteger a las naciones unas de otras. Las protege de sus propios malos instintos.

Será difícil hacer algo parecido con las nuevas formas de poder económico. Pero para mantener el mundo a salvo, los expertos deberían intentar idear normativas que tengan el mismo efecto moderador. Lo que está en juego es demasiado importante como para dejar pasar estos retos."

(Paul Krugman, Foreing Affairs, January/February 2024 Published on December 6, 2023; Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com)

Alternativa a Uber desde la empresa de transporte público... en Berlín

"Desde hace seis meses las calles de Berlín se han llenado de misteriosas furgonetas negras. Llevan impreso en sus laterales el logo de la empresa pública de transportes, la BVG. Se trata de Berlkönig, un servicio de taxis compartidos que se reservan mediante una aplicación de móvil en función de la ruta deseada. Esta app indica si pasará por la zona alguna furgoneta con plazas disponibles para que la persona pueda utilizar el mismo trayecto. 

Los vehículos, todos de la marca alemana Mercedes Benz, con la que BVG ha hecho un acuerdo, pueden llevar hasta seis personas y están adaptados para personas que necesiten silla de ruedas. Jannes Schwentu, portavoz de prensa de BVG, explica a El Salto que “el servicio ha salido adelante porque hicimos un acuerdo con un joint venture de Mercedes y se ha contratado a 400 conductores para cubrir todas las rutas posibles. 

Nuestro objetivo, como empresa pública de transportes, es ofrecer un servicio complementario al metro, bus y tranvía, pero que haga que se utilicen lo menos posible los vehículos privados para reducir las emisiones de CO₂”. 

Este tipo de transporte urbano compartido ya se usa también en otras ciudades, como Londres o Amsterdam, pero en este caso concreto ha llegado a convertirse en una alternativa a empresas como Uber y Cabify, que también operan en la ciudad, pero no mayoritariamente. Estos trabajadores cuentan con una licencia específica para transportar pasajeros y no son autónomos ni su puesto de trabajo depende de la valoración de los clientes. El trayecto cuesta 1,5 euros por kilómetro. 

“Me dieron un código promocional cuando empezó el servicio y tenías 10 euros de saldo gratis, así que lo estuve usando un tiempo. Lo único malo que veo es que no te deja justo en la puerta, sino que tiene que ser una furgoneta que pase cerca o justo por allí. Si no, empiezas tú la propia ruta y te cuesta lo mismo que un taxi”, cuenta Elia Carceller, usuaria de Berlkönig. En seis meses, la iniciativa ha sido usada 450.000 veces y 110.000 personas se han descargado la aplicación. En las evaluaciones sobre el servicio (una de las prioridades de los usuarios actualmente para elegir o comprar algo), el 97 % de quienes evalúan a Berlkönig lo hacen con 4 ó 5 estrellas, según la propia BVG. 

Sorprende que se haya implantado este servicio en una ciudad en la que el metro funciona 24 horas los fines de semana. “No pretendemos sustituir a nuestros propios metros o autobuses, sino que es una oferta complementaria. Esto también es transporte público de viajeros, aunque nuestros usuarios suelen usarlo más para trayectos en los que tienes que hacer muchos transbordos o combinar varios medios de transporte”, explica Jannes Schwentu. 

Sin embargo, Carceller lo ve más como una alternativa a BVG los días de diario, cuando el transporte público berlinés cierra de 12 y media a 4 de la madrugada. “Si, por ejemplo, lo cojo en una arteria más o menos concurrida que me pille cerca de casa, como la calle Karl Marx, hacer un trayecto hasta el barrio Friedrichshain me cuesta unos cuatro euros. Así que en ese caso sí me compensa si la furgoneta está ocupada por más gente”, apunta.

Luisa Corradi también ha utilizado este servicio en Berlín. "Lo que a mi me gusta es que conoces a gente en las propias furgonetas, porque te tratan muy bien y es un ambiente que anima a que la gente empiece conversaciones. En el metro de Berlín la gente va callada. Además te regalan chocolate como forma de cortesía y para hacer que te sientas cómoda", comenta.

Otra de las ventajas de Berlkönig es que puede usarse a través de la aplicación de la empresa pública de transportes, aunque para su utilización hay que ser mayor de 14 años. Si la persona comienza una nueva ruta, normalmente no estará sola en ese trayecto. La propia BVG advierte de que no es posible utilizar exclusivamente un vehículo porque “esto no es un servicio de taxi, sino una manera respetuosa con el medio ambiente de compartir vehículo y rutas”. Con este servicio quedan disipadas también las dudas del precio, pues la propia aplicación te marca antes de reservar cuanto te costará. 

La frecuencia de desplazamientos en la zona en la que opera (fundamentalmente los distritos de Kreuzberg, Neukölln, Friedrichshain y Prenzlauer Berg) es alta, por lo que se vanaglorian de recoger a sus pasajeros antes de diez minutos, aunque no siempre cumplen. Eso sí, su forma de funcionar es muy germánica. La propia aplicación avisa de cuánto tardará el conductor en llegar, vuelve a avisar cuando quedan dos minutos y revelan que sus chóferes “esperarán 90 segundos si la persona no está en el punto de recogida”, ni uno más. Después añaden: “No estamos capacitados para esperar más tiempo y lamentablemente tendremos que cobrarte por el trayecto aunque no te recojamos. Es la única forma que tenemos de hacer esto eficiente y asequible”. 

El punto de recogida siempre debe ser una parada de bus o de transporte público, de las que Berlín está llena. Pero si no se encuentra el vehículo, se puede llamar directamente al conductor a través de un icono.

También se pueden encontrar desventajas al elegir este servicio frente al propio transporte púbico, como que no está permitido transportar perros, salvo si son perros guía. Una de las cosas más llamativas de BVG es que la gente puede llevar todo tipo de perros en el metro o tranvía. Berlkönig advierte de que no se puede comer y beber dentro de sus furgonetas, aunque es discutible si esto se cumple, ya que tampoco está permitido beber en el transporte público y Berlín está lleno de gente consumiendo cervezas de medio litro en cualquier parte. 

Para incentivar que se use este servicio, se ofrece un 50 % de descuento en el precio del trayecto a cada viajero si una misma persona reserva varias plazas a la vez. A diferencia de Uber y Cabify, Berlkönig tampoco sube los precios en función de su demanda, sino que presenta un precio fijo a pesar de que haya desplazamientos frecuentes, como el 1 de mayo, una de las fiestas más masivas de la ciudad. Corradi asegura que "lo único malo es que no se pueda pagar directamente con tu tarjeta de crédito y que tengas que tener una cuenta Paypal o asociar la App a tu propia tarjeta". Esta característica es exactamente la misma que utilizan empresas como Uber y Cabify y que más atrae a los propios clientes de esas compañías.  (...)"               (Laura Cruz, El Salto, 04/07/19)

Obama entiende la red, por eso ganó, por el dinero recaudado ente los internautas

"Neutralidad de la red: el debate sobre la neutralidad de la red esconde una de las decisiones políticas de mayor calado para el futuro del gobierno de Internet y para el futuro de nuestra sociedad-red que se construye, en parte, sobre esta infraestructura digital. Sin embargo, desgraciadamente, en Europa en general y en España en particular, este debate no ha llegado en la práctica al debate público. (...)

Pero Internet no es sólo un canal para proveer servicios, es una plataforma desde la que, organizaciones y ciudadanos, pueden crear conocimiento, colaborar y comunicarse globalmente. Su carácter abierto es esencial para entender su impacto e interés social y económico.

La única forma de asegurar la sostenibilidad de este diseño abierto es la neutralidad de la red, de modo que todo tipo de contenidos y sitios reciban el mismo tratamiento. En esta "visión infraestructural", Internet es una plataforma sobre la que se construyen las redes sociales, los mercados y el sistema económico y es, por tanto, de interés público. Gracias a que Internet es una plataforma neutral es posible que cualquier ciudadano cree contenidos y los difunda en la red sin tener que utilizar a medios de comunicación corporativos como intermediarios.

...dejaríamos en manos de unos pocos decisiones esenciales para garantizar la libertad e igualdad en el acceso a la información... Realmente, éste ha sido el paradigma de los últimos siglos. Pensemos en los oligopolios que han controlado, por siglos, el acceso a los medios de producción de conocimiento y comunicación (desde la imprenta a la radio o la televisión). (...)

Es revelador el debate que alrededor de la neutralidad de la red ha sucedido en la campaña electoral norteamericana. John McCain considera a Internet como un producto, más que como un servicio o infraestructura, que puede ser proporcionado por el sector privado con una mínima intervención pública. En su experiencia como senador se ha posicionado ya entre los que no apoyan la neutralidad.

La posición de Barack Obama es diametralmente opuesta. Para Obama, el carácter abierto de Internet es esencial para entender su impacto e interés y económico. Por ello, su estrategia política se basará en la protección de este diseño abierto abogando por la neutralidad de la red, de modo que todo tipo de contenidos y sitios reciban el mismo tratamiento. Tim Wu resumía la confrontación entre ambos candidatos mediante una metáfora: para el candidato demócrata la red es una carretera (a la que todo el mundo tiene acceso), mientras que para el republicano sería un automóvil (del que sólo podemos disfrutar si podemos permitírnoslo)." (JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA: ¿Existe la neutralidad tecnológica?. El País, ed. Galicia, Opinión, 13/11/2008, p. 32)