"Tres semanas de movilizaciones contra
el ajuste de Rodrigo Paz tienen al país en una fase crítica, con medio
centenar de bloqueos y un saldo de siete muertos. Las claves de una
revuelta popular que, tras el colapso del MAS, todavía carece de
dirección unificada.
Ya pasaron tres semanas desde el inicio de
las movilizaciones y la revuelta popular en Bolivia entra en una fase
crítica. La noche del 20 de mayo, el presidente Rodrigo Paz dio una
conferencia de prensa de cincuenta minutos con el objetivo de calmar los
ánimos. Apeló al diálogo con los distintos sectores sociales y anunció
algunas medidas. Mencionó cambios en su gabinete (que no especificó) y
un corredor humanitario para transportar alimentos y combustible a la
capital. También propuso un comité económico y social mensual con
representantes de los movimientos sociales. Ninguna solución concreta
para resolver el conflicto.
Tras dos días de relativa calma en las
calles de la capital, el 21 de mayo la Central Obrera Boliviana (COB)
convocó una gran marcha «por la democracia» en La Paz, que reunió a una
multitud inmensa. El mapa del conflicto se desplazó: lo que se
concentraba en La Paz se extiende ahora a todo el país, con cerca de
cincuenta puntos de bloqueo en las principales rutas, que paralizan el
tránsito interdepartamental. Desde comienzos de mayo, Bolivia es
escenario de luchas contra el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, en el
poder hace apenas seis meses. Asistimos a una nueva escalada de las
tensiones sociales, con movilizaciones masivas y bloqueos de rutas, el
cerco a La Paz y, ahora, el pedido de renuncia del presidente.
El conflicto comenzó en abril con una gran
marcha de campesinos e indígenas que partió de la región amazónica del
norte del país contra la Ley 1720. Esa norma permite transformar la
pequeña propiedad agrícola en propiedad de mediana extensión y usarla
como garantía hipotecaria, con el fin de ampliar el mercado de tierras
para el agronegocio. Después de veinticuatro días de movilización, la
marcha consiguió la derogación parcial de la ley: una primera victoria
importante frente a los proyectos del gobierno y la voracidad del
agronegocio.
El 1 de mayo, la COB convocó una huelga
general y se montaron quince bloqueos en distintas rutas del
departamento de La Paz, lo que dificultó el tránsito y perturbó el
abastecimiento de la capital. El frente de movilización reúne a
campesinos e indígenas, a la COB, a los mineros (FSTMB) y las
cooperativas mineras, al magisterio, a los trabajadores del transporte
público, a las juntas vecinales de El Alto, al estudiantado, a los
«ponchos rojos» aimaras, al personal de salud, a pequeños comerciantes
urbanos y a los cocaleros del Chapare y de los Yungas. Todos presionan
al gobierno para que derogue las medidas de austeridad de los últimos
meses y resuelva la persistente escasez de gasolina y diésel, en un
contexto de fuerte aumento del costo de vida. El descontento pasó de los
reclamos locales a un sentimiento antigubernamental más general, que
exige la renuncia del presidente.
El gobierno y la embajada de Estados
Unidos, secundados por los medios, presentan todo esto como «el
conflicto de Evo», que estaría manipulando a las masas. En los hechos,
cada sector tiene sus propias reivindicaciones. La COB se opone al
cierre de las empresas públicas y exige un aumento salarial del 20 %. El
magisterio reclama más presupuesto para la educación. El transporte
pesado pide combustible de calidad y una indemnización por los daños que
causó la gasolina adulterada. Sectores próximos a Evo también se
movilizaron para reclamar el fin de procesos judiciales que consideran
injustos. Quienes hoy se manifiestan y piden la renuncia de Paz son los
mismos que lo votaron en octubre de 2025, convencidos por sus promesas
de «capitalismo para todos».
Seis meses de gobierno neoliberal
Cuando Rodrigo Paz asumió en noviembre de
2025, encontró un país con una inflación del 20,4 % y un déficit fiscal
del 12 % del PBI, con las reservas internacionales en mínimos
históricos. Un país productor de petróleo y gas que importa más del 80 %
del diésel y el 60 % de la gasolina que consume. Un Estado débil, muy
dependiente del gran capital, golpeado por la crisis económica heredada
del gobierno de Luis Arce (2020-2025) y por el fin del ciclo político
del Movimiento al Socialismo (MAS). La disputa interna entre Arce y Evo
Morales se tradujo en un voto castigo contra el MAS, que gobernó durante
dos décadas.
El gobierno de Paz, visto por la mayoría
en las últimas elecciones como una opción de derecha moderada frente al
candidato conservador Tuto Quiroga, reveló su subordinación de clase al
proponer un programa económico al servicio del gran capital (los
empresarios mineros y del agronegocio) y de las transnacionales. Apenas
iniciado su mandato, anunció el restablecimiento de las relaciones
oficiales con Estados Unidos y la reapertura de la embajada
estadounidense en La Paz, el restablecimiento de las relaciones con
Israel (rotas en 2023 por el genocidio en Gaza) y contratos sobre el
litio con empresas transnacionales.
Dentro del paquete de austeridad (DS 5503)
figura una medida radical: la supresión de los subsidios a los
combustibles, vigentes hacía más de dos décadas, que elevó los costos
del transporte y, con ellos, de todos los productos, y sostuvo la
inflación en niveles altos. Ante la escasez de combustible, el gobierno
importó carburantes de mala calidad que, además de caros, dañaron miles
de vehículos. También aprobó la ley de incentivos fiscales (DS 5563)
para la inversión extranjera, orientada a facilitar la cesión de
recursos naturales (minerales como el litio, energía e infraestructura) a
las transnacionales. Obtuvo préstamos externos para saldar deudas
antiguas y recapitalizar los bancos. La inflación, al comienzo
controlada, resurgió. Además, flexibilizó los mecanismos de
fiscalización ambiental y comunitaria.
Frente a un Estado quebrado por la mala
gestión y la corrupción, la receta neoliberal que Paz intenta aplicar es
conocida: reducir al máximo el gasto del Estado y sus obligaciones
sociales (educación, salud, transporte público) y trasladar el peso de
la crisis a la clase trabajadora, al tiempo que favorece al capital.
La Ley 1720, anticampesina y antiindígena
Con el pretexto de facilitar el acceso al
crédito de los pequeños productores, la Ley 1720, promulgada el 17 de
abril, permite transformar la pequeña propiedad agrícola (hasta ahora
protegida por la Constitución como patrimonio familiar inembargable) en
una propiedad de mediana extensión susceptible de crédito, mediante la
modificación de la Ley INRA que define el régimen de tierras. Esto
implica una precarización de la pequeña propiedad, que podrá funcionar
como garantía hipotecaria y abre el camino a la mercantilización de la
tierra. La norma se conoce también como ley Marinkovic, por el gran
terrateniente, hoy senador, que la impulsó y que se apropió de 33.000
hectáreas en la Chiquitania durante el gobierno de facto de Áñez, en
2020.
En Bolivia, el 50 % de la población rural
vive en la pobreza, y la agricultura familiar produce el 87 % de la
canasta básica y emplea al 89 % de la mano de obra rural. La ley prevé
además congelar por diez años los mecanismos de verificación de la
función económica y social de la tierra, es decir, dejar de controlar su
uso, lo que acelera el mercado privado de tierras.
La medida afecta de modo indirecto a los
territorios indígenas: cercados por grandes propiedades agroindustriales
que practican el monocultivo con pesticidas y una deforestación
acelerada, ven dañado su entorno. La Constitución exige consultas
previas antes de adoptar este tipo de medidas, y esas consultas nunca
ocurren. Por eso las comunidades indígenas y campesinas recurrieron a su
método tradicional de lucha: marchar a la capital para exigir la
derogación.
Para las comunidades campesinas y los
pueblos indígenas, el territorio es todo: el lugar donde se nace y se
vive, donde se produce y se resiste, donde la vida y la cultura se
perpetúan. Marchas de casi mil kilómetros partieron de la Amazonía
boliviana hacia La Paz, mientras los bloqueos cercaban la capital
administrativa. Después de veinticuatro días, lograron que el Parlamento
aprobara la derogación parcial de la Ley 1720, con la posibilidad
abierta de que se reintroduzca más adelante. Es, en lo fundamental, una
primera gran victoria frente al gobierno.
Las respuestas del gobierno al conflicto
Frente al conflicto, el gobierno de Paz reaccionó por tres vías.
La primera fue negociar acuerdos para
dividir el movimiento, con concesiones a algunos de los sectores
movilizados. Negoció con el importante sector de las cooperativas, que
logró anular una deuda de 95 millones de bolivianos con la Caja Nacional
de Salud y conservar el subsidio al combustible para su actividad.
También negoció con el magisterio y con la COR de El Alto, y firmó un
acuerdo con los dirigentes de los «ponchos rojos» de La Paz. Esos
sectores se retiraron de a poco del conflicto. En algunos casos, las
bases repudiaron a sus líderes por haber firmado.
La segunda fue la represión severa contra
manifestantes y bloqueadores. Ya se cuentan cuatro muertos, además de
heridos y numerosos detenidos. El gobierno dictó órdenes de detención
contra los principales dirigentes de la COB, como Mario Argollo. Envió
al ejército a levantar los bloqueos: las fuerzas militares lo intentaron
el domingo 18 de mayo y, ante la resistencia, la policía y el ejército
retrocedieron y volvieron a sus cuarteles. El gobierno recibió apoyo en
material represivo de otros gobiernos neoliberales, como los de
Argentina y Ecuador, con químicos antidisturbios para la policía. La OEA
e Israel se pronunciaron a favor de Paz. El presidente colombiano
Gustavo Petro se ofreció como mediador del conflicto social, y Paz lo
acusó de injerencia en los asuntos internos: los dos países
interrumpieron sus relaciones.
La tercera fue una intensa campaña de
propaganda, del gobierno y del imperialismo, que atribuye las protestas a
Evo Morales y al narcotráfico para alimentar la idea de una
desestabilización nacional. La prensa burguesa boliviana y extranjera
difunde con amplitud ese discurso, que coincide con la justificación de
las intervenciones militares estadounidenses en el cono sur. Que las
movilizaciones sean fruto de una conspiración de Evo no lo cree nadie,
ni siquiera los círculos conservadores. Ese relato sirve igual para
aumentar la presión y para amenazar con una futura captura del
expresidente. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, insistió en que
hay políticos que buscan tomar por la fuerza lo que no ganaron en las
urnas y sostuvo que el gobierno no permitirá que el narcotráfico se
apodere del país ni que Bolivia quede rehén de políticos del Chapare
aliados al tráfico de drogas.
El expresidente Evo Morales (2006-2019) es
hoy objeto de órdenes de detención y de un proceso judicial por trata
de menores, acusaciones que denuncia como persecución política.
Permanece en la región del Chapare (Cochabamba), principal bastión
cocalero del país, protegido por un grupo de militantes, mientras miles
de simpatizantes denuncian un intento de eliminar su influencia
política. En su programa semanal en la radio Kawsachun Coca, Morales
propuso elecciones en noventa días para pacificar Bolivia, con el
argumento de que el gobierno carece de capacidad para gobernar. Sectores
afines a Evo y de la COB respaldaron la propuesta; el presidente la
rechazó de plano.
Noticias de último momento
La cuarta semana de movilizaciones será
decisiva. La escasez de productos de primera necesidad, medicamentos e
insumos se agrava por los bloqueos y la falta de combustible. La
manifestación del lunes 25 de mayo, convocada por la COB y la Central
Sindical Campesina, reunió a miles de manifestantes y campesinos
llegados de todas las provincias del departamento de La Paz, que después
regresaron a sus comunidades.
El 26 de mayo, la Cámara de Diputados
aprobó una nueva ley que deroga la Ley 1341 de 2020 sobre el estado de
excepción, que acotaba su aplicación con plazos específicos y un control
legislativo más estricto. La nueva norma le permite al gobierno
declarar con mayor facilidad el estado de excepción (previsto en la
Constitución), intensificar la represión sin aval del parlamento y
movilizar a las Fuerzas Armadas contra las manifestaciones y los
bloqueos.
El riesgo de detención se confirma para
Evo en el mediano plazo. En una conferencia del 24 de mayo, Paz declaró
que el expresidente terminará siendo llevado ante la justicia y que ese
es un compromiso de su gobierno. Es probable que eso ocurra recién tras
la resolución de la crisis, para no echar más leña al fuego. Conviene
recordar que Paz adhirió a la iniciativa estadounidense «Escudo de las
Américas», en cuyo marco Estados Unidos y doce países latinoamericanos
habilitan la intervención militar de Washington contra el narcotráfico.
El 27 de mayo, el gobierno organizó el
primer encuentro del Consejo económico y social con representantes de
los movimientos sociales, en un intento de abrir más el diálogo. La
Iglesia católica se puso a disposición del Comité Cívico de Santa Cruz
para mediar en las negociaciones con los sectores movilizados. En
contacto telefónico con Paz, el presidente Lula pidió respeto por las
instituciones democráticas y dispuso el envío de ayuda humanitaria a
Bolivia.
¿Qué perspectivas tiene el conflicto?
Este conflicto muestra que el gobierno no
cuenta con apoyo social de base. La burguesía lo sostiene por falta de
alternativa. La clase media urbana y, en particular, su juventud (los
«pititas», que tuvieron un papel destacado en el conflicto de 2019) no
logró por ahora unificarse. El agronegocio de Santa Cruz está a favor de
Paz y no moviliza. Hay un deterioro real y veloz de la legitimidad del
presidente, que había prometido estabilidad y recuperación económica,
expectativas falsas e imposibles de cumplir. En cierto modo, Paz es
víctima de su propio juego.
El gobierno no descarta decretar el estado
de sitio, y a la vez no quiere sumar desprestigio. Está en un callejón
sin salida. La dinámica del conflicto sigue abierta: varios sectores
volvieron a sus bases y otros se sumaron a la movilización, que se
mantiene bajo la dirección de la COB y se expande por el país, en
coordinación con sectores que tienen sus propias agendas regionales y
locales.
Tras el reciente colapso del MAS, el
movimiento popular boliviano carece de una dirección unificada que
oriente la construcción de nuevas propuestas políticas. Las
movilizaciones actuales, y la larga tradición de lucha de clases en
Bolivia (de la revolución obrera de 1952 a las guerras del agua y del
gas), siempre reservaron sorpresas y mostraron un carácter profundamente
antiimperialista, junto a una enorme capacidad de resistencia y
recuperación. De esas luchas deberán surgir los liderazgos para
construir un nuevo bloque político en el escenario pos-Rodrigo Paz. Hace
falta una nueva generación capaz de unir a los sectores sociales en
torno a un proyecto nacido de la base y controlado por ella, un bloque
político con propuestas renovadas, de orientación antiimperialista y
anticapitalista."
(Chantal Liégeois , JACOBINLAT, 30/05/26)
