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6.10.26

Flávio Bolsonaro y su círculo más cercano tienen vínculos bien documentados tanto con el tráfico de drogas como con las milicias privadas, dirigidas por policías en activo o retirados, y que ahora controlan zonas enteras de Río de Janeiro... Por lo tanto, cabe esperar que el crimen organizado penetre mucho más profundamente en la política bajo el mandato de Flávio. Esto, junto con el retroceso democrático y el ataque a la educación y los servicios públicos, hará que, en caso de que llegue al cargo, resulte difícil despojarlo del mismo. Brasil podría incluso convertirse en un Estado cuasi fallido en la próxima década... el bolsonarismo es un movimiento que aúna a una clase marginada que ha dejado de esperar las promesas de la modernización —trabajo formal, instituciones responsables, igualdad real ante la ley— y a una élite que ya ni siquiera finge que esas promesas están sobre la mesa... entre ellos se encuentra el núcleo más duro de los verdaderos creyentes, la «clase media-alta inferior»... gozan de un buen nivel de vida, pero carecen de los activos o del capital social de la verdadera élite. No solo les persigue el temor a la movilidad social descendente, sino que también se sienten amenazados por cualquier pequeño avance ascendente que logren quienes están por debajo de ellos, como ocurrió durante la Marea Rosa en América Latina. Esto generó un sentimiento de resentimiento que fue fácilmente instrumentalizado... su ventaja se deriva de las redes sociales, que estructuran la esfera pública, a través de un flujo constante de contenidos llamativos, mantienen a su base continuamente comprometida, pero también atomizada, privada de canales para la participación no digital. De este modo, pueden ser movilizados y desmovilizados más o menos a voluntad.. Cuando la política es colonizada por la economía de la atención, el discurso público se convierte en un mar de indignación en constante cambio. Hoy esto; mañana aquello. Se trata de una situación totalmente contraria a la política emancipadora, que se basa en reforzar la capacidad de las personas para tomar decisiones sobre su destino colectivo.. se trata de un movimiento que se nutre de la desintegración social producida por décadas de neoliberalismo y que acelera ese proceso hacia un horizonte concreto, el «capitalismo de capataz», la alianza entre el capital y estos agentes libres de la represión, los narcotraficantes en México, las milicias en Río, actores no estatales que ejercen cada vez más el monopolio de la fuerza sobre las zonas que controlan, y que se unen a la coalición no solo como mercenarios, sino como socios políticos en pie de igualdad (Rodrigo Nunes)

" Brasil: El futuro de la extrema derecha. Los límites del «lulismo», los hijos de Bolsonaro y la nueva política de desintegración

Mientras Brasil se prepara para acudir a las urnas el 4 de octubre, las encuestas muestran que Luiz Inácio Lula da Silva, el actual presidente de 80 años, se encuentra en un reñido empate con Flávio Bolsonaro, cuyo padre sigue en prisión por conspirar para dar un golpe de Estado tras perder la presidencia en 2022.

Desde fuera, puede resultar difícil comprender cómo Lula y su Partido dos Trabalhadores (PT), que ha hecho más que ningún otro partido en la historia de Brasil por mejorar la situación de los más desfavorecidos y promulgar medidas de bienestar social, pueden verse desafiados por el heredero de Jair Bolsonaro, bajo cuyo mandato se dispararon la violencia, la desigualdad y la delincuencia en todo el país. Pero el atractivo de la extrema derecha contemporánea nunca es sencillo de entender.

Pocas figuras están mejor situadas para dar sentido a esta contienda que el filósofo político Rodrigo Nunes. Participante desde los inicios en el Foro Social Mundial, se dio a conocer como analista de los escollos y las posibilidades de la organización de izquierdas —tema de su primer libro, Ni vertical ni horizontal (2021). Desde entonces se ha convertido en uno de los críticos más incisivos del bolsonarismo, un fenómeno que sitúa en un contexto internacional más amplio en su nuevo libro, Anatomía de la desintegración: lo que Brasil revela sobre la extrema derecha global.

Carlos Pérez habló con Nunes sobre las próximas elecciones, los logros y las decepciones del tercer mandato de Lula, y las fuerzas que dieron origen al bolsonarismo y mantienen su atractivo.

Carlos Pérez: ¿Cuál es su valoración del tercer mandato de Lula? ¿En qué se diferencia el «lulismo» contemporáneo de la política que le llevó al poder hace más de dos décadas?

Rodrigo Nunes: En las elecciones de 2022, el mejor presidente de la historia de Brasil se enfrentó al peor y ganó por un margen muy estrecho. Eso le da una idea de los retos a los que se enfrentó Lula al volver al cargo. La sociedad brasileña actual es muy diferente de lo que era en 2003. El sentimiento anti-PT, e incluso específicamente anti-Lula, está muy arraigado. Por el contrario, el voto bolsonarista cuenta con un mínimo muy elevado.

Así pues, cuando Lula volvió al poder, lo hizo desde una posición mucho más débil. Políticamente, se enfrentaba a lo que suele describirse como el Congreso más de derechas de todos los tiempos. Económicamente, no contaba con nada que se asemejara al auge de las materias primas de hace veinte años, que le había permitido aumentar el gasto público en programas sociales sin subir los impuestos —una fórmula beneficiosa para todos que enriquecía a los ricos y reducía la pobreza de los pobres—.

En estas nuevas y difíciles circunstancias, su Gobierno logró dos objetivos principales, que podrían considerarse en cierta medida contradictorios. En primer lugar, impulsó una reforma fiscal que desplazó la carga tributaria hacia las rentas más altas —algo que no se ha ganado el apoyo popular, ya que sus efectos no se notarán hasta dentro de varios años—. En segundo lugar, adoptó un nuevo marco fiscal, comprometiendo al Estado a respetar límites de gasto, lo que reforzó su alianza con la clase capitalista, pero debilitó su capacidad para financiar programas sociales. André Singer y Fernando Rugitsky han descrito el resultado como «lulismo a cámara lenta». Mientras tanto, al igual que en EE. UU. bajo el mandato del presidente Biden, los indicadores macroeconómicos han mejorado, pero la gente no lo nota, porque la deuda privada se ha disparado y existe una epidemia de juego online.

Este Gobierno supuso un respiro bienvenido tras diez años de agitación institucional, pero la mera normalidad nunca iba a ser suficiente para hacer frente al atractivo social del bolsonarismo. Por eso, incluso con Jair en la cárcel, su hijo Flávio —menos competente— aún podría derrotar a uno de los líderes políticos más destacados que ha conocido el mundo desde mediados del siglo pasado.

Las encuestas muestran un empate técnico entre Lula y Flávio. ¿Qué significaría una victoria de Flávio para Brasil?

De los cuatro hijos de Jair, Flávio es el más sensato, el que mantiene un perfil más bajo y el que tiene las opiniones más tradicionalmente de derechas —en el sentido de que tiene menos paciencia para las posturas al estilo «MAGA» que sus hermanos Eduardo, Carlos y Jair Renan—. Es un político a la antigua usanza. Destaca por su habilidad para cerrar acuerdos. «Dígame cuánto quiere y lo arreglaremos». Al igual que otros políticos de la vieja escuela, se ha visto envuelto en numerosos escándalos de corrupción, incluido el de mayor envergadura que se está desarrollando en estos momentos: el caso del Banco Master, un fraude bancario de miles de millones de reales. (Uno de los responsables clave de esta trama fue el mayor donante de la campaña de Jair Bolsonaro para 2022).

Casi todos los implicados pertenecen a la derecha, pero el escándalo ha perjudicado de alguna manera más a la izquierda desde que llegó al Tribunal Supremo: cinco magistrados han sido vinculados al banquero condenado. Desde el juicio a Bolsonaro, el tribunal se ha asociado con la izquierda, aunque no es de izquierdas ni por asomo. Como siempre, el discurso anticorrupción funciona de forma selectiva.

Podemos esperar varias cosas de Flávio. La primera y más importante sería un realineamiento con EE. UU., al igual que durante la presidencia de su padre. Ha habido un intenso intercambio de mensajes entre Washington y el bando bolsonarista, en gran parte a través de Eduardo, un excongresista que abandonó su cargo y se trasladó a EE. UU., donde ha presionado a la Administración Trump, con una dedicación envidiable, para que imponga sanciones a su país de origen. En junio, una carta pública de Marco Rubio dirigida a Flávio sugería implícitamente que este último se había ofrecido a poner su equipo de transición a disposición de Washington en caso de que ganara.

A cambio del apoyo de Trump, Flávio ha manifestado su intención de ceder ante los intereses estadounidenses en ámbitos como las tierras raras, la energía y la agroindustria. Pero la intervención de Trump va más allá del ámbito económico. A principios de este año, de nuevo tras una intensa presión por parte de la derecha brasileña, Estados Unidos declaró como organizaciones terroristas a los dos mayores grupos criminales de Brasil, el PCC y el Comando Vermelho —una medida que suele utilizarse para justificar una posterior intervención política y militar, como ha ocurrido en Colombia, Ecuador y, más recientemente, en Venezuela—. El objetivo de la «guerra contra las drogas» no es combatir la delincuencia en sí misma, sino imponer los intereses de EE. UU. en la región, a menudo tomando partido entre las facciones políticas locales, así como entre las facciones criminales.

En el ámbito nacional, habrá un capitalismo aún más depredador que bajo el mandato de Jair, cuando se produjo un auge de la minería ilegal, el acaparamiento de tierras y la tala en la Amazonía; un aumento de los asesinatos de pueblos indígenas y activistas medioambientales; y una intensificación del crimen organizado: Flávio y su círculo más cercano tienen vínculos bien documentados tanto con el tráfico de drogas como con las milicias privadas, dirigidas por policías en activo o retirados, y que ahora controlan zonas enteras de Río de Janeiro.

Por lo tanto, cabe esperar que el crimen organizado penetre mucho más profundamente en la política bajo el mandato de Flávio. Esto, junto con el retroceso democrático y el ataque a la educación y los servicios públicos, hará que, en caso de que llegue al cargo, resulte difícil despojarlo del mismo. Brasil podría incluso convertirse en un Estado cuasi fallido en la próxima década.

¿Y qué cabría esperar de «Lula 4.0», si resultara reelegido? Esta es la pregunta que todos se plantean. ¿Pensará: «Maldita sea, ya que esta es mi última oportunidad, más vale que haga todo lo que pueda»? ¿O será: «Necesito consolidar mi alianza con la derecha tradicional para garantizar que la extrema derecha se mantenga al margen del poder»? Esta última vía requeriría muchas concesiones; en esencia, allanaría el camino para un sucesor aún más centrista. La inclinación natural de Lula siempre ha sido la negociación. Pero ahora está en juego su legado, y eso podría influir en sus decisiones.

Demos un paso atrás para analizar los orígenes del bolsonarismo. Algunos comentaristas afirmaron que se trataba de una reacción a las históricas protestas de junio de 2013, cuando millones de brasileños salieron a la calle para oponerse al aumento de las tarifas de autobús —un movimiento que, con el tiempo, se convirtió en un desafío aún mayor para el PT—. ¿Está de acuerdo con esta interpretación? ¿Cuál considera que es el verdadero significado de aquellas protestas, de las que fue testigo de primera mano?

Es innegable que 2013 cambió el equilibrio de fuerzas políticas. Las protestas supusieron el primer golpe real a la imagen del PT, que había gozado de una enorme popularidad durante una década. Dicho esto, los manifestantes no estaban en contra del Gobierno como tal. Más bien exigían que el PT llevara sus reformas aún más lejos. Decían: «Sí, nuestro poder adquisitivo ha aumentado; sí, se ha ampliado el acceso a la educación superior; sí, ha habido una mejora cuantitativa en nuestras vidas. Pero la situación sigue siendo mala en lo que respecta a los servicios públicos, la rendición de cuentas institucional y el acceso a la ciudad». El transporte público, su objetivo inmediato, es un buen ejemplo: es de mala calidad, caro y está controlado por mafias del sector privado.

El PT podría haberse puesto del lado de los manifestantes y haber dicho: «Hemos logrado mucho en estos primeros diez años, pero no es suficiente; ahora tenemos que llevar a cabo reformas estructurales que se deberían haber hecho hace mucho tiempo». En cambio, hizo lo contrario: para no molestar a la derecha tradicional y a los elementos de centro-derecha de su coalición política, reprimió las protestas. Y así confirmó la peor sospecha de los manifestantes: que el impulso progresista del partido se había agotado.

Al año siguiente, la investigación policial «Operación Lava Jato» reveló un escándalo de corrupción a gran escala que implicaba prácticamente a todos los principales partidos políticos. Al mismo tiempo, la repentina desaceleración del crecimiento chino —una consecuencia tardía de la crisis financiera mundial— puso fin abruptamente al auge de las materias primas. En la mente de muchas personas, ambos fenómenos se entrelazaron: si se producía una recesión económica, era porque el PT había presidido un despilfarro generalizado del dinero público durante la década anterior.

Con el PT y la oposición igualmente salpicados por esta doble crisis, la extrema derecha emergente fue la única fuerza capaz de posicionarse como heredera de la indignación de 2013.

Así pues, sí, se podría decir que las protestas de 2013 condujeron al bolsonarismo. Pero eso sería, en el mejor de los casos, una verdad a medias. De hecho, este argumento solo tiene eco en dos sectores del espectro político. Un grupo es la izquierda petista, que puede mostrarse muy poco crítica con el partido —hasta el punto de culpar a los manifestantes que salieron a la calle de haber facilitado irresponsablemente el ascenso de la extrema derecha—. El otro grupo, por supuesto, es la propia extrema derecha, que llegó a la conclusión lógica: «puesto que la izquierda acusa al pueblo de apoyarnos, de acuerdo: ¡sin duda, nos han apoyado desde el principio!». Adoptar este tipo de discurso supuso un increíble autogol por parte del PT.

¿Cuál es la base social y política del bolsonarismo?

Permítanme comenzar con una afirmación que puede parecer paradójica: no existe un vínculo necesario entre Jair Bolsonaro, el hombre, y el bolsonarismo, el movimiento político. De hecho, creo que quizá solo ha habido dos elecciones en la historia de Brasil que una figura como él podría haber ganado: la de 1960, cuando Jânio Quadros, otro candidato outsider, se presentó con un programa populista y anticorrupción, y la de 2018. Durante cinco años, el PT se había visto sacudido por la agitación política y los escándalos de corrupción, y había hecho concesión tras concesión a una derecha cada vez más envalentonada, hasta que ya no quedaba terreno de izquierdas que ceder. En el proceso, había perdido gran parte de su credibilidad institucional. Sus aliados en la derecha tradicional y el centro-derecha también quedaron desacreditados por la «Operación Lava Jato».

Esto creó una situación totalmente excepcional, que exigía un candidato totalmente excepcional. Bolsonaro simplemente se encontraba allí en el momento adecuado; aprovechó una corriente de opinión que había comenzado ya tres años antes. Su logro consistió en dotar a esa corriente de liderazgo y de una identidad.

Ahora, en cuanto a su pregunta. Desde el Brexit y la llegada de Trump, cuando el panorama político cambió de forma tan drástica, la izquierda ha respondido con dos narrativas: o bien pintamos a la extrema derecha como una revuelta de las élites sin una base popular real, o bien como una revuelta de los marginados, de una clase trabajadora traicionada por el elitismo liberal.

Ninguna de estas narrativas me convence. Más bien, creo que la extrema derecha contemporánea es un fenómeno que trasciende las clases. Una forma de entenderlo es como un movimiento que aúna a una clase marginada que ha dejado de esperar las promesas de la modernización —trabajo formal, instituciones responsables, igualdad real ante la ley— y a una élite que ya ni siquiera finge que esas promesas están sobre la mesa.

Entre ellos se encuentra el núcleo más duro de los verdaderos creyentes —no el grupo más numeroso estadísticamente, pero sí el más apasionado—, al que denomino, tomando prestada una expresión de Orwell, la «clase media-alta inferior». Se trata de personas que se encuentran a medio camino entre dos mundos: gozan de un buen nivel de vida, pero carecen de los activos o del capital social de la verdadera élite. No solo les persigue el temor a la movilidad social descendente, sino que también se sienten amenazados por cualquier pequeño avance ascendente que logren quienes están por debajo de ellos, como ocurrió durante la Marea Rosa en América Latina, cuando los pobres dejaron de ser tan pobres —empezaron a asistir a la universidad, a viajar al extranjero, etcétera—. Esto generó un sentimiento de resentimiento que fue fácilmente instrumentalizado.

El atractivo de la extrema derecha contemporánea varía en función de la perspectiva desde la que se contemple. La clase dominante considera que ofrece la forma más depredadora de capitalismo y que neutraliza todos los desafíos procedentes de las clases más bajas. La base popular se siente atraída por el discurso de la ley y el orden y por la perspectiva de una economía más desregulada que «les quite el Estado de encima», lo que les permitirá competir de forma más eficiente en el mercado. Para un grupo heterogéneo procedente de ambos bandos, también supone una oportunidad profesional: ahora se puede ganar mucho dinero como agitador de extrema derecha.

¿Cómo funciona el bolsonarismo a nivel organizativo?

El bolsonarismo, como movimiento de extrema derecha, cuenta con tres ventajas estructurales.

En primer lugar, es mucho más compatible con los intereses del capital, por lo que puede contar con el apoyo de las grandes empresas y los medios de comunicación corporativos de una forma que la izquierda nunca podría.

En segundo lugar, en lugar de cambiar la sociedad, pretende mantener las diferencias de poder existentes, e incluso intensificarlas, lo que facilita enormemente la formación de coaliciones. Cada socio tiene su propia esfera —la oligarquía terrateniente, sus tierras; la oligarquía financiera, sus palancas económicas— y, siempre que se satisfagan los intereses de todos, pueden trabajar juntos. No suelen discutir sobre una jerarquía de necesidades ni sobre diferencias estratégicas —precisamente los problemas que acosan a la izquierda—.

La tercera ventaja se deriva de las redes sociales, que estructuran la esfera pública como un mercado en el que las personas compiten individualmente por «me gusta» y comparticiones, que son muestras de atención. Esto da lugar tanto a una hiperindividualización de la política como a que se privilegie la participación en línea frente a la organización fuera de línea. Esto condiciona profundamente la forma en que se organiza la mayor parte de la extrema derecha contemporánea: como una especie de esquema piramidal cuyos pilares son los «emprendedores políticos» —personas que, desde una posición destacada en las redes sociales o en los medios tradicionales, producen contenidos que acumulan a la vez capital de atención, social y político.

A través de un flujo constante de contenidos llamativos, mantienen a su base continuamente comprometida, pero también atomizada, privada de canales para la participación no digital. De este modo, pueden ser movilizados y desmovilizados más o menos a voluntad. Es revelador que Bolsonaro nunca se haya molestado en construir un partido propio de verdad —tampoco lo hicieron Farage ni Trump—. Consideran la estructura del partido no como un objetivo en sí mismo, sino solo como un vehículo para una política que, en realidad, se lleva a cabo en otros ámbitos.

Cuando la política es colonizada por la economía de la atención, el discurso público se convierte en un mar de indignación en constante cambio. Hoy esto; mañana aquello. Se trata de una situación totalmente contraria a la política emancipadora, que se basa en reforzar la capacidad de las personas para tomar decisiones sobre su destino colectivo y participar en esfuerzos sostenidos para cambiar el statu quo. Trump nos mantiene ocupados con titulares y publicaciones nocturnas, mientras que la verdadera labor de destrucción continúa en segundo plano.

A nivel ideológico, ¿qué representa el bolsonarismo? ¿En qué se diferencia de la derecha tradicional?

Interpretamos erróneamente a la extrema derecha al tomarnos su discurso al pie de la letra. Es un error creer a Trump, Bolsonaro y compañía cuando hablan de dar un paso atrás respecto al «globalismo», de volver al sueño fordista de los empleos industriales, de dar marcha atrás en la revolución sexual y de resacralizar la familia nuclear y los roles de género tradicionales. Estas ideas tienen un evidente atractivo psicológico para ciertos votantes, pero no se ven respaldadas por las acciones de la extrema derecha contemporánea. Por el contrario, se trata de un movimiento que se nutre de la desintegración social producida por décadas de neoliberalismo y que acelera ese proceso hacia un horizonte concreto.

En mi libro, caracterizo este horizonte como un «estado de naturaleza gestionado de forma privada y distribuido de manera diferencial»: una situación en la que el Estado renuncia cada vez más a su responsabilidad de mediar en los conflictos sociales y, en su lugar, consagra el imperio de la fuerza bruta.

Permítanme ofrecer un ejemplo revelador. En 2019, unos taladores ilegales en el estado amazónico de Rondônia incendiaron un camión cisterna que prestaba servicio a una operación federal de aplicación de la ley, la cual tuvo que suspenderse; dos semanas después, el ministro de Medio Ambiente se desplazó a la localidad para reunirse con los taladores y escuchar sus demandas. El mensaje explícito fue: «Estoy de su lado. No pasa nada si queman propiedad del Estado, matan a los indígenas en cuyas tierras están talando y colaboran con los narcotraficantes que utilizan las mismas rutas: todo eso es iniciativa privada, y nosotros no interferimos en la iniciativa privada». La misma idea subyace en la relación de Trump con las grandes empresas tecnológicas.

Esto puede adoptar la forma de lo que he denominado «capitalismo de capataz». En economías de plantación como las de Brasil y el sur de Estados Unidos, la labor policial era una función pública que surgió de una función privada. El capataz contratado para disciplinar a la mano de obra de las plantaciones se convirtió, tras la abolición, en el agente de policía encargado de mantener a raya a los hombres y mujeres liberados. Hoy en día, esa función pública está volviendo a privatizarse. Wagner y Blackwater, los narcotraficantes en México, las milicias en Río: estos actores no estatales ejercen cada vez más el monopolio de la fuerza sobre las zonas que controlan. El «capitalismo de capataz» implica la alianza entre el capital y estos agentes libres de la represión, que se unen a la coalición no solo como mercenarios, sino como socios políticos en pie de igualdad. Tal convergencia ya se vislumbró en el primer Gobierno de Bolsonaro y podría afianzarse fácilmente bajo el mandato de Flávio.

Está claro por qué a los poderosos les atrae un modelo así, que les promete un disfrute sin trabas del poder. Pero, ¿por qué votan a favor de él también los más débiles? Por las compensaciones psicológicas que incluye el paquete. La promesa es: «aunque siga siendo hiperexplotado en su trabajo, aunque sus expectativas de vida se reduzcan día a día, nos aseguraremos de que haya al menos una esfera de la vida en la que su poder se manifieste sin restricciones. En casa, puede desquitarse con su esposa o sus hijos, nadie se entrometerá; y nadie podrá decirle que no haga bromas sobre las personas negras o las personas homosexuales».

Su nuevo libro promete explicar «lo que Brasil revela sobre la extrema derecha global». ¿Qué vemos cuando observamos el sistema mundial desde la periferia? ¿En qué sentido se está «brasilianizando» el mundo?

El pensamiento social latinoamericano, y en particular el brasileño, se ha centrado en reformular las concepciones occidentales de la relación entre centro y periferia. Esta tradición se remonta a la década de 1960 con la «teoría de la dependencia», que surgió como una crítica a la teoría de la modernización —la noción, popularizada por autores como Walt Rostow y Seymour Martin Lipset, de que los países periféricos podrían, si jugaban bien sus cartas, alcanzar el mismo nivel de prosperidad que los países avanzados— para pasar del atraso a la plena modernidad.

La crítica afirmaba: «Esta idea es falsa, porque no estamos al margen del capitalismo, ni por detrás de él; siempre hemos estado incluidos en él como periféricos. Nuestra función siempre ha consistido en suministrar recursos naturales y mano de obra barata a las economías centrales y, por lo tanto, cualquier desarrollo que podamos alcanzar siempre estará subordinado al de ellas». Así pues, el argumento de los años sesenta y setenta era el siguiente: «Es erróneo considerar que el centro representa el futuro de la periferia; la condición periférica es aquella en la que lo moderno y lo atrasado siempre van combinados —y esta combinación es fundamental para el desarrollo capitalista».

La situación se invirtió en las décadas de los 80 y los 90, cuando los Estados Unidos y los países europeos comenzaron, en ciertos aspectos, a parecerse a la periferia, con una creciente desigualdad, precariedad, informalidad y «favelización» (un aumento de los barrios marginales como las favelas brasileñas). Así, tanto en Brasil como en el Norte Global, la gente empezó a describirlos como «brasilianizados».

¿A qué se debía este cambio de tendencia? Los herederos de la teoría de la dependencia pasaban ahora a situar en su contexto histórico la propia teoría de la modernización, argumentando que había sido la ideología de un período de expansión capitalista, en el que el horizonte de expectativas era el crecimiento permanente. Ahora, en un período de contracción, de horizontes cada vez más reducidos, el Norte Global se iría pareciendo cada vez más a la periferia.

Esta idea puede extenderse al ámbito de la política. La idea de que la extrema derecha corresponde a una aceleración de la desintegración resulta mucho más clara en Brasil bajo el mandato de Bolsonaro, o en Argentina bajo el de Milei, o en El Salvador bajo el de Bukele, de lo que lo fue incluso durante el primer mandato de Trump, o con la AfD en Alemania o el RN en Francia.

Usted ha dicho que la «mera normalidad» no va a derrotar al bolsonarismo. Entonces, ¿cómo podría ser una respuesta radical a la extrema derecha contemporánea?

Permítame comenzar con una paradoja de la teoría de la información: para que una señal se reciba como información, debe ser lo suficientemente diferente del ruido de fondo, pero no tan diferente como para que no se registre en absoluto como señal. Cuando aplicamos esta idea a la política, nos damos cuenta de que el radicalismo no es la fidelidad a un principio en su forma más pura y abstracta; es más bien una desviación de la norma que sigue siendo legible.

Se busca una táctica que le aleje lo más posible de la situación existente —pero que aún así pueda integrarse en ella—: una táctica que inspire confianza en las personas, que las convenza para que participen, que produzca un efecto real.

El problema hoy en día es que todas las medidas que realmente hay que tomar parecen extremadamente radicales. Tomemos como ejemplo la concentración de poder. Vivimos en un mundo en el que un empresario puede dejar fuera de combate a parte del ejército de un país, tal y como hizo Elon Musk al cortar la cobertura de Starlink a las fuerzas ucranianas en plena contraofensiva de 2022 —algo que habría sido el argumento de una película de James Bond en la década de 1970—. La respuesta sensata es aprobar una política gubernamental que impida a los particulares ejercer tal poder. Pero si hoy se propone una política de este tipo, se le acusará de abogar por la expropiación o de vulnerar los derechos personales. Hemos ido tan lejos en una dirección que solo se puede intervenir tirando con mucha fuerza en la dirección opuesta.

En este sentido, podemos aprender algo de la extrema derecha. Hoy en día se dicen cosas —por ejemplo, que los ciudadanos con el color de piel «incorrecto» deberían ser deportados— que eran impensables hace poco tiempo. Desde 2016, lo impensable no ha dejado de ocurrir y lo indecible se ha convertido en sentido común. La extrema derecha ha forzado los límites de lo posible en la dirección de lo que cree que realmente hay que hacer.

Quizá nada de lo que realmente necesitamos hacer sea posible hoy —pero tampoco podremos hacerlo mañana, a menos que empecemos a sentar las bases ahora mismo—. Tenemos que construir una base social para nuestros objetivos. No podemos limitarnos a ofrecer argumentos racionales y políticas creíbles; tenemos que infundir un deseo, arraigado en la experiencia cotidiana de las personas, de ese otro mundo mejor. La gente debe sentir no solo que viviría mejor en un mundo reconfigurado, sino que empieza a vivir mejor al sumarse al movimiento para llegar hasta allí." 

(Rodrigo Nunes , filósofo político entre cuyos libros se incluyen Ni vertical ni horizontal: una teoría de la organización política, La organización de los desorganizados: la acción colectiva tras la red y Anatomía de la desintegración: lo que Brasil revela sobre la extrema derecha global, entrevistado por Carlos Pérez, equator, 30/09/26, traducción Salvador L. Arnal)

19.7.26

El Informe de la CIA no confirma el fraude en las elecciones de Venezuela que dieron el triunfo a Maduro... las agencias estadounidenses investigaron durante años la posibilidad de que Venezuela desarrollara capacidades para intervenir sistemas electorales electrónicos, pero las mismas evaluaciones del organismo de inteligencia demostraron que "otros factores explicaban mejor los resultados electorales"... el análisis de inteligencia tomó en cuenta otros factores políticos que influyeron en el resultado electoral. Entre ellos, la decisión de los principales partidos opositores de no participar en los comicios, debido a sus cuestionamientos sobre las condiciones electorales... La evaluación señaló que esta situación redujo la competencia electoral y la presencia opositora en las urnas, por lo que el gobierno de Nicolás Maduro no habría tenido la misma necesidad de recurrir a una operación de fraude electrónico para obtener una victoria (Ariana Hernández)

"El Informe de la CIA no confirma el fraude en las elecciones de Venezuela. Documentos desclasificados contradicen las afirmaciones de Trump sobre los comicios

La administración de Donald Trump publicó una serie de documentos de inteligencia elaborados entre 2004 y 2020 que analizan supuestas capacidades de Venezuela para manipular sistemas de voto electrónico; aunque el presidente estadounidense aseguró que evidencian intentos de interferencia electoral, los reportes no confirman que algún resultado haya sido alterado.

La publicación generó un debate luego de que el presidente Trump afirmara que los archivos demostraban que Venezuela había desarrollado mecanismos para manipular elecciones y que esa información había sido ignorada por organismos estadounidenses durante años. Sin embargo, una revisión del contenido divulgado muestra que los informes contienen reportes de inteligencia y análisis sobre “posibles escenarios”, pero no presentan pruebas concluyentes de que Venezuela haya alterado elecciones en Estados Unidos ni de que haya modificado resultados electorales venezolanos.

Los archivos, agrupados bajo el título “Resumen de informes de inteligencia seleccionados de 2004 a 2020 sobre las capacidades de Venezuela para manipular el voto electrónico”, incluyen evaluaciones sobre los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, así como referencias a posibles intentos de influencia extranjera en procesos electorales fuera del país, incluyendo Estados Unidos.

En su alocución el mandatario estadounidense afirmó que los archivos demostraban que Venezuela había construido capacidades para manipular sistemas electorales mediante tecnología. No obstante, el contenido de los documentos presenta una diferencia entre las declaraciones del presidente estadounidense y las conclusiones de los informes de inteligencia. En ellos se puede evidenciar reportes, evaluaciones y sospechas recopiladas por agencias estadounidenses, pero no establecen como hecho comprobado que Venezuela haya alterado resultados electorales.

¿Qué dicen los informes desclasificados de la CIA sobre Venezuela?

Los documentos de la CIA incluyen reportes elaborados entre 2004 y 2020 sobre las capacidades tecnológicas de Venezuela para intervenir sistemas de votación electrónica y posibles intentos de influencia electoral.

Uno de los primeros informes corresponde a 2004, durante el gobierno de Hugo Chávez. Según la documentación, funcionarios estadounidenses recibieron información sobre una supuesta intención del mandatario venezolano de influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de ese año, en las que George W. Bush buscaba la reelección.

En ese contexto, la CIA también analizó la adquisición de la empresa estadounidense Sequoia Voting Systems por parte de Smartmatic, compañía que participó en procesos electorales venezolanos entre 2004 y 2017.

Aunque los documentos reflejaron preocupaciones sobre los vínculos entre la empresa y el gobierno venezolano, no establecieron que Smartmatic hubiera utilizado sus sistemas para alterar elecciones en Estados Unidos.

El caso de las elecciones venezolanas de 2012

Otro de los reportes se refiere a las elecciones presidenciales venezolanas de 2012, en las que Hugo Chávez resultó ganador frente a Henrique Capriles.

La CIA recopiló información de fuentes de inteligencia que señalaban un supuesto plan para alterar resultados mediante máquinas de votación modificadas. Según el reporte, la operación habría contemplado la instalación de equipos preprogramados en zonas con respaldo tradicional al oficialismo.

Sin embargo, el documento no presentó pruebas que confirmaran que ese mecanismo fue ejecutado ni que los resultados electorales de 2012 hubieran sido modificados.

El informe sobre las elecciones parlamentarias de 2020

Los documentos también incluyen un reporte sobre los comicios parlamentarios venezolanos de 2020. La CIA registró información sobre un supuesto sistema tecnológico que permitiría sustituir máquinas electorales y modificar datos del conteo en tiempo real.

No obstante, el análisis de inteligencia tomó en cuenta otros factores políticos que influyeron en el resultado electoral. Entre ellos, la decisión de los principales partidos opositores de no participar en los comicios, debido a sus cuestionamientos sobre las condiciones electorales.

La evaluación señaló que esta situación redujo la competencia electoral y la presencia opositora en las urnas, por lo que el gobierno de Nicolás Maduro no habría tenido la misma necesidad de recurrir a una operación de fraude electrónico para obtener una victoria.

¿Venezuela manipuló elecciones? Lo que realmente dicen los documentos

El punto central del debate tras la publicación de los archivos es la diferencia entre una amenaza identificada por inteligencia y una operación comprobada. Los documentos de la CIA no concluyen que Venezuela haya cambiado el resultado de las elecciones tanto estadounidenses como venezolanas

Los informes describen escenarios teóricos, información recibida por fuentes de “inteligencia” y evaluaciones sobre capacidades tecnológicas, pero no presentan pruebas verificables de una operación ejecutada.

Medios estadounidenses que analizaron la documentación señalaron que los archivos no demuestran una interferencia electoral efectiva y sostienen que las declaraciones no son coherentes con la información difundida.

Inteligencia no equivale a pruebas

Los archivos desclasificados por la administración Trump muestran que las agencias estadounidenses investigaron durante años la posibilidad de que Venezuela desarrollara capacidades para intervenir sistemas electorales electrónicos.

El analista sénior de inteligencia de amenazas para América Latina, Geoff Ramsey, explicó a través de su cuenta en X que el informe publicado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque la CIA identificó "preocupaciones siginificativas", las mismas evaluaciones del organismo de inteligencia demostraron que "otros factores explicaban mejor los resultados electorales". 

Lo que indica que una evaluación de inteligencia no representa una sentencia ni una confirmación definitivas.

 (Ariana Hernández, CiudadCCS, 17/07/26)

16.7.26

Marco Rubio gestiona a Venezuela desde Washington... El secretario de Estado de EE. UU. controla de facto las finanzas de Venezuela, la distribución de sus recursos naturales y su gobierno... Rubio se ha convertido en el virrey de facto de Venezuela... El Tesoro de Estados Unidos recibe los ingresos de la mayor parte de las exportaciones de Venezuela y luego los distribuye gradualmente al país a través de bancos privados. Rubio y su equipo establecen las condiciones sobre en qué se puede gastar ese dinero y quién puede hacerlo... Delcy Rodríguez depende de ese dinero para pagar a los trabajadores y sostener la moneda nacional... Además, Rubio supervisa la aplicación de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, decidiendo quién puede hacer negocios en el país y cómo. Por su parte, Rodríguez le consulta sobre los nombramientos gubernamentales importantes, como el del ministro de Defensa... Este acuerdo es muy inusual y se está desarrollando 80 años después de que Estados Unidos renunciara a su última gran colonia formal, Filipinas... Hablando en español, Rubio le dijo a Delcy Rodríguez que tenía dos opciones: colaborar con Estados Unidos o presenciar un ataque a mayor escala contra la infraestructura, las bases militares y los altos cargos de Venezuela. Tras algunas negociaciones, Rodríguez aceptó. Pero Trump ha dejado claro que quiere volver a una era de expansionismo estadounidense, y ha llegado a plantearse tomar el control de Groenlandia, Canadá y el canal de Panamá. En Venezuela es donde ha tenido más éxito. Ha insinuado varias veces que Venezuela podría convertirse en el estado número 51... Delcy Rodríguez podría estar intentando agotar el tiempo de la presidencia de Trump (Tyler Pager, The New York Times)

"El presidente Donald Trump estaba sentado en el Despacho Oval a principios de este año con su secretario de Estado, Marco Rubio, cuando se le ocurrió una idea.

Quizá debería enviar a Rubio de forma permanente a Caracas, la capital venezolana, donde los comandos estadounidenses habían llevado a cabo el logro más destacado de la política exterior del segundo mandato de Trump: la captura de Nicolás Maduro, el presidente del país.

Rubio podría ser el próximo líder de Venezuela, sugirió Trump. Y aunque los asesores del presidente dicen que estaba bromeando —y que a menudo se burla de Rubio con lo de un destino en el extranjero—, la realidad es que Rubio no necesita mudarse a Caracas.

Ya gobierna Venezuela desde Washington.

En los seis meses transcurridos desde que las fuerzas estadounidenses derribaron la puerta del dormitorio de Maduro y se lo llevaron en la mitad de la noche, Rubio se ha convertido en el virrey de facto de Venezuela, ejerciendo su influencia sobre una nación soberana de una forma que ningún funcionario estadounidense había hecho desde que L. Paul Bremer III llegó a Bagdad en 2003 para dirigir el Irak ocupado por Estados Unidos.

Actualmente, Rubio controla las finanzas de Venezuela, la distribución de sus recursos naturales y su gobierno, según entrevistas con más de una decena de funcionarios y personas cercanas a ambos gobiernos, tanto en Washington como en Caracas, que han dado detalles sobre su participación en la dirección de las políticas del país. Muchos hablaron bajo condición de anonimato para describir interacciones privadas y debates internos.

Aunque no ha visitado Venezuela en persona desde que Estados Unidos tomó el control, el secretario de Estado está profundamente involucrado en el día a día del país y mantiene un contacto cercano con Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro y ahora dirige su país de forma interina, con el visto bueno de Estados Unidos. Los dos se mandan mensajes en español por WhatsApp, intercambiando chismes, felicitaciones de cumpleaños y selfis.

A pesar de las bromas, la relación entre Rubio y Rodríguez dista mucho de ser una colaboración. Es una muestra del poder estadounidense de la era Trump, en la que el ganador se lo lleva todo, sin importar la soberanía ni el derecho internacional.

El gobierno venezolano no respondió a una solicitud de comentarios. El gobierno de Trump no respondió a preguntas detalladas sobre la autoridad de Rubio en Venezuela. Rubio ha restado importancia a su papel y, en gran medida, evita hablar de su trabajo. Rechazó varias solicitudes de entrevista.

Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado, dijo en un comunicado que “con una cooperación renovada y una gestión económica sólida, Venezuela puede resurgir como un socio estable y próspero cuyos ciudadanos se beneficien de su vasta riqueza natural y de unos lazos más fuertes con Estados Unidos”.

El control directo sobre los ingresos públicos de Venezuela, en particular, distingue la influencia de Washington en ese país de la de la mayoría de los demás países que dependen de su poderío militar y financiero.

El Tesoro de Estados Unidos recibe los ingresos de la mayor parte de las exportaciones de Venezuela y luego los distribuye gradualmente al país a través de bancos privados, una relación parecida a la de unos padres que dan mesada a sus hijos. Rubio y su equipo establecen las condiciones sobre en qué se puede gastar ese dinero y quién puede hacerlo.

Este sistema le ha permitido a Rubio detener los mecanismos de corrupción más escandalosos de Venezuela. Además, le aporta algunos beneficios al gobierno venezolano, que aprovecha la protección efectiva del Tesoro de Estados Unidos para recibir ingresos sin que lo acosen los numerosos acreedores que reclaman el pago de millardos en deuda impagada.

Pero este acuerdo también le ha dado a Rubio una influencia enorme sobre Rodríguez, que depende de ese dinero para pagar a los trabajadores y sostener la moneda nacional.

Además, Rubio supervisa la aplicación de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, decidiendo quién puede hacer negocios en el país y cómo. Ha trabajado para reformar el sector petrolero y ha facilitado el acceso de las empresas estadounidenses. Por su parte, Rodríguez le consulta sobre los nombramientos gubernamentales importantes, como el del ministro de Defensa.

Desde que dos terremotos sacudieron Venezuela el mes pasado, Rubio ha intentado fortalecer el gobierno interino del país. Estados Unidos ha enviado 900 militares a Venezuela, ha comprometido casi 400 millones de dólares en ayuda y ha entregado embalajes de dinero al gobierno venezolano.

Los terremotos han complicado la misión que Rubio se había trazado de devolver la democracia a Venezuela (“Es un revés en ese sentido”, reconoció Rubio el mes pasado). La capacidad de recuperación del país es clave para el objetivo final de Trump: asegurarse el petróleo venezolano para los intereses de Estados Unidos.

Este acuerdo es muy inusual y se está desarrollando 80 años después de que Estados Unidos renunciara a su última gran colonia formal, Filipinas.

Pero Trump ha dejado claro que quiere volver a una era de expansionismo estadounidense, y ha llegado a plantearse tomar el control de Groenlandia, Canadá y el canal de Panamá.

En Venezuela es donde ha tenido más éxito. Pero hay riesgos.

Los críticos de Trump acusan a Estados Unidos de desviar los recursos de Venezuela y de apuntalar un gobierno autoritario al dejar en sus puestos a la mayoría de los secuaces de Maduro. Este acuerdo también enreda a Estados Unidos en las vicisitudes de un régimen profundamente impopular y no elegido que se enfrenta a un clamor cada vez más desesperado por un cambio político.

“El secretario Rubio dijo que no estamos en guerra con Venezuela”, le dijo el representante Sean Casten, demócrata por Illinois, al secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante una audiencia en el Congreso en febrero. ¿Qué autoridad —preguntó Casten— tenía Estados Unidos para controlar los activos venezolanos?

Bessent le dijo a Casten que le respondería en otro momento.

La política realista y sin concesiones de Rubio en Venezuela implica un cambio radical para alguien que se ha pasado toda su carrera presentándose como un defensor de la democracia en Latinoamérica. Ha dicho que su objetivo es una transición democrática a largo plazo.

El resultado de esta incursión en Venezuela podría marcar el futuro político de Rubio ahora que Trump está pensando en su sucesor.

En la madrugada del 3 de enero, poco después de que capturaran a Maduro, Rubio se puso en contacto con Rodríguez por teléfono. Hablando en español, Rubio le dijo que tenía dos opciones: colaborar con Estados Unidos o presenciar un ataque a mayor escala contra la infraestructura, las bases militares y los altos cargos de Venezuela.

Tras algunas negociaciones, Rodríguez aceptó.

Rodríguez le dijo a Rubio que “básicamente está dispuesta a hacer lo que creamos necesario para que hagamos grande de nuevo a Venezuela”, según Trump. El presidente dijo que Estados Unidos “dirigiría el país” hasta que hubiera una “transición de poder segura, adecuada y prudente”.

Días después, Trump declaró en una entrevista con The New York Times que esperaba que Estados Unidos dirigiera Venezuela durante años.

En el centro de todo está Rubio, a quien otros funcionarios llaman “virrey”, el título que se les daba a los poderosos gobernadores que dirigían el Imperio español hasta que Venezuela y la mayoría de sus otras provincias se rebelaron y obtuvieron su independencia a principios del siglo XIX.

Cuando Rodríguez empezó a formar su gobierno, Rubio intervino en decisiones clave sobre el personal y la animó a purgar a la familia y a los socios comerciales de Maduro. Rodríguez le hizo caso.

La mayoría de los venezolanos se sintieron aliviados por la caída de Maduro, pero luego quedaron sorprendidos al ver cómo el gobierno de Trump se aliaba con la mayoría de sus principales colaboradores. La inflación ha bajado, pero sigue siendo la más alta del mundo, y la moneda del país sigue perdiendo valor. Millones de personas claman por nuevas elecciones, lo que presiona a Rubio para que vaya más allá de los acuerdos económicos e impulse un cambio político. Los inversionistas se muestran nerviosos ante la idea de invertir capital en un sistema que podría derrumbarse en cualquier momento.

Antes de los terremotos, Rodríguez le había estado pidiendo a Rubio mayor autonomía financiera y que se levantaran sanciones económicas, para reducir la presión interna sobre su gobierno.

Rubio se ha mostrado comprensivo con sus argumentos, pero el gobierno de Estados Unidos no ha cedido el control.

La colaboración de Rubio con Rodríguez ha provocado descontento entre algunos diplomáticos de carrera estadounidenses, los venezolanos-estadounidenses y los aliados de Trump, a quienes les molesta la idea de que la mano derecha de Maduro esté en el poder.

Rubio y otros funcionarios han restado importancia a esas preocupaciones, señalando que Rodríguez ha cumplido casi todas las órdenes que le ha dado el gobierno de Trump, sobre todo las relacionadas con las finanzas del país. Venezuela vende gran parte de su petróleo a través de dos empresas comercializadoras, Trafigura y Vitol, en un acuerdo establecido por el gobierno de Trump.

Rubio ha eclipsado en gran medida a Chris Wright, el secretario de Energía, a la hora de orquestar la apertura de la industria petrolera venezolana a la inversión extranjera, la piedra angular de la visión de Trump para el país. Ha dado prioridad a la llegada de nuevas empresas estadounidenses a costa de los productores de petróleo europeos que ya operaban en el país.

Ben Dietderich, vocero de Wright, dijo que el secretario ha colaborado estrechamente con Rubio y que ha hablado con frecuencia con los líderes del sector energético y con Rodríguez.

El control de Washington sobre la economía venezolana va más allá de los ingresos petroleros. El equipo de Rubio hace las licencias que otorgan exenciones de las sanciones a las empresas que quieren hacer negocios en Venezuela. Rubio ha advertido al gobierno de Rodríguez que se abstenga de hacer negocios con adversarios de Estados Unidos. Tras la caída de Maduro, por ejemplo, la compañía petrolera estatal venezolana se ha hecho cargo discretamente de las operaciones de los proyectos petroleros que posee conjuntamente con la empresa estatal rusa Rosneft. Rosneft no respondió a la solicitud de comentarios.

El gobierno de Trump también ha presionado con éxito a Rodríguez para que entregue a los venezolanos que se han metido en problemas con el Departamento de Justicia. A instancias de Estados Unidos, el gobierno de Rodríguez detuvo en febrero a Alex Saab, el multimillonario amigo y socio de Maduro, y aprobó su extradición a Estados Unidos, tras quitarle el pasaporte venezolano.

Algunos funcionarios creen que el Departamento de Justicia quiere utilizar a Saab para reforzar el caso contra Maduro, a quien se le imputan varios delitos de tráfico de drogas.

Y en junio, el gobierno de Rodríguez ayudó a Estados Unidos a acabar con un líder del crimen organizado que tenía vínculos desde hace tiempo con funcionarios venezolanos, según varias personas al tanto de la operación.

Las fuerzas estadounidenses utilizaron la información proporcionada por los funcionarios de Rodríguez para matar al Niño Guerrero, uno de los líderes de la banda Tren de Aragua, en un ataque con misiles en una zona remota del sur de Venezuela. Fue la primera colaboración militar entre ambos países en décadas. El gobierno venezolano recuperó posteriormente el cuerpo del líder de la banda y se lo entregó a Estados Unidos.

El gobierno de Trump ha acusado al Tren de Aragua de colaborar con Maduro para enviar a Estados Unidos drogas y migrantes ilegales, aunque las agencias de inteligencia estadounidenses concluyeron el año pasado que Maduro no controlaba la banda.

El gobierno de Trump incluso controla las apariciones públicas y las declaraciones de Rodríguez. En mayo, Rubio anunció que Rodríguez viajaría a la India antes de que el gobierno venezolano lo mencionara, lo que sorprendió a los funcionarios venezolanos y a los diplomáticos extranjeros.

Cuando Bret Baier, presentador de Fox News, se puso en contacto con Rodríguez para que participara en una entrevista, ella le dijo que Trump tendría que dar su visto bueno. A Trump le encantó que Rodríguez le pidiera permiso, y ha contado la historia varias veces a otras personas cuando le preguntan por ella, según varias personas que conocen sus comentarios.

Cuando Estados Unidos atacó Irán, Yvan Gil, el canciller de Venezuela, emitió una condena moderada de la agresión contra el viejo aliado de Venezuela.

El gobierno de Trump le comunicó a Rodríguez que debía eliminar la publicación y le advirtió que no volviera a apoyar públicamente a sus adversarios. Gil borró la publicación unas horas después de publicarla.

En la práctica, fue una admisión de que Venezuela ya no marcaba su propia política exterior.

Gil no respondió a una solicitud de comentarios.

Rubio estaba durmiendo en Baréin el mes pasado cuando lo despertó una llamada desde la Sala de Situación de la Casa Blanca. Dos terremotos de gran magnitud se habían registrado en Venezuela, y las primeras imágenes eran desoladoras. Localidades enteras habían quedado arrasadas y había muchas personas desaparecidas.

Poco después, Rubio habló con Rodríguez y le prometió toda la ayuda de Estados Unidos. Los equipos de rescate estadounidenses llegaron al lugar dos días después. Rubio ha descrito los planes del gobierno para Venezuela en tres fases: recuperar la economía, estabilizar el país y facilitar su transición hacia la democracia.

Antes de los terremotos, funcionarios estadounidenses dijeron que se encontraban en la segunda fase, trabajando para abrir Venezuela a la inversión internacional. Para impulsar ese objetivo, altos cargos del gobierno de Trump viajaron a Venezuela para reunirse con sus homólogos y cerrar nuevos acuerdos en materia de energía y minería.

Sin embargo, los anuncios resultantes han sido, en su mayoría, esbozos optimistas de posibles inversiones.

En marzo, Doug Burgum, el secretario del Interior, visitó Venezuela y se reunió con Rodríguez en el palacio presidencial. Durante la visita, Rubio le mandó un mensaje para preguntarle cómo iba la reunión. Rodríguez dijo que iba bien y le envió una selfi con Burgum.

Pero la reunión se vio empañada por noticias perjudiciales. Reuters informó ese mismo día de que el Departamento de Justicia estaba preparando en secreto un proceso judicial contra Rodríguez.

El gobierno de Rodríguez se quedó atónito y pidió aclaraciones a la Casa Blanca. Para calmar las preocupaciones de Rodríguez, Todd Blanche, por entonces fiscal general adjunto, calificó el reportaje de “completamente FALSO”.

Pero el gobierno venezolano quería más garantías. Así que al día siguiente, Rubio le mandó a Rodríguez un mensaje con el enlace a una publicación del presidente de Estados Unidos en las redes sociales.

“Delcy Rodríguez, que es la presidenta de Venezuela, está haciendo un gran trabajo y colaborando muy bien con los representantes de EE. UU.”, escribió Trump. Rodríguez quedó satisfecha y quiso darle las gracias a Trump con una publicación propia. Pero primero le enseñó el borrador a Rubio. Lo publicó después de recibir su aprobación.

Antes de la captura de Maduro, los fiscales estadounidenses habían estado investigando a muchos funcionarios venezolanos, incluida Rodríguez, aunque no está claro si esas investigaciones han sacado a la luz pruebas de delitos. La agencia Associated Press informó en mayo que el gobierno de Trump había ordenado a los fiscales que dejaran de investigar a Rodríguez.

El éxito de los esfuerzos por llevar estabilidad a Venezuela, la segunda fase del plan de Rubio, depende en gran medida de la inversión extranjera. Pero los inversores se muestran cautelosos. El sector petrolero está deteriorado y es corrupto, y el control de Rodríguez sobre el poder es incierto. Los terremotos han retrasado las negociaciones para los nuevos contratos petroleros.

Trump no parece preocupado. Ha insinuado varias veces que Venezuela podría convertirse en el estado número 51.

Aún no hay certeza sobre quién podría dirigir el país de forma más permanente. María Corina Machado, la líder de la oposición exiliada, sigue siendo la política más popular del país. Pero Machado tiene enemigos acérrimos entre los responsables de seguridad y militares de Venezuela, lo que ha llevado a Rubio a descartarla y decidirse por Rodríguez como líder elegida a dedo para el país.

Aunque antes era un firme partidario de Machado, Rubio se ha distanciado de ella en los últimos meses. El enfriamiento de la relación entre el gobierno de Trump y Machado se convirtió en una ruptura abierta tras los terremotos. Los responsables estadounidenses se han negado a ayudarla a volver a Venezuela por miedo a avivar los disturbios.

El plazo para la fase final del plan de Rubio para Venezuela, las elecciones libres, sigue sin definirse. Cuando The New York Times le preguntó a Rodríguez en mayo cuándo celebraría las elecciones, ella dijo: “No lo sé. En algún momento”.

Los analistas políticos dicen que Rodríguez podría estar intentando agotar el tiempo de la presidencia de Trump, con la esperanza de que la presión para celebrar las elecciones se disipe bajo el mandato de su sucesor.

Por ahora, la decisión sobre cuándo se celebrarán las elecciones no está en sus manos. Está en las de Rubio." 

(Tyler Pager y  , The New York Times, 11/07/26)  

28.6.26

Gustavo Petro: Mi gobierno termina el 6 de agosto a las doce de la noche... ese día Colombía tendrá los mayores niveles de ocupación del siglo y con el mayor número de empresas privadas de la historia... tendrá 5 millones menos de pobres y dos millones menos de pobres extremos... hemos realizado una buena reforma agraria y disminuido el número de hectáreas de hoja de coca... crecemos económicamente a 3,4%, elevamos la cobertura de educación superior en toda la juventud al 60%, y desplomamos el hambre y tenemos la cuarta parte de la mortalidad infantil por desnutrición de la que recibimos, bajamos las tasas de mortalidad infantil a un dígito,y también la materna y la perinatal... Les devolvemos una Colombia con más vida que como la recibimos.

Gustavo Petro @petrogustavo

Mi gobierno termina el 6 de agosto a las doce de la noche Cuando recibí el gobierno de Duque, José Manuel Restrepo era su ministro de Hacienda. Más o menos es como si les devolviera el gobierno, dirán, ahí les dejamos gobernar un poquito. 

Les devuelvo la casa, pero no está simplemente pintada, el 6 de agosto esa casa tendrá 5 millones menos de pobres y dos millones menos de pobres extremos. Tendrá los mayores niveles de ocupación del siglo y con el mayor número de empresas privadas de la historia, hemos realizado una buena reforma agraria y disminuido el número de hectáreas de hoja de Coca, en la última medición mensual crecemos económicamente a 3,4%, elevamos la cobertura de educación superior en toda la juventud al 60%, y desplomamos el hambre y tenemos la cuarta parte de la mortalidad infantil por desnutrición de la que recibimos, bajamos las tasas de mortalidad infantil a un dígito,y también la materna y la perinatal. 

Les devolvemos una casa con más vida que como la recibimos. Creo que los colombianos viven hoy mejor que como estaban cuando recibimos el gobierno. 

José Manuel Restrepo, no lo dirá, verá como lo que recibe es mejor que lo que dejó. Ahora vuelve a gobernar, espero que la Colombia que entreguen tenga más vida y bienestar que la que yo entrego. Ahí tienen su casa.

4:33 a. m. · 28 jun. 2026 ·2 M Visualizaciones

19.6.26

La gestión económica de Gustavo Petro en Colombia ha sido muy positiva... la cantidad de empleo creado ha sido récord... al mismo tiempo que el salario mínimo se elevaba notablemente para mejorar la capacidad económica de las rentas más bajas... al mismo tiempo que se reducía la informalidad en el mercado laboral... Se han incrementado las partidas presupuestarias en educación, salud, pensiones, inversión, transferencias a trabajadores y defensa. Aunque la evolución de la inflación ha reducido su efecto real, ha seguido siendo positivo, especialmente en inversión... El sistema impositivo es ahora más justo (las rentas más altas pagan más por ganancias de capital y dividendos, patrimonio y rentas del trabajo), y también se orienta más hacia la salud pública (por impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados)... Como consecuencia, tanto la pobreza monetaria como la pobreza extrema han caído ininterrumpidamente durante todo el gobierno de Petro, y a mayor velocidad que durante gobiernos anteriores... Los indicadores de confianza de consumidores y empresas nunca habían sido tan positivos en la historia reciente de Colombia (Eduardo Garzón)

Eduardo Garzón ‪@edugaresp.bsky.social‬

Los datos demuestran que la gestión económica de Gustavo Petro en Colombia ha sido bastante positiva. Crecimiento económico, creación de empleo, aumento de salarios, menor informalidad, menor pobreza, más Estado social, más justicia fiscal... Vamos a verlos uno por uno

 El PIB real (descontando la inflación) de Colombia no sólo ha crecido durante el gobierno de Petro, sino que lo ha hecho cada vez más, y todo ello a pesar de que el banco central subió mucho (más que otros) los tipos de interés para combatir la inflación pospandémica

 La cantidad de empleo creado ha sido récord: durante ningún otro gobierno de Colombia se han creado tantos puestos de trabajo como con el de Petro. En consecuencia, la tasa de desempleo ha ido cayendo constantemente, registrando su nivel más bajo desde el año 2001.

 Esto ha ocurrido al mismo tiempo que el salario mínimo se elevaba notablemente para mejorar la capacidad económica de las rentas más bajas.

 Y también ha ocurrido al mismo tiempo que se reducía la informalidad en el mercado laboral, de forma que mucha gente que trabajaba en la economía sumergida pasaba a tener un contrato regulado y con derechos laborales.

 Se han incrementado las partidas presupuestarias en educación, salud, pensiones, inversión, transferencias a trabajadores y defensa. Aunque la evolución de la inflación ha reducido su efecto real, ha seguido siendo positivo, especialmente en inversión.

 El sistema impositivo es ahora más justo (las rentas más altas pagan más por ganancias de capital y dividendos, patrimonio y rentas del trabajo), y también se orienta más hacia la salud pública (por impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados)

 Como consecuencia de todo lo anterior, tanto la pobreza monetaria como la pobreza extrema han caído ininterrumpidamente durante todo el gobierno de Petro, y a mayor velocidad que durante gobiernos anteriores.

 Además, el modelo productivo se ha reorientado ligeramente desde el sistema primario-exportador que le ha caracterizado siempre a un sistema de servicios, especialmente turísticos.

 Los indicadores de confianza de consumidores y empresas nunca habían sido tan positivos en la historia reciente de Colombia. Los hogares colombianos valoran muy positivamente tanto la evolución de su economía particular como la de la economía del país.

 Por eso la valoración de Petro no ha hecho más que mejorar, alcanzando actualmente una aprobación del 50,3%, siendo mayor incluso en la gestión económica: 53,8%

 En conclusión: aunque el gobierno de Petro ha enfrentando importantes obstáculos como la inflación pospandémica, el aumento de los tipos de interés por parte del banco central y algunas limitaciones jurídicas a ciertas reformas, el balance económico es claramente positivo.

 Amplío toda esta información en vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=igwIDWQOYYM

8:45 · 19 jun 2026 11 republicaciones 32 me gusta 2 guardados

7.6.26

Bolivia se enfrenta a una peligrosa conjunción de dificultades económicas, fragmentación política y una renovada intervención imperialista... La crisis política en Bolivia ha puesto de manifiesto una vez más la fragilidad de los proyectos progresistas en América Latina cuando se enfrentan a divisiones internas y presiones externas... Forma parte de una lucha más amplia por el futuro de la izquierda latinoamericana, el control de los recursos estratégicos y el esfuerzo de Estados Unidos y sus aliados por revertir los logros alcanzados durante el ciclo progresista de la región... El estancamiento económico, el aumento de las expectativas sociales, la concentración de los medios de comunicación, el activismo judicial y la intervención extranjera han creado un entorno hostil para la política transformadora... La estrategia de Estados Unidos no siempre requiere una intervención militar. El imperialismo contemporáneo opera a través de instituciones financieras, sanciones, campañas mediáticas, presión diplomática, redes de inteligencia y apoyo a las élites locales. El objetivo es debilitar a los gobiernos que persiguen estrategias de desarrollo soberanas y fomentar el restablecimiento de las políticas neoliberales... El control del litio es considerado cada vez más como una cuestión estratégica por las grandes potencias y las corporaciones multinacionales. El esfuerzo por marginar a la izquierda boliviana no puede, por lo tanto, separarse de la lucha por los recursos naturales... Que Bolivia pueda superar su crisis actual dependerá de la capacidad de estos sectores populares para reconstruir la unidad ante la creciente presión. El resultado no solo determinará el futuro de Bolivia. Influirá en el equilibrio de fuerzas en toda América Latina (Vijay Prashad)

"Bolivia se enfrenta a una peligrosa conjunción de dificultades económicas, fragmentación política y una renovada intervención imperialista. La crisis inmediata se manifiesta en la escasez de combustible, las presiones inflacionistas, la inestabilidad monetaria y la creciente frustración de la población. Las largas colas en las gasolineras se han convertido en símbolo de un sentimiento generalizado de incertidumbre. Las reservas de divisas han disminuido, lo que encarece las importaciones y ejerce presión sobre la capacidad del Gobierno para gestionar la economía.

La oligarquía boliviana ha tratado de aprovechar estas dificultades presentando la crisis como prueba del fracaso del proyecto socialista iniciado bajo el mandato de Evo Morales. Sin embargo, tales argumentos ignoran tanto el contexto internacional como los logros del proceso boliviano durante las últimas dos décadas. La economía de Bolivia, al igual que la de muchos países del Sur Global, se ha visto afectada por la inflación mundial, la volatilidad de los precios de las materias primas y las vulnerabilidades estructurales heredadas de décadas de gobierno neoliberal.

La crisis política en Bolivia ha puesto de manifiesto una vez más la fragilidad de los proyectos progresistas en América Latina cuando se enfrentan a divisiones internas y presiones externas. Lo que está ocurriendo en el país no es meramente una disputa electoral o un conflicto temporal dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), actualmente en el poder. Forma parte de una lucha más amplia por el futuro de la izquierda latinoamericana, el control de los recursos estratégicos y el esfuerzo de Estados Unidos y sus aliados por revertir los logros alcanzados durante el ciclo progresista de la región (lo que se denominó la «Marea Rosa»).

Crisis en el seno de la izquierda

En el centro de la crisis política se encuentra el amargo conflicto dentro del propio MAS. La ruptura entre los partidarios del expresidente Luis Arce y los alineados con el expresidente Evo Morales ha debilitado lo que en su día fue el movimiento popular más fuerte y exitoso de América Latina. En lugar de presentar un frente unido contra las fuerzas conservadoras, el movimiento se ha visto consumido por disputas internas sobre el liderazgo, la estrategia y la dirección futura de la revolución. Fue esta ruptura la que llevó a la victoria de la derecha en las elecciones de 2025 y devolvió a la oligarquía al poder.

Para comprender la importancia de esta división, es necesario recordar la historia de la izquierda boliviana. El surgimiento del MAS no fue el producto de un partido político tradicional. Surgió de las luchas de masas contra el neoliberalismo, los movimientos indígenas, las organizaciones campesinas, los sindicatos y la resistencia popular a la privatización del agua, el gas y otros recursos estratégicos. Las grandes victorias de principios del siglo XXI se construyeron sobre esta base social. La Guerra del Agua de Cochabamba de 2000 y las Guerras del Gas de 2003 demostraron el poder de la movilización popular contra las empresas extranjeras y las élites nacionales. Estas luchas acabaron impulsando a Evo Morales, un líder sindical aimara, a la presidencia en 2006.

Durante 14 años, Morales presidió una de las transformaciones más notables de América Latina. La pobreza se redujo drásticamente. Se redujo la pobreza extrema. Los pueblos indígenas obtuvieron representación política y reconocimiento constitucional. Sectores estratégicos de la economía pasaron a estar bajo control público. Los ingresos procedentes de los recursos naturales se destinaron a programas sociales, infraestructuras, educación y sanidad. Bajo el mandato de Morales, Bolivia logró un crecimiento económico sostenido al tiempo que reducía la desigualdad. El país se convirtió en un ejemplo de cómo la intervención estatal y la participación popular podían desafiar la ortodoxia neoliberal impuesta en todo el hemisferio durante las décadas de los 80 y los 90. Estos logros explican por qué Morales sigue siendo una de las figuras políticas más populares de Bolivia. Su popularidad no es meramente una cuestión de carisma personal. Tiene su origen en las mejoras materiales experimentadas por millones de personas de a pie durante sus años en el cargo. Para amplios sectores de la mayoría indígena, Morales simboliza la dignidad, la soberanía y la posibilidad de gobernar en interés de los pobres en lugar de en el del capital extranjero.

Esta popularidad también explica la intensidad de los ataques dirigidos contra él.

La campaña contra Morales no comenzó con las actuales disputas dentro del MAS. Ha sido una constante en la política boliviana desde que desafió por primera vez a la oligarquía del país. El golpe de Estado de 2019, orquestado por Estados Unidos, representó la expresión más dramática de esta hostilidad. Con el pretexto de defender la democracia, las fuerzas conservadoras, sectores del ejército y actores extranjeros intentaron anular los resultados de un proceso político que amenazaba intereses económicos arraigados (como el de Elon Musk, de Tesla, que ansiaba las reservas de litio). El gobierno golpista que le siguió reveló rápidamente su verdadera naturaleza. La represión se intensificó. Se atacaron los símbolos indígenas. Se persiguió a los movimientos sociales. La retórica de la democracia dio paso a la realidad de un régimen autoritario.

El rápido regreso del MAS al poder a través de las elecciones demostró la fortaleza perdurable del movimiento popular. Sin embargo, el golpe dejó profundas cicatrices. Intensificó las tensiones internas, generó desconfianza entre las diferentes facciones y fomentó la creencia entre las fuerzas conservadoras de que la izquierda podría acabar siendo derrotada mediante una combinación de guerra política, desestabilización económica y presión institucional. Fue este golpe el que, seis años después, dio lugar a la victoria de la oligarquía en las urnas —20 años después de que perdieran el poder frente a Morales en 2005.

Hoy en día, los ataques contra Morales persiguen múltiples objetivos. Pretenden neutralizar a la figura más influyente de la izquierda boliviana. Buscan dividir al movimiento popular. También intentan reescribir la historia de las décadas anteriores al presentar un período de avance social sin precedentes como uno de fracaso y corrupción.

La marea airada

Lo que está en juego va mucho más allá de Bolivia. En toda América Latina se está desarrollando un nuevo ciclo de lucha. Los gobiernos progresistas han vuelto al poder en varios países, pero se enfrentan a enormes desafíos. El estancamiento económico, el aumento de las expectativas sociales, la concentración de los medios de comunicación, el activismo judicial y la intervención extranjera han creado un entorno hostil para la política transformadora. Estados Unidos sigue viendo a América Latina a través del prisma de la competencia geopolítica. Aunque el lenguaje de la intervención ha cambiado desde la Guerra Fría, el objetivo subyacente sigue siendo notablemente el mismo: impedir el surgimiento de proyectos políticos y económicos independientes que desafíen la influencia estadounidense.

Esta estrategia no siempre requiere una intervención militar. El imperialismo contemporáneo opera a través de instituciones financieras, sanciones, campañas mediáticas, presión diplomática, redes de inteligencia y apoyo a las élites locales. El objetivo es debilitar a los gobiernos que persiguen estrategias de desarrollo soberanas y fomentar el restablecimiento de las políticas neoliberales.

Bolivia ocupa un lugar especialmente importante en este marco. El país posee algunas de las mayores reservas de litio del mundo, un recurso fundamental para la transición energética global. El control del litio es considerado cada vez más como una cuestión estratégica por las grandes potencias y las corporaciones multinacionales. El esfuerzo por marginar a la izquierda boliviana no puede, por lo tanto, separarse de la lucha por los recursos naturales. Un movimiento progresista fragmentado y debilitado facilitaría que el capital extranjero recuperara influencia sobre sectores estratégicos de la economía. El peligro para la izquierda es que las divisiones internas faciliten la aplicación de esta estrategia. Cuando las fuerzas progresistas se enzarzan en conflictos entre sí, se vuelven menos capaces de hacer frente al poder organizado del capital y el imperialismo.

Bolivia se encuentra, por tanto, en una encrucijada. Un camino conduce a una mayor fragmentación, debilitando las fuerzas sociales que transformaron el país durante las últimas dos décadas. El otro camino requiere madurez política, unidad y un compromiso renovado con las reivindicaciones que originalmente llevaron al poder al movimiento popular. La lección central de la experiencia boliviana sigue siendo válida hoy en día. Las victorias de la izquierda no se lograron solo a través de líderes individuales, sino mediante el poder colectivo de los trabajadores, los campesinos, las comunidades indígenas, las mujeres y los movimientos sociales. Esas mismas fuerzas siguen siendo la única base fiable para defender la democracia, la soberanía y la justicia social.

Que Bolivia pueda superar su crisis actual dependerá de la capacidad de estos sectores populares para reconstruir la unidad ante la creciente presión. El resultado no solo determinará el futuro de Bolivia. Influirá en el equilibrio de fuerzas en toda América Latina en un momento en que la lucha entre soberanía y dominación, democracia y oligarquía sigue siendo tan decisiva como siempre."

(Vijay Prashad, Peoples Democracy, 07/06/26, traducción Salvador López)

1.6.26

¿Por qué arde Bolivia? Tres semanas de movilizaciones contra el ajuste de Rodrigo Paz tienen al país en una fase crítica, con medio centenar de bloqueos y un saldo de siete muertos. Las claves de una revuelta popular que, tras el colapso del MAS, todavía carece de dirección unificada... El conflicto comenzó en abril con una gran marcha de campesinos e indígenas que partió de la región amazónica del norte del país contra la Ley 1720... La medida afecta de modo indirecto a los territorios indígenas: cercados por grandes propiedades agroindustriales que practican el monocultivo con pesticidas y una deforestación acelerada, ven dañado su entorno. La Constitución exige consultas previas antes de adoptar este tipo de medidas, y esas consultas nunca ocurren. Por eso las comunidades indígenas y campesinas recurrieron a su método tradicional de lucha: marchar a la capital para exigir la derogación... Dentro del paquete de austeridad (DS 5503) figura una medida radical: la supresión de los subsidios a los combustibles, vigentes hacía más de dos décadas, que elevó los costos del transporte y, con ellos, de todos los productos, y sostuvo la inflación en niveles altos. Ante la escasez de combustible, el gobierno importó carburantes de mala calidad que, además de caros, dañaron miles de vehículos... La escasez de productos de primera necesidad, medicamentos e insumos se agrava por los bloqueos y la falta de combustible... Evo Morales propuso elecciones en noventa días para pacificar Bolivia, con el argumento de que el gobierno carece de capacidad para gobernar. Sectores afines a Evo y de la COB respaldaron la propuesta; el presidente la rechazó de plano... El gobierno no descarta decretar el estado de sitio, y a la vez no quiere sumar desprestigio. Está en un callejón sin salida. La dinámica del conflicto sigue abierta: varios sectores volvieron a sus bases y otros se sumaron a la movilización, que se mantiene bajo la dirección de la COB y se expande por el país, en coordinación con sectores que tienen sus propias agendas regionales y locales (Chantal Liégeois)

"Tres semanas de movilizaciones contra el ajuste de Rodrigo Paz tienen al país en una fase crítica, con medio centenar de bloqueos y un saldo de siete muertos. Las claves de una revuelta popular que, tras el colapso del MAS, todavía carece de dirección unificada.

Ya pasaron tres semanas desde el inicio de las movilizaciones y la revuelta popular en Bolivia entra en una fase crítica. La noche del 20 de mayo, el presidente Rodrigo Paz dio una conferencia de prensa de cincuenta minutos con el objetivo de calmar los ánimos. Apeló al diálogo con los distintos sectores sociales y anunció algunas medidas. Mencionó cambios en su gabinete (que no especificó) y un corredor humanitario para transportar alimentos y combustible a la capital. También propuso un comité económico y social mensual con representantes de los movimientos sociales. Ninguna solución concreta para resolver el conflicto.

Tras dos días de relativa calma en las calles de la capital, el 21 de mayo la Central Obrera Boliviana (COB) convocó una gran marcha «por la democracia» en La Paz, que reunió a una multitud inmensa. El mapa del conflicto se desplazó: lo que se concentraba en La Paz se extiende ahora a todo el país, con cerca de cincuenta puntos de bloqueo en las principales rutas, que paralizan el tránsito interdepartamental. Desde comienzos de mayo, Bolivia es escenario de luchas contra el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, en el poder hace apenas seis meses. Asistimos a una nueva escalada de las tensiones sociales, con movilizaciones masivas y bloqueos de rutas, el cerco a La Paz y, ahora, el pedido de renuncia del presidente.

El conflicto comenzó en abril con una gran marcha de campesinos e indígenas que partió de la región amazónica del norte del país contra la Ley 1720. Esa norma permite transformar la pequeña propiedad agrícola en propiedad de mediana extensión y usarla como garantía hipotecaria, con el fin de ampliar el mercado de tierras para el agronegocio. Después de veinticuatro días de movilización, la marcha consiguió la derogación parcial de la ley: una primera victoria importante frente a los proyectos del gobierno y la voracidad del agronegocio.

El 1 de mayo, la COB convocó una huelga general y se montaron quince bloqueos en distintas rutas del departamento de La Paz, lo que dificultó el tránsito y perturbó el abastecimiento de la capital. El frente de movilización reúne a campesinos e indígenas, a la COB, a los mineros (FSTMB) y las cooperativas mineras, al magisterio, a los trabajadores del transporte público, a las juntas vecinales de El Alto, al estudiantado, a los «ponchos rojos» aimaras, al personal de salud, a pequeños comerciantes urbanos y a los cocaleros del Chapare y de los Yungas. Todos presionan al gobierno para que derogue las medidas de austeridad de los últimos meses y resuelva la persistente escasez de gasolina y diésel, en un contexto de fuerte aumento del costo de vida. El descontento pasó de los reclamos locales a un sentimiento antigubernamental más general, que exige la renuncia del presidente.

El gobierno y la embajada de Estados Unidos, secundados por los medios, presentan todo esto como «el conflicto de Evo», que estaría manipulando a las masas. En los hechos, cada sector tiene sus propias reivindicaciones. La COB se opone al cierre de las empresas públicas y exige un aumento salarial del 20 %. El magisterio reclama más presupuesto para la educación. El transporte pesado pide combustible de calidad y una indemnización por los daños que causó la gasolina adulterada. Sectores próximos a Evo también se movilizaron para reclamar el fin de procesos judiciales que consideran injustos. Quienes hoy se manifiestan y piden la renuncia de Paz son los mismos que lo votaron en octubre de 2025, convencidos por sus promesas de «capitalismo para todos».

Seis meses de gobierno neoliberal

Cuando Rodrigo Paz asumió en noviembre de 2025, encontró un país con una inflación del 20,4 % y un déficit fiscal del 12 % del PBI, con las reservas internacionales en mínimos históricos. Un país productor de petróleo y gas que importa más del 80 % del diésel y el 60 % de la gasolina que consume. Un Estado débil, muy dependiente del gran capital, golpeado por la crisis económica heredada del gobierno de Luis Arce (2020-2025) y por el fin del ciclo político del Movimiento al Socialismo (MAS). La disputa interna entre Arce y Evo Morales se tradujo en un voto castigo contra el MAS, que gobernó durante dos décadas.

El gobierno de Paz, visto por la mayoría en las últimas elecciones como una opción de derecha moderada frente al candidato conservador Tuto Quiroga, reveló su subordinación de clase al proponer un programa económico al servicio del gran capital (los empresarios mineros y del agronegocio) y de las transnacionales. Apenas iniciado su mandato, anunció el restablecimiento de las relaciones oficiales con Estados Unidos y la reapertura de la embajada estadounidense en La Paz, el restablecimiento de las relaciones con Israel (rotas en 2023 por el genocidio en Gaza) y contratos sobre el litio con empresas transnacionales.

Dentro del paquete de austeridad (DS 5503) figura una medida radical: la supresión de los subsidios a los combustibles, vigentes hacía más de dos décadas, que elevó los costos del transporte y, con ellos, de todos los productos, y sostuvo la inflación en niveles altos. Ante la escasez de combustible, el gobierno importó carburantes de mala calidad que, además de caros, dañaron miles de vehículos. También aprobó la ley de incentivos fiscales (DS 5563) para la inversión extranjera, orientada a facilitar la cesión de recursos naturales (minerales como el litio, energía e infraestructura) a las transnacionales. Obtuvo préstamos externos para saldar deudas antiguas y recapitalizar los bancos. La inflación, al comienzo controlada, resurgió. Además, flexibilizó los mecanismos de fiscalización ambiental y comunitaria.

Frente a un Estado quebrado por la mala gestión y la corrupción, la receta neoliberal que Paz intenta aplicar es conocida: reducir al máximo el gasto del Estado y sus obligaciones sociales (educación, salud, transporte público) y trasladar el peso de la crisis a la clase trabajadora, al tiempo que favorece al capital.

La Ley 1720, anticampesina y antiindígena

Con el pretexto de facilitar el acceso al crédito de los pequeños productores, la Ley 1720, promulgada el 17 de abril, permite transformar la pequeña propiedad agrícola (hasta ahora protegida por la Constitución como patrimonio familiar inembargable) en una propiedad de mediana extensión susceptible de crédito, mediante la modificación de la Ley INRA que define el régimen de tierras. Esto implica una precarización de la pequeña propiedad, que podrá funcionar como garantía hipotecaria y abre el camino a la mercantilización de la tierra. La norma se conoce también como ley Marinkovic, por el gran terrateniente, hoy senador, que la impulsó y que se apropió de 33.000 hectáreas en la Chiquitania durante el gobierno de facto de Áñez, en 2020.

En Bolivia, el 50 % de la población rural vive en la pobreza, y la agricultura familiar produce el 87 % de la canasta básica y emplea al 89 % de la mano de obra rural. La ley prevé además congelar por diez años los mecanismos de verificación de la función económica y social de la tierra, es decir, dejar de controlar su uso, lo que acelera el mercado privado de tierras.

La medida afecta de modo indirecto a los territorios indígenas: cercados por grandes propiedades agroindustriales que practican el monocultivo con pesticidas y una deforestación acelerada, ven dañado su entorno. La Constitución exige consultas previas antes de adoptar este tipo de medidas, y esas consultas nunca ocurren. Por eso las comunidades indígenas y campesinas recurrieron a su método tradicional de lucha: marchar a la capital para exigir la derogación.

Para las comunidades campesinas y los pueblos indígenas, el territorio es todo: el lugar donde se nace y se vive, donde se produce y se resiste, donde la vida y la cultura se perpetúan. Marchas de casi mil kilómetros partieron de la Amazonía boliviana hacia La Paz, mientras los bloqueos cercaban la capital administrativa. Después de veinticuatro días, lograron que el Parlamento aprobara la derogación parcial de la Ley 1720, con la posibilidad abierta de que se reintroduzca más adelante. Es, en lo fundamental, una primera gran victoria frente al gobierno.

Las respuestas del gobierno al conflicto

Frente al conflicto, el gobierno de Paz reaccionó por tres vías.

La primera fue negociar acuerdos para dividir el movimiento, con concesiones a algunos de los sectores movilizados. Negoció con el importante sector de las cooperativas, que logró anular una deuda de 95 millones de bolivianos con la Caja Nacional de Salud y conservar el subsidio al combustible para su actividad. También negoció con el magisterio y con la COR de El Alto, y firmó un acuerdo con los dirigentes de los «ponchos rojos» de La Paz. Esos sectores se retiraron de a poco del conflicto. En algunos casos, las bases repudiaron a sus líderes por haber firmado.

La segunda fue la represión severa contra manifestantes y bloqueadores. Ya se cuentan cuatro muertos, además de heridos y numerosos detenidos. El gobierno dictó órdenes de detención contra los principales dirigentes de la COB, como Mario Argollo. Envió al ejército a levantar los bloqueos: las fuerzas militares lo intentaron el domingo 18 de mayo y, ante la resistencia, la policía y el ejército retrocedieron y volvieron a sus cuarteles. El gobierno recibió apoyo en material represivo de otros gobiernos neoliberales, como los de Argentina y Ecuador, con químicos antidisturbios para la policía. La OEA e Israel se pronunciaron a favor de Paz. El presidente colombiano Gustavo Petro se ofreció como mediador del conflicto social, y Paz lo acusó de injerencia en los asuntos internos: los dos países interrumpieron sus relaciones.

La tercera fue una intensa campaña de propaganda, del gobierno y del imperialismo, que atribuye las protestas a Evo Morales y al narcotráfico para alimentar la idea de una desestabilización nacional. La prensa burguesa boliviana y extranjera difunde con amplitud ese discurso, que coincide con la justificación de las intervenciones militares estadounidenses en el cono sur. Que las movilizaciones sean fruto de una conspiración de Evo no lo cree nadie, ni siquiera los círculos conservadores. Ese relato sirve igual para aumentar la presión y para amenazar con una futura captura del expresidente. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, insistió en que hay políticos que buscan tomar por la fuerza lo que no ganaron en las urnas y sostuvo que el gobierno no permitirá que el narcotráfico se apodere del país ni que Bolivia quede rehén de políticos del Chapare aliados al tráfico de drogas.

El expresidente Evo Morales (2006-2019) es hoy objeto de órdenes de detención y de un proceso judicial por trata de menores, acusaciones que denuncia como persecución política. Permanece en la región del Chapare (Cochabamba), principal bastión cocalero del país, protegido por un grupo de militantes, mientras miles de simpatizantes denuncian un intento de eliminar su influencia política. En su programa semanal en la radio Kawsachun Coca, Morales propuso elecciones en noventa días para pacificar Bolivia, con el argumento de que el gobierno carece de capacidad para gobernar. Sectores afines a Evo y de la COB respaldaron la propuesta; el presidente la rechazó de plano.

Noticias de último momento

La cuarta semana de movilizaciones será decisiva. La escasez de productos de primera necesidad, medicamentos e insumos se agrava por los bloqueos y la falta de combustible. La manifestación del lunes 25 de mayo, convocada por la COB y la Central Sindical Campesina, reunió a miles de manifestantes y campesinos llegados de todas las provincias del departamento de La Paz, que después regresaron a sus comunidades.

El 26 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó una nueva ley que deroga la Ley 1341 de 2020 sobre el estado de excepción, que acotaba su aplicación con plazos específicos y un control legislativo más estricto. La nueva norma le permite al gobierno declarar con mayor facilidad el estado de excepción (previsto en la Constitución), intensificar la represión sin aval del parlamento y movilizar a las Fuerzas Armadas contra las manifestaciones y los bloqueos.

El riesgo de detención se confirma para Evo en el mediano plazo. En una conferencia del 24 de mayo, Paz declaró que el expresidente terminará siendo llevado ante la justicia y que ese es un compromiso de su gobierno. Es probable que eso ocurra recién tras la resolución de la crisis, para no echar más leña al fuego. Conviene recordar que Paz adhirió a la iniciativa estadounidense «Escudo de las Américas», en cuyo marco Estados Unidos y doce países latinoamericanos habilitan la intervención militar de Washington contra el narcotráfico.

El 27 de mayo, el gobierno organizó el primer encuentro del Consejo económico y social con representantes de los movimientos sociales, en un intento de abrir más el diálogo. La Iglesia católica se puso a disposición del Comité Cívico de Santa Cruz para mediar en las negociaciones con los sectores movilizados. En contacto telefónico con Paz, el presidente Lula pidió respeto por las instituciones democráticas y dispuso el envío de ayuda humanitaria a Bolivia.

¿Qué perspectivas tiene el conflicto?

Este conflicto muestra que el gobierno no cuenta con apoyo social de base. La burguesía lo sostiene por falta de alternativa. La clase media urbana y, en particular, su juventud (los «pititas», que tuvieron un papel destacado en el conflicto de 2019) no logró por ahora unificarse. El agronegocio de Santa Cruz está a favor de Paz y no moviliza. Hay un deterioro real y veloz de la legitimidad del presidente, que había prometido estabilidad y recuperación económica, expectativas falsas e imposibles de cumplir. En cierto modo, Paz es víctima de su propio juego.

El gobierno no descarta decretar el estado de sitio, y a la vez no quiere sumar desprestigio. Está en un callejón sin salida. La dinámica del conflicto sigue abierta: varios sectores volvieron a sus bases y otros se sumaron a la movilización, que se mantiene bajo la dirección de la COB y se expande por el país, en coordinación con sectores que tienen sus propias agendas regionales y locales.

Tras el reciente colapso del MAS, el movimiento popular boliviano carece de una dirección unificada que oriente la construcción de nuevas propuestas políticas. Las movilizaciones actuales, y la larga tradición de lucha de clases en Bolivia (de la revolución obrera de 1952 a las guerras del agua y del gas), siempre reservaron sorpresas y mostraron un carácter profundamente antiimperialista, junto a una enorme capacidad de resistencia y recuperación. De esas luchas deberán surgir los liderazgos para construir un nuevo bloque político en el escenario pos-Rodrigo Paz. Hace falta una nueva generación capaz de unir a los sectores sociales en torno a un proyecto nacido de la base y controlado por ella, un bloque político con propuestas renovadas, de orientación antiimperialista y anticapitalista." 

( , JACOBINLAT, 30/05/26)  

22.5.26

Estamos asistiendo a una nueva crisis social en Bolivia que hace tambalear al gobierno del derechista Rodrigo Paz Pereira, electo presidente hace solamente nueve meses... es un nuevo capítulo de un largo proceso de crisis política e institucional que arranca por lo menos en el año 2020... las medidas neoliberales adoptadas por Rodrigo Paz como por ejemplo, el aumento del precio de la gasolina e incluso la distribución de gasolina adulterada, la eliminación de subsidios y programas sociales, nuevos impuestos para los pequeños productores y comerciantes,la privatización y entrega a empresas trasnacionales del gas y el litio, la derogación de impuestos a las grandes fortunas y a las transacciones financieras, han desatado al máximo el descontento de la gran mayoría de la población y en particular de los trabajadores organizados, bloqueando carreteras en todo el país... la respuesta de las autoridades ha sido la represión de de la policía y de las las fuerzas armadas... Si algo faltaba en este escenario caótico era el resquebrajamiento institucional, con con las declaraciones del Vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, acompañado por legisladores del PDC: “una vez más le pedimos al presidente bajar la soberbia, llamar al diálogo, dialogar con los sectores movilizados y no con esos grupos que al presidente le conviene dialogar” ( Carlos Flanagan)

 "En estos días estamos asistiendo a una nueva crisis social en Bolivia que hace tambalear al gobierno de derecha de Rodrigo Paz Pereira (quien fuera el candidato del PDC), electo presidente hace solamente nueve meses, el 17 de agosto del pasado año.

Desde ya podemos afirmar que la presente crisis no es para nada un rayo en una noche de verano, ni tiene su inicio hoy.

Es más bien un nuevo capítulo de un largo proceso de crisis política e institucional que arranca por lo menos en el año 2020, como mencionáramos en artículos previos e inmediatamente posteriores a las ya mencionadas elecciones de agosto pasado.

Señalábamos que el MAS no tenía cuadros políticos formados para la gestión gubernamental; debido a que nunca funcionó como un partido de acción política permanente y cotidiana, sino por el contrario lo hizo como un instrumento electoral puntual.

En segundo lugar remarcábamos el nefasto papel jugado por Evo Morales quien asumió la presidencia del MAS en el año 2020, luego de haber sido Presidente de Bolivia desde desde el 22 de enero de 2006 hasta su renuncia, el 10 de noviembre de 2019.

En su obsesión de ser el eterno candidato a presidente de la izquierda boliviana, no sólo no organizó la formación política de cuadros, sino que llevó adelante una férrea oposición al gobierno del propio MAS, encabezado por Luis Arce y David Choquehuanca (ex ministro de economía y relaciones respectivamente bajo su presidencia), a los que llegó a tildar de traidores.

Llegó a dividir incluso a la bancada parlamentaria del MAS entre “arcistas” y “evistas” (votando estos últimos muchas veces con la derecha en contra de proyectos del gobierno).

Finalmente en las elecciones promovió el voto anulado, lo que facilitó el triunfo de la derecha.

Como tercer elemento marcábamos las debilidades de la política económica del presidente Arce que dieron lugar al aumento de la inflación que llegó a un 24%, el mayor porcentaje en 39 años.

El valor del dólar que desde hacía años cotizaba entre 6,50 y 7 bolivianos, pasó a costar entre 13 y 20 bolivianos en el mercado paralelo.

No existió un debido control a la evasión de ganancias de firmas exportadoras a la banca offshore.

Y para completar el panorama de crisis y falta de credibilidad en el gobierno, una gran escasez de combustible obligó a la gente a hacer largas filas durante horas en las distintas estaciones de servicio.

Hoy las medidas neoliberales adoptadas por Rodrigo Paz como por ejemplo:

  • la derogación de impuestos a las grandes fortunas y a las transacciones financieras,
  • nuevos impuestos para los pequeños productores y comerciantes,
  • eliminación de subsidios y programas sociales,
  • la revisión de la ley de trabajo,
  • la privatización y entrega a empresas trasnacionales del gas y el litio,
  • aumento del precio de la gasolina e incluso la distribución de gasolina adulterada,

han desatado al máximo el descontento de la gran mayoría de la población y en particular de los trabajadores organizados.

A principios de mes hubo paros de transportistas y en el magisterio. A su vez la COB presentó un pliego con 100 demandas que fue rechazado en su totalidad por el gobierno.

La respuesta popular

Ante la falta de diálogo, la misma no se hizo esperar y en los últimos días se bloquearon diversas carreteras en todo el país; principalmente en El Alto y La Paz, que está prácticamente aislada con 18 puntos de bloqueo de un total de 22 en el país hasta la fecha.

La respuesta de las autoridades hasta el momento ha sido la contención y represión a las manifestaciones que están llegando a las cercanías de la plaza Murillo, sede del gobierno.

Además de la policía, están participando las fuerzas armadas; lo que sería ilegal dada la inexistencia de la autorización previa parlamentaria.

Asimismo han librado orden de aprehensión contra Mario Argollo, Secretario Ejecutivo de la COB y otros 24 dirigentes sociales.

Una voz discordante en el gobierno

Si algo faltaba en este escenario caótico era el resquebrajamiento institucional.

El mismo se hace patente con las declaraciones nada menos que del Vicepresidente de Bolivia, Edman Lara en el día de ayer domingo 17, acompañado por legisladores del PDC de las cuales transcribimos algunos pasajes en forma textual: “una vez más le pedimos al presidente bajar la soberbia, llamar al diálogo, dialogar con los sectores movilizados y no con esos grupos que al presidente le conviene dialogar, porque hemos visto que se ha reunido solamente con los que son afines a él y eso no está bien”.

Insistió en que el presidente escuche a la COB y que si no puede acceder al aumento del 20% que solicitan, que se les otorgue lo que permita la economía del Estado.

“No puede usted escuchar a unos y rechazar a otros, no puede usted conversar con unos y mandar a reprimir y a patear a otros bolivianos”, expresó Lara, quien además exigió la destitución del comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol Saravia, y del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Víctor Hugo Valderrama.

La siempre necesaria solidaridad

Desde ya el PIT-CNT, la central única de los trabajadores uruguayos, manifiesta su absoluta solidaridad con sus hermanos de clase nucleados en la COB y su disposición a colaborar en lo que sea menester.

Finalmente nos resta señalar una vez más, que ante el empuje neoliberal y privatizador de este gobierno, la única alternativa será la acumulación de fuerzas que hagan factible la mejor resistencia. Y eso sólo se logrará con la unidad de acción de todas las fuerzas sindicales y sociales en lo que en su momento fue el llamado pacto de unidad que integraron la COB y distintas organizaciones campesinas y de pueblos originarios.

Carlos Flanagan fue integrante de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio de Uruguay. Exembajador de Uruguay ante el Estado Plurinacional de Bolivia."

( Carlos Flanagan , Rebelión,  20/05/26)