"Tres semanas de alzamiento popular en Bolivia con paros de labores, movilizaciones y bloqueos de carreteras que involucran a pueblos originarios, campesinos, obreros fabriles, mineros, maestros y juventudes, en rebelión contra las políticas neoliberales impuestas por el presidente Rodrigo Paz Pereira. Exigen su renuncia.
Este 19 de mayo, poco más de seis meses después de asumir Paz el mandato presidencial, el país amaneció con decenas de cortes de carreteras en al menos seis departamentos del país (La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz). La protesta, que involucra a amplios sectores de la sociedad boliviana, es contra una serie de medidas de ajuste económico que afectan principalmente a los sectores más vulnerables del país.
A través de decretos y reformas presupuestarias, como el decreto 5503, se paralizaron los subsidios (como el de combustibles), se recortó drásticamente el gasto público y se redujo el Estado (congelamiento de salarios y nuevas contrataciones), se adoptaron medidas para desregular aún más el mercado, entregando tierra, territorios y bienes comunes al capital transnacional.
Ese “plan de austeridad” ha desencadenado la protesta social, que ha venido subiendo de tono y se ha vuelto cada vez más masiva a medida que el gobierno ha venido endureciendo posiciones y ha desencadenado la represión.
Hasta el momento se reportan más de 150 personas detenidas, al menos 50 heridas y ya habría un muerto entre los manifestantes. Órdenes de captura han sido giradas contra Mario Argollo, dirigente de la Central obrera boliviana (Cob), David Quispe, dirigente la Confederación sindical única de trabajadores de Bolivia (Csutcb), Justino Apaza, vicepresidente de la Confederación nacional de juntas vecinales de Bolivia (Conaljuve). También se han emitido órdenes de aprehensión contra el dirigente campesino Héctor Huacani, el senador suplente Nilton Condori y el líder de los “ponchos rojos” de El Alto, Winston Genio.
Las acusaciones contra ellos son de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, financiamiento al terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y de los servicios públicos.
Bajo fuego también el ex presidente Evo Morales, quien, desde su cuenta de X, denuncia el plan orquestado por Estados Unidos y puesto en marcha por Rodrigo Paz. “Estados Unidos ordenó al gobierno de Rodrigo Paz ejecutar una operación militar, con el apoyo de la DEA y el Comando Sur, para detenerme y matarme”. También señala a otros actores del supuesto plan homicida, entre otros, el exministro Carlos “Zorro” Sánchez, el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano y el argentino Fernando Cerimedo.
Entrevistado en el programa Geopolítica desde la Aldea, el periodista y ex asambleísta boliviano Sergio de la Zerda analiza el contexto en que se da este nuevo alzamiento popular.
“Estamos viviendo un nuevo proceso insurreccional frente a las políticas neoliberales impuestas por Rodrigo Paz, quien pretende revivir aquellas medidas que hemos sufrido durante veinte años (1985-2005) y que nos han dejado un país sumido en la miseria”, explica el comunicador.
Entre 2006 y 2018, con los gobiernos de Evo Morales, Bolivia gozó de un proceso de transformación económica y social muy importante, con una reducción masiva de la pobreza extrema (del 38,2% al 15,2%). El golpe de 2019, su derrota en las elecciones de 2020 y las fuertes contradicciones que caracterizaron el gobierno de Luis Arce y el Movimiento al Socialismo (MAS) despejaron el camino para la victoria electoral de la derecha boliviana.
Para De la Zerda, en tan sólo seis meses las y los bolivianos han asistido al incumplimiento sistemático de las promesas electorales del presidente Paz. “Comenzó eliminando impuestos sobre las grandes fortunas, solicitó préstamos millonarios a instituciones financieras multilaterales, emitió decretos cortando subvenciones, trajo al país ‘gasolina basura’ que dañó buena parte del parque vehicular nacional”.
También, continúa el periodista, permitió la reversión de la pequeña propiedad campesina para el aprovechamiento y beneficio de latifundistas y banqueros. “Todo esto desencadenó lo que estamos viendo desde hace casi un mes. Las movilizaciones son masivas y el gobierno, en lugar de llamar a una mesa de diálogo, ha optado por acelerar la persecución y la represión. Pese a los ataques, remarcamos este espíritu de insurgencia popular en oposición a un retorno al neoliberalismo y a una Bolivia para muy poquitos”.
Para el exlegislador, no hay duda alguna que detrás de la imposición de una vuelta al pasado están el gobierno y el gran capital estadounidense. “Bolivia tiene la primera reserva mundial de litio, nuestro sector minero sigue siendo importante en materia de estaño, cobre, materia aurífera y tierras raras. Lamentablemente, todo esto está siendo comprometido en oscuros pactos con gobiernos y multinacionales, incluyendo los hidrocarburos que fueron nacionalizados por el gobierno de Evo Morales”.
No es un caso que contra la protesta social y en defensa del presidente boliviano se hayan pronunciado, con un comunicado conjunto, ocho países latinoamericanos [1] de los más sumisos a las políticas norteamericanas.
“Ante estos planes y el clima de inseguridad que se ha generado en los últimos meses, el pueblo se ha indignado, ha reaccionado y ha decidido ponerle un alto. Es un proceso de indignación que ha venido creciendo y que ahora se expresa en las calles y está siendo brutalmente reprimido”.
Contra la represión se ha pronunciado ALBA Movimientos. “La sangre derramada en las calles de Bolivia es responsabilidad directa de un gobierno que, subordinado a los intereses de las élites empresariales y del imperialismo estadounidense, ha decidido responder con violencia a las legítimas demandas populares”.
Para la organización continental, lo que está pasando en estos días no es producto del caos, ni de una supuesta conspiración antigubernamental, sino “la consecuencia directa de un proyecto neoliberal y antipopular que busca privatizar los bienes comunes, mercantilizar la tierra, entregar los recursos estratégicos y descargar la crisis económica sobre las espaldas del pueblo trabajador”.
En este sentido, el gobierno boliviano no sólo representa un proyecto de restauración conservadora subordinado a los intereses de Estados Unidos, de las corporaciones transnacionales y los organismos financieros internacionales, sino que “el alineamiento a dichos intereses y el ataque a las conquistas populares son parte de una estrategia continental para recolonizar Nuestra América”.
Además de condenar enérgicamente los asesinatos, las detenciones arbitrarias y la militarización, ALBA Movimientos exige el cese inmediato de la represión y denuncia “el silencio cómplice de los organismos internacionales y de los gobiernos de la región frente a la violencia ejercida contra el pueblo boliviano”.
Finalmente hace un llamado a las fuerzas vivas del continente a multiplicar las acciones de solidaridad con Bolivia y a denunciar internacionalmente la violencia del gobierno. “La lucha del pueblo boliviano es la lucha de toda Nuestra América. Porque frente al avance del fascismo, del neoliberalismo y del imperialismo, la única salida es más organización popular, más unidad continental y más lucha”.
“Estoy convencido que si Rodrigo Paz insiste en este camino de sus antecesores neoliberales le va a ir muy mal. El pueblo boliviano ya no permite masacres y está muy atento a las conquistas sociales logradas en décadas de lucha”, concluyó de la Zerda.
Nota:
[1] Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú.
Fuente: LINyM"
( Giorgio Trucchi , Rebelión, 20/05/2026)
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