Artículo 129 de la Constitución española: Los poderes públicos... establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción - Implantar la democracia económica en España es constitucional
Las imágenes de las llamas que envuelven el ayuntamiento de Limoges, en Francia, junto con el derrumbe del reloj, están dando la vuelta al mundo. La valoración respecto a episodios como este no puede ser sino de condena, del mismo modo que no se pueden dejar de condenar los actos de saqueo que han acompañado a las protestas en muchas zonas de Francia.
Sin embargo, si nos limitáramos a este nivel de consideraciones, no haríamos más que caer en una clásica postura de conservadurismo pequeñoburgués, que tiene sus razones, pero que también es dramáticamente miope. Limitarse a dar sermones sobre los coches incendiados y los escaparates destrozados, sin ir más allá, no es más que un indicio de que aún no se ha comprendido la gravedad de las circunstancias en las que nos encontramos.
Lo que estamos presenciando en Francia, pero ya de formas diversas en muchos países europeos (España, Portugal, Albania, Bélgica y, desde ayer, también en Italia), es todo menos un acontecimiento irracional. De hecho, existen acontecimientos históricos que son irracionales únicamente desde una perspectiva local, pero que poseen una racionalidad evidente cuando se observan con la suficiente perspectiva.
Racional no significa indoloro, ni significa exento de injusticias.
Hay que ejercitar la mirada para mantener unidos dos niveles de análisis: aquel en el que se pueden juzgar actos y sujetos concretos como bárbaros, incivilizados o vándalos, y aquel en el que se puede (y se debe) comprender que la historia es siempre un río por el que navegan escombros y cadáveres, pero que no se detiene con sermones.
Lo que está ocurriendo tiene una racionalidad colectiva férrea, aunque quienes participan en ello a menudo tengan una comprensión limitada, o incluso nula.
La experiencia que las poblaciones europeas tienen de sus propias clases dirigentes desde hace ya muchos años es la de un organismo tecnocrático anónimo, un muro de goma que se mueve por sí solo, que avanza con un «piloto automático» totalmente indiferente a las necesidades de la población. La apuesta de estas clases tecnocráticas vinculadas a las finanzas ha consistido en lograr adormecer las conciencias con el actual opio del pueblo que son los medios de comunicación (entretenimiento e infotainment), y en someter a los rebeldes mediante medidas restrictivas (un golpe de porra por aquí, un cierre de cuentas por allá, una ley electoral por aquí, una anulación de elecciones por allá, etc.).
La premisa general, tácita e indiscutible, de las cúpulas europeas es que con la plebe no se razona, sino que, sencillamente, se alternan la zanahoria y el palo.
Todo lo que se dice públicamente es siempre una mentira instrumental, sin excepciones salvo en los casos fortuitos en los que una verdad pueda ser, a su vez, instrumentalizada. El discurso público se ha convertido en una representación interminable que se preocupa cada vez menos por mantener una apariencia de credibilidad.
Así, nadie en su sano juicio piensa realmente que Rusia esté a punto de invadirnos, pero eso no impide que legiones de charlatanes institucionales repitan con cara seria estas tonterías cada día. Y, por supuesto, todo el mundo sabe que, en este juego de cuentos de hadas difundidos por la prensa sensacionalista, el único punto relevante —el eje estable ante las contingencias cambiantes— es la intención de gestionar arbitrariamente los recursos públicos, para canalizarlos hacia intereses privados.
En esencia, desde hace tiempo, las clases dirigentes se han acostumbrado a tratar a la población como a una bestia estúpida, respecto a la cual queda excluida toda motivación racional y a la que hay que tratar, por un lado, con halagos selectivos y privilegios específicos, y, por otro, reduciéndola a la impotencia.
Y este mecanismo puede funcionar, y funciona durante mucho tiempo.
Hasta que deja de funcionar.
Y deja de funcionar el día en que demasiadas personas están perdiendo demasiado como para permitirse permanecer en un estado de letargo.
En este contexto, no hay que pensar en «perder demasiado» como en cosas del tipo «morir de inanición».
En una sociedad moderna, la gente se ve sumida en condiciones de privación insoportable mucho antes de «morir de hambre».
Hoy en día, por ejemplo, no poder permitirse utilizar el coche o tener acceso a Internet para la mayoría de la población significa quedar aislado del mundo, del trabajo, de la vida social, de la vida. Y el hecho de que los coches y los teléfonos móviles fueran en su día bienes de lujo no significa nada: ahora este es el nuevo nivel de «participación en la vida en común», lo que distingue la vida de la no vida.
Una plebe criada como bestias de carga a las que se les administra ocasionalmente panem et circenses, trabajos de mierda y propaganda televisiva; el día en que este juego se atasque, no serán ni serán sensibles a las razones del decoro público, del respeto a la propiedad, de la reverencia hacia los monumentos, etc.
Quienes queman coches, edificios históricos y tiendas son personas cultural y moralmente desfavorecidas. Pero los verdaderos culpables, aquellos a quienes se debería exigir que paguen, son esas élites que han cultivado y deseado esa privación, pensando que les resultaría útil.
Hoy, la olla a presión está a punto de estallar. Aunque esta oleada llegara a remitir, esto no es más que el principio, porque las élites dirigentes europeas no se encuentran en condiciones, ni materiales ni culturales, para corregir el rumbo. Así pues, abróchense los cinturones, porque vamos a estrellarnos."
"Los escolares franceses han sido tratados como enemigos a los que aplastar – por decir la verdad**
Como alumna de secundaria en 1994, participé en protestas contra una reforma que habría permitido a los empleadores franceses pagar a los jóvenes por debajo del salario mínimo. Nuestra campaña tuvo éxito, pero si hubiéramos tenido que enfrentarnos a la aterradora respuesta policial desatada contra los estudiantes manifestantes en Francia durante las últimas semanas, me habría quedado en casa.
Un niño de 14 años, Eden, sufrió una fractura de mandíbula y perdió dientes después de que una granada lacrimógena de la policía le impactara en la cara. Maël, de dieciséis años, perdió la visión de un ojo supuestamente después de recibir el impacto de un disparo de un LBD, un tipo de lanzador de balas de goma. Evan, de 15 años, perdió la mano en una explosión provocada por una granada aturdidora de la policía. Y en Dunkerque, se alega que un SUV policial arremetió repetidamente contra grupos de alumnos de secundaria, mientras se podía oír a un agente decir: «Acercaos, les vamos a reventar las putas caras». Los relatos de niños aterrados por un trato brutal bajo custodia policial describen experiencias traumáticas con graves consecuencias psicológicas y físicas.
Francia, que se autoproclama cuna de los derechos humanos, está atrayendo ahora el tipo de escrutinio legal internacional que cabría esperar si se tratara de un régimen autoritario desquiciado. La organización de derechos humanos Ligue des droits de l'Homme ha condenado la alarmante «brutalización de los jóvenes» y la amenaza a su libertad de expresión.
Un relator especial de la ONU ha instado a las autoridades francesas a respetar la seguridad física de los manifestantes. La oficina de derechos humanos de la ONU afirma que sigue «con preocupación» los incidentes relacionados con las protestas en Francia. Amnistía Internacional ha pedido la suspensión de los lanzadores de balas de goma en las protestas escolares, ha condenado el uso desproporcionado de la fuerza y ha recordado a las autoridades su deber de proteger a los niños. La activista climática sueca Greta Thunberg, cuyo activismo abarca cada vez más las luchas contra la opresión y la violencia estatal, viajó a Francia esta semana para apoyar a los alumnos.
A menudo se argumenta que Francia está quebrada y que los niveles de deuda paralizantes hacen que la demanda estudiantil de 10.000 millones de euros de inversión para mejorar sus condiciones de aprendizaje sea inviable. Pero incluso en nuestra difícil situación fiscal, el gasto público es una elección política: para reducir la deuda se puede recortar el gasto público o se puede aumentar los ingresos.
Los economistas Élise Huillery y Romane Paris han presentado una propuesta creíble para invertir 11.800 millones de euros adicionales al año en educación, financiados mediante una reforma fiscal dirigida a las grandes herencias, que recaudaría 12.700 millones de euros en 2026 y aumentaría los impuestos solo para el 1% más rico de los herederos. Esto liberaría dinero para aumentar los salarios de los profesores, mejorar el apoyo a los alumnos, las becas y la vivienda estudiantil, y ampliar las plazas universitarias.
Pero el debate sobre el gasto público no invalida las legítimas reivindicaciones de alumnos, profesores y padres, que no son nuevas. Tampoco justifica una respuesta viciosa de ley y orden. Las condiciones de aprendizaje en algunos de los colegios más desfavorecidos se han ido deteriorando hasta niveles sorprendentemente malos durante mucho tiempo. Ya señalé las condiciones escolares en Francia en el Guardian hace tres años, argumentando entonces que el sistema de educación estatal se encontraba entre los más desiguales del mundo desarrollado. La falta de recursos asignados a cosas tan básicas como las vacantes docentes ha sido evidente durante años, con puestos en algunos distritos que a veces quedan sin cubrir durante meses.
Más de 20 millones de horas de enseñanza se perdieron en los institutos públicos en 2024-25, equivalente a casi una de cada 10 clases. Más de 15 millones de esas horas se perdieron porque no se proporcionaron profesores sustitutos. Los colegios en zonas designadas de educación prioritaria, que atienden a comunidades desfavorecidas, se han visto especialmente afectados, según el Tribunal de Cuentas francés.
En Seine-Saint-Denis, la parte más pobre de la Francia continental, dos tercios de los puestos de médico escolar estaban vacantes en 2023. Ya en 2022, la autoridad educativa de Créteil informó de un déficit de 60 enfermeras escolares y 20 trabajadores sociales, con el 90% de los puestos sin cubrir en Seine-Saint-Denis. En 2025, se registraron 49 suicidios entre el personal del sistema educativo nacional. Aunque no todas estas muertes pueden atribuirse al trabajo, es difícil evitar pensar en el grave deterioro de las condiciones laborales en todo el sector.
Luego están los colegios que se están desmoronando físicamente: agua no potable debido a la contaminación bacteriana, alumnos que informan de ratas y cucarachas, baños sucios y, en un caso, un tanque séptico que se desborda cuando llueve. Hay cortes de electricidad, falta de mobiliario y algunas aulas están tan mal aisladas que las temperaturas bajan por debajo de los 14°C en invierno y alcanzan los 40°C durante las olas de calor.
En Mayotte, donde comenzaron las protestas, un instituto construido para 900 alumnos alberga a 2.300. Las protestas se extendieron luego a la Francia continental a través de un colegio en Créteil que comenzó el año académico con 13 profesores y otro personal faltantes, así como un subdirector.
Otro tema en el centro de la ira de los alumnos es Parcoursup, el sistema mediante el cual los egresados solicitan plaza en la educación superior. Considerado discriminatorio, ha dejado este año a 126.000 solicitantes –muchos de entornos desfavorecidos– sin plaza.
En lugar de tratar esta crisis como una protesta social justificada basada en demandas legítimas, el gobierno ha invocado una doctrina expuesta en su Guía Operativa para la Violencia Urbana. Ha tratado a los alumnos como enemigos internos a neutralizar. Esto establece una respuesta coercitiva, descartando la posibilidad de resolver el conflicto mediante medidas constructivas.
Para el 8 de octubre, 6.877 personas habían pasado a custodia policial, alrededor del 80% de ellas niños. Solo el 1 de octubre, la policía realizó 1.949 detenciones, superando el total diario más alto registrado desde 1961, según el historiador Éric Anceau. Según el Syndicat de la magistrature, un sindicato francés de izquierdas de jueces, las cifras reflejan una clara determinación de aplastar el movimiento. El despliegue policial ha sido tan abrumador que profesores y padres han tenido que formar cadenas humanas para proteger a los niños.
Las operaciones policiales también están impulsadas por un enfoque en las detenciones, que fomenta confrontaciones contundentes y alimenta la escalada. Esto, a su vez, atrae a más personas a los disturbios. Unos 700 agentes de policía y varios profesores han resultado heridos desde el inicio de los disturbios.
El sociólogo Olivier Fillieule señala que la vigilancia de las protestas requiere una evaluación del riesgo. Si la rápida ruptura de un bloqueo expone a los adolescentes a lesiones graves, hay que considerar alternativas. Aceptar temporalmente un cierto grado de desorden cuando la intervención inmediata corre el riesgo de crear más debería seguir siendo un principio rector de la vigilancia de las protestas, dice Fillieule, señalando que las autoridades francesas saben cómo aplicar moderación cuando los agricultores organizan bloqueos.
Sin embargo, mientras la policía ha abierto investigaciones internas sobre 36 denuncias de violencia policial, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, dijo que no había dado a las fuerzas «ninguna instrucción de ejercer moderación». Esta es una forma vergonzosa y desdeñosa de responder a la sana expresión de disidencia de los jóvenes. Tal violencia hacia los ciudadanos no tiene cabida en una democracia."
"QUITO, Ecuador—Alexandra Bravo, la fiscal encargada de
investigar los ataques de EE. UU. contra tres embarcaciones ecuatorianas
y los relatos de tortura y secuestro de los 36 sobrevivientes, fue
asesinada a tiros en la ciudad costera de Manta el mes pasado. Según la
policía, el 14 de junio un sicario a bordo de una motocicleta negra
disparó contra Bravo cuando ella y su hermana salían de una cafetería
alrededor de las 11 de la mañana. La hermana de Bravo, quien se lanzó a
protegerla, también murió en el ataque.
Al llegar a
la escena del crimen, los agentes dicen que encontraron cinco casquillos
de 9 mm y al chofer de Bravo herido, pero ningún rastro de la escolta
policial que había sido asignada para protegerla. La Policía Nacional,
que opera íntegramente bajo el poder ejecutivo, ha iniciado una
investigación para determinar si hubo una falla de seguridad interna.
Bravo es la vigésimo sexta miembro del sistema judicial de Ecuador asesinada desde 2020 y la segunda persona que investigaba delitos de Estado asesinada esa semana.
Además de su asignación habitual de casos de homicidio y crimen
organizado, Bravo había estado trabajando en los casos Fiorella, Negra
Francisca Duarte II y Don Maca —una serie de ataques con drones contra embarcaciones pesqueras civiles que Drop Site dio a conocer en abril.
Dos de los tripulantes de las embarcaciones regresaron a casa y
denunciaron haber sido secuestrados, vendados y privados de alimentos
durante ocho días por hombres armados estadounidenses, vestidos con
uniformes militares de EE. UU. a bordo de un barco patrullero con
bandera estadounidense, antes de ser abandonados en El Salvador.
El
Comité de las Naciones Unidas Contra las Desaparición Forzada respaldó
los llamados para que se realice una investigación, exigiendo que
Estados Unidos proporcione información sobre el paradero de los ocho
hombres que aún se encuentran desaparecidos y sobre cualquier
implicación en el asunto a más tardar el 27 de abril. Hasta la fecha,
Estados Unidos no ha respondido.
Bajo el mandato del presidente de derecha de Ecuador, Daniel Noboa —un multimillonario nacido en Miami a quien a menudo se describe como un “dictador respaldado por Estados Unidos”—el
país se ha convertido en un campo de experimentacion importante para la
Operación Southern Spear, la campaña de bombardeos extrajudiciales de
Washington que supuestamente tiene como objetivo a los
“narco-terroristas” y que ha causado la muerte de 221 personas hasta la
fecha. No hay evidencia de que muchas de las víctimas, incluidas las de
la investigación de Bravo, se hubieran dedicado al tráfico de drogas.
“No
puedo sugerir que haya sido un asesinato político, pero evidentemente,
cuando matan a un fiscal es por la investigación que está llevando a
cabo”, declaró a Drop Site Fernando Bastías, un reconocido abogado de
derechos humanos de la CDH de Ecuador y miembro de la Organización
Mundial contra la Tortura, con sede en Ginebra, “Eso es algo que hemos
aprendido de nuestra experiencia en Ecuador”.
Una
fuente dentro del departamento de policía de Manta, que conocía
personalmente a Bravo, le dijo a Drop Site News que la fiscal
ecuatoriana estaba bajo presión de sus superiores en la Fiscalía General
para que tratara los ataques de EE. UU. exclusivamente como “casos de
desaparición”. La fuente, que pidió permanecer en el anonimato por temor
a represalias, dijo que a Bravo le ordenaron cerrar todas las líneas de
investigación después de que se encontraran a 36 de los 44 hombres
desaparecidos —a pesar de que llegaron con lesiones graves, entre ellas
una pérdida de visión del 70 % y pies desgarrados hasta dejar al
descubierto la carne y los huesos, lo cual los expertos médicos
consideraron consistente con sus relatos de explosiones y tortura.
La
investigadora principal de Human Rights Watch quien entrevistó a Bravo
como parte de su investigación sobre las tres embarcaciones, recordó de
manera similar que Bravo enfrentó “desafíos internos dentro de la propia
institución para avanzar en la investigación”. La investigadora señaló
que la fiscal solicitó repetidamente la cooperación de otras entidades a
cargo del rescate del barco, incluida la Capitanía del Puerto de Manta,
pero “ninguna respondió a sus solicitudes de información”. Durante el
bombardeo de La Negra Francisca, Darwin Pico-Flores, un testigo ocular a
bordo de una embarcación cercana, le dijo a Drop Site que llamó a la
Capitanía del Puerto de Manta para solicitar asistencia de emergencia.
Nadie acudió. En abril, como parte de su primera investigación sobre el
incidente, Drop Site llamó al puerto en busca de comentarios. Los
funcionarios colgaron el teléfono al enterarse de que la llamada era de
periodistas.
La investigadora dijo a Drop Site que
Bravo, en su última reunión el 8 de mayo, le dijo que “aún se encontraba
en las etapas iniciales de la indagación y la investigación”. Bastías
dijo que Bravo “estaba investigando a un país [Estados Unidos] que ha
sido presentado en los medios como un aliado contra el crimen. Esa
investigación no ha avanzado en absoluto, y eso se debe a la intención
de evitar meterse en líos o problemas con nadie”. La fuente dentro del
Departamento de Policía de Manta dijo que Bravo, debido a la falta de
cooperación de otras agencias estatales, había pedido consejo sobre cómo
buscar nuevas fuentes de evidencia.
En los días
previos a su muerte, Bravo fue reasignada a la Fiscalía General en
Montecristi, un municipio vecino. Consecuentemente, ella fue reasignada a
otros casos y ya no estaba a cargo de investigar los tres ataques a las
embarcaciones. Drop Site se comunicó con varios representantes de la
Fiscalía General para solicitar comentarios sobre por qué se había
reasignado a Bravo, pero no recibió respuesta. Drop Site intentó
comunicarse con el sustituto de Bravo para obtener comentarios, pero se
le había ordenado explícitamente que no hablara con la prensa. Tras
varias semanas de intentos por obtener una respuesta de la Fiscalía
General del Estado, la institución respondió a Drop Site que la
investigación se encuentra bajo reserva y que no podía pronunciarse
sobre las razones del traslado de Bravo.
Dentro del régimen militar ecuatoriano respaldado por Estados Unidos, la Fiscalía General se ha convertido en una institución cada vez más opaca y politizada.
“Ya es un gran obstáculo para que los fiscales investiguen a los
agentes estatales locales. Ahora imagínese a los agentes estatales
internacionales”, dijo Bastías. “El Poder Ejecutivo ha implementado una
serie de marcos legales que dejan en impunidad a estos agentes estatales
extranjeros.”, agregó, refiriéndose a la inmunidad diplomática otorgada
a todo militar estadounidense y al personal del Departamento de Defensa
a través de los 22 decretos de ley marcial del presidente Noboa.
El
Pentágono, la Guardia Costera y el Comando Sur de EE.UU. han negado
tener conocimiento o responsabilidad alguna sobre los incidentes con las
embarcaciones. Después de que Drop Site publicó pruebas fotográficas
del bombardeo de La Negra Francisca, los
legisladores estadounidenses interrogaron al secretario de Guerra de
EE. UU., Pete Hegseth, durante una audiencia en el Congreso. El 13 de junio, el día antes del asesinato de Bravo, los diputados Joaquín Castro (D-Texas) y Bill Keating (D-Mass.) publicaron una carta dirigida a Hegseth, al secretario de Estado Marco Rubio y al jefe de la Guardia Costera de EE. UU., Kevin Lunday, en la que exigían una auditoría completa de la participación del gobierno de EE. UU. en los ataques.
A pesar de que el plazo venció el 10 de julio, ninguna de las agencias
ha emitido una respuesta pública. La secretaria de prensa de Keating,
Lauren McDermott, le dijo a Drop Site que su oficina había recibido una
respuesta de la oficina de Rubio, pero ninguna del Departamento de
Guerra ni de la Guardia Costera. No reveló el contenido de la respuesta.
Los
sobrevivientes que regresaron a casa, tanto como las familias de los
que no, aún no han recibido ninguna respuesta. Le dijeron a Drop Site
que “las autoridades nos cerraron la puerta en la cara”. María, la
esposa de uno de los pescadores, le contó a Drop Site que su suegra
murió esperando el regreso de su hijo, y que sufría de una depresión
grave y dejó de comer en las semanas previas a su muerte.
A
pesar de los esfuerzos de ambos gobiernos por obstaculizar la
investigación, siguen surgiendo pruebas que respaldan los testimonios de
los pescadores sobre los secuestros, ataques aéreos y tortura. Drop
Site obtuvo un video exclusivo de la actividad de la Guardia Costera de
EE. UU. en las inmediaciones del bombardeo de La Negra Francisca,
inteligencia de fuentes abiertas que corrobora los testimonios de La
Negra Francisca, y entrevistas policiales con testigos presenciales que
confirman la presencia de EE. UU. alegada por los sobrevivientes y
documentada por Drop Site. Con la ayuda de Tomi McCluskey, analista de
OSINT de Airwars y exmiembro del Cuerpo de Marineros de EE. UU., Drop
Site tuvo acceso a imágenes térmicas adicionales de la NASA que
corroboran el bombardeo del “Negra Francisca”, así como a datos de
rastreo de embarcaciones que sitúan la actividad de la Guardia Costera
de EE. UU. a lo largo de la ruta por la que, según los pescadores,
fueron llevados tras el ataque.
Lawfare político bajo el régimen militar ecuatoriano respaldado por Estados Unidos
Noboa, quien gobierna mediante toques de queda militares y el hambre masiva de los presos políticos,
ha hecho todo lo posible por convertirse en el aliado más fuerte de
Trump en Sudamérica. Desde que asumió la presidencia, ha hecho caso
omiso de la prohibición constitucional de Ecuador sobre la presencia
militar estadounidense—ratificada por el 60% de los votantes en
noviembre de 2025— que se introdujo originalmente hace casi 20 años
precisamente debido a un historial de hundimientos de embarcaciones por
parte del ejército estadounidense frente a la costa de Manta. Además,
su administración autorizó la primera oficina del FBI en territorio
ecuatoriano, apoyó una iniciativa de la embajada de EE. UU. para incriminar falsamente a miembros del gobierno de izquierda de Colombia antes de las elecciones y colaboró con EE. UU. en el bombardeo
de trabajadores agrícolas civiles inocentes a lo largo de la frontera
entre Colombia y Ecuador—todo ello en nombre de la lucha contra el
narcotráfico.
Cabe destacar que se descubrieron embarcaciones de la empresa exportadora de la familia
de Noboa traficando con €26 millones de libras esterlinas en cocaína
—un detalle que no ha disuadido al Departamento de Estado de nombrarlo
socio clave en la Guerra contra las Drogas de Trump—. El mes pasado, The
Guardian informó que un denunciante que investigaba los vínculos de Noboa con el narcotráfico fue asesinado.
Aun
así, Noboa sigue siendo miembro de pleno derecho del “Escudo de las
Américas” de Trump. La Coalición de las Américas contra los Cárteles,
como también se conoce al Escudo, funciona como una alianza tanto
militar como altamente política, y ha intervenido abiertamente para
respaldar los intereses de Estados Unidos en Bolivia mientras el
presidente Rodrigo Paz se enfrentaba a un paro nacional contra la
austeridad.
Que un fiscal local acuse a las fuerzas
estadounidenses de bombardeos extrajudiciales y tortura de civiles
ecuatorianos socavaría la alianza y dañaría las relaciones entre Ecuador
y Estados Unidos.
Otros funcionarios públicos que
han estado investigando la presunta colusión delictiva entre Estados
Unidos y Ecuador también han recibido amenazas de muerte. Mónica
Palacios, asambleísta para los ecuatorianos radicados en Estados Unidos,
quien declaró que llevaría el caso de La Fiorella ante las Naciones
Unidas, enfrentó meses de lawfare
político tras destapar un escándalo de corrupción presuntamente cometida
por una empresa estadounidense y el Estado ecuatoriano. El pasado
viernes, Palacios denunció haber recibido amenazas de muerte contra ella y su hijo de un año,
junto con imágenes del exterior de su vivienda en Nueva York. La
legisladora responsabilizó directamente al presidente Daniel Noboa y
sostuvo que las amenazas fueron una represalia por su investigación
sobre el peculado.
“Existe una persecución directa
contra jueces y fiscales que, en el marco de sus funciones, toman
decisiones que no se alinean totalmente con lo que quiere el Poder
Ejecutivo y terminan siendo sancionados”, dijo Bastías, el abogado de
derechos humanos. “Por otro lado, también existe el riesgo que viene del
contexto de criminalidad”. De todos modos, afirmó, la muerte de Bravo
“tiene mucho que ver con lo que hace o no hace el Estado, porque hasta
ahora no ha habido mecanismos de seguridad efectivos para los
funcionarios del sistema judicial. Eso genera una responsabilidad
automática del Estado. Eso es indiscutible.”
Diego Vintimilla Jarrín, exdiputado de la Asamblea Nacional de Ecuador y actual portavoz del Partido Comunista de Ecuador, se expresó
de manera similar a Drop Site: “El gobierno de Noboa es la agenda más
anti soberana que hemos tenido desde el inicio de la democracia. No
tengo pruebas de quién asesinó a la fiscal, pero el hecho de que ella
estuviera investigando ciertos elementos y que estos luego dejaran de
parecer importantes también dice mucho sobre los problemas subyacentes”.
Surgen nuevas pruebas que implican a EE. UU.
The Negra Francisca
Estados
Unidos sostiene que nunca interactuó con ninguna de las tres
embarcaciones. Un portavoz de la Guardia Costera de EE. UU. declaró a
The Guardian que la única participación de la agencia en los hechos fue
el despliegue del USCGC Bertholf en una misión de búsqueda y rescate
tras recibir una alerta MAYDAY de que la Negra Francisca estaba en
llamas, y que finalmente no encontró nada.
Sin
embargo, los datos de rastreo de los movimientos del Bertholf,
proporcionados en exclusiva a Drop Site por McCluskey, sitúan al buque
cerca de la Negra Francisca en el momento del bombardeo antes de que
este apagara su señal —sólo para reaparecer frente a la costa de Costa
Rica en las mismas fechas en que la tripulación de la Negra Francisca
fue llevada a aguas centroamericanas y transferida al Comando Naval de
El Salvador, con extremidades destrozadas y quemaduras graves a causa
del ataque. Hernán Flores, capitán de la Negra Francisca, le dijo a Drop
Site que los oficiales salvadoreños le informaron específicamente que
“personal estadounidense había llamado para coordinar el traspaso”.
La
Guardia Costera Estadounidense negó haber coordinado el traspaso. “La
Guardia Costera no desempeñó ningún papel en el traslado de los
pescadores de La Negra Francisca Duarte II”, afirmó un portavoz.
El USCGC
Bertholf partió de la base militar de Galápagos a las 4 p. m. del 16 de
marzo y dejó de transmitir su ubicación poco después. Un día más tarde,
La Negra Francisca fue bombardeada a 170 millas de distancia —una
distancia que normalmente se recorre en barco en entre 3 a 10 horas.
Drop Site solicitó a la Guardia Costera de EE. UU. que diera cuenta de
la actividad del buque patrullero después de que su señal se
interrumpiera. La Guardia Costera respondió que “no divulga los
movimientos de los buques patrulleros durante las misiones de aplicación
de la ley por razones de seguridad operativa”.
A la
1:02 p. m. del 17 de marzo, el sistema FIRMS de la NASA registró una
anomalía térmica compatible con un incendio provocado por explosivos, lo
cual corrobora la hora y el lugar en que los pescadores de la Negra
Francisca le dijeron a Drop Site que su barco fue incendiado por ataques
de múltiples drones. La tripulación afirma que luego fueron capturados a
punta de arma por hombres de cabello rubio que hablaban inglés y
vestían uniformes de faena de color caqui con parches de la bandera
estadounidense cosidos en las mangas; sus descripciones coinciden con
los uniformes que aparecen en los comunicados de prensa del Comando Sur
de EE. UU. A bordo del buque patrullero con bandera estadounidense, los
hombres armados presuntamente los mantuvieron como rehenes, hundieron su
barco ya bombardeado, les colocaron capuchas en la cabeza, golpearon a
algunos de los pescadores y les negaron comida durante ocho días
mientras los transportaban a Centroamérica.
La
señal del USCGC Bertholf reapareció en aguas costarricenses el 22 de
marzo cerca del puerto de Golfito, a aproximadamente 450 millas náuticas
de las aguas de El Salvador. Apagó su transpondedor y no lo reactivó
hasta el 24 de marzo, 24 horas después de que la Guardia Costera de El
Salvador anunciara públicamente que tenía bajo su custodia a los
pescadores de La Negra Francisca.
Como parte de
nuestra primera investigación, Drop Site se puso en contacto con 11
funcionarios del gobierno de El Salvador. Todos se negaron a hablar
oficialmente, alegando una orden de silencio de su gobierno.
Existen
precedentes de que el Bertholf ha participado en la transferencias de
víctimas de ataques aéreos de EE. UU. a las autoridades centroamericanas
alrededor del mismo período; medios costarricenses informaron que el
Bertholf entregó los restos de dos fallecidos y un sobreviviente herido
en el puerto de Golfito, en Costa Rica. El inspector náutico de Costa
Rica, Wilber Urroz Guido, dijo que no tenía información sobre los
movimientos del buque, pero que este estaba autorizado a actuar en
virtud de un memorándum de entendimiento entre Estados Unidos y Costa
Rica —similar a los acuerdos que Estados Unidos mantiene con Ecuador y
El Salvador.
Los testimonios de testigos presenciales
también ponen en duda la versión de los hechos de la Guardia Costera de
EE. UU. Un video compartido en exclusiva con Drop Site por Darwin
Pico-Flores, testigo presencial del ataque y sobrino del capitán de la
Negra Francisca, muestra a una lancha patrullera de la Guardia Costera
de EE. UU. patrullando las aguas donde ocurrió el bombardeo.
Darwin
dijo que el 17 de marzo estaba pescando en las cercanías, a bordo de su
barco, el Solavil, cuando vio humo elevándose en la distancia alrededor
de las 2 p. m. Mientras intentaba repetidamente comunicarse por radio
con la tripulación de La Negra Francisca, vio una aeronave
estadounidense sobrevolando la zona en círculos. No fue sino hasta horas
más tarde que se enteró por una señal de radio de que La Negra
Francisca estaba en llamas y se apresuró a dirigirse al lugar, donde
encontró el barco consumido por el fuego y sin rastros de
sobrevivientes.
Recuperó dos botes de emergencia
carbonizados, tomó fotos como evidencia del incendio y luego llamó al
Puerto de Manta para pedir ayuda. Nadie acudió.
Darwin
decidió emprender el regreso al puerto para buscar ayuda de emergencia
y, justo cuando se alejaba del lugar del incendio, unas luces rojas y
verdes se posaron sobre la Negra Francisca. Temiendo por su seguridad,
alejó su embarcación del lugar.
A
la tarde siguiente, Darwin le contó a Drop Site que su barco fue
abordado por la Guardia Costera de EE. UU., la cual detuvo e interrogó a
la tripulación durante casi 12 horas a través de un traductor de
español con acento puertorriqueño. Dijo que el personal de la Guardia
Costera confirmó que las luces rojas y verdes eran de su patrulla y
reconoció haber llegado al lugar donde se encontraba la Negra Francisca la
noche anterior, pero se negó a dar más detalles sobre lo que habían
encontrado. En cambio, interrogaron a los pescadores sobre si habían
visto algo y por qué Darwin había rescatado las lanchas.
Después
de decirles a los oficiales de la Guardia Costera que la Negra
Francisca era el barco de su tío, Darwin dice que de repente dejaron de
interrogarlo y comenzaron a comunicarse por radio en inglés con sus
colegas a bordo del guardacostas cercano que se ve en el video. “Como
éramos los únicos que lo habíamos visto todo, temíamos que nos hicieran
algo”, dijo Darwin. Sintió que la Guardia Costera de EE. UU. mostró poco
interés en ayudarlo a localizar a su familia y, en cambio, parecía más
enfocada en “asegurarse de que no fuéramos testigos de nada”.
McCluskey
afirma que la táctica de múltiples drones —descrita por las tres
embarcaciones— refleja una doctrina estadounidense. Argumenta que es
poco probable que otras potencias regionales, desde países vecinos hasta
grupos del crimen organizado, cuenten con el presupuesto o el acceso a
dicha tecnología. No se conoce ningún precedente de que los cárteles
utilicen drones de vigilancia tipo “ojo en el cielo” en la alta mar,
aunque la Guardia Costera también ha negado operar drones armados en
aguas ecuatorianas.
Además, la decisión de mantener
con vida a los sobrevivientes —a pesar de que esto implicara testimonios
de tortura— y los esfuerzos y gastos para transportarlos, refleja mucho
más un protocolo del Departamento de Defensa —diseñado para evitar
ramificaciones legales internacionales— que lo que cualquier grupo del
crimen organizado se molestaría en practicar. “Si hubieran sido los
cárteles, nunca los hubieras encontrado”, dijo McCluskey. “No habría
sobrevivientes con quienes hablar, no habría historias.”
The Fiorella
La
Fiorella fue atacada frente a la costa de las Galápagos el 20 de enero;
los ocho pescadores a bordo siguen desaparecidos. El día antes de que
el barco desapareciera, la esposa del capitán recibió una llamada de su
esposo a través de una línea de emergencia, en la que le advertía que
había aeronaves estadounidenses sobrevolando la zona.
Drop
Site obtuvo las transcripciones de las entrevistas policiales a dos
testigos presenciales, Christian Flores y Dimas Ignacio Álvarez, quienes
confirmaron haber visto La Fiorella envuelta en humo y rodeada por
unidades estadounidenses. Los dos hombres formaban parte de la
tripulación de La Fiorella, pero llevaban varias horas fuera del barco
colocando un palangre en una balsa cercana cuando la embarcación se
incendió.
En sus declaraciones a la policía, Flores y
Álvarez describieron dos aeronaves estadounidenses sobrevolando La
Fiorella el 18 de enero; múltiples drones grises estadounidenses y un
barco patrullero con bandera de EE. UU. rodeando la embarcación el 19 y
el 20 de enero —el día en que desaparecieron sus compañeros de
tripulación—, el gran buque patrullero de bandera estadounidense cerca
del humo. Desde la distancia, no pudieron distinguir al personal a bordo
del buque, pero sus relatos coinciden con los de la tripulación de la
Negra Francisca, quienes afirmaron que fueron tomados como rehenes por
estadounidenses armados a bordo de un buque patrullero de bandera
estadounidense. Las descripciones de los testigos también coinciden con
las aeronaves y el equipo que aparecen en publicaciones del Comando Sur
de EE. UU.
Transcripciones de las entrevistas policiales con los testigos presenciales, obtenidas en exclusiva por Drop Site News.
Tras
avistar el humo, los dos pescadores dijeron que escucharon a sus
compañeros de tripulación llamando al capitán por radio en señal de
socorro. Nunca más se los volvió a ver.
El abogado
que representa a los dos sobrevivientes de la “Fiorella”, Juan Ávila, le
dijo a Drop Site que la fiscal asesinada, Alexandra Bravo, era su
sobrina.
La Guardia Costera le dijo a Drop Site que “no tiene registro de haber estado involucrada con La Fiorella”.
En la nación más violenta del Occidente, Bravo no es una excepción
La
ausencia de una escolta policial asignada cuando Bravo fue asesinada
presenta similitudes con el asesinato del candidato presidencial
favorito Fernando Villavicencio en 2023. Una comisión del Congreso
determinó que la escolta policial de Villavicencio era insuficiente, que
había sido escoltado de manera poco convencional a través de una salida
expuesta a nivel de la calle, contrariamente al protocolo estándar, y
que el vehículo blindado designado para proteger a Villavicencio durante
la campaña electoral había sido dejado por su equipo de seguridad en
Guayaquil ese mismo día. Estas fallas lo hicieron particularmente
vulnerable cuando los agresores se le acercaron y le dispararon en la
acera mientras salía de una reunión con otros funcionarios del gobierno.
La
muerte de Villavicencio preparó el camino para que la campaña del ahora
presidente Daniel Noboa —que en las encuestas tenía un 3 %— se
disparara hacia la victoria. En una entrevista con Señal Colombia, la
diputada de la Asamblea Nacional y miembro del partido de Villavicencio,
Gisella Molina, quien estaba con él y resultó herida durante el
asesinato, sugirió que los funcionarios del gobierno tenían conocimiento
previo del complot.
Durante la investigación del
asesinato de 2024, Drop Site publicó mensajes privados de la entonces
fiscal general Diana Salazar que revelaron un complot para implicar al
partido del expresidente socialista democrático Correa en el asesinato
de Villavicencio, en el marco de una estrecha colaboración con el
embajador de Estados Unidos.
Posteriormente, el
Estado concluyó que el cártel de Los Lobos había cometido el asesinato
de Villavicencio y alegó que los exmiembros del partido de Correa eran
los autores intelectuales. Los fiscales afirman que Los Lobos mataron a
Villavicencio por desenmascarar su red criminal. Mientras Villavicencio
hacía campaña en pro de erradicar la narco economía, Ecuador bajo el
mandato de Noboa —acusado de ofrecer inmunidad a los jefes del crimen
organizado a cambio de apoyo electoral— se ha convertido en el principal
centro de distribución del 70 % de la cocaína del mundo.
Inmediatamente
después de la muerte de Bravo, la Fiscalía General emitió un comunicado
público en el que atribuía su asesinato a una represalia contra los
fiscales que combaten el crimen organizado. Al ser consultada por Drop
Site sobre la decisión de atribuir el asesinato al crimen organizado y
sobre los avances en la investigación del equipo policial encargado de
la protección de Bravo, la Fiscalía General del Estado respondió que el
caso se encuentra bajo reserva y declinó hacer comentarios.
Aunque
la Fiscalía General aún no ha presentado pruebas que respalden su
afirmación, Bravo se lamentó ante Human Rights Watch de que “el peligro
siempre estaba presente” en su trabajo. “Dijo que ser fiscal en un
contexto de crimen organizado era complejo y arriesgado, pero no dio más
detalles”, explicó la investigadora de Human Rights Watch
a Drop Site. Manta se encuentra en el epicentro de la crisis del crimen
organizado en Ecuador, a medida que este pequeño país sudamericano se
convierte en la nación más violenta del hemisferio occidental.
Bravo también estaba a cargo de investigar la desaparición sin resolver, en 2024, del barco Patricia Lynn y sus 21 tripulantes.
Bravo
es la segunda persona relacionada con el caso de Patricia Lynn que ha
sido asesinada. La primera fue la suegra de uno de los pescadores
desaparecidos, quien se convirtió en la portavoz de las familias de las
víctimas y organizó marchas exigiendo respuestas sobre el paradero de
sus familiares desaparecidos. María Chóez fue asesinada a tiros por dos
agresores armados mientras atendía su puesto de mariscos en el centro de
Manta.
La investigadora afirma que el hundimiento
del barco Patricia Lynn en aguas ecuatorianas “sirvió de precedente en
todos estos asuntos relacionados con embarcaciones”.
“Si
Ecuador contara con un marco de confianza en sus instituciones, uno
podría pensar que [el asesinato de Bravo] fue un crimen comun”, dijo
Vintimilla Jarrín, exlegisladora. “Pero dada la violencia sistemática
contra jueces, fiscales y abogados, no hay mucho margen para darles el
beneficio de la duda. Veintiséis miembros del sistema judicial
asesinados es una cifra impactante. Y, por supuesto, toda esta crisis ha
sido impulsada por una agenda dirigida directamente por las autoridades
gubernamentales; quienes se benefician del crimen organizado son los
grandes grupos de poder”.
"Lo último que recuerdo es que me llamaron ‘rojo, subcampeón’, antes de quedar inconsciente de una brutal agresión”. Con ese mensaje, el periodista Fonsi Loaiza ha denunciado este viernes que ha sufrido un ataque en la vía pública en Cádiz. Loaiza, conocido por su actividad diaria en redes sociales como X (Twitter) y por haber publicado libros como Oligarcas. Los dueños de España (Akal, 2024), ya había sufrido decenas de amenazas en persona y especialmente por internet contra su integridad física por parte de cientos de perfiles vinculados a la extrema derecha.
Aunque todavía no han transcendido los pormenores del ataque, Loaiza ha añadido un mensaje reivindicando el trabajo del personal sanitario que lo ha atendido: “Quiero dar las gracias a las y los profesionales sanitarios de San Carlos y Puerta del Mar. A los que usan el terror y el odio fascista: no me vais a callar. Frente a la violencia ultraderechista, lo público nos salva la vida. Ni un paso atrás”.
Loaiza ha explicado a El Salto que, efectivamente, no recuerda nada por la fuerte conmoción que sufrió. En este momento, la Policía Nacional trata de identificar a los agresores comprobando si alguna cámara captó el momento."
"Tres hombres vinculados a una empresa desokupa han sido detenidos esta tarde por la Policía Nacional tras haber atacado con gas pimienta y causado heridas a ocho personas que trataban de impedir que desalojaran a la única inquilina que permanece en las viviendas de uno de los últimos corralones del casco antiguo de Sevilla, donde se proyecta la construcción de un hotel y pisos turísticos.
Según ha manifestado a Público la arrendataria, Estefi Yeah, el ataque se ha producido cuando ella salió a buscar agua,
porque la tiene cortada, al igual que la luz, a causa de un incendio
provocado hace unas semanas, y de pronto irrumpieron desde la azotea seis hombres provistos con palos y botes de gas pimienta, se introdujeron en su vivienda y agredieron a las tres personas que había dentro en ese momento.
La inquilina asegura que los desokupas iban acompañados de una mujer y una niña, a quienes introdujeron en su vivienda con el propósito de que se quedaran en ella como si fuera su casa. "A mí me rociaron con gas pimienta en la cara desde muy cerca y aún me arde la piel", ha dicho Estefi a este periódico.
"Han entrado como si fueran los GEO.
Han tumbado a la gente que estaba en la vivienda, luego los han echado a
la calle a golpes y les han vuelto a rociar con gas pimienta", ha
manifestado por su parte el abogado de los agredidos, Rafael Ibáñez,
quien asegura que hay al menos ocho personas que han recibido asistencia
en un centro de salud a causa de las heridas sufridas, algunas
de las cuales han tenido que ser incluso derivadas a un hospital, entre
ellas una que recibió una fuerte patada en el abdomen cuando protestaba
por lo sucedido.
Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a Público la detención de tres personas
a raíz de estos incidentes, supuestamente desokupas, aunque sin
confirmar su identidad ni la causa exacta de la detención ni los cargos
que se le hayan podido imputar. Según el abogado, a uno de los detenidos
se le intervino un bote de gas pimienta.
En el mismo corralón de la calle Castellar donde se produjo el ataque tiene su sede una empresa desokupa,
García Seguridad Integral, que ha alquilado seis de los locales del
inmueble para guardar los enseres que retira tras el vaciado de pisos y
naves, otra de las actividades que ofrece en su carta de servicios. Esta
empresa, que se publicita como especialista "en seguridad y
desocupación, siempre dentro de un marco legal y con un enfoque
resolutivo", fue contratada por la propietaria del inmueble para vigilarlo y evitar que "se meta gente", tal como reconoció su propietario a este periódico.
Robo de móviles, un portátil y documentación
La única inquilina que permanece en las viviendas de este corralón asegura que durante el ataque le han robado un
ordenador portátil, documentación personal, entre ella informes
médicos, y tres teléfonos móviles de las personas que se encontraban en
la vivienda cuando fueron agredidos por los desokupas.
No es la primera vez
que esta inquilina, artista multidisciplinar de carpintería, imaginería
contemporánea y pintura, sufre ataques de los desokupas. Hace unas
semanas prendieron fuego a una maleta rellena con lana debajo de unos
contadores, lo que le dejó sin suministro de luz y agua, un acoso que,
según ella, empezó desde que la empresa propietaria del inmueble dejó de
cuidar el edificio con el objeto de echar a los inquilinos y ponerlo a la venta, tras lo cual empezó a sufrir directamente el hostigamiento de la empresa de seguridad ubicada en el mismo corralón.
Su abogado considera que este ataque supone "una vuelta de tuerca en un acoso inmobiliario escandaloso",
sin que ninguna autoridad haya aún intervenido para evitarlo y aclarar
lo que está sucediendo en el corralón de la calle Castellar, tras haber
sido presentadas decenas de denuncias por agresiones, coacciones,
amenazas y otros delitos.
A
juicio de Rafael Ibáñez, los propietarios del inmueble son los que
están induciendo estos ataques de una empresa desokupa, porque están detrás de un "pelotazo inmobiliario" de muchos millones de euros, que ya tiene nota en el Registro de la Propiedad para la construcción de un hotel y pisos turísticos en el corazón del casco antiguo de Sevilla, en el que está afectado también un colegio de enseñanza concertada.
Un estado paralelo en el casco antiguo de Sevilla
"En mitad del casco antiguo de Sevilla se
ha montado un estado paralelo sin que se tomen medidas", denuncia el
abogado. La inquilina que permanece en el inmueble advierte, por su
parte: "Esto es tremendo, pero vamos a resistir más que nunca, hasta que se haga justicia, porque esto está resistiendo por la lucha de muchas personas contra la especulación inmobiliaria".
El Sindicato de Inquilinas y la Asamblea por la Vivienda de Sevilla consideran que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, ambos gobernados por el PP, deberían implicarse en la defensa de los derechos de los vecinos
que permanecen en estos corralones, "buscando la recuperación esencial
de un espacio esencial para comprender la cultura" de la ciudad.
Los corralones son antiguas edificaciones industriales de
baja intensidad, con patios interiores característicos de la estructura
urbana de Sevilla en torno a los cuales se disponen talleres
artesanales y viviendas en régimen de arrendamiento. La mayoría se
localizaban en el sector noreste del casco histórico, donde la presión inmobiliaria ha ido reduciendo progresivamente su número.
Según el Sindicato y la Asamblea por la Vivienda, una de los propietarias de los corralones de Castellar, Garages Santa Inés, tiene embargado parte del inmueble
por impagos a Hacienda y quiere vender su parte a la otra empresa
propietaria y mayoritaria, Arenas de la Bellida, y por eso necesita
desalojar el edificio para que se destine a uso turístico.
Parte de estos corralones también se ha utilizado como aparcamiento de coches
y en una página web se publicitan de la siguiente manera: "Colindando
con los muros del Palacio de Dueñas (propiedad de la Casa de Alba), en
pleno corazón del casco antiguo de Sevilla, se encuentra uno de los
espacios con más personalidad de la ciudad: los corralones de la calle
Castellar".
"El Reino Unido tiene ya una tradición anual de pogromos en verano.
Esta última oleada de ataques, desde Belfast hasta Glasgow, Liverpool,
Londres y otras ciudades, en la que las personas fueron atacadas
específicamente por el color de su piel en sus hogares y en las calles,
debe entenderse dentro de este contexto.
Durante tres años consecutivos, grupos racistas organizados han
perpetrado ataques selectivos contra diversas minorías. Si bien a menudo
se justifican con el pretexto de un acto de violencia, es evidente que
estos ataques son premeditados e involucran redes organizadas e
información obtenida con antelación, como parece ser el caso en Belfast,
donde se atacaron específicamente domicilios de personas no blancas.
Sabemos que estos eventos se organizan en plataformas de redes
sociales encriptadas como Telegram. Existe un patrón de comportamiento y
tácticas, como el acoso en zonas donde se sabe que se reúnen o poseen
propiedades inmigrantes o de minorías raciales, ataques a zonas
residenciales o el establecimiento de puestos de control donde se obliga
a los conductores a declarar su raza.
Estas son 5 respuestas iniciales:
1. Los eufemismos «protesta», «ira» y «debate», tan apreciados por
los medios de comunicación y la clase política, tienen poca validez para
describir este fenómeno. La extrema derecha organizada utiliza la
violencia para aterrorizar a sus oponentes y generar impulso para
intensificar la violencia.
Estas personas no están dispuestas a debatir ni interesadas en
resolver problemas políticos. Estaban listas para lanzar otra campaña de
verano y no se trata simplemente de personas frustradas que se sienten
ignoradas.
2. Personas como Nigel Farage y Kemi Badenoch, que en los últimos
días han avivado las llamas del racismo paranoico, conocían el contexto
en el que lo hacían. Entendían que el verano es temporada de disturbios
racistas y promovieron la idea de que los blancos son víctimas del
Estado, un dogma fundamental de los grupos más extremistas.
Las fuerzas políticas tradicionales y las autoridades estatales están
jugando un juego muy peligroso. El racismo también se fomenta
abiertamente por figuras poderosas del gobierno estadounidense, que
promueven los intereses exteriores de su propio país socavando a su
aliado.
3. Es urgente preguntarse por qué la izquierda no ha desarrollado una
respuesta preparada para estas manifestaciones veraniegas tan
predecibles. Sabemos que esto sucederá cada año. Eso significa que debe
haber una respuesta institucional planificada con antelación.
4. Debe ser una respuesta amplia y a gran escala, basada en los
diversos sectores de la población que se oponen a esta violencia y
racismo flagrante. No somos una minoría en nuestra oposición a esto.
La amplitud, la cantidad de participantes y un enfoque nacional son
importantes. Tras la primera ola de violencia en 2024, surgieron
llamamientos a favor de todo tipo de iniciativas hiperlocales y de
organización profunda. Estos llamamientos fueron ampliamente aclamados
como la solución obvia, pero luego cayeron en el olvido.
La razón es que esas llamadas no eran más que un grito de
frustración. No constituían un plan, no contaban con el respaldo de
recursos, estrategia ni organización.
Es una plataforma paralizante cuando necesitamos demostrar la
amplitud y el peso nacional de la oposición. Millones de personas no
quieren que sigamos por este camino. Deben movilizarse.
5. Gran Bretaña está en decadencia, y estas nuevas tradiciones de violencia racista son un síntoma.
Debemos reconocer que el Estado británico se está alejando cada vez
más del centro del sistema mundial y se está adentrando en una periferia
europea en desarrollo. Las grandes potencias están reorganizando el
sistema mundial entre ellas, y el capitalismo británico se ve presionado
y mal gestionado, con la consecuencia de que amplios sectores de la
población sufren privaciones y humillaciones.
Esta situación volátil es el único escenario político a nuestro
alcance. En última instancia, necesitamos hacer frente a las crecientes
dificultades y la marginación que sufren millones de trabajadores. Sin
ello, el racismo de los grupos extremistas organizados puede intimidar a
la oposición y extenderse."
