"(...) Quizás las sociedades, por estar al
descubierto, creen que la democracia mundial está sana y trabajando. Que
sigue vigente, aunque un poco golpeado, pero no en estado de coma. El
estado del bienestar por su parte, ese concepto antagónico a la
austeridad, que engloba un conjunto de políticas y programas
gubernamentales diseñados para garantizar una adecuada condición
económica y social de la población. Y, por último, se imaginan que el
libre mercado, esa invención del capitalismo, no sólo existe, sino que
asigna recursos y lo hace de manera eficiente.
En la cuarta edición del informe “El estado de la democracia en el mundo, del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral”,
llega a la conclusión que la democracia se encuentra amenazada —tanto
en sentido literal como figurado— en todo el mundo, y los peligros, por
cierto, son reales. Aparte de la persistente pandemia, las guerras y las
eternas e inminentes recesiones económicas, la desigualdad del ingreso,
el cambio climático culpable de fenómenos meteorológicos extremos y
dramáticos, todos ellas enemistadas con incrementos del gasto en
asistencia, se ensamblan de manera perfecta en un hilo conductor común,
el malestar económico que afecta a la democracia.
A favor de los pesimistas democráticos
debe decirse que los países autoritarios y los sistemas de gobierno
alternativos han superado a sus homólogos democráticos en bondades y
beneficios económicos. Solo poner a China y sus 800 millones de pobres
menos marca la diferencia en un mundo dividido. Esta idea está comenzado
a plantear el interrogante, de si el capitalismo de vigilancia con
presuntas libertades, concentrador de ingreso y generador de miseria, es
mejor que un sistema estatal dirigista, con carencia de libertades,
menos hambrientos y más desarrollo. Las sustituciones no son simples,
pero al parecer a la gente le importa tener un mejor pasar, pensar en un
futuro, a riesgo de llevar esto al extremo y votar a un desquiciado
como Milei en Argentina. De todas maneras, el futuro incierto demuestra
que no es solo en las democracias donde el contrato social necesita
renovarse, en las autocracias también si no dan soluciones.
Paralelamente, el número de protestas en todo el mundo
se duplicó con creces entre 2017 y 2022, provocadas por distintas
cuestiones. La falta de respuesta efectiva de los gobiernos tiende a
perjudicar la legitimidad del modelo democrático. La Encuesta Mundial de
Valores —que abarca 77 países— pone de manifiesto la disminución de la
confianza en el gobierno democrático. Sus datos indican que la idea de
tener un líder fuerte que no tenga que lidiar con un Parlamento ni con
elecciones ha crecido sistemáticamente en los años recientes: en 2009 la
cifra de adhesiones al totalitarismo era del 38%, en 2021 del 52%. Al
parecer la democracia no pudo evolucionar de una manera que refleje la
rápida transformación de las necesidades y prioridades de la sociedad;
de hecho, los gobiernos, no el sistema, parecen atentar contra ellas.
El contrato social que surge en Europa
y se extiende por buena parte del planeta después de la II Guerra
Mundial decía básicamente lo siguiente: quien cumple las reglas del
juego, progresa. “Unos, los más favorecidos, se quedarían con la
parte más grande de la tarta, pero a cambio los otros, la mayoría,
tendrían trabajo asegurado, cobrarían salarios crecientes, estarían
protegidos frente a la adversidad y la debilidad, e irían poco a poco
hacia arriba en la escala social. Un porcentaje de esa mayoría, incluso,
traspasaría la frontera social imaginaria y llegaría a formar parte de
los de arriba: la clase media ascendente” (Necesitamos un nuevo contrato social, Joaquín Estefanía).
O sea, la absurda teoría del derrame
ya estaba latente, pero con mucho más peso estatal que la mantenía a
raya. Ahora no es así. Ese contrato social lo vendieron a plazos, ni
siquiera lo han sustituido. Pasó a ser lo que el sociólogo Robert Merton
denomina el efecto Mateo: “Al que más tiene, más se le dará, y al que
menos tiene se le quitará para dárselo al que más tiene”. Se inaugura
así la era de la desigualdad y se olvidan las principales lecciones que
sacó la humanidad de ese periodo negro de tres décadas (1914-1945) en
las que el mundo padeció tres crisis devastadoras perfectamente
superpuestas: las dos guerras mundiales, y en el intervalo de ambas, la
Gran Depresión.
En algún momento hubo un consenso
entre las élites políticas (los partidos), económicas (el empresariado) y
sociales (los sindicatos) para alcanzar la combinación más adecuada
entre el Estado y el mercado, con el objetivo final de que toda práctica
política se basara en la búsqueda de la paz, el pleno empleo y la
protección de los más débiles a través del estado de bienestar; esta
ecuación y sus ponderadores se desequilibró. La transición tecnológica,
la financiarización del sistema, la emergencia climática, las nuevas y
más complejas formas de desigualdad y exclusión social, y la
flexibilidad laboral, no encuentran solución ni alternativa y atacan a
la democracia.
En las décadas de 1970 y 1980 quedó
claro que había unas divergencias crecientes en los estados de
bienestar, y que era improbable que se superaran. La crítica sostenía, y
ahora parece confirmarse, que la reconciliación entre el capitalismo y
la democracia era una ilusión. El neoliberalismo y el individualismo que
lo sostiene fueron ganando fuerza, generando un supuesto conflicto
entre la prioridad de maximización de beneficios y la minimización de
costos que atacaban la expansión de los programas de bienestar.
Gastar en bienestar se había
convertido en una carga para los contribuyentes, ya que algunos
programas clave, especialmente la seguridad social, eran ¡¡demasiado generosos!!
El ataque se convirtió en una crítica a los estados de bienestar porque
los consideraban similares a las economías planificadas o dirigidas de
las sociedades no occidentales y con unos resultados parecidos: mala
asignación de los recursos, la ausencia de una disciplina de mercado
adecuada y de unas restricciones presupuestarias apropiadas.
Con el crack financiero de 2008 dio
inicio una nueva fase. Se evitó un colapso financiero, pero a un coste
muy alto para las democracias occidentales. Hubo una brusca recesión en
2009, seguida de una recuperación lenta y débil. Con el inicio de la
recesión, los gobiernos recurrieron, una vez más a idénticas políticas
de las décadas de los años ochenta y noventa del siglo pasado: programas
de austeridad, privatizaciones, restricciones fiscales y el saneamiento
de las finanzas públicas, comenzando una nueva arremetida contra el
estado del bienestar. Los países probaron con distintas mezclas de
recortes de los gastos, e que hicieron recaer la mayor parte de su
ajuste fiscal en la poda de los gastos en lugar del aumento de los
impuestos.
La organización benéfica contra la pobreza Global Justice Now elaboró un informe donde, según datos de 2017, de las 100 principales economías y compañías del mundo que tuvieron mayores ingresos, 69 son corporaciones.
¿Cómo puede ser?, ¿qué hicieron para conseguirlo? Pues resulta que la
obtención de ganancias récord fue gracias a enormes recortes de
impuestos, esquemas generalizados de evasión fiscal y políticas comerciales y de inversión favorables a las empresas,
o sea, se capturó a la democracia, se sojuzgó a los gobiernos, se
recortaron impuestos del estado del bienestar por causar grandes déficit
y se redireccionaron para beneficio privado, todo esto antes del 2020.
Y aquí comienza la otra trampa, el
creer que la competencia existe y que no está plagada de monopolios,
oligopolios o empresas dominantes que fijan precios y cantidades en base
a beneficios. Se suele decir que la economía se desplomó durante la
pandemia. Esto es en parte cierto: aumentó la desocupación, cayeron los
salarios y cerraron más de 22.000 empresas. Pero, para otros, fue
inexistente el desplome. La ganancia bruta interanual de algunas grandes
empresas en Argentina creció de manera sideral. Así lo demuestran
Mercado Libre, 389,1%; Los Grobo, 136,6%; Morixe, 110,1% y Molinos Río
de la Plata, 96,1%.
Un informe elaborado
por el economista Claudio Lozano, coordinador general del Instituto de
Pensamiento y Políticas Públicas, destaca que la capacidad del poder
económico para incidir sobre los precios y capturar los subsidios a la
producción puestos en marcha en el marco de la emergencia profundizó la
desigualdad en el reparto de los ingresos de la economía. Empero, esta
capacidad sólo puede darse si existe una fuerte concentración en la
producción de bienes de consumo masivo en el país que invalida los
mercados y que dificulta la aplicación de políticas de precios si no hay
acuerdos comunes con estas marcas. Cómo hace un gobierno débil, pero
democrático, para balancear la inexistencia de un mercado, si las
compañías están por la devaluación y captación de los subsidios para sus
beneficios.
El Centro de Economía Política
Argentina demostró la fuerte concentración, tomando la Encuesta Nacional
de Gasto de Hogares, elaborada por el INDEC, del rubro
«alimentos y bebidas» como el principal gasto que afrontan las
familias, con una participación del 22,7% del total del desembolso de
los hogares a nivel nacional.
La estructura de comercialización se
conforma por hipermercados, supermercados, mayoristas, tiendas de
cercanía, autoservicios y comercios tradicionales. Los hiper y los súper
representan el 32% de las ventas, y según información de la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia, las grandes cadenas concentran
alrededor del 80% de las ventas totales del sector supermercadista en
Argentina. Tres cadenas principales son responsables de la mitad de las
ventas del sector».
El 74% de la facturación de los
productos de la góndola se corresponden con 20 empresas que deciden qué
comen, y a qué precio, 45 millones de personas como muestra el cuadro.
Solo 10 empresarios poseen 27 de las
80 firmas de mayor facturación de Argentina y concentran el 35% de las
ventas. La producción de telecomunicaciones, cemento, aluminio,
siderurgia, electricidad, hidrocarburos, electrónica y alimentos están
dominadas por escasos conglomerados.
Para sintetizar, como se ve, el mercado brilla por su ausencia, la actividad económica en contexto de altísima inflación permitió a las grandes empresas obteneraltos márgenes de ganancias mientras los salarios reales caen
con el ajuste fiscal. Si los salarios pierden con la inflación y los
mercados están dominados, la democracia carece de capacidad de
distribuir o generar un nuevo contrato social y de regular el mercado y
pactar precios acordes, lo que la pone en un predicamento, ya que no
puede dar soluciones. Generar y discutir un nuevo contrato social sería
pertinente para la sociedad, pero los ganadores del juego estarán de
acuerdo sólo cuando sus beneficios exploten." (Alejandro Marcó del Pont, el tábano economista, 03/12/13)