Eurostat ha actualizado el balance del coste de la crisis bancaria en los 27 países de la UE entre 2007–2024... El resultado es muy desigual. Un grupo de 17 países han pagado una factura enorme que suma un total de 266.171 millones de euros... El que ha gestionado peor la crisis es España, donde sus ciudadanos han cargado con las mayores pérdidas de toda la Unión, con unos costes de 72.655 millones de euros, el 27% del total... Otros diez países, sin embargo, no han tenido coste alguno o incluso han recuperado con beneficios las ayudas al sector financiero... Ni los banqueros ni los supervisores españoles han explicado tan extravagante anomalía (Andreu Missé)

 "En 2010, en un impulso de loable sinceridad, Mervyn King, gobernador del Banco de Inglaterra entre 2003 y 2013, confesó en una conferencia en Nueva York que “de todas las maneras posibles de organizar la banca, la actual es la peor”. Han pasado 15 años de aquella confidencia y el mundo de las finanzas no parece haber mejorado mucho.

Dos hechos recientes nos han recordado el tremendo coste de la crisis financiera y la falta de transparencia sobre el origen de las exorbitantes ganancias bancarias.

En primer lugar, Eurostat ha actualizado el balance del coste de la crisis bancaria en los 27 países de la UE entre 2007–2024. El resultado es muy desigual. Un grupo de 17 países han pagado una factura enorme que suma un total de 266.171 millones de euros. El que ha gestionado peor la crisis es España, donde sus ciudadanos han cargado con las mayores pérdidas de toda la Unión, con unos costes de 72.655 millones de euros, el 27% del total. Otros diez países, sin embargo, no han tenido coste alguno o incluso han recuperado con beneficios las ayudas al sector financiero. Ni los banqueros ni los supervisores españoles han explicado tan extravagante anomalía.

La segunda noticia es el resultado de una investigación de dos expertos en temas financieros, Carlos Arenillas, ex vicepresidente de la CNMV, y Jorge Pérez, ex jefe de regulación contable del Banco de España, explicitada en Lo que el Banco de España no cuenta, (Cinco Días). Los autores sostienen que el Banco de España pagó a la banca española en 2024 unos 8.000 millones de euros por los 200.000 millones de euros que depositaron en el banco central español. El tipo de interés medio con que fueron remunerados estos depósitos fue del 3,7%. Un rendimiento extraordinario si además se tiene en cuenta que son operaciones sin riesgo alguno. Se trata de un generoso obsequio si se tiene en cuenta que en 2024 los seis mayores bancos españoles obtuvieron un beneficio neto de 16.000 millones de euros netos por sus actividades en España.

Hace unos meses la Fiscalía recurrió al Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional que había rechazado la demanda de Sumar en la que solicitaba el detalle del reparto de la dádiva entre los distintos bancos. Información que había sido denegada previamente por el Banco de España.

El problema es europeo. El año pasado, un grupo de economistas y eurodiputados, encabezados por los profesores Yuemei Ji y Paul de Grauwe, dirigieron una carta al BCE en la que pedían explicaciones por la falta de transparencia de estas transferencias a los bancos en la UE que superaban los 140.000 millones de euros, comparables al presupuesto europeo que en 2023 fue de 169.000 millones de euros. Su presidenta, Christine Lagarde, justificó estas operaciones para “lograr el mandato de estabilidad de precios en la zona euro... incluso si resulta temporalmente en un aumento de las ganancias financieras para los bancos comerciales”.

Un sistema que acarrea tantos costes a la mayoría y ganancias tan arbitrarias a unos pocos no es mejor que el que describió King. La transparencia financiera se ha convertido en una urgencia."                     ( Andreu Missé , El País, 05/05/25)

El banco malo (SAREB) reconoce ahora que no podrá devolver el rescate y aumentará la deuda pública en 14.600 millones de euros más... Reconociendo sin pudor que ni ha cumplido ni cumplirá el mandato que al banco malo le fue encomendado, sus gestores no han tenido empacho en embolsarse sueldos escandalosos. Solo en el 2019 consejeros y altos directivos se agenciaron más de cinco millones de euros [11]. Y eso que la propia página web de la SAREB especifica que “está sometida a una rigurosa supervisión llevada a cabo por tres organismos: La Comisión de Seguimiento, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”

 "El banco malo (SAREB), suma y sigue. Sigue sumando deuda pública al abultadísimo rescate de la banca española, hipoteca que aún no ha sido devuelta y que no ha resuelto el grave problema de vivienda que arrastra el país.

El más reciente anuncio de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) es que no podrá podrá devolver parte de la deuda que tiene con aval del Estado, que ascendía a 50.781 millones de euros en su origen en 2012 y era de 29.413 millones de euros a cierre de 2023 [1]. En concreto, en su reciente presentación de resultados, el banco malo ha reconocido que le será imposible reembolsar 14.600 millones de euros, que pasarán a engrosar aún más la deuda pública cuando en 2027 expire el mandato de la sociedad. Los tenedores de estos bonos son los principales bancos, como Santander, CaixaBank y BBVA [2].

 ’Hay una parte de la deuda que no se va a poder amortizar’, admitió Leopoldo Puig, consejero delegado de SAREB, en la presentación de resultados el pasado 25 de abril. ’En nuestras cuentas oficiales ya reflejamos un patrimonio negativo de 14.600 millones, eso ya va dando un indicio de por dónde van las cosas...’, dijo. Y dudó de si serían capaces de liquidar toda la cartera en 2027 [3].

En las goteras de la banca en general y el banco malo en particular, llueve sobre mojado. En el rescate de hasta 100.000 millones de euros que Luis de Guindos, bajo el Gobierno popular de Mariano Rajoy, firmó en 2012 [4] y que ya disparó aquel año la deuda y el déficit públicos [5], hay que contabilizar la reclasificación en el sector de las Administraciones Públicas de 34.182 millones de euros de la SAREB en 2020, en plena pandemia, por mandato de la Comisión Europea, supervisora estricta de todo el proceso de reestructuración de la banca española desde su inicio [6]. El resultado fue un aumento de la deuda pública que representó nada más y nada menos que el 3% del PIB español a precios de mercado en diciembre de 2020, según cálculos del Banco de España [7], lo que contribuyó a superar el 125% del PIB en el primer trimestre de 2021 [8]. (Ver gráfico de la AIReF)

 SAREB, entre buitres y parásitos

Desde estas líneas hemos dado buena cuenta de las prácticas del banco malo que, gestionado entre buitres y parásitos [9] le han llevado a registrar pérdida tras pérdida, con una transparencia muy mejorable. Un agujero negro sin fin del que nadie responde.

Entre dichas prácticas se cuentan los exdirectivos del banco malo que terminan recalando en los bancos y fondos beneficiados por la SAREB. Como el caso de Álvaro Areal, exdirector adjunto de SAREB durante casi una década, que fue fichado a principios de 2023 por Blackstone, buitre de casas y casinos [10]. Pocos meses antes, Areal había sido uno de los máximos responsables del proyecto SMO (Simplificación del Modelo Operativo), que culminó con la adjudicación de los despojos del banco malo a los buitres de KKR y Blackstone, Hipoges y Anticipa-Aliseda, respectivamente. El Proyecto SMO se implementó después de que la SAREB pasara a ser de mayoría pública, a partir de 2022, con el 50,14% del banco malo en manos del FROB, “Autoridad de Resolución Ejecutiva”.

Reconociendo sin pudor que ni ha cumplido ni cumplirá el mandato que al banco malo le fue encomendado, sus gestores no han tenido empacho en embolsarse sueldos escandalosos. Solo en el 2019 consejeros y altos directivos se agenciaron más de cinco millones de euros [11].

Y eso que la propia página web de la SAREB especifica que “está sometida a una rigurosa supervisión llevada a cabo por tres organismos: La Comisión de Seguimiento, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”. La Comisión de Seguimiento está compuesta por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, el Banco de España y la CNMV. Asimismo, “puede requerir la supervisión adicional de otras entidades públicas nacionales o supranacionales, como ocurre con el Banco Central Europeo (BCE), que acude como observador a sus reuniones”.

 Pero es que además, el propio documento del rescate financiero, el Memorando de Entendimiento entre la Comisión Europea y España, que incluye la obligación de crear la entidad de gestión de activos deteriorados para su segregación, detalla lo siguiente:

“Los bancos que reciban ayuda estatal contribuirán con sus propios recursos, en la mayor medida posible, al coste de la reestructuración. Posibles medidas son la venta de participaciones y activos secundarios, la eliminación de actividades secundarias, la prohibición del pago de dividendos, la prohibición de remuneración discrecional de los instrumentos híbridos de capital y la prohibición del crecimiento no orgánico. Los bancos y sus accionistas deberán sufrir pérdidas antes de que se aprueben medidas de ayuda estatal, y garantizar la absorción de las pérdidas de los instrumentos de capital y de los instrumentos híbridos de capital, en la mayor medida posible” [12].

Nuevas reglas fiscales de la UE

Este reconocimiento de que el banco malo no podrá devolver el rescate, lo que engrosará aún más la deuda pública, se produce al tiempo que la Unión Europea (UE) vuelve oficialmente a la austeridad. El pasado 30 de abril entraron en vigor las nuevas reglas fiscales de la UE [13].

Entre las normas figura que los países con deuda excesiva tendrán que reducirla, de media, un punto porcentual al año si se sitúa por encima del 90% del PIB, y en 0,5 puntos si está entre el 60% y el 90% del PIB. Si el déficit supera el 3% del PIB, el país en cuestión tendrá que reducirlo en los periodos con crecimiento para alcanzar 1,5% y acumular capacidad de gasto para utilizarla cuando las condiciones económicas sean menos propicias. Los estados miembros deberán remitir sus primeros planes nacionales antes del 20 de septiembre de 2024 [14].

 Mientras tanto, los desahucios continúan, así como los desequilibrios en materia de vivienda. En uno de sus últimos comunicados, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) recoge el número de desahucios ejecutados en España en 2023: 26.659, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Estos desahucios se desglosan de la siguiente manera: 5.260 derivados de ejecución hipotecaria, 19.676 como consecuencia de impago de alquiler, y 1.723 derivados de otras causas. “También la banca ha presentado 19.577 nuevas ejecuciones hipotecarias, que elevarán sin duda la cifra de desahucios por esta causa en 2024”, añade la PAH.

Según la plataforma, “estas cifras corroboran, en primer lugar, que el Derecho Humano a la Vivienda es inexistente, por la falta de Parque Público, tantas veces reivindicado por la PAH. También que, como venimos denunciando, aunque el escudo social evita muchos desahucios, es insuficiente para hacer frente a la especulación”. Entre las reivindicaciones finales de ese comunicado, la PAH exige al Gobierno “que ponga de inmediato todo el parque de la Sareb en los Parques Públicos de Vivienda, que reclame el uso temporal del parque en manos de la banca rescatada como parte del pago de su deuda, y que invierta en la expropiación de parte de los 3,8 millones de casas desocupadas existentes” [15].

Tanto las entidades financieras como los fondos, cuando sus clientes o inquilino/as no pagan, los desahucian sin contemplaciones y les echan encima todo el peso de la ley. ¿Por qué para ellos su hipoteca no devuelta, que se cuenta por miles de millones de euros y afecta al interés general [16], sus deudas impagadas, su nefasta gestión, su flagrante expolio a las arcas públicas no tienen consecuencias? (...)"                   

( Fátima Martín , CADTM, 06/05/2, notas en el original)

La alargada sombra del rescate... Para reducir la factura del rescate financiero, o más bien aplazarla, un mecanismo fundamental fue el aval del Estado a los activos fiscales diferidos... En 2013, el Estado estableció un régimen fiscal singular para los activos fiscales de los bancos... avalamos una parte de los activos derivados de las pérdidas bancarias, unos 30.000 millones de euros, en activos fiscales, que pasaron a computar como capital... en 2017 y 2018, las pérdidas del Banco Popular originaron la conversión de estos activos en devoluciones contra el Tesoro Público, por unos 1.400 millones de euros... Posteriormente, en 2021 volvió a ocurrir, algunos bancos solicitaron, en la declaración del impuesto de sociedades de 2020, la conversión de sus activos financieros en devoluciones del impuesto de sociedades por importe de 1.160 millones de euros. Esta cifra es superior al ingreso neto del impuesto de sociedades de todas las entidades de crédito en el impuesto de sociedades de 2020

 "Un país, y también una economía, necesitan un sistema financiero. Durante la gran burbuja que vivió la economía española a principios de siglo, muchas entidades, especialmente cajas de ahorro, concedieron muy mal los créditos, y asumieron riesgos excesivos. Para rescatar a los depositantes de las entidades financieras, los españoles tuvimos que pagar decenas de miles de millones de euros de nuestros impuestos. Sin embargo, el coste más importante fue dejar sin liquidez varios años a muchas empresas. El BCE se equivocó subiendo los tipos en tiempos de Trichet, pero lo peor fue que la liquidez no llegó porque las tuberías, el sistema financiero, estaba roto.

Para arreglar las cañerías, hubo que recapitalizar bancos y cajas, con un dinero que el Estado no tenía, porque en 2012 los mercados financieros, tras el colapso de Bankia, se cerraron para España. Este es el origen del rescate financiero o “préstamo en condiciones favorables”, que España tuvo que solicitar a sus socios europeos. Para reducir la factura del rescate financiero, o más bien aplazarla, como veremos, un mecanismo fundamental fue el aval del Estado a los activos fiscales diferidos (deferred tax assets, DTA) de las entidades de crédito.

Un activo fiscal diferido es una anotación en la contabilidad que, habitualmente, reconoce el derecho a pagar menos impuesto sobre los beneficios en el futuro. Así, si un banco concede un crédito de 100 y no se le devuelve entonces puede reconocer sólo 70 de pérdidas, compensándolas con un derecho a pagar 30 euros menos de impuesto de sociedades en el futuro. Por supuesto, si las cosas van mal, y el banco tiene pérdidas y, más aún, si entra en liquidación, este “derecho a pagar menos impuestos por los beneficios en futuro” no vale nada. Por eso, los supervisores en todo el mundo reducen del capital regulatorio, del mínimo que necesitan los bancos para operar, estos “activos fiscales diferidos”.

En 2013, el Estado estableció un régimen fiscal singular para los activos fiscales de los bancos. Esta es una de las razones por las que la Banca tiene un tipo efectivo inferior en el impuesto de sociedades, aunque el tipo nominal sea más elevado, el 30%. Pero, además, el Estado, es decir los demás contribuyentes, avalamos una parte de los activos derivados de las pérdidas bancarias, unos 30.000 millones de euros, en activos fiscales, que pasaron a computar como capital. Esto permitió utilizar menos importe del rescate financiero, ahorrándonos deuda pública, intereses de esa deuda, y probablemente condiciones más duras.

Como el mundo no es un casino, la Banca no siempre gana y, a veces, pierde. Por eso, en 2017 y 2018, las pérdidas del Banco Popular originaron la conversión de estos activos en devoluciones contra el Tesoro Público, por unos 1.400 millones de euros. Posteriormente, en 2021 volvió a ocurrir. Según el informe de principales indicadores de la actividad económica y financiera del Estado de la Intervención General, algunos bancos solicitaron, en la declaración del impuesto de sociedades de 2020, la conversión de sus activos financieros en devoluciones del impuesto de sociedades por importe de 1.160 millones de euros. Esta cifra es superior al ingreso neto del impuesto de sociedades de todas las entidades de crédito en el impuesto de sociedades de 2020.

Una devolución de un importe que nadie ha ingresado es un gasto, o una subvención a cargo de los demás contribuyentes. Los avales no son gratis, al menos no siempre."               (Francisco de la Torre Díaz es Inspector de Hacienda, El País, 27/03/23)

El 30 de diciembre de 2011, el Tesoro Público español tenía 30.000 millones de liquidez disponible en el Banco de España... en julio de 2012 no había dinero para pagar las pensiones y el sueldo de los funcionarios del siguiente mes. ¿Qué sucedió en esos seis meses? El Gobierno del PP aprobó un decreto que obligaba a los bancos a reconocer pérdidas en sus créditos dudosos a promotores inmobiliarios que llevaban a Bankia a la quiebra. El Gobierno se negó a intervenir la entidad y provocó una fuga masiva de depósitos que desangró a la economía española y forzó el rescate financiero... Se cumplen 10 años de aquel “crédito en condiciones ventajosas” que pidió Rajoy... “No gastaremos ni un euro en los bancos”, decían entonces Rajoy y Guindos... ya hemos gastado 73.000 millones en el sector financiero... inda por riba, Rajoy ganó las elecciones en 2011 con la promesa de la mayor rebaja de impuestos jamás contada, pero aprobó la mayor subida fiscal de la historia... fue Alemania quien impuso las condiciones porque quería proteger a sus grandes bancos, que venían del roto que les dejaron las hipotecas basura de EE UU... Los alemanes llevaban años reciclando sus enormes superávits comerciales en las finanzas irlandesas, en las subprime estadounidenses, en las cédulas hipotecarias españolas... En EE UU tuvieron que rascarse el bolsillo: Washington manda más que Berlín. Pero en Irlanda y España, Alemania impuso su ley: el rescate puso a salvo la formidable exposición de sus bancos al ladrillo español. “El euro es una competición económica de la que Alemania ha salido vencedora”... España se libró del rescate completo, pero en realidad tuvo que acometer una reforma bancaria, un ajuste de pensiones y una durísima reforma laboral, además de un fuerte recorte del déficit y una rebaja de salarios: el equivalente al dichoso rescate completo sin el dinero del rescate completo

 "(...) El 30 de diciembre de 2011, el Tesoro Público español tenía 30.000 millones de liquidez disponible en el Banco de España. 

Como reconoció Luis de Guindos, el ministro de Economía, que solicitó y firmó el memorándum del rescate, en su último libro; en julio de 2012 no había dinero para pagar las pensiones y el sueldo de los funcionarios del siguiente mes. ¿Qué sucedió en esos seis meses?

El Gobierno del PP aprobó un decreto que obligaba a los bancos a reconocer pérdidas en sus créditos dudosos a promotores inmobiliarios que llevaban a Bankia, presidida por el ministro de Finanzas durante el inicio de la burbuja, a la quiebra. El Gobierno se negó a intervenir la entidad y provocó una fuga masiva de depósitos y de capitales que desangró a la economía española y forzó el rescate financiero. Tras el rescate llegaron las subidas de impuestos, los recortes y la crisis social e institucional que aún no hemos superado. (...)"                  (José Carlos Díez , El País, 05/06/22)

 

 "(...) Hace 10 años, el thriller existencial de Lehman Brothers se tradujo en Europa en una crisis oceánica que arrasó Grecia, Irlanda y Portugal hasta llegar a España. 

Zapatero negó esa crisis hasta que le explotó la mayor burbuja del Atlántico Norte. Con los mercados al acecho, aquello estuvo a punto de llevarse por delante a todo el sector financiero español (y al PSOE, tras aquel “me cueste lo que me cueste” de ZP, pero esa es otra historia). 

Rajoy ganó las elecciones en 2011 con la promesa de la mayor rebaja de impuestos jamás contada, pero aprobó la mayor subida fiscal de la historia (sus sucesores vienen prometiendo lo mismo aunque todo el mundo sabe que eso no va a ocurrir, pero me temo que también esa es otra historia). “No gastaremos ni un euro en los bancos”, decían entonces Rajoy y Guindos: la verdad —esa bestia escurridiza e inasible, más aún 10 años después— es que España ha gastado ya 73.000 millones en su sector financiero.

En esas llegó el 9 de junio de 2012. Y Rajoy, que había jurado y perjurado que nunca pediría un rescate porque estaba convencido de que con él los mercados recuperarían la confianza por arte de birlibirloque, se vio obligado a solicitar hasta 100.000 millones. “Rescate a España”, tituló El PAÍS, a pesar de que Guindos profundizó en la querencia por las milongas de aquel Ejecutivo y, frente a la suciedad de los hechos, lo denominó “crédito en condiciones ventajosas”. “No es un rescate, es apoyo financiero”, llegó a afirmar con la prima de riesgo en llamas. (...)

 Y el rescate llegó con cicuta: dureza para la banca, y unas condiciones macroeconómicas que eran como un dolor de muelas.Las dos hojas de la tijera alemana, ajustes y reformas, fueron algo más suaves que en Grecia, Irlanda y Portugal, porque España era demasiado grande para un rescate completo y porque los tecnócratas veían ya que la austeridad supuestamente expansiva, un error de política económica patrocinado por Berlín que se estudiará en los libros de historia, no acababa de funcionar. Pero Merkel tenía sus propios planes. “Aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches, continuos casos de corrupción: ¿qué han hecho ustedes con el dinero europeo?”, se preguntaba furibunda aquellos días ante un grupo de corresponsales estupefactos.  

(...) las necesidades de financiación, con los mercados cerrados a cal y canto, acabaron abocando a Rajoy a doblar la rodilla, con Bruselas y Fráncfort jugando a subir el fuego de la prima de riesgo para forzar esa decisión.

Una vez solicitado el dinero, España fue una especie de conejillo de indias. Se obligó a pasar por caja por primera vez a los tenedores de deuda de mala calidad: los preferentistas pagaron parte del pato, en un primer ensayo de lo que después ha sido el modelo europeo de resolución bancaria. Alemania y sus intereses, cómo no, estaban tras esa novedad: “Finlandia, Austria y Holanda presionaron, pero fue Alemania quien impuso las condiciones porque quería proteger a sus grandes bancos, que venían del roto que les dejaron las hipotecas basura de EE UU”, según el economista Carlos Martínez Mongay.

La moralina con Grecia había sido brutal: los despilfarradores tenían que purgar sus pecados, y ahí Berlín se cobró su libra de carne. Después, el cuento moral dio paso al interés propio. Los alemanes llevaban años reciclando sus enormes superávits comerciales en las finanzas irlandesas, en las subprime estadounidenses, en las cédulas hipotecarias españolas, en casi cualquier mercado burbujeante. En EE UU tuvieron que rascarse el bolsillo: Washington manda más que Berlín. Pero en Irlanda y España, Alemania impuso su ley: el rescate puso a salvo la formidable exposición de sus bancos al ladrillo español. “El euro es una competición económica de la que Alemania ha salido vencedora”, zanjó Jean Pisani-Ferry en El despertar de los demonios.

El muy olvidable José Manuel Barroso, el ultraortodoxo Olli Rehn (reciclado ahora en banquero central paloma, sorpresas te da la vida), Jean-Claude Juncker y más tarde el supuesto socialdemócrata Jeroen Dijsselbloem, al frente de las instituciones encargadas de tutelar aquel rescate, siguieron a pies juntillas el diktat de Merkel y su poderoso ministro Wolfgang Schäuble, una especie de Moriarty de andar por casa. Schäuble era quizás el más duro en público, ayudado en la sala de máquinas por tecnócratas como el austriaco Thomas Wieser, con el cuchillo entre los dientes en el Euroworking Group (una célula de trabajo aún más oscura que el Eurogrupo), y el enviado del FMI, Paul Thomsen, un danés de lengua afiladísima, el más negro de los hombres de negro. Servaas Deroose, con experiencia en la purga de Grecia, fue el elegido por la Comisión Europea. Ese tipo de halcones proliferaba por aquel entonces: Declan Costello era el jefe del rescate griego y protagonizó varios episodios tremendos; hoy, ojo, se ocupa de España con los fondos del Next Generation.

Pero los Wieser, Thomsen, Deroose y compañía seguían instrucciones: nada de lo que ocurrió hubiese sido igual sin un ministro de Hacienda alemán que en realidad era un abogado ordoliberal (Schäuble), sin un débil y asustadizo presidente de la Comisión (Barroso), sin un BCE que durante la era Trichet fue un completo desastre y sin un Eurogrupo en el que cada uno miraba por lo suyo. (...)

 España, es cierto, se libró del rescate completo, pero en realidad tuvo que acometer una reforma bancaria, un ajuste de pensiones y una durísima reforma laboral, además de un fuerte recorte del déficit y una rebaja de salarios: el equivalente al dichoso rescate completo sin el dinero del rescate completo. Incluso con la ayuda concedida, solo aquel whatever it takes de Draghi evitó males mayores. El historiador Adam Tooze deja algún que otro dardo sobre la gestión española en su imponente Crash: “Rajoy no era precisamente un visionario”, y “Schäuble fue reticente a apoyar a Guindos” a pesar de una visita a la desesperada del ministro a Berlín. Guindos reescribió esa historia a su manera antes de ir al BCE: “Schäuble es admirable en lo personal y ha sido un apoyo de España en los momentos difíciles”.

 (...) se puede subyugar a un país de dos maneras, con la espada y con la deuda, pero pese a todas las reglas escritas en bronce siempre es posible encontrar una salida si hay voluntad política. Y tres: que desde un punto de vista abstracto siempre se puede atender una deuda, pero hay un umbral de dolor político, moral, social incluso, más allá del cual esa opción se hace inaceptable. Algún ministro alemán debería llevar tatuada esa frase. Quienes patentaron aquella milonga del “crédito en condiciones ventajosas”, también. La frase es de Jack Boorman: uno de los líderes intelectuales del diseño de los paquetes de rescate del FMI."                   (Claudi Pérez , El País,  09/06/22)

Así cavó el banco malo su descomunal agujero de casi 60.000 millones con el que se que duplica el coste del rescate bancario

 ""Coste cero" y "ni un euro" no parecen, a priori, conceptos ambiguos ni polisémicos; salvo que el contexto en el que se emiten sea el de la política española, y más concretamente el proceso de rescate y reestructuración de la banca, claro, porque en ese ámbito todo es susceptible de mudanza: tanto, como para que el llamado "banco malo", que "nunca" iba a suponer dispendios de ningún tipo para el contribuyente según el exministro de Economía de Mariano Rajoy, Luis de Guindos, acumule a fecha de hoy un creciente agujero de más de 52.000 millones que en el mejor (e improbable) de los supuestos pueda verse reducido en 30.000 y en el peor ir cerca de duplicar la factura de la operación de salvamento y concentración de las finanzas hispanas y dispararla por encima de los 125.000 millones de euros.

La deriva de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria), una de las tres patas clave del rescate (junto con los avales y las inyecciones directas de dinero) al sacar de los balances de los bancos créditos fallidos e inmuebles de difícil colocación por valor de 200.000 millones de euros a cambio de deuda pública por valor de 50.000, está teniendo un impacto directo en las cuentas públicas: de 34.145 millones de euros en deuda pública, tras haber liquidado ya los más de 17.500 que restan para llegar a los 50.781 entregados como pago a cuenta a la banca, y 9.891 como déficit por las pérdidas acumuladas al cierre de 2020, según recoge el decreto por el que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada la toma de control de la entidad por el FROB (Fondo para la Reestructuración y Ordenación del sistema Bancario), cuyo texto ya advierte de que "en los sucesivos ejercicios, las operaciones de disposición de su activo por parte de Sareb, así como sus resultados contables afectarán al saldo de las cuentas nacionales del sector de las Administraciones Públicas", lo que "hace necesario que la estructura accionarial y de control de la sociedad refleje la realidad económica".

 "La operación de la Sareb encubrió el coste del rescate bancario, porque lo que fue a la Sareb era una parte de su coste", indica Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario y miembro de Economistas Frente a la Crisis, que explica cómo "el Gobierno [de Rajoy] cambió cromos, cambió activos por deuda, y ahora el Gobierno actual tiene que pagar esa deuda y tratar de vender al mejor precio posible esos activos" que siguen pendientes.

Esa deuda pendiente "se irá devolviendo conforme la Sareb pueda ir cerrando ventas", destaca Esteban Sánchez, socio director del área de Banca de AFI (Analistas Financieros Internacionales), que anota cómo "las entidades que se encontraban en proceso de reestructuración" cuando se fundó la Sareb en 2012, todas las principales menos BBVA "realizaron un saneamiento de casi 150.000 millones de euros" con esos traspasos de activos a cambio de deuda pública.

"Es todo un cúmulo de despropósitos", señala el economistas Carlos Sánchez Mato, que recuerda cómo una de las claves de su puesta en marcha fue "que no reventaran las cuentas del Estado en 2013, pero esas cifras han acabado aflorando en 2020, con otro Gobierno", cuando la UE dictaminó que la deuda con la que la Sareb compró los activos es deuda pública y que su déficit es déficit público.

Un descomunal agujero que dobla el coste del rescate bancario

Casi una década después de su puesta en marcha, los números de la Sareb reflejan una situación nada boyante, aunque, quizá por aquellas cosas de las cuentas del gran capitán, eso no ha impedido que los banqueros, políticos y técnicos que han ido pasando por su consejo de administración se hayan repartido 37 millones de euros en remuneraciones, según datos de la propia compañía.

 Esa gestión arroja 5.771 millones de euros de pérdidas al cerrar todos los ejercicios en rojo y con un récord de 1.073 en 2020 que puede verse superado con las cuentas de 2021 tras acumular 650 en el primer semestre.

A esos resultados operativos, que se han comido los 3.800 millones de euros de fondos propios con los que nació la entidad, se les suma un patrimonio neto negativo de 10.528 que sitúa el agujero de la compañía en el entorno de los 16.300, una cifra cercana a la ya liquidada por una parte de la deuda con la que el Estado compró esos activos.

 El colofón de esas pérdidas está en dos operaciones de financiación: un swap para prevenir subidas de los tipos de interés en el periodo 2017-2023 que acumula un coste de 3.952 millones, con una media de alrededor de mil al año, y una modificación de los bonos que la banca entregó como moneda a los bancos que desde hace tres años veta la aplicación de tipos negativos y que ya ha generado otro de 483 que lleva camino de duplicarse.

Deuda pendiente por un lado y por otro las pérdidas operativas y el patrimonio negativo, cuya cuantía supera la de la deuda liquidada, suman un agujero de más de 52.000 millones de euros que, a la espera de añadir los que vayan sumando por el swap y los bonos, los 900 de capital de origen estatal consumido y los alrededor de 2.000 que los bancos que van a salir del accionariado van a conservar como créditos fiscales, que son descuentos a aplicar en el Impuesto de Sociedades, no andan lejos de duplicar los 65.725 en los que el Banco de España cifraba el coste del rescate en la última nota que ha emitido sobre esa operación, y que lleva más de dos años sin ser actualizada, aunque en realidad serían 73.261 a la espera de ir descontando los dividendos que pueda ingresar de CaixaBank.

La cartera de inmuebles de Sareb ha seguido creciendo

La Sareb dispone de activos valorados en algo más de 31.000 millones de euros para paliar ese desaguisado enjugando la amortización de la deuda pública con los ingresos que pueda ir obteniendo. Se trata de 46.162 viviendas, 36.693 espacios anexos a estas, 20.246 obras en curso y 30.016 terrenos, 79.000 hectáreas de suelo ‘finalista’ y 90.000 de rústico.

No obstante, un vistazo a la estructura de esas cartera proyecta más dudas que certezas sobre la viabilidad de la operación: una década después, los 50.781 millones de activos se han reducido a 31.800, con una reducción global del 37,4% que supera la mitad en los activos financieros (de 39.438 a 16.851) mientras los inmobiliarios han seguido creciendo (de 11.343 a 14.949).

 Una década después, el banco malo ha colocado el 57% de los créditos tóxicos que adquirió mientras el valor teórico de su cartera de ladrillo aumentaba casi un 32%. 

"Es el Estado quien tiene el principal interés económico en la marcha de Sareb así como quien soporta la mayor parte del riesgo asociado a su actividad", reseña el Gobierno en el decreto, en el que se refiere al "plan de negocio y la capacidad de generar flujos de caja" como "factores cruciales para minimizar el potencial impacto de la ejecución del aval en el momento del fin de la vida de la compañía en 2027".

De ahí las tres decisiones clave del gabinete: tomar la mayoría a través del FROB, adecuar "las políticas remuneratorias de la compañía al principio de eficiencia presupuestaria", lo que equivale a frenar en seco los dispendios en la retribución de los consejeros, y habilitar a la compañía para "ceder viviendas a entidades públicas o entidades no lucrativas" y a comunidades autónomas para dedicarlas al alquiler social.

Esa última medida entraña la decisión de no enajenar al menos una parte de los inmuebles, de escasa habitabilidad en algunos casos y de bajo atractivo o demanda en otros por su deterioro, por estar inacabados o por hallarse en el medio rural, y de generar ingresos a través del mercado del alquiler.

Un costoso proceso para crear gigantes con pies de barro

La decisión de que la Sareb comience a intervenir en el mercado de la vivienda parece tomada cuando el decreto la habilita para comprar y vender inmuebles y para tener tratos con bancos (aunque no se encuentren en proceso de resolución) y con otros operadores financieros, algo que, por otra parte, abre una derivada de consecuencias imprevisibles en el atribulado debate político español por la abundancia de inmuebles en zonas turísticas como el arco mediterráneo.

Hasta ahora, "la Sareb, por la normativa con la que nació, solo podía comprar activos a bancos en resolución", recuerda Sánchez, que anota que "era un instrumento de resolución cuya finalidad era liberar de esos riesgos a las entidades".

"Sareb compró los activos por un 52,5% del valor por el que estaban anotados en los libros de los bancos, y se vio que compraba caro", indica Rodríguez, que añade que "ha habido pérdidas porque lo que compraron se ha vendido más barato y porque, con la gente ilustre que ha pasado por ahí, contrataron un swap para protegerse de las subidas de los intereses. El Estado debe intentar vender a mejor precio".

Los cálculos del socio minoritario de la coalición de gobierno incluían algunas alternativas que, al menos por ahora, parecen descartadas.

"Tiene capacidad para generar 420.000 viviendas, y eso podría generar para la inversión necesaria unos rendimientos del 1,7%, superiores a los que ahora se obtienen en los mercados financieros", explica Sánchez Mato, que anota que destinar a la producción de energía renovable los suelos de su cartera con precios similares a los de las últimas subastas (30,5 euros en Mw.h) permitirían amortizar la inversión en quince años.

"Ese suelo tiene potencialidades como abaratar el precio de la luz o el de la vivienda, pero esas propuestas han sido rechazadas. En los dos casos hay posibilidades de hacerlo rentable", anota, antes de apuntar que "el banco malo fue una obligación del memorándum de entendimiento de España con la UE, y tenemos la obligación de hacerlo rentable. Hay posibilidades de convertir un pozo sin fondo en un instrumento de políticas públicas".

El rescate, Sareb incluida, sí acabó siendo beneficioso para un sector bancario español que en una década alcanzó el mayor grado de concentración de su historia tras engullir 52 bancas y cajas de ahorro en una retahíla de fusiones regadas con dinero público que han supuesto la supresión de cerca de 100.000 empleos, el cierre de alrededor de 10.000 oficinas y la creación de un selecto grupo de gigantes con pies de barro cuya potencialidad para generar riesgos de carácter sistémicos crecía con cada absorción."                   (Eduardo Bayona, Público, 22/01/22)

Según la Unión Europea... así dejó Rajoy el país... el que se encontró Pedro Sánchez

Carlos Cagigal @CcagigalNeira

 Lo que dijo la UE sobre España en su informe sobre "Recomendaciones para el Programa de Reformas 2019" analizando los años y políticas económicas aplicadas por el PP durante los años de expansión económica desde 2014:

2- "La eficacia de las prestaciones sociales -excluidas las pensiones— para reducir la pobreza continúa siendo una de las más bajas de la UE, especialmente en el caso de los menores...

3- ...El gasto social como porcentaje del PIB en España para los hogares con hijos es uno de los más bajos de la UE y no está bien orientado. Aunque la tendencia es positiva, existen aún deficiencias importantes en la cobertura de las personas con dependencia severa y moderada...

4- ...La ayuda al desempleo nacional está fragmentada, al existir múltiples regímenes orientados a diferentes grupos de demandantes de empleo..."

La propia UE sacó los colores a España e hizo una serie de recomendaciones que iban desde garantizar unos servicios sociales adecuados a las coberturas por desempleo. Para que la UE saque los colores a España por unos mediocres servicios sociales, ya sobran las palabras...

6- "Garantizar que los servicios sociales y de empleo sean capaces de proporcionar un apoyo efectivo. Favorecer la transición hacia los contratos indefinidos, en particular mediante la simplificación del sistema de incentivos a la contratación...

7- ...Mejorar el apoyo a las familias y resolver el problema de las deficiencias en la cobertura del sistema nacional de asistencia al desempleo y en los regímenes autonómicos de renta mínima".

8- La situación de la crisis financiera no sólo mejoró sino que empeoró con las políticas económicas que aplicó el PP y en los años de crecimiento no hizo lo más mínimo para que mejorarán. El informe en cuestión... https://eur-lex.europa.eu/legal-content/

Esto es lo que se encuentra en gobierno de coalición cuando próspera la moción y llega al gobierno... No hay que "consolidar" el estado del bienestar español porque, sencillamente, primero hay que "recuperarlo".

1:49 p. m. · 29 nov. 2021
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Que dice Rajoy lo bien que lo hacen los gobiernos del PP en temas económicos. Llaman hacerlo bien a iniciar la mayor burbuja inmobiliaria de la historia acompañada por un ciclo de deuda privada brutal... Y no contentos con generar la mayor burbuja inmobiliaria tras cuyo pinchazo se arruinaron y deshauciaron a miles de familias, posteriormente aplicaron austeridad fiscal y devaluacion interna, empobreciendo sobretodo a los más jóvenes

Juan Laborda @JuanLabordah

 Que dice Rajoy lo bien que lo hacen los gobiernos del PP en temas económicos. Llaman hacerlo bien a iniciar la mayor burbuja inmobiliaria de la historia acompañada por un ciclo de deuda privada brutal (Inestabilidad Financiera) , que luego continuó y no desinfló el PSOE

Y no contentos con generar la mayor burbuja inmobiliaria tras cuyo pinchazo se arruinaron y deshauciaron a miles de familias, posteriormente aplicaron austeridad fiscal y devaluacion interna, empobreciendo sobretodo a los más jóvenes.

Sólo cuando Bruselas les permitió expansion fiscal, España se recupero.

9:36 a. m. · 28 sept. 2021
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El gobierno español ha aprobado una transferencia de 18.396 millones para la Seguridad Social en 2022... Vamos, lo que hacen países como Alemania o Suecia sólo que, en España, lo llaman "déficit". Falacia conceptual... va a resultar que la Seg Social va a pasar de tener un "déficit insostenible" a tener un superávit brutal... Que Rajoy y Montoro deberían explicar como con Zapatero, en lo peor de la crisis, la Seg Social no tenía ningún problema y es llegar ellos y poner a disposición de empresas y políticos la caja de la Seg Social hasta esquilmarla

Carlos Cagigal @CcagigalNeira

 El gobierno español ha aprobado una transferencia de 18.396 millones para la Seguridad Social en 2022 destinados a "garantizar y mejorar" las pensiones públicas. Vamos, lo que hacen países como Alemania o Suecia sólo que, en España, lo llaman "déficit". Falacia conceptual.

Eso sí, el gobierno español afirma que es "compromiso que el Estado asuma los gastos impropios de la Seguridad Social", calculados en 22.000 millones de €. La Seg Social ha estado soportando gastos milmillonarios que no le pertenecían: cualquiera diría que querían quebrarla...

3- Ahora va a resultar que la Seg Social va a pasar de tener un "déficit insostenible" a tener un superávit brutal... y eso sin tener en cuenta que aún con que no se sacaran los gastos impropios, la Seg. Social ya estaba próxima a equilibrio financiero.

Carlos Cagigal@CcagigalNeira · 15 jun.
A pesar de las atrocidades sufridas durante años, luego la Covid-19 y los ERTEs, la Seg Social está a cerca de cuadrar sus cuentas. Las cotizaciones sociales han sido 32.187,53 millones de €, + 0,92% respecto a los ingresos del 1er trimestre de 2020. De esto no hablan los medios

4- Vais a ver que risa cuando empiecen a haber superávits brutales, a ver cuanto tardan conservadores y pseudoliberales a pedir que se bajen las cuotas a las empresas porque ahora sobra el dinero.

5- Los gastos impropios que se fueron metiendo con cargo a la Seg Social...: los políticos autores que lo aprobaron y permitieron con pleno conocimiento, deberían tener una habitación permanente en Soto del Real.

6- Si un político quiere regalar a un sector o grupo de empresas reducciones en las cotizaciones a la Seg. Social; decide subvencionar a regímenes especiales... debe hacerse con cargo a PGE o presupuestos autonómicos, según caso. Ahora se está cargando todo a las pensiones...

7- Todas las "políticas no contributivas" y decisiones políticas temporales, como las barbaridades que hicieron Montoro y Rajoy, están siendo financiadas con cargo a la Seg Social y a las cuotas destinadas al pago de pensiones... esos son los "gastos impropios": 22 mil millones.

8- Que Rajoy y Montoro deberían explicar como con Zapatero, en lo peor de la crisis, la Seg Social no tenía ningún problema y es llegar ellos y poner a disposición de empresas y políticos la caja de la Seg Social hasta esquilmarla. Esto debería estar penado. 

11:25 p. m. · 27 jul. 2021
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El coste de las 'reformas' de Rajoy: 65.000 millones del rescate que no nos iba a costar un euro... el superávit de la Seguridad Social de 74.000 millones, convertido en un déficit de 18.000... el Impuesto de Sociedades, que recaudaba 44.000 millones, se quedó en 28.000...

"(...) Las grandes reformas del mandato de Mariano Rajoy se quedaron cortas, se abortaron o resultaron fallidas, recordábamos (21/11). Pero además de ser ocasiones perdidas, exhibieron altas facturas. De haber funcionado —los demás factores constantes—, España luciría hoy un holgado superávit presupuestario. 

La reforma de la Seguridad Social de 2013, para contener sus crecientes costes, abortó al inicio de 2018, por lo que tras gastarse 74.437 millones de la hucha heredada, dejó su caja con un saldo negativo de 18.511 millones de euros a fin de año. Así que su déficit estructural alcanzó el 1,5%, estimó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en enero de 2019: sin tomar medidas, para 2048 aumentaría la deuda del sistema en un 48,7% del PIB. Un reciente estudio del Instituto de Actuarios Españoles corrobora el pronóstico.

La reforma financiera no tenía que costar un euro al contribuyente. El entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, negó (11/5/2012) que entrañase “un coste para los contribuyentes españoles” pues era una “disponibilidad de recursos” que tenía “que ser reembolsable”.

En junio, Rajoy lo ratificó al Congreso: era “un crédito a la banca que va a pagar la propia banca”. Ufano, Guindos prometió que no generaría costes a la sociedad “sino todo lo contrario”.

Vaya broma. Fue al revés. El Banco de España calcula ahora (20/11) en 65.725 millones el coste del rescate: la banca aportó 23.164; el sector público (FROB), 42.561 (cerca del 0,7 anual del PIB en seis años y medio). En el mejor de los casos se recuperarán 17.868, según la entidad.

La reforma fiscal se preparó, pero quedó en nasciturus. Su más obvio coste de oportunidad ha sido el desplome del impuesto de sociedades, que recaudaba 44.823 millones en 2007, y solo 24.838 millones en 2018. Caída simultánea a la briosa recuperación del impuesto sobre la renta y sobre el consumo (IVA).

El hundimiento se debe a la plétora de deducciones, a la (positiva) internacionalización de empresas en búsqueda de otros mercados y a la (negativa) ubicación de filiales en paraísos fiscales. Solo equiparando las 27 multinacionales españolas que apenas abonan un 0,3% de su beneficio neto con la media del resto (18,14%) se lograrían 3.000 millones anuales. Y eliminando las deducciones, más de 8.000 al año (0,8% del PIB).

Suma y sigue. En ese cómputo no entra la reforma laboral en su efecto de devaluación salarial, que, procíclica, ayudó a prolongar la crisis; ni el incumplimiento de la reforma de financiación autonómica, que magnificó los recortes educativos y sanitarios, con similar impacto macro; ni la ley de unidad de mercado, anulada por el Constitucional; ni el sucedáneo de reforma administrativa... Recua de nadas. Y caras."                     (Xavier Vidal-Folch, El País, 28/11/19)

España, condenada a pagar 1,6 millones de honorarios al bufete de la exvicepresidenta Santamaría en los litigios por los recortes de Rajoy a las renovables aprobados cuando ella estaba en ese gobierno... el tristemente célenbre 'impuesto al sol'

"España no sólo ha sido condenada a pagar indemnizaciones millonarias a inversores por los recortes del último Gobierno del PP a las energías renovables, sino que además debe abonar hasta el 75% de todos los gastos declarados por sus demandantes, que consideran vulneradas las "legítimas expectativas de ganancia" de sus inversiones.

 Esto supone un total de 7,1 millones de euros, 4,9 millones por los gastos del inversor NextEra Energy, y 2,2 millones de euros por los que declararon Opera Fund Eco-Invest y Schwab Holding.

En lo que va de año, los árbitros de inversiones del CIADI -dependiente del Banco Mundial- han condenado a España en tres ocasiones por el recorte del Ejecutivo de Mariano Rajoy a las renovables, por lo que el Estado deberá pagarles casi 260 millones como indemnización -contando con las cifras disponibles, de sólo dos de los casos-. También deberá correr con la mayoría de los gastos en los que estas empresas sostienen haber incurrido durante los años en los que han estado abiertas estas causas.

Sólo en relación a estos casos, España tiene que pagar 1,5 millones en concepto de honorarios del despacho de abogados Cuatrecasas -el 75% del total facturado- por su labor de asesoría al inversor OperaFund, y 95.670 euros por los trabajos del mismo bufete en el caso NextEra -el 33% de la minuta-, en el que también participaron otros despachos. En total, debe reembolsar a los inversores honorarios del despacho por valor de 1,6 millones de euros, tal y como se desprende de los laudos que resuelven ambos casos, analizados por Público.  (...)

Cuatrecasas es el despacho en el que trabaja la exvicepresidenta del Gobierno de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, número dos del Ejecutivo cuando alumbró la reforma energética por la que han demandado estos inversores. Hoy por hoy hay seis causas abiertas en las que el inversor cuenta con los servicios de este bufete, y en total reclaman más de 1.334 millones al Estado, como avanzó este diario. (...)

En cualquier caso, el de Santamaría es el bufete español más contratado por inversores que demandan a España ante este tipo de instancias, el segundo a nivel internacional. Todas estas demandas, como la inmensa cantidad de litigos aún pendientes por el Tratado de la Carta de la Energía, se sustentan en el hachazo a las renovables del Ejecutivo del PP.

Santamaría, abogada del Estado en excedencia, es socia de la firma y se sienta en su Consejo de Administración. Llegó al bufete en marzo de 2019 -Cuatrecasas ya defendía a estos inversores-, escasos meses después de su salida del Gobierno, vía moción de censura, en junio de 2018.

Los recortes en esta materia fueron impulsados por José Manuel Soria, exministro de Industria, Energía y Turismo entre 2011 y 2016, si bien Santamaría era la responsable de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Cada miércoles, la entonces vicepresidenta rechazaba o daba luz verde a las normativas que finalmente serían aprobadas por el Consejo de Ministros, dos días después.

Hoy Santamaría lidera la práctica de Corporate Governance and Compliance del bufete, según su página web. Desde Cuatrecasas se remiten a anteriores explicaciones a este diario. Hace una semana, afirmaron que la exvicepresidenta sólo trabaja en su área, y subrayaron que nunca ha hecho incursiones en la parcela del arbitraje.

Por su parte, desde el Ministerio de Transición Ecológica han obviado las reiteradas peticiones de información de este diario."                  (Alejandro López de Miguel, Público, 30/11/19)

Una democracia calculadamente vaciada por la UE... el PP no hizo nada para disminuir la deuda, ¿Sería justo, por lo tanto, que un próximo gobierno tuviera que ser el que asumiera el imposible de rebajar la deuda pública un 60% sobre el PIB – casi medio billón de euros-?

"Por fin llega el año 2020 y fijaos en esta casualidad; se trata del mismo horizonte temporal que establecía la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Os preguntaréis con muy buen criterio, ¿qué diantres planteó esa Ley de Estabilidad Presupuestaria en el año 2012 aprobada por el PP? Bueno, pues una cosa aparentemente sencilla; una senda de reducción de la deuda pública en España.

¿Y con qué objetivo lo hizo?, podría uno preguntarse también. Bueno, pues con el de que la deuda pública no sobrepasara el 60% del PIB una vez llegara el año 2020.*

De acuerdo. Pues vamos a ver qué ha pasado con esa senda de reducción de la deuda pública desde la aprobación de aquella Ley Orgánica.

Pues aquí lo tenéis: nada. La deuda pública continuó aumentando en 2013 y 2014 hasta superar el 100% del PIB, quedando varada posteriormente en torno a ese porcentaje y siendo la previsión para 2019 exactamente igual.

Durante todo ese periodo, con el diseño económico presupuestario del PP, la evolución de la deuda pública no corrigió su rumbo.

¿Os parecería justo, por lo tanto, que una vez finalizado ese ciclo sin que se hubiera corregido absolutamente nada, un próximo gobierno tuviera que ser el que asumiera el imposible de una deuda pública en el 60% sobre el PIB – casi medio billón de euros-?

Lo vamos a advertir aquí y ahora. La maquinaria mediática ya ha comenzado a girar: “Bruselas exige al próximo Gobierno unas cuentas que cumplan con las normas y que destine cualquier ingreso extra a rebajar la deuda.”

Pues sí, parece todo una gran casualidad. O, tal vez, un perfecto engranaje.

* Dato extra. La reforma constitucional del artículo 135 pactada entre PSOE y PP en el año 2011 estableció en su punto número 5: “Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo”.                     (El Captor, 22/11/19)

La herencia de Rajoy: tenemos que emitir 220.000 millones de deuda en 2019 para pagar las pensiones y los funcionarios... al 0% se pudo es estos años... pero si el interés sube al 3%, ¿podremos? Pues no... quita o suspensión de pagos...

"(...) Durante la burbuja, el endeudamiento fue privado y la deuda pública neta bajó a niveles del 20% del PIB. Pero la crisis provocó un desplome de los ingresos públicos y un aumento del gasto por desempleo, y la deuda pública ha subido hasta el 100% del PIB, máximo desde 1909. (...)

Bruselas, con los ajustes entre 2010 y 2012, provocó una doble recesión, agravada en el caso español por la torpeza de Rajoy, que acabó rescatado. Pero desde 2014 la Comisión ha pasado al otro extremo de tolerancia. En 2015 Rajoy en campaña electoral anunció una bajada de impuestos estructural del 1% del PIB que le llevó a incumplir sus objetivos de déficit. 

Y la Comisión Europea lo permitió. 

La herencia de deuda de Rajoy más complicada de gestionar es la necesidad de emitir en 2019 220.000 millones de deuda pública, el 20% del PIB. Desde 2015 la ingobernabilidad la ha resuelto el BCE comprándonos el 8% del PIB en deuda pública cada año. En 2018 las compras han bajado al 4% del PIB. Pero en 2019 el Banco Central ha anunciado que tan solo comprará el 1% del PIB.

Por lo tanto, tendremos que financiar el 19% del PIB de las emisiones de deuda en el mercado y ese dinero se usará para pagar las pensiones y el sueldo de los funcionarios. Y de nuevo volvemos a ver inestabilidad financiera global que ya ha llegado a Europa. La volatilidad extrema registrada por el mercado de deuda pública italiana en las dos últimas semanas recuerda a las crisis de 2010, 2011 y 2012. Y de nuevo el riesgo soberano y bancario van juntos.

El debate relevante no es si Bruselas va a aceptar nuestro presupuesto. La cuestión clave es si vamos a emitir los 220.000 millones en 2019 y, sobre todo, a qué tipo de interés. Ese tipo de interés va a determinar las nuevas inversiones de las empresas y creación de nuevos empleos. 

Si no podemos emitir esa cantidad habría que aplicar recortes y en caso extremo solicitar otro rescate o reestructurar la deuda. La realidad es que PP y Ciudadanos han sido incapaces de reducir la deuda pública con tipos al 0% y el BCE comprándola desde 2016. Y no parece que el PSOE con Podemos y los nacionalistas lo vayan a conseguir."               (José Carlos Díez, El País, 26/10/18)

Preparémonos para ver el crudo a más de 100 dólares en 2019 y una inflación que duplique la estimada. España entraría en recesión. Nuestro déficit público se dispararía y las autoridades europeas podrían exigir recortes que aún hundirían más el ciclo económico. Nos encontraríamos de nuevo en una situación parecida al período 2007-2008. El impacto para España sería letal...

"(...) Desde estas líneas, los cuatro economistas que aquí escribimos, desde posiciones ideológicas distintas, venimos coincidiendo en el diagnóstico y sabemos lo que ocurrirá si no se hace nada en los siguientes trimestres. 

Los profundos errores de diagnóstico sobre la Gran Recesión, así como las medidas implementadas por los ejecutivos de Zapatero y Rajoy desde 2008, nos hanllevado a la mayor y más profunda crisis económica y social de nuestra historia reciente. 

La clase media se evapora; las desigualdades de renta y riqueza alcanzan cotas insoportables; y nuestros jóvenes, sin futuro.

 

Vuelta al 2007-2008

Frente al autobombo del anterior ejecutivo respecto al crecimiento económico que experimenta España desde 2014, venimos afirmando que la razón fundamental radica en los vientos de cola favorables externos, que ya se están desvaneciendo. 

El mismo regulador, en el Informe Anual de 2016, detalló las razones que había detrás de las sorpresas positivas en nuestra economía. Y ninguna de ellas tenía que ver con las políticas económicas implementadas desde el gobierno del ínclito monclovita de turno.

Por un lado, la relajación del ajuste presupuestario. Por otro, la entrada de flujos financieros foráneos en nuestra economía, derivados de la política monetaria del BCE. Pero además, el Banco de España añadía otra relevante: la bajada no prevista del precio del petróleo y otras materias primas. 

Según los cálculos del regulador, estos tres elementos habrían tenido un impacto sobre la actividad más positivo del previsto. Y todos ellos impactaron de modo menos favorable sobre el PIB del área del euro que sobre el español.

Sin embargo, el anterior ejecutivo pudo aprovechar, pero no lo hizo, las ventajas que suponía una financiación barata acompañada de una caída acentuada del precio del petróleo, para invertir en la creación de un tejido productivo sólido que permitiera a España consolidar una posición competitiva a largo plazo, con la creación de bienes y servicios de alto valor añadido cuya consecuencia sería la disminución del desempleo con generación de altos salarios, mayores ingresos tributarios y altas cotizaciones que permitieran la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Prefirió continuar con “la patada hacia adelante”. Repetimos los mismos errores: confiar en nuevas generaciones de burbujas, en un turismo creciente, en parte por problemas geopolíticos en zonas competidoras, y todo ello en un contexto donde nuestro excelente tejido exportador patrio empieza a ser controlado por capital foráneo. 

Por eso le advertimos al nuevo ejecutivo de Sánchez que nos encontramos de nuevo en una situación parecida al período 2007-2008.

 

Ciclo alcista del precio del petróleo

Prepárense para ver el crudo a 90 dólares el barril este otoño y a más de 100 dólares en 2019. Los años de bajos precios del crudo y de la energía en general han sido buenos para los consumidores, pero los bajos precios han dado lugar a un colapso de las inversiones en exploración y producción. (...)

Y si a eso se le añaden problemas geopolíticos, como el hundimiento de la producción en Venezuela, las sanciones a Irán y otros, los precios solo pueden subir en los próximos años. Ello invalida los supuestos de los últimos Presupuestos Generales. 

Una inflación el doble de la estimada implicará que el déficit de las pensiones subirá en casi 2.000 millones, y que pese a las subidas salariales previstas de funcionarios y del sector privado el poder de compra de estos colectivos se reducirá en un punto. 

Por otro lado, si el PIB se reduce según el ministerio de Economía en un 0,7% por cada 10% de incremento en el precio de la energía, una subida del 30 % en el segundo semestre respecto a los PGE restará un punto al crecimiento este año, y lo llevará casi a cero en 2019.

 

¿Restricción fiscal y monetaria?

Con nuestras previsiones se producirá un incremento de la inflación general debido a los componentes erráticos, aquellos productos de la cesta de la compra que se fijan en los mercados financieros, pero no en la inflación subyacente (ausencia de repuntes salariales). 

Los bancos centrales podrían reaccionar con una política monetaria más restrictiva de la que correspondería al ciclo actual. Se repetiría lo sucedido en 2007-2008. Los mercados de riesgo se desplomarían y se pincharía la última burbuja creada por los bancos centrales, la de la deuda soberana. El impacto para España sería letal.

España es uno de los países europeos con mayor deuda externa, tanto pública como privada, por lo que es muy vulnerable a cualquier impacto sobre los tipos de interés. Pero el sesgo de la deuda externa se ha movido hacia la deuda pública. 

Si en 2008 los acreedores de las administraciones públicas apenas representaban el 20% del total de la deuda externa, a cierre de 2017 representaba el 49%. Una subida de un punto porcentual en los tipos de interés de la deuda exterior restaría casi 1,3 puntos de crecimiento al PIB.

Los dos efectos unidos, subida del precio del petróleo y de los tipos de interés, impactarían negativamente en nuestra economía. España entraría en recesión. Nuestro déficit público se dispararía y las autoridades europeas, podrían exigir ajustes adicionales que aún hundieran más el ciclo económico. 

Si en una fase expansiva en 2016 y 2017 España no cumplía el criterio de Maastricht, imaginemos que pasaría en un escenario negativo como el descrito. Si la Troika exigiera recortes de gasto adicionales el ciclo económico español registraría una recesión considerable.

En este contexto el BCE juega un papel clave que sin duda podría aliviar de manera considerable los efectos descritos. El BCE anunció que el programa de compra de deuda, básicamente soberana, en mercado secundario terminará a finales de 2018. 

El final de este programa no supone ninguna restricción monetaria, ya que la parte de la cartera de deuda que irá venciendo se renovará, de manera que la base monetaria no se contraerá. Sin embargo, existe un riesgo. El BCE hizo su anuncio de expansión cuantitativa en un contexto donde no prevé un repunte de la inflación derivado de la evolución de materias primas. 

Si se produjera un incremento en la inflación general, no la subyacente, como en 2007 y 2008, e implementara una restricción monetaria el impacto macroeconómico sería relevante y España no podría financiar su deuda soberana en los mercados financieros. Además, si quien sustituye a Mario Draghi es un alemán prepárense lo peor.

 

Conclusión

Por eso nuestro S.O.S. a Pedro Sánchez: el 2007-2008 se podría repetir. Pero si en el principio de la Gran Recesión nos parecíamos a Irlanda, burbuja de deuda privada, el estallido de la actual burbuja de deuda, sin soberanía monetaria, nos haría parecer a Grecia. 

El nuevo gobierno debe buscar un cambio radical de modelo productivo por que el actual ya está agotado, por el bien de las generaciones venideras. No queda otra."             

(Este artículo ha sido elaborado conjuntamente por Juan Carlos Bermejo, Juan Carlos Barba, Roberto Centeno y Juan Laborda, Vox Populi, 24/07/18)

Rajoy decidió esquilmar a la población subiendo los impuestos brutalmente, crear un modelo de crecimiento ficticio del PIB a costa de un endeudamiento mayor, promover una reforma laboral para sustituir empleos dignos por empleos indignos, destruir gran parte de la clase media y, en definitiva, iniciar la senda para convertir a España en un país de camareros... su herencia

"El ínclito Mariano Rajoy -ese presidente que llegó al Gobierno empujado por los votos desesperados de los ciudadanos en 2011 para salvar a España de la desastrosa situación en la que nos había dejado José Luis Rodríguez Zapatero-, con una mayoría aplastante para hacer las reformas que el país necesitaba, decidió que la industria, motor de la economía en cualquier país que se precie, desapareciera del mapa de prioridades eliminando el Ministerio asociado y colocando tan importante materia en una secretaría general dentro del denostado Ministerio de Economía dirigido por el incompetente Luis de Guindos, cuya mayor hazaña fue arruinar a miles de inversores tras venderles basura empaquetada como si fuera oro molido.

Rajoy, decidió que era prioritario esquilmar a la población subiendo los impuestos brutalmente, crear un modelo de crecimiento ficticio del PIB a costa de un endeudamiento mayor, promover una reforma laboral para sustituir empleos dignos por empleos indignos, más propios de un país tercermundista, destruir gran parte de la clase media y, en definitiva, iniciar la senda para convertir a España en un país de camareros.

El peso de la industria en España (excluyendo los monopolios de energía y gas) ha pasado del ser un 35% en 1975 a un 13% en 2017. Su valor es de unos 150.000 millones de euros, un dato lamentable si lo comparamos con los más de 660.000 millones de Alemania, los 250.000 millones de Italia, los 230.000 millones de Francia, los 220.000 millones de Reino Unido, los 350.000 millones de Corea del Sur o los 960.000 millones de euros que produce Japón.

España, representa hoy la ridícula cantidad del 1,2% del PIB industrial mundial, y si, por ejemplo, nos comparamos con un país en claro ascenso, como es Irlanda, en los últimos diez años su PIB industrial ha crecido un 200% mientras que el de España ha caído un 20%.

En resumen, Rajoy prefirió dar prioridad a otro tipo de industria, la industria política, esa que componen centenares de miles de familiares, amigos y correligionarios, que es el verdadero cáncer que sufre España, en detrimento de la inversión en tejido productivo, fundamental para la creación de bienes y servicios de alto valor añadido que proporcionen competitividad, salarios elevados, altos tributos, garantizar el sistema de pensiones y, en definitiva, la prosperidad del país.  (...)"             (Juan Carlos Bermejo, Vox Populi, 16/06/18)