¿La guerra contra las drogas o la guerra contra los pobres? la llamada “guerra contra las drogas” va en realidad dirigida contra las y los pobres, que son el eslabón más débil que la cadena productiva que deriva en narcóticos... La economía de las mercancías ilícitas, con enormes niveles de explotación de los trabajadores/as, produce enormes volúmenes de efectivo que se lavan e ingresan, y por lo tanto lubrican, al sistema financiero, y permite controlar a las comunidades marginadas a través de la desmoralización social y la intervención policial... las ganancias están concentradas en los eslabones de la cadena más lejanos del cultivo de las plantas, siendo, paradójicamente, las y los trabajadores de estos cultivos de uso ilícito los más criminalizados y perseguidos por la supuesta “guerra” contra el narcotráfico... El campesinado no sólo es el blanco principal del discurso moralista de los medios de comunicación, que ignora su realidad económica y social; las grandes ganancias del negocio se la llevan los grandes capitalistas que se encuentran en lugares como La Florida y están perfectamente identificados por las autoridades estadounidenses que asisten a los mismos círculos sociales donde circula la cocaína que tanto señalan y por la que han muerto cerca de 1 millón de latinoamericanos... El problema no es la planta de coca, sino el sistema económico que criminaliza a las y los pobres de las zonas rurales mientras absorbe y recicla la enorme liquidez generada por los mercados ilícitos. El sector financiero depende de estos flujos. Los bancos mundiales los acogen con agrado. Y las naciones más ricas que promueven la erradicación dependen al mismo tiempo de la estabilidad que proporciona este capital oculto. Tratar al campesinado como el enemigo es ocultar la verdadera arquitectura del narcotráfico, que se extiende hacia arriba, hasta los circuitos de las finanzas legales, las commodities globales y el poder estatal... Sin confrontar a las instituciones financieras que lavan las ganancias, la economía mundial de las drogas continuará funcionando como un pilar no oficial de la liquidez capitalista (Laura Capote)

 "La insistencia permanente del discurso estadounidense alrededor de la lucha contra las drogas pareciera evidenciar una cruzada moral de los sucesivos gobiernos norteamericanos en limpiar su país del consumo de drogas. Sin embargo, la realidad dista mucho de esta simple idea que suele instalarse en los medios de comunicación masivos. En realidad lo que se busca con la denominada “guerra contra las drogas”, demostrado con la propia historia de nuestra región, es una fachada para el desarrollo de diversos mecanismos de intervención imperialista que han implicado desde la década del 70’ la combinación de métodos que van desde el financiamiento militar a los países de la región, la instalación de bases militares, hasta el apoyo explícito de algún candidato en una contienda electoral.

El dossier más reciente elaborado por el Instituto Tricontinental desarrolla la hipótesis principal de que en realidad la llamada “guerra contra las drogas” va en realidad dirigida contra las y los pobres, que son el eslabón más débil que la cadena productiva que deriva en narcóticos. Las drogas, precisamente, y en especial sus abultadas ganancias, son lo último que interesa a la clase dominante estadounidense y a los circuitos financieros del capital global, combatir, aunque hagan todo el esfuerzo propagandístico por desligarlo de las prácticas “legítimas” del capitalismo.

En realidad, la empresa transnacional de carácter criminal que constituye la industria del narcotráfico, es un elemento fundamental de los circuitos de acumulación del capitalismo a escala global. El dossier afirma que “la guerra contra las drogas es simplemente un intento de los Estados capitalistas de garantizar que estos circuitos de narcóticos permanezcan clandestinos para que el dinero extraído de comercio ilegal pueda continuar dando liquidez a un sistema bancario que no funcionaría sin él”.

En  América Latina y el Caribe, región principalmente afectada por la denominada “guerra”, resalta el caso colombiano como el paradigmático a la hora de comprender las diferentes consecuencias de esta política estadounidense: desde la criminalización de las y los campesinos cultivadores, hasta el financiamiento de un aparato de guerra y represión contra las clases populares, pasando por una formación y financiamiento impartido por los EE.UU. a las fuerzas militares en el país con una doctrina contrainsurgente que encontró en la GCD su excusa perfecta.

La investigación indica que la demanda de las mercancías ilícitas no varía sustancialmente a pesar de la variación de precios, teniendo en cuenta la naturaleza de la misma respecto sus niveles de dependencia, siendo un caldo de cultivo para la comisión de delitos como pequeños hurtos para poder, de la forma que sea, solventar el consumo. “La violencia en el paso de la droga desde las fincas hasta las calles, y la violencia de las sobredosis, rara vez interrumpen la producción o el mercado”

De esta manera, se pueden sacrificar vidas sin interrumpir el proceso de acumulación de capital en la economía formal. La economía de las mercancías ilícitas, con enormes niveles de explotación de los trabajadores/as, produce enormes volúmenes de efectivo que se lavan e ingresan, y por lo tanto lubrican, al sistema financiero, y permite controlar a las comunidades marginadas a través de la desmoralización social y la intervención policial.

Con un repaso por el proceso productivo de la coca, el dossier busca evidenciar de qué manera las ganancias están concentradas en los eslabones de la cadena más lejanos del cultivo de las plantas, siendo, paradójicamente, las y los trabajadores de estos cultivos de uso ilícito los más criminalizados y perseguidos por la supuesta “guerra” contra el narcotráfico.

El rol de las y los campesinos cultivadores es una de las principales preocupaciones de la investigación, destacando cómo, desde la perspectiva del campesinado colombiano, la economía política de la guerra contra las drogas responde a una compleja conexión entre cultivos, falta de desarrollo rural y conflicto armado que ha caracterizado la historia agraria en el país.

El caso colombiano ha sido el caso paradigmático a nivel continental de lo que está detrás de una narrativa simplificada de esta denominada “guerra”. Es la profundización del modelo neoliberal en la agricultura lo que ha acelerado la extinción de las y los pequeños agricultores. El campesinado enfrenta la falta de acceso y tenencia de la tierra, así como la exclusión social y económica, el desempleo, la opresión y marginación, lo que se ve agravado por la debilidad de las políticas públicas, salud y educación rurales inadecuadas, y la imposibilidad de acceder a vivienda digna. En Colombia, la crisis se intensifica aún más por el acaparamiento de tierras, la usurpación y la legalización, la “regularización” de tierras ilegalmente despojadas, llevada a cabo a través de un modelo paramilitar con financiamiento y consentimiento estatal al servicio de grandes corporaciones transnacionales.

El campesinado no sólo es el blanco principal del discurso moralista de los medios de comunicación, que ignora su realidad económica y social; las grandes ganancias del negocio se la llevan los grandes capitalistas que, como ha insistido en varias oportunidades el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se encuentran en lugares como La Florida y están perfectamente identificados por las autoridades estadounidenses que asisten a los mismos círculos sociales donde circula la cocaína que tanto señalan y por la que han muerto cerca de 1 millón de latinoamericanos y latinoamericanas.

Por otro lado, es importante anotar que el movimiento campesino en Colombia también ha construido herramientas para organizarse en territorios donde se cultiva coca. Desde históricas marchas campesinas a mediados de los 90’s, hasta la actualidad, las comunidades campesinas productoras de la hoja de coca exigen al Estado la sustitución voluntaria de los cultivos y el cese de métodos de erradicación forzada con glifosato, que lo único que han traído a los territorios es un aumento del pie de fuerza militar, generando violencia y despojo en los territorios.

“El problema no es la planta de coca, sino el sistema económico que criminaliza a las y los pobres de las zonas rurales mientras absorbe y recicla la enorme liquidez generada por los mercados ilícitos. El sector financiero depende de estos flujos. Los bancos mundiales los acogen con agrado. Y las naciones más ricas que promueven la erradicación dependen al mismo tiempo de la estabilidad que proporciona este capital oculto. Tratar al campesinado como el enemigo es ocultar la verdadera arquitectura del narcotráfico, que se extiende hacia arriba, hasta los circuitos de las finanzas legales, las commodities globales y el poder estatal”, afirma la investigación.

Si el objetivo es terminar con la violencia y la dependencia económica del cultivo de coca, entonces el punto de partida no debe ser ni la militarización ni la erradicación, sino la reconstrucción de la vida rural: reforma agraria, precios garantizados para cultivos lícitos, infraestructura, servicios públicos y derechos políticos para quienes cultivan la tierra. Sin transformar las condiciones sociales y económicas que empujan a las familias a la agricultura ilícita, el ciclo simplemente se reproducirá. Sin confrontar a las instituciones financieras que lavan las ganancias, la economía mundial de las drogas continuará funcionando como un pilar no oficial de la liquidez capitalista." 

(Laura Capote, De Frente, 13/02/26, Este artículo ha sido elaborado por Globetrotter)

Cambio de rumbo: regular el mercado de drogas para combatir el crimen organizado... Quizá sea hora de que los Países Bajos inicien un experimento con un mercado regulado de cocaína... El precio de un gramo de cocaína en España o los Países Bajos no ha variado considerablemente a lo largo de los años. Todos parece indicar que sigue existiendo una oferta suficiente, a pesar del número de interceptaciones sin precedentes del que tanto se hace alarde... Cada incautación de cocaína en los puertos de Amberes y Róterdam es contrarrestada por el aumento de la producción en Colombia, Perú y Bolivia... Es la teoría de los vasos comunicantes aplicada al control de drogas: se puede hacer desaparecer algo temporalmente, pero tarde o temprano reaparecerá... los neoprohibicionistas y quienes quieren legalizar el mercado de las drogas comparten un mismo objetivo: combatir el crimen organizado relacionado con las drogas y sus efectos corrosivos en la sociedad... En lugar de incinerar la cocaína confiscada, se la podría utilizar para experimentar con un mercado de cocaína regulado. De ese modo se matan dos pájaros de un tiro: se quita la cocaína de los delincuentes y se los deja sin mercado, haciendo que la nueva oferta ilegal sea insignificante. Este experimento es temporal, por definición, debido a que llegará un momento en que no se podrá confiscar suficiente cocaína para sostenerlo. Para entonces, quizá estaremos convencidos de que un mercado regulado es más eficaz para combatir el crimen organizado vinculado con las drogas... ¿Cómo funciona un mercado de cocaína regulado (la cocaína es, sin duda, mucho más nociva que el cannabis)? En todo caso, los mercados regulados de drogas no son un fenómeno nuevo. Los Países Bajos y Suiza están experimentando actualmente con el mercado de cannabis legal, al igual que Canadá, Uruguay y 24 de los 50 estados de los Estados Unidos. Se puede aprender mucho de estos ejemplos (Tom Blickman , investigador del Transnational Institute (TNI) que ha estudiado las políticas nacionales (e internacionales) de drogas durante 25 años)

"Mientras Ecuador es azotado por la extrema violencia relacionada con una economía pujante basada en el tráfico ilícito de cocaína, Europa se ha visto inundada no solo por la cocaína sino también por una nueva clase de neoprohibicionistas o narcorrealistas, que han comenzado a dominar la discusión. En su discurso sostienen, a grandes rasgos, que: somos conscientes de que jamás se podrá ganar la “guerra contra las drogas”, pero es imposible cambiar la políticas sobre las drogas a nivel mundial mediante tratados internacionales y es ingenuo pensar que puede lograse, de modo que, lamentablemente, debemos mantener esta estrategia que históricamente ha fracasado.

En el proceso, alguna terminología se revierte de manera conveniente. Por un lado, a los realistas que señalan que, tras 75 años de esfuerzos, el control de las drogas en su forma actual (que abarca la interceptación y el desmantelamiento de redes de narcotráfico) ha fracasado terriblemente y, por ende, se debe cambiar de estrategia, por ejemplo, al legalizar los mercados de drogas, se los ignora y tacha de ingenuos. Por otro lado, los verdaderos ingenuos que, a pesar de todas las pruebas en contrario, siguen insistiendo en que es posible combatir el narcotráfico organizado, se autoperciben como realistas.

Sin embargo, las cifras reflejan otra realidad: en 2023 se interceptaron más de 175.000 kilos de cocaína en los Países Bajos y Bélgica, una cifra sin precedentes para ambo países, ya que se trata de un volumen 2,5 veces mayor que hace cinco años, según informó el periódico neerlandés NRC (external link). La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (external link) concluyó recientemente que “El suministro mundial de cocaína ha alcanzado niveles sin precedentes. Se produjeron casi 2.000 toneladas en 2020, lo que continúa el marcado aumento en la producción registrado a partir de 2014, cuando las cifras eran menos de la mitad de las actuales”.

El precio habitual de un kilo de cocaína en España (external link) es de un promedio de 30.128 euros, en comparación con alrededor de 35.000 euros hace algunos años. Algunos grupos organizados han incluso logrado comprar un kilo de cocaína a tan solo 18.000 euros. El precio de un gramo de cocaína en España o los Países Bajos no ha variado considerablemente a lo largo de los años. Todos parece indicar que sigue existiendo una oferta suficiente, a pesar del número de interceptaciones sin precedentes del que tanto se hace alarde.

Cada incautación de cocaína en los puertos de Amberes y Róterdam es contrarrestada por el aumento de la producción en Colombia, Perú y Bolivia. Sobre la base de cifras de la UNODC, el TNI ha calculado que en Colombia se han deforestado más hectáreas de bosques tropicales como consecuencia de las políticas de control de drogas –desde incautaciones mundiales hasta la destrucción de cultivos de coca (180.000 hectáreas)– de las que se cultivan para consumo (143.000 hectáreas). Y por cada delincuente que es arrestado en el puerto de Róterdam surge un nuevo delincuente menor. Es la teoría de los vasos comunicantes aplicada al control de drogas: se puede hacer desaparecer algo temporalmente, pero tarde o temprano reaparecerá.

La alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, observó en un artículo publicado en el periódico The Guardian (external link), que “nuestro enfoque actual en la lucha contra las drogas es como trapear el piso con el grifo abierto”. En el artículo, Halsema anunció una conferencia (external link) para discutir la regulación de los mercados de drogas. En lugar de ir tras los falsos profetas de las políticas de línea dura, debemos intentar hacer las cosas de manera diferente. Se necesita un cambio de rumbo, pero no es fácil hacer que el gran buque de la política mundial de drogas cambie de dirección. Tardará años, incluso décadas, pero ello no significa que nos tengamos que quedar de brazos cruzados.

¿Existe otra forma de hacer las cosas? Sí, porque los neoprohibicionistas y quienes quieren legalizar el mercado de las drogas comparten un mismo objetivo: combatir el crimen organizado relacionado con las drogas y sus efectos corrosivos en la sociedad. Coinciden incluso en aspectos relacionados con la estrategia general: abordar el modelo de ingresos de las organizaciones delictivas. Las diferencias radican en las formas de hacerlo. ¿Se debería eliminar la oferta en el mercado ilegal o regularlo para desestabilizar a los delincuentes? ¿O ambos?

De allí la propuesta de experimentar. En lugar de incinerar la cocaína confiscada, se la podría utilizar para experimentar con un mercado de cocaína regulado. De ese modo se matan dos pájaros de un tiro: se quita la cocaína de los delincuentes y se los deja sin mercado, haciendo que la nueva oferta ilegal sea insignificante. Este experimento es temporal, por definición, debido a que llegará un momento en que no se podrá confiscar suficiente cocaína para sostenerlo. Para entonces, quizá estaremos convencidos de que un mercado regulado es más eficaz para combatir el crimen organizado vinculado con las drogas.

La ventaja de este enfoque es que los Países Bajos y otros países de mentalidad similar siguen cumpliendo sus obligaciones internacionales que son tan difíciles de cambiar (al final de cuentas, seguimos interceptando cocaína) y, al mismo tiempo, comienzan a explorar alternativas. Por supuesto que hay fallas en ese experimento. ¿Cómo funciona un mercado de cocaína regulado (la cocaína es, sin duda, mucho más nociva que el cannabis)? En todo caso, los mercados regulados de drogas no son un fenómeno nuevo. Los Países Bajos y Suiza están experimentando actualmente con el mercado de cannabis legal, al igual que Canadá, Uruguay y 24 de los 50 estados de los Estados Unidos. Se puede aprender mucho de estos ejemplos. "

(Tom Blickman , investigador del Transnational Institute (TNI) que ha estudiado las políticas nacionales (e internacionales) de drogas durante 25 años. TNI, 30/05/24)

¿Por qué nos podemos tomar una infusión de hojas de té o de granos de café, y fumar hojas de tabaco... pero tenemos prohibidísimo tomarnos una infusión de HOJA de coca? Situación legal de la hoja de coca en la ONU y las actuaciones de Bolivia para protegerla

"(...) La prohibición durante décadas de la hoja de coca en los tratados de drogas de la ONU y la oportunidad de reforma que ofrece el reciente proceso de revisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ocuparon un lugar destacado en el 67º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes (CND) de la ONU, celebrado en Viena del 14 al 22 de marzo de 2024. El primer número de las Crónicas de la Coca trató sobre la actual clasificación de la hoja de coca en la Lista I de la Convención Única de 1961 de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes (o su prohibición efectiva) y el inicio por parte de Bolivia del proceso de revisión crítica de la OMS. Este segundo episodio de las Crónicas de la coca destaca tres acontecimientos ocurridos durante la reciente sesión de la CND: (1) el apoyo a la revisión de la coca por parte del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos; (2) el llamamiento de Bolivia para proteger la hoja de coca como recurso genético; y (3) una actualización de los preparativos de la OMS para la revisión. (...)
1. Apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Por primera vez, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, participó en persona en la CND. Türk, que se convirtió en Alto Comisionado en 2022, intervino durante la apertura del segmento de alto nivel de la CND el 14 de marzo, en la que pidió un «cambio transformador en la política mundial de drogas (enlace externo) » y llamó la atención sobre el informe 2023 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH). 1 El innovador informe de la OACDH (enlace externo) hace referencia a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece que los pueblos indígenas tienen derecho a sus medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud. El informe de la OACDH también hace referencia a las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas (enlace externo ) que destacan «los derechos de los Pueblos Indígenas a ser consultados y al consentimiento libre, previo e informado en relación con los asuntos que les afectan, incluidas las medidas de control de drogas y los acuerdos que puedan afectar a sus tierras, recursos, culturas e identidades».

Ese mismo día, Türk también intervino en el acto paralelo de alto nivel (enlace externo) sobre «Los derechos humanos en la política mundial de drogas y el caso de la actual clasificación de la hoja de coca en la Convención Única de 1961»,2 organizado por Colombia y Bolivia con el apoyo de Canadá, Chequia, Malta, México, Suiza y la OACDH:

«Los pueblos indígenas han sufrido décadas de profunda discriminación y violaciones de sus derechos humanos: se les han robado sus tierras, territorios y recursos, y muchas de sus culturas han sido destruidas o siguen amenazadas. […] Los pueblos indígenas también han sido objeto de una vigilancia excesiva en prácticas como el cultivo de subsistencia de plantas narcógenas -cultivos que pueden utilizarse como medicinas tradicionales, que son esenciales para sus vidas y medios de subsistencia, y que tienen un profundo significado cultural y espiritual. Desde 1961, la hoja de coca -una planta sagrada para muchos pueblos indígenas- está clasificada como droga de la Lista I, lo que obliga a los países a penalizar su consumo y cultivo».

En ese contexto, el Alto Comisionado agradeció a Bolivia por encabezar el proceso de revisión de la clasificación de la hoja de coca, que señaló «podría marcar un importante punto de inflexión para los derechos humanos de los Pueblos Indígenas en muchos países».3 Esperaba con interés los resultados del Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia ( enlace externo)(ECDD) que lleva a cabo la revisión, subrayando «la necesidad crítica de asegurar y apoyar la participación significativa de los Pueblos Indígenas en todas las etapas». Según Türk, «cualquier decisión que se tome sobre este asunto debe tener en cuenta las implicaciones en materia de derechos humanos para los pueblos indígenas afectados», animando a la OMS a «aprovechar la experiencia específica de los diversos mecanismos de la ONU para los pueblos indígenas, incluido el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas».

Del mismo modo, el vicepresidente boliviano David Choquehuanca, hablando en el mismo evento paralelo (enlace externo), «instó a la OMS a incluir la perspectiva indígena y el conocimiento de la Medicina Tradicional durante el desarrollo del proceso de revisión crítica». En este sentido, señaló la recomendación del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas de abril de 2023 (enlace externo ) para que la OMS «establezca un órgano consultivo de alto nivel con representantes de los pueblos indígenas para orientar su labor en materia de salud humana y planetaria» y «adopte una política y un mandato relativos a los pueblos indígenas».4 La revisión crítica de la hoja de coca que el Comité de Expertos de la OMS ha iniciado a partir de la notificación de Bolivia (enlace externo) representa «un paso importante para corregir el error histórico de la Convención de 1961 que destinó la hoja de coca al exterminio y un avance hacia la reconciliación del sistema de tratados de control de drogas con los derechos de los Pueblos Indígenas». La revisión, según Choquehuanca, «es una buena oportunidad para que la OMS entable un diálogo con los pueblos indígenas y cree puentes entre la medicina académica y la medicina natural».
2. Bolivia pide proteger la hoja de coca como recurso genético

El discurso de Choquehuanca se centró principalmente en la necesidad de una protección jurídica internacional de la hoja de coca como recurso genético y patrimonio de los pueblos indígenas andino-amazónicos. Señaló dos mecanismos que podrían explorarse con ese fin: el Protocolo de Nagoya del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el próximo instrumento jurídico sobre conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos negociado bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

El Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios ( enlace externo) contiene disposiciones sobre los derechos de los pueblos indígenas a utilizar de forma sostenible y beneficiarse de la utilización de sus recursos genéticos, incluidas las especies vegetales. Un ejemplo es el acuerdo Rooibos ( enlace externo) con el pueblo sudafricano KhoiSan en el que «la industria detrás del té de hierbas rooibos ha acordado pagar un porcentaje del dinero que se gane a los pueblos indígenas que utilizaban la planta antes de que se industrializara la producción». Gabón ha intentado aplicar las normas de Nagoya para proteger su planta psicodélica autóctona iboga (enlace externo); el acuerdo propuesto podría «poner fin al comercio ilegal de la «madera sagrada» de Gabón y permitir por fin que las comunidades tradicionales también se beneficien equitativamente de los beneficios económicos de este patrimonio nacional ancestral.»

En el caso de la hoja de coca, múltiples pueblos indígenas de la región andino-amazónica comparten usos y conocimientos tradicionales de larga data. En ese contexto, Choquehuanca llamó la atención sobre el artículo 10 del Protocolo, que prevé la opción de «un mecanismo mundial multilateral de participación en los beneficios para abordar la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos que se produzcan en situaciones transfronterizas», como es el caso de la hoja de coca. En la Conferencia de las Partes del CDB y su Protocolo de Nagoya prevista para octubre de 2024 en Colombia, según Choquehuanca, «podríamos discutir la utilidad de un mecanismo multilateral transfronterizo para proteger el sello de la información genética de la hoja de coca.» [SPA 2] El Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y a las Indicaciones Geográficas (enlace externo), que protege los productos que tienen un vínculo especialmente fuerte con su lugar de origen, también ofrece la posibilidad de una solicitud conjunta, en virtud del apartado 4 del artículo 5, en caso de zona geográfica de origen transfronteriza.

Mientras tanto, también bajo los auspicios de la OMPI, está prevista una Conferencia Diplomática sobre Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales Asociados (enlace externo) que se celebrará los días 13 y 14 de mayo de 2024 en Ginebra. El objetivo de la conferencia será adoptar un nuevo instrumento jurídico para mejorar la protección de los derechos indígenas dentro del actual régimen de propiedad intelectual. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece en su artículo 31 que los pueblos indígenas tienen derecho a controlar y proteger la propiedad intelectual sobre su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales. Sin embargo, el actual régimen de propiedad intelectual no reconoce esos derechos y, en la práctica, los pueblos indígenas se enfrentan a menudo a la explotación, el uso indebido, la apropiación indebida y el robo de sus recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Un comité intergubernamental de la OMPI lleva más de dos décadas reuniéndose para abordar esas lagunas del régimen, y en dos ocasiones se ha convocado un taller de expertos indígenas (enlace externo) para contribuir al proceso. El último, en febrero de 2023, aporta comentarios detallados sobre el proyecto de texto y expresa su esperanza de que «este instrumento tenga la oportunidad de corregir la naturaleza discriminatoria del actual sistema de propiedad intelectual y establecer mecanismos para reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre su propiedad intelectual a nivel internacional».6 Los expertos indígenas también llamaron la atención sobre la necesidad de cooperar en asuntos transfronterizos, sugiriendo la creación de un organismo indígena regional para tratar eficazmente los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales que se extienden por más de un Estado.

Abordando los retos transfronterizos del Protocolo de Nagoya y las negociaciones de la OMPI, Choquehuanca ha propuesto convocar un taller de expertos de las comunidades indígenas que cultivan la hoja de coca en toda la región andino-amazónica. Un mecanismo para proteger la hoja de coca como recurso genético asociado a usos y conocimientos tradicionales tiene un doble objetivo, dijo Choquehuanca:

«El escenario esperado de que el proceso de revisión crítica llevado a cabo por la OMS resulte en la liberación de la hoja de coca de la Lista I, abriría la posibilidad de un mercado internacional legal para los productos de coca en su forma natural o industrializada. Queremos asegurarnos de que una posible apertura no pueda ser utilizada indebidamente por empresas comerciales extranjeras, impedir la aprobación de patentes relacionadas con la hoja de coca sin el consentimiento informado previo, y garantizar que una gran parte de los ingresos de un futuro mercado legal de productos naturales de la hoja de coca contribuya al desarrollo de los pueblos indígenas transfronterizos andino-amazónicos. Al mismo tiempo, contar con un mecanismo de protección a través de los instrumentos internacionales mencionados, reforzado por la legislación nacional y los acuerdos regionales, ayudaría a prevenir la proliferación del cultivo y la producción de productos de la hoja de coca sin un control adecuado en caso de apertura de los mercados internacionales». 7 [SPA 3]

A este respecto, pueden extraerse valiosas lecciones de los esfuerzos peruanos por proteger la planta de la maca contra la biopiratería y las patentes de empresas extranjeras. Las raíces de la maca también han sido utilizadas por los pueblos indígenas andinos durante miles de años con fines nutricionales y medicinales. El auge del mercado internacional de la maca como «superalimento» y medicina natural ha llevado a su cultivo en China y a que empresas estadounidenses adquieran patentes sobre determinados extractos de maca. Los grupos indígenas no han intentado reclamar la propiedad de la maca mediante patentes : «Evitan designar qué grupos tienen derecho sobre la planta manteniéndola en el ámbito de los conocimientos comunales y la propiedad cultural».8 En su lugar, Perú respondió reforzando la legislación nacional y apelando a los mecanismos de protección internacionales para revocar las patentes extranjeras.

En conclusión, Choquehuanca argumentó en Viena que «la verdad sobre la hoja de coca, como recurso natural y no como droga, está emergiendo gradualmente en la conciencia colectiva» y que la «plena legalización de la producción y el consumo de la hoja de coca en su estado natural proporcionaría grandes beneficios a la humanidad y grandes oportunidades de industrialización y comercialización para los Pueblos Indígenas transfronterizos de Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador». [SPA 4]

La globalización de los usos de las plantas psicoactivas desde sus nichos tradicionales originales a nuevos contextos culturales conlleva muchos retos, y se pueden extraer lecciones de las experiencias con la ayahuasca o el kratom, por ejemplo. En el caso de la coca, se ha producido un proceso de diversificación a lo largo de los siglos a medida que el uso de la planta se extendía fuera de las zonas indígenas originales hacia el norte de los Andes, la cuenca occidental del Amazonas y hacia el sur, hasta Chile y Argentina. Han seguido surgiendo nuevas formas de consumo en los entornos urbanos de la región, así como en el extranjero, siguiendo los patrones de migración andina y a través de la venta a pequeña escala por Internet. Como se menciona en el expediente de apoyo (enlace externo) Bolivia presentado con la notificación de revisión, hoy en día ya no es posible «considerar las costumbres ancestrales como el único punto de referencia debidamente válido, y en el proceso descalificar la amplia gama de desarrollos actuales como de alguna manera menos legítimos».9 [SPA 5] Aún así, para evitar la captura corporativa de los mercados internacionales de coca y garantizar que los beneficios apoyarán a los pueblos indígenas y a las comunidades locales de la región, será importante utilizar el Protocolo de Nagoya y los mecanismos de la OMPI para la protección del patrimonio cultural, los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y las indicaciones geográficas (enlace externo). (...)

Un representante de la Alianza Internacional Indígena sobre Políticas de Drogas, Diego Andrés Lugo-Vivas (enlace externo) de Cauca, Colombia, fue uno de los pocos oradores de la sociedad civil en el segmento de alto nivel. Habló sobre el dramático nivel de violencia contra los defensores de los derechos humanos en Colombia, donde desde 2016 más de 1.200 líderes sociales han sido asesinados, incluidos muchos líderes campesinos e indígenas. «La regulación de la coca», dijo, «debe perseguir la despenalización de los grupos más vulnerables (familias productoras, por un lado, y consumidores, por otro).» En un evento paralelo sobre Usos lícitos de la hoja de coca (enlace externo), Andrés López, ex director del Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud de Colombia, explicó las exenciones legales de los tratados para los usos industriales de la coca; y Felipe Tascón, responsable del Programa de Desarrollo Alternativo de Colombia (PNIS), pidió la «necesaria eliminación de la coca del índice de prohibición». [SPA 6]

En general, el proceso de revisión crítica de la hoja de coca estuvo visiblemente presente en la CND de marzo de 2024 y recibió un importante apoyo de diversos actores del sistema de la ONU, así como de la sociedad civil. Sigue habiendo importantes interrogantes sobre cómo y si la revisión de la OMS que se está llevando a cabo puede abarcar las múltiples dimensiones del estatus de la hoja de coca dentro del sistema de tratados de drogas de la ONU. Pero el nivel de compromiso en la reciente sesión de la CND ofreció una señal prometedora para el futuro. (...)"                      (TNI, 24/04/24)

Bolivia buscará la desclasificación de la hoja de coca como estupefaciente

 "El presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo este miércoles que su Gobierno está adelantando las gestiones para la desclasificación de la hoja de coca como estupefaciente y así poder comercializarla libremente, en medio de las celebraciones por el Día del "Acullico" o masticado de esa planta ancestral.

En una plaza frente a la sede del Gobierno en La Paz se extendieron sobre varios aguayos, un tejido típico andino de colores, cientos de hojas de coca y luego los amautas y yatiris, los sabios y curanderos aimaras, realizaron una ceremonia ancestral en la que también hubo música y bailes a la que asistieron Arce, ministros, representantes de organizaciones políticas, sociales y de cocaleros.

Tras esa ceremonia, Arce dio un discurso en el que afirmó que era un día importante para recordar "la injusticia que se comete en contra de nuestra hoja de coca".

En el año 1961 "se la ingresa (a la hoja de coca) en la lista de la convención de estupefacientes, se prohibía el acullico y en nuestra primera parte de nuestro Gobierno con el hermano Evo (Morales) logramos despenalizar el acullico en nuestro país", recordó el presidente.

Arce habló de que la "batalla" sigue y que ahora el "objetivo es lograr definitivamente la desclasificación de la hoja de coca de la lista como estupefaciente y lograr la libre comercialización de la hoja de coca y sus derivados".

Esa tarea está en manos del vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, quien, según Arce, ya adelanta acciones para su desclasificación y espera que esta campaña cuente con el apoyo de otros países que comparten el uso de la hoja de coca "para que el mundo entero se dé cuenta del potencial que tiene la coca y sus 14 alcaloides".

También destacó los avances de la industrialización de la hoja de coca en el país, para lo que el Gobierno trabaja en la conformación de un centro de investigación y de industrialización de la planta en la zona de Los Yungas, en el departamento de La Paz.

Por su parte Choquehuanca dijo que hay que "exigir a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que pueda hacer conocer al mundo las investigaciones que han llevado adelante" sobre "las cualidades medicinales, alimenticias y espirituales que tiene nuestra sagrada hoja de coca", y señaló que Bolivia también "debe dar a conocer", pues "no es solo industrializar, necesitamos comercializar".

"La hoja te da fuerzas para el trabajo y no te hace sentir cansado", destacó una de las tantas productoras de hoja de coca que asistió a las celebraciones por el Día del "Acullico".

Para "nosotros los originarios la coca es cultura, vida y dignidad y soberanía", dijo por su parte otro productor.

Por ley se declaró el 11 de enero de cada año como el Día Nacional del Acullico para conmemorar que en 2013 Bolivia se adhirió nuevamente a Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, con una reserva para permitir el masticado dentro de su territorio.

Además, en esa norma se establece que la hoja de coca es un patrimonio cultural de Bolivia y que en su estado natural no debe considerarse como una droga, además de promover su revalorización, producción y venta.

La hoja de coca está consagrada en la Constitución boliviana por sus usos tradicionales y medicinales, pero una parte de la producción se desvía al narcotráfico.

Desde 2017 Bolivia amplió la superficie de los cultivos legales de la planta de 12.000 a 22.000 hectáreas.

La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) estableció en su último informe anual que los cultivos de hoja de coca se incrementaron en Bolivia en un 4 %, al pasar de 29.400 hectáreas en 2020 a 30.500 hectáreas en 2021.

Sin embargo, el Gobierno presentó sus propias cifras que indican que la superficie disminuyó un 0,7 % en 2021, alegando diferencias "metodológicas" con el registro del Unodc."                   (El Obrero, 12/01/23)

Preocupa a EE.UU. la Cumbre Regional Antidrogas propuesta por Petro... para evaluar la política actual contra el narcotráfico, y “ver objetivamente si conduce a algún puerto o si nos está hundiendo en el fondo de un abismo violento”... ”Hemos fracasado en algo que se llamó la guerra contra las drogas y su balance es un millón de latinoamericanos muertos, la mayoría colombianos, y cada vez más mexicanos y centroamericanos”

 "Uno de los temas que preocupa al gobierno de Estados Unidos es la Cumbre Regional Antidrogas, con la participación de países de Centro y Suramérica, propuesta por el presidente colombiano Gustavo Petro, para discutir la política de drogas, lo que generó de inmediato una ola de noticias falsas para impedir la reunión a la que no fue invitado Estados Unidos.

Para esta reunión, Colombia contará con la asesoría de expertos de Bolivia, nación que tiene una inmensa producción legal de hoja de coca destinada para la comercialización y su consumo doméstico. El objetivo no es solo proponer transformaciones a la política actual contra el narcotráfico, sino evaluarla, comparar cifras, “ver objetivamente si conduce a algún puerto o si nos está hundiendo en el fondo de un abismo violento”. 

En dicha cumbre  participarían los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador; Jair Bolsonaro de Brasil, Gabriel Boric de Chile, Luis Arce de Bolivia, Alberto Fernández de Argentina, Pedro Castillo de Perú, Xiomara Castro de Honduras y, posiblemente, Guillermo Lasso de Ecuador y Daniel Ortega de Nicaragua. Otros mandatarios latinoamericanos no han confirmado aún su asistencia. 

Entre la información falsa está la supuesta propuesta de Petro a la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, de crear una Fuerza Militar que se concentre en la protección de la selva amazónica. Colombia ya tiene nueve bases militares estadounidenses. Si bien hubo una reunión entre ambos, no existió propuesta alguna a la generala estadounidense, señalaron desde el gobierno.

Colombia es uno de los mayores productores de narcóticos del mundo. En 2021, el gobierno de EEUU estimó que producía más de un millón de kilogramos de cocaína, la mayor cantidad del mundo y más que la suma de la producida por los países más cercanos, Perú y Bolivia. En 2020, Colombia registraba 143 mil hectáreas de coca sembrada y mil 228 toneladas producidas que  fueron enviadas en gran parte a EEUU y Europa. 

Durante los últimos 50 años los sucesivos gobiernos colombianos han impulsado una agenda prohibicionista, restringiendo el comercio y el consumo de drogas para golpear las arcas de los criminales, con muy poco éxito porque el  flujo de drogas ilegales nunca cesó. 

Las nuevas estrategias contrastan con las de anteriores gobiernos colombianos cuyos objetivos anuales de erradicación de cultivos de coca, utilizando al Ejército para llevar a cabo estas tareas, provocaban  muy a menudo violentos enfrentamientos entre militares y campesinos locales quienes defendían sus cultivos, única alternativa de sobrevida.

 Un informe histórico de la Comisión de la Verdad, creada en 2017, encontró que el narcotráfico ayudó a prolongar el conflicto armado en el país a pesar de los casi 8.000 millones de dólares de  ayuda militar provenientes de Estados Unidos. Al menos 260 mil colombianos, la gran mayoría civiles, murieron en la violencia. 

Petro también habló de los peligros que rodean la abundante biodiversidad en Latinoamérica, incluyendo la Amazonía y dijo que ese tema debe ser uno de los ejes centrales de la comunidad andina, y plantear los próximos desafíos en esta materia: “creo que debemos ser más poderosos, juntar más voces”, indicó Petro.

Cannabis y despenalización

Se espera que Petro también  impulse una ley para que el Estado colombiano regule el mercado de la marihuana, cuyo consumo recreativo será legal. Petro propuso el 11 de agostoampliar lalegalización del cannabis. “Hablemos: ¿Qué pasa si se legaliza el cannabis en Colombia sin licencias? Si vamos a legalizar el cannabis, ¿vamos a mantener toda esa gente presa en las cárceles hacinada o llegó el momento de soltar mucha gente?”,  planteó.

Petro agregó que “se les criminalizó por algo que en buena parte de los Estados Unidos es legal”.  En los últimos años, países como Canadá, Sudáfrica, México  y Uruguay han legalizado la marihuana, al igual que algunos estados de EEUU.  (...)

Según los trascendidos, Colombia también despenalizaría la producción de hoja de coca, una propuesta a la que se opone Estados Unidos que, en definitiva, es el principal mercado consumidor de la cocaína. 

Para muchos países de la región, la idea de la despenalización es parte vital de la pacificación de América Latina, teniendo en cuenta la vinculación de los carteles mexicanos en suelo colombiano con el fin de controlar el narcotráfico, y las alianzas con organizaciones criminales del resto de America Latina y los restantes continentes (los llamados súper cárteles) 

Desde hace años, las ONG especializadas en Derechos Humanos y las Oficinas de Derechos Humanos, Paz y Reconciliación, Lavado de Activos y otras oficinas de Naciones Unidas, recomiendan la despenalización del tráfico de drogas. Obviamente, entre los grandes oponentes de la despenalización están los grandes bancos trasnacionales, recaudadores (y muchas veces lavadores) de las ganancias que deja la estela de violencia y muerte, generada por el narcotráfico.

Drogas, terror y muerte

A pesar de los rumores sobre una supuesta legalización de la cocaína en Colombia, lanzados por redes de fake-news que intentan desestabilizar al gobierno progresista colombian, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, ratificó que en este cuatrienio, esto no ocurrirá: “Si ha habido alguna información que se haya podido entender en ese sentido, hay que aclararlo, no se va a legalizar la cocaína en este gobierno”, dijo el 23 de agosto. 

Desde el Consejo Presidencial Andino, realizado en Lima (Perú), el mandatario de Colombia habló del fracaso de la actual política antidrogas.  Petro afirmó que se deben buscar otras medidas para hacerle frente a esta problemática. ”Hemos fracasado en algo que se llamó la guerra contra las drogas y su balance es un millón de latinoamericanos muertos, la mayoría colombianos, y cada vez más mexicanos y centroamericanos”, señaló. 

Recordó que de acuerdo con estadísticas estadounidenses, cerca de 70 mil personas mueren al año por sobredosis de otras sustancias a las cuales “no le hacen la guerra”, como el fentanilo –que no produce Colombia-, advirtiendo que el saldo de personas afectadas en el mundo puede ser más negativo con respecto a los afectados por cocaína.

“Si proyectamos más hacia adelante, tendríamos otro millón de latinoamericanos muertos por homicidio, millones de latinoamericanos y norteamericanos presos, la mayoría de raza negra, y habría 2.800.000 estadounidenses muertos por sobredosis por algo que nosotros no producimos: el fentanilo”, avisó Petro (...)"                           (Camilo Rengifo Marín  , Rebelión, 16/09/2022)

La pregunta sobre la hoja de coca que dejó mudo a Rubalcaba

El presidente de Bolivia, Evo Morales, defendiendo las propiedades de la hoja de coca en Viena

"El vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, uno de los políticos españoles con mayores habilidades oratorias, se quedó literalmente sin palabras, cuando fue interrogado por la opinión del Gobierno sobre una eventual legalización de la hoja de coca, tras la campaña emprendida por el presidente boliviano, Evo Morales, para convencer al mundo de que esta planta en estado natural no es dañina para la salud.

Morales pretende que la ONU la saque la coca para masticar de su lista de drogas. (...)

"En Bolivia se está hablando de levantar la prohibición de mascar hoja de coca, quería saber cuál era la posición de España, si es que existe", preguntó un periodista.

"Ehhhhhhhh.... [silencio] reconozco que no tengo una posición sobre la materia", contestó el portavoz del Gobierno. (...)

Hace un par de años, Evo Morales se subió a la tribuna de la ONU en Viena con una hoja de coca en la mano y la masticó durante su intervención en defensa de su legalización. Bolivia es uno de los mayores productores de hoja de coca del mundo y su consumo forma parte de la tradición indígena del país, entre otras cosas para luchar contra el mal de altura.

La campaña del presidente Boliviano, principal dirigente de los cocaleros de la región de Chapare, se ha reactivado estos días e incluye incluso el lanzamiento de una bebida elaborada con coca, la Coca Brynco. "Se trata de reparar un daño histórico", asegura Morales." (El País, 19/01/2011)