El departamento de Justicia de EEUU ha publicado más de tres millones de documentos con revelaciones sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein... incluyen situaciones monstruosas que ni siquiera me atrevo a replicar ni reproducir. Durante muchos años estos papeles han formado parte del mundo conspiranoico MAGA usándolo como martillo pilón contra demócratas y la izquierda... Ese tiempo ya pasó porque ahora afloran los indicios de una verdad que amenaza con incendiar el universo Trump. Pero no todo se queda en EEUU... El escándalo llega a España con una mezcla de prudencia responsable y silencio cómplice y temeroso... Aznar, Ana Botella, su hijo y su yerno aparecen en los archivos de Epstein: envíos a Moncloa y teléfonos en su agenda... He estado buscando en esos medios que dicen ser fiscalizadores del poder para ver si habían contado de manera aséptica la información. Los hechos sin más, que lógicamente tienen una relevancia indudable. Nada. Silencio absoluto... No les pedimos que lleguen a las conclusiones tan temerarias como suelen hacer cuando cualquier hecho, tenga la importancia que tenga, afecta a cualquier político o personaje de la izquierda. Simplemente que informen a sus lectores de que existen hechos indubitables sobre la relación del pederasta Jeffrey Epstein con un expresidente de nuestro gobierno tan relevante como José María Aznar... tengo bastante claro cuáles serían las conclusiones que de esta información se sacarían si el receptor de ese paquete fuera José Luis Rodríguez Zapatero. La cobertura de este asunto sería omnipresente y no habría otro tema que opacara el nombre de Epstein... No se puede sacar ninguna conclusión de ese envío... Precisamente por eso es necesario que el interfecto responda a esas preguntas. Si conocía a Jeffrey Epstein, por qué razón le mandaba paquetes y qué incluían esos paquetes. Un mínimo. Lo normal (Antonio Maestre)

Paula @PaulaOro3107

Mi corazón está especialmente pesado al pensar en Virginia Giuffre hoy. Ella intentó durante décadas exigir responsabilidades a esta red, para luego, según se informa, morir por suicidio el año pasado. Ella publicó en Twitter: Me viste en tus fiestas, me viste en las casas de Epstein, me viste en el avión, me viste cortarme el pelo, me viste en la calle, viste cómo abusaban de mí. ¡Me viste!

1:12 a. m. · 1 feb. 2026 127,4 mil Visualizaciones

 "El escándalo llega a España con una mezcla de prudencia responsable y silencio cómplice y temeroso. 

José María Aznar aparece en los papeles como receptor de dos envíos vía FedEX por parte de Jeffrey Epstein en septiembre de 2003. Uno de ellos a Moncloa y otro a la sede de FAES

Aznar, Ana Botella, su hijo y su yerno aparecen en los archivos de Epstein: envíos a Moncloa y teléfonos en su agenda

El departamento de Justicia de EEUU ha publicado más de tres millones de documentos con revelaciones sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein en el que entre muchas otras cosas se ha descubierto una testifical en la que se acusaba al presidente Donald Trump de haber obligado a una niña de 13 años a tener relaciones sexuales con el sátrapa norteamericano. También se incluyen otras situaciones monstruosas que ni siquiera me atrevo a replicar ni reproducir. Durante muchos años estos papeles han formado parte del mundo conspiranoico MAGA usándolo como martillo pilón contra demócratas y la izquierda como si ellos fueron los únicos consumidores de las perversiones que el pederasta ofrecía en las fiestas de sus islas. Ese tiempo ya pasó porque ahora afloran los indicios de una verdad que amenaza con incendiar el universo Trump. Pero no todo se queda en EEUU. 

El escándalo llega a España con una mezcla de prudencia responsable y silencio cómplice y temeroso. José María Aznar aparece en los papeles como receptor de dos envíos vía FedEX por parte de Jeffrey Epstein en septiembre de 2003. Uno de ellos a Moncloa y otro a la sede de FAES. Por esas mismas fechas el pederasta pagó un viaje por valor de 1.050 dólares a nombre de José María Aznar, sin poder saberse si el que viajara fue el padre o el hijo de los Aznar. Alguno tendrá que aclararlo. Según un correo de Jeffrey Epstein el pederasta habría asistido en 2015 a un acto del expresidente del gobierno organizado por la fundación “Friends of Israel”, un lobby que todavía mantiene a José María Aznar como socio honorario y que surge para defender los intereses de Israel en el mundo. No es nada extraño que el sionismo se vea mezclado en asuntos tan turbios. 

No se puede sacar ninguna conclusión de ese envío. Nadie tiene culpa de que un delincuente haga un envío a nadie sin saber las causas, si había relación, por qué razón y saber qué incluía. Precisamente por eso es necesario que el interfecto responda a esas preguntas. Si conocía a Jeffrey Epstein, por qué razón le mandaba paquetes y qué incluían esos paquetes. Un mínimo. Lo normal. Nadie en el periodismo decente va a llamar pederasta a José María Aznar, ni acusarle de formar parte de esa trama infecta, primero porque con los hechos conocidos decir algo así sería mentir, difamar y calumniar, aunque tengo bastante claro cuáles serían las conclusiones que de esta información se sacarían si el receptor de ese paquete fuera José Luis Rodríguez Zapatero. La cobertura de este asunto sería omnipresente y no habría otro tema que opacara el nombre de Epstein en la opinión publicada de los fachos. 

He estado buscando en esos medios que dicen ser fiscalizadores del poder para ver si aunque fuera habían contado de manera aséptica la información. Los hechos sin más, que lógicamente tienen una relevancia indudable. Nada. Silencio absoluto. Nadie que lea esos medios se podrá enterar de un hecho de este calado. No les pedimos que lleguen a las conclusiones tan temerarias como suelen hacer cuando cualquier hecho, tenga la importancia que tenga, afecta a cualquier político o personaje de la izquierda. Simplemente que informen a sus lectores de que existen hechos indubitables sobre la relación del pederasta Jeffrey Epstein con un expresidente de nuestro gobierno tan relevante como José María Aznar.

La inconmensurable superioridad moral de la izquierda hará que todo lo relacionado con José María Aznar y Jeffrey Epstein sea tratado con cuidado, respeto y prudencia, haciendo preguntas, cuestionando las razones de la existencia de esos envíos hasta que haya respuestas. Pero sobre todo poniendo el foco en las relaciones a nivel global de esta gente y el capital social de una patota de millonarios que tenían como hobby los akelarres pederastas. Porque una de las certezas que afloran de la publicación de los papeles de Epstein es que la casta social de los millonarios es una degeneración moral. Paz entre pueblos y guerra de clases. Está todo en la doctrina."                 (Antonio Maestre, eldiario.es, 31/01/26)  

La Casa Blanca y el Departamento de Justicia difunden el libro de contactos del financiero y depredador sexual, Epstein, en el que figuran Alejandro Agag, yerno del expresidente José María Aznar, y José Aznar, hijo del expresidente (Miguel Jiménez, El País)

 "El magnate, pedófilo y depredador sexual Jeffrey Epstein fue hallado muerto en agosto de 2019 en su celda de una prisión de alta seguridad de Manhattan. A pesar de que Epstein tuvo una relación cercana con el actual presidente, Donald Trump, los republicanos han estado agitando durante años teorías conspiratorias sobre supuestas listas de clientes sexuales que las autoridades demócratas estarían ocultando. Epstein era también un financiero con relaciones de negocios, lo que explica la mayor parte de los contactos de su agenda. Trump y la nueva fiscal general, Pam Bondi, prometieron transparencia sobre el caso. En un acto más teatral que otra cosa, difundieron el jueves la primera entrega de lo que han denominado “los archivos de Epstein”, donde aparecen citados varios españoles.

Se trata en realidad de documentos que habían trascendido a través de filtraciones, fuentes anónimas o procedimientos judiciales. Ahora, llevan el marchamo oficial, aunque no aporten grandes novedades. Entre los papeles publicados por el Departamento de Justicia figura una lista de contactos de Epstein, que no debe interpretarse como una lista de clientes ni, por sí misma, demuestra ningún tipo de conducta inapropiada. En ella, aparecen varios españoles, incluidos Alejandro Agag (yerno del expresidente del Gobierno, José María Aznar), José Aznar (hijo del expresidente) y algunos otros. Las personas contactadas señalan que figuraban allí por motivos de negocios.

El caso Epstein y sus derivadas siguen generando una gran expectación años después de la muerte de su protagonista. Hace poco más de un año, la jueza Loretta Preska, que se hizo cargo del caso de la demanda que presentó en 2015 una de las víctimas, Virginia Giuffre, contra la que fue amante y socia de Epstein, Ghislaine Maxwell, levantó el secreto de sumario sobre más de 900 páginas de documentos de aquel caso, que se saldó con un acuerdo extrajudicial. Ya entonces, las revelaciones tuvieron un valor solo relativo y los contextos en que aparecían citadas diferentes personalidades eran poco concluyentes.

Gran parte del material que salió a la luz entonces, incluidas las transcripciones de las entrevistas a las víctimas y los antiguos informes policiales, ya se conocía públicamente. Había menciones a Trump, al expresidente Bill Clinton, al príncipe Andrés de Gran Bretaña y al mago David Copperfield, así como el testimonio de una víctima que dijo que conoció a Michael Jackson en la casa de Epstein en Florida, pero que no pasó nada malo con él.

Esta vez, la decepción de quienes esperaban grandes revelaciones ha sido aún mayor. El Departamento de Justicia ha publicado cuatro archivos (aunque uno de los cuatro lo ha publicado íntegro y luego en seis fragmentos, con lo que en total hay 10 archivos). Suman unas 220 páginas sin contar las repeticiones. Eso sí, el Departamento de Justicia dice que solo es la primera fase de la revelación de archivos del caso.

El primero de los cuatro documentos es una lista de pruebas de tres páginas sin demasiado contexto ni concreciones. Aparecen enumerados ordenadores, cajas con fotos, cintas de vídeo, camillas de masaje, juguetes sexuales y otros artículos. Se cita por ejemplo una bolsa roja con “dos fotos de nalgas femeninas” o “una caja con cuatro fotos enmarcadas de mujeres desnudas”, pero también juegos de documentos financieros, portátiles, dispositivos de memoria digital y otros artículos, sin señalar su origen ni significado. Ni siquiera se aclara si la lista procede del caso de Epstein, del de Maxwell o de alguna otra investigación.

 El segundo documento comprende cerca de 120 páginas de listas de pasajeros de vuelos del avión privado de Jeffrey Epstein. En realidad, se trata de documentos conocidos y que formaban parte del sumario del caso contra Maxwell. Parte de las páginas son casi ilegibles y están reproducidas como imágenes.

Otro de los documentos es una lista de 254 “masajistas”, las supuestas víctimas de explotación sexual de Epstein, muchas de ellas menores de edad. Se publica el documento, pero todos los nombres están completamente tachados (con buenos motivos: para proteger a las víctimas). Por tanto, es una especie de lista vacía de contenido, una gran mancha negra de siete páginas.

La libreta de contactos

El otro documento también está en gran medida censurado. Se trata de la conocida como lista o libro de contactos de Epstein. Es un archivo de 95 páginas en el que se leen los nombres que Epstein tenía en su agenda, pero se han suprimido teléfonos, correos electrónicos y otros datos identificativos de las personas citadas.

Esa libreta de direcciones, supuestamente recopilada por Epstein y Maxwell, ya fue publicada por Anonymous en 2020, pero en aquel momento hubo dudas sobre la fiabilidad de su contenido. Ahora, la agenda lleva la denominación de origen de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia. Aparecer ahí no es, por sí mismo, prueba de ningún tipo de conducta inmoral ni ilegal. Con el tiempo, Epstein se convirtió en un personaje radioactivo por sus escándalos sexuales, pero antes de que la polémica estallase era un financiero bien relacionado en diferentes esferas. La naturaleza de la relación no se deduce de la agenda.

En el documento aparecen cientos de nombres. Cotejando con otras versiones del mismo que han trascendido, se pueden consultar otros datos (incluido a veces el prefijo telefónico) para comprobar quiénes de ellos son españoles o tenían relación con España.

En la lista está, por ejemplo, el empresario e inversor Alejandro Agag, yerno del expresidente del Gobierno español, José María Aznar. También figura “José Aznar”. Se trata del hijo del expresidente. Figura en la lista con una dirección de Nueva York y un correo electrónico de la firma SLS, para la que trabajó en la Gran Manzana entre 2002 y 2009. En el documento está también Jacobo Gordon, que fue amigo personal y socio de Agag y que fue condenado por el caso Gürtel.

“La relación con Jeffrey Epstein fue hace más de 20 años cuando yo trabajaba en Londres. Me llamó para concertar una reunión porque tenía interés en que formara parte de un fondo de inversión que él lideraba. Nos reunimos solo una vez y no hubo más. Jamás he asistido a ninguna fiesta ni nada organizado por él”, afirma Alejandro Agag, informa Javier Casqueiro. El yerno del expresidente señala que el fondo no prosperó.

También figura el contacto de Maite Arango, con un correo electrónico de la empresa VIPS, que era propiedad de la familia Arango. Maite Arango, con doble nacionalidad, española y mexicana, es consejera de Acciona, pertenece al Patronato de la Fundación Amigos del Museo del Prado, así como a los dos patronatos que integran la Fundación Princesa de Asturias. Otro nombre que figura es “Joaquín Fernández de Córdoba Arion”, aparentemente el duque de Arión. También aparece Fernando Arion y Fernando de Córdova Hohenlohe. Otras personas con prefijo de teléfono español en la lista son Fernando de Soto, Nacho Gaspar, Juan & Helen Herrero y Ludmila García, esta última con domicilios en Madrid y Marbella.

 Aunque no fueran a través de documentos difundidos por el Departamento de Justicia, todos esos nombres y los cientos que aparecen en la libreta de contactos de Epstein, ya habían trascendido. Por eso, su publicación ha dejado insatisfechos a quienes esperaban grandes revelaciones. El equipo de Trump invitó a personalidades conservadoras de internet y las redes sociales a la Casa Blanca para darles en primicia una copia de los documentos que se iban a difundir.

Primera publicación oficial

Horas después, los colgó en el sitio web del Departamento de Justicia, admitiendo que no aportaban grandes revelaciones. “La primera fase de los archivos desclasificados contiene en gran medida documentos que se han filtrado anteriormente, pero que nunca han sido publicados de manera oficial por el Gobierno de Estados Unidos”, decía la nota. Aunque se usaba la palabra “desclasificados”, en ninguna parte consta que tuviesen clasificación confidencial.

 Quizá para justificarse, la nota del Departamento de Justicia incluía explicaciones adicionales. “La fiscal general Bondi solicitó los expedientes completos y exhaustivos relacionados con Jeffrey Epstein. En respuesta, el Departamento recibió aproximadamente 200 páginas de documentos; sin embargo, más tarde se informó a la fiscal general de miles de páginas de documentos relacionados con la investigación y acusación de Epstein que no se habían revelado anteriormente”. Bondi ha solicitado al FBI que entregue los documentos restantes y ha encargado al director del FBI, Kash Patel, que investigue por qué no se cumplió la solicitud original.

Epstein fue acusado de abusar sexualmente de decenas de menores de edad a principios de la década de 2000, pero terminó cumpliendo solo 13 meses de cárcel. Fue acusado de cargos federales en Nueva York en 2019, más de una década después de que llegara en secreto a un acuerdo con los fiscales federales de Florida para librarse de cargos similares de tráfico sexual. Una “combinación de negligencia, mala conducta y fallos absolutos en el desempeño del trabajo” por parte de la Oficina Federal de Prisiones y los trabajadores de la cárcel permitió a Epstein quitarse la vida en agosto de 2019, según el resultado de una investigación del Departamento de Justicia."              (Miguel Jiménez , El País, 04/03/25)

Catálogo de falacias abolicionistas... No vamos a dejar solas a las trabajadoras sexuales mientras se debate una reforma que clandestinizará aún más sus vidas... un modelo verdaderamente despenalizador únicamente recogería los tipos penales de prostitución forzada y prostitución de menores; es decir: la trata de personas... el modelo abolicionista nórdico vulnera los derechos humanos de las trabajadoras y no ha conseguido abolir absolutamente nada, tan solo barrer a las prostitutas de las calles para reubicarlas en espacios clandestinos... el modelo de despenalización neozelandés mejora la vida de las mujeres, es la opción recomendada por Amnistía Internacional, ONU Sida, Human Rights Watch e incluso el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos... Desde hace nueve años la ley mordaza sanciona al cliente que solicita servicios en la calle, y esta medida, lejos de abolir la prostitución, lo que ha conseguido es precarizar a las mujeres, exponerlas a mayores riesgos y desplazarlas a espacios regentados por terceros (Paula Sánchez Perera)

 "El PSOE, alineado con la derecha, ha desempolvado la misma propuesta abolicionista que casos como el de Mediador le obligaron a guardar en el cajón. Desde la investigación académica y el trabajo de campo conocemos el impacto de estas medidas y en 2022 ya escribí un artículo documentando las consecuencias que esta reforma del Código Penal traería para quienes ejercen la prostitución. Sin embargo, los ideales pesan más que los efectos materiales para el añejo debate; por eso hay un sector más preocupado por el uso de términos como ‘trabajadora sexual’ que por que vayan a desahuciarlas en masa. Cuando una postura goza de todo el poder institucional, no asistimos a un debate, sino a un combate dialéctico en el que la hegemonía abolicionista disemina sin obstáculo sus eslóganes, mientras la postura proderechos queda relegada a la caricatura que esta hace de ella. Para contribuir a equilibrar la balanza, en este artículo repaso algunas de las falacias más habituales de nuestro falso debate.

1)    No existe ninguna evidencia que apoye que la regulación mejora la vida de las prostitutas. De hecho, en Alemania y en Holanda ha empeorado.

Más que de una falacia se trata de una falta de formación deliberada y la clase de expresión que demuestra que hay abolicionistas que solo se leen a sí mismas: ninguna organización de trabajadoras sexuales demanda el regulacionismo. De hecho, el propio sindicato holandés Proud denuncia sus inconvenientes y reclama, en cambio, el modelo de despenalización neozelandés. Para muchas “son lo mismo” porque clasifican las normas jurídicas en función de si “legitiman” o no la prostitución, pero, aunque no estemos en un examen de derecho, convendría ser rigurosas, no extender bulos y poner en práctica el pensamiento crítico: ese que comienza cuestionando los propios prejuicios. Verbos como ‘legalizar’, ‘regular’ o ‘despenalizar’ enuncian acciones muy diferentes.

Otra de sus fake news consiste en afirmar que en España la prostitución ya está despenalizada. Sin embargo, lo que despenalizó el PSOE en 1995 fue la tercería locativa, que Franco había penalizado en 1956 cuando declaró la abolición de la prostitución “velando por la dignidad de la mujer”. En nuestro contexto se combina un Código Penal que ya es abolicionista con un alterne reglamentado y un ejercicio callejero prohibido a través de ordenanzas y de la ley mordaza. Mientras el Código Penal español considera irrelevante el consentimiento de las prostitutas, un modelo verdaderamente despenalizador únicamente recogería los tipos penales de prostitución forzada y prostitución de menores; es decir: la trata de personas.

¿Hay evidencias de que el modelo despenalizador mejore la vida de las mujeres? Sí, por ejemplo, la evaluación oficial del gobierno neozelandés, estudios como el de la universidad de Otago con una muestra de 772 trabajadoras sexuales o, si lo prefieren en castellano, el volumen traducido por Virus. De ahí que sea la opción recomendada por Amnistía Internacional, ONU Sida, Human Rights Watch e incluso el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros. En cambio, el modelo abolicionista nórdico vulnera los derechos humanos de las trabajadoras y no ha conseguido abolir absolutamente nada, tan solo barrer a las prostitutas de las calles para reubicarlas en espacios clandestinos.

2)    Se legisla para la mayoría, que está obligada a prostituirse, no para las privilegiadas.

Al margen de que desconozco cuál es el privilegio del que goza una persona que carece de derechos –sociales, civiles y laborales–, sufre un estigma y suele estar, de hecho, en posición de opresión con respecto a quien le asigna este adjetivo, no existe ningún estudio cuantitativo que avale que el 80, 90 o 95% de la prostitución es trata. La ONU la cifró en su momento en un 14%, cifra muy similar a la hallada por Carmen Meneses en Euskadi. El reciente Plan Camino la estima en un 10%. Resulta fundamental no olvidar (como tantas veces nos ha reclamado el Consejo de Europa) que existen muchas más modalidades de trata de personas en nuestro país y el último balance del CITCO ha comenzado a dar cuenta de ello. En febrero una operación policial detectó 21 mujeres víctimas de explotación laboral en zonas agrícolas, a las que no dejaban comer ni beber y una de ellas había sufrido un aborto. Lo que tienen en común muchas modalidades de trata es el cierre de fronteras de la Europa Fortaleza que favorece a las redes, así como una ley de extranjería que condena a las personas migrantes a tres años de irregularidad forzosa.

3)    Se requiere de una ley abolicionista del sistema prostitucional junto a la abolición de la ley de extranjería.

El recurso a la ley de extranjería es una especie de comodín de la llamada, pero que en realidad se trata de un cliché vacío. En occidente, las políticas abolicionistas son uno de los instrumentos que emplea la policía para llevar a cabo el control migratorio, desde el enfoque trafiquista y securitario con el que Europa tematiza la trata, hasta las redadas en los clubes que acaban con aquellas mujeres que no pueden o no quieren denunciar en un CIE a la espera de deportación. Como mostró el informe de Mundo en Movimiento, el perfil mayoritario de mujeres encerradas en el CIE de Aluche era el de prostitutas latinoamericanas con cargas familiares. Estas políticas dan cobertura humanitaria a las deportaciones, opacadas detrás de verbos como “liberar” expedientes de expulsión. Por eso, oír a abolicionistas favorables a las medidas punitivas pedir a la vez la derogación de la ley de extranjería es como escuchar al director de un matadero hablar de antiespecismo: no cuela. Más sangrante, sin duda, cuando proceden de las filas del PSOE, partido que votó en contra de la PNL de Regularización Ya; colectivo del que es portavoz Kenia García, también militante del Colectivo de Prostitutas de Sevilla. Este, como otros tantos del movimiento migrante y antirracista, se ha significado como proderechos y obras como Putas migras de Linda Porn y Kali Sudhra dan cuenta de la coherencia de esta alianza.

4)    Ninguna mujer lo hace porque quiere: no existe libre elección en condiciones de miseria.

Estamos de acuerdo: en el capitalismo la clase obrera no suele trabajar porque quiera, sino por necesidad económica. Como tenemos conciencia de clase, entendemos que el hecho de que jornaleras, riders, camareras de piso, trabajadoras del hogar y un largo etc. no tuvieran un amplio abanico de opciones no significa que lo que hagan deje de ser un trabajo. Tampoco tiene mucha lógica sostener que darles derechos a estas personas favorece su explotación, al contrario, pero en dichos casos no existe un estigma nublando el juicio. La patronal del alterne lleva décadas demandando la regulación de la prostitución por cuenta propia y no ajena por algo: porque figurar tan solo como arrendadores del espacio y tener a las mujeres como falsas autónomas trabajando bajo sus condiciones es lo que les sale rentable.

Llamar ‘trabajo’ al trabajo no implica defender el trabajo, al menos desde una perspectiva de izquierda. Para el marxismo, en el modo de producción capitalista el trabajo es el ámbito de la venta de uno mismo como mercancía y, por tanto, se trata del contexto de la explotación. La única herramienta que hemos conquistado en estos últimos siglos para hacerle frente a los abusos y a la explotación, para reducir la vulnerabilidad y proteger a los trabajadores se llama derechos.

5)    Hay que poner el foco en la demanda: sin clientes no hay prostitución.

Como se lleva documentando en tesis doctorales e informes de entidades, con la crisis económica de 2007 primero y con la pandemia después, ha ocurrido más bien lo contrario: más oferta que demanda. Convendría recordar que eso de que “somos el tercer país del mundo en consumo de prostitución” viene de un estudio de 1998 que, a su vez, utilizaba datos de 1990 y solo observó nueve países.

No es que yo crea que la clientela de la prostitución sea el adalid del feminismo (al contrario) ni tampoco que no piense que la prostitución es una institución patriarcal (por supuesto que sí), pero no es la única y ni siquiera la más peligrosa (esa se llama matrimonio). El problema estriba en asumir que la causa de la prostitución es la clientela, porque ese enfoque individualista desresponsabiliza al Estado de las causas estructurales por las que existe, las cuales tienen más que ver con la feminización de la pobreza y el cierre de fronteras. No hay forma humana de “ir a por el cliente” sin perjudicar principalmente a las mujeres. Desde hace nueve años la ley mordaza sanciona al cliente que solicita servicios en la calle, y esta medida, lejos de abolir la prostitución, lo que ha conseguido, de acuerdo con el estudio del Grupo Antígona de la Universidad de Barcelona, es precarizar a las mujeres, exponerlas a mayores riesgos y desplazarlas a espacios regentados por terceros.

Para ser “invisible”, llama la atención que llevemos casi una década sancionándola, que exista una producción académica e incluso audiovisual creciente y que se hayan destinado cientos de millones a pagar campañas contra la demanda. Es como quien sale en la portada del periódico afirmando que ya no se puede hablar de nada, porque te cancelan. Por mi parte, creo que el foco tiene que estar puesto en las vulneraciones de derechos que sufren las mujeres por la criminalización y la clandestinidad, en la derogación de todas las normativas, en la reforma urgente de la ley de extranjería y en construir alternativas realistas para el abandono del ejercicio. Resulta obsceno gastar tantos millones en campañas contra la demanda cuando las becas para el abandono apenas alcanzan los 400 euros mensuales.

6)    Decir que las mujeres tienen derecho a venderse es lo mismo que decir que los hombres tienen derecho a comprarlas: no es lo mismo pasar la fregona que ser la fregona.

Si dicen que vender servicios sexuales es equivalente a venderse como mujer, entonces también están diciendo que nuestra identidad se reduce a unos genitales. El patriarcado considera que las mujeres somos solo sexo, una subjetividad sexualizada, de modo que nuestra dignidad y reputación se encuentra entre las piernas. Reducidas a ser cuerpos frente a las masculinas mentes cartesianas, hoy se nos pide que “no nos cosifiquemos”, que nos respetemos, que seamos mujeres “de alto valor”. Lo que no entiendo es cómo puede llamarse feminista una narrativa que reproduce esta escala de valores, aunque sea de manera acrítica e inconsciente.

En cuanto al tema de las fregonas y como profesora de Filosofía, me gustaría aclarar una vez más que en el capitalismo a la mercancía humana se le denomina fuerza de trabajo. Estos términos no representan ninguna clase de dicotomía, son sinónimos. Díganle a la camarera de piso que falleció el pasado año en Tenerife por la cantidad de fármacos que tenía que tomar para soportar la jornada laboral que no era su cuerpo lo que el capital ponía en juego. No entiendo la obsesión por idealizar y romantizar el concepto de trabajo para poder así demonizar a la prostitución; de lavarle la cara al capitalismo y olvidar el cuerpo en todas las demás relaciones de producción y reproducción. Ninguna capacidad o facultad humana con la que trabajamos en este sistema es ajena al Yo; ninguna parte del cuerpo es más sagrada que otra: este modo de producción se alimenta de sangre, sudor y músculo.

7)    El sexo no puede ser una relación laboral, son violaciones remuneradas.

En mi tesis doctoral documenté casos donde, al intentar denunciar una agresión sexual, la policía buscaba disuadir a la mujer diciéndole que eran “gajes del oficio”. El machismo considera que una prostituta nunca puede sufrir una violación, porque no tiene la reputación suficiente (se viola a las “puras”, frente a las cuales ellas están “disponibles”). En el otro extremo, el abolicionismo opina que se trata siempre de una violación. Estas dos respuestas antagónicas (nunca/siempre) tienen en común juzgar la violencia a partir de una idea preestablecida y esencialista. En cambio, y de acuerdo con Amnistía Internacional: “El análisis del consentimiento es necesariamente específico de cada caso y cada contexto, y en toda consideración relativa a la cuestión del consentimiento debe darse prioridad a las opiniones, las perspectivas y las experiencias de las personas que venden servicios sexuales”. También esta entidad señala que ambas posturas esencialistas conducen a consecuencias similares, como dificultar la detección de las violencias concretas cuando se producen, mermar la credibilidad del testimonio (que será juzgado a partir de sus estereotipos) y generar, en consecuencia, indefensión jurídica.

Situar al mismo nivel consumir servicios sexuales que agredir normaliza la violencia que puedan sufrir estas trabajadoras, algo especialmente grave para uno de los colectivos que menos recurre a la justicia. Las trabajadoras del sexo internalizan estos discursos, lo que las disuade muchas veces de denunciar, asumiéndose poco creíbles unas veces, y otras como malas mujeres que se merecen lo que les ocurra. Desde mi punto de vista, se debe reconocer la violencia sexual en el contexto de prostitución sin esencializarla en un siempre o en un nunca, y personas declaradas feministas no deberían ser las primeras en denegarles su capacidad de consentimiento.

8)    Deberías leer teoría feminista: feminismo solo hay uno, que es y siempre será abolicionista.

Angela Davis, Judith Butler, Emma Goldman, Nancy Fraser, Silvia Federici o Martha Nussbaum son solo algunos de los muchos nombres de teóricas feministas que demuestran que esto no es cierto. La perspectiva interseccional, de hecho, es diametralmente opuesta a la del feminismo “radical” que considera que solo hay una categoría de opresión fundamental –la de género– y las demás tan solo hacen más pesada esa carga. ¿Que las sufragistas eran abolicionistas? Sí, y también liberales, burguesas, colonialistas, heterosexistas y otros muchos sesgos, ¿reclamamos también todo eso?

Decía Echols que las autodenominadas feministas radicales de los ochenta tenían poco en común con las genuinas, y que eran, más bien, feministas culturales. De hecho, Kate Millet apoyó la huelga de prostitutas de 1975 en Lyon y también firmó, junto a Adrianne Rich, el informe de la FACT que se oponía a la prohibición de la pornografía en Indianápolis; ordenanza ideada por MacKinnon y Dworkin en alianza con Reagan. Como muestra de su “radicalidad”, a favor del abolicionismo también tenemos al papa, Frontex, la UCRIF, Ana Botella o Cuca Gamarra.

Al margen del clasismo que entraña mandar a leer, convendría recordar que nuestros derechos se los debemos al feminismo autónomo y de las bases. Y no, sus asambleas de coordinación, desde la transición hasta el presente, no le pertenecen al abolicionismo. Mujeres como Empar Pineda o Cristina Garaizabal formaron parte de las luchas que conquistaron derechos tales como el del aborto (como se recogía en este episodio de Ciberlocutorio) u otros tantos que rememora la genealogía de Paloma Uría.

El feminismo no ha venido a suturar la muerte de Dios, no es una religión con dogmas sagrados ni la sororidad sustituye al amor romántico; es, como decía Vasallo, ante todo un método y una praxis. Este es un momento crucial para que las proderechos hagamos ruido y abandonemos la tibieza por miedo al conflicto. Tenemos argumentos de sobra y no vamos a dejar solas a las trabajadoras sexuales mientras se debate una reforma que clandestinizará aún más sus vidas. No hemos venido a caerle bien a nadie ni a hacer negocio con el feminismo: sí, somos las malas y estamos orgullosas de romper con el principal mandato patriarcal."

(Paula Sánchez Perera es autora de Crítica de la razón puta: cartografías del estigma de la prostitución.  CTXT, 09/04/24)

Salvar a las prostitutas condenándolas a mayor precariedad... ninguna salvación encontrarán en las políticas abolicionistas que criminalizan todo su entorno, únicamente conseguirán más policías en sus puertas, más deportaciones, más control sobre sus vidas por parte de jueces, agentes de la autoridad o de servicios sociales. La policía nunca ha salvado a las pobres... el feminismo menos emancipador y más esencialista, que ha conseguido hegemonizar este ciclo, ha impuesto su marco abolicionista... La propuesta del PSOE propone una criminalización de todo el entorno del trabajo sexual: los que les alquilen espacios, las personas que tengan algo que ver con la organización del trabajo, los que reciban algún tipo de lucro por la actividad, y a los propios clientes... Si prohibes todo lo que rodea al trabajo sexual, lo que haces es arrojar a las mujeres a los brazos de las mafias más despiadadas, las que pueden explotar la situación de ilegalidad para ejercer control sobre las trabajadoras sexuales, las que se mueven mejor en las sombras, las que tienen mayor capacidad de generar corruptelas policiales o políticas. El resultado: que una ley que dice perseguir a los proxenetas acabe reforzando sus versiones más coactivas... Lo que sucederá, como ha pasado en otros países donde se han implementando políticas parecidas, es que la prostitución no desaparecerá, solo se desplazará a lugares menos visibles, más ocultos y peligrosos, lo que aumentará el riesgo de violencia y abuso. Muchas más acabarán deportadas, multadas o en la cárcel (Nuria Alabao)

 "Este último ciclo feminista se ha desplegado con toda la ambigüedad de un movimiento interclasista que lleva en sí proyectos muy diferentes. No todo el feminismo es emancipatorio o está preocupado por las condiciones de vida de las mujeres reales que se escapan de sus discursos esencialistas, punitivistas o de sus proyectos de remoralización social. La mejor muestra: el proyecto de ley “abolicionista” de la prostitución que el PSOE ha rescatado de la última legislatura. Entonces no se llegó a aprobar, hoy no sabemos si es otra guerra cultural para evitar hablar de los casos de corrupción pendientes, porque los votos para que se apruebe no están garantizados: sus socios de gobierno se muestran mayoritariamente en contra. Los socialistas buscan el apoyo del PP, pero este partido todavía no se ha pronunciado con claridad.

Parece entonces que lo que les importa es agitar, enarbolar la bandera de la “preocupación” por las mujeres, reapropiarse del feminismo que una vez más consideran exclusivamente suyo y que han tenido que disputar con los nuevos partidos de izquierdas. En medio de sus guerras de poder quedan atrapadas mujeres tangibles, con problemas de carne y hueso; las mujeres más pobres, las migrantes sin papeles, las trans, las que no votan, las que no importan, las que no pueden consentir ni tienen agencia de ningún tipo, solo esperan “a ser salvadas”. Pero ninguna salvación encontrarán en las políticas abolicionistas que criminalizan todo su entorno, únicamente conseguirán más policías en sus puertas, más deportaciones, más control sobre sus vidas por parte de jueces, agentes de la autoridad o de servicios sociales. La policía nunca ha salvado a las pobres.

 Junto con una oleada de nuevo puritanismo sexual, el feminismo menos emancipador y más esencialista –que ha conseguido hegemonizar este ciclo– ha impuesto su marco abolicionista. La prueba de que esta nueva ley supone un paso atrás es que varios de los elementos que propone fueron despenalizados por el propio Partido Socialista en el primer Código Penal de la democracia –el alquiler de espacios y el proxenetismo no coactivo– con el objetivo de acabar con las leyes franquistas. En el momento de mayor paridad en las instituciones, lo que estamos obteniendo de ese feminismo institucional son penas más duras, más cárcel y más policía como solución a todos los problemas sociales. Desde luego, nada de eso mejora la vida de las prostitutas.

La propuesta del PSOE propone una criminalización de todo el entorno del trabajo sexual: los que les alquilen espacios, las personas que tengan algo que ver con la organización del trabajo –los que reciban algún tipo de lucro por la actividad– y a los propios clientes. Según la ministra Redondo, incluso se quieren imponer penas contra “cualquier acción que impulse o promueva la prostitución”, un enunciado lo suficientemente ambiguo para que salten todas las alarmas. Es decir, aunque la ministra de Igualdad diga que no se va a penalizar a las mujeres, si todo lo que permite ejercer su trabajo resulta “criminal” es inevitable que acabe perjudicando a las prostitutas. Como dice Paula Sánchez, “la abolición es la teoría, la prohibición es la práctica”.

 El ejemplo de la vivienda es muy claro. Aunque se supone que va contra los prostíbulos, en la práctica penalizar la cesión de espacios implica que se pueda perseguir a las que alquilan un piso juntas, alquilan habitaciones a otras compañeras o el uso de habitaciones de hoteles, como ya ha sucedido en Noruega. Muchas veces las trabajadoras sexuales viven en los mismos lugares donde ejercen, por lo que pueden ver dificultado todavía más el acceso a una vivienda.

¿Qué supone en la práctica el abolicionismo realmente existente?

Si esta ley fuese a acabar con los patrones permitiendo la autoorganización de las prostitutas quizás sería interesante, pero como no se cansan de repetir las trabajadoras sexuales organizadas, estas normas no estimulan el trabajo autónomo, lo penalizan también. Lo que sucederá –como ha pasado en otros países donde se han implementando políticas parecidas– es que la prostitución no desaparecerá, solo se desplazará a lugares menos visibles, es decir, más ocultos y peligrosos, lo que aumentará el riesgo de violencia y abuso. Muchas más acabarán deportadas, multadas o en la cárcel. La invisibilidad, además, refuerza el estigma y dificulta el acceso a servicios de salud, protección legal y apoyo social.

“La criminalización del trabajo sexual callejero ya ha empujado a muchas compañeras que ejercían en espacios públicos a recurrir a terceros, ya sean clubes de alterne o casas de citas”, explican en este artículo las activistas Kenia García y María Riot. Si prohibes todo lo que rodea al trabajo sexual, lo que haces es arrojar a las mujeres a los brazos de las mafias más despiadadas, las que pueden explotar la situación de ilegalidad para ejercer control sobre las trabajadoras sexuales, las que se mueven mejor en las sombras, las que tienen mayor capacidad de generar corruptelas policiales o políticas. El resultado: que una ley que dice perseguir a los proxenetas acabe reforzando sus versiones más coactivas, llevando a las mujeres a mayor clandestinidad y debilidad a la hora de negociar condiciones –ya sea con patronos o clientes–.

Metemos la prostitución bajo la alfombra, junto con todas las cosas que no nos gustan

Metemos la prostitución bajo la alfombra, junto con todas las cosas que no nos gustan. Mientras, esas mujeres que tanto nos preocupan quedan también en las sombras, atrapadas en vidas peores, más duras y con más violencia, pero no las vemos. El proxenetismo no desaparecerá, quizás mute algo de forma o se disfrace de otras actividades. ¿Quiénes son los más interesados en que no sea considerado un trabajo? Los dueños de prostíbulos siempre han luchado en contra del reconocimiento de derechos que otorga a estas mujeres el marco laboral.

Disciplinar a las pobres criminalizando la prostitución

“Sencillamente no me resigno a aceptar que la prostitución es el infierno menos malo para las mujeres sin muchas opciones”, decía la diputada del PSOE, Andrea Fernández, en Twitter. Un ejemplo de cómo esta cuestión se trata principalmente como algo moral, que ofende en lo más íntimo a personas que jamás tendrán que elegir entre dedicarse al trabajo sexual o a otros trabajos mal pagados e hiperexplotados. En realidad, muchas trabajadoras sexuales vienen ya de trabajos de limpieza o similares –y a veces basculan entre estos y la prostitución–. Tienen otras opciones “más morales” pero no optan por ellas porque están peor pagadas –algunas tienen que mantener a familias enteras en sus países de origen– y les ofrecen menos autonomía –quizás crían a niños pequeños, algo muy difícil sin una red y sin dinero–. Otras están excluidas del sistema laboral formal por tener discapacidades o enfermedades crónicas o por ser mujeres trans. En muchos de estos trabajos feminizados y precarios tan dignos, pueden llegar a sufrir más humillaciones que en el trabajo sexual, algo que ni se puede imaginar una diputada del PSOE. Tampoco les exigimos imaginación, solo que hablen con las trabajadoras sexuales y conozcan sus realidades y sus demandas.

En realidad, la cobertura política o moral que pueda existir detrás de esta propuesta de ley es del todo irrelevante, lo importante es su resultado. En la práctica, estas políticas abolicionistas conllevan una agenda punitiva de endurecimiento penal, de disciplinamiento del trabajo de las más pobres y de reforzamiento de los controles migratorios, donde la criminalización de la prostitución constituye una herramienta más para la persecución de las migrantes. (Recordemos que ni siquiera se ha conseguido aprobar una regularización extraordinaria que pedía una ILP reciente.)

La verdadera solución pasa por permitirles migrar legalmente y con derechos

Esta no es una ley que piense en el bienestar de estas mujeres, sino que será utilizada para reforzar el control sobre ellas y obligarlas a aceptar condiciones de explotación en el ámbito doméstico, agrícola o textil. La verdadera solución es permitirles migrar legalmente y con derechos, no por la criminalización de su actividad. Las que consideran que es una situación indigna, que va en detrimento de todas las mujeres, ¿van a derogar la ley de extranjería para “abolir” la prostitución? ¿Van a dar acceso a todas estas mujeres a trabajos bien remunerados y con condiciones que les hagan innecesario optar por el trabajo sexual?

No nos engañemos. Por más que lo repita la ministra no se va a ayudar a estas mujeres. Como explican ellas mismas, los programas anteriores “para salir de la prostitución”, como el Plan Camino de la anterior legislatura, se emplearon en gran medida en campañas publicitarias o en ONG intermediarias que ayudaban a las mujeres a pedir el Ingreso Mínimo Vital u otros planes sociales para pobres, pero no les proporcionaban opciones laborales aceptables o recursos directos.

Si en este contexto no se puede acabar con los motivos que llevan a estas mujeres –y a algunos hombres– a prostituirse, al menos se debería despenalizar su actividad como estrategia de reducción de daños. Despenalizar sacaría a la policía y al sistema penal del cuello de las trabajadoras sexuales, aumentaría su autonomía sobre su actividad y haría que la prostitución fuera un trabajo más seguro y con menos violencia, o con más posibilidades de hacerle frente. ¿O van a seguir arrojando a mujeres reales a los pies de los caballos de la represión y la clandestinidad en aras de un ideal de igualdad de género abstracto?"           (Nuria Alabao, doctora en Antropología Social., CTXT, 29/03/24)

El acoso abolicionista a las trabajadoras sexuales es contrario a la ley y al Convenio 190 de la OIT... las campañas dirigidas a convencer a la opinión pública de que el abolicionismo es la mejor opción para la sociedad, han ido acompañadas de una violencia inusitada en contra de toda manifestación en favor del reconocimiento de derechos de las trabajadoras del sexo, así como frente a todo intento de llevar a la luz pública argumentos que rebatan aquella postura, en un afán de abrir un debate que viene siendo negado desde el abolicionismo, empecinado en alcanzar su objetivo a cualquier precio, puede entenderse constitutivo de la conducta de acoso

 "Desde hace unos años el movimiento abolicionista ha iniciado una campaña dirigida a colgar en nuestro país el distintivo de “territorio libre de prostitución”, a pesar de que dicha iniciativa no pueda conseguir el pretendido objetivo de librarse de la prostitución en nuestro entorno, como así se desprende de la situación de otros países en los que se ha abogado por políticas abolicionistas o prohibicionistas (Suecia, Francia, Irlanda, por ejemplo), despreocupándose  -pues nada tiene que ver con su verdadera meta- de cuál sea la situación en la que se deje a las prostitutas, dado que la precariedad no puede ser la alternativa la prostitución.

En los últimos tiempos, ese movimiento ha encontrado el apoyo de diversos grupos políticos, de forma más o menos homogénea, o con importantes discrepancias, como es el caso de Unidas Podemos. Lo cierto es que, en esa situación de poder, las campañas dirigidas a convencer a la opinión pública de que el abolicionismo es la mejor opción para la sociedad, proporcionando una batería de argumentos que arranca de la negativa a reconocer el trabajo sexual libremente prestado y que equipara la prostitución con la trata, han ido acompañadas de una violencia inusitada en contra de toda manifestación en favor del reconocimiento de derechos de las trabajadoras del sexo, así como frente a todo intento de llevar a la luz pública argumentos que rebatan aquella postura, en un afán de abrir un debate que viene siendo negado desde el abolicionismo, empecinado en alcanzar su objetivo a cualquier precio.

En esta tesitura, el movimiento abolicionista se ha visto respaldado, en buena medida, por medios de comunicación e instituciones públicas -con gobernantes abiertamente declarados como abolicionistas-, dando pie a un contexto de descalificación, hostigamiento y censura, que queda fuera de los márgenes legales y constitucionales, incurriendo en arbitrariedades difícilmente justificables en el actual panorama regulador de la prostitución, en la que ésta se encuentra en un limbo de alegalidad, concurriendo en muchas ocasiones con otra actividad, la de “alterne”, que ha recibido el beneplácito de los tribunales en reiteradas ocasiones (la última, STS, Penal, de 25 de enero de 2023, rec. 817/2021).

Pues bien, teniendo en cuenta esta circunstancia de alegalidad de la prostitución, el contexto hostil generado desde el abolicionismo contra las trabajadoras sexuales puede entenderse constitutivo de la conducta de acoso descrita en el artículo 6.4 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Este artículo define como acoso, “cualquier conducta realizada por razón de alguna de las causas de discriminación previstas en la misma, con el objetivo o la consecuencia de atentar contra la dignidad de una persona o grupo en que se integra y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo”.

Entre tales causas de discriminación no se menciona expresamente el trabajo sexual, si bien la referencia a “otra condición o circunstancia personal o social” permitiría incluir al trabajo sexual como causa discriminatoria, teniendo en cuenta que las trabajadoras sexuales constituyen un colectivo vulnerable, siendo el estigma que las acompaña la principal razón de su vulnerabilidad.

Por otra parte, y si se llegase a negar que el trabajo sexual constituye un factor de discriminación, resulta de todo punto innegable que sí constituiría un criterio aparentemente neutro con efectos discriminatorios, al afectar mayoritariamente a grupos caracterizados por su pertenencia a unos determinados orígenes raciales o étnicos, sexo o situación socioeconómica, factores reconocidos todos ellos en la Ley 15/2022 como criterios de diferenciación discriminatorios.

Por otra parte, el artículo cuarto de la Ley identifica como conducta discriminatoria “el acoso, la inducción, orden o instrucción de discriminar o de cometer una acción de intolerancia, las represalias o el incumplimiento de las medidas de acción positiva derivadas de obligaciones normativas o convencionales, la inacción, dejación de funciones, o incumplimiento de deberes”.

Las muestras de intolerancia y ambiente hostil a que se refieren estas normas han sido reiteradas a lo largo del tiempo frente a la prostitución, motivando la preocupación de las trabajadoras sexuales por encontrarse en espacios seguros cuando han decidido plantear un debate público sobre su situación, en un intento de hacerse oír. Incluso se ha constatado el intento institucional por hacer desaparecer estas voces en sedes universitarias, lo que llevó a la aparición del movimiento #UniversidadSinCensura reivindicando la libertad de expresión tras la suspensión de un acto en A Coruña, por presiones de colectivos abolicionistas.

Semejantes acciones de acoso, por lo demás, no quedarían exclusivamente vedadas a la luz de la Ley 15/2022, sino también en virtud del recientemente ratificado por España Convenio 190 OIT sobre la violencia y el acoso, que entrará en vigor el 25 de mayo de 2023. En este Convenio se identifica la expresión “violencia y acoso” en el mundo del trabajo con “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”. Junto a ello, el Convenio alude a la expresión «violencia y acoso por razón de género» entendiendo por tal a “la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual.”

Es cierto que el Convenio todavía no está en vigor (le faltan pocos meses), pero debería servir desde ya mismo de canon de interpretación de la norma interna, teniendo en cuenta que el mismo identifica como violencia o acoso aquellos comportamientos, aislados o repetidos, que tengan por objeto -o, que, sin tenerlo, causen- un daño físico, psicológico, sexual o económico.

Pues bien, todo el contexto de hostigamiento descrito entraría de lleno en esta definición de violencia o acoso, tanto por los objetivos perseguidos (erradicar la prostitución del espacio público, así como eliminar las opciones de lucrarse con esta actividad); por sus efectos (esto es, profundizar en el estigma que soportan las trabajadoras sexuales, ahondando en el ataque a su dignidad y consolidando el entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo en el que desde siempre se ha movido la prostitución); y por la falta de acción de los poderes públicos para garantizar los derechos fundamentales (vida, integridad física, vivienda, libertad de expresión, derecho al trabajo -habiéndose legislado de forma contraria, prohibiendo la publicidad de las actividades de contenido sexual-…), lo que posibilita la exigencia de responsabilidades administrativas, y en su caso, penales o civiles por el daño causado, y que podrán incluir la indemnización, hasta lograr la reparación plena y efectiva para las víctimas (art. 25 de la Ley 15/2022) además de la nulidad de pleno derecho de las disposiciones, actos o cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación (art. 26) y, en el caso de la  persona física o jurídica que cause discriminación, reparación del daño causado (presumiéndose la existencia de daño moral) proporcionando una indemnización y restituyendo a la víctima a la situación anterior al incidente discriminatorio, cuando sea posible (art. 27).

En el ámbito de la responsabilidad administrativa, las infracciones en materia de igualdad de trato y no discriminación pueden conllevar multas que oscilan entre 300 y 10.000 euros (infracciones leves), entre 10.001 y 40.000 euros (infracciones graves) y entre 40.001 y 500.000 euros (infracciones muy graves) debiendo invertirse lo recaudado por el cobro de las multas en la promoción de sensibilización para la igualdad de trato y no discriminación y lucha contra la intolerancia.

En cuanto a los sujetos legitimados para actuar en defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación, el art. 29 de la Ley 15/2022 reconoce legitimación, además de a las personas afectadas, a  los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, las organizaciones de personas consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos humanos, a las que se reconoce legitimación en los términos establecidos por las leyes procesales, para defender los derechos e intereses de las personas afiliadas o asociadas o usuarias de sus servicios en procesos judiciales civiles, contencioso-administrativos y sociales, siempre que cuenten con su autorización expresa.

A la hora de interponer las acciones que se estimen pertinentes por parte de los sujetos legitimados, interesa destacar que lo que deberán aportar son indicios fundados de la conducta discriminatoria (acreditar la reducción de todo espacio para el ejercicio de la prostitución; situación de hostigamiento en la que viven las trabajadoras sexuales, etc.) correspondiendo a aquél a quien se impute la situación discriminatoria aportar la existencia de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. 

Sobre este particular, cabe señalar que no resultaría válida la principal argumentación esgrimida por el abolicionismo para la adopción de estas medidas restrictivas, esto es, la lucha contra la trata, ya que la medida resultaría claramente inidónea (y, por consiguiente, desproporcionada, al no superar, cuando menos, uno de los tres juicios integrados en el juicio de proporcionalidad -idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto-), en el sentido de que no se contribuye a acabar con el tráfico aboliendo la prostitución, sino que lo que se consigue es empeorar las condiciones en las que la prostitución se ejerce, y ocultar todavía más la actividad. Tampoco la pretendida defensa de la dignidad de la trabajadora sexual resultaría constituir una justificación válida, pues lo que resulta contrario a su dignidad son las condiciones en las que la trabajadora sexual se ve obligada a prestar sus servicios, no la actividad en sí misma considerada, que no está prohibida en nuestro ordenamiento.

En este sentido, hay indicios más que sobrados de actuación discriminatoria en la misiva recientemente remitida por la consellera de Justicia, Interior y Administración, Gabriela Bravo, a los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, instándoles a sumarse a la lucha para abolir la prostitución mediante la adopción de Ordenanzas Municipales, y que se puede encontrar colgada en la web de la consellería, en el foro abolición de la prostitución, al considerar que la prostitución no es más que humillación, explotación y violencia de género, en un acto voluntarista, que no cuenta actualmente con el respaldo de leyes."                           

(Fernando Fita Ortega,  Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Miembro de la Alianza Pro-derechos de Castellón, Alicante y Valencia (APROCAV), Viento Sur, 23 febrero 2023)

Telmo Irureta o de cómo buena parte del feminismo se equivocó a lo grande... Las redes se llenaron de insultos cuando el actor dijo en la ceremonia de los premios Goya “nosotros también follamos”. El tema de la asistencia sexual no es un tema fácil, pero buena parte del feminismo la ha fastidiado, y mucho, por su reacción hiriente y discriminatoria... El debate “la sexualidad no es un derecho, es un deseo” me parece insustancial... Mi empatía hacia una persona que tiene una situación como la de Telmo es alta. Y lo es porque no me siento con poder de enjuiciarle. No me siento con el poder de decirle como vivir su vida, porque Telmo tiene unas limitaciones motrices que yo no tengo. Antes de nada, quizá se tendría que oír a toda la gente como Telmo

"El 11 de febrero se celebraron los Goya. Un muchacho con discapacidad física grave —parálisis cerebral con alto grado de tetraparesia— ganó una estatuilla y pronunció estas palabras: “Nosotros también existimos, nosotros también follamos. Brindemos por más representación de todos los cuerpos y un cine más inclusivo”.

Y las redes ardieron.

Y ardieron como hacen siempre, con prisas, sin debate, yendo al insulto, al daño, al desprecio, al acoso, sin parar a pensar en nada. Las feministas de bien, las del cartel abolicionista, sacaron las armas: Telmo era un putero explotador de mujeres que había hecho un alegato a favor de la violación y el resto, quiénes veíamos en su discurso una reivindicación legítima, éramos cómplices.

Yo seguía la gala con interés y su momento me pareció muy significativo y necesario. Pude leer el hervidero de comentarios malsonantes en el Instagram de la Academia y luego, cómo la gente osaba ir a su muro a decirle cosas como “violador de mujeres en silla de ruedas”. Yo no dejé de escribir, desde el respeto pero con indignación, mientras me decían cosas como “pon tú el coño para Telmo” y semejantes.

Todo el argumentario abolicionista no me sirve para justificar la vejación a la que sometieron a esta persona. Ni todos esos: “Tiremos de hemeroteca, que dijo que pagó por sexo”. No me sirve, nunca me va a servir. ¿En qué momento el discurso se salta a la persona y se come a la de enfrente a cualquier precio?

Yo no soy abolicionista, pero puedo empatizar con ciertos puntos de la gente que lo es y tengo hasta mis dudas. Pero, por encima de todo, soy una persona que intenta ser prudente y sensible con diferentes causas. La causa que representa Telmo —de forma involuntaria por su papel en La consagración de la primavera y de forma voluntaria por su discurso en los Goya— no es una causa menor al feminismo.

El debate “la sexualidad no es un derecho, es un deseo” me parece insustancial. Como cuando le preguntan a la gente vegana: “Y si te vas a una isla desierta y no hay plantas, ¿te comerías a un animal?”. Pero se repite tanto y se usa tanto que al final una manipulación pretenciosa se convierte en verdad.

Los derechos sexuales y reproductivos los recoge la ONU desde hace tiempo. Algunos de los puntos son el derecho a la autonomía personal y a la libre elección de la sexualidad. En el caso de la gente con discapacidad física grave, el dilema viene porque su autonomía proviene de terceras personas. Por lo tanto, la sexualidad entraría en una esfera a tratar.

En cualquier caso, aunque estos derechos no existieran, negar la importancia de la sexualidad en la conformación de nuestra persona es una completa estupidez. Somos seres sexuales, de diferentes formas y en diferentes grados. El sexo aporta placer pero también salud y autoestima, afecto y comunicación. El sexo también nos ofrece identidad, formas de ser y de auto-denominarnos, de elegir y crecer.

La gente dice que sin sexo se puede vivir. Puede pero, por la experiencia que hemos vivido las mujeres, creo que es fácil entender que no se vive mejor cuando no es tu elección si no una imposición de fuera. En nosotras, la imposición ha venido del patriarcado, mientras que en la gente con una discapacidad física severa por su corporalidad y los tabúes y estigma sobre ella, ha venido por el capacitismo. Nadie se siente bien cuando no puede elegir sobre su deseo, placer, ni nada. Convencernos del resto es solo engancharnos en temas que no van a ninguna parte.

Entiendo que el tema de la asistencia sexual, la prostitución y el trabajo sexual, no es un tema fácil. Y comprendo muchas reticencias, puntos de vista dispares y que el debate se tenga. Pero no comparto tenerlo a costa del insulto. Porque cuando aparece el insulto, el debate se anula.

Buena parte del feminismo la ha fastidiado, y mucho, con Telmo. Han sido profundamente discriminatorias, profundamente hirientes y profundamente faltas de empatía, planteándose escenarios que ni conocían ni tan solo existen. Telmo ha tenido que decir que nunca ha pagado a mujeres, porque es homosexual. Algunas se han apresurado a decir que es lo mismo, pero está claro que en su interior no lo es. El imaginario colectivo abolicionista sobre el putero estilo Torrente (física o mentalmente) aprovechándose de una mujer (a ser posible inmigrante) pobre que no llega a final de mes, se les vino abajo. La realidad es amplia y si no sabemos, mejor callar, primero preguntar o sencillamente escuchar.

Mi empatía hacia una persona que tiene una situación como la de Telmo es alta. Y lo es porque no me siento con poder de enjuiciarle. No me siento con el poder de decirle como vivir su vida, porque Telmo tiene unas limitaciones motrices que yo no tengo. Antes de nada, quizá se tendría que oír a toda la gente como Telmo. A muchas mujeres que por cierto siempre, de forma más que perversa y pretenciosa, se sacan de la ecuación. Ellas tienen sexualidad y ellas también pagan a asistentes sexuales. Ya sé que no todas están a favor, también contemplo esa posibilidad, pero eso no cierra el debate.

El feminismo de hace dos semanas no es mi feminismo, no lo quiero, no me representa y simplemente me espanta. El feminismo de ese fin de semana de febrero le debe una disculpa, sin excusas, sin “peros” a Telmo. Pero ya sé que no va a ocurrir o que ocurrirá de parte de muy poca gente. Porque quien tiene el poder, nunca reconoce sus faltas."                                       (Carmen Godino Megía , El Salto, 26 feb 2023)

Telmo Irureta, ganador del Goya: "No he recurrido a asistentes sexuales pero sí a la prostitución. No puede desaparecer"

"(...) "No se han puesto en nuestra piel"

Telmo Irureta defiende la figura de las asistentes sexuales para las personas con diversidad funcional, si bien precisa que él nunca ha recurrido a ella porque ha optado por la prostitución, que, a su juicio, "no puede desaparecer".

El intérprete, que tiene parálisis cerebral, protagonizó uno de los momentos más aplaudidos de la gala de los Goya por un discurso que terminó con un contundente: "las personas con discapacidad también existimos y también follamos". Se reconoce así su papel protagonista en la película 'La consagración de la primavera', dirigida por Fernando Franco, y que aborda precisamente la sexualidad de una persona con discapacidad a través de una improvisada asistente sexual, una universitaria recién llegada a Madrid.

Irureta asegura en una entrevista con Europa Press que no le sorprendió levantar tantos aplausos y señala que llevaba la idea de su discurso "bastante clara". Después, leyendo comentarios sobre sus palabras, se ha dado cuenta de que "mucha gente" opina como él, pero otros "no han entendido" lo que quiere decir.

"No se han puesto en nuestra piel", lamenta al respecto, para reivindicar la existencia de las asistentes sexuales para personas con diversidad funcional, una figura "importante y necesaria" que el actor conocía pero sobre la que aprendió más gracias a la película 'La consagración de la primavera', con la que ha ganado el galardón y aborda este tema.

Pese a esta defensa, el actor, sobrino de la veterana actriz Elena Irureta, explica que él nunca ha recurrido a esta figura porque ha optado por la prostitución, aunque puntualiza que no siempre ha tenido sexo pagando. "En mi caso es más difícil (tener relaciones sexuales sin pagar) porque cuerpos como el mío no gustan. Entonces, tienes muchas más limitaciones, la gente tiene muchos prejuicios y miedos. Hay que tener una solución, no estar intentando convencer todo el rato o estar con alguien que igual no me gusta", expone.

Sobre las asistentes sexuales, detalla que se ocupan de quedar con las personas "para conocerse, hablar o tomar un café", un proceso que entiende pero sobre el que añade: "Según tu momento, según como estés, igual no quieres tomarte ese café. Igual quieres ir directamente a la cama".

En este sentido, demanda que "exista de todo" y cada uno pueda elegir la "mejor opción". Por ello, cree que la prostitución "no puede desaparecer", aunque reconoce que es consciente de que esta tiene "un lado oscuro". "Lo que yo digo es que las personas con discapacidad tengamos acceso", apunta.

"Es un pacto, un trato, un trabajo. A mucha gente le ayuda, a mí me ayuda", agrega el intérprete, quien asevera que le encanta "visibilizar la sexualidad de las personas con discapacidad", por lo que uno de sus proyectos actuales también gira en torno a ello. Se trata de una obra de teatro titulada 'Sexpiertos'.

Además, relata que antes hablaba de sexo y discapacidad "con un poco de cuidado", intentando "justificarse", pero ahora que ha visto que "no se ha entendido" lo que defiende, considera que tiene "un motivo más" para abordar el tema y "romper esquemas" con trabajos de este tipo.

"¿Y la polémica? Está guay que haya opiniones y que yo pueda decir 'uy, cómo se ha puesto este'", sentencia el actor de 34 años también diplomado en Magisterio y licenciado en Pedagogía."                   (República, 13/02/23)

Sobre la prostitución... dice El País que "Nadie ha sido capaz hasta hoy de legislar de forma eficaz sobre la prostitución"... pues veamos... es sintomático el caso de Francia, en la que la abolición de la prostitución ha sido un fracaso clamoroso... Tras cinco años de ley, solo 161 mujeres han dejado la calle... las ayudas de de 330 euros mensuales, es una cifra absolutamente insuficiente... en Nueva Zelanda cotizan como el resto de trabajadores, tienen acceso a una jubilación. Si trabajas por cuenta de terceros, tienes vacaciones y los mismos derechos que el resto, prestando especial atención a los derechos humanos, a la sanidad y a su seguridad... con la descriminalización, las condiciones de vida y trabajo de sus trabajadoras sexuales han mejorado... alrededor del 40% aun trabaja para un jefe en prostíbulos, pero el resto son independientes, e, incluso las que trabajan en prostíbulos son independientes también... tienen más capacidad para rechazar clientes, por lo que tienen mucho más control sobre su trabajo... en la India, la Corte Suprema acaba de legalizarla, así por lo menos las prostitutas no podrán ser privadas de la custodia de sus hijos

 "(...) Nadie ha sido capaz hasta hoy de legislar de forma eficaz esta cuestión, y ninguno de los modelos de otros países está libre de inconvenientes. 

Pero tampoco había legislación europea en torno a la salud menstrual, y está ya en marcha en España. 

Proteger la prostitución como si fuera un trabajo más permite mejorar las condiciones de vida de las mujeres, pero no incide sobre las causas sociales y económicas de esta forma de explotación. Tampoco asegura que quienes dicen ejercerla de forma voluntaria sean realmente libres, ni que sean los proxenetas quienes, bajo diferentes formas de ocultamiento, se acaben aprovechando de esa regulación.

Convertir la prostitución en una actividad económica reconocida y regulada, como ha hecho Alemania, tampoco evita la trata de mujeres y estimula el consumo de prostitución como si fuese una diversión más, y aligerada de reproches sociales. El modelo abolicionista aplicado en Suecia sí ha reducido la prostitución, pero el efecto indeseable ha sido su crecimiento en la clandestinidad. 

Ese es el mayor peligro de este enfoque. Para que el modelo dé fruto, no basta con prohibir y castigar a proxenetas y clientes. Exige un plan muy ambicioso que ofrezca alternativas de inserción social y laboral a mujeres que perderían sus ingresos, por fuerza y de un día para otro, y se verían abocadas al ejercicio clandestino, con una desprotección extrema. (...)"                   (Editorial El País, 28/05/22)

 

"Tras cinco años de ley contra la prostitución en Francia, solo 161 mujeres han dejado la calle.

 Francia celebra este martes con sentimientos encontrados el quinto aniversario de la entrada en vigor de su ley contra la prostitución. La normativa, que supuso un cambio de paradigma al penalizar al cliente y no a las prostitutas, siguiendo el denominado modelo sueco, dividió desde el principio a las asociaciones sobre el asunto, parte de las cuales siguen defendiendo hasta hoy su conveniencia, aunque lamentan la falta de recursos, frente a otras que afirman que ha provocado una precarización aún más fuerte de un sector ya de por sí muy marginalizado.

 En lo que coinciden todas es en los magros logros cosechados hasta la fecha: solo 161 mujeres han completado el programa previsto por la ley para abandonar esa actividad, en un país donde se estima que hasta 40.000 personas ejercen la prostitución.

La senadora centrista Annick Billon, presidenta de la delegación de los derechos de las mujeres, resumía recientemente esos sentimientos encontrados. La ley supone “un avance considerable, un cambio de paradigma, pero su implementación no está necesariamente a la altura de nuestras esperanzas”, dijo.

La normativa, que entró en vigor el 13 de abril de 2016, prevé multas de 1.500 euros (3.750 en caso de reincidencia) para los clientes de prostitutas, a las que se dejó de penalizar por ejercer. A la par, establece un programa de dos años para ayudar e incentivar que las mujeres abandonen la prostitución, con unas ayudas económicas para la reinserción profesional y la regulación de la situación para las personas indocumentadas que buscan integrarlas en la sociedad. 

Pero el importe de estas, de 330 euros mensuales, es una cifra absolutamente insuficiente, según coinciden críticos y defensores de la ley. Los tiempos y requisitos establecidos para ello —la obligación de abandonar la prostitución antes de poder entrar en el programa, así como una gran burocracia y divergencia de criterios según departamentos— son también cuestionados en diverso grado por ambos bandos.

Desde 2017, un total de 564 personas se han podido beneficiar de este denominado “recorrido de salida de la prostitución”, que por el momento han completado 161 de ellas, según datos oficiales proporcionados a este periódico. Entre 2016 y 2018, las autoridades impusieron además 3.200 multas a clientes, y 2.000 más en 2019. Unas cifras muy bajas en relación con el día a día de la prostitución en Francia, que ejercen entre 30.000 y 40.000 personas en el país y que, al menos hasta que entró en vigor la ley, movía más de 3.200 millones de euros anuales.

“Falta de un pilotaje nacional”

Un informe oficial de evaluación de la ley que debería haberse entregado en abril de 2018, pero que solo fue hecho público en junio del año pasado, constata que “su implementación se ha visto considerablemente frenada por una ausencia de compromiso de los poderes públicos”. El principal problema, señalaba, era la “falta de un pilotaje nacional” que ha derivado en una “aplicación débil de ciertas medidas”, como las campañas de educación, y en una “heterogeneidad de prácticas en el territorio”, con diferencias grandes entre los departamentos a la hora de establecer los requisitos del programa de reinserción social. A todo ello se une la ausencia de medios para que la norma sea eficaz. “Si la ley ha reafirmado el compromiso abolicionista de Francia, no ha desplegado suficientes medios para lograr ese objetivo”, resume la evaluación oficial.

“No es la ley lo que se cuestiona, sino su implementación, que debe ser total”, coinciden fuentes de Mouvement du Nid, una de las principales asociaciones abolicionistas. La ley de 2016 “es eficaz porque es justa y equilibrada”, sostienen; el problema es que falta que sea realmente aplicada en todo el territorio. Y para ello, subrayan, hacen falta medios. El Gobierno debería garantizar 2.400 millones de euros en la próxima década —240 millones anuales para que 4.000 prostitutas puedan entrar cada año en el programa de integración— para asegurar que “las 40.000 personas en situación de prostitución puedan efectivamente integrarse de forma plena en la sociedad”, señalan las organizaciones, que reclaman también campañas de sensibilización y una “voluntad política clara del Gobierno”.

 No se trata de más o menos dinero, sino de un planteamiento de base equivocado, replican las asociaciones que reclaman desde hace años la retirada total de la ley que, afirman, solo ha contribuido a estigmatizar y precarizar más a unas personas tradicionalmente sumidas en la marginación social. “No celebramos este aniversario, deploramos que, cinco años después, nos veamos obligados a recordar que todo lo que pasa lo habíamos previsto y que prevenimos de ello a los parlamentarios”, dijo este lunes en rueda de prensa Irène Aboudaram, de Médicos del Mundo Francia. 

Esta es una de las asociaciones que, en 2019, llevaron la ley de la prostitución ante el Consejo Constitucional, en un intento infructuoso —el organismo validó la normativa— de cuestionar la ley. Según argumentaron entonces y sostienen hasta hoy, esta ha provocado desde su entrada en vigor un empeoramiento de las condiciones de vida de las personas que ejercen la prostitución, con menores ingresos y una mayor exposición a la violencia y a prácticas de riesgo, ya que muchos clientes, bajo el argumento de que los que se exponen ahora son ellos, reclaman renegociar los precios o las condiciones, como el uso de preservativo. 

Para June Charlot, de la asociación de acompañamiento de prostitutas en Toulouse Grisélidis, “esta ley se vendió como que iba a salvar a estas mujeres de la prostitución, pero no se puso ningún dispositivo para acompañarlas dignamente”.              (Silvia Ayuso, El País, 13/04/21)

"Catherine Healy: “Con la descriminalización, las condiciones de vida y trabajo de las trabajadoras sexuales han mejorado”.

Cotizar, como el resto de trabajadores. Tener acceso a una jubilación. Si trabajas por cuenta de terceros, tener vacaciones. En resumen, tener los mismos derechos que el resto de trabajadores, aunque, eso sí, prestando especial atención a los derechos humanos, a la sanidad y a la seguridad de las trabajadoras y trabajadores.

“Tiene sentido, ¿no?”, apunta Catherine Healy. Coordinador y una de las fundadoras del Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda (NZPC, por sus siglas en inglés), Healy explica a El Salto como ha influido en las condiciones que viven las trabajadoras del sexo de este país el modelo de descriminalización puesto en marcha en 2003 con la aprobación de la Reforma de la Ley de Prostitución, un texto que recogía las medidas defendidas por este colectivo y por el que luchó desde su creación en 1987.

¿Cómo es el modelo de Nueva Zelanda? 

Lo que llamamos descriminalización es una manera muy progresista de establecer las condiciones de las trabajadoras sexuales. Supone que las trabajadoras sexuales tengan muchas opciones para trabajar de diferentes maneras. La ley pone su principal interés en las trabajadoras sexuales, en su trabajo, seguridad y salud, con el marco de los derechos humanos y la protección frente a la explotación.

La ley contempla que las trabajadoras sexuales puedan trabajar para un jefe, puedan ser contratadas por una tercera persona o, si quieren, puedan trabajar en un prostíbulo, pueden trabajar en un prostíbulo y tener un jefe y si el trato no es bueno, como el resto de trabajadore, se puede quejar. Podemos tener sindicatos y trabajar juntas. Que también puedan trabajar por su cuenta, desde casa. Simplemente somos tratadas como cualquier otro trabajador u otra forma de fuerza trabajo, lo que tiene sentido.

Las trabajadoras sexuales pueden trabajar juntas [hasta cuatro sin necesidad de un certificado], desde casa o en la calle menos en las zonas explícitamente prohibidas, aunque, teniendo esa libertad, usualmente el trabajo en la calle es solo para encontrarse con los clientes. En Nueva Zelanda rechazamos que haya zonas delimitadas para el trabajo sexual de calle ya que crea muchos problemas de masificación, consideramos mejor que sean las trabajadoras las que decidan cuáles son los sitios más seguros para trabajar, y generalmente trabajan de manera muy discreta. La descriminalización es muy diferente de la legalización, que es un modelo muy restrictivo en el que las trabajadoras suelen estar gestionadas por el Estado y controladas por la Policía.

Creo que alrededor del 40% de las trabajadoras sexuales aun trabaja para un jefe en prostíbulos, pero el resto son independientes, e, incluso las que trabajan en prostíbulos son independientes también.

¿En la ley se dice algo sobre jornada laboral, vacaciones, por ejemplo, o hay, por ejemplo acuerdos para fijar precios del servicio?

No, porque la cada situación es bastante diferente, y las trabajadoras deciden independientemente sobre estos temas. Ellas se manejan su propio trabajo, e incluso si trabajan para un jefe, cada una paga sus impuestos y decide qué horas quiere trabajar etc. Si eres empleado tienes vacaciones y si trabajas por tu cuenta lo resuelves también por tu cuenta, como el resto de trabajadores autónomos.

En cuanto al precio del servicio, generalmente cada trabajadora decide sus propios precios. Si trabajan en un prostíbulo, en este se pueden fijar precios y si la trabajadora no está de acuerdo, no trabaja ahí ya está o se negocia entre la trabajadora y el dueño del prostíbulo.

Sobre la promoción de la salud, ¿cómo funciona? ¿hay controles sanitarios periódicos obligatorios, como pasa en países como Austria? 

Pienso que aquí la promoción del sexo seguro es muy fuerte y las trabajadoras sexuales son muy buenas en imponer el sexo seguro. Claro que a veces hay clientes que intentan tener sexo sin condón, pero creo que el modelo de descriminalización ha ayudado también en esto a las trabajadoras sexuales. Cuando el trabajo sexual era ilegal, si se encontraban condones en un local incluso se usaba como prueba de que este era un prostíbulo. Ahora se puede hablar francamente y con mucha libertad y es más fácil promover buenas prácticas. Creo firmemente que la descriminalización ha supuesto una mejora en la salud de las trabajadoras sexuales.

En cuanto a los controles sanitarios, no. No tenemos controles periódicos obligatorios controlados por el Estado. Cada trabajadora decide cuándo hacerse un examen médico y los resultados son confidenciales, entre la trabajadora y el médico. La mayoría de las trabajadoras sexuales están muy motivadas en controlar su salud. Por ejemplo, hay organizaciones médicas que trabajan con las trabajadoras sexuales, son centros comunitarios a los que pueden acudir sin decir su nombre, solo un código, y se respeta completamente su intimidad.

Hace algunos meses comenzó a sonar el nombre de Sabrina Valisce, una trabajadora sexual que también luchó en Nueva Zelanda por la ley aprobada en 2003 pero que ahora critica este modelo afirmando que este ha tenido como consecuencia que las trabajadoras trabajen hoy más por menos dinero, ¿qué opinas sobre que dice Valisce?

En primer lugar, Sabrina basa sus comentarios en su propia experiencia, no en investigaciones independientes. Es muy posible que esta haya sido su experiencia, que ahora tenga que trabajar mucho más para conseguir clientes, pero dudo de que esto esté relacionado con la descriminalización del trabajo sexual. Creo que lo está con una dinámica de edad que existe en muchos sitios en trabajo, en los que los más jóvenes son valorados por encima de los más mayores.

Sí hay investigaciones independientes llevadas a cabo desde varias universidades en las que se muestra que no es posible valorar si ahora las trabajadoras tienen que trabajar más o no. De todas maneras, y sí es importante, es que lo que sí que han mostrado es que las trabajadoras y trabajadores sexuales, con la descriminalización, tienen más capacidad para rechazar clientes, por lo que tienen mucho más control sobre cuánto trabajo, y de qué tipo, sienten que están haciendo.

Y en cuanto a las que decidan dejar el trabajo sexual, ¿se contempla algún tipo de ayuda?

Sí, y si quieres dejar de ser trabajadora sexual también te dan ayudas económicas. Es muy diferente si estuviera trabajando en otro trabajo… Si fuera maestra, por ejemplo, y quisiera dejarlo, tendría que esperar un tiempo hasta recibir una ayuda económica y estaría un tiempo que pasaría sin trabajar ni cobrar esta ayuda, pero siendo trabajadora sexual, si quiero dejarlo, el Estado inmediatamente te daría dinero para apoyarte. Es algo que es muy diferente con respecto al resto de trabajadores. El Estado reconoce que no quiere forzar a las personas a mantenerse en el trabajo sexual.

Este apoyo económico ¿es por meses o por cuánto tiempo? 

Si consigues otro trabajo o vuelves a trabajar como prostituta te la quitan. La ayuda no tiene límite de tiempo, dura tanto tiempo como la necesites y te ayudan a encontrar otro trabajo.

Esta ley se aprobó en 2003, hace ya quince años. ¿Cómo fue el proceso que llevó a su aprobación?

La propuesta de ley vino de nosotras. Empezamos en 1987 como organización, y comenzamos a luchar por el cambio, directamente y con mucha fuerza. Nos llevó mucho tiempo que el Parlamento y los políticos nos escucharan. Fue muy controvertido, y conseguimos el apoyo de las grandes organizaciones de mujeres, fuimos muy afortunadas por ello. Ellas estaban de acuerdo en que las condiciones que afrontaban antes las trabajadoras sexuales no eran justas, que se necesitaba un reconocimiento de sus derechos humanos. También la gente de salud pública, y otras organizaciones de otro tipo, nos apoyaron.

Entonces, vuestra propuesta de descriminalización tuvo el apoyo también de prácticamente todo el movimiento feminista? 

Sí, en esa época contamos con su apoyo.

En España y gran parte de Europa, el trabajo sexual es un punto que divide al movimiento feminista. 

Sí, creo que muchas feministas confunden trabajo sexual con la trata. También argumentan que el trabajo sexual es la explotación de las mujeres. Pero también hay otras organizaciones feministas que dicen: "Mira, no podemos hacer que el trabajo sexual desaparezca, pero podemos mejorar las condiciones de trabajo".

Aquí se habla mucho desde hace ya varios años sobre el modelo noruego, que pone el acento en criminalizar al cliente en vez de a la trabajadora sexual. En las últimas semanas incluso se apuesta por señalarles en las redes sociales bajo el hasghtag #holaputero. ¿Qué te parece este modelo? 

Pienso que es muy peligroso. Aquí también se ha tenido esta discusión en 2010, después de que cambiara la ley, sobre adoptar el modelo noruego, y el Parlamento se tomó muy en serio para asegurarse de que era una discusión tomada entre nosotras y los abolicionistas tomaron los argumentos. Se rechazó fuertemente. Lo vemos como un modelo muy peligroso y por supuesto estábamos totalmente en desacuerdo con que se tratara de esta manera a los clientes de las trabajadoras sexuales, que se les criminalizara, lo que influye en que se disminuya la seguridad de las trabajadoras sexuales. 

Sabemos que muchas trabajadoras en muchos países se están quejando de esto. Espero que en España no sigan esa vía. Estaría bien que viniera una delegación del Gobierno español a Nueva Zelanda a conocer este modelo. Justo ahora ha venido una delegación de Vietnam a conocer nuestro modelo. Es importante que conozcan cómo ha mejorado en la salud y seguridad de las trabajadoras. 

¿Hay un censo de trabajadoras sexuales en Nueva Zelanda? ¿ha variado el número de personas que se dedican a la prostitución desde que se aprobó esta ley? 

Sí hay un censo, y no, no ha variado significativamente. Las cifras suben y bajan dependiendo de la economía, realmente. Creo que la gente pensó que con la ley de descriminalización iba a aumentar el número de personas que se dedicaran al trabajo sexual, pero es aún un estigma, aunque en este aspecto también haya habido una mejora. Hay muchas razones por las que una persona decide dedicarse al trabajo sexual, y también hay muchas razones por las que decidirse a continuar en este, pero el número de personas que se dedican al trabajo sexual no cambia simplemente porque cambie la ley. La gente no piensa de repente: “Oh, me voy a convertir en prostituta”.

No, realmente me planteaba que con esta ley, con la que se dan también tantas facilidades para abandonar el trabajo sexual, habría disminuido el número de personas dedicadas a este sector laboral. 

Hubo un 10% de trabajadoras sexuales que decidieron dedicarse a otra cosa, y creo que alrededor del 25% dijeron que este era el mejor trabajo que iban a poder encontrar. Ha habido investigaciones sobre esto, que ponían el foco en que estas personas estaban forzadas a trabajar en esto y necesitaban ayuda para poder salir del trabajo sexual, pero realmente era porcentaje muy pequeño. La mayoría ha decidido continuar y ha visto que se han mejorado sus condiciones de trabajo y vida."                   

(Entrevista a Catherine Healy. Coordinador y una de las fundadoras del Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda, Ter García, El Salto, 13/01/18)

 

"La Corte Suprema de la India dictamina que la prostitución es una profesión legal

La sentencia reconoce los derechos de las trabajadoras sexuales y su protección legal.

La Corte Suprema de la India, con el juez L Nageswara Rao como presidente ha hecho pública la sentencia mediante la que se despenaliza la prostitución y se confiere derechos a las trabajadoras sexuales.

«La ley penal debe aplicarse por igual en todos los casos sobre la base de la edad y el consentimiento», determina el fallo. En base a esta sentencia, siempre que las trabajadoras sexuales sean mayores de edad, y presten su consentimiento, la policía no podrá interferir ni emprender acciones penales contra ellas a partir de esta sentencia.

De esta manera, el trabajo sexual voluntario no es ilegal, aunque administrar un burdel sigue considerándose un delito.

«Sin perjuicio de la profesión, todo individuo en este país tiene derecho a una vida digna según el artículo 21 de la Constitución», señala la sentencia. Y además, explica que las madres que trabajen en el ámbito sexual no deberán ser privadas de la custodia de sus hijos, ni deme asumirse que los menores que estén viviendo en un burdel o con una trabajadora sexual sean objeto de trata sin investigaciones específicas.

También se señala que la policía no debe discriminar a las trabajadoras sexuales cuando sean víctimas de agresión sexual. De hecho en la sentencia se denuncia la actitud «bruta y violenta de la policía hacia las trabajadoras sexuales» lamentando que «es como si fueran una clase cuyos derechos no son reconocidos».

Los jueces lanzan también una advertencia en su sentencia hacia los medios de comunicación: les avisa para que tengan «el máximo cuidado de no revelar las identidades de las trabajadoras sexuales, durante las operaciones de arresto, allanamiento y rescate, ya sea como víctimas o acusadas y que no publiquen ni transmitan ninguna fotografía suya».          (Beatriz Talegón, Diario16, 29/05/22)