Auge y caída de los Pocholos, el grupo al que Ayuso confió un presupuesto de 7.000 millones... manejaron la Consejería de Educación y también una fundación pública que recibió seis millones del Gobierno autonómico durante casi tres años, hasta que resultaron vencidos en las luchas por el poder en el PP madrileño... La cadena de dimisiones que sucedió a su cese evidenció el ingente poder que el clan de 'los Pocholos' había acumulado en la administración regional... cinco jóvenes sin apenas experiencia en política que habían visto lanzadas sus carreras en el PP madrileño con sueldos de entre 70.000 y 100.000 euros han dimitido obedeciendo las instrucciones de su mentor... Una secta que acumuló mucho poder. Y un poder que le había dado Ayuso... compitió en influencia con Miguel Ángel Rodríguez y acabó perdiendo... Rasputín, como se le conoce en el sector de la educación, ejercía en la sombra, sin despacho en el Gobierno ni cargos públicos, colocando a sus peones. Pese a ello logró armar una Consejería de Educación a su medida, con discípulos de su academia y colaboradores del teatro: jóvenes de familias bien, de ideología ultraconservadora pero sin experiencia política. A cambio de la lealtad, recibían puestos de privilegio (José Precedo)

 "Rasputín y sus discípulos, apodados 'los Pocholos', manejaron la Consejería de Educación y también una fundación pública que recibió seis millones del Gobierno autonómico durante casi tres años, hasta que resultaron vencidos en las luchas de poder del PP madrileño

El Gobierno de Ayuso dio siete contratos públicos a dedo a su amigo y gurú, el líder de los 'Pocholos'

Los elementos folclóricos de la trama pueden despistar. Un dramaturgo amateur con tesis supremacistas y nostalgia del imperio español convertido en gurú de la presidenta de Madrid. Sus jóvenes pupilos, que gracias a su influencia, pasan de tocar el sacabuche o bailar en sus espectáculos a ser directores generales en la Comunidad de Madrid con sueldos de 100.000 euros. El apodo de 'los Pocholos' con el que alguien en el PP bautizó al grupo de Antonio Castillo Algarra, también conocido como Rasputín, uno de los asesores más poderosos durante años en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Pero la pregunta qué subyace a la mayor crisis del PP madrileño desde la caída de Cristina Cifuentes por su máster falso es en manos de quién han estado durante este mandato la Consejería de Educación, las universidades madrileñas y un presupuesto de 7.000 millones de euros cada año en Madrid. La respuesta corta es Emilio Viciana, un desconocido en el PP regional y también para la comunidad educativa, al que Ayuso hizo consejero en 2023 por recomendación de un asesor en la sombra y cuya carrera ha acabado de manera abrupta este lunes, destituido de forma fulminante sin ninguna explicación oficial.

Detalles pintorescos al margen, la principal consecuencia de su gestión es que la ley de universidades, uno de los proyectos estrella de la Comunidad de Madrid y que supuestamente se había estado elaborando en los últimos dos años, está muerta. Lo certificó el propio portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, este miércoles: “Tal y como está no va a salir”. Dos años perdidos en un contexto imposible para las seis universidades públicas de Madrid, a las que Ayuso -de eso no puede tener la culpa Viciana- ha asfixiado económicamente y en medio del avance de los centros privados que la propia presidenta se ha encargado de apadrinar.

El descontrol de la ley de universidades fue el último clavo en el ataúd de Viciana, pero las guerras de poder en el equipo de Ayuso habían empezado meses atrás. Enrique Ossorio, antecesor de Viciana en la consejería y hoy presidente de la Asamblea de Madrid, y la actual responsable de Hacienda, Rocío Albert, alto cargo con Ossorio en el anterior gobierno, nunca perdonaron al consejero que llevase a la fiscalía la denuncia que le hizo llegar un constructor sobre corrupción en la construcción de centros de Formación Profesional. Una nueva trama en el entorno de Ayuso que destapó elDiario.es.

Ossorio y Albert, temían entonces y también ahora que el sumario -con varios imputados y evidencias del fraccionamiento de facturas y el amaño de contratos- les acabe salpicando. Ambos dirigentes están aforados y solo pueden ser investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mientras la causa sigue escalando en el juzgado y las pruebas recopiladas apuntan a que semejante red de corrupción no pudieron urdirla a solas unos cuantos directores de instituto ni cargos intermedios como los que de momento están imputados.

Con una parte del núcleo duro de Ayuso enfrentado a Viciana por razones poco confesables y la ley estrella del Gobierno a medio hacer cuando ya ha transcurrido la mitad del mandato, la caída del consejero, el primero que destituye Ayuso en siete años, se precipitó este lunes. La cadena de dimisiones que sucedió a su cese evidenció el ingente poder que el clan de 'los Pocholos' había acumulado en la administración regional. Dos directores generales se fueron a las pocas horas: precisamente el responsable de Universidades, Nicolas Javier Casas y la de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Lera. El primero tocaba el trombón en la compañía de teatro de Castillo Algarra, el Rasputín de Ayuso, la segunda era la recepcionista de su academia de opositores, según adelantó El País.

El diputado que anunció el carrusel de dimisiones este martes en la Comisión de Educación de la Asamblea, Pablo Posse, ingeniero aeronáutico de formación, había hecho de regidor y microfonista en una obra de teatro de Algarra. Su compañera de escaño y de renuncia, Mónica Lavín, había sido actriz en la compañía y profesora en la academia. La tercera diputada que entregó el acta, Carlota Pasarón, pertenece también a ese mismo grupo.

Del clan de 'los Pocholos' también formaba parte la directora general de Juventud de la Comunidad, Laura Castilla, y el responsable de Enseñanzas Artísticas en la Consejería de Educación, Miguel Olive, que también fue bailarín en la compañía de Algarra. Estos dos no han dimitido de momento, pero en el Gobierno de Ayuso la mayoría los dan por amortizados.

Tras la reunión semanal del gabinete este miércoles, el portavoz Miguel Ángel García Martín, que intentó sin mucho éxito revestir la crisis de normalidad, no descartó nuevos ceses y pidió esperar a que la nueva responsable de Educación, Mercedes Zarzalejo, aterrizase en el puesto y conociese el equipo.

Así que de momento, lo que se sabe es que Castillo Algarra, alias Rasputín, había colocado en el Gobierno al consejero de Educación, a cuatro directores generales, además de tres diputados en el grupo parlamentario del PP y de garantizarse él mismo un asiento en el patronato del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, un organismo que Ayuso había creado a su medida y que ha recibido seis millones de euros de ayudas públicas en sus primeros tres años de vida.

Algarra renunció esta misma semana a su puesto y su despacho en la sede de los Teatros del Canal de Isabel II, en el distrito de Chamberí. Según su versión, dimitió el lunes, aunque el cese se conoció este miércoles. Varias fuentes confirman a elDiario.es que desde que supo de la destitución de Viciana, Algarra fue llamando uno a uno a todos sus discípulos, en el Gobierno y en el grupo parlamentario. “Tú verás lo que haces”, le dijo escuetamente a alguno de ellos, antes de colgar el teléfono. Mensajes parecidos recibieron los demás. El resultado es que cinco jóvenes sin apenas experiencia en política que habían visto lanzadas sus carreras en el PP madrileño con sueldos de entre 70.000 y 100.000 euros han dimitido obedeciendo las instrucciones de su mentor. Otros dos de momento intentan salvarse. Y en el partido cunde la sensación de que ese grupo bautizado con cierta inquina como 'los Pocholos' opera como una secta.

Una secta que acumuló mucho poder. Y un poder que le había dado Ayuso. Cómo si no, iban a acaparar puestos en el Gobierno y en el grupo parlamentario que la lideresa maneja con mano de hierro. La relación entre Rasputín y la presidenta empezó a fraguarse en la etapa en que todavía era candidata. En 2019 ya tienen alguna foto juntos. La dirigente acababa de recibir el encargo de Pablo Casado de ser cabeza de cartel en Madrid. Algarra empezó a asesorarla, le impartió lecciones de historia remasterizada por él que luego constituirían el corpus ideológico de su gobierno: la idea de la Hispanidad, que la Comunidad celebra la semana del 12 de octubre con inversiones millonarias, las diferencias entre la inmigración latinoamericana que es incluso recomendable y la de África, que no debe ser bienvenida, la preponderancia del castellano...

Algarra se ganó su confianza mientras echaba pestes contra algunas de las políticas de su antecesora, Cristina Cifuentes, especialmente por la ley trans y su programación cultural en los teatros. Revoloteó durante los primeros años de gobierno y se hizo imprescindible tras la mayoría absoluta de 2023. Cuentan algunas fuentes que compitió en influencia con Miguel Ángel Rodríguez y acabó perdiendo. Otros dirigentes aseguran que MAR siempre mandó más, pero que Algarra se hizo fuerte en áreas que al jefe de gabinete no le interesaban tanto: la educación y la cultura.

Rasputín, como se le conoce en el sector de la educación, ejercía en la sombra, sin despacho en el Gobierno ni cargos públicos, colocando a sus peones. Pese a ello logró armar una Consejería de Educación a su medida, con discípulos de su academia y colaboradores del teatro: jóvenes de familias bien, algunos muy formados académicamente, de ideología ultraconservadora pero sin experiencia política. A cambio de la lealtad, recibían puestos de privilegio, diputados con portavocía de área en la Asamblea General o directores generales con salarios que rondan los 100.000 euros.

Ese grupo de jóvenes, muy ideologizado, como demuestran algunas de sus intervenciones en la Asamblea de Madrid, no se limitaron a cobrar y a esperar su momento, querían mandar. Dirigentes que estuvieron sentados en reuniones con el consejero de Educación se quedaron estupefactos cuando vieron a uno de los diputados, Pablo Posse, el portavoz de área en la Asamblea, hablando en nombre de la consejería e interrumpiendo las explicaciones del propio Viciana.

El ascenso de 'los Pocholos' causó perplejidad en un sector del PP madrileño y la ascendencia de Rasputín incomodó a parte del Gobierno. Corrían anécdotas de cómo obligaba a algún viceconsejero de educación a ir a despachar con él a los Teatros del Canal de Isabel II, donde se había instalado, como codirector del Ballet Español, un capítulo al que llegaremos luego. En la consejería no se movía un papel sin que él lo tuviese controlado.

Se sabía, por ejemplo, que Rasputín estaba en contra del proyecto de educación bilingüe instaurado en la época de Esperanza Aguirre, pero no por las razones que invocaban los docentes, sino por su defensa del español y de las glorias pasadas del imperio.

Toda esa influencia empezó a mermar a raíz de un viaje de la presidenta a Florida con los rectores. Transmitieron a Ayuso que, diferencias ideológicas y financiación al margen, la ley estaba manga por hombro, que contenía errores graves y que parecía hecha por alguien sin relación con el mundo universitario. A la vuelta de vacaciones, la presidenta intervino de facto la consejería de Viciana. Colocó de viceconsejera a Mercedes Zarzalejo, una persona de su máxima confianza, que había sido alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, un pequeño pueblo de la región, y se había hecho famosa ya en la Asamblea de Madrid por un duro interrogatorio, repleto de bulos, a la esposa del presidente, Pedro Sánchez.

El portavoz del Gobierno, García Martín, intentó vender los cambios como un relevo normal en mitad de la legislatura. Para entonces, él mismo empezó a participar en algunas reuniones con los rectores, Zarzalejo y el propio Viciana. Fue cuando Ayuso constató que lo que decían los rectores era cierto y la ley no iba a salir. El consejero estuvo a punto de caer, según distintas fuentes, antes de navidad, pero la huelga masiva en las universidades madrileñas, le dio, paradójicamente, una bola extra: Ayuso no quería entregar su cabeza a los sindicatos.

Según fuentes que conocen cómo se fraguó el cese, la presidenta trasladó hace dos semanas a Viciana que su ley no iba a salir, y le pidió centrarse en un plan de financiación con el que salvar la cara mientras se multiplicaban las noticias sobre la asfixia de la universidad pública en Madrid. El contexto era adverso y el Gobierno tenía que responder en cada rueda de prensa sobre ello: a la Complutense le concedió la Comunidad de Madrid un crédito de 34 millones que deberá devolver con intereses y que le obligará a redoblar los recortes. Otros centros corren el riesgo de seguir el mismo camino.

Según las mismas fuentes, Viciana no se lo tomó bien. Y Algarra en su despacho de los Teatros del Canal todavía se lo tomó peor. Para pasmo de la presidenta Ayuso y de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, el pasado 6 de febrero, un viernes, a las cinco de la tarde, el anteproyecto de ley de universidades de Viciana apareció colgado en el portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Duró menos de una hora. Hasta que el gabinete de Ayuso exigió retirarlo sin avisar a Viciana. El pulso total había estallado. Viciana tardó poco más de una semana en caer. Este lunes 16 de febrero a media tarde fue destituido.

En su perfil de la red social X, Algarra, que no da entrevistas ni hace declaraciones pero comenta todas las noticias que se publican sobre él, intentó hacer ver que se trataba de una dimisión y que Viciana se había ido con la cabeza alta, “por coherencia”. En la Puerta del Sol el portavoz del Gobierno de Ayuso se limitó a citar el cese publicado en el BOE cuando los periodistas le preguntaron por la versión de Algarra. La presidenta lo más que ha dicho es que se ha ido “un funcionario honrado” mientras la oposición clamaba contra su gestión en la Asamblea de Madrid.

El martes se sucedieron las dimisiones en el Gobierno y el grupo parlamentario. En los casi tres años de gestión de 'los Pocholos' las polémicas se han multiplicado: desde las multas de hasta 100.000 euros por protestas a los campus que pretendían introducir en la ley hasta el mandato para que las universidades captasen un 30% del presupuesto de las empresas privadas. No está claro que todas las ideas fuesen suyas, hay quien ve la mano de Ayuso sobre ciertos artículos de la norma.

El encargo de la presidenta a la recién nombrada consejera, Mercedes Zarzalejo, otra soldado de Ayuso, es lograr un plan de financiación plurianual para presentar a las seis universidades públicas que están al borde del colapso. Para la famosa ley no hay fecha. Nadie se atreve a garantizar que vaya a estar lista antes de las autonómicas de 2027. Y está por ver si el cambio de caras implica un cambio de política en la educación madrileña en una región donde todo lo decide la presidenta madrileña. Miembros del Gobierno que conocen el conflicto aseguran que el error de Viciana fue desafiarla y ven la sombra de Miguel Ángel Rodríguez en la destitución. Pero el presupuesto y las líneas maestras las imponía Ayuso. Y está el caso de corrupción de la FP en el que no se puede culpar a Viciana, porque ahí el ya exconsejero ejerció de denunciante.

El fin de la era de 'los Pocholos' se notará también en la Consejería de Cultura y en la programación teatral. La Comunidad llegó a programar varias obras de la compañía de Rasputín, de ahí salen las fotos en las que caracterizado como un dios en su adaptación de la obra de Calderón El gran teatro del mundo. En total fueron 106.000 euros. Algarra, que no responde a las preguntas de los periodistas pero comenta todo en sus redes sociales, asegura que perdió dinero representando obras para la Comunidad de Madrid.

Luego está el asunto de la fundación creada a su medida para poner en marcha el Ballet Español de la Comunidad de Madrid. España ya tenía un ballet nacional que depende del Instituto Nacional de Artes Escénicas, pero Rasputín convenció a Ayuso de que su Gobierno debía impulsar el suyo. Más guerra cultural. El primer espectáculo se estrenó, cómo no, el 12 de octubre de 2024: un programa doble compuesto por La Suite Española, de Albéniz y Epifanía de lo Flamenco. Su director artístico, Jesús Carmona, dimitió al poco tiempo sin dar muchas explicaciones.

Castillo Algarra se quedó al frente. Forma parte de la junta directiva de la fundación y también del patronato, donde colocó a otros miembros de 'los Pocholos', como el dimitido Viciana, el todavía director general de Enseñanzas Artísticas, Miguel Olite, y el consejero de Cultura, Mariano de Paco, que ha ido multiplicando las subvenciones al organismo. En el primer año fueron 1,3 millones, el segundo, 2,3 millones y para este ejercicio se han presupuestado, 2,5 millones.

El Rasputín de Ayuso dimitió de todo esta semana y movió sus piezas para provocar una crisis en el Gobierno y el grupo parlamentario de la misma presidenta y amiga que lo convirtió en gurú. En la Comunidad sobreviven aún dos discípulos suyos, los únicos que han decidido desobedecerle. Dicen las malas lenguas, y esta semana hay muchas en el PP de Madrid, que por poco tiempo."

(José Precedo, eldiario.es, 21/02/26) 

Ayuso se queda sin su Rasputín y sus locos seguidores... fue engatusada por un gurú con barba y actitud excéntrica al que entregó el control de la Consejería de Educación... Ayuso dio siete contratos públicos a dedo a su amigo y gurú y líder del clan de los 'Pocholos', unos jóvenes sobradamente mal preparados y sometidos a sus enseñanzas, muy dados a la la cultura del esfuerzo y la meritocracia, y por lo tanto, incapaces de entregar la Ley de educación en los plazos marcados... o sea, un grupo de pijos sin ningún conocimiento especializado en las materias de sus competencias (Iñigo Sáenz de Ugarte)

 "El PP afronta la realidad de que la líder infalible que nunca se equivoca y el mejor ariete contra el sanchismo fue engatusada por un gurú con barba y actitud excéntrica al que entregó el control de la Consejería de Educación

El Gobierno de Ayuso dio siete contratos públicos a dedo a su amigo y gurú, el líder de los 'Pocholos'

Hay que ver lo mucho que le gusta a Isabel Díaz Ayuso la cultura del esfuerzo y la meritocracia. Hasta se lamentó en público por la situación de los jóvenes, porque “lo tienen todo” y “les falta cultura del esfuerzo, que se ha ido perdiendo por muchas cuestiones”. Será por eso que había colocado al frente de la Consejería madrileña de Educación a unos jóvenes sobradamente mal preparados y sometidos a las enseñanzas de un extravagante gurú con el fin de reorganizar el sistema educativo de la comunidad.

De entre todas las historias inimaginables que rodean a la presidenta de Madrid, no hay ninguna más delirante que la conocida esta semana. Ha quedado patente que la Consejería era incapaz de sacar adelante una polémica ley de universidades que contaba con la oposición de los rectores, asfixiados por la falta de recursos económicos. Después de retrasar la decisión durante meses, Díaz Ayuso se ha visto obligada a reconocer el fracaso y destituir a su consejero, Emilio Viciana –su primer cese en el Gobierno desde que llegó al poder en 2019–, lo que ha provocado varias dimisiones en su equipo. Todos ellos formaban parte del llamado Clan de los Pocholos. A pesar del nombre, no era una banda delictiva, sino un grupo de pijos sin ningún conocimiento especializado en las materias de sus competencias.

“Quiero a los mejores para Madrid. No tienen por qué ser solo del Partido Popular”, decía en 2021 sobre el Gobierno que quería formar. No se le ocurrió otra cosa tiempo después que subcontratar la política de educación a un escritor y director de teatro llamado Antonio Castillo Algarra. Decir que su figura estaba rodeada de misterio es quedarse muy corto. Pasaba por ser una especie de gurú personal de la presidenta a la que alimentaba con ideas para sus discursos relacionados con la cultura o la historia de España. No fue hasta noviembre de 2025 cuando un artículo de El País desveló su influencia en la política de Ayuso que esta había mantenido en secreto.

Su relación se remonta a varios años atrás. “Conocí a Isabel Díaz Ayuso por casualidad –dijo en una entrevista–, cuando ella era una chica que formaba parte del equipo de Cristina Cifuentes (que fue presidenta hasta 2018). Yo me puse a despotricarle sobre la cultura del PP y ella, muy atenta, me escuchó y puso mucho interés. Nos hicimos amigos”. Existe una foto de ambos publicada en el Instagram de Castillo y hecha en el Día de la Constitución de 2019.

A través de una academia de preparación de oposiciones y una compañía teatral, Castillo formó una red de acólitos –que algunos llaman ahora “secta” en el PP– de la que salieron varios de los peones instalados en la Consejería de Educación. Son tres diputados y dos directores generales que ahora han cogido la puerta de salida en solidaridad con el consejero cesado. Quizá haya sido por órdenes directas de Castillo. Eso revela que Ayuso aceptó incluir en sus listas electorales a varios de los nombres que le propuso él, un ejemplo evidente de su capacidad de influencia en la líder del PP madrileño. Rasputín tenía mano hasta en las decisiones más sensibles de la zarina de Madrid.

En la entrevista citada, Castillo se presentaba como un diletante aficionado a varias disciplinas artísticas sin ser precisamente un genio en ninguna de ellas. A pesar de eso, convenció a Ayuso de que pusiera en marcha un Ballet de la Comunidad de Madrid y ella le obligó a ser uno de los tres codirectores, según su versión. Si le preguntaban si estaba en contra de la “especialización”, respondía: “No me gustan las barreras, cuando se habla, por ejemplo de teatro, hasta se diferencia si es teatro de texto, teatro gestual… cuando es algo que debe tratar de ser todo uno. Huyo del concepto de hiperprofesionalización e hiperespecialización, algo a lo que denomino el bárbaro especialista”.

Lo malo es que sus seguidores también desdeñaban a los bárbaros que redactan las leyes. El consejero Viciana se saltó los plazos marcados para sacar adelante la ley. Llevaban arrastrando el tema en silencio desde hace un año, aunque ahora en el PP reconocen que el texto estaba mal redactado y contenía fragmentos con un claro sesgo político e impropios de un proyecto de ley. En junio de 2025, Ayuso aún decía que “la nueva ley de universidades ayudará a promover centros libres, sin censura, sectarismo ni endogamia”. Para entonces, se supone que conocía su texto o principios generales."

( Iñigo Sáenz de Ugarte, eldiario.es, 19/02/26) 

La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid deja en la calle a Ángela y a sus tres hijos, "que aparecen en la resolución judicial como denunciados. Tres menores, lo nunca visto", bajo un fuerte dispositivo policial: "En vez de ayudar, han decidido desahuciar"... "Es un caso de manual de dejadez de funciones. Lo suyo hubiera sido intentar realojarlos en una vivienda de emergencia, haberles concedido algún tipo de prórroga o haber intentado colaborar con el gobierno municipal para explorar otras alternativas"... mientras la Agencia de Vivienda Social tiene 884 viviendas vacías (Inés García Rábade)

 "Finalmente ha ocurrido. Ángela y sus tres hijos -de 7 años, 5 años y 9 meses- se han quedado en la calle. Les han arrebatado lo único que tenían: su hogar. El desahucio estaba programado para este miércoles a las 10 de la mañana. Y ni los informes de servicios sociales, ni la protesta convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ni la situación de indefensión de los menores han conseguido impedirlo. La Agencia de Vivienda Social (el antiguo IVIMA), dependiente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, se ha mostrado imperturbable. Llevando la denuncia hasta el final. Hasta sus últimas consecuencias. Con la resolución judicial en la mano y por medio de un fuerte dispositivo policial, Ángela y sus hijos eran escoltados fuera del portal del número 18 de la Avenida de la Libertad, en Alcorcón.  

"Aún no me lo creo", comenta en conversación con Público la afectada. "Me la han cerrado", añade con incomprensión. Y es que, poco después de forzar su salida del edificio, la policía procedía a tapiar la puerta de la vivienda. Para impedirle el acceso a la que ha sido su casa durante más de cinco años. La misma casa que la acogió cuando, poco después de su divorcio, se encontró sola y sin alternativas. En la que ha visto crecer a sus hijos mayores. Y nacer a la más pequeña, todavía una bebé. Ángela se siente vulnerable, abandonada por las instituciones. Pero no por eso va a rendirse: "Voy a seguir luchando por mis hijos".

Finalmente ha ocurrido. Ángela y sus tres hijos -de 7 años, 5 años y 9 meses- se han quedado en la calle. Les han arrebatado lo único que tenían: su hogar. El desahucio estaba programado para este miércoles a las 10 de la mañana. Y ni los informes de servicios sociales, ni la protesta convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ni la situación de indefensión de los menores han conseguido impedirlo. La Agencia de Vivienda Social (el antiguo IVIMA), dependiente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, se ha mostrado imperturbable. Llevando la denuncia hasta el final. Hasta sus últimas consecuencias. Con la resolución judicial en la mano y por medio de un fuerte dispositivo policial, Ángela y sus hijos eran escoltados fuera del portal del número 18 de la Avenida de la Libertad, en Alcorcón.

"Aún no me lo creo", comenta en conversación con Público la afectada. "Me la han cerrado", añade con incomprensión. Y es que, poco después de forzar su salida del edificio, la policía procedía a tapiar la puerta de la vivienda. Para impedirle el acceso a la que ha sido su casa durante más de cinco años. La misma casa que la acogió cuando, poco después de su divorcio, se encontró sola y sin alternativas. En la que ha visto crecer a sus hijos mayores. Y nacer a la más pequeña, todavía una bebé. Ángela se siente vulnerable, abandonada por las instituciones. Pero no por eso va a rendirse: "Voy a seguir luchando por mis hijos".

Volverá a intentarlo todo. Pedir la reasignación del que ha sido su hogar, entrar en la lista de solicitantes de vivienda social de la comunidad, buscar algún tipo de ayuda complementaria para el alquiler. Cualquier vía a su alcance para que sus hijos disfruten de una vida plena. "Qué les costará regularizar mi situación y reconocerme como inquilina de un piso en el llevo tantos años", se lamenta al otro lado del teléfono. "Nunca me he negado a pagar un alquiler, ni aquí ni en otro lado. Lo único que necesito es un techo para mis hijos", sostiene la madre de los tres menores. "Con lo que cobro del Ingreso Mínimo Vital y con lo poco que me ayuden, seguro que algo se puede hacer", propone.

No han sido días fáciles. "Cómo te mentalizas de un mes para otro de que te van a dejar sin casa", se pregunta la afectada. Porque sí, le avisaron a mediados de septiembre de una sentencia ya en firme desde el mes de junio. "No me han dado tiempo para reaccionar", critica la inquilina. "He intentado no pensarlo mucho y mostrarme fuerte delante de mis hijos. Son muy pequeños, no he querido preocuparles", continúa. Aún así, ha habido momentos especialmente difíciles de sobrellevar. Como ver por primera vez la casa vacía, sin vida. "Preparar y meter todos mis recuerdos en cajas, a la espera de lo que pudiera pasar, ha sido muy duro", reconoce emocionada.

 Una veintena de policías

Hace falta repetirlo. Ni un banco, ni un fondo, ni un gran tenedor. El desahucio de Ángela lo ha impulsado un organismo público, financiado con el dinero de todos y dependiente del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza. "Conocían la situación. Tanto ellos como el ayuntamiento -del Partido Socialista-, que dispone de sus propios servicios sociales y podría haber ofrecido alguna alternativa. Ninguno ha querido hacer nada. Podrían haber ayudado, pero han decidido desahuciar", denuncia a Público Mirtha Morocho, portavoz de la PAH de Alcorcón.

Y lo han hecho a través de un dispositivo policial extraordinario. "Para un primer intento, teniendo en cuenta que hablamos de una madre y tres niños, una veintena de policías es totalmente desproporcionado", juzga Manuel San Pastor, abogado de la PAH. En lo que califica como una estrategia para intimidar a la familia. Una intimidación que comenzaba días antes, el lunes. Frente a las amenazas de desahucio, la PAH de Alcorcón se movilizaba a comienzos de semana en redes convocando una concentración frente a la residencia de Ángela para el día del desalojo. "Como respuesta, la policía se presentó esa tarde en mi casa para advertirme. Me insistieron en que no me resistiera. Me llegaron a decir que, con la orden judicial, podían tirar la puerta abajo", asegura la afectada. Una instrumentalización del miedo, subrayan desde la PAH, habitual en este tipo de procedimientos.

 Una semana en la que a la presidenta madrileña se le llenaba la boca hablando de los derechos de la infancia. Bueno, de los no nacidos. "Es indignante. ¿Qué alternativa ha ofrecido ella a estos tres niños? Uno de los cuales, no nos olvidemos, tiene menos de 10 meses", recalca en conversación con Público San Pastor. "Es de una hipocresía y de una mezquindad manifiestas", valora el letrado. Menores a los que, para más inri, no sólo ha expulsado de su vivienda. "Sus nombres aparecen en la resolución judicial como denunciados. Tres menores, lo nunca visto", critica el activista.

Desde el PAH se muestran tajantes: "Es el colmo de la inhumanidad". Por parte de una administración que vulnera el derecho a techo de sus ciudadanos, abandonando a una familia en la más absoluta indefensión. Y saltándose las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de protección de la infancia. "Es un caso de manual de dejadez de funciones. Lo suyo hubiera sido intentar realojarlos en una vivienda de emergencia, haberles concedido algún tipo de prórroga o haber intentado colaborar con el gobierno municipal para explorar otras alternativas", reivindica San Pastor. "Es una irresponsabilidad que alimenta el círculo vicioso de la marginalidad y el desamparo de muchas familias -cada vez más-, que no pueden acceder al mercado convencional", sentencia el activista.

Público se ha puesto en contacto con la Agencia de Vivienda Social y con la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid, encabezada por Jorge Rodrigo Domínguez, para preguntarles por qué se han denegado las solicitudes de readjudicación del piso y de realojo de Ángela y sus hijos. También ha querido saber por qué no se ha considerado el informe de vulnerabilidad emitido por los servicios sociales, paralizando temporalmente el lanzamiento y ofreciendo a la familia algún tipo de alternativa residencial. Sobre todo atendiendo a la presencia de tres menores en el domicilio, uno por debajo del año de edad. Por último, este diario se ha interesado por el alto número de viviendas vacías gestionadas por la AVS: 884. ¿Por qué se demora tanto su adjudicación? ¿Se priorizan estas viviendas frente a las ya ocupadas? Hasta el momento de la publicación de este artículo, ninguno de los dos organismos ha querido ofrecer respuestas."

( Inés García Rábade , Público, 15/10/25)

Ernesto Ekaizer: La estrategia política de Ayuso le resulta cara a su pareja, de 8 meses de prisión con pacto a la petición ahora de 3 años y nueve meses... Esa estrategia supuso hacer naufragar por razones de estrategia política un pacto sumamente beneficioso para González Amador... y también a Díaz Ayuso, que unió su destino al desarrollo de la causa contra su pareja, pero MAR y Ayuso siguen en su línea en la que niegan la realidad de los delitos fiscales y culpan al gobierno de Pedro Sánchez

 "La Fiscalía de Madrid pide tres años y nueve meses de cárcel para el presunto comisionista Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En su escrito de acusación en el que solicita la apertura de juicio oral, el fiscal a González Amador imputa dos delitos contra la Hacienda Pública en concurso con falsedad documental.

La petición de pena (dos años y un día por uno de los delitos y un año y nueve meses por el otro) se atenúa gracias a la apreciación de la circunstancia de reparación del daño.

González Amador depositó los 300.000 euros que no pagó a Hacienda en los ejercicios de 2020 y 2021.

Su plan era, según la Agencia Tributaria, eludir el delito fiscal con dicha regularización ilegal.

El abogado Carlos Neira, exalto cargo de Hacienda, asesoró a González Amador. Al conocer el informe de la Agencia Tributaria (AEAT) según el cual calificó que la crisis sanitaria de la Covid-19, a partir de 2020, "supuso una oportunidad de negocio" para una de sus compañías, Maxwell Cremona SL, e hizo un examen exhaustivo de sus operaciones, Neira aconsejó negociar un pacto de conformidad y de esa manera evitar el juicio en la Audiencia de Madrid.

González Amador ganó 1,9 millones de euros por intermediar en la venta de mascarillas durante la pandemia del coronavirus .Pero en los ejercicios 2020 y 2021, según los inspectores de Hacienda, su empresa Maxwell Cremona dejó de ingresar cuotas por valor de 350.951 euros.

Neira comunicó a la Fiscalía de Madrid el 2 de febrero de 2024 que González Amador, estaba en disposición de aceptar los dos delitos fiscales y pagar algo más de 500.000 euros. El borrador de acuerdo preveía cuatro años de cárcel por cada uno de los dos delitos, él pagó de una multa del 40% y los intereses correspondientes. Con ese acuerdo, González Amador no entraba en prisión, ya que carece de antecedentes penales.

Filtración del expediente

Pero la filtración del expediente de Hacienda llevó al jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, el exsecretario de Estado de Comunicación del Gobierno de José María Aznar en 1996, Miguel Ángel Rodríguez, conocido como MAR, a entablar una batalla política. González Amador le permitió filtrar a MAR un correo del primer fiscal del caso Julián Salto, en el que este respondía a Neira que era posible llegar a un acuerdo cuando el caso pasara a un juzgado de Madrid. A su vez se filtró a los medios el primer correo enviado por Neira al fiscal Salto en el que proponía las condiciones del pacto a la luz de las conversaciones que ambos habían mantenido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, en línea con la estrategia de MAR, desarrolló una defensa de su pareja, con el argumento de que en realidad era Hacienda quien le debía 600.000 euros a él, y que, en todo caso, el procedimiento era una simple multa. El centro de sus argumentos era que el Gobierno de Pedro Sánchez castigaba a González Amador porque era su pareja, que se trataba de una operación política.

Esa estrategia supuso hacer naufragar por razones de estrategia política un pacto sumamente beneficioso para González Amador. Ahora ha pasado de los ocho meses de prisión por los dos delitos a los tres años y nueve meses, si se incluye la pena de falsedad documental. Y, claro, ahora corre el riesgo serio, si es condenado, de entrar en prisión.

Pero, además, González Amador es investigado también por sus actividades de negocios con el grupo sanitario Quirón, uno de los principales en la Comunidad de Madrid.

Los negocios de González Amador parecen haber crecido al compás del aumento de la actividad de Quirón en contratos con la Comunidad de Madrid.

Una pieza separada en el juzgado 19 de Madrid investiga -ahora con la participación de la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO)- los negocios de González Amador bajo la calificación de posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La investigación busca verificar si la compra de un ático que González Amador compró encima de su piso en el madrileño barrio de Chamberí (en el que vive Díaz Ayuso) por 955.000 euros, podría proceder de las cuotas defraudadas a Hacienda, por un lado, o si las actividades de González Amador podría ser un delito subyacente de un blanqueo de capitales, figura que por el momento no forma parte de los delitos bajo sospecha.

La estrategia política de MAR le ha salido ya muy cara a González Amador y también a Díaz Ayuso, quien negó cualquier atisbo de delito fiscal en la actividad de su pareja desde que se filtró el expediente de Hacienda, en marzo de 2024.

Díaz Ayuso unió su destino al desarrollo de la causa contra su pareja Y el resultado provisional es el que es: González Amador tendrá que sentarse en el banquillo del juicio en los próximos meses.

No se puede excluir teóricamente que intente al comenzar la vista oral renovar el pacto de conformidad, pero la estrategia de su defensa jurídica condicionaba esa posibilidad al archivo de la pieza separada sobre tráfico de influencias y corrupción en los negocios que sigue su curso, ahora con intervención de la UCO por la complejidad detectada en las operaciones realizadas.

En cuanto a MAR y Ayuso siguen en su línea en la que niegan la realidad de los delitos fiscales y culpan al gobierno de Pedro Sánchez.

Hay dos delitos fiscales. Hay falsedad en las facturas para simular gastos ficticios.

Pero para Díaz Ayuso se trata de una multa, de una inspección fiscal “salvaje” todo ello provocado por el gobierno comunista, norcoreano y bolivariano de Pedro Sánchez en sus últimos y contados días…" 

(Ernesto Ekaizer , blog, 17/07/25) 

Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid durante el Covid: Ayuso y Escudero sabían lo que estaba pasando en las residencias y decidieron no actuar... Me cuesta creer que Carlos Mur tomara una decisión de este calibre por su cuenta. Alguien tuvo que indicarle lo que debía hacer... la información la tenían. Desde la Consejería de Políticas Sociales les informábamos diariamente sobre la situación de cada residencia: cuántas personas estaban infectadas, cuántas habían fallecido, qué necesidades tenían y qué bajas presentaban... Todo esto se enviaba a la Consejería de Sanidad, que a partir de ahí tenía conocimiento exacto de lo que estaba ocurriendo... Que en pleno siglo XXI, en 2020, hubiera personas que murieran sin recibir tratamiento mórfico ni paliativo es algo que no puede aceptarse en una sociedad avanzada... y lo que dijo Ayuso de que los mayores morían en cualquier sitio es falso. Muchas personas sobrevivieron gracias a tratamientos médicos

 "Alberto Reyero fue consejero de Políticas Sociales en la Comunidad de Madrid durante los primeros meses de la pandemia de covid-19. También fue una de las pocas voces dentro del Gobierno madrileño que se atrevió a cuestionar públicamente la gestión de la crisis en las residencias. Lo hizo desde dentro, formando parte de Ciudadanos, entonces socio de coalición del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Su disconformidad con las decisiones tomadas −especialmente con los llamados protocolos de la vergüenza que vetaron derivaciones hospitalarias de miles de mayores− acabó con su dimisión meses después.

En 2022, Reyero relató su experiencia desde dentro del poder en Morirán de forma indigna, un libro en el que detalla las tensiones internas y los silencios que rodearon la tragedia de las residencias. Ahora, apenas un día después de que se anunciara su testificación en la segunda causa judicial abierta contra ex altos cargos del Ejecutivo de Ayuso imputados por presunta denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, el exconsejero habla con Público sobre quiénes fueron −a su juicio− los verdaderos responsables políticos de lo ocurrido y por qué considera importante poner el foco en la desmedicalización de las residencias durante la gestión de la crisis.

¿Cómo recibió la noticia de la imputación de los ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso?

Me sorprendió, aunque no del todo. Ya estaba al tanto de la querella colectiva que se presentó en octubre del año pasado y entendía que podía avanzar. Lo que no esperaba era la imputación de los dos ex altos cargos del Gobierno de Ayuso. Ahora estoy expectante por lo que esto pueda significar, aunque todavía no tenemos certezas.

En el entramado de decisiones, ¿cree que Carlos Mur de Víu y Javier Martínez Peromingo fueron los únicos responsables o había más implicados? 

Siempre he dicho que esto es algo que tendrá que aclarar la jueza. Nunca se ha dado una explicación sobre este asunto, ni siquiera en la Comisión de Investigación. Personalmente, me cuesta creer que un director general tomara una decisión de este calibre por su cuenta. Alguien tuvo que informarle o indicarle lo que debía hacer. 

Me cuesta creer que Carlos Mur tomara una decisión de este calibre por su cuenta. Alguien tuvo que indicarle lo que debía hacer

No actuó por iniciativa propia, o al menos eso creo. Pero insisto: eso es algo que deberán aclarar quienes participaron. A menudo me preguntan sobre esto, y como yo nunca formé parte de esa cadena de decisiones, solo puedo imaginar qué pudo haber pasado. Como exconsejero, puedo afirmar que un director general no habría tomado una medida así sin recibir instrucciones.

Ha señalado en varias ocasiones la falta de empatía de Ayuso y su equipo hacia las familias. Algunas de ellas hablan incluso de "maltrato". En una entrevista con Público, mencionó que este tipo de reacciones por parte del Ejecutivo madrileño se han repetido en otras crisis. ¿En qué consiste ese patrón?

Solo hay que mirar otras crisis para entender lo que está pasando. No hablo solo de la DANA, que tenemos muy reciente, sino también de casos como el del 11M. En situaciones así, a veces da la impresión de que las víctimas acaban siendo tratadas como enemigas, cuando debería ser justo lo contrario. Hay que acogerlas, acompañarlas, como se hace con las víctimas del terrorismo −con las que, por supuesto, estoy completamente de acuerdo en cómo se les trata−. Pero a las víctimas de una catástrofe también hay que mostrarles empatía y estar de su lado.

A veces da la impresión de que las víctimas acaban siendo tratadas como enemigas, ocurrió también con la DANA y con el 11M

En el caso de la Comunidad de Madrid, han pasado cinco años y el Gobierno de Ayuso no ha mantenido ni una sola reunión con las familias. Yo, en julio de 2020, tuve la primera reunión con ellas. Fue una reunión tensa, comprensiblemente, después de todo lo ocurrido. Pero sentí que era mi obligación estar allí. Quizá porque no tenía nada de lo que avergonzarme y podía explicar cada una de las decisiones que tomé. Hay otros que no son capaces de hacer eso. No sé qué les pasa por la cabeza, pero lo que proyectan es una falta de empatía, y eso en un político es muy grave.

Varias familias han pedido que se reabra una comisión de investigación y que esto no quede solo en el ámbito judicial. ¿Está de acuerdo con que también se depuren responsabilidades desde la política?

Recuerdo perfectamente la primera vez que me preguntaron si apoyaba una comisión de investigación sobre lo ocurrido. Fue a principios de abril de 2020, cuando aún era consejero. En ese momento ya dejé claro que estaba totalmente a favor de una Comisión Ciudadana por la Verdad. De hecho, cuando el Partido Popular no tenía mayoría absoluta, se abrió una investigación, pero en cuanto la consiguió, la cerraron.

No se trata de buscar culpables, sino de entender qué falló y corregirlo para que no vuelva a repetirse

Sigo creyendo que debe haber una comisión de investigación, y no solo en la Comunidad de Madrid, sino en el ámbito nacional. He firmado iniciativas impulsadas por Manuel Rico, Fernando Flores y otras plataformas que piden esclarecer lo ocurrido. Las apoyé sin matices. No se trata de buscar culpables, sino de entender qué falló y corregirlo para que no vuelva a repetirse.

¿Qué opina de las respuestas que ha dado hasta ahora la Comunidad de Madrid? Como, por ejemplo, que los mayores no hubieran podido ser atendidos en los hospitales por estar colapsados.

Han sido, más bien, reacciones defensivas sin dar ninguna explicación. Nadie ha aclarado por qué se elaboraron esos protocolos, por qué no se permitió trasladar a los residentes al hospital de campaña de Ifema, por qué no se medicalizaron las residencias o por qué se enviaron 1.800 sanitarios a Ifema en lugar de reforzar los centros donde estaban los más vulnerables.

Simplemente, no han dado respuestas. La falta de argumentos es tan evidente que estoy convencido de que, si hoy preguntáramos a Ayuso por los protocolos, negaría su existencia o, en todo caso, diría que solo eran borradores. Esa negación de la realidad, para mí, lo dice todo.

¿Cree que el hecho de que no se medicalizaran las residencias fue tan grave como los propios protocolos?

Fue una situación muy grave, sin duda. Yo entonces dije una frase que se repitió mucho: en un contexto así, o el residente iba al hospital, o el hospital debía ir a la residencia. Si se decidía que no podían ser trasladados porque recibirían mejor atención en la propia residencia, podía entenderse. Pero lo que no era aceptable era rechazarles el ingreso hospitalario y dejarlos abandonados en las residencias. Eso no tiene justificación.

Rechazar el ingreso hospitalario de los mayores y dejarlos abandonados en las residencias, no tiene justificación

¿Qué sabe sobre esa desmedicalización? ¿Cómo se organizó, y quién la ordenó?

Durante la pandemia se cerraron los centros de urgencias de Atención Primaria, los denominados SUAP. En total, alrededor de 1.800 sanitarios dejaron de prestar servicio allí. Podrían haberse destinado perfectamente a las residencias, donde estaban las personas más vulnerables. Sin embargo, se decidió enviarlos a Ifema para atender a pacientes con pronóstico leve.

No fue simplemente una desmedicalización de las residencias, fue una mala gestión de los recursos. Se destinaron a lugares donde no eran prioritarios, dejando desatendidas a las personas que realmente lo necesitaban: los mayores en situación más grave. Hay que recordar que este virus golpeó especialmente a las personas mayores y, dentro de ese grupo, a quienes vivían en residencias. Esa decisión fue tomada por la Consejería de Sanidad, que era la administración competente. Más allá de eso, no tengo información, pero la responsabilidad fue suya.

La Consejería de Sanidad de Madrid tuvo la responsabilidad de no dejar desatendidos a los mayores en la pandemia

En su libro Morirán de forma indigna también cuenta que el 25 de marzo de 2020, durante un Consejo de Gobierno telemático, pidió a 100 sanitarios para reforzar las residencias… y no le dieron a nadie. Con el paso del tiempo, ¿por qué cree que no se le asignó ningún profesional? ¿Fue una decisión deliberada? 

Entiendo que sí. Mi petición se enmarcaba en lo que ya había explicado antes, tras una visita que hice el año anterior. A partir de ahí, lo que pedí fue algo muy modesto: que, al menos, se interviniera en aquellas residencias que ya teníamos identificadas como especialmente problemáticas. No se trataba de actuar en las 475 residencias al mismo tiempo, porque no todas estuvieron en una situación crítica durante todo el periodo. Pero sí había un grupo concreto, especialmente al inicio, donde los problemas de atención sanitaria eran muy graves. Y pedí refuerzos, específicamente, para esas residencias. Pero no se les dio.

¿Cree que ese Consejo de Gobierno demuestra que tanto Ayuso como Enrique Ruiz Escudero sabían lo que estaba ocurriendo en las residencias y, aun así, decidieron no actuar?

Sí, la información la tenían. Desde la Consejería de Políticas Sociales les informábamos diariamente sobre la situación de cada residencia: cuántas personas estaban infectadas, cuántas habían fallecido, qué necesidades tenían y qué bajas presentaban. Esta información se contrastaba con los datos que proporcionaban las propias residencias. Todo esto se enviaba a la Consejería de Sanidad, que a partir de ahí tenía conocimiento exacto de lo que estaba ocurriendo.

En su libro insiste en algo esencial: no es solo que murieran, sino cómo murieron. Sin cuidados paliativos y en soledad. ¿Cree que ese "cómo" se ha pasado por alto?

Creo que se ha dicho mucho sobre esto, y siempre intento ser respetuoso. La presidenta comentó que los mayores se morían en cualquier sitio, y que enviarlos al hospital no garantizaba que pudieran salvarse. Eso es falso. Los hechos demuestran que, aunque el virus era muy letal y muchos, jóvenes y mayores, fallecieron en hospitales, muchas otras personas sobrevivieron gracias a los tratamientos médicos que solo se pueden recibir allí. Para eso existen los hospitales: para cuidar y tratar a los enfermos graves. Es cierto que algunos no se recuperan, pero muchos sí.

Lo que dijo Ayuso de que los mayores morían en cualquier sitio es falso. Muchas personas sobrevivieron gracias a tratamientos médicos

Además, quiero destacar que no solo debemos recordar a quienes pudieron haberse salvado y murieron, sino también a aquellos que fallecieron en condiciones indignas. Que en pleno siglo XXI, en 2020, hubiera personas que murieran sin recibir tratamiento mórfico ni paliativo es algo que no puede aceptarse en una sociedad avanzada y de bienestar como la española.

Ha declarado como testigo en algunas querellas por homicidio. Ahora lo hace en una causa por discriminación. Desde su punto de vista, ¿qué cambia con este enfoque?

El enfoque es clave porque el problema está en las personas que diseñaron unos protocolos que, en la práctica, provocaron discriminación. Independientemente del resultado, en casos como un posible homicidio imprudente o una omisión del deber de socorro, es complicado establecer un nexo causal directo entre la decisión y la muerte. Siempre se puede argumentar que la persona falleció por el virus y no por la decisión tomada.

Pero aquí estamos ante un caso claro de discriminación. Que personas con discapacidad y dependencia no recibieran atención sanitaria me parece una discriminación evidente. Otra cosa es que un juez determine si eso constituye un delito; para eso está la justicia, que debe investigar y tomar decisiones. Imaginen si se negara atención sanitaria a mujeres solo por ser mujeres, o a personas de ciertas razas por prejuicios, alegando colapso. Eso sería un caso de discriminación flagrante. Y esto, para mí, es igual de grave.

¿Teme que este proceso acabe archivado, como ha ocurrido con otras causas?

Eso ocurre en cualquier proceso judicial. Dependerá de la decisión de cada juez o jueza. Puede optar tanto por archivar el caso como por seguir adelante con la investigación." 

(Entrevista a Alberto Reyero, Rocío Cruz, Público, 30/05/25)  

Las familias de los 7.291 ancianos muertos en las residencias sin posibilidad de ser atendidos en un hospital y sin asistencia a cuidados paliativos tienen la esperanza de que Carlos Mur, Antonio Burgueño y Francisco Javier Martínez Peromingo apunten hacia arriba y reconozcan que los protocolos de las vergüenzas no partieron de su decisión autónoma sino de un mandato de José Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad e Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad... les aconsejaría que no se hagan muchas ilusiones, porque van a seguir siendo leales a la omertá obligada por la cuenta que les trae... No creo que en Madrid se sea consciente del nivel de infamia con el que se maneja la política madrileña y el poder que mantiene al PP gobernando. La ingente maquinaria que dispone del botín de la comunidad más rica de España despedazará a cualquiera que la ponga en riesgo. Mur, Burgueño y Peromingo negarán todo y no se atreverán a señalar hacia arriba porque saben perfectamente que la cárcel es bastante mejor opción que ponerse en contra de quien maneja la llave de la caja en Madrid... Los que hoy van a declarar como investigados saben que han llegado a lo que han llegado en su carrera profesional por seguir unas normas de obediencia y silencio. Saben que se les cuidará por proteger a los capos, saben que tienen mucho más que perder si hablan, saben que les merece mucho más la pena la posibilidad de ir a la cárcel, en el caso de que sea así, que perder la protección de la familia incluso entrando en prisión. Porque después se saldrá y te darán el premio... En Valencia hemos visto cómo funciona la compra de voluntades. Maribel Vilaplana, en silencio para garantizarse seguir trabajando y haciendo dinero con normalidad al calor del PP. Los escoltas de Carlos Mazón, premiados con una medalla al mérito por no decir nada de dónde estuvo el President en esas horas críticas donde los valencianos morían. Salomé Pradas echando la culpa al gobierno central y asegurándose así un puesto de trabajo en una universidad privada con un porcentaje importante de financiación de la Generalitat. La familia se protege y no conviene quedarse fuera porque hace un frío desolador si abres la boca, el calor está asegurado si no delatas a los jefes (Antonio Maestre)

 "Las familias de los 7.291 ancianos muertos en las residencias sin posibilidad de ser atendidos en un hospital y sin asistencia a cuidados paliativos tienen la esperanza de que Carlos Mur, Antonio Burgueño y Francisco Javier Martínez Peromingo apunten hacia arriba y reconozcan que los protocolos de las vergüenzas no partieron de su decisión autónoma sino de un mandato de José Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad e Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad. Es normal que tengan la esperanza de que reconozcan lo obvio, que una decisión tan infame no puede salir de unos cargos medios, pero les aconsejaría que no se hagan muchas ilusiones de que saquen algo de coraje y dignidad, al menos en esta fase de la instrucción judicial porque van a seguir siendo leales a la omertá obligada por la cuenta que les trae.

Cualquiera puede pensar que ahora, que les han investigado, no se van a comer el marrón, que preferirán mirar hacia arriba y delatar a quienes les dictaron firmar y elaborar esos protocolos infames con los que dejaron morir sin esperanza a los más vulnerables. Pero las cosas no funcionan así, no con la derecha, no con el PP, menos en Madrid. Aquí se funciona como una mafia. Lo primero es cuidarse entre ellos, no delatarse y garantizarse privilegios y favores. Los que hoy van a declarar como investigados saben que han llegado a lo que han llegado en su carrera profesional por seguir unas normas de obediencia y silencio. Saben que se les cuidará por proteger a los capos, saben que tienen mucho más que perder si hablan, saben que les merece mucho más la pena la posibilidad de ir a la cárcel, en el caso de que sea así, que perder la protección de la familia incluso entrando en prisión. Porque después se saldrá y te darán el premio. Y apuntando hacia arriba tendrás la trena y la venganza.

No creo que en Madrid se sea consciente del nivel de infamia con el que se maneja la política madrileña y el poder que mantiene al PP gobernando. La ingente maquinaria que dispone del botín de la comunidad más rica de España despedazará a cualquiera que la ponga en riesgo. Mur, Burgueño y Peromingo negarán todo y no se atreverán a señalar hacia arriba porque saben perfectamente que la cárcel es bastante mejor opción que ponerse en contra de quien maneja la llave de la caja en Madrid. No quiero que las familias de los 7.291 tengan demasiadas esperanzas porque son buena gente, humilde y vapuleada, que ya ha sufrido demasiado. Me daría por satisfecho con que se reconociera que en Madrid se dejó morir a sus familiares y que Ayuso tenga que pagar políticamente por ello aunque sea por la vergüenza de tener que asumir cada día de su vida que se le recuerde que dejaron morir entre sufrimiento y agonía a 7.291 personas grandes dependientes.

En Valencia hemos visto cómo funciona la compra de voluntades. Maribel Vilaplana, en silencio para garantizarse seguir trabajando y haciendo dinero con normalidad al calor del PP. Los escoltas de Carlos Mazón, premiados con una medalla al mérito por no decir nada de dónde estuvo el President en esas horas críticas donde los valencianos morían. Salomé Pradas echando la culpa al gobierno central y asegurándose así un puesto de trabajo en una universidad privada con un porcentaje importante de financiación de la Generalitat. La familia se protege y no conviene quedarse fuera porque hace un frío desolador si abres la boca, el calor está asegurado si no delatas a los jefes.

Mur, Burgueño y Peromingo son demasiado pusilánimes para mostrar algo de decencia. No esperemos nada de ellos más que que las pruebas sean tan abrumadores que ni una judicatura con personajes como Peinado en su interior pueda evitar una condena. Son personajes de una calidad moral ínfima que habiendo hecho el juramente hipocrático firmaron unos documentos que impedían la atención médica a los más vulnerables, a los grandes dependientes, que impedía que se trasladara a alguien para tener la esperanza de morir sin dolor simplemente por el hecho de estar alojados en una residencia y si no eran lo suficientemente ricos como para pagarse un seguro privado. Un triaje político masivo que discriminaba a la gente por incapacidad, vieja y pobre. Una decisión malthusiana más próxima al programa que se daba en el Tiergartenstrasse 4 de Berlín que a lo que se espera de una institución sanitaria democrática. No pidamos dignidad a los que se la negaron a ancianos pobres."                    (Antonio Maestre , blog, 26/05/25)

El principal sospechoso del ‘caso FP’ de Madrid señala directamente al Gobierno de Ayuso... Las obras irregulares, concedidas a dedo, sin contrato y troceadas, tenían que pasar por la Consejería de Educación... era el propio consejero de la administración quien debía firmar para justificar la necesidad de las obras... Si bien por el momento se han acreditado una decena de obras ilegales que hicieron pasar por contratos menores, fuentes educativas sostienen que estas pueden obedecer solo a la punta del iceberg... Todo empezó después de que un empresario denunciara haber construido el centro sanitario de Ciudad Escolar sin cobrar (Rubén Rozas)

 "El principal sospechoso señalado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en el caso FP -todo un entramado de contratos troceados y obras ilegales que ponen en jaque a varios centros de la capital-, Alfonso Mateos, apunta directamente al anterior Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en el escándalo que saltó a la palestra el pasado verano.

De esta manera, el también subdirector de FP que la Consejería de Educación madrileña cesó en marzo de 2024 -momento en el que estalló todo- devuelve la pelota al departamento dirigido en aquel momento por Enrique Ossorio, al que se refiere directamente ante fiscal.

A decir verdad, fue hace un año cuando Mateos se pronunció en esta línea, aunque su descripción sale ahora a la luz e informa de ella este lunes elDiario.es. Más allá de las palabras de uno de los responsables de los centros de Formación Profesional, era el propio consejero de la administración Sol quien debía firmar para justificar la necesidad de las obras.

Y no solo eso, sino que Mateos reveló en su declaración por la construcción del pabellón sanitario del instituto Ciudad Escolar -primer caso que se conoció y para el que se presupuestaron 2,5 millones de euros por el procedimiento conocido como a dedo y sin contrato- que en 2017, año en el que llegó al puesto “esta mecánica ya se hacía”, apuntando además a otros lugares. “No solo se llevaron a cabo este tipo de operaciones con estos centros, sino con muchos otros como por ejemplo IES San Blas, Ignacio Ellacuría, Isaac Peral o Antonio Machado”.

Si bien por el momento se han acreditado una decena de obras ilegales que hicieron pasar por contratos menores, fuentes educativas sostienen que estas pueden obedecer solo a la punta del iceberg.

La administración Sol, cada vez más contra las cuerdas

Las informaciones que se han ido sucediendo arrinconan cada vez más al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, ya que no dejan de salir casos. En esta línea, la semana pasada se conocían otros dos sitios que se sumaban a los ocho sobre los que ya pesaba la ilegalidad: el IES Ciudad de los Poetas (Moncloa) y Tetuán de las Victorias (Tetuán). “Se han producido irregularidades con posible trascendencia penal”, dejaba patente la Intervención General de la región.

 En el caso concreto del primero de los casos; el de Tetuán, con 600 alumnos, prácticamente en su totalidad de Grado Superior, el análisis revela que se produjeron contratos recurrentes año tras año con la misma empresa en vez de sacarlos a concurso, quedando plasmadas estas  irregularidades en los servicios de electricidad, seguridad o prevención de incendios, aunque se produjeron reformas también en aulas o baños, con obras que superaban el importe permitido para una menor sin que ésta se saque a concurso. El mismo modus operandi se llevó a cabo en suministros que tampoco se licitaron.

En lo que compete al IES Ciudad de los Poetas, el informe muestra fallos igualmente en la contratación en el sentido de que no se publicaron ni pidieron tres presupuestos en algunas ocasiones. Asimismo, se encargaron obras a la empresa de mantenimiento sin que existieran informes de necesidad preceptivos.

La defensa de los centros pasaron el desconocimiento, alegando que, debido a la falta de formación financiero-jurídica de muchos de los responsables, las cuentas gestionaron siguiendo los usos y costumbres, con la lectura de instrucciones enviadas desde la Consejería o, directamente, por orden directa del departamento, siendo ésta última la entidad que ingresó cantidades para pagar obras, suministros y otros gastos del centro.

Ya estaba claro en aquel momento que era la propia Consejería la que se tendría que haber encargado de sacar a concurso todas las reformas señaladas y mayores de 50.000 euros, pero no lo hizo.

Todo un entramado de irregularidades

Todo empezó después de que un empresario denunciara haber construido el centro sanitario de Ciudad Escolar sin cobrar. Como consecuencia de ello, comenzó a mandar burofaxes a la Dirección General, al departamento del consejero de Educación y se reunió con un asesor de Ayuso.

Después de comprobar que no existía ningún contrato de aquella operación de manera oficial, la Consejería abrió una investigación que salpicó a Enrique Ossorio y a Rocío Albert, esta segunda entonces como viceconsejera. Entretanto, un inspector recomendó que el caso se pusiera en manos de la justicia a la vista de lo grave que eran los hechos y la posibilidad de que el equipo de la Comunidad de Madrid estuviera involucrado.

De hecho, Educación no se pronunció sobre el caso hasta que apareció en los medios de comunicación, momento a partir del cual se han ido conociendo más casos de centros que procedieron del mismo modo.

La oposición de PSOE y Más Madrid, por su parte, pidió a la Fiscalía personarse en la causa cuando el órgano jurídico se encontraba investigándolo, pero una denuncia de Podemos ante juzgado por la misma cuestión favoreció la apertura de una investigación y que se centralizara todo en un juzgado de instrucción, que es el que tendrá que decidir en última instancia si las irregularidades llegan a juicio, si existen más operaciones fraudulentas y quiénes son, en su caso, los responsables oficiales de las mismas."               (Rubén Rozas , elPlural, 03/01/25)

Daniel Bernabé: En el caso de la pareja de Ayuso, la cuestión va mucho más allá del fraude fiscal. Éste, aun siendo grave, González Amador se lo podía haber quitado de encima diciendo que le habían asesorado mal. Lo que se suele decir en este tipo de delitos. Sin embargo, esta gente entró en pánico... Creo que hay mucho más que un fraude fiscal.... el fraude fiscal es sólo la punta del iceberg que puede esconder tramas económicas vinculadas a las fortunas que se dedican a favorecer la privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid... En operaciones que ha tenido con Quirón se ha involucrado una tercera empresa, un servicio de análisis que realizó un trabajo por un valor de unos 200.000 €. González Amador cobró a Quirón un millón. Un beneficio de 800.000. ¿Quirón regala el dinero? Creo que esto golpea de lleno a la privatización sanitaria encubierta que se está produciendo en la Comunidad de Madrid... La cuestión del fraude fiscal es la punta del iceberg que tapa todo lo que hay debajo

 "Para el escritor y periodista Daniel Bernabé (Madrid,1980), todo lo que rodea el caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, tiene importantes derivaciones que faltan por investigar y por sacar a la luz. Considera que el fraude fiscal es sólo la punta del iceberg que puede esconder tramas económicas vinculadas a las fortunas que se dedican a favorecer la privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid. Asimismo, muestra su preocupación ante la posición tomada por una parte del Poder Judicial que se ha autoproclamado como “el freno de seguridad de este país secular”.

Casos judiciales en la política

“Es uno de los temas más preocupantes ahora mismo. Construir una Justicia que funcione razonablemente bien es muy difícil en un país. Se ve en muchos lugares en vías de desarrollo., pero en España, en general, la Justicia funciona. Tiene problemas específicos como la lentitud o los sesgos de entrada en la carrera, pero ahora hemos entrado en otra etapa. Lo comenté hace dos o tres años en infoLibre y había quien lo consideraba demasiado dramático. Dije que parte del Poder Judicial se estaba constituyendo en una tercera cámara, en la Cámara de los Lores, que se creía con la capacidad censurar las acciones del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Algo así como si los jueces fueran parte de una determinada España sacrosanta que tiene que velar por el resto. Bajo su consideración, este país dice y hace cosas que no debería hacer. Y esos jueces se perciben a sí mismos como el freno de seguridad de ese país secular”. 

 Subtexto de las declaraciones de Eloy Velasco

“Todo el mundo se ha quedado, como es normal, con las declaraciones enormemente clasistas que hizo contra Irene Montero. Pero Velasco también vino a decir que el PSOE no había ganado las elecciones y que tiene menos legitimidad que si las hubiera ganado. Eso es completamente incierto. La legitimidad no te la da quedar el primero. Te la da el conseguir en el Congreso los votos para la investidura. El señor Velasco lo sabe, pero al decirlo nos muestra la forma que tienen ellos mismos de percibirse: este no es un gobierno legítimo y tenemos que venir nosotros a poner orden. Este pensamiento muestra lo profundamente antidemocráticos que son algunos de estos jueces de los altos tribunales, y es algo muy preocupante que se viene a sumar a todo un escenario donde gente del poder mediático, del poder económico y por supuesto, de la derecha política, actúan en conjunción para no respetar el resultado del 23 J. Este es el gran problema que tenemos”.

Registros al fiscal general del Estado

“Podemos denominar a esta serie de investigaciones en torno al fiscal general del Estado, con una palabra técnica que se llama choteo. Se están choteando de todos nosotros y especialmente de García Ortiz, al que parece que quieren hacer pasar por debajo del futbolín. De todas las filtraciones que hay se ponen a investigar la que afecta a la pareja de Ayuso. Y resulta que se ha filtrado ya todo lo que tiene que ver con la investigación de esa filtración. Hombre, esto es choteo. Parece que lo que viene a decir es: mira, es nuestro país y nosotros hacemos lo que queremos. Lo importante es no dejarse conducir por las maniobras de Miguel Ángel Rodríguez y si hubo una filtración de la Fiscalía. A mí me interesa relativamente poco en relación con la realidad de este caso”.

Las operaciones de Alberto González Amador con Quirón Prevención

“He comentado en infoLibre, en artículos que he sacado relacionados con el caso de la pareja de Ayuso, que la cuestión va mucho más allá del fraude fiscal. Éste, aun siendo grave, González Amador se lo podía haber quitado de encima diciendo que le habían asesorado mal. Lo que se suele decir en este tipo de delitos. Sin embargo, esta gente entró en pánico y eso me llamó mucho la atención. Creo que hay mucho más que un fraude fiscal. Como explicaba en ese artículo, hay una serie de operaciones continuadas, una coincidencia societaria de años entre González Amador y Fernando Camino, un directivo o presidente de la empresa Quirón Prevención, una empresa que tiene multitud de contratos públicos de la Comunidad de Madrid. Y estas dos personas, González, Amador y Fernando Camino, han tenido una coincidencia societaria de años, donde ha habido operaciones en las que ellos se han llevado gran cantidad de dinero por venta y compra de material sanitario”. 

 La evasión fiscal de la pareja de Ayuso como punta del iceberg

“Esta es una operación de 40 y pico millones de euros sobre la que González Amador se lleva 2 millones y sobre la que hace el fraude fiscal de 350.000. Me llama la atención que alguien que gana 2 millones por dos llamadas de teléfono encima defraude a Hacienda. Resulta que unos meses después González Amador le compra a la mujer de Fernando Camino por medio millón de euros una empresa que solo valía 30.000. Esto indica un flujo de ese dinero como puente a otro lado. En operaciones que ha tenido con Quirón se ha involucrado una tercera empresa, un servicio de análisis que realizó un trabajo por un valor de unos 200.000 €. González Amador cobró a Quirón un millón. Un beneficio de 800.000. ¿Quirón regala el dinero? Creo que esto golpea de lleno a la privatización sanitaria encubierta que se está produciendo en la Comunidad de Madrid. Por eso se han puesto tan nerviosos con este caso. La cuestión del fraude fiscal es la punta del iceberg que tapa todo lo que hay debajo”.(...)"

"Entrevista a Daniel Bernabé, Antonio Contreras , Info Libre, 07/12/24)