"El principal sospechoso señalado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en el caso FP -todo un entramado de contratos troceados y obras ilegales que ponen en jaque a varios centros de la capital-, Alfonso Mateos, apunta directamente al anterior Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en el escándalo que saltó a la palestra el pasado verano.
De esta manera, el también subdirector de FP que la Consejería de Educación madrileña cesó en marzo de 2024 -momento en el que estalló todo- devuelve la pelota al departamento dirigido en aquel momento por Enrique Ossorio, al que se refiere directamente ante fiscal.
A decir verdad, fue hace un año cuando Mateos se pronunció en esta línea, aunque su descripción sale ahora a la luz e informa de ella este lunes elDiario.es. Más allá de las palabras de uno de los responsables de los centros de Formación Profesional, era el propio consejero de la administración Sol quien debía firmar para justificar la necesidad de las obras.
Y no solo eso, sino que Mateos reveló en su declaración por la construcción del pabellón sanitario del instituto Ciudad Escolar -primer caso que se conoció y para el que se presupuestaron 2,5 millones de euros por el procedimiento conocido como a dedo y sin contrato- que en 2017, año en el que llegó al puesto “esta mecánica ya se hacía”, apuntando además a otros lugares. “No solo se llevaron a cabo este tipo de operaciones con estos centros, sino con muchos otros como por ejemplo IES San Blas, Ignacio Ellacuría, Isaac Peral o Antonio Machado”.
Si bien por el momento se han acreditado una decena de obras ilegales que hicieron pasar por contratos menores, fuentes educativas sostienen que estas pueden obedecer solo a la punta del iceberg.
La administración Sol, cada vez más contra las cuerdas
Las informaciones que se han ido sucediendo arrinconan cada vez más al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, ya que no dejan de salir casos. En esta línea, la semana pasada se conocían otros dos sitios que se sumaban a los ocho sobre los que ya pesaba la ilegalidad: el IES Ciudad de los Poetas (Moncloa) y Tetuán de las Victorias (Tetuán). “Se han producido irregularidades con posible trascendencia penal”, dejaba patente la Intervención General de la región.
En el caso concreto del primero de los casos; el de Tetuán, con 600 alumnos, prácticamente en su totalidad de Grado Superior, el análisis revela que se produjeron contratos recurrentes año tras año con la misma empresa en vez de sacarlos a concurso, quedando plasmadas estas irregularidades en los servicios de electricidad, seguridad o prevención de incendios, aunque se produjeron reformas también en aulas o baños, con obras que superaban el importe permitido para una menor sin que ésta se saque a concurso. El mismo modus operandi se llevó a cabo en suministros que tampoco se licitaron.
En lo que compete al IES Ciudad de los Poetas, el informe muestra fallos igualmente en la contratación en el sentido de que no se publicaron ni pidieron tres presupuestos en algunas ocasiones. Asimismo, se encargaron obras a la empresa de mantenimiento sin que existieran informes de necesidad preceptivos.
La defensa de los centros pasaron el desconocimiento, alegando que, debido a la falta de formación financiero-jurídica de muchos de los responsables, las cuentas gestionaron siguiendo los usos y costumbres, con la lectura de instrucciones enviadas desde la Consejería o, directamente, por orden directa del departamento, siendo ésta última la entidad que ingresó cantidades para pagar obras, suministros y otros gastos del centro.
Ya estaba claro en aquel momento que era la propia Consejería la que se tendría que haber encargado de sacar a concurso todas las reformas señaladas y mayores de 50.000 euros, pero no lo hizo.
Todo un entramado de irregularidades
Todo empezó después de que un empresario denunciara haber construido el centro sanitario de Ciudad Escolar sin cobrar. Como consecuencia de ello, comenzó a mandar burofaxes a la Dirección General, al departamento del consejero de Educación y se reunió con un asesor de Ayuso.
Después de comprobar que no existía ningún contrato de aquella operación de manera oficial, la Consejería abrió una investigación que salpicó a Enrique Ossorio y a Rocío Albert, esta segunda entonces como viceconsejera. Entretanto, un inspector recomendó que el caso se pusiera en manos de la justicia a la vista de lo grave que eran los hechos y la posibilidad de que el equipo de la Comunidad de Madrid estuviera involucrado.
De hecho, Educación no se pronunció sobre el caso hasta que apareció en los medios de comunicación, momento a partir del cual se han ido conociendo más casos de centros que procedieron del mismo modo.
La oposición de PSOE y Más Madrid, por su parte, pidió a la Fiscalía personarse en la causa cuando el órgano jurídico se encontraba investigándolo, pero una denuncia de Podemos ante juzgado por la misma cuestión favoreció la apertura de una investigación y que se centralizara todo en un juzgado de instrucción, que es el que tendrá que decidir en última instancia si las irregularidades llegan a juicio, si existen más operaciones fraudulentas y quiénes son, en su caso, los responsables oficiales de las mismas." (
No hay comentarios:
Publicar un comentario