Cuando Alberto Núñez Feijóo era presidente de la Xunta de Galicia y vivía en Monte Pío, había un trasiego constante de personas ajenas a la institución cuando el escándalo de la Operación Zeta saltó a la luz al vincular la UDEF al empresario con la trama de las subvenciones a parados y personas con discapacidad. La policía consideró al amigo del presidente de la Xunta como un “intermediario” entre diversos empresarios y la cúpula del PP. Aseguraban que Pachi Lucas, el conseguidor, estaba a sueldo de la trama para realizar “gestiones de interés” como entrevistas e incluso “adjudicación y/o cobro de proyectos”... hay correos de Gerardo Crespo al presidente de la Xunta, con copia a Pachi Lucas, quejándose de la tardanza en el impago de las subvenciones... Gerardo Crespo era un destacado militante del PP y fue imputado junto a una treintena de personas, entre ellos cinco cargos de la Xunta. Crespo aseguró que durante años pagó 3.000 euros mensuales a Lucas para que le “abriera puertas” en las Administraciones públicas. “Podía abrir cualquier puerta, conseguía contrataciones”, dijo Crespo. “En el PP, o estás con los amigos, o si no, no haces nada”. Y Pachi Lucas era íntimo de Feijóo... Afirma que Feijóo avisó a Lucas de que la UDEF tenía pinchado su teléfono pero que a él no le avisaron y se sintió traicionado por los suyos, los de su partido. ¿De nuevo Feijóo utilizó información privilegiada para salvar a un amigo? O tal vez para salvarse él... La lucrativa trama se hizo con 20 millones de euros. “Trabajé con Pachi Lucas con todas las bendiciones de Feijóo”... “Evidentemente le pagaba a Pachi por ser amigo de Feijóo. Le pedimos los dos permiso al presidente para poder trabajar juntos. Y teníamos todas las bendiciones de Feijóo. A Pachi, Feijóo le dijo que había mucho dinero, que cuanto más ganáramos juntos, mejor”, explicó el empresario... En la Operación Zeta, los atestados de la UDEF contenían frases como “Feijóo va a ser la clave” o afirmaciones de los empresarios asegurando que Pachi Lucas “hablaba directamente con Alberto”... ¿Por qué Feijóo no fue llamado a declarar? Para la jueza de instrucción, lo que decían Crespo o sus socios eran "conversaciones de terceros" (lo que en jerga penal se llama referencias de oídas). Qué curioso. Parece que ese mismo supuesto fue suficiente para imputar a José Luis Rodríguez Zapatero, registrar su domicilio y su despacho e imputar a su secretaria... La causa tuvo un sobreseimiento provisional... Se libraban así, primero Feijóo y, después, su íntimo amigo (Cristina Papin Marcote)

"Recientemente, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha solicitado públicamente saber si David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reside en el Palacio de La Moncloa. Más allá de que se trata de un familiar del presidente, existe un precedente reciente con Mariano Rajoy y nadie del Partido Popular hizo ningún tipo de pregunta o petición. Su padre vivía en la residencia del presidente del Gobierno y además recibía asistencia y acompañamiento día y noche a cargo de dos personas contratadas por Presidencia. Rajoy cargó a los presupuestos de La Moncloa los gastos derivados del cuidado y acompañamiento de su padre.

Almeida defiende el derecho de la ciudadanía a conocer esta información, referente al hermano del presidente Pedro Sánchez, considerándola una obligación ética y administrativa. Debe ser obligación únicamente cuando hay un presidente que no es de su partido político. 

Parece que no recuerda que su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, protagonizó una sonada polémica cuando era presidente de la Xunta y vivía en Monte Pío. Había un trasiego constante de personas ajenas a la institución. Feijóo apelaba a su esfera privada para no contestar a las preguntas relacionadas con las entradas y salidas de la residencia institucional. Ese detalle es determinante para contextualizar el origen de la controversia. Antes de que el nombre de Pachi Lucas irrumpiera con fuerza en los titulares a través de la Operación Zeta, el halo de opacidad en torno a la residencia de Monte Pío ya formaba parte del murmullo continuo en la política gallega y en los pasillos del Parlamento. A diferencia de otras instituciones donde queda constancia de cada visita, los accesos a Monte Pío se mantuvieron bajo un estricto hermetismo. 

Feijóo defendía que la esfera privada debía quedar al margen del control político y que el uso de la zona residencial de la vivienda no requería dar explicaciones ni fiscalizar quién pernoctaba o visitaba al jefe del Ejecutivo en su tiempo libre. La oposición, por otro lado, sostenía que al tratarse de una infraestructura pública financiada íntegramente en sus costes de mantenimiento y seguridad, era imprescindible contar con protocolos claros y registros de acceso. El temor de la oposición no era solo el uso recreativo de la residencia, sino la posibilidad de que se estuvieran celebrando reuniones de carácter político, económico o de presión sin luz ni taquígrafos. No se equivocaban.

Durante el mandato de Alberto Núñez Feijóo, todo se descontroló y Monte Pío fue un foco de controversia política

Las interpelaciones parlamentarias y los comentarios periodísticos ya ponían el foco en el continuo transitar de personas ajenas a la Administración autonómica. Cuando el escándalo de la Operación Zeta saltó a la luz y se conoció el papel de Pachi Lucas como conseguidor, todos esos comentarios previos cobraron una dimensión distinta. La oposición sintió que sus sospechas iniciales sobre el uso de la residencia oficial y la falta de control en las entradas y salidas quedaban confirmadas por los atestados policiales.

La residencia oficial de la Presidencia de la Xunta de Galicia fue concebida durante la etapa de Manuel Fraga como una gran obra institucional. Con el paso del tiempo, se convirtió en un símbolo de gasto público, infrautilización y falta de transparencia. El edificio fue diseñado para servir de residencia y sede de representación del presidente gallego, aunque su uso efectivo ha sido desigual. El debate sobre quién accede, se reúne o pernocta en el recinto ha sido recurrente en el Parlamento gallego. 

El complejo cuenta con unos 25.000 metros cuadrados construidos, 70.000 con el área verde del parque. Cuenta con diferentes espacios: de residencia, con piscina climatizada, sauna, gimnasio, despachos y otras áreas institucionales. Desde el principio fue presentada como una “Moncloa gallega”, una residencia presidencial de grandes dimensiones, tal vez excesivas para una comunidad autónoma.

El coste de construcción de Monte Pío ha sido objeto de constante controversia, oscilando entre siete y diez millones de euros, según diversas estimaciones. La falta de transparencia en el desglose presupuestario ha dificultado el seguimiento de la inversión pública. Además, los gastos de mantenimiento, vigilancia y personal continúan generándose, independientemente de la ocupación efectiva del edificio. Opacidad absoluta.

A diferencia de otros inmuebles públicos, el coste anual de mantenimiento de Monte Pío no aparece identificado de forma específica en los presupuestos de la Xunta, lo que impide conocer con precisión cuánto cuesta cada año conservar la residencia oficial del presidente, aunque ya no viva allí, como es el caso actual de Alfonso Rueda.

La policía consideraba que Pachi Lucas, el conseguidor, estaba a sueldo de la trama para realizar “gestiones de interés” como entrevistas e incluso “adjudicación y/o cobro de proyectos”

Durante el mandato de Alberto Núñez Feijóo, todo se descontroló y Monte Pío fue un foco de controversia política. La oposición preguntó en el Parlamento por la presencia y pernoctaciones de diferentes personas ajenas al Gobierno, especialmente de una, el empresario Francisco Ramón de Lucas, conocido como Pachi Lucas, muy cercano al entorno personal y político de Feijóo. 

El entonces vicepresidente Alfonso Rueda, rechazó de pleno en el Parlamento las preguntas sobre si Pachi Lucas había pernoctado en Monte Pío. Reprochó que la diputada socialista preguntara en sede parlamentaria sobre un tema personal y tachó la pregunta de “rancia y casposa” haciendo además referencia a cuestiones de la prensa rosa. Sin embargo, la cuestión de fondo de la pregunta era el control de accesos, la naturaleza de las visitas privadas y la participación de personas sin cargo institucional y cercanas al presidente en reuniones oficiales.

La UDEF, en un informe policial, ya había vinculado al empresario madrileño afincado en Bueu (Pontevedra) con la trama de las subvenciones a parados y personas con discapacidad. La policía consideraba al amigo del presidente de la Xunta como un “intermediario” entre diversos empresarios y la cúpula del PP. Aseguraban que Pachi Lucas, el conseguidor, estaba a sueldo de la trama para realizar “gestiones de interés” como entrevistas e incluso “adjudicación y/o cobro de proyectos”. Existían correos electrónicos entre altos cargos de la Xunta, como Beatriz Mato, por entonces conselleira de Traballo, y el conseguidor. También hay correos de Gerardo Crespo al presidente de la Xunta, con copia a Pachi Lucas, quejándose de la tardanza en el impago de las subvenciones.

Gerardo Crespo era un destacado militante del PP y fue imputado junto a una treintena de personas, entre ellos cinco cargos de la Xunta. Crespo aseguró que durante años pagó 3.000 euros mensuales a Lucas para que le “abriera puertas” en las Administraciones públicas. “Podía abrir cualquier puerta, conseguía contrataciones”, dijo Crespo. “En el PP, o estás con los amigos, o si no, no haces nada”. Y Pachi Lucas era íntimo de Feijóo.

“Si yo tengo en plantilla a su mejor amigo, que duerme muchas veces en Monte Pío, lo mínimo es avisarme: ‘tienes pinchado el teléfono’. Porque ellos avisaron a Pachi Lucas, se desmarcaron de mí revocándome los cursos y dejaron de cogerme el teléfono”. Esta afirmación la realiza Gerardo Crespo cuando la policía estaba ya detrás. Afirma que Feijóo avisó a Lucas de que la UDEF tenía pinchado su teléfono pero que a él no le avisaron y se sintió traicionado por los suyos, los de su partido. ¿De nuevo Feijóo utilizó información privilegiada para salvar a un amigo? O tal vez para salvarse él. Crespo aseguró tener pruebas de que Feijóo fue alertado de la apertura, en teoría bajo secreto, de este sumario en el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña.

La lucrativa trama se hizo con 20 millones de euros. “Trabajé con Pachi Lucas con todas las bendiciones de Feijóo”. “Evidentemente que le pagaba a Pachi por ser amigo de Feijóo. Le pedimos los dos permiso al presidente para poder trabajar juntos. Y teníamos todas las bendiciones de Feijóo. A Pachi, Feijóo le dijo que había mucho dinero, que cuanto más ganáramos juntos, mejor”, explicó el empresario.

En la Operación Zeta, los atestados de la UDEF contenían frases como “Feijóo va a ser la clave” o afirmaciones de los empresarios asegurando que Pachi Lucas “hablaba directamente con Alberto”.

En la 'Operación Zeta', los atestados de la UDEF contenían frases como “Feijóo va a ser la clave” o afirmaciones de los empresarios asegurando que Pachi Lucas “hablaba directamente con Alberto”

¿Por qué Feijóo no fue llamado a declarar? Para la jueza de instrucción, lo que decían Crespo o sus socios eran "conversaciones de terceros" (lo que en jerga penal se llama referencias de oídas). El criterio judicial imperante fue que no bastaba con que dos imputados usaran el nombre de un presidente para presumir de influencias. Hacía falta una prueba objetiva de retorno (un correo firmado por él, un expediente amañado directamente por su mano o un pago). Al no hallarse ese vínculo material directo, la causa se centró sobre Pachi Lucas sin rozar penalmente a Feijóo.

Qué curioso. Parece que ese mismo supuesto fue suficiente para imputar a José Luis Rodríguez Zapatero, registrar su domicilio y su despacho e imputar a su secretaria.

Alberto Núñez Feijóo conoció a Pachi Lucas en Madrid. Cuando él se fue de Galicia con Romay Beccaria y llegó a presidente de Correos. El padre de Pachi era un médico pontevedrés afincado en Madrid. El conseguidor se dedicaba a la joyería y administraba tres empresas, Lucas y cia Joyeros, Disart 4 y Ralumeg.  Comenzaron una relación de amistad que duró décadas.

Ya con Feijóo de vuelta en Galicia, Lucas era asiduo a los mítines del PP y estuvo a su lado en la toma de posesión como presidente de la Xunta. Curiosamente, la empresa Disart 4 trabajó para algunas campañas electorales del PP. En la de las autonómicas de 2009, que llevó a Feijóo a la presidencia, la empresa de Lucas facturó a los populares gallegos 25.583,80 euros. Y en la de las generales de 2011 endosó al PP nacional 53.449,11 euros. En la fiscalización de los gastos de esa campaña, el Tribunal de Cuentas reseñó que Disart 4 no pudo presentar justificantes de las operaciones que originaron ese importe. Para los investigadores, esos pagos evidenciaban que el dinero fluía entre la maquinaria del PP y la mercantil del amigo íntimo de Feijóo. La mayoría absoluta del PP bloqueo cualquier comisión de investigación en el Parlamento de Galicia.

Nadie sabe por qué esa empresa recibió eso miles de euros más allá de que pertenecía a un amigo íntimo de Feijóo. Una empresa que nada tiene que ver con organización de actos, dando servicios de publicidad que no pudo justificar. ¿Compraron joyas tal vez? Nunca lo sabremos.

Francisco Ramón de Lucas fue investigado en la Operación Zeta, centrada en el fraude de subvenciones a cursos de formación. La investigación lo señaló como uno de los “conseguidores” de la trama, actuando como enlace entre empresarios y responsables políticos. Según la instrucción judicial, Lucas habría realizado gestiones ante la dirección del PP para captar ayudas y contratos públicos, participando incluso en reuniones con miembros del Gobierno gallego y visitando Monte Pío muy a menudo. Era el “abrepuertas”, como lo había nombrado Gerardo Crespo.

La jueza de instrucción investigaba si Lucas usó su amistad directa con Feijóo y otros altos cargos del PP para actuar como enlace entre los promotores del fraude y la administración autonómica y lo imputó por tráfico de influencias. El principal acusado, Gerardo Crespo, afirmó reiteradamente que pagaba a Pachi Lucas asignaciones mensuales para que facilitara gestiones, reuniones y la adjudicación de fondos públicos para la red.

Aunque la jueza instructora ordenó su imputación basándose en los informes policiales y en los mensajes intervenidos entre los cabecillas, la situación procesal de Pachi Lucas dio un vuelco repentino en los tribunales. Primero ella, sorprendentemente, cambió de parecer. En un auto, fechado el 30 de marzo de 2017, la jueza argumentó que no había "datos objetivos" para concretar los indicios o sospechas que en su día motivaron la condición de investigado del empresario. "Más allá de que existan indicios de que se le encargara la realización de gestiones relativas a los expedientes administrativos que interesaban a Gerardo Crespo", recoge el contenido del auto.

La 'Operación Zeta' nunca desembocó en una sentencia global que resuelva el conjunto de los hechos inicialmente investigados

En junio de 2017, la Audiencia Provincial de A Coruña estimó los recursos presentados al considerar que no existían indicios delictivos con el peso ni la concreción legal suficientes para mantenerlo investigado por tráfico de influencias, obligando a la jueza a acotar la causa y separar las piezas porque "se investigan hechos, no personas". Se libraban así, primero Feijóo y, después, su íntimo amigo, de ser juzgados. 

Cómo ha cambiado desde entonces la forma de entender la justicia. Parece que hoy en día lo que se investigan son las personas más allá de los hechos. 

Todo el procedimiento fue claramente irregular. La Operación Zeta tuvo una tramitación especialmente compleja. La causa, que llegó a afectar a decenas de investigados, fue fragmentada por orden de la Audiencia Provincial, sufre años de retrasos y sobreseimientos respecto a algunos investigados y nunca desembocó en una sentencia global que resuelva el conjunto de los hechos inicialmente investigados.

Feijóo negó tajantemente tener un mediador y rechazó que Lucas actuara en su nombre. La controversia no solo se centró en la responsabilidad penal, sino también en la necesidad de transparencia y control sobre la influencia de personas sin cargo público y el registro de sus reuniones y correos con responsables institucionales. No hay sentencia absolutoria sobre Pachi Lucas. El sobreseimiento no es libre, es provisional. La fase de instrucción está suspendida a la espera de informes clave de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para determinar la cuantía real del fraude en las subvenciones. Conforme pasan los años sin que se abra juicio oral ni haya sentencias firmes, el proceso se desgasta. En la práctica, el paso del tiempo suele derivar en atenuantes por dilaciones indebidas o en el archivo directo de piezas por prescripción de delitos o falta de acusación sólida.

Dado que la “desimputación” de Pachi Lucas fue un sobreseimiento provisional, en teoría cabía reabrir su pieza si aparecían pruebas determinantes. Pero en la práctica, con una causa principal paralizada y diluida durante años, las probabilidades de que se reactiven diligencias contra él son prácticamente nulas.  

El estancamiento judicial benefició a la narrativa de Feijóo. Al prolongarse el trámite en los juzgados sin novedades ni juicio, el foco mediático se apagó, lo que permitió al Gobierno gallego cerrar el debate parlamentario argumentando que “la justicia ya había hablado” al “desimputar” a su amigo y que la causa no avanzaba por falta de sustancia.

Es sorprendente que cuando Feijóo fue preguntado por las declaraciones que constan en el sumario del caso, que lo señalan como "clave" en la trama, el entonces presidente de la Xunta señaló que, por lo que le habían contado —ya que afirmó "no tengo tiempo para andar leyendo el sumario"—, ese fragmento podría estar "manipulado", y aseguró que en el sumario faltan folios intermedios. Es decir, Alberto Núñez Feijóo, señalado en la investigación judicial, ¿considera que la UDEF ha manipulado pruebas? Esas declaraciones son verdaderamente graves.

Con la judicialización de la Operación Zeta, la estrecha amistad que unía a Feijóo y a Pachi Lucas se evaporó ante las cámaras. El empresario madrileño, que durante 15 años frecuentó el entorno personal del presidente e incluso cruzó las puertas de la residencia oficial, pasó a convertirse en una suerte de “desconocido" en las comparecencias públicas del Ejecutivo gallego. Se evaporó. No vaya a ser que si anda cerca vuelvan a aparecer pruebas o tenga intención de declarar. No le conviene a Feijóo.

Pachi Lucas, el “abrepuertas”, optó por un repliegue absoluto: desapareció por completo del foco público, de las fotos de verano en los toros y de la vida del Feijóo. Desapareció del mapa. Si no había nada ilegal, resulta un poco raro, ¿no creen?

El borrado de Pachi Lucas de la agenda de Feijóo no borra la falta de transparencia sobre el uso de los recursos públicos ni de la delgada línea que separó lo privado de lo institucional en Monte Pío. Hoy en día siguen sin dar una explicación clara. Lo que sí está claro es que Alberto Núñez Feijóo siempre ha tenido “amistades peligrosas” con las que ha compartido negocios, fines de semana, llamadas, mails, barcos, toros y desayunos."

(Cristina Papin Marcote , InfoLibre, 08/08/26) 

Trump ha descubierto nuevos usos de su red social. A pesar de ser el presidente de los Estados Unidos y, por tanto, una de las pocas personas del planeta que cada una de sus palabras puede causar un movimiento inmediato en los mercados financieros, el buen hombre tiene la costumbre de especular en bolsa en sus ratos libres. Una de sus costumbres, según parece, es comprar o vender acciones poco antes de que mencione una empresa en Truth Social, sabiendo que sus exabruptos o halagos harán que su valor cambie de inmediato. Así que, pasito a pasito y trolleo a trolleo, Trump ha ido ganando sus cientos de millones de dólares a golpe de manipular el mercado todo contento y feliz. ¿Que esto es técnicamente especular utilizando información privilegiada y que si lo hiciera cualquier otra persona acabaría en la cárcel? Ah, pero es que el presidente es distinto, ya sabéis, porque el Tribunal Supremo le dio inmunidad casi total, y todo el mundo sabe que la corte pasaría absolutamente todo si alguien lo denunciara... y ya puestos, sabiendo que tu palabra mueve montañas, Truth Social ha innovado, creando una servicio para financieros: por unos meros $100.000 al mes, tu fondo de inversión, chiringuito especulador infame puede conectarse con la Truth API, ganando acceso avanzado y prioritario a las sagradas proclamas del líder... Imaginad que el CEO de General Motors fuera pillado cobrando mordidas de $100.000 por filtrar a personas interesadas los resultados trimestrales de la empresa, horas antes de que se hicieran públicos. Todos los implicados serían inmediatamente denunciados por al menos media docena de reguladores... Esta es una Casa Blanca con decenas de escándalos de corrupción, pero lo de pasar el cepillo para vender potenciales secretos de estado se lleva la palma (Roger Senserrich)

"Anales de corrupción creativa Y otras historias del trumpismo

Cuando Twitter decidió expulsar a Trump de su plataforma por animar a una masa enfurecida a asaltar el Capitolio y dar un golpe de estado, el entonces expresidente tomó la decisión de que nunca más iban a echarle de una red social. Convencido de la lealtad de sus seguidores y el poder de su inigualable capacidad de trolleo, el buen hombre tomó la decisión de crear una red social de la nada.

 La página en cuestión, modestamente llamada Truth Social (“verdad”, así como el Pravda de toda la vida) fue lanzado a principios del 2022, y fracasó estrepitosamente. Aunque Trump lo usaba con entusiasmo, la página sólo atrajo un puñado de pelotas del movimiento MAGA hiperventilados, unos cuantos superfans, y una horda de bots. Las estimaciones más optimistas le dan algo más de seis millones de usuarios mensuales, una fracción de Twitter o incluso de la muy modesta BlueSky.
Corrupciones creativas

Aún con esta audiencia lamentable y escandalosas pérdidas acumuladas, la familia Trump se las ha apañado para ganar una pequeña fortuna con su red social. Su salida a bolsa fue un maravilloso ejercicio de ingeniería financiera diseñado para sablar dinero a bobos que querían “invertir” en la presidencia / hacer un donativo directo al presidente fingiendo ser un lerdo.

Aunque sigue perdiendo dinero a espuertas, Trump Media (la empresa propietaria de la paginita) ha seguido una especie de paseo aleatorio de timos semi-obvios, incluyendo criptomonedas y bitcoin, y una (incomprensible) fusión empresarial con TAE, una compañía que dice estar trabajando en fusión nuclear.

Ninguno de estos proyectos está ganando demasiado dinero, pero Trump ha descubierto nuevos usos de su red social. A pesar de ser el presidente de los Estados Unidos y, por tanto, una de las pocas personas del planeta que cada una de sus palabras puede causar un movimiento inmediato en los mercados financieros, el buen hombre tiene la costumbre de especular en bolsa en sus ratos libres. Una de sus costumbres, según parece, es comprar o vender acciones poco antes de que mencione una empresa en Truth Social, sabiendo que sus exabruptos o halagos harán que su valor cambie de inmediato. Así que, pasito a pasito y trolleo a trolleo, Trump ha ido ganando sus cientos de millones de dólares a golpe de manipular el mercado todo contento y feliz.

¿Que esto es técnicamente especular utilizando información privilegiada y que si lo hiciera cualquier otra persona acabaría en la cárcel? Ah, pero es que el presidente es distinto, ya sabéis. Primero, porque las leyes que exigen a los funcionarios públicos a no jugar en el mercado de valores incluyen a todo el ejecutivo menos al presidente, porque en su día nadie se imaginó que un jefe de este iba a ser tan extravagantemente corrupto como Trump. Segundo, porque el Tribunal Supremo le dio inmunidad casi total, y todo el mundo sabe que la corte pasaría absolutamente de todo si alguien lo denunciara.
Sobornos, de oferta

Esto, supongo, le habrá dada a Trump una idea. Es muy bonito ver como tu fortuna aumenta tras dar un pelotazo usando tu posición en el centro del país más rico del planeta para mover los mercados, pero no deja de ser una oportunidad perdida. Estaría bien, por ejemplo, que otros especuladores se sumaran a la fiesta para hacer que tu enriquecimiento personal fuera aún más exagerado. Ya puestos, sabiendo que tu palabra mueve montañas, no estaría de más monetizar ese poder, cobrando a esos especuladores el privilegio de leer todo lo que vas a enviar unos minutejos antes de salga publicado para las masas.

Así que Truth Social ha innovado, creando una servicio con un valor añadido único para profesionales financieros: por unos meros $100.000 al mes, tu fondo de inversión, chiringuito especulador infame o saco de estafas fiduciario puede conectarse con la Truth API, ganando acceso avanzado y prioritario a las sagradas proclamas del líder.

Imaginad, por un momento, que el CEO de General Motors, Apple, Siemens o Inditex fuera pillado cobrando mordidas de $100.000 para filtrar a personas interesadas los resultados trimestrales de la empresa horas antes de que se hicieran públicos. Todos los implicados serían inmediatamente denunciados por al menos media docena de reguladores en uno de los casos de fraude más bonitos, fáciles y divertidos de la historia del departamento de justicia.

Hace apenas unos meses la administración Trump detuvo a un soldado que ganó $400.000 en uno de esos mercados de predicciones apostando que iban a atacar Venezuela. El tipo iba a tomar parte en la operación, y su apuesta le costó ser acusado de uso indebido de información confidencial para beneficio personal, robo de información restringida del gobierno y fraude mercantil. El mes pasado despidieron al encargado del teleprompter de Trump porque estaba haciendo lo mismo apostando en lo que iba a decir en sus discursos.

El presidente, en cambio, no solo está haciendo esto personalmente todo el santo rato, sino que está cobrando dinero para que otros se unan al chanchullo.
¿Consecuencias? Je.

No está claro cuántas empresas se han apuntado hasta ahora a este “negocio”. Al presidente la fiscalía no le dirá ni pío, y no lo pueden trincar ni siquiera por revelación de secretos, ya que goza de autoridad ilimitada para desclasificar lo que le plazca. Está mucho menos claro sobre la situación legal de aquellos que paguen esta especie de soborno presidencial para tener acceso a información privilegiada, y existe un riesgo limitado pero en absoluto trivial de que una administración futura se lie a denunciar a gente. Si los demócratas ganan las elecciones en noviembre, la posibilidad de una investigación del congreso tampoco es nada agradable.

Incluso si nadie da el paso, el mero hecho de que a alguien dentro de Truth Social esto le pareciera una buena idea y el presidente accediera a ello es delirante. Esta es una Casa Blanca con decenas de escándalos de corrupción, pero lo de pasar el cepillo para vender potenciales secretos de estado se lleva la palma.

El maldito estanque

La fiscal de distrito de Washington DC, Jeanine Pirro, ha retirado los cargos a un pobre tipo al que había acusado de “sabotear” el estanque reflectante del memorial de Lincoln. En el escrito pidiendo al juez parar el caso, Pirro dice que el departamento de interior (quien lleva los parques nacionales) les dio información incorrecta sobre el estado del estanque.

Esto ha provocado una histérica respuesta del secretario de ese departamento, Doug Burgnum, insistiendo que fueron vándalos los que atacaron y destruyeron el estanque, y que lo que dice la fiscal de que el proyecto era una chapuza no es cierto:

Trump se ha puesto del lado de su secretario de interior, a pesar de que es obvio que todo el proyecto fue un desastre y que las hordas de antifa sólo existen en su mente malsana.

Porque lo normal estos días es tener un presidente que niega la realidad alegremente doce veces por semana.
La guerra tonta

Tras pasarse unos cuantos días amenazando con arrasar Irán, pausar los bombardeos, ver como Irán sigue atacando cosas, amenazar más ataques, prometer a Israel que iban a acabar con todo, etcétera, Trump ha vuelto a declarar otro alto el fuego porque dice que Irán está dispuesto a negociar y van a aclarar el estatus del estrecho de Ormuz.

El precio del petróleo ha vuelto a bajar de inmediato, a pocas horas de que los mercados reabran el lunes. Trump ha perdido la guerra, y parece que lo sabe todo el mundo menos él.
Fondo de corrupción desaforada, volumen II

Tras la enorme polémica levantada por su intento de crear un fondo para dar miles de millones de dólares de “indemnización” a los co-golpistas del 2021, incluyendo a los asaltantes al Capitolio, Trump aparentemente se echó para atrás. Al menos un ratito.

Semanas más tarde, el buen hombre decidió nominar a fiscal general a Todd Blanche, el abogado que tuvo la idea y “acordó” crear ese fondo. Dos senadores republicanos (que Trump se ha cargado en sus primarias) se han plantado y han dicho que a no ser que Blanche prometa no crear fondo alguno, no votarán su nominación. Trump se ha cabreado como una mona e insiste que van a poner ese dinero y que los senadores son unos vendidos.
Patanes y becarios

En el departamento de cosas obvias que no dan pena a nadie, Politico tiene un divertido artículo en el que cargos dentro del partido republicano se quejan amargamente en privado de que todos los becarios y nuevos empleados que vienen a trabajar al congreso son poco menos que nazis idiotizados con el cerebro podrido por Twitter.

Quizás eso de nombrar Presidente a Trump era mala idea, no sé.
Anales presidenciales

Para celebrar que su popularidad está sobre el 35% en los sondeos, con sólo Richard Nixon pre-dimisión por debajo de él en la serie histórica, con el país en guerra, etcétera, etcétera, Trump celebraba ayer su victoria en el torneo de golf en su club de Nueva Jersey."

(Roger Senserrich , blog, 03/08/26)

¿Qué pretendía Ayuso con la compra del ático? La Comunidad de Madrid compra el ático, gana las elecciones el año que viene y aprueban una norma para que la lideresa suprema tenga una vivienda oficial... ella esto lo ha repetido hasta la saciedad... Ese ático era un sueño suyo desde jovencita, vivía enfrente... la CAM aprobó el estatuto de los expresidentes, podría vivir en ella 4 años después de ser presidenta. Pasado ese tiempo, podría acceder a su compra por un módico precio... es la versión de Manuel Rico (José Vico)

José Vico  @josevico4

Bajo mi punto de vista, esta versión de Manuel Rico sobre lo que pretendía Ayuso con el ático es la más acertada que he escuchado, él la conoce muy bien y sabe de sus ambiciones. Veamos: La CAM compra el ático, gana las elecciones el año que viene y aprueban una norma para que la lideresa suprema tenga una vivienda oficial, como tiene Pedro Sánchez y los ministros, ella esto lo ha repetido hasta la saciedad. Pero yo apunto más allá, ese ático era un sueño suyo desde jovencita, vivía enfrente, el año pasado la CAM aprobó el estatuto de los expresidentes, podría vivir en ella 4 años después de ser presidenta. Pasado ese tiempo, podría acceder a su compra por un módico precio. Venga, madrileños que la votáis, para quien gobierna, ¿Para vosotros o para sus ambiciones personales? Esta os la sabéis, otra cosa es que no queráis verlo. Caerá por su ambición desmesurada, es muy bestia hasta para ella.

vídeo: https://x.com/josevico4/status/2084291596363653275/video/1

4:53 p. m. · 3 ago. 2026 ·131,7 mil Visualizaciones

El alquiler de los 250 metros cuadrados del ‘pisito’ de Feijóo, en lo que la jerga inmobiliaria denomina “la muy exclusiva” colonia de El Viso, según Idealistas, oscila entre los 5.000 y los 20.000 euros mensuales. Es decir, el presupuesto anual destinado a vivir bajo uno de esos techos va desde los 48.000 a los 240.000 euros... así que los ingresos netos (o sea, lo que le queda después de que la rapiña de la Hacienda sanchista lo desplume) necesarios para vivir al lado de la Koplowitz tienen que rozar los 150.000 euros en el más favorable de los casos y de 750.000 en el menor. Por mucho que la declaración de intereses en las instituciones españolas sean un género de ficción, los ingresos declarados de Alberto Núñez Feijóo no se acercan a cualquiera de esas cantidades... “Obviamente lo paga mi familia" dijo… y ciertamente, de lo que no hay duda es de la identidad del casero. El propietario es Abanca, por persona física o por sociedad participada, que a su manera no deja de ser “la familia”

"La dimensión del problema de la vivienda en España la describe perfectamente la situación del líder de la oposición y presidente del partido que la gente de antes llamaba “el de los ricos”. El piso se lo tiene que pagar “la familia”, según ha confesado, entre confuso y avergonzado. Una situación similar a la de tantos estudiantes universitarios que tienen que sufragar un piso compartido precariamente amueblado. 

El piso

Según fuentes varias, el alquiler de los 250 metros cuadrados de vivienda, en lo que la jerga inmobiliaria denomina “la muy exclusiva” colonia de El Viso, asciende a 4.000 euros mensuales. Eso es lo mismo que cuesta una casa en la Ciudad Jardín de A Coruña, así que consulto la web Idealista (que se llame así la web inmobiliaria de referencia ya da una idea de la confusión conceptual de la clase emprendedora española) y compruebo que las residencias de esas características en El Viso oscilan entre los 5.000 y los 20.000 euros mensuales. Es decir, el presupuesto anual destinado a vivir bajo uno de esos techos va desde los 48.000 a los 240.000 euros. El elevado porcentaje medio que una familia española destina a ese fin no baja del 30%, así que los ingresos netos (o sea, lo que le queda después de que la rapiña de la Hacienda sanchista lo desplume) necesarios para vivir al lado de la Koplowitz tienen que rozar los 150.000 euros en el más favorable de los casos y de 750.000 en el menor. Por mucho que la declaración de intereses en las instituciones españolas sean un género de ficción (menor, pero fértil), los ingresos declarados de Alberto Núñez Feijóo no se acercan a cualquiera de esas cantidades.

Cierto es que no carece de patrimonio (unos pisos aquí y allá, unas acciones de esto y lo otro) y que la dedicación a la política no le ha distraído de la gestión de lo suyo. Su patrimonio, en 2019, en su última toma de posesión en el parlamento de Galicia, era de 319.593 euros, que se convirtieron en 930.972 euros en 2023, según declaró –con año y medio de retraso, pero declaró– al arribar al Senado y la presidencia del PP.

Pero, como todo el mundo sabe, y particularmente los propietarios de viviendas en sitios sin crecimiento demográfico, una cosa es el patrimonio y otra el cash disponible.

La familia

A pesar de que no es el “niño campesino” que saca a relucir cuando le conviene, la familia de Feijóo no era una familia pudiente. Bien es cierto que, como dicen que se dice en la política mexicana, “yo no quiero que me den, sino que me pongan donde hay”. Mientras crecían las dudas sobre quién pagaba la vivienda, el inquilino arrojó luz sobre el asunto: “Obviamente lo paga mi familia… [pausa dramática] Y creo que dentro de mi familia estoy yo, es decir, mi pareja y yo”.

La pareja es Eva Cárdenas Botas, aunque quizás un sector considerable de los votantes conservadores no la consideren como tal, dada la inexistencia de un vínculo matrimonial, legal o religioso. Eva Cárdenas es la madre de Alberto Núñez Cárdenas, el hijo de nueve años de ambos (y que contra lo que argumenta su padre para defender la intimidad de su hogar, no vive allí, que se sepa, porque este año pasado estuvo escolarizado en A Coruña) y es además hija de Antonio Cárdenas, que fue director de personal en la extinta Caixa Galicia (como diría Guillem Martínez, quédense con el dato para después), y de Cristina Botas, una familia de raigambre falangista y farmacéutica, sin que una cosa quitase la otra, sino todo lo contrario: lo primero benefició económicamente lo segundo.

Eva Cárdenas, después de picotear en varias multinacionales de la alimentación y la perfumería, recaló en 2003 en Inditex, donde fue, con 38 años, directora de la filial más reciente, Zara Home. Una historia de éxito que finalizó en 2018, con un cese por motivos personales (y una indemnización, ni desmentida ni confirmada, de dos millones y medio de euros). Fue consultora externa de Sargadelos (hasta que las relaciones de la firma con la Xunta aconsejaron que dejase de serlo) y de Mango, pero su principal ocupación empresarial actual es Niebla Azul, una sociedad inmobiliaria que arroja unos beneficios anuales de unos 150.000 euros (lo que no está mal, con una administrativa como única empleada).

Eva Cárdenas es hermana de, entre otros, Ignacio Cárdenas, director comercial de Universal Support, una empresa de telemarketing, sin relación con el sector de la salud que, a pesar de presentar la oferta más cara, obtuvo 19,2 millones en contratos de la administración sanitaria gallega para atención telefónica y rastreo de casos de infección durante la pandemia de la covid.

Otro caso de estar en el sitio justo en el momento justo (“donde hay”) es el de la única hermana del líder de la oposición. Micaela Núñez Feijóo era delegada en Pontevedra de Eulen, pero acabó siendo la directora del área noroeste después. En los 13 años en los que su hermano presidió la Xunta, Eulen obtuvo contratos por valor de 37 millones de euros. Tan solo de 2018 a 2024, fueron 1.566 adjudicaciones de distintos órganos de la administración, la mayoría a dedo, fragmentados en partidas de menos de 30.000 euros. Y desde 2023, los sucesores de Feijóo le adjudicaron otros 17 millones. Desde que el hermano mayor de Micaela accedió al mando en la calle Génova, Eulen aumentó sustancialmente las contrataciones de administraciones como las comunidades de Andalucía y Madrid, o el ayuntamiento de la capital.

Volviendo a los Cárdenas, y a los Botas. Otro de los hermanos de Eva e Ignacio, Antonio Raimundo, ha ocupado varios cargos en Abanca, y forma parte del comité de control del fondo de pensiones del banco. Feijóo era presidente de la Xunta cuando el diktat del Banco de España determinó que las dos cajas gallegas –Caixa Galicia y Caixanova– se fusionaran primero y se privatizaran después. La nueva entidad, que sumaba más del cincuenta por ciento del mercado financiero gallego y la mayoría de los ahorros, se vendió por 700 millones de euros a un banquero venezolano entonces desconocido, llamado Juan Carlos Escotet (que los recuperó sin prácticamente haberlos desembolsado desprendiéndose de sociedades participadas).

El ganador de la pugna con rivales como Caixabank había metido el pie en el sector financiero gallego a través de un pequeño banco coruñés, Etcheverría (el Etcheverría y otra entidad coruñesa, el Banco Pastor, eran los únicos en España que manejaron en su día ducados y euros, antes de desaparecer). El entonces director general del Etcheverría y actual CEO de Abanca es Francisco Botas Ratera. Efectivamente, primo hermano de Eva Cárdenas.

El casero

Mientras Feijóo o el PP no desgranen los pormenores del inquilinato de El Viso con el mismo detalle que lo tuvo que hacer Pablo Iglesias sobre el casoplón de Galapagar, de lo que no hay duda es de la identidad del casero. El propietario es Abanca, por persona física o por sociedad participada, que a su manera no deja de ser “la familia”.

Y cuando se hagan públicos los detalles, que se repita el proceso con la mansión de su socio prioritario, Santiago Abascal, que tampoco se sabe, para no salirnos de Madrid y como decía el cuplé La chica del 17, “de dónde saca, pá tanto como destaca”."

(Xosé Manuel Pereiro  , CTXT, 03/07/26)

Los hijos del presidente Donald Trump y del secretario de Comercio, Howard Lutnick, adquirieron participaciones financieras en un proyecto minero de tungsteno en Kazajistán semanas antes de que sus padres finalizaran un acuerdo federal que otorgaba al proyecto acceso a las reservas y hasta 1.600 millones de dólares en financiación, informó el New York Times, aegún el New York Times... Dominari Securities, propiedad en parte de Donald Trump Jr. y Eric Trump, adquirió una participación del 20% en el proyecto mediante la creación de una sociedad instrumental con una empresa relacionada, Skyline Builders. Los hijos de Lutnick, Brandon y Kyle, ayudaron a recaudar 210 millones de dólares para una entidad relacionada casi al mismo tiempo. El Times identificó al menos 14 empresas con vínculos financieros con las familias Trump o Lutnick que colaboran con el gobierno federal en acuerdos sobre minerales críticos por un valor superior a los 8.900 millones de dólares (Drop Site News)

"Los hijos de Trump y del secretario de Comercio, Howard Lutnick, se benefician del acuerdo de tungsteno en Kazajistán negociado por sus padres, según el Times: 

Los hijos del presidente Donald Trump y del secretario de Comercio, Howard Lutnick, adquirieron participaciones financieras en un proyecto minero de tungsteno en Kazajistán semanas antes de que sus padres finalizaran un acuerdo federal que otorgaba al proyecto acceso a las reservas y hasta 1.600 millones de dólares en financiación, informó el New York Times. 

 Dominari Securities, propiedad en parte de Donald Trump Jr. y Eric Trump, adquirió una participación del 20% en el proyecto mediante la creación de una sociedad instrumental con una empresa relacionada, Skyline Builders. Los hijos de Lutnick, Brandon y Kyle, ayudaron a recaudar 210 millones de dólares para una entidad relacionada casi al mismo tiempo. El Times identificó al menos 14 empresas con vínculos financieros con las familias Trump o Lutnick que colaboran con el gobierno federal en acuerdos sobre minerales críticos por un valor superior a los 8.900 millones de dólares." 

( Drop Site News, 29/06/26, traducción google)

Contratos públicos millonarios (y opacos) para el entramado empresarial del cuñado de Feijóo... La comisión de investigación del Congreso sobre los contratos de emergencia durante la pandemia pidió un requerimiento exhaustivo de documentación a la Xunta de Galicia, que abarcaba los expedientes de Universal Support, Sum Talk Iniciativas y Nervo Group, empresas vinculadas al entorno familiar de Alberto Núñez Feijóo, situando el caso gallego entre los más cuestionados por su volumen, urgencia y vínculos familiares... la documentación remitida fue calificada de ‘parcial e incompleta’... Sesenta millones de euros. Esa cifra incluye contratos de material sanitario, servicios de rastreo, call centers y otros encargos de emergencia que el Gobierno gallego tramitó por la vía rápida en los meses más duros de la Covid-19. En el centro de esa trama aparece el nombre de Ignacio Cárdenas Botas, hermano de Eva Cárdenas, pareja de Feijóo, directivo del grupo Konecta y director comercial y de retail de Universal Support S.A., una empresa coruñesa de telemarketing propiedad de Konecta... Universal Support no es una pyme local que pasara casualmente por allí: es la empresa que, según un informe del Consello de Contas de Galicia, más dinero recibió de la Xunta por servicios vinculados directamente a la gestión de la pandemia. ¿Se lleva algo Feijóo por adjudicar contratos públicos a su cuñado? Es una pregunta que lanzo al aire. No lo sabemos (Cristina Papin Marcote)

"La comisión de investigación del Congreso sobre los contratos de emergencia durante la pandemia —creada por el Pleno el 21 de marzo de 2024 y formalmente constituida el 2 de abril de 2024— incluyó entre sus primeras actuaciones un requerimiento exhaustivo de documentación a la Xunta de Galicia. Este requerimiento abarcaba los expedientes de Universal Support, Sum Talk Iniciativas y Nervo Group, empresas vinculadas al entorno familiar de Alberto Núñez Feijóo, presidente autonómico durante los años investigados.

La comisión pidió contratos, adjudicaciones, comunicaciones internas y cualquier documento acerca de la relación entre la Xunta y el entramado empresarial del cuñado de Feijóo, Ignacio Cárdenas Botas. Sin embargo, como ya había sucedido en la comisión de investigación del Parlamento gallego, la documentación remitida fue calificada de ‘parcial e incompleta’.

Faltan documentos, más de 1.100 contratos menores adjudicados al Grupo Eulen —donde la hermana de Feijóo desempeña un cargo directivo— no fueron enviados a la comisión. En los contratos que sí se remitieron, el objeto aparece en muchos casos bajo la etiqueta genérica de ‘otros’, imposibilitando conocer qué bienes o servicios se estaban financiando con dinero público. Esta opacidad alimentó las sospechas de un intento deliberado de limitar el alcance del control parlamentario.

La comisión de investigación del Congreso continuó con peticiones adicionales y comparecencias centradas en los contratos realizados durante la pandemia, situando el caso gallego entre los más cuestionados por su volumen, urgencia y vínculos familiares.

En Galicia, la oposición reclamó en varias ocasiones que la Xunta completara la entrega de documentación, incluidos los más de 1.100 contratos menores omitidos, pero la mayoría absoluta del PP bloqueó cualquier nuevo requerimiento.

Sesenta millones de euros. Esa cifra incluye contratos de material sanitario, servicios de rastreo, call centers y otros encargos de emergencia que el Gobierno gallego tramitó por la vía rápida en los meses más duros de la Covid-19.

En el centro de esa trama aparece el nombre de Ignacio Cárdenas Botas, directivo del grupo Konecta y director comercial y de retail de Universal Support S.A., una empresa coruñesa de telemarketing propiedad de Konecta.

La concentración de adjudicaciones en una sola empresa, vinculada familiarmente al presidente autonómico de entonces, resulta difícil de compatibilizar con los principios de libre concurrencia y de prevención de conflictos de interés

Cárdenas es, además, hermano de Eva Cárdenas, pareja de Feijóo, lo que convierte cada euro público adjudicado a las compañías que dirige o con las que colabora en un caso de potencial conflicto de intereses que en cualquier democracia exigente dispararía todas las alarmas. ¿Se lleva algo Feijóo por adjudicar contratos públicos a su cuñado? Es una pregunta que lanzo al aire. No lo sabemos.

Universal Support no es una pyme local que pasara casualmente por allí: es la empresa que, según un informe del Consello de Contas de Galicia, más dinero recibió de la Xunta por servicios vinculados directamente a la gestión de la pandemia.

Entre 2020 y 2021, esta filial de Konecta facturó a la administración gallega 15,2 millones de euros procedentes de fondos Covid por servicios de atención telefónica, rastreo de contactos y otros encargos ligados a la emergencia sanitaria.

El detalle es todavía más incómodo: de esos 15,2 millones, 9,76 millones proceden de 12 contratos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) tramitados por la vía de urgencia, sin concurso abierto competitivo. 

Universal Support se convirtió así en la principal beneficiaria de los contratos de call center y rastreo impulsados por la Xunta, concentrando una parte desproporcionada del negocio público en plena crisis sanitaria.

En paralelo a los contratos de emergencia, Universal Support dio un salto cualitativo: en abril de 2022 ganó un concurso del Sergas para gestionar el servicio telefónico de información sobre la covid por 4.058.533,72 euros, pese a presentar la oferta más cara de las finalistas.

Además, la compañía del cuñado de Feijóo carecía de experiencia previa en servicios sanitarios cuando comenzó a recibir estos encargos millonarios.

Si se suman los 15,2 millones en contratos de emergencia y fondos covid a los más de 4 millones del concurso de 2022, Universal Support alcanza ya los 19,2 millones de euros adjudicados por la Xunta solo en el ámbito de la pandemia, sin contar otros contratos anteriores o ajenos a la covid.

Esta cifra, que se repite en diversas investigaciones periodísticas, dibuja una relación continuada y estructural entre el Gobierno gallego y la empresa del cuñado del hoy líder de la oposición.

Pero la historia no se agota en los grandes números. Universal Support obtuvo además unos 200.000 euros en contratos menores y adjudicaciones directas "a dedo" de la Xunta mientras Feijóo era presidente, sin concurrencia pública y con un retraso de cuatro meses a la hora de publicar esos expedientes en el portal de transparencia.

El Gobierno gallego incumplió así los plazos de la Ley de Transparencia precisamente cuando se trataba de contratos especialmente sensibles por sus vínculos familiares.

La documentación presentada en la comisión de investigación del Congreso eleva todavía más el número de contratos: en el Diario de Sesiones de junio de 2024 se habla de hasta 42 contratos relacionados con la Covid concentrados en Universal Support, buena parte de ellos en el año 2021.

Esta concentración de adjudicaciones en una sola empresa, vinculada familiarmente al presidente autonómico de entonces, resulta difícil de compatibilizar con los principios de libre concurrencia y de prevención de conflictos de interés que marcan tanto la legislación europea como la estatal.

El argumento oficial de la Xunta, defendido por el exconselleiro de Sanidade Julio García Comesaña ante la comisión de investigación, es que todos los contratos se firmaron con arreglo a la ley y en un contexto de urgencia extrema, y que Universal Support ya trabajaba para el Samur en Madrid y fue capaz de poner 75 teleoperadores a disposición del Sergas en cuestión de días.

Pero la legalidad formal de un procedimiento no elimina por sí sola la sombra de trato de favor cuando el beneficiario es el cuñado del máximo responsable político que decide la contratación.

Los contratos con Universal Support se enmarcan además en un ecosistema empresarial más amplio, donde aparecen otras sociedades vinculadas al grupo Konecta y al propio Ignacio Cárdenas. La comisión del Congreso ha exigido a la Xunta toda la documentación sobre contratos, comunicaciones, subvenciones y ayudas concedidas entre 2008 y 2023 a Universal Support S.A., Sum Talk Iniciativas S.A. y Nervo Group Investment, todas ellas relacionadas con el mismo entramado empresarial

La solicitud incluye no solo los expedientes de contratación sino también correos, actas de reuniones y cualquier rastro de interlocución con esos grupos empresariales.

Varios medios gallegos han explicado que Ignacio Cárdenas ha ocupado cargos de dirección o apoderamiento en sociedades como Sum Talk Iniciativas S.A. o STD Multiopción, además de su posición en Universal Support, lo que refuerza la idea de un grupo de empresas que actúan en red para concurrir a diversos contratos públicos.

La documentación pedida por el Congreso pretende aclarar si esa red de sociedades operó de forma coordinada para maximizar la facturación pública en Galicia durante los años de gobierno de Feijóo.

El caso de Telemark‑Coremain, la UTE que gestiona el 112 en Galicia, añade otra capa de opacidad al cuadro. Telemark‑Coremain, vinculada también al entorno de Ignacio Cárdenas, recibió más de 15 millones de euros de la Xunta para la gestión del número único de emergencias.

Esta cifra incluye, entre otros, un contrato de 7.417.289,26 euros adjudicado en 2018 para el servicio de gestión del Centro Integrado de Atención de Emerxencias 112 Galicia.

La estrategia defensiva del PP se ha centrado en dos ideas: que todo fue legal y que, en plena pandemia, no había tiempo para más garantías procedimentales

La propia empresa Coremain reconoce en su web corporativa que participa en UTE con Telemark en el proyecto de gestión operativa del 112 de la Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA), lo que confirma el peso de este consorcio en la externalización de un servicio tan crítico como la atención a emergencias.

La combinación de altas cuantías, contratos de larga duración y vínculos empresariales con el entorno del poder político de Alberto Núñez Feijóo dibuja un mapa de riesgos que, de nuevo, cualquier sistema serio de integridad pública debería haber analizado y mitigado.

La oposición gallega ha denunciado que, tanto en el caso de Universal Support como en el de Telemark‑Coremain, la Xunta construyó un sistema de externalización masiva de servicios públicos sin controles suficientes y con una clara puerta giratoria entre lo privado y lo institucional.

Ese modelo habría permitido a un puñado de empresas afines o vinculadas al entorno familiar de Feijóo concentrar decenas de millones de euros en contratos, mientras la administración reducía capacidad propia y se blindaba tras la excusa de la “gestión eficiente” y de la urgencia sanitaria.

En paralelo a la investigación parlamentaria estatal, el Parlamento de Galicia aprobó la creación de una comisión sobre contratación pública cuya ponencia final, recogida en el Boletín Oficial de enero de 2025, constata problemas de transparencia y control en el conjunto del sistema, aunque evita entrar a fondo en la dimensión familiar y de posible conflicto de intereses de los contratos vinculados a Universal Support o Eulen 

La lectura de ese dictamen sugiere una voluntad de cerrar en falso el debate en Galicia mientras el foco político se desplaza a Madrid.

La comisión del Congreso, sin embargo, ha ido más allá al exigir no solo contratos y expedientes, sino también todas las comunicaciones y relaciones laborales, comerciales o mercantiles entre el hermano de la pareja de Feijóo y cualquiera de las empresas del grupo Konecta con la Xunta. Esa ampliación apunta a aclarar si hubo un uso sistemático de la posición de poder para favorecer a empresas del entorno familiar, más allá de la estricta literalidad de la legislación de contratos.

La Xunta también pagó en 2020 sobreprecios de hasta el 37% por la compra de material sanitario a Mape Asesores, la empresa gallega que propició ese año la comisión de 2 millones de euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por intermediar en la compraventa de ese tipo de material en lo peor de la pandemia.

En este contexto, la estrategia defensiva del PP se ha centrado en dos ideas: que todo fue legal y que, en plena pandemia, no había tiempo para más garantías procedimentales. Pero los hechos recogidos por las investigaciones periodísticas y por la propia documentación oficial —concentración de contratos, retrasos en la publicación, empresas sin experiencia sanitaria previa que se convierten en proveedores casi exclusivos— apuntan a un patrón de captura de lo público que excede con mucho las necesidades de urgencia.

Quedan, en todo caso, demasiadas zonas oscuras: no se conocen aún en detalle todos los importes y contratos con filiales como Sum Talk Iniciativas S.A. o Nervo Group Investment, aunque la documentación pedida por la comisión de investigación incluye expresamente esos nombres. Tampoco se ha esclarecido públicamente cuál ha sido exactamente el papel personal de Ignacio Cárdenas en la negociación de los contratos ni qué canales informales se utilizaron para que su empresa se situara siempre en la pole position de las adjudicaciones.

Lo que sí sabemos ya es que la Xunta de Feijóo levantó un ecosistema de contratos públicos en el que la línea entre el interés general y el interés familiar se volvió peligrosamente borrosa.

Y que, una vez estalló el escándalo, la reacción del aparato político no fue abrir ventanas y entregar toda la información, sino retrasar publicaciones, minimizar cifras y refugiarse en la coartada de la emergencia.

Frente a esa cultura del favor y de la opacidad, la exigencia democrática es clara: auditorías independientes, publicación íntegra y accesible de todos los expedientes, identificación de los beneficiarios últimos de las empresas adjudicatarias y, si se confirman las sospechas de trato de favor, depuración de responsabilidades políticas además de las eventuales responsabilidades penales. 

Porque lo que está en juego no son solo los contratos de la Covid, sino la confianza de la ciudadanía en que los recursos públicos no se convierten en un negocio privado para el entorno familiar de algunos representantes del poder político." 

(Cristina Papin Marcote  , InfoLibre, 03/12/25) 

"El noviete de la lideresa tenía una vida normal, no demasiado ostentosa, viviendo bien pero sin lujos, en un piso normal y corriente de un pueblo de la periferia de Madrid, hasta que conoció a Isabel Díaz Ayuso y su nivel de vida se disparó al calor de las concesiones y comisiones vinculadas a la presidencia de su novia. Ni más ni menos que 4,4 millones de euros se llevó Alberto González Amador desde que es novio de Isabel Díaz Ayuso por chanchullos con Quirón, que es la joya de la corona de la privatización de la sanidad que la lideresa favorece regando de dinero público a la empresa que le paga el ático al novio y que ella disfruta como partícipe a título lucrativo. Para lograr ese suntuoso negocio pagó medio millón de euros para comprar una empresa a la mujer del directivo de Quirón con el que hacía negocios. Una empresa de belleza que solo tenía un ordenador viejo y dos máquinas de depilar. Hacienda, que no es tonta, y cualquiera de nosotros, que tampoco lo somos, sospechamos que esa compra no era más que una simulación para pagarle una comisión al directivo del que dependían esos millones de euros que el consorte de la quironesa se agendó en solo tres años de noviazgo" (Antonio Maestre)

 "(...) El noviete de la lideresa tenía una vida normal, no demasiado ostentosa, viviendo bien pero sin lujos, en un piso normal y corriente de un pueblo de la periferia de Madrid, hasta que conoció a Isabel Díaz Ayuso y su nivel de vida se disparó al calor de las concesiones y comisiones vinculadas a la presidencia de su novia. Ni más ni menos que 4,4 millones de euros se llevó Alberto González Amador desde que es novio de Isabel Díaz Ayuso por chanchullos con Quirón, que es la joya de la corona de la privatización de la sanidad que la lideresa favorece regando de dinero público a la empresa que le paga el ático al novio y que ella disfruta como partícipe a título lucrativo. Para lograr ese suntuoso negocio pagó medio millón de euros para comprar una empresa a la mujer del directivo de Quirón con el que hacía negocios. Una empresa de belleza que solo tenía un ordenador viejo y dos máquinas de depilar. Hacienda, que no es tonta, y cualquiera de nosotros, que tampoco lo somos, sospechamos que esa compra no era más que una simulación para pagarle una comisión al directivo del que dependían esos millones de euros que el consorte de la quironesa se agendó en solo tres años de noviazgo. (...)"

(Antonio Maestre, eldiario.es, 21/06/26) 

Alberto González Amador, el novio de Ayuso, en 2019 vivía con su familia en un piso de 90 m². Su trabajo como técnico en prevención de riesgos laborales no daba para lujos. Entre 2020 y 2023 ingresó 8,1 millones de euros... La vida da muchas vueltas... De esos 8,1 millones en cuatro años, 4,7 los pagó Quirón Prevención. Los ingresos se disparan a partir de 2021. El año en que se conoce su noviazgo con Isabel Díaz Ayuso... Hay otros dos millones de euros que también tienen relación indirecta con Quirón. Son la comisión por la compraventa de mascarillas en 2020... En el consejo de administración de la empresa compradora, MAPE, se sentaba entonces Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención... La Justicia hoy investiga si este alto ejecutivo de Quirón fue cómplice de aquel pelotazo... Se explica muy fácil... Alberto González Amador cobró los dos millones de la comisión por las mascarillas en dos pagos: el 5 de mayo y el 5 de agosto de 2020... un mes después, la mujer de Fernando Camino, Gloria Carrasco, compró a su marido y a su hermano sus participaciones en una pequeña empresa que tenían entre los tres: Círculo de Belleza SL... así Camino se quita de en medio. En ese momento, valoraron esa empresa en solo 20.000 euros. Gloria Carrasco se convirtió así en su única propietaria... en diciembre, Alberto González Amador compró Círculo de Belleza a la mujer de Fernando Camino por 499.836 euros... ¿Por qué? Este pago pudo ser un presunto soborno a Fernando Camino, para lograr más contratos de Quirón Prevención o a cambio del pelotazo de los dos millones... Círculo de Belleza nunca valió medio millón. Ni por asomo. Sus únicos activos eran un viejo ordenador portátil y dos máquinas usadas de depilación... Tras la compra, casi toda su facturación llegó en exclusiva de Quirón Prevención: la empresa presidida por Fernando Camino... los hospitales de Quirón han cobrado de la Comunidad de Madrid alrededor de mil millones anuales. Casi el 10% de todo el gasto sanitario madrileño (Ignacio Escolar)

"La vida da muchas vueltas. Que le pregunten a Alberto González Amador.

En 2019, vivía con su mujer y sus tres hijos en un piso de 90 metros cuadrados en Barajas, cerca del aeropuerto de Madrid, en el barrio de la Alameda de Osuna. Su trabajo como técnico en prevención de riesgos laborales no daba para coches deportivos. Ni para dos pisos de 180 metros cuadrados cada uno en el barrio de Chamberí.

Llegó después la pandemia; una catástrofe para la mayoría de los españoles. Para otros no. 

Entre 2020 y 2023, las empresas de Alberto González Amador ingresaron 8,1 millones de euros. Repito: 8,1 millones de euros en solo cuatro años. 

De esa cantidad, 4,7 millones de euros los pagó Quirón Prevención, una filial del grupo sanitario Quirón. Son unos ingresos que se disparan a partir de 2021: el año en que se conoce –no consta fecha de cuándo empezó– su noviazgo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Otros dos millones más también tienen relación con un importante ejecutivo de Quirón. Es esa comisión por la compraventa de mascarillas en 2020. En el consejo de administración de la empresa compradora, MAPE, se sentaba entonces Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención.

La Justicia hoy investiga si este alto ejecutivo de Quirón fue cómplice de aquel pelotazo; si se llevó su parte de esa comisión de dos millones por mascarillas. Los últimos datos que ha desvelado la UCO –aún está pendiente el informe que se encargó hace un año, esto es solo una pequeña previa– respaldan esa sospecha.

Se explica muy fácil. Basta revisar la cronología.

Alberto González Amador cobró los dos millones de la comisión por las mascarillas en dos pagos: el 5 de mayo y el 5 de agosto de 2020.

Apenas un mes después, el 11 de septiembre de 2020, la mujer de Fernando Camino, Gloria Carrasco, compró a su marido y a su hermano sus participaciones en una pequeña empresa que tenían entre los tres: Círculo de Belleza SL. En ese momento, valoraron esa empresa en solo 20.000 euros. Gloria Carrasco se convirtió así en su única propietaria, tras pagar 8.000 euros por el 40% que aún no tenía.

El 4 de diciembre, Alberto González Amador compró Círculo de Belleza a la mujer de Fernando Camino por 499.836 euros. Cerró la operación a través de otra empresa de su propiedad, Maxwell Cremona, no a título particular.

Y al año siguiente, el 16 de diciembre, Maxwell Cremona vendió Círculo de Belleza al propio González Amador por solo 3.300 euros.

¿Cómo puede ser que una misma empresa valga primero 20.000 euros, tres meses más tarde medio millón y al año siguiente 3.300 euros? Como en todo truco de trilero, para encontrar la bolita hay que fijarse bien.

Círculo de Belleza nunca valió medio millón. Ni por asomo. No hay cómo justificar un precio así. Era una empresa minúscula: ni en el mejor de los cinco ejercicios previos había superado los 60.000 euros brutos anuales de facturación. Sus únicos activos eran un viejo ordenador portátil y dos máquinas usadas de depilación. Gestionaba un pequeño centro de estética en León, cerca de la farmacia de la mujer de Fernando Camino. Era tan irrelevante su cartera de clientes que lo primero que hizo González Amador una semana después de comprarla fue cambiar su nombre. Y nunca la volvió a dedicar a la depilación. Tras la compra, casi toda su facturación llegó en exclusiva de Quirón Prevención: la empresa presidida por Fernando Camino.

Cuando Camino vende su participación en Círculo de Belleza a su mujer lo que hace es quitarse de en medio. El código ético de Quirón prohíbe este tipo de negocios entre sus ejecutivos y sus proveedores. Así no es él quien cobra de González Amador.

¿Y por qué González Amador paga medio millón por esta empresita de depilación láser? La sospecha de la Justicia –está imputado por esa razón– es que este pago pudo ser un presunto soborno a Fernando Camino: para lograr más contratos de Quirón Prevención o a cambio del pelotazo de los dos millones. Camino estaba en el consejo de la empresa que compró esas mascarillas.

¿Y por qué un año más tarde González Amador se revende esa empresa a sí mismo por solo 3.300 euros? Pues tiene también su posible explicación: así pudo apuntarse en el balance de Maxwell Cremona unas minusvalías de 496.536 euros, que le permitirían un beneficio fiscal.

Todo huele fatal en los negocios del polimputado Alberto González Amador (está procesado o investigado en dos causas por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, falsedad documental, administración desleal, organización criminal, delito contable y fraude fiscal). Pero lo que más inquieta es el mínimo común denominador. La mayor parte de los millones del novio de Ayuso pasan, directa o indirectamente, por Fernando Camino y Quirón Prevención.

Esta semana, un reciente informe de Hacienda ha cifrado en 4,4 millones la fortuna que González Amador recibió de Quirón solo en tres años, entre 2021 y 2023. Hacienda dice también que las empresas del novio de Ayuso no contaban con los medios para realizar los servicios de consultoría por los que recibieron estos millones. Allí no había ni un solo empleado (no sabemos si seguían las dos máquinas de depilación).

4,4 millones de euros es una cifra tan inmensa que ni siquiera Ayuso la puede esconder, por mucha propaganda que le pongan alrededor. ¿Qué pasaría si Begoña Gómez –es un suponer– hubiera cobrado algo lejanamente similar de una empresa regada de millones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez?

Buena parte de los medios, por lo que sea, han escondido en sus portadas esta información. 

Ante este nuevo escándalo, la respuesta de la Comunidad de Madrid ha sido la de siempre: mentir, insultar y manipular. La Agencia Tributaria “debería ser dinamitada”, dice Miguel Ángel Rodríguez. “Quede claro: el último contrato con Quirón fue el año 2010. La presidenta no estaba ni pensada”, asegura también el jefe de gabinete de Ayuso.

Es falso, como de costumbre. Solo el año pasado, el Gobierno de Ayuso adjudicó a Quirón un nuevo contrato público de 120 millones de euros por gestionar el Laboratorio Clínico Central. Quirón Prevención –la filial de la que cobra sus millones González Amador– ha recibido decenas de adjudicaciones y más de 250 contratos menores de la Comunidad de Madrid desde 2019. 

Durante la presidencia de Ayuso, los hospitales de Quirón han cobrado de la Comunidad de Madrid alrededor de mil millones anuales. No es un proveedor cualquiera: se lleva más del 3% de todo el presupuesto de este gobierno autonómico: casi el 10% de todo el gasto sanitario de la administración madrileña. Es difícil encontrar una empresa con mayores intereses económicos con el Gobierno de Ayuso que Quirón.

Es cierto que los convenios del Servicio Madrileño de Salud con los hospitales que gestiona Quirón vienen de la etapa de Esperanza Aguirre. Pero bajo la presidencia de Ayuso esos pagos han crecido, y su Gobierno ha facilitado en los tribunales el cobro de cantidades que antes la Comunidad discutía.

Durante la presidencia de Cristina Cifuentes, Quirón mantenía un fuerte conflicto con la Comunidad de Madrid por cuáles debían ser las cantidades a cobrar. La intervención ponía peros a una parte de las facturas de los hospitales Quirón, que consideraba que no estaban justificadas.

Quirón llevó el asunto a los tribunales. ¿La respuesta del Gobierno de Ayuso? Ceder y pagar. A partir de 2022, sus servicios jurídicos dejaron de oponerse a buena parte de esas reclamaciones y se allanaron, total o parcialmente, en los tribunales. Las sentencias por esos juicios –hay ya una decena entre 2023 y 2025– han supuesto para la Comunidad de Madrid un pago extra de 86 millones de euros a Quirón. 

En el verano de 2022, el Gobierno de Ayuso también destituyó a la interventora de la Comunidad de Madrid, Marta García Miranda. Era la responsable de fiscalizar los contratos y pagos de la Comunidad de Madrid y, según distintas fuentes, quien ponía peros a algunas de estas facturas. Tras su salida, los pagos a Quirón aumentaron. 

Y mientras tanto, los millones de la pareja de Ayuso no paran de crecer. El informe de Hacienda solo detalla las cifras hasta 2023, pero en los años siguientes hubo más. 

En 2024, la empresa de González Amador Maxwell Cremona cobró casi un millón: 944.836 euros. En el Registro Mercantil no aparece el detalle sobre el origen de este dinero. Tal vez dentro de otro año, en el siguiente informe de la UCO, lo logremos averiguar." 

(Ignacio Escolar, eldiario.es, 20/06/26, gráficos en el original)

El hijo de Trump posee en secreto una participación en una startup de refinería de petróleo en Texas que aseguró una inversión de nueve cifras de la familia Ambani: Donald Trump Jr. adquirió en secreto una participación en America First Refining, una startup de refinería de petróleo en Texas que estaba luchando y que posteriormente recibió una inversión de nueve cifras de Reliance Industries de India—propiedad de la familia Ambani, cuyo patriarca había sido atacado públicamente por la administración Trump debido a las compras de petróleo ruso solo unos meses antes—según una nueva investigación de ProPublica. La inversión coincidió con una serie de victorias políticas de EE. UU. para Reliance, incluyendo una drástica reducción de tarifas para India, una licencia para comprar petróleo venezolano y una exención de sanciones para comprar crudo ruso (Drop Site News)

 "(...) Trump Jr. posee en secreto una participación en una startup de refinería de petróleo en Texas que aseguró una inversión de nueve cifras de la familia Ambani: Donald Trump Jr. adquirió en secreto una participación en America First Refining, una startup de refinería de petróleo en Texas que estaba luchando y que posteriormente recibió una inversión de nueve cifras de Reliance Industries de India—propiedad de la familia Ambani, cuyo patriarca había sido atacado públicamente por la administración Trump debido a las compras de petróleo ruso solo unos meses antes—según una nueva investigación de ProPublica. La inversión coincidió con una serie de victorias políticas de EE. UU. para Reliance, incluyendo una drástica reducción de tarifas para India, una licencia para comprar petróleo venezolano y una exención de sanciones para comprar crudo ruso. Lee más sobre la conexión Trump-Ambani aquí.(...)"

(Drop site News, 09/06/26, traducción Quillbot) 

Milei llegó al poder prometiendo honestidad, orden y un cambio de época. Hoy, sus funcionarios compran propiedades que no pueden pagar, sus estadísticas se caen a pedazos y su política exterior consiste en aislar al país para defender al Estado de Israel. La casta que prometió destruir tiene nombre y apellido, y está más viva que nunca. La pregunta es: ¿cuánto tiempo más seguirá la sociedad tolerando que, en lugar de gobernar, se dedique a hacer malabares con las distracciones? El ajuste lo pagan los de siempre, pero esta vez ni siquiera les dejan la dignidad de tener datos ciertos sobre su propio sacrificio... El ancla del ajuste recae sobre los salarios y el consumo, mientras los servicios públicos privatizados aumentan sin pausa... si se aplicaran los ponderadores actualizados, la inflación acumulada desde noviembre de 2023 sería casi 39 puntos superior a la informada oficialmente . El cuadro se completa con fenómenos que la estadística oficial no refleja: endeudamiento récord de las familias, pluriempleo, extensión de la jornada laboral y una «uberización» que implica una precarización sin precedentes en la rutina de la sociedad (Ramiro Carlos H. Caggiano Blanco)

 "El presidente Javier Milei atraviesa el momento más complejo de su gestión. Acorralado por una realidad social que desmiente sus estadísticas, salpicado por denuncias de corrupción que alcanzan a su círculo más íntimo y con una política exterior que le juega en contra, el libertario intenta desesperadamente cambiar el foco de la discusión pública. Su última maniobra —la deportación del activista humanitario brasileño Thiago Ávila— revela la lógica de un gobernante que, como Sansón, prefiere que todo explote antes que reconocer sus fracasos.

Popularidad en caída y un ajuste que golpea

La imagen positiva de Milei se desplomó en marzo casi cinco puntos porcentuales, según múltiples consultoras, ubicándose por debajo del 40% mientras la percepción negativa trepa al 55% . No es casualidad: las consecuencias sociales de su política económica comienzan a ser insostenibles.

El ancla del ajuste recae sobre los salarios y el consumo, mientras los servicios públicos privatizados aumentan sin pausa. La merma en los niveles de consumo familiar solo no es peor por la ola de productos importados, fruto de una artificial supervalorización del peso argentino basada en el endeudamiento externo y el saqueo de los ahorros en dólares de la población —un fenómeno que el economista Serrano Mansilla denominó «colchón bank» (el banco del colchón).

El gobierno intentó presentar una baja de la pobreza al 28%, pero la población no cree en los malabares estadísticos. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que la mejora registrada en algunos indicadores responde a cambios metodológicos en la Encuesta Permanente de Hogares, no a una mejora real del bienestar . Según el mismo estudio, si se aplicaran los ponderadores actualizados, la inflación acumulada desde noviembre de 2023 sería casi 39 puntos superior a la informada oficialmente .

El cuadro se completa con fenómenos que la estadística oficial no refleja: endeudamiento récord de las familias, pluriempleo, extensión de la jornada laboral y una «uberización» que implica una precarización sin precedentes en la rutina de la sociedad.

Los escándalos que golpean a la «casta»

Milei construyó su discurso en la lucha contra la «casta» política. Hoy, la corrupción se convirtió en uno de los principales problemas para los argentinos, con un 40% de las menciones en las encuestas . El 54% de la población cree que el presidente «es más de lo mismo» .

Los casos son graves. Por un lado, el escándalo de la criptomoneda Libra, que Milei promocionó brevemente en 2025 para luego colapsar, generando denuncias de fraude por pérdidas millonarias . Pero más impactante aún es el caso de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Adorni está bajo la lupa por gastos que no condicen con sus ingresos . Según información periodística, el funcionario adquirió un apartamento valuado en 300 mil dólares y una casa en un condominio cerrado por 250 mil dólares sin justificar los fondos —altamente sospechoso ya que su salario no supera los dos mil dólares mensuales. Como si fuera poco, dos jubiladas aparecen en el contrato como quienes le habrían «fiado» 200 mil dólares mediante una hipoteca, algo inusual en el mercado inmobiliario argentino.

Adorni intentó defenderse diciendo: «Construí mi riqueza antes de entrar al gobierno. No tengo nada que ocultar». Pero la justicia y la opinión pública no parecen convencidas.

Marcha del 24M: el negacionismo que no funcionó

Las manifestaciones masivas del 24 de marzo se sintieron como un revés para el gobierno libertario. El video negacionista que publicaron el día 23, buscando instalar polémica —una de las principales herramientas políticas de Milei para imponer agenda— fue totalmente ignorado .

La creación de polémicas es una estrategia que Milei domina, pero esta vez no funcionó. La sociedad salió a la calle con un mensaje claro sobre memoria, verdad y justicia, mientras el gobierno intentaba, sin éxito, desviar la atención.

Una victoria judicial que le duele

En el plano externo, las noticias tampoco son favorables. La justicia estadounidense revocó una sentencia de 16.100 millones de dólares contra Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, reconociendo la legalidad del proceso llevado adelante en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner .

El fallo del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Manhattan es una derrota para la prédica de Milei, quien quería pagarle al fondo de inversión Burford —con el que, según se dice, hubo contactos— mediante un bono perpetuo llamado «bono Kicillof». Ahora, Milei perdió la posibilidad de criticar a su principal contrincante y debió reconocer una buena medida del gobierno al que tanto atacó.

Su reacción fue contradictoria: por un lado festejó «haber ganado», por el otro insultó a los responsables de la expropiación que la justicia estadounidense acaba de avalar . «Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof», disparó, adjudicándose el mérito de un fallo que reconoce la estrategia jurídica que su gobierno heredó .

El costo de ser «el presidente más sionista del mundo»

Milei se autodefinió como «el presidente más sionista del mundo» durante un discurso en la Universidad Yeshiva. Pero su alineamiento incondicional con Israel le está pasando factura.

La pérdida de reputación de Israel por la falta de resultados en la guerra contra Irán, el alejamiento de países europeos como España, Francia e Italia, y la prohibición de celebrar la misa de Ramos en Jerusalén al obispo Pizzaballa por motivos fútiles —que enojó al mundo cristiano— repercuten directamente en la imagen del mandatario argentino .

La cortina de humo que tensa la relación con Brasil

En este contexto tan desfavorable, Milei encontró su última cortina de humo. El 31 de marzo, en el aeropuerto de Aeroparque, el activista humanitario brasileño Thiago Ávila fue detenido junto a su esposa y su hija menor de dos años al intentar ingresar al país .

Ávila, conocido internacionalmente por su defensa de la causa palestina, participaría de la versión argentina de la Flotilla Sumud, una iniciativa de la sociedad civil que busca romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria a Gaza. La policía aeroportuaria lo separó de su familia, lo trasladó a una comisaría y le informó que «sabían quién era» y que no sería bienvenido .

El gobierno no escatimó esfuerzos en hacer saber que era una decisión del «alto escalón». Tampoco midió las consecuencias de tensar la relación con Brasil, el principal socio comercial argentino.

Doctrina Sansón vernácula

La deportación de Ávila no es un hecho aislado. Es la última pieza de una estrategia desesperada: crear una cortina de humo que tape la corrupción, el fracaso económico y el aislamiento geopolítico.

Milei parece aplicar una suerte de «doctrina Sansón» vernácula: que explote Argentina para salvarme. Y si no me salvo, no importa, perecemos juntos. Pero la estrategia tiene un problema de fondo: la sociedad argentina ya no compra sus polémicas. El video negacionista del 24M fue ignorado; sus insultos a Kicillof mientras celebraba un fallo que valida la expropiación sonaron huecos; y ahora, mientras intenta distraer con un conflicto diplomático con Brasil, los argentinos miran sus bolsillos, los escándalos de sus funcionarios y las estadísticas que no cierran.

Conclusión

Milei llegó al poder prometiendo honestidad, orden y un cambio de época. Hoy, sus funcionarios compran propiedades que no pueden pagar, sus estadísticas se caen a pedazos y su política exterior consiste en aislar al país para defender al Estado de Israel. La casta que prometió destruir tiene nombre y apellido, y está más viva que nunca. La pregunta es: ¿cuánto tiempo más seguirá la sociedad tolerando que, en lugar de gobernar, se dedique a hacer malabares con las distracciones? El ajuste lo pagan los de siempre, pero esta vez ni siquiera les dejan la dignidad de tener datos ciertos sobre su propio sacrificio."

(Ramiro Carlos H. Caggiano Blanco, blog, 08/04/26)