"De nuevo, un fantasma recorre Europa. Arrastra tres cadenas: energía, carestía y escasez. La crisis energética golpea tan fuerte que ha dejado sin aire a la industria.
El invierno se presenta crudo y las empresas más afectadas por la
subida de los precios de la electricidad y del gas han tirado del manual
de emergencias para aplicar las medidas más rápidas y efectivas:
reducción de actividad, aplicación de expedientes de regulación temporal
de empleo (ERTE) en los sectores electrointensivos, paralización de las
inversiones previstas tras la pandemia y, en el caso de pequeñas
industrias, incluso cierres.
En cuestión de meses, la industria
ha pasado de la euforia de la recuperación a la alarma por la subida de
los precios de los combustibles (motor de la escalada de la inflación)
y, poco después, a los gritos de auxilio. Con fundamento. La metalurgia y
la siderurgia son el canario en la mina. El sector registró una primera
mitad del año con resultados y beneficios históricos. Sin embargo, en
el tercer trimestre, con la crisis energética intensificada, la
situación se ha dado la vuelta.
Como resultado, en lo que
va de año, empresas como Ferroatlántica o Alcoa han paralizado casi por
completo su producción. Otras, como Celsa,
Acerinox, Asturiana de Zinc, Megasa o ArcelorMittal, lo han hecho de
forma intermitente para recortar la producción del sector entre un 30% y
un 50%. Porque, según fuentes del mercado, solo han podido trasladar al
precio en torno al 30% del incremento de los costes eléctricos. Una
situación apurada, aunque aliviada en junio por el tope de los precios
al gas. Industria ha recuperado, además, las ayudas que cobraban las
compañías por aceptar desconectarse de la red en caso necesario. Las
ayudas, para las que se celebrará subasta en noviembre, han sido
rebautizadas como “servicio de respuesta activa de la demanda” —antes se conocían como servicio de interrumpibilidad— y son más que bienvenidas en el sector.
Aunque esto no ha evitado que compañías como ArcelorMittal presenten un ERTE para 8.300 empleados
durante los próximos tres meses, en los que reducirá en unas 700.000
toneladas su producción de acero en sus tres instalaciones paradas, o
que Ferroglobe (matriz de Ferroatlántica) negocie el suyo para 400
trabajadores con una duración prevista hasta el año que viene. “Tenemos
una grandísima preocupación por el futuro de las plantas españolas”,
afirma Alberto Fuentes, vicepresidente de operaciones de Ferroglobe en
Europa y Sudamérica. “Si bien la crisis energética viene de agosto de
2021, tras la invasión rusa de Ucrania el precio del megavatio se ha
situado por encima de 200 euros, frente a la media de 100 euros del año
pasado. Solo el coste de la energía es más caro que nuestro producto y esto hace inviable fabricar en España porque nos origina grandes pérdidas”,
explica. La compañía está trasladando la producción al resto de plantas
europeas, a Francia y Noruega, que mantienen precios energéticos
notablemente más bajos.
Todo suma para parchear el roto de
los precios. La electricidad, señala Begoña Cristeto, socia de Mercados
de KPMG y ex secretaria general de Industria con Mariano Rajoy, ha
subido un 285% desde enero de 2020 y el gas un 1.100%. Es un disparo al
corazón de la economía, el músculo que sostiene cerca del 13% del PIB,
el 12% del empleo y el 85% de las exportaciones. La industria
manufacturera, el motor de la exportación, consume más gas, electricidad
y petróleo que las compañías suministradoras de energía y más que todos
los hoteles, restaurantes y cafeterías juntos. Suma más de la mitad de
la energía utilizada, según CaixaBank Research.
La
industria lo está pasando mal. Peor cuanta más corriente gasta para
producir. Hay cinco ramas: química, metalurgia, petróleo, papel e
industria auxiliar de la construcción, que presentan una dependencia
energética demasiado elevada. Con datos del servicio de estudios de
CaixaBank, esas cinco ramas dedican a la compra de combustible entre el
7,2% (química) y el 13% (construcción) de los ingresos. Un mal dato
porque la media del conjunto está en el 4,1%.
El panorama
es desolador porque la mayoría de las empresas industriales compran
energía en el mercado de electricidad, el pool, y están sometidas por lo
tanto a los vaivenes de los precios, salvo algunas excepciones como
Tubos Reunidos o Sidenor, que tienen contratos de suministro pactados a
largo plazo (PPA) o acuerdos de compra de energías renovables. La nube
negra de los precios energéticos cubre, en suma, una parte esencial de
la economía. A muchas empresas, sencillamente, les sale más barato
cerrar plantas que producir. Si producen, pierden dinero. Sidenor,
Fertiberia y las empresas cerámicas han cerrado plantas en algún
momento. De hecho, el secretario general de la Asociación Española de
Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), Alberto
Echavarria, señala que actualmente hay más de 50 ERTE activos en la industria cerámica,
que afectan a unos 7.000 trabajadores de los 18.000 del sector. El de
Azuliber, del grupo Pamesa, ha sido el más sonado. Si bien la azulejera
Todagres acaba de declararse “inviable” y ha anunciado un ERTE para su
plantilla de 170 empleados.
Cierres
Cierran
porque no pueden competir, según afirma Fernando Soto, el director
general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege).
No hay comparación, sostiene Soto. Francia apuntala el 60% del consumo
de su industria electrointensiva
con una tarifa a 42/46 euros megavatio y la industria alemana contrata a
tres o cinco años a precios competitivos. Ante tal panorama, las
empresas más afectadas, como las metalúrgicas, optan por importar
producto mientras preparan expedientes de regulación temporal de empleo.
Ni las medidas de ahorro de costes, ni de eficiencia en los procesos o
las subidas del precio final de sus productos son suficientes.
Los
fabricantes de fertilizantes, las siderúrgicas y las papeleras están
tocadas. Les afectan las tres patas energéticas: electricidad, el gas y
los derechos de emisión de CO2, cuyo precio se ha triplicado en 2022.
Una trébede convertida en trampa de la que no es fácil salir. La
reacción inmediata de las empresas, casi un acto reflejo, ha sido
reducir el consumo. La demanda de gas bajó un 20% en junio, casi un 32%
en julio y un 39% en agosto. Por encima de países como Portugal (-16%),
Francia (-12%), Italia (-10%) y el Reino Unido (-9,5%) en julio y
agosto.
Verónica Rivière, presidenta de GasIndustrial, apunta al
centro de un problema que puede agravarse en los próximos meses: “El
cambio de combustible en sus plantas sería la opción, pero a corto plazo
no es una realidad en la industria. No se puede sustituir el gas y, si
no puedes trasladar el incremento de costes aguas abajo porque los
clientes no te compran, no produces”.
Para las empresas
que apostaron en su día por utilizar hidrocarburos (gas, petróleo) en su
producción y generar electricidad al mismo tiempo (cogeneración), el
momento es más que delicado. En principio, las empresas quedaron fuera
del sistema de compensaciones pactado con Bruselas para topar los
precios del gas utilizado para generar electricidad. Se extendieron los
cierres y, ante la situación creada, el Gobierno ha corregido la
decisión. Pero la preocupación se mantiene.
La asociación que agrupa a 600 empresas cogeneradoras (Acogen) asegura que han llegado a parar dos tercios de sus asociadas
en sectores diversos como el papel, la industria química, el azulejo,
el automóvil o la alimentación. Muchas han recurrido a los ERTE. El
desplome facilitó la aprobación de un nuevo régimen de funcionamiento.
Ahora, las cogeneradoras pueden operar como las eléctricas y acudir cada
día al precio del pool o, como hacían antes, reconociendo un precio
cada seis meses. Con el nuevo marco, Javier Rodríguez Morales, director
general de Acogen, mantiene un punto de optimismo pese a los anuncios de
invierno duro. “Calculamos que entre el 70% y el 80% volverá a la
actividad en octubre”, asegura, “pero hay muchas empresas para las que
la excepción ibérica no es suficiente”. Lo importante, en todo caso, es
la flexibilidad. Acogen quiere que se revise el precio cada mes en vez
de hacerlo cada seis. Es una forma de afrontar la incertidumbre, el
sustantivo que marca la actualidad.
La papelera Saica
acaba de poner en funcionamiento esta semana dos de las tres plantas que
detuvo en agosto. La producción de la tercera la va a cubrir
“valorizando los residuos”, mantiene su director general, Enrique
Yraolagoitia. El ejecutivo, satisfecho con la entrada en vigor de la
excepción ibérica, asegura no obstante que está muy preocupado por el
“invierno escalofriante” que se presenta. “Aunque en España no tengamos
problemas de suministro energético, sí puede haberlos en el resto de
Europa y, como todo está unido, afectarnos en cascada”. Saica ha
reducido el consumo, la producción, los costes y ha recurrido a los
residuos para generar energía más barata porque “si antes la materia
prima era nuestro principal coste de producción, ahora lo es la energía,
que se ha multiplicado por seis y suma más del 50% del total”.
Esperar y ver
La falta de certidumbre, de
seguridad, explica por qué en sectores industriales clave como el refino
se ha impuesto la máxima de “esperar y ver”. Las petroleras están en guardia ante los anuncios de posibles nuevos impuestos a los grandes beneficios obtenidos en los últimos meses y/o para financiar una mayor apuesta por las energías renovables.
La
Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) ha
lanzado mensajes en dos direcciones: Bruselas y La Moncloa. En ellos
advierte de que “para no comprometer la viabilidad de la industria
europea, inmersa en un proceso costoso de transformación y
descarbonización, la carga conjunta de este gravamen (a los beneficios),
junto con el impuesto sobre sociedades, no debe llegar a ser
confiscatoria y deben incluirse incentivos a la inversión”.
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz,
ha dado cuerpo a las advertencias. Este mismo mes, dejó caer que la
petrolera calibra cuidadosamente sus inversiones. Lo hizo en Bilbao, en
un acto junto al presidente de la filial Petronor, Emiliano López
Atxurra, en el que caló la sensación de que los proyectos de inversión
del grupo Repsol para los próximos años serán sometidos a revisión y,
previsiblemente, a un recorte de dimensiones por el momento
desconocidas.
“No se trata de amenazas”, asegura un
portavoz de la compañía, “es algo más sencillo. Simplemente, si hay un
plan de inversión en marcha y se introducen nuevos impuestos, se reduce
la capacidad de inversión”. “Seguimos invirtiendo en los proyectos en
marcha, pero muy poco a poco, porque son inversiones a largo plazo”.
Freno a la inversión
Cepsa,
que el pasado mes de marzo presentó un plan estratégico con inversiones
de 8.000 millones hasta 2030 y apuestas por el hidrógeno verde y los
biocombustibles, también se lo toma con calma. Sobre el papel, el plan
estratégico “está en marcha”. Pero desde marzo, las únicas acciones
remarcables son los trabajos de desmantelamiento de la refinería de
Santa Cruz de Tenerife, la contratación de nuevos investigadores y la
instalación de paneles solares en las estaciones de servicio. Acciones
modestas respecto a lo anunciado, según algunos análisis, pero
suficientes en un contexto incierto, según otros.
La industria química, explica Juan Antonio Labat, director
general de la Federación Empresarial de la Industria Química Española
(Feique), no registra muchos cierres hasta el momento, “pero sí paradas
de plantas y adelantos de las revisiones técnicas anuales” para hacer
frente a la situación. El impacto es más fuerte en las empresas que
utilizan el gas como materia prima (fertilizantes). Por ello, Feique
reclama ayudas como las pactadas para la industria electrointensiva.
La
crisis energética no solo está poniendo en cuestión las inversiones de
las petroleras. La industria del cemento, que también paró sus fábricas
cuando los precios alcanzaron el pico máximo en marzo (Portland,
Lafarge, Cemex, Molins…), teme por las inversiones de una actividad que
está perdiendo competitividad a marchas forzadas. “Exportamos menos, la
producción empezó a decrecer en verano y acabaremos el año sin
crecimiento, planos. El horizonte de 2023 se empieza a ver complicado y
esta incertidumbre está generando dudas en las inversiones. Ya hay
proyectos que comienzan a detenerse”, avanza Aniceto Zaragoza, director
general de Oficemen, la patronal del sector. “No se ha vivido nunca una
crisis como esta”, remarca.
Como la mayoría de las organizaciones empresariales, Oficemen ha acudido al Gobierno y a Bruselas
para pedir auxilio. Demandan al Ejecutivo de Pedro Sánchez que amplíe
el importe de las subvenciones previstas por la Comisión Europea en el
Marco Temporal de las ayudas estatales destinadas a respaldar la
economía tras la guerra de Ucrania, igual que GasIndustrial y Ascer,
“que se está aplicando muy tibiamente”, dice Zaragoza. Se trata de un
paquete de 375 millones de euros. Los empresarios se quejan de que en
España estas ayudas son de un máximo de 400.000 euros por compañía
electrointensiva, mientras que los topes establecidos por la UE son de
2,25 (si están en pérdidas) y 50 (si son industrias esenciales) millones
de euros por empresa. “Alemania y Francia han desplegado esas ayudas
directas, en tanto que aquí son totalmente insuficientes”, denuncia
Verónica Rivière.
“Es intolerable”, sostiene el
secretario general de Ascer, “el Gobierno debe aplicar las mismas
medidas que el resto de Europa. Italia, nuestro principal competidor,
lleva seis meses dando créditos fiscales que permiten reducir hasta un
40% la factura energética, lo que supone una mejora competitiva frente a
España inaceptable. O se dan ayudas decididas o nos vamos a cargar la
industria española”, critica.
España ha destinado a la industria otros 244 millones de
euros para compensar los costes de las emisiones de CO2, ha reducido los
cargos y peajes al 80%, el impuesto especial de la electricidad del
5,1% al 0,5%, el IVA del gas del 21% al 5%, ha creado un fondo de ayuda
de 200 millones de euros para las empresas electrointensivas, se ha
aprobado el mecanismo ibérico
incluyendo a las empresas de cogeneración, así como el nuevo sistema de
interrumpibilidad, entre otras medidas, enumera Begoña Cristeto, de
KPMG, mientras se espera el PERTE de descarbonización del sector,
cifrado en 400 millones de euros. “La industria necesita una mayor
agilidad en la introducción de medidas excepcionales que palíen la
situación actual; sin embargo, el Gobierno está reaccionando tarde y a
situaciones puntuales, cuando el precio del mercado ya se ha llevado por
delante los beneficios que podían tener estas medidas de apoyo a la
industria”, reflexiona.
Fijación de precios
Porque
la verdadera reclamación (o más bien súplica) de la industria
manufacturera española es que, en vez de ayudas directas, créditos,
subvenciones, compensaciones…, Europa regule de una vez por todas el
sistema de fijación de precios marginalistas de la energía para que
pueda disfrutar de valores “razonables” desde el principio. Quiere una
señal correcta en vez de un mecanismo pervertido, como lo denomina
Zaragoza. El nudo gordiano de las negociaciones en Europa. La Comisión
Europea anunció tras la última reunión de los ministros de Energía la
pasada semana que el año que viene realizará una reflexión profunda sobre el sistema,
sobre la desvinculación de los precios del gas del resto de energías.
Entre tanto, “durante lo que queda de año, habrá que operar con las
reglas del juego actuales y, con la demanda cayendo y ante tanta
incertidumbre, estamos abocados a la recesión”, aventura el director
general de la papelera Saica.
Es el obstáculo más difícil de salvar. Y el que, de no
resolverse, puede catapultar hacia una Europa de dos velocidades, tal y
como ha advertido esta semana el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, en una carta a los Estados miembros,
en la que ha pedido que coordinen las reacciones al encarecimiento
energético para mantener la igualdad de condiciones en las ayudas y no
fragmentar el mercado único entre los países con mayores y menores
presupuestos. Alemania ha lanzado un plan de apoyo a familias y empresas
de 200.000 millones de euros. Breton quiere impedir así “una carrera de
subvenciones”. La competitividad está en juego. Y, de momento, España
pierde la partida frente a países como Alemania, Francia o Italia.
El
precio de la energía está dejando fuera de juego a industrias como la
azulejera. Ascer ha calculado la factura que pagan las empresas del
sector cerámico, altamente dependiente del gas. El año pasado fueron
1.000 millones de euros distribuidos en gas, electricidad y derechos de
emisión de CO2. Una cifra que representó el 20% del valor de sus ventas,
de 4.800 millones de euros. Pero en 2022 ha sido mucho peor, asegura
Alejandro Echavarría. Para este año estiman que, igualando la
facturación del ejercicio anterior [que no la producción, que está un
30% por debajo, aunque a precios cerca del 30% por encima], el coste
energético llegaría a 2.400 millones de euros, “la mitad de nuestras
ventas”.
Lo peor del asunto es que no se espera que los
precios de la energía se relajen en los próximos dos años, según el
responsable del sector de KPMG, Carlos Solé, lo que no solo pone en
riesgo la actividad industrial española, sino que puede, además,
provocar problemas de impago entre los consumidores manufactureros. Una
pieza más dentro de un engranaje en el que la cartera de pedidos baja
porque la demanda se retrae y los costes continúan disparándose. (...)" (Santiago CarcarCarmen Sánchez-Silva , El País, 08/10/22)