Yolanda Díaz, la de Ferrol, se carga la brecha salarial entre hombres y mujeres y no sale en las portadas... las empresas deben tener un registro en el que se detalle por sexos la media aritmética y la mediana en cada categoría laboral, grupos profesionales o puestos. “A su vez, esta información deberá estar desagregada en atención a la naturaleza de la retribución, incluyendo salario base, cada uno de los complementos y cada una de las percepciones extrasalariales, especificando de modo diferenciado cada percepción”

 "Las empresas tendrán seis meses para adaptarse a las nuevas exigencias para los planes de igualdad y los registros y auditorías salariales. El plazo se fija en los dos reglamentos que ha aprobado el Consejo de Ministros y desarrolla un decreto ley de marzo de 2019 que fijaba las nuevas obligaciones para las empresas. 

El primero de los textos es el que establece las normas de contenidos y transparencia en los registros salariales. En el segundo se fijan las materias mínimas que deben recoger los planes de igualdad y los mecanismos de negociación a seguir. Ambos fueron negociados con sindicatos y empresarios, aunque finalmente solo los primeros llegaron a un acuerdo con los ministerios de Trabajo e Igualdad.

El objetivo de la norma es reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres en el mercado laboral. “El momento es ahora”, ha apuntado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacando después que la crisis se está cebando más con colectivos desfavorecidos del mercado laboral, como mujeres y jóvenes, y que esto es una forma de combatirlo. “Hay que corregir este déficit ahora”, ha proseguido, en referencia a la brecha salarial, que en España está en torno al 22% si se mide de forma bruta y en el 13% si se depuran efectos estadísticos.

Uno de los objetivos del reglamento de igualdad retributiva es fijar mecanismos para avanzar en uno de los principios que establece el Estatuto de los Trabajadores para evitar la discriminación salarial: a un trabajo de igual valor, la misma retribución. Para ello, se apuesta por la transparencia en la información.

 Así deja claro que las empresas deben tener un registro en el que se detalle por sexos la media aritmética y la mediana en cada categoría laboral, grupos profesionales o puestos. “A su vez, esta información deberá estar desagregada en atención a la naturaleza de la retribución, incluyendo salario base, cada uno de los complementos y cada una de las percepciones extrasalariales, especificando de modo diferenciado cada percepción”, añade el borrador que se pactó con los sindicatos.

“Cuando hablamos de desigualdad retributiva, solemos pensar en el salario base. Lo son sobre todo los complementos retributivos”, ha justificado la ministra de Igualdad, Irene Montero.

El registro salarial deberá estar a disposición de los trabajadores, que tendrán acceso a ella a través de su representación legal en las empresas donde exista. En las que no exista esta representación “la información que se facilitará por parte de la empresa no serán los datos promediados respecto a las cuantías efectivas de las retribuciones que constan en el registro, sino que la información a facilitar se limitará a las diferencias porcentuales que existieran en las retribuciones promediadas de hombres y mujeres”.

Según ha explicado la ministra Díaz, el objetivo es que la transparencia permita aflorar “desigualdad” para perseguirla y ha puesto el ejemplo de las pocas denuncias que hay por esta materia ante la Inspección de Trabajo. “Es clave tener los datos de la cadena retributiva, porque es ahí donde se perciben las diferencias”, ha justificado.

El otro reglamento es el que desarrolla los planes de igualdad y sus contenidos. Estos planes ya existen desde que se aprobó la de Igualdad en 2007. Sin embargo, Montero ha explicado que “se habían quedado en una especie de declaración de intenciones”. La norma de 2019 que desarrolla estos dos decretos ya reducía el tamaño de las empresas obligadas a tener uno, lo rebaja de 250 empleados o más, a 50. Aunque este umbral está bajando progresivamente y no se alcanzará ese mínimo hasta 2022.

Estos planes deben negociarse con los representantes de los trabajadores o, en su ausencia, con los sindicatos más representativos del sector. Este fue el motivo por el que CEOE y Cepyme rechazaron avalar el pacto con el argumento de que suponía una reforma laboral encubierta. Criticaban que en las empresas sin representación sindical se habilitara a los sindicatos más representativos del sector a negociar los planes de igualdad. Este argumento fue desautorizado por el Consejo de Estado en el informe emitido en septiembre en el que decía expresamente no compartir la posición de las organizaciones empresariales."                   (Manuel V. gómez, El País, 13/10/20)

Piketty: Superando el conflicto de identidad a través de la justicia económica

"Los europeos han observado desde lejos la mezcla de conflictos sociales y raciales que estructuran las divisiones políticas y electorales en los Estados Unidos. Dada la importancia creciente y potencialmente destructiva de estos conflictos de identidad en Francia y en Europa, podrían considerar las lecciones que se pueden aprender de las experiencias extranjeras. (...)

No fue hasta la década de 1960, bajo la presión de los militantes negros, y en un contexto geopolítico transformado (Guerra Fría, descolonización) , que el Partido debía darle la espalda a su pesado pasado segregacionista y apoyar la causa de los derechos civiles y la igualdad racial.

A partir de este momento, fueron los republicanos quienes gradualmente obtuvieron el voto racista (...)

El proceso comenzó con Nixon en 1968 y Reagan en 1980; luego ganó impulso bajo Trump en 2016, que endureció la identidad y el discurso nacionalista a raíz del fracaso económico de Reaganomics y sus promesas de prosperidad. Dada la abierta hostilidad de los republicanos (la estigmatización por parte de Reagan de la "reina del bienestar", esta "reina del bienestar social", presumiblemente personificaba la pereza de las madres negras solteras, hasta el apoyo de Trump a los supremacistas blancos durante los disturbios en Charlottesville), no es sorprendente saber que el voto del electorado negro ha sido en un 90% constante para los demócratas desde la década de 1960.

 Este tipo de división sobre la base del origen étnico está en proceso de establecerse en Europa. La hostilidad de la derecha en materia de inmigración extraeuropea ha llevado a los votantes que se originan en estas partes del mundo a refugiarse en los únicos partidos que no los rechazan abiertamente (por lo tanto, a la izquierda), lo que a su vez conduce a la derecha. -la acusación de favoritismo hacia ellos por parte de la izquierda. 

Por ejemplo, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en 2012, el 77% de los votantes que declararon que tenían al menos un abuelo de origen extraeuropeo (o el 9% del electorado) votaron por el candidato socialista, en comparación con 49% para los votantes de origen europeo (19% del electorado) como para aquellos sin origen extranjero declarado (72% del electorado). (...)

Desde este punto de vista, la situación europea está más cerca de la de India, donde los nacionalistas hindúes en el BJP construyeron su ideología sobre el rechazo de la minoría musulmana. En India, la confrontación de identidades se refiere al consumo de carne de res y la dieta vegetariana. En Francia, se centra en la cuestión del pañuelo en la cabeza y, a veces, en la longitud de las faldas y el uso de polainas en la playa. 

En ambos casos, somos testigos de una obsesión anti-musulmana similar en las filas de los partidarios del hinduismo y los partidarios del secularismo extremista y el Frente Nacional. Esto también toma la forma de un discurso extremadamente violento que se extiende a todos aquellos que defienden los derechos de las minorías (a quienes casi se les acusa de ser pro-yihadistas).

 ¿Cómo podemos escapar de esta escalada de conflicto? Primero, la discusión debe establecerse en el contexto de la justicia económica y el combate contra la desigualdad y la discriminación. Innumerables estudios han demostrado que para un mismo diploma, aquellos cuyos nombres tienen una consonancia árabe-musulmana a menudo no son invitados a una entrevista de trabajo. Es urgente establecer indicadores y sanciones que nos permitan monitorear el desarrollo de estas prácticas discriminatorias y hacer que evolucionen.

 En términos más generales, es la ausencia de discusión económica lo que alimenta los conflictos de  basados ​​en la identidad que no gana nadie. Una vez que abandonamos cualquier discusión sobre una política económica alternativa y seguimos explicando que el Estado ya no controla nada, aparte de sus fronteras, no hay razón para sorprenderse de que la discusión política se centre en cuestiones de fronteras e identidades.

Es hora de que todos aquellos que rechazan el pronóstico de choque entre el nacionalismo identitario y el globalismo elitista se reúnan y se unan en torno a un programa para la transformación económica. Esto implica justicia educativa, ir más allá de la propiedad capitalista y un proyecto actual y ambicioso para la renegociación de los tratados europeos. Si no logramos ir más allá de estas pequeñas disputas y viejos odios, entonces el odio que recuerda al fascismo bien podría ganar un día."                     (Piketty, blog, 12/11/19)

Islandia obligará a las empresas de más de 25 trabajadores a demostrar que cumplen con la equidad salarial entre hombres y mujeres

"Ciento dieciocho años. Ese es el tiempo que había calculado el Foro Económico Mundial que tardarían las mujeres de los países occidentales en lograr la equiparación salarial con los hombres. Y eso suponiendo que la línea de progreso fuera siempre ascendente, algo que, dada la experiencia de los últimos años, es mucho suponer. 

De hecho, hay ya datos que demuestran que en los países más castigados por la gran recesión de 2008, como España, las mujeres están saliendo de la crisis en peores condiciones de las que entraron: con más precariedad, más temporalidad y mayor brecha salarial.  (...)

¿Debemos resignarnos a esta larga marcha que puede no tener fin? Islandia ha dicho que no. Y ha decidido dar una nueva vuelta de tuerca a la ya muy avanzada normativa en materia de igualdad, obligando a las empresas de más de 25 trabajadores a demostrar, mediante auditorías externas, que cumplen con la equidad salarial. 

El que las leyes obliguen a la igualdad no es suficiente. Islandia, en concreto, reguló la igualdad salarial hace más de más de medio siglo. Y sin embargo, las mujeres en la isla siguen ganando entre un 14% y un 20% menos que los hombres. Y eso, a pesar de que Islandia es uno de los países con legislación más avanzada en igualdad de género. Su legislación incluye la exigencia de cuotas en los consejos de administración, generosas ayudas para el cuidado de los hijos y largos permisos remunerados por maternidad y paternidad. 

Eso ha permitido que hoy casi la mitad de los parlamentarios sean mujeres, la tasa de ocupación femenina supere el 80% y que, gracias las cuotas obligatorias, casi la mitad de los asientos de los consejos de administración de las empresas estén ocupados por mujeres. Pero la brecha salarial se resiste. De ahí el empujón legislativo que acaba de aprobar. “La historia demuestra que si quieres progreso, lo debes forzar”, ha dicho Thorsteinn Viglundsson, titular de Asuntos Sociales e Igualdad.

No es solo una cuestión de justicia. 

Son muchos los informes que demuestran las ventajas de la igualdad. Aprovechar el potencial creativo y la formación de la mitad femenina de la población debería ser un imperativo económico inexcusable. Pero además, las empresas que practican la igualdad de género tienen ventajas competitivas que las hacen más exitosas. Quienes estén interesados en esta cuestión encontraran un amplio despliegue de datos en el Gender Equality Gobal Raport and Ranking de 1917.

En todo caso, Islandia siempre nos sorprende con iniciativas interesantes que por lo menos reflejan la valentía de una sociedad dispuesta a innovar también en cuestiones de gobernanza. Desde su forma de afrontar la grave crisis bancaria, a contracorriente de lo que se hacía en el resto de Europa, a la experiencia de encargar la reforma de la Constitución a un comité de 25 ciudadanos representativos de la sociedad islandesa elegidos por un sistema mixto de votación y sorteo."             (Milagros Pérez Oliva, El País, 19/04/17)

EEUU discrimina claramente a la mujer

"Estados Unidos es uno de los países que tiene un mayor número de movimientos feministas en el mundo occidental. (...) 

Y, sin embargo, los datos muestran que aquella sociedad es de las más insensibles a la liberación de la mujer. La Comisión de las Naciones Unidas que analiza la situación de la mujer en los países miembros de aquella organización mundial acaba de publicar un informe devastador sobre la situación de la mujer en EEUU, mostrando que ésta está a la cola en la categoría “derechos de la mujer”. 

Según tal informe, EEUU es el único país del mundo (junto con Papúa Nueva Guinea) que no provee un mandato estatal para proveer y garantizar el permiso de maternidad. Como consecuencia de la no existencia de este derecho, los permisos de maternidad son muy reducidos (unas diez semanas como promedio), cuando no inexistentes (el 33% de mujeres que han tenido un hijo se incorporan al trabajo inmediatamente después del parto).

 En la Unión Europea, el promedio son 18 semanas remuneradas. En EEUU, 10 semanas sin remunerar. El informe detalla también la enorme pobreza de la infraestructura de apoyo a las mujeres y a las familias en el cuidado de niños o infantes. 

 La infraestructura de escuelas de infancia, por ejemplo, es dramáticamente insuficiente, estando poco financiado el desarrollo de estos servicios (el personal de los mismo, por cierto, está también entre los peor pagados del país).

Un punto muy importante que el informe subraya es que esta insensibilidad hacia los derechos de la mujer va acompañada también de una discriminación, no solo de género, sino también de clase social. La enorme pobreza y limitación de los derechos sociales de la mujer alcanza su máximo exponente en las mujeres de las clases populares donde tales carencias aparecen con toda crudeza.

 Las mujeres de clase trabajadora no cualificada, afroamericanas (entre las que el paro y la precariedad están muy extendidos), tienen más probabilidad (cuatro veces superior) de morir en el momento del parto que el promedio de EEUU. En realidad, el informe muestra claramente que la disponibilidad y acceso a los servicios de atención a las familias (y cuando decimos familias queremos decir mujeres) depende primordialmente de la clase social a la que la mujer estadounidense pertenezca. 

Así, el permiso de maternidad está mucho más extendido (cinco veces mayor) entre las mujeres del decil superior de renta del país que entre las del decil inferior. El informe señala con toda claridad que EEUU no es una sociedad sin clases (como asume la narrativa que considera a EEUU como el país de las oportunidades, en el que supuestamente la mayoría de la población pertenece a la clase media), sino que es un país en el que la clase social es clave para entender la distribución de oportunidades y de beneficios sociales.

Todo ello refleja que la mayoría de las mujeres en EEUU, que pertenecen a las clases populares (clase trabajadora y las clases medias de renta media y baja) tienen escasísimo poder político.

 En realidad, el informe sitúa EEUU en el número 72 en cuanto al número de mujeres elegidas en las instituciones representativas, la mayoría de las cuales, por cierto, pertenecen a las clases de rentas altas o medianas altas, siendo una de ellas la que probablemente pase a ser elegida Presidenta de los EEUU en las próximas elecciones legislativas.

 El informe muestra que EEUU discrimina claramente a la mujer, pero dentro de esta discriminación hay un claro gradiente de clase social. La mujer más discriminada es la mujer de las clases populares, al ser mujer y pertenecer a las clases populares. 

Y esta situación tiene enormes consecuencias en cuanto a la estrategia del movimiento de liberación de la mujer (y del hombre). (...)"               (Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 14 de enero de 2016, en www.vnavarro.org, 14/01/16)

Un colegio público de Madrid da prioridad a las familias en las que no haya parados... las cosas del ¡que se jodan!

"Que ambos padres trabajen. Es el criterio escogido por el colegio público María Martín, de la localidad madrileña de Navalcarnero, para asignar un punto preferente en la admisión de alumnos el próximo curso.

 En un contexto de crisis económica, en el que 1.978.900 hogares españoles tienen todos sus miembros en paro, la elección del centro ha indignado a varias familias, que se han quedado sin plaza y que consideran la medida "discriminatoria". 

El hijo de Sandra del Río, de tres años, es uno de los perjudicados por este criterio. Vive a diez minutos del María Martín pero su madre está en paro desde hace un año y medio, desde que terminó su contrato en la cocina del Hospital 12 de Octubre.

 "Es una medida elitista y lo sorprendente es que no es de un colegio privado. ¡Es de uno público!", dice con enfado. Junto a otras familias afectadas han iniciado una campaña de recogida de firmas que ya acumula más de 1.000 en papel y en internet. 

"Es denunciable. Inasumible", dice indignada Isabel Galvín, secretaria general de Educación de Comisiones Obreras en la Comunidad de Madrid. (...)

Noemí Virseda también esta desempleada, en su caso desde hace dos y medio. Su niña tampoco ha podido comenzar el segundo ciclo de Educación Infantil en las aulas del María Molina, el colegio de su barrio. "Pedimos que el punto se otorgue por proximidad. 

No tiene ningún sentido que las personas con menos recursos tengamos que gastar dinero en gasolina para llevar a nuestros hijos a un centro en la otra punta del municipio", critica por teléfono. Ha hecho cálculos y, dado que el horario es partido y tendría que hacer cuatro viajes al día, la ida y vuelta del colegio le costaría 90 euros al mes. "Si la gente no tiene para comer, para gasolina menos", añade.

"La otra opción que nos da el concejal de Educación es que metamos a nuestros hijos en uno de los dos colegios concertados y, que si no podemos asumir las tasas, recurramos a los servicios sociales", afirma Del Río.  (...)"               (Laura Olías,, eldiario.es, 05/06/2014)

La explosión de las ciudades-dormitorio

""Cada vez más, en las ciudades dormitorio, la gente toma las armas". Así se expresó el 17 de marzo un responsable de la Información General (el servicio de información de la policía). Y añadió: "Es preocupante; quiere decir que se ha superado una barrera psicológica". La situación es delicada y todo hace pensar que sólo puede empeorar. (...)

El aumento de la violencia tiene causas complejas. Primero se debe al odio difuso que albergan estos jóvenes contra las fuerzas de seguridad, con frecuencia acusadas de practicar detenciones por el color de piel y de cometer errores mortales sin verdaderas sanciones por parte de las autoridades. También es el resultado, más pernicioso, de guerras de intereses organizadas por bandas de delincuentes, traficantes de droga, que quieren controlar con las armas sus territorios y aterrorizar a la policía. (...)

Pero la razón de fondo es todavía más grave: es el rechazo por parte del Estado de afrontar la cuestión de la integración social.

En 2005, los jóvenes pedían reconocimiento social, trabajo e integrarse. Hoy, el resultado es inquietante. Reina el mismo desamparo en estos barrios, la misma desesperación, la misma ira contra un sistema que se percibe como profundamente injusto, contra un poder político acusado de demagogo y manipulador. " (SAMI NAÏR: Barrios sin ciudadanía. El País, ed. Galicia, , 21/03/2009, p. )

El Certificado de Buena Conducta polaco, como en tiempos de Franco

La campaña emprendida por los Kaczynski para borrar cualquier señal de comunismo en Polonia está encontrando cierta resistencia en las universidades. La de Varsovia, la mayor del país y de tinte más liberal, ha exigido que se suspenda la Ley de la Lustración -obliga a entre 400.000 y 700.000 periodistas, funcionarios, directores de escuela y profesores universitarios, nacidos antes de 1972, a confesar si colaboraron con los servicios secretos del régimen comunista que gobernó el país hasta 1989- hasta que el Tribunal Constitucional dictamine si es o no legal. Mientras, la Universidad de Cracovia, más conservadora, afirma que acatará la norma, pero con algunas precauciones.

El rector de esta universidad, la más antigua del país, obtuvo este miércoles el respaldo del claustro para pedir a los profesores del centro que entreguen sus solicitudes a la universidad para conseguir su certificado de limpieza política, pero que esperará también a entregarlas a su vez a las autoridades hasta ver qué decide el Constitucional… Quien no se presente su solicitud se enfrenta a una sanción de hasta 10 años de inhabilitación en el cargo. (El País, Internacional, 30-03-07, pp. 8)