"Hicieron falta 15 años y mirar hacia otro lado para que desde la Junta
de Castilla y León se fraguase el mayor caso de corrupción conocido
hasta la fecha. Con la Trama Eólica antiguos cargos del Gobierno
autonómico del PP se repartieron mordidas de 75 millones de euros entre
los años 2000 y 2015.
Tras cuatro años de investigación judicial, y con
el juicio pendiente de señalar hay varias certezas: que 16 personas
tendrán que responder ante el juez por presuntos delitos de
prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales,
extorsión y contra la Hacienda Pública y que el epicentro estaba en la
propia cúpula de la Consejería de Economía de Castilla y León, que según
el entonces presidente, Juan Vicente Herrera, no estaba "en el mapa de
la corrupción".
La trama, que denunció la Fiscalía Anticorrupción tras el informe de un
inspector de hacienda, consistió en dar salida a parques eólicos en los
que hubiese empresarios de Castilla y León elegidos en la Consejería.
Las eléctricas como Endesa e Iberdrola o los promotores de energías
renovables tenían que asociarse con ellos. De otro modo, la tramitación
se estancaba.
Según el juez, el viceconsejero de Economía de la Junta, Rafael
Delgado, junto al entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, ya
fallecido, y el responsable de una filial de Iberdrola, Ricardo Bravo
Sayas, establecieron un plan porque "en la Junta de Castilla y León se
entendió que el sector de las energías renovables y particularmente el
eólico era un sector que facilitaba la diversificación de actividades
para las empresas de la comunidad autónoma, regulado y con un importante
marco jurídico y retributivo estable, por lo que el gobierno autonómico
decidió favorecer una importante entrada de empresas de la comunidad en
las promotoras de parques eólicos".
Participaciones del 40% de empresarios locales y excargos de la Junta
Así, se exigió a promotores que cediesen o permitiesen la
participación de empresas locales en el proyecto bajo la amenaza de no
obtener la necesaria autorización, participación que debía ser próxima
al 40%. El principal imputado es Delgado, que mediante una instrucción
de avocación, se arrogó la capacidad de autorizar parques, en lugar de
los jefes de Industria de cada provincia. Para controlar la marcha de
las negociaciones y fusiones, se creó un documento llamado "semáforo" en
el que se iba marcando qué parques tenían vía libre.
Las empresas por las que apostó la Junta fueron aquellas que
pertenecían a personas con las que tenían relación. Entre esas personas
estaban los hermanos Francisco y Alberto Esgueva.
Este último había sido el consejero delegado de la Oficina de
Internacionalización de la Junta hasta 2006, y fue el mayor beneficiado
en la trama. Esgueva se asoció con Iberdrola, constituyendo una sociedad
en la que aportó poco más de 24.000 euros. Una vez autorizado el parque
eólico, vendió su parte a la eléctrica. El 'pelotazo' fue de 47
millones de euros. Con ese dinero, y el de la venta de otro parque más,
se estableció en Polonia, donde se dedicó a construir edificios y donde
seguía hasta hace unos meses al menos.
Esgueva tuvo un paso por la Junta más que discutible entre 2003 y 2006. Un ejemplo es que mientras trabajó para la administración facturó sus servicios a través de una SL, y que aunque
se le contrató por un salario anual de 56.000 euros, en cuestión de
siete meses se le aumentó un 114%, hasta los 120.000 euros más iva.
Otro de los elegidos fue el exdirector general de Deportes de la
Junta, Andrés Martín de Paz, que suscribió un acuerdo con Ibercyl,
filial de Iberdrola para crear un parque eólico en una finca de su
propiedad. La eléctrica puso el 80% del capital. En 2007, De Paz le
vendió sus acciones y ganó con ello 3,7 millones que le fueron
ingresados en los ejercicios de 2010, 2011 y 2012.
Aparecen también los hermanos propietarios de la constructora
Collosa, Alejandro, Miguel Ángel y Patricio Llorente, y promotores
inmobiliarios que están también acusados junto a Rafael Delgado en otro
juicio de corrupción que afecta a la Consejería de Economía, el caso
Perla Negra.
Que la Junta miró hacia otro lado se demostró con una carta de un promotor de parques dirigida al presidente Herrera en el año 2006 y que nunca obtuvo respuesta.
El responsable de Ibervento, una empresa de energía renovable, relataba
la "injusta discriminación sufrida con respecto a otras empresas del
sector, dando lugar a una totalmente irregular aplicación del decreto
para la tramitación Parques Eólicos en la comunidad". La mercantil,
formada por capital español y alemán, inició la tramitación de dos
parques en Burgos, Cantiruela y Las Pardas, en el Páramo de Masa, el 20
de abril de 2001. Tras superar las distintas fases que lleva aparejadas
la concesión de un parque, consiguió la Declaración de Impacto Ambiental
(DIA) favorable en mayo y junio de 2003.
Con la DIA favorable, lo único que faltaba era la firma de la
autorización que, según el decreto 189/1997, no podía tardar más de tres
meses, pero que se retrasó tres años y solo se obtuvo cuando el parque
cambió de propietarios. "Hemos cumplido con todos los requerimientos
sugeridos por los responsables de la Consejería de Economía", decía,
"pero hemos llegado a un punto en el que los requerimientos propuestos,
además de ser considerados por nosotros como un abuso de poder por la
Administración, no pueden ser entendidos ni como enriquecedores para el
desarrollo de nuestra empresa ni para el desarrollo socioeconómico del
conjunto de la sociedad de Castilla y León", avisó. El parque quedó en
manos de Endesa y de los hermanos Collosa, momento en el que salió
adelante.
Testaferros y sociedades en paraísos fiscales
Delgado, siempre según el sumario judicial, desde los años 2006 a
2011 dispuso de "bienes y cantidades de dinero cuya importancia no
guarda relación con los ingresos que percibió por su trabajo en la Junta
de Castilla y León ni con su actividad profesional posterior" y que se
atribuyen a la "actividad ilícita". Hay pagos de lujosos vehículos al
contado, abonos de hipotecas, compras de viviendas... y también pagos y
movimientos de dinero a través de un entramado de sociedades y cuentas
bancarias en Mónaco y Suiza y en los que colaboró un abogado amigo suyo
al que se considera testaferro. Desde una sociedad a nombre de ese
abogado se hicieron donativos al colegio privado al que asistían los
hijos de Delgado: 21.605,35 euros en el año 2011, 21.900,36 en el año
2012 y 24.000 en el año 2013. Por otro lado, se considera que las
declaraciones de Hacienda de 2011, 2012 y 2013, con resultado a devolver
en las dos últimas, no se corresponden con los ingresos reales, y que canalizó rentas a través de distintas sociedades.
Delgado, que se enfrenta a una petición de pena de 42 años de prisión y multas de 239 millones de euros
como principal acusado, siempre ha negado su responsabilidad en los
hechos y la ha trasladado al que fue su jefe, Tomás Villanueva, que
murió repentinamente poco antes de declarar en calidad de imputado tanto
en la Trama Eólica como en el caso Perla Negra. Sólo a él se le han
encontrado operaciones que demuestran, según el juez, que recibió dinero
de los empresarios, pero no de todos. Quedaría por averiguar por qué no
todos los beneficiados por la trama pagaron a Delgado.
Además de Delgado, los otros 15 acusados se enfrentan a penas de
prisión que suman 138 años, si bien son especialmente llamativas las
multas, de 835 millones en total.
Entre los encausados está también el propio Gobierno autonómico,
como persona jurídica y responsable civil subsidiario. El juzgado le
exigió una fianza de 24,1 millones de euros: 11,2 de forma solidaria con
Iberdrola; 7,8 con Sinae Inversiones Eólicas y 5 millones con Parque
Eólico La Boga SL, sociedades beneficiadas por la trama. Pero finalmente
no será necesario que adelante el dinero. La fianza es una forma de
garantizar que el condenado hará frente a las multas que se le impongan,
algo que se da por hecho en administraciones, con capacidad económica
suficiente para asumirlas." (Laura Cornejo, eldiario.es, 25/01/22)
