El alquiler de los 250 metros cuadrados del ‘pisito’ de Feijóo, en lo que la jerga inmobiliaria denomina “la muy exclusiva” colonia de El Viso, según Idealistas, oscila entre los 5.000 y los 20.000 euros mensuales. Es decir, el presupuesto anual destinado a vivir bajo uno de esos techos va desde los 48.000 a los 240.000 euros... así que los ingresos netos (o sea, lo que le queda después de que la rapiña de la Hacienda sanchista lo desplume) necesarios para vivir al lado de la Koplowitz tienen que rozar los 150.000 euros en el más favorable de los casos y de 750.000 en el menor. Por mucho que la declaración de intereses en las instituciones españolas sean un género de ficción, los ingresos declarados de Alberto Núñez Feijóo no se acercan a cualquiera de esas cantidades... “Obviamente lo paga mi familia" dijo… y ciertamente, de lo que no hay duda es de la identidad del casero. El propietario es Abanca, por persona física o por sociedad participada, que a su manera no deja de ser “la familia”

"La dimensión del problema de la vivienda en España la describe perfectamente la situación del líder de la oposición y presidente del partido que la gente de antes llamaba “el de los ricos”. El piso se lo tiene que pagar “la familia”, según ha confesado, entre confuso y avergonzado. Una situación similar a la de tantos estudiantes universitarios que tienen que sufragar un piso compartido precariamente amueblado. 

El piso

Según fuentes varias, el alquiler de los 250 metros cuadrados de vivienda, en lo que la jerga inmobiliaria denomina “la muy exclusiva” colonia de El Viso, asciende a 4.000 euros mensuales. Eso es lo mismo que cuesta una casa en la Ciudad Jardín de A Coruña, así que consulto la web Idealista (que se llame así la web inmobiliaria de referencia ya da una idea de la confusión conceptual de la clase emprendedora española) y compruebo que las residencias de esas características en El Viso oscilan entre los 5.000 y los 20.000 euros mensuales. Es decir, el presupuesto anual destinado a vivir bajo uno de esos techos va desde los 48.000 a los 240.000 euros. El elevado porcentaje medio que una familia española destina a ese fin no baja del 30%, así que los ingresos netos (o sea, lo que le queda después de que la rapiña de la Hacienda sanchista lo desplume) necesarios para vivir al lado de la Koplowitz tienen que rozar los 150.000 euros en el más favorable de los casos y de 750.000 en el menor. Por mucho que la declaración de intereses en las instituciones españolas sean un género de ficción (menor, pero fértil), los ingresos declarados de Alberto Núñez Feijóo no se acercan a cualquiera de esas cantidades.

Cierto es que no carece de patrimonio (unos pisos aquí y allá, unas acciones de esto y lo otro) y que la dedicación a la política no le ha distraído de la gestión de lo suyo. Su patrimonio, en 2019, en su última toma de posesión en el parlamento de Galicia, era de 319.593 euros, que se convirtieron en 930.972 euros en 2023, según declaró –con año y medio de retraso, pero declaró– al arribar al Senado y la presidencia del PP.

Pero, como todo el mundo sabe, y particularmente los propietarios de viviendas en sitios sin crecimiento demográfico, una cosa es el patrimonio y otra el cash disponible.

La familia

A pesar de que no es el “niño campesino” que saca a relucir cuando le conviene, la familia de Feijóo no era una familia pudiente. Bien es cierto que, como dicen que se dice en la política mexicana, “yo no quiero que me den, sino que me pongan donde hay”. Mientras crecían las dudas sobre quién pagaba la vivienda, el inquilino arrojó luz sobre el asunto: “Obviamente lo paga mi familia… [pausa dramática] Y creo que dentro de mi familia estoy yo, es decir, mi pareja y yo”.

La pareja es Eva Cárdenas Botas, aunque quizás un sector considerable de los votantes conservadores no la consideren como tal, dada la inexistencia de un vínculo matrimonial, legal o religioso. Eva Cárdenas es la madre de Alberto Núñez Cárdenas, el hijo de nueve años de ambos (y que contra lo que argumenta su padre para defender la intimidad de su hogar, no vive allí, que se sepa, porque este año pasado estuvo escolarizado en A Coruña) y es además hija de Antonio Cárdenas, que fue director de personal en la extinta Caixa Galicia (como diría Guillem Martínez, quédense con el dato para después), y de Cristina Botas, una familia de raigambre falangista y farmacéutica, sin que una cosa quitase la otra, sino todo lo contrario: lo primero benefició económicamente lo segundo.

Eva Cárdenas, después de picotear en varias multinacionales de la alimentación y la perfumería, recaló en 2003 en Inditex, donde fue, con 38 años, directora de la filial más reciente, Zara Home. Una historia de éxito que finalizó en 2018, con un cese por motivos personales (y una indemnización, ni desmentida ni confirmada, de dos millones y medio de euros). Fue consultora externa de Sargadelos (hasta que las relaciones de la firma con la Xunta aconsejaron que dejase de serlo) y de Mango, pero su principal ocupación empresarial actual es Niebla Azul, una sociedad inmobiliaria que arroja unos beneficios anuales de unos 150.000 euros (lo que no está mal, con una administrativa como única empleada).

Eva Cárdenas es hermana de, entre otros, Ignacio Cárdenas, director comercial de Universal Support, una empresa de telemarketing, sin relación con el sector de la salud que, a pesar de presentar la oferta más cara, obtuvo 19,2 millones en contratos de la administración sanitaria gallega para atención telefónica y rastreo de casos de infección durante la pandemia de la covid.

Otro caso de estar en el sitio justo en el momento justo (“donde hay”) es el de la única hermana del líder de la oposición. Micaela Núñez Feijóo era delegada en Pontevedra de Eulen, pero acabó siendo la directora del área noroeste después. En los 13 años en los que su hermano presidió la Xunta, Eulen obtuvo contratos por valor de 37 millones de euros. Tan solo de 2018 a 2024, fueron 1.566 adjudicaciones de distintos órganos de la administración, la mayoría a dedo, fragmentados en partidas de menos de 30.000 euros. Y desde 2023, los sucesores de Feijóo le adjudicaron otros 17 millones. Desde que el hermano mayor de Micaela accedió al mando en la calle Génova, Eulen aumentó sustancialmente las contrataciones de administraciones como las comunidades de Andalucía y Madrid, o el ayuntamiento de la capital.

Volviendo a los Cárdenas, y a los Botas. Otro de los hermanos de Eva e Ignacio, Antonio Raimundo, ha ocupado varios cargos en Abanca, y forma parte del comité de control del fondo de pensiones del banco. Feijóo era presidente de la Xunta cuando el diktat del Banco de España determinó que las dos cajas gallegas –Caixa Galicia y Caixanova– se fusionaran primero y se privatizaran después. La nueva entidad, que sumaba más del cincuenta por ciento del mercado financiero gallego y la mayoría de los ahorros, se vendió por 700 millones de euros a un banquero venezolano entonces desconocido, llamado Juan Carlos Escotet (que los recuperó sin prácticamente haberlos desembolsado desprendiéndose de sociedades participadas).

El ganador de la pugna con rivales como Caixabank había metido el pie en el sector financiero gallego a través de un pequeño banco coruñés, Etcheverría (el Etcheverría y otra entidad coruñesa, el Banco Pastor, eran los únicos en España que manejaron en su día ducados y euros, antes de desaparecer). El entonces director general del Etcheverría y actual CEO de Abanca es Francisco Botas Ratera. Efectivamente, primo hermano de Eva Cárdenas.

El casero

Mientras Feijóo o el PP no desgranen los pormenores del inquilinato de El Viso con el mismo detalle que lo tuvo que hacer Pablo Iglesias sobre el casoplón de Galapagar, de lo que no hay duda es de la identidad del casero. El propietario es Abanca, por persona física o por sociedad participada, que a su manera no deja de ser “la familia”.

Y cuando se hagan públicos los detalles, que se repita el proceso con la mansión de su socio prioritario, Santiago Abascal, que tampoco se sabe, para no salirnos de Madrid y como decía el cuplé La chica del 17, “de dónde saca, pá tanto como destaca”."

(Xosé Manuel Pereiro  , CTXT, 03/07/26)

Elecciones en Castilla y León: la pequeña burguesía empresarial, un bloque terrateniente propietario y una capa social urbana más o menos acomodada netamente dependiente del rentismo y funcionariado, dan forma a un armazón granítico capaz de levantar tras décadas una visión para entender, ser y ordenar el mundo tanto en Castilla como en León. Un entramado clientelar donde los antiguos regímenes caciquiles operan, pero que para ser entendida debemos observarla esencialmente como un engranaje político e ideológico. Donde lo institucional, lo empresarial y lo religioso se entremezclan infiltrándose por los intersticios sociales de la región... Se identifica ya un claro patrón en el interior peninsular que puede reconocerse recientemente en las elecciones de Extremadura y Aragón. Vox se afirma como el partido de los pequeños terratenientes de las pequeñas ciudades marcadas por la agroindustria. Grandes superficies de cultivo intensivo tan dependientes de mano de obra migrante como de las ayudas europeas y los mercados internacionales, en los que la descomposición de las comunidades tradicionales avanza ( Víctor de la Fuente)

"León y especialmente Castilla han vuelto a hacer lo que mejor saben, como remarcaba Azorín en sus versos sobre esta tierra, busca frenar el tiempo, perpetuar lo momentáneo. “Del pasado dichoso sólo podemos conservar el recuerdo; es decir, la fragancia del vaso”. El bipartidismo sale reforzado en todas sus expresiones, zonas rurales y urbanas, renta y edad apenas permiten distinguir entre los dos grandes partidos que dominan en todas las franjas. Tras estas elecciones el Partido Popular cumplirá más de cuarenta años gobernando ininterrumpidamente.

Es una demostración vigente de eso que llamamos hegemonía. Que no es sino la capacidad de una clase social para generar consenso en torno a sus propias ideas e intereses. Haciendo de sus intereses particulares un marco común para gran parte de la sociedad que los asume como propios. La conjugación armada entre la pequeña burguesía empresarial, un bloque terrateniente propietario y una capa social urbana más o menos acomodada netamente dependiente del rentismo y funcionariado, dan forma a un armazón granítico capaz de levantar tras décadas una visión para entender, ser y ordenar el mundo tanto en Castilla como en León. Un entramado clientelar donde los antiguos regímenes caciquiles operan, pero que para ser entendida debemos observarla esencialmente como un engranaje político e ideológico. Donde lo institucional, lo empresarial y lo religioso se entremezclan infiltrándose por los intersticios sociales de la región más extensa de todo el Estado español y la tercera de Europa.

Sobre estos pilares sociales se levantará un nuevo gobierno del Partido Popular y Vox. Un terreno en disputa donde Vox ha encontrado un anclaje fuerte. Se identifica ya un claro patrón en el interior peninsular que puede reconocerse recientemente en las elecciones de Extremadura y Aragón. Vox se afirma como el partido de los pequeños terratenientes de las pequeñas ciudades marcadas por la agroindustria. Grandes superficies de cultivo intensivo tan dependientes de mano de obra migrante como de las ayudas europeas y los mercados internacionales, en los que la descomposición de las comunidades tradicionales avanza. Municipios que concentran una parte importante de población y donde la disputa con el PP es más abierta que en los municipios muy pequeños, los de menos de 500 habitantes que son la mayoría (1.800 de 2.246) en toda la comunidad.
El alcalde de Soria sale triunfante

A pesar de la victoria de la derecha, uno de los grandes triunfadores de la noche ha sido el cuatro veces alcalde de Soria, Carlos Martínez. Este ha conseguido romper la tendencia de caída abrupta que venía sufriendo el PSOE. Acercándose a uno de los mejores resultados de los socialistas en Castilla y León. Si bien la diferencia de votos del PSOE respecto al PP se amplía comparado con las anteriores elecciones de 2022, la buena campaña de los socialistas, el papel de su candidato y la absorción de las candidaturas de IU y de Podemos a su izquierda, le han permitido alcanzar un buen resultado.

Posiblemente el “No a la guerra” de Sánchez y la ayuda siempre inestimable del leonés José Luis Rodríguez Zapatero, han ayudado a los socialistas. Pero haríamos mal en exagerar y sacar conclusiones apresuradas de los efectos de estos movimientos, más aún en una región profundamente viciada por la dinámica social y política propia, una tierra obsesionada con que los tiempos no corran demasiado rápido.

El leonesismo sigue vivo, sin embargo no se cumplieron las expectativas marcadas por las encuestas. Unión del Pueblo Leonés (UPL) se asienta como tercera fuerza en la provincia de León tras un empate casi perfecto del PSOE y el PP. Reafirma así una realidad que a pesar de los esfuerzos propagandísticos de la Junta no deja de salir a la luz, la inoperancia de una identidad autonómica artificial que no es reconocida por una parte importante de la sociedad.
No basta con que todo arda

Una de las paradojas de esta jornada electoral la reflejan las cenizas de los incendios del pasado verano. Una oleada de llamas histórica que arrasó parajes naturales únicos, bosques y pueblos reducidos a cenizas tras días de llamas como expresión más visible del cambio climático. Sin embargo, este desastre que arrasa en horas lo que tardó décadas e incluso siglos en levantarse, no es suficiente para remover la hegemonía conservadora que entierra sus raíces a gran profundidad. La realidad es mucho más compleja que esperar a que cuando se posen las cenizas es suficiente con llegar y esperar recoger los restos del desastre bajo los cabreos y la indignación del vecindario.

Zamora es posiblemente el mejor ejemplo de ello. Es la provincia más afectada por los incendios en los últimos años y una de las regiones que más sufre la despoblación y la pobreza estructural en toda Europa. Sin embargo, el Partido Popular continúa siendo la fuerza política dominante en la provincia. Mañueco no es querido, pero garantiza un mínimo suficiente como para no arriesgarse a cualquier tipo de cambio. El PSOE no recoge en la mayor parte de estas comarcas el impacto de los incendios. Mucho menos se benefician las opciones a su izquierda, quienes han insistido en el desmantelamiento de unos servicios públicos casi inexistentes en las zonas rurales, quienes vienen denunciando la destrucción de los servicios de extinción de incendios y hablando de ecologismo y cambio climático, desaparecen completamente de Castilla y León.

Para una tierra como esta diez años no son nada. Un tiempo demasiado corto para un lugar donde el tiempo pasa tan despacio. Sin embargo, esta década ha sido suficiente para que Podemos pierda 150.000 votos, que son la diferencia entre su resultado en 2015 y los recientes comicios. Lo mínimo exigible sería una reflexión profunda sobre el principal hito de la izquierda parlamentaria en esta franja de tiempo. ¿Qué ha mejorado la presencia de Podemos e Izquierda Unida en un gobierno supeditado al PSOE? Lo cierto es que la respuesta a las dos grandes disyuntivas de esta pregunta tienen un mismo resultado: en nada.


Ni los grandes problemas que asolan a la clase trabajadora han vivido algún viso de mejora, principalmente en el terreno de la asequibilidad (el aumento de la pobreza, la escalada especulativa de la vivienda y la degradación de los servicios públicos). Ni la izquierda se ha visto reforzada política y socialmente por su participación en el cogobierno. Los resultados electorales son una prueba nítida de ello. El desastre electoral sólo refleja la descomposición política de un proyecto cuya única propuesta es replicar el cogobierno estatal, asentado sobre el miedo a la extrema derecha e incapaz de afrontar al menos las consecuencias, no digamos ya las causas, de los grandes conflictos estructurales que atravesamos.

El problema central no es de simple aritmética electoral, ni lo resolverá la demoscopia, sino de claridad política. Es necesario abrir un debate entre todas aquellas personas, colectivos sociales, sindicales y políticos que se sitúen a este lado de la necesidad de una ruptura con el capitalismo. Romper con la vorágine de derrota y descomposición provincia a provincia, comarca a comarca, tanto en León como en Castilla para superar la tendencia al folclorismo y la resignación. Una vía que nacerá inevitablemente como pequeña pero que sitúe al menos la necesidad y posibilidad de una alternativa política a un progresismo en descomposición. Un debate que debemos alimentar, que sitúe la iniciativa como una posibilidad real en el marco de la lucha de clases que se desarrolla cotidianamente tanto en Castilla, como en León y que reconozca el derecho democrático a articularse. Será sin prisa, no hay otra forma, pero marcando un horizonte claro en esta tierra tan ancha."

(Víctor de la Fuente , El Salto, 16/03/26)

Auge y caída de los Pocholos, el grupo al que Ayuso confió un presupuesto de 7.000 millones... manejaron la Consejería de Educación y también una fundación pública que recibió seis millones del Gobierno autonómico durante casi tres años, hasta que resultaron vencidos en las luchas por el poder en el PP madrileño... La cadena de dimisiones que sucedió a su cese evidenció el ingente poder que el clan de 'los Pocholos' había acumulado en la administración regional... cinco jóvenes sin apenas experiencia en política que habían visto lanzadas sus carreras en el PP madrileño con sueldos de entre 70.000 y 100.000 euros han dimitido obedeciendo las instrucciones de su mentor... Una secta que acumuló mucho poder. Y un poder que le había dado Ayuso... compitió en influencia con Miguel Ángel Rodríguez y acabó perdiendo... Rasputín, como se le conoce en el sector de la educación, ejercía en la sombra, sin despacho en el Gobierno ni cargos públicos, colocando a sus peones. Pese a ello logró armar una Consejería de Educación a su medida, con discípulos de su academia y colaboradores del teatro: jóvenes de familias bien, de ideología ultraconservadora pero sin experiencia política. A cambio de la lealtad, recibían puestos de privilegio (José Precedo)

 "Rasputín y sus discípulos, apodados 'los Pocholos', manejaron la Consejería de Educación y también una fundación pública que recibió seis millones del Gobierno autonómico durante casi tres años, hasta que resultaron vencidos en las luchas de poder del PP madrileño

El Gobierno de Ayuso dio siete contratos públicos a dedo a su amigo y gurú, el líder de los 'Pocholos'

Los elementos folclóricos de la trama pueden despistar. Un dramaturgo amateur con tesis supremacistas y nostalgia del imperio español convertido en gurú de la presidenta de Madrid. Sus jóvenes pupilos, que gracias a su influencia, pasan de tocar el sacabuche o bailar en sus espectáculos a ser directores generales en la Comunidad de Madrid con sueldos de 100.000 euros. El apodo de 'los Pocholos' con el que alguien en el PP bautizó al grupo de Antonio Castillo Algarra, también conocido como Rasputín, uno de los asesores más poderosos durante años en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Pero la pregunta qué subyace a la mayor crisis del PP madrileño desde la caída de Cristina Cifuentes por su máster falso es en manos de quién han estado durante este mandato la Consejería de Educación, las universidades madrileñas y un presupuesto de 7.000 millones de euros cada año en Madrid. La respuesta corta es Emilio Viciana, un desconocido en el PP regional y también para la comunidad educativa, al que Ayuso hizo consejero en 2023 por recomendación de un asesor en la sombra y cuya carrera ha acabado de manera abrupta este lunes, destituido de forma fulminante sin ninguna explicación oficial.

Detalles pintorescos al margen, la principal consecuencia de su gestión es que la ley de universidades, uno de los proyectos estrella de la Comunidad de Madrid y que supuestamente se había estado elaborando en los últimos dos años, está muerta. Lo certificó el propio portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, este miércoles: “Tal y como está no va a salir”. Dos años perdidos en un contexto imposible para las seis universidades públicas de Madrid, a las que Ayuso -de eso no puede tener la culpa Viciana- ha asfixiado económicamente y en medio del avance de los centros privados que la propia presidenta se ha encargado de apadrinar.

El descontrol de la ley de universidades fue el último clavo en el ataúd de Viciana, pero las guerras de poder en el equipo de Ayuso habían empezado meses atrás. Enrique Ossorio, antecesor de Viciana en la consejería y hoy presidente de la Asamblea de Madrid, y la actual responsable de Hacienda, Rocío Albert, alto cargo con Ossorio en el anterior gobierno, nunca perdonaron al consejero que llevase a la fiscalía la denuncia que le hizo llegar un constructor sobre corrupción en la construcción de centros de Formación Profesional. Una nueva trama en el entorno de Ayuso que destapó elDiario.es.

Ossorio y Albert, temían entonces y también ahora que el sumario -con varios imputados y evidencias del fraccionamiento de facturas y el amaño de contratos- les acabe salpicando. Ambos dirigentes están aforados y solo pueden ser investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mientras la causa sigue escalando en el juzgado y las pruebas recopiladas apuntan a que semejante red de corrupción no pudieron urdirla a solas unos cuantos directores de instituto ni cargos intermedios como los que de momento están imputados.

Con una parte del núcleo duro de Ayuso enfrentado a Viciana por razones poco confesables y la ley estrella del Gobierno a medio hacer cuando ya ha transcurrido la mitad del mandato, la caída del consejero, el primero que destituye Ayuso en siete años, se precipitó este lunes. La cadena de dimisiones que sucedió a su cese evidenció el ingente poder que el clan de 'los Pocholos' había acumulado en la administración regional. Dos directores generales se fueron a las pocas horas: precisamente el responsable de Universidades, Nicolas Javier Casas y la de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Lera. El primero tocaba el trombón en la compañía de teatro de Castillo Algarra, el Rasputín de Ayuso, la segunda era la recepcionista de su academia de opositores, según adelantó El País.

El diputado que anunció el carrusel de dimisiones este martes en la Comisión de Educación de la Asamblea, Pablo Posse, ingeniero aeronáutico de formación, había hecho de regidor y microfonista en una obra de teatro de Algarra. Su compañera de escaño y de renuncia, Mónica Lavín, había sido actriz en la compañía y profesora en la academia. La tercera diputada que entregó el acta, Carlota Pasarón, pertenece también a ese mismo grupo.

Del clan de 'los Pocholos' también formaba parte la directora general de Juventud de la Comunidad, Laura Castilla, y el responsable de Enseñanzas Artísticas en la Consejería de Educación, Miguel Olive, que también fue bailarín en la compañía de Algarra. Estos dos no han dimitido de momento, pero en el Gobierno de Ayuso la mayoría los dan por amortizados.

Tras la reunión semanal del gabinete este miércoles, el portavoz Miguel Ángel García Martín, que intentó sin mucho éxito revestir la crisis de normalidad, no descartó nuevos ceses y pidió esperar a que la nueva responsable de Educación, Mercedes Zarzalejo, aterrizase en el puesto y conociese el equipo.

Así que de momento, lo que se sabe es que Castillo Algarra, alias Rasputín, había colocado en el Gobierno al consejero de Educación, a cuatro directores generales, además de tres diputados en el grupo parlamentario del PP y de garantizarse él mismo un asiento en el patronato del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, un organismo que Ayuso había creado a su medida y que ha recibido seis millones de euros de ayudas públicas en sus primeros tres años de vida.

Algarra renunció esta misma semana a su puesto y su despacho en la sede de los Teatros del Canal de Isabel II, en el distrito de Chamberí. Según su versión, dimitió el lunes, aunque el cese se conoció este miércoles. Varias fuentes confirman a elDiario.es que desde que supo de la destitución de Viciana, Algarra fue llamando uno a uno a todos sus discípulos, en el Gobierno y en el grupo parlamentario. “Tú verás lo que haces”, le dijo escuetamente a alguno de ellos, antes de colgar el teléfono. Mensajes parecidos recibieron los demás. El resultado es que cinco jóvenes sin apenas experiencia en política que habían visto lanzadas sus carreras en el PP madrileño con sueldos de entre 70.000 y 100.000 euros han dimitido obedeciendo las instrucciones de su mentor. Otros dos de momento intentan salvarse. Y en el partido cunde la sensación de que ese grupo bautizado con cierta inquina como 'los Pocholos' opera como una secta.

Una secta que acumuló mucho poder. Y un poder que le había dado Ayuso. Cómo si no, iban a acaparar puestos en el Gobierno y en el grupo parlamentario que la lideresa maneja con mano de hierro. La relación entre Rasputín y la presidenta empezó a fraguarse en la etapa en que todavía era candidata. En 2019 ya tienen alguna foto juntos. La dirigente acababa de recibir el encargo de Pablo Casado de ser cabeza de cartel en Madrid. Algarra empezó a asesorarla, le impartió lecciones de historia remasterizada por él que luego constituirían el corpus ideológico de su gobierno: la idea de la Hispanidad, que la Comunidad celebra la semana del 12 de octubre con inversiones millonarias, las diferencias entre la inmigración latinoamericana que es incluso recomendable y la de África, que no debe ser bienvenida, la preponderancia del castellano...

Algarra se ganó su confianza mientras echaba pestes contra algunas de las políticas de su antecesora, Cristina Cifuentes, especialmente por la ley trans y su programación cultural en los teatros. Revoloteó durante los primeros años de gobierno y se hizo imprescindible tras la mayoría absoluta de 2023. Cuentan algunas fuentes que compitió en influencia con Miguel Ángel Rodríguez y acabó perdiendo. Otros dirigentes aseguran que MAR siempre mandó más, pero que Algarra se hizo fuerte en áreas que al jefe de gabinete no le interesaban tanto: la educación y la cultura.

Rasputín, como se le conoce en el sector de la educación, ejercía en la sombra, sin despacho en el Gobierno ni cargos públicos, colocando a sus peones. Pese a ello logró armar una Consejería de Educación a su medida, con discípulos de su academia y colaboradores del teatro: jóvenes de familias bien, algunos muy formados académicamente, de ideología ultraconservadora pero sin experiencia política. A cambio de la lealtad, recibían puestos de privilegio, diputados con portavocía de área en la Asamblea General o directores generales con salarios que rondan los 100.000 euros.

Ese grupo de jóvenes, muy ideologizado, como demuestran algunas de sus intervenciones en la Asamblea de Madrid, no se limitaron a cobrar y a esperar su momento, querían mandar. Dirigentes que estuvieron sentados en reuniones con el consejero de Educación se quedaron estupefactos cuando vieron a uno de los diputados, Pablo Posse, el portavoz de área en la Asamblea, hablando en nombre de la consejería e interrumpiendo las explicaciones del propio Viciana.

El ascenso de 'los Pocholos' causó perplejidad en un sector del PP madrileño y la ascendencia de Rasputín incomodó a parte del Gobierno. Corrían anécdotas de cómo obligaba a algún viceconsejero de educación a ir a despachar con él a los Teatros del Canal de Isabel II, donde se había instalado, como codirector del Ballet Español, un capítulo al que llegaremos luego. En la consejería no se movía un papel sin que él lo tuviese controlado.

Se sabía, por ejemplo, que Rasputín estaba en contra del proyecto de educación bilingüe instaurado en la época de Esperanza Aguirre, pero no por las razones que invocaban los docentes, sino por su defensa del español y de las glorias pasadas del imperio.

Toda esa influencia empezó a mermar a raíz de un viaje de la presidenta a Florida con los rectores. Transmitieron a Ayuso que, diferencias ideológicas y financiación al margen, la ley estaba manga por hombro, que contenía errores graves y que parecía hecha por alguien sin relación con el mundo universitario. A la vuelta de vacaciones, la presidenta intervino de facto la consejería de Viciana. Colocó de viceconsejera a Mercedes Zarzalejo, una persona de su máxima confianza, que había sido alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, un pequeño pueblo de la región, y se había hecho famosa ya en la Asamblea de Madrid por un duro interrogatorio, repleto de bulos, a la esposa del presidente, Pedro Sánchez.

El portavoz del Gobierno, García Martín, intentó vender los cambios como un relevo normal en mitad de la legislatura. Para entonces, él mismo empezó a participar en algunas reuniones con los rectores, Zarzalejo y el propio Viciana. Fue cuando Ayuso constató que lo que decían los rectores era cierto y la ley no iba a salir. El consejero estuvo a punto de caer, según distintas fuentes, antes de navidad, pero la huelga masiva en las universidades madrileñas, le dio, paradójicamente, una bola extra: Ayuso no quería entregar su cabeza a los sindicatos.

Según fuentes que conocen cómo se fraguó el cese, la presidenta trasladó hace dos semanas a Viciana que su ley no iba a salir, y le pidió centrarse en un plan de financiación con el que salvar la cara mientras se multiplicaban las noticias sobre la asfixia de la universidad pública en Madrid. El contexto era adverso y el Gobierno tenía que responder en cada rueda de prensa sobre ello: a la Complutense le concedió la Comunidad de Madrid un crédito de 34 millones que deberá devolver con intereses y que le obligará a redoblar los recortes. Otros centros corren el riesgo de seguir el mismo camino.

Según las mismas fuentes, Viciana no se lo tomó bien. Y Algarra en su despacho de los Teatros del Canal todavía se lo tomó peor. Para pasmo de la presidenta Ayuso y de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, el pasado 6 de febrero, un viernes, a las cinco de la tarde, el anteproyecto de ley de universidades de Viciana apareció colgado en el portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Duró menos de una hora. Hasta que el gabinete de Ayuso exigió retirarlo sin avisar a Viciana. El pulso total había estallado. Viciana tardó poco más de una semana en caer. Este lunes 16 de febrero a media tarde fue destituido.

En su perfil de la red social X, Algarra, que no da entrevistas ni hace declaraciones pero comenta todas las noticias que se publican sobre él, intentó hacer ver que se trataba de una dimisión y que Viciana se había ido con la cabeza alta, “por coherencia”. En la Puerta del Sol el portavoz del Gobierno de Ayuso se limitó a citar el cese publicado en el BOE cuando los periodistas le preguntaron por la versión de Algarra. La presidenta lo más que ha dicho es que se ha ido “un funcionario honrado” mientras la oposición clamaba contra su gestión en la Asamblea de Madrid.

El martes se sucedieron las dimisiones en el Gobierno y el grupo parlamentario. En los casi tres años de gestión de 'los Pocholos' las polémicas se han multiplicado: desde las multas de hasta 100.000 euros por protestas a los campus que pretendían introducir en la ley hasta el mandato para que las universidades captasen un 30% del presupuesto de las empresas privadas. No está claro que todas las ideas fuesen suyas, hay quien ve la mano de Ayuso sobre ciertos artículos de la norma.

El encargo de la presidenta a la recién nombrada consejera, Mercedes Zarzalejo, otra soldado de Ayuso, es lograr un plan de financiación plurianual para presentar a las seis universidades públicas que están al borde del colapso. Para la famosa ley no hay fecha. Nadie se atreve a garantizar que vaya a estar lista antes de las autonómicas de 2027. Y está por ver si el cambio de caras implica un cambio de política en la educación madrileña en una región donde todo lo decide la presidenta madrileña. Miembros del Gobierno que conocen el conflicto aseguran que el error de Viciana fue desafiarla y ven la sombra de Miguel Ángel Rodríguez en la destitución. Pero el presupuesto y las líneas maestras las imponía Ayuso. Y está el caso de corrupción de la FP en el que no se puede culpar a Viciana, porque ahí el ya exconsejero ejerció de denunciante.

El fin de la era de 'los Pocholos' se notará también en la Consejería de Cultura y en la programación teatral. La Comunidad llegó a programar varias obras de la compañía de Rasputín, de ahí salen las fotos en las que caracterizado como un dios en su adaptación de la obra de Calderón El gran teatro del mundo. En total fueron 106.000 euros. Algarra, que no responde a las preguntas de los periodistas pero comenta todo en sus redes sociales, asegura que perdió dinero representando obras para la Comunidad de Madrid.

Luego está el asunto de la fundación creada a su medida para poner en marcha el Ballet Español de la Comunidad de Madrid. España ya tenía un ballet nacional que depende del Instituto Nacional de Artes Escénicas, pero Rasputín convenció a Ayuso de que su Gobierno debía impulsar el suyo. Más guerra cultural. El primer espectáculo se estrenó, cómo no, el 12 de octubre de 2024: un programa doble compuesto por La Suite Española, de Albéniz y Epifanía de lo Flamenco. Su director artístico, Jesús Carmona, dimitió al poco tiempo sin dar muchas explicaciones.

Castillo Algarra se quedó al frente. Forma parte de la junta directiva de la fundación y también del patronato, donde colocó a otros miembros de 'los Pocholos', como el dimitido Viciana, el todavía director general de Enseñanzas Artísticas, Miguel Olite, y el consejero de Cultura, Mariano de Paco, que ha ido multiplicando las subvenciones al organismo. En el primer año fueron 1,3 millones, el segundo, 2,3 millones y para este ejercicio se han presupuestado, 2,5 millones.

El Rasputín de Ayuso dimitió de todo esta semana y movió sus piezas para provocar una crisis en el Gobierno y el grupo parlamentario de la misma presidenta y amiga que lo convirtió en gurú. En la Comunidad sobreviven aún dos discípulos suyos, los únicos que han decidido desobedecerle. Dicen las malas lenguas, y esta semana hay muchas en el PP de Madrid, que por poco tiempo."

(José Precedo, eldiario.es, 21/02/26) 

Jordi Pujol es el primero en saber que en el juicio que hoy comienza está en juego la última oportunidad de salvar su lugar en la historia... Su confesión generó un profundo sentimiento de estafa moral e intelectual entre cientos de miles de catalanes... aquel día se rompió uno de los grandes espejos en los que una parte de Cataluña se había mirado durante décadas. Y el espejo sigue roto... Mientras basaba su liderazgo en un discurso de principios y valores, mantuvo durante más de 30 años fondos ocultos y de origen ilícito... lo que está en juego en el juicio es qué hay de cierto y qué hay de falso en aquella versión exculpatoria que abrazó el pujolismo: la de unos hijos díscolos y un padre entregado al país, a la patria. Un líder que confesaba, para defender a la familia, ser el único responsable de la fortuna escondida en el extranjero. Pero, al hacerlo, provocaba una inmensa crisis entre los cientos de miles de catalanes de diversas generaciones que habían otorgado a Jordi Pujol un liderazgo moral. Primero fue un sentimiento de vacío, de desconcierto. Y muchos intentaron superar aquella orfandad con la utopía de la independencia... hay un segundo momento clave, la comparecencia de Jordi Pujol en el Parlament, la sucesión de preguntas y la falta de respuestas resultaron demoledoras. Configuraron un retrato del pujolismo, de un régimen clientelar en torno al clan familiar que lleva su nombre... Marta Ferrusola proclamó que “Catalunya no se merece” una comisión de investigación como la del Parlament. Su hijo, Jordi Pujol Ferrusola, mantuvo un tono desafiante ante los parlamentarios. Los tres —padre, esposa e hijo— reflejaban la Cataluña que el clan Pujol consideró su patrimonioFue una nueva escenificación del hundimiento de la era en la que el expresidente de la Generalitat y su partido mantuvieron la hegemonía política en Cataluña... Y no es solo una cuestión personal o familiar. El pujolismo fue un régimen construido sobre múltiples complicidades y silencios: de políticos, de empresarios que pagaban, y de la prensa que calló. Complicidades y silencios que solo se explicaban en un país aún sumergido en los viejos hábitos del franquismo; en una Cataluña y una España donde perduraban (¿y perduran?) los caciques... La Cataluña que creyó en Jordi Pujol y en su obra política, CDC, necesitó primero hacer una catarsis, que en buena parte explica el Procés. Y aún tiene pendiente recomponer el espejo roto y abrir un profundo proceso de regeneración para evitar que aquel legado derive hacia planteamientos de extrema derecha, en los que, conviene insistir, Jordi Pujol nunca participó (Josep Carles Rius)

 "Jordi Pujol es el primero en saber que en el juicio que hoy (24 de noviembre de 2025) comienza en la Audiencia Nacional está en juego la última oportunidad de salvar su lugar en la historia. Su legado. Su confesión (25 de julio de 2014) generó un profundo sentimiento de estafa moral e intelectual entre cientos de miles de catalanes. Mientras escribía el principal relato político de la Cataluña contemporánea, Jordi Pujol y su familia mantenían importantes fondos en paraísos fiscales. Mientras basaba su liderazgo en un discurso de principios y valores, mantuvo durante más de 30 años fondos ocultos y de origen ilícito.

Entonces, Jordi Pujol se dirigió “a quienes se han sentido defraudados en su confianza”, y habló de “dolor” mientras pedía perdón. Pero aquel día se rompió uno de los grandes espejos en los que una parte de Cataluña se había mirado durante décadas. Y el espejo sigue roto. En el fondo, lo que está en juego en el juicio es qué hay de cierto y qué hay de falso en aquella versión exculpatoria que abrazó el pujolismo: la de unos hijos díscolos y un padre entregado al país, a la patria. Un líder que confesaba, para defender a la familia, ser el único responsable de la fortuna escondida en el extranjero. Pero, al hacerlo, provocaba una inmensa crisis entre los cientos de miles de catalanes de diversas generaciones que habían otorgado a Jordi Pujol un liderazgo moral. Primero fue un sentimiento de vacío, de desconcierto. Y muchos intentaron superar aquella orfandad con la utopía de la independencia.

El entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, se apresuró a decir que era un tema familiar que nada tenía que ver con Convergència Democràtica de Catalunya, el partido-movimiento creado por Jordi Pujol en 1978. Pero Mas sabía perfectamente que no era así. Pujol era el gran referente del partido y, especialmente, de su base social. La confesión fue un golpe letal para Convergència, que se vio obligada a cambiar de nombre en dos ocasiones: del PDECat a Junts.

El primer “juicio político”

En esta historia hay un segundo momento clave: la comparecencia de Jordi Pujol en el Parlament, en febrero de 2015, ante la comisión de investigación creada por el caso que llevaba su nombre. Fue una nueva escenificación del hundimiento de la era en la que el expresidente de la Generalitat y su partido mantuvieron la hegemonía política en Cataluña. Jordi Pujol menospreció al Parlament —y al país que tanto había utilizado como bandera— con sus silencios y con sus expresiones (“Dicen, dicen, dicen…”). Pero la sucesión de preguntas y la falta de respuestas resultaron demoledoras. Configuraron un retrato del pujolismo, de un régimen clientelar en torno al clan familiar que lleva su nombre.

La estrategia de la familia en aquel momento era remitirse a los tribunales, pero lo que se dirimía en aquella comisión de investigación del fraude fiscal, conocida como Comisión Pujol, era la responsabilidad política. Y en el Parlament se celebró un juicio a una época, un juicio político. No jurídico y, por tanto, no pendiente de sentencias ni de recursos. Aquello que ahora sí, 10 años después, llega a la Audiencia Nacional.

Sobre las intervenciones en aquella comisión pesaban como una losa los intentos de refundación, de soltar lastre, del mundo convergente. La familia Pujol se sentía abandonada. Jordi Pujol lo verbalizó: “Suponiendo que mi partido me hubiera abandonado —que no le digo ni que sí ni que no—, no me siento nada abandonado por mucha, mucha gente”. Marta Ferrusola fue más lejos y proclamó que “Catalunya no se merece” una comisión de investigación como la del Parlament. Su hijo, Jordi Pujol Ferrusola, mantuvo un tono desafiante ante los parlamentarios. Los tres —padre, esposa e hijo— reflejaban la Cataluña que el clan Pujol consideró su patrimonio. Era el final de una época que ahora vuelve a juzgarse, esta vez en los tribunales.

Revivir el trauma

Con el juicio en la Audiencia Nacional, la Cataluña que creyó durante tantos años en el liderazgo político y moral de Jordi Pujol revivirá el trauma provocado por todo lo que, durante estos años, se ha ido conociendo sobre el caso.

“Reverend Mossèn. Soy la madre superiora de la congregación. Desearía que traspasara dos misales de mi biblioteca a la biblioteca del capellán de la parroquia. Él ya le dirá dónde deben colocarse. Muchas gracias”. Este es el texto de la nota manuscrita, firmada por Marta Ferrusola el 14 de diciembre de 1995. Palabras que contribuyeron al sentimiento de tristeza de los millones de catalanes que durante veintitrés años dieron el poder a su marido, Jordi Pujol.

Jordi Pujol construyó un relato basado en valores y principios compartidos por una amplia mayoría social en Cataluña. La decepción de sus votantes es infinita. Quienes creyeron en Pujol descubrieron el cinismo de la apariencia, de la moral que se aplica a los demás pero no a uno mismo; la que sirve como instrumento de control social. El clan por encima de todo, el sentido patrimonial de la política y del país. Y no es solo una cuestión personal o familiar. El pujolismo fue un régimen construido sobre múltiples complicidades y silencios: de políticos, de empresarios que pagaban, y de la prensa que calló.

Complicidades y silencios que solo se explicaban en un país aún sumergido en los viejos hábitos del franquismo; en una Cataluña y una España donde perduraban (¿y perduran?) los caciques. La fortuna descubierta a los Pujol en paraísos fiscales no revela solo un fraude fiscal, sino el saqueo del dinero público a través del pago de comisiones por parte de contratistas de la Administración. Dinero para los partidos y dinero para el clan. Corrupción sistémica.

El “factor humano”

Para entender el “factor humano” que explica por qué tantos catalanes, durante tanto tiempo, otorgaron su confianza y admiración a Jordi Pujol es muy recomendable recuperar ¡Esto es una mujer! Retrato no autorizado de Marta Ferrusola. El libro explica cómo el clan Pujol-Ferrusola logró tejer a su alrededor un verdadero régimen político que mantuvo la hegemonía en Cataluña. El libro, escrito por la periodista Cristina Palomar en 2014, fue prácticamente silenciado por la prensa, una prueba más del poder que todavía conservaba entonces la vieja Convergència.

La obra refleja muy bien una época de una cierta Cataluña: la que, tras la posguerra y el franquismo, abrazó el catalanismo y la democracia de la mano del movimiento político y social liderado por Jordi Pujol. Esa Cataluña sufrió, el día de la confesión del expresidente, un demoledor golpe emocional, seguido de una sensación de duelo colectivo.

Quienes habían convertido a Pujol en el padre de la patria, en su referente político e incluso moral, necesitaban encontrar un porqué. Sin una explicación, el fracaso de Pujol era también el fracaso vital de quienes lo habían votado y admirado durante “toda una vida”. Era imprescindible encontrar un culpable que, de algún modo, “salvara” al presidente. Y, de repente, todas las miradas se dirigieron a Marta Ferrusola (1935–2024). La esposa de Pujol era el “factor humano” que explicaba el desastre. Su nota manuscrita parecía reforzar esta tesis.

Pero no estábamos ante un “error humano”, de una persona o de una familia, sino ante un caso sistémico: un régimen de clientelismo que utilizó Cataluña como patrimonio para enriquecerse y acumular poder. Y que, incluso, no tuvo reparos en utilizar como tapadera el Palau de la Música, símbolo de la cultura catalana. La Cataluña que creyó en Jordi Pujol y en su obra política, CDC, necesitó primero hacer una catarsis, que en buena parte explica el Procés. Y aún tiene pendiente recomponer el espejo roto y abrir un profundo proceso de regeneración para evitar que aquel legado derive hacia planteamientos de extrema derecha, en los que, conviene insistir, Jordi Pujol nunca participó.

Los cargos que se juzgan

El juez instructor del caso, José de la Mata, concluyó que Jordi Pujol y su familia se aprovecharon de su poder para “acumular un patrimonio desmesurado”. El juez relaciona ese dinero con “percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”. La Fiscalía Anticorrupción sitúa a la familia en el centro de una “red de clientelismo” en la que los Pujol y “empresarios afines” a Convergència “se repartían” los “excelentes beneficios” de concursos públicos dependientes de administraciones catalanas. La Fiscalía evalúa el impacto de esta trama: entre 2008 y 2012, las cuentas de la familia Pujol pasaron de 106.796 euros a 12,2 millones.

El juez considera que la familia diseñó un “plan preconcebido” para ocultar “grandes sumas de dinero de origen desconocido” mediante el blanqueo de capitales (sociedades mercantiles instrumentales, testaferros y grandes cantidades de dinero en efectivo).

Según el juez, Jordi Pujol era quien lideraba “la organización criminal”. Aunque quien se enfrenta a una pena mayor es Jordi Pujol Ferrusola, que, según el juez instructor, seguía las “instrucciones” de su padre y “dirigía” toda la estrategia.

En el banquillo de los acusados también se sentarán los otros seis hermanos porque “seguían las instrucciones” y se beneficiaron del dinero “directa y conscientemente”. Además, será juzgada Mercè Gironès, exesposa de Jordi Pujol Ferrusola, y diez empresarios, acusados de cooperación necesaria en el blanqueo de capitales. En total hay 19 acusados. Las principales penas que solicitan la Fiscalía y la Abogacía del Estado son: Jordi Pujol Ferrusola (29 años), Mercè Gironès (17 años), Josep Pujol Ferrusola (14 años) y Jordi Pujol (9 años). La Fiscalía pide, además, multas que suman 50 millones de euros.

Más allá de los 19 acusados, en el banquillo se sentará una época. Jordi Pujol representó la resistencia de cierta pequeña burguesía catalana al franquismo; fue una pieza clave en la construcción del ideario catalanista y creó el movimiento nacionalista que, con su hegemonía, lo mantuvo veintitrés años en la presidencia de la Generalitat. Fue, en definitiva, un líder político e ideológico decisivo en la configuración de la Cataluña contemporánea. Tanto es así que, sin su tránsito intelectual del autonomismo al independentismo, no se entiende en toda su dimensión el proceso que vivió Cataluña y que alcanzó su cenit en 2017."

 (Josep Carles Rius , La Marea, 24/11/25) 

El acceso de Feijóo a la función pública: una oposición hecha a medida por Fraga... su plaza fija de funcionario nació de una ley diseñada a medida por el Parlamento gallego bajo la mayoría absoluta de Manuel Fraga... No hacía falta aprobar en sentido estricto; bastaba con se presentaran hasta tres veces, para convertir a muchos interinos en funcionarios fijos sin superar realmente unas oposiciones competitivas. Solo se aplicó aquel año. Y fue en ese contexto cuando Feijóo consiguió su plaza en el Cuerpo Superior de la Administración... La oposición de 1991 no ha dejado de generar críticas en Galicia. La oposición política y parte de la prensa la calificaron como una “oposición a medida”, diseñada para regularizar a determinados colectivos y con un grado de discrecionalidad en la configuración de tribunales que levantó sospechas... Aquella oposición fue una excepcionalidad, un sistema extraordinario y único, que solo se aplicó en 1991. Resumiendo: sí, era posible suspender las tres veces y aun así entrar fijo, porque la ley lo garantizaba... se conoció como “la ley de las tres oportunidades”... Con la plaza asegurada, la carrera de Feijóo en la administración fue meteórica, su trayectoria se desarrolló siempre en despachos de confianza política y cargos de alta dirección... Así empezó la carrera de quien hoy exige transparencia a los demás. Feijóo es el ejemplo de cómo desde el PP manipulan ciertos engranajes para legislar el enchufe, convertirlo en norma y llamarlo mérito. Otra forma de corrupción... Es un “modus operandi” para un “modus vivendi” que Feijóo lleva poniendo en práctica toda su carrera política (Cristina Papin Marcote)

 "El líder del PP presume de mérito y esfuerzo a lo largo de toda su trayectoria, pero su plaza fija de funcionario nació de una ley diseñada a medida por el Parlamento gallego bajo la mayoría absoluta de Manuel Fraga. La carrera política de Alberto Núñez Feijóo tiene un origen que rara vez ocupa titulares, o suscita preguntas al líder del Partido Popular: su acceso a la condición de funcionario de carrera en la Xunta de Galicia. No hacía falta aprobar en sentido estricto; bastaba con se presentaran las tres oportunidades. Oficialmente, el PP de Fraga justificó la medida como una “regularización” de interinos con años de servicio. En la práctica, fue una amnistía encubierta para convertir a muchos interinos en funcionarios fijos sin superar realmente unas oposiciones competitivas.

Solo se aplicó aquel año. Y fue en ese contexto cuando Feijóo consiguió su plaza en el Cuerpo Superior de la Administración (grupo A1).

AFICA: el sindicato que se esfumó tras lograr Feijóo la plaza

Pero la historia arranca antes. En los años ochenta, mientras trabajaba como interino en los servicios jurídicos de la Xunta, Feijóo encabezó la Agrupación de Funcionarios Interinos y Contratados Administrativos (AFICA). Desde esta plataforma, organizó encierros, huelgas y protestas en San Caetano reclamando la estabilidad laboral y pasarelas hacia la fijeza. Según recuerda Ansía, miembro de la Confederación Intersindical Galega (CIG), el sindicato de Feijóo tuvo un recorrido breve: “desapareció cuando consiguieron sus plazas de funcionarios”. “Más que un sindicato era un lobby que peleaba por unas oposiciones a la carta para aprobar con facilidad y pasar al grupo A de la administración”. “En realidad, tanto Feijóo como Carlos Negreira (también del PP y que fue alcalde de A Coruña) eran ya unos trepas. Nosotros exigíamos mejoras sociales y laborales que ellos apoyaban porque lo que buscaban era acceder a la carrera de funcionarios, pero no porque les interesaran lo más mínimo aquellas reivindicaciones"

Entre las reclamaciones que Feijóo defendió en aquellos meses se encontraba el derecho a realizar el examen para obtener la plaza hasta tres veces, en caso de suspender en los dos primeros intentos. Un instrumento coyuntural que sirvió de trampolín para transformar a interinos en funcionarios de carrera.

El socialista Fernando González Laxe fue presidente de la Xunta de Galicia entre 1987 y febrero de 1990, los años de “sindicalismo” de Feijóo. Pero no fue hasta 1991, con la presidencia de Manuel Fraga, que pusieron en marcha la oposición “ad hoc”. 

Una oposición hecha a medida de Feijóo

La oposición de 1991 no ha dejado de generar críticas en Galicia. La oposición política y parte de la prensa la calificaron como una “oposición a medida”, diseñada para regularizar a determinados colectivos y con un grado de discrecionalidad en la configuración de tribunales que levantó sospechas. En aquel proceso, los méritos acumulados en la Xunta contaban casi tanto como los ejercicios de la oposición. No es anecdótico: en un sistema en el que el acceso a la función pública debe garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad, la excepcionalidad de la ley de 1991 abrió un atajo difícil de justificar con criterios de transparencia. Y ese atajo es el que utilizó Feijóo, quien hoy se presenta como el adalid de la meritocracia y la transparencia. 

Aquella oposición fue una excepcionalidad, un sistema extraordinario y único, que solo se aplicó en 1991. Resumiendo: sí, era posible suspender las tres veces y aun así entrar fijo, porque la ley lo garantizaba.

Popularmente en Galicia aquella convocatoria de la primera era Fraga, se conoció como “la ley de las tres oportunidades”.

Del “sindicalismo” al poder político

Con la plaza asegurada, la carrera de Feijóo en la administración fue meteórica. La oposición le dio el título de funcionario de carrera A1 del Cuerpo Superior de la Xunta, pero nunca ejerció como tal en un puesto ordinario; enseguida saltó a cargos de libre designación con peso político. 

En 1991 ya era secretario general técnico de la Consellería de Agricultura. Un año después, Romay Beccaria, su mentor, lo nombró secretario general del Sergas, el máximo cargo administrativo de la sanidad gallega, con apenas 31 años. Desde entonces, Feijóo nunca volvió a ocupar un puesto “ordinario” como funcionario: su trayectoria se desarrolló siempre en despachos de confianza política y cargos de alta dirección.

Una plaza con sombras

El debate no es si Feijóo aprobó o no algún examen: El debate es qué tipo de oposición fue aquella y qué papel jugó la mayoría absoluta del PP en su diseño. La de 1991 fue una convocatoria irrepetible, con reglas distintas a las ordinarias y con un resultado claro: la consolidación de interinos que, como Feijóo, encontraron en aquella puerta abierta su pasaporte a la función pública. 

Legal, sí. Ético, no. Así empezó la carrera de quien hoy exige transparencia a los demás. Feijóo es el ejemplo de cómo desde el PP manipulan ciertos engranajes para legislar el enchufe, convertirlo en norma y llamarlo mérito. Otra forma de corrupción.

¿Dará explicaciones algún día, Alberto Núñez Feijóo? Como político que aspira a ser Presidente del Gobierno, no debería dejar estos claroscuros de su currículo sin dilucidar. ¿Hubo trato de favor? Los hechos así lo demuestran.

La historia de su plaza de funcionario de carrera es también la historia de un sindicato creado para ese objetivo, de un atajo administrativo, y de una rápida conversión de interino rebelde en alto cargo institucional. 

Un episodio que merece revisitarse porque arroja luz sobre la forma en que se construyen las élites del Partido Popular en Galicia, donde la frontera entre meritocracia y nepotismo es más difusa de lo que se reconoce. Es un “modus operandi” para un “modus vivendi” que Feijóo lleva poniendo en práctica toda su carrera política." 

(Cristina Papin Marcote , , InfoLibre,  05/09/25)

Ábalos, Cerdán, no sabéis hacerlo. Tenéis que aprender de Feijóo en la Xunta de Galicia. Es todo un experto. Una investigación reveló que empresas vinculadas al entorno más cercano de Feijóo recibieron más de 31 millones de euros en contratos públicos durante su gestión... El método utilizado fue sistemático: acudir repetidamente a contratos menores y de emergencia, figuras excepcionales diseñadas para situaciones urgentes o de bajo valor, pero empleadas de forma generalizada para favorecer a empresas ligadas a su círculo personal y familiar (Cristian P. Marcote)

ℂ𝕣𝕚𝕤𝕥𝕚𝕟𝕒 ℙ. 𝕄𝕒𝕣𝕔𝕠𝕥𝕖 @crispmarcote

No sabéis hacerlo. Tenéis que aprender de Feijóo en la Xunta de Galicia. Es todo un experto. Una investigación reveló que empresas vinculadas al entorno más cercano de Feijóo recibieron más de 31 millones de euros en contratos públicos durante su gestión. 

El método utilizado fue sistemático: acudir repetidamente a contratos menores y de emergencia, figuras excepcionales diseñadas para situaciones urgentes o de bajo valor, pero empleadas de forma generalizada para favorecer a empresas ligadas a su círculo personal y familiar. Aquí : https://youtu.be/RJLN8Fa1nX8?si

12:13 p. m. · 15 jun. 2025 3.888 Visualizaciones

Ayuso está más débil que nunca... En Madrid no gobierna el PP, gobierna el dinero de los que más tienen y por eso no importa si es Ayuso o cualquier otra porque ponga quien ponga el PP tendrá una potencia de fuego que nadie más puede igualar. Pero si hay alguien a quien se puede ganar en Madrid a pesar de todo ese poder es a Isabel Díaz Ayuso... a Isabel Díaz Ayuso le molesta profundamente que le recordemos que toda su familia hace negocio con su presidencia, y que ella todo lo que tiene no es por sus méritos sino por favores, contactos, relaciones y corruptelas de sus queridos. Es su debilidad, y solo los tontos no utilizan la debilidad del adversario. La oposición tiene que seguir un camino firme y sin miramientos morales con Ayuso. No hay que tener piedad con Isabel Díaz Ayuso igual que ella no la va a tener con nadie que no sirva a sus intereses... se ha abierto brecha y le está afectando y debilitando la gota malaya sobre los casos de corrupción de su familia. Primero su padre, después su hermano y ahora su novio. Sí, toda su familia... Si se hace justicia a través de Quirón, los Rolex del novio o con los delitos fiscales valdrá la pena, porque por encima de todo estará la memoria de los 7.291 ancianos pobres que Isabel Díaz Ayuso dejó morir con un protocolo nazi que decidía que los que no tuvieran seguro privado no tendrían derecho a la oportunidad de ser atendidos en un hospital y morir con cuidados paliativos (Antonio Maestre)

 "La izquierda comete un error muy habitual en sobreestimar la capacidad de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez y de cualquiera que ocupe el liderazgo en la Comunidad de Madrid. No son genios, ni hábiles en el manejo del discurso, ni grandes estrategas que aguantan con estoicidad cualquier dificultad. Son gente sin escrúpulos que harían cualquier cosa por medrar y mantener su poder, lógicamente eso es una ventaja competitiva evidente ante quien sí tiene un mínimo de moral y ética. Pero Ayuso no es especial, cualquier inepta podría sacar una mayoría absoluta en Madrid con un ecosistema que trabaja única y exclusivamente para tener en la Puerta del Sol a una persona que se ciña únicamente a garantizar el negocio de la escuela concertada, de la sanidad privada y de los medios de comunicación reaccionarios de Madrid.

En Madrid no gobierna el PP, gobierna el dinero de los que más tienen y por eso no importa si es Ayuso o cualquier otra porque ponga quien ponga el PP tendrá una potencia de fuego que nadie más puede igualar. Pero si hay alguien a quien se puede ganar en Madrid a pesar de todo ese poder es a Isabel Díaz Ayuso. Al contrario de lo que se dice es ahora misma la líder más débil que ha tenido jamás el PP en Madrid, es más débil incluso que la Isabel Díaz Ayuso de la pandemia. Hay que creerse que es débil y seguir mordiendo.

Las voces que dicen que cualquier escándalo, polémica, caso de corrupción o tropelía de la familia de Ayuso y su clan le beneficia y refuerza y por ello hay que actuar de manera timorata y no entrar a la confrontación con ella con todo ignoran el funcionamiento básico de la política, lo que genera desgaste y los números demoscópicos de la historia de la Comunidad de Madrid. Las informaciones periodísticas sobre los delitos de Alberto González Amador le están haciendo daño, las investigaciones judiciales sobre los delitos de su novio le están haciendo mucho daño, y que le recordemos de manera constante que su pareja es un tipo con una catadura moral parasitaria le hace polvo. Porque a Isabel Díaz Ayuso le molesta profundamente que le recordemos que toda su familia hace negocio con su presidencia, y que ella todo lo que tiene no es por sus méritos sino por favores, contactos, relaciones y corruptelas de sus queridos. Es su debilidad, y solo los tontos no utilizan la debilidad del adversario.

La oposición tiene que seguir un camino firme y sin miramientos morales con Ayuso. No hay que tener piedad con Isabel Díaz Ayuso igual que ella no la va a tener con nadie que no sirva a sus intereses. Las líneas rojas que haya que tener son las que ella marque al resto, ni más ni menos, en política no se combate la miseria moral con empatía y si ella cree que puede aplastar a la gente como si fueran cucarachas habrá que hacerle entender que esos golpes irán de vuelta. A Ayuso hay que hacerle llorar sangre porque se ha abierto brecha y le está afectando y debilitando la gota malaya sobre los casos de corrupción de su familia. Primero su padre, después su hermano y ahora su novio. Sí, toda su familia enriqueciéndose a caballo de la presidencia.

La verdad molesta y hay que molestar de manera constante y machacona a Ayuso con la verdad. Una y otra vez, sin dejarse intimidar por sus lloros y victimismo. Si de verdad se ve una brecha de debilidad hay que incidir hasta quebrarla sin piedad alguna. Porque ella nunca la ha tenido. Cuando haya quien tenga alguna duda por la lógica sensibilidad de quien no tiene la moral del enemigo que piense en un número. Recuerden el 7.291. Si se hace justicia a través de Quirón, los Rolex del novio o con los delitos fiscales valdrá la pena, porque por encima de todo estará la memoria de los 7.291 ancianos pobres que Isabel Díaz Ayuso dejó morir con un protocolo nazi que decidía que los que no tuvieran seguro privado no tendrían derecho a la oportunidad de ser atendidos en un hospital y morir con cuidados paliativos. No se tiene piedad con quien dejó morir sufriendo a los más vulnerables."        

(Antonio Maestre, blog, 24/10/24)

Es el novio perfecto para Ayuso... No se habla demasiado del hecho de que se fuera a África para intentar vender vacunas del Covid a países del tercer mundo inflando el precio para enriquecerse como mediador... un degenerado moral que tiene como compromiso de vida aprovecharse de los demás y hacer lo posible para enriquecerse de la manera más indigna posible. No le podemos desear nadie mejor para que comparta su vida a quien dejó morir a 7.291 ancianos pobres sin medicina paliativa. Tal para cual. ¡Vivan los novios! (Antonio Maestre)

 "La jeta sideral de Alberto Gonzalez Amador está forjada en adamantium y labrada mediante inteligencia artificial como una creación perfecta que encaja como un guante en la moral de Isabel Díaz Ayuso. Están hechos el uno para el otro. Todos los comportamientos fraudulentos del novio en su actividad laboral están basados en lo más profundo del pensamiento que la presidenta de la Comunidad de Madrid defiende. Un personaje que solo piensa en sí mismo, que no tiene ningún escrúpulo para favorecerse de su posición, que usa empresas en el extranjero, facturas falsas, se deduce gastos imposibles y se enriquece con la pandemia a través de su capital social. Es como si Ayuso hubiera fraguado con su mente todas las excrecencias sociales que emanan de su ideario para hacerlo carne en Alberto González Amador.

Si sus adversarios hubieran ideado un tipo con la carcoma moral necesaria para emparejarse con Isabel Díaz Ayuso no se le hubiera ocurrido un tipo con las características de este personaje. Pero es el novio perfecto para Ayuso. A la lideresa de verbo atribulado y dificultades para establecer relaciones semánticas coherentes sin pinganillo le molesta sobremanera que hablemos de los trapicheos de su familia. Más nos gustaría a nosotros no tener que hablar, vivir, y sufrir a una familia que solo ha visto el cargo de su hija, hermana, novia, como un medio para enriquecerse. Pero es lo que hay, si quiere puede mandar a su camorrista para que intente callarnos.

La última trapacería del ennoviado ha sido los gastos que intentó deducirse como derivados de su actividad laboral con la empresa para intentar pagar menos a Hacienda y que ha publicado la Cadena Ser. Entre los desembolsos que consideró dignos de ser deducidos se encuentran gastos menores como 4,30 euros en pelotas de pádel, 8,50 euros de un champú H&S, quizás por eso se ha rapado, por la caspa, o 0,08 euros de una bolsa de supermercado. El tipo va con la chorra fuera y se quiere deducir una bolsa del super y la higiene dental, porque también se dedujo un colutorio, el hilo dental o el dentífrico. No se quedó ahí en esos gastos nimios que solo un sinvergüenza como él consideraría que pueden ser deducibles, tampoco tuvo complejos en intentar deducirse un Rolex, la reparación de un porche Panamera, un viaje a Ibiza o la compra de un saxofón. Un puto saxofón como gasto deducible para una empresa que se dedicaba a la compra de mascarillas.

La catadura moral del novio, que por mucho que moleste a Ayuso ha reconocido dos delitos fiscales, es difícilmente descriptible de otra manera que no sea relatar de manera fría el proceder de sus actividades empresariales. No se habla demasiado del hecho de que se fuera a África para intentar vender vacunas del Covid a países del tercer mundo inflando el precio para enriquecerse como mediador. Hay que tener los límites morales subterráneos para buscar aprovecharse de la escasez de vacunas en los países pobres. Pero es que es lo que pregona el pensamiento de Isabel Díaz Ayuso, es un tiburón, un tipo que sabe aprovechar su momento, la oportunidad precisa, cómo si no se va a poder comprar un Rolex de 8.000 euros y un Porsche Panamera para luego buscar deducirse la reparación del coche y la compra del reloj. Es difícil contar todas las andanzas del noviete sin sentir asco.

Siempre he creído que hay dos tipos de personas en su relación con los demás, los jetas que no tienen complejos en hacer como el novio de Ayuso para deducirse hasta el desodorante y los que piden hasta una prueba de vida a su asesora para deducirse un ordenador cuando su trabajo es el de informático. Eso es lo que conforma el límite de la civilización ética. Hay quienes solo queremos tener cualquier tipo de relación con aquellos que piensan en los demás y no tienen el egoísmo como valor soberano, y luego están personas como Ayuso que han nacido para vivir al lado de un degenerado moral que tiene como compromiso de vida aprovecharse de los demás y hacer lo posible para enriquecerse de la manera más indigna posible. No le podemos desear nadie mejor para que comparta su vida a quien dejó morir a 7.291 ancianos pobres sin medicina paliativa. Tal para cual. ¡Vivan los novios!"

(Antonio Maestre, blog, 22/10/24)

Un clan napolitano en Madrid... El futuro de Pablo Casado se pintó de negro en el momento en el que denunció algo obvio, que es difícilmente justificable que en el momento de mayor dolor de los españoles el hermano de una presidenta se lucrara con la venta de mascarillas a su propia administración... El mismo modus operandi funcionó con los periodistas de este medio en cuanto publicaron que el novio de Ayuso estaba inmerso en un fraude fiscal con facturas falsas, empresas pantallas por sus negocios con Quirón y la venta de mascarillas... Ahora toca el Fiscal General del Estado con la complicidad de una serie de organizaciones y otros elementos dependientes de la familia, porque nada de esto hubiera ocurrido sin medios cómplices que publican bulos a consciencia solo por interés de la lideresa y colegios profesionales que salen raudos en auxilio de quien garantiza las condiciones para el buen funcionamiento de la empresa... No se ha acabado todo aquí, aún hay más...hay cosas que sabemos que aún no podemos contar y que les dejarían a ustedes con la confirmación de que lo que ocurre en Madrid no es política, se llama de otra manera, pero no política (Antonio Maestre)

 "Quien dice viviendas después de un terremoto dice mascarillas en medio de una pandemia. El 'shock' de la ciudadanía en pleno desastre siempre puede ayudar para hacer negocio. El hermano y el novio de la líder de la familia lo saben bien

Madrid cada día se parece más a Nápoles. Los elementos de la política madrileña que la hacen asimilables al funcionamiento de un clan napolitano están ahí para quien quiera verlos. Una tragedia y un shock popular del que aprovecharse, una familia que hace negocio, una líder cesarista y omnímoda que humilla a sus correligionarios y unos camorristas a su alrededor dedicados a hacer pagar cuentas a los que ponen en riesgo el negocio familiar. 

Las tragedias como elemento de instrumentalización para la conformación de empresas y negocios es algo propio de la construcción de grupos familiares de tinte mafioso. Son elementos coincidentes en la mafia y en la política. La pandemia fue el elemento fundacional del surgimiento de un modo de funcionar para la política madrileña de la familia ayusista del mismo modo que funcionó el terremoto de Irpinia en 1980 para la camorra napolitana. Indro Montanelli lo llamó el Irpiniagate porque la reconstrucción precisa después de la tragedia funcionó para la Camorra y los políticos adscritos a la mafia como el gran negocio con el que expoliar los recursos públicos que llegaban de Roma y de las administraciones locales y así poder consolidar el poder de los clanes de la camorra con grandes pelotazos urbanísticos. Una tragedia, cuando todo el mundo necesitaba viviendas, hacía más sencillo aparecer como salvadores a la vez que se enriquecían. Quien dice viviendas después de un terremoto dice mascarillas en medio de una pandemia. El shock de la ciudadanía en pleno desastre siempre puede ayudar para hacer negocio. El hermano y el novio de la líder de la familia lo saben bien. 

El elemento del absolutismo mesiánico con los propios está ahí en innumerables ejemplos y casos. Pero uno que pasó desapercibido, por lo banal y ridículo, dejó en evidencia que cualquier cosa que haga perturbar a la lideresa, por insignificante que sea, deber ser tratado con la mayor de las diligencias para que nada pueda hacerla torcer el gesto. Noelia Núñez bromeaba con un compañero de partido en redes sobre el hecho de que la hubieran secuestrado en su propio partido en los actos del 2 de mayo. La realidad sobre la broma es una muestra del régimen norcoreano que se vive en la Comunidad de Madrid donde el Gobierno de Ayuso funciona como una corte absolutista más que una presidencia autonómica. 

Noelia Núñez es uno de los pocos cargos de Génova que acudieron a los actos del día de la Comunidad de Madrid porque es la cuota que la lideresa puso en la dirección nacional y no tiene ningún complejo en sentirse humillada si es para dar gusto a quien la puso donde está. Una de las delfinas de Ayuso acudió con el mismo vestido que Isabel Díaz Ayuso a la conmemoración que para Madrid es como la Diada para Cataluña, un acto de emancipación histórica, un ejemplo de lo que la familia quiere para Madrid y conformar su propio mito, su pequeño acto imperiófilo privado en el que ser como una pequeña emperadora y perfomar absolutista. La corte de propagandistas acudió rauda a evitar el sofoco a la líder y “secuestraron” a Noelia Núñez para que no se la viera con el mismo vestido, como si fuera la novia de Madrid, y se la obligó a cambiarse. La propia Núñez justificaba la decisión diciendo que ese era el día de Ayuso y que tenía que ser la protagonista. No se molesta a quien proporciona el sustento. 

Los camorristas o camorristi son el elemento principal que hace poder subsistir los negocios de la familia. En los clanes napolitanos ya sabemos cómo operan y no es preciso desgranarlo, pero en el clan madrileño, aquellos que serían asimilables en la comparativa, operan de manera más sutil en la concreción fáctica pero con la misma operativa. Se trata de quitarse de en medio a quien pone en riesgo el modo de vivir y la empresa filial por lo que cualquiera que sea una amenaza para que el imperio continúe tiene que ser apartado del juego. El futuro de Pablo Casado se pintó de negro en el momento en el que denunció algo obvio, que es difícilmente justificable que en el momento de mayor dolor de los españoles el hermano de una presidenta se lucrara con la venta de mascarillas a su propia administración. El cometido para apartarle se le encomendó a quien mejor se maneja en lo más oscuro y en la falta de escrúpulos. Se comenzaron a filtrar informaciones dudosas, falsas o relatos interesados a los medios pagados por la familia para acabar de manera rápida y fulminante con quien ponía en riesgo el negocio. Fue rápido y nada indoloro, al menos para el que era líder del partido y no sabía que el clan madrileño es el que de verdad manda. Una inconsciencia que están cometiendo también desde fuera sus otros adversarios. 

El mismo modus operandi funcionó con los periodistas de este medio en cuanto publicaron que el novio de Ayuso estaba inmerso en un fraude fiscal con facturas falsas, empresas pantallas por sus negocios con Quirón y la venta de mascarillas. Os vamos a destruir, os vamos a cerrar, ya no volveréis a trabajar. Nos quedó claro, pero ahora no han logrado sacarnos del juego. Ahora toca el Fiscal General del Estado con la complicidad de una serie de organizaciones y otros elementos dependientes de la familia, porque nada de esto hubiera ocurrido sin medios cómplices que publican bulos a consciencia solo por interés de la lideresa y colegios profesionales que salen raudos en auxilio de quien garantiza las condiciones para el buen funcionamiento de la empresa. No se ha acabado todo aquí, aún hay más. La política madrileña y la camorra napolitana se parecen más de lo que nos gustaría creer. Porque hay cosas que sabemos que aún no podemos contar y que les dejarían a ustedes con la confirmación de que lo que ocurre en Madrid no es política, se llama de otra manera, pero no política."                     (Antonio Maestre, eldiario.es, 19/10/24)

Los tres familiares de Feijóo que serán investigados: "4.000 millones a dedo en un millón de contratos"

 "El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, deberá dar explicaciones por los “chanchullos” -así los ha definido la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón- que implican al gallego y a la Xunta en todo un maremágnum de sobrecostes y contratos a dedo.

Un entramado de sobrecostes y pifias que, a ojos del BNG, que es quien lidera la comisión de investigación en el parlamento gallego, se puede resumir en "15 años de chanchullos". Solo en los últimos cincos años, expone el BNG, el montando de este festival de ominosa contratación podría cifrarse en "4.000 millones a dedo en un millón de contratos".

El expresidente de Galicia deberá rendir cuentas a petición del Bloque por varias cuestiones. Una de ellas es la que tiene que ver con el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, levantado con un sobrecoste de 470 millones de euros a pesar de disponer de 1.300 camas menos, una superficie menor de la que se estimó en un primer momento y menos plazas de aparcamiento de las prometidas, tal y como explicaron fuentes del Bloque en conversaciones con ElPlural.com.

Otro punto del examen al que se debe someter el PP pasa por los tratos de favor a Eulen, la empresa que dirige Micaela, hermana del ahora máximo responsable del principal partido de la oposición. En total, la compañía ha suscrito 124 contratos menores con organismos que dependen del Ejecutivo autonómico por valor superior al millón y medio de euros. Esto, solo en 2024.

A todo ello se suman los contratos que se firmaron durante la pandemia con marcas como Sibucu 360 o los negocios con la empresa de telemarketing del cuñado de Feijóo, Universal Support, que recibió al menos 20 millones de euros repartidos en al menos 44 contratos covid de la Xunta.

La “tranquilidad” de Feijóo 

Pese al escándalo que se cierne sobre la contratación de la Xunta durante su presidencia, así como del posible trato de favor de la actual administración con personas de su propia familia, como su hermana Micaela, su prima o su cuñado, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, considera que todo esto no es más que ruido generado desde el entorno del Gobierno para tratar de aplacar las críticas a Pedro Sánchez, envuelto en la polémica investigación a su mujer, Begoña Gómez, por la comisión de los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Este mismo domingo, entrevistado en Radio Galega, y cuestionado por la apertura de esta comisión de investigación en el Parlamento de Galicia, Feijóo ha asegurado que no teme ningún escándalo y que su momento actual es de “tranquilidad absoluta”. Además, y tirando de retranca gallega, el presidente de los populares ha añadido que muy bien lo tiene que estar haciendo su sustituto al frente de la Xunta, Alfonso Rueda, para que la oposición siga trabajando en su contra y no en la del actual inquilino de la presidencia de la región. 

Posteriormente, el líder de la oposición ha mandado un mensaje al PSOE, tanto al nacional como al gallego: "El PSOE pretende, para tapar los problemas de corrupción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de su familia, de su partido y de su gobierno, manchar el resto de partido", ha arrancado. "Supongo que cualquier socialista que estuvo durante mis años de presidente o los años que estuve en la oposición está avergonzado de tener un PSOE minoritario, más minoritario de la historia democrática del país", ha sentenciado.

Los “chanchullos” del presidente del PP

El entramado que persigue al actual líder del principal partido de la oposición es una historia de sobrecostes y tratos de favor a familiares. Uno de los puntos sobre los que el responsable popular deberá dar explicaciones -y que precipitó la comisión de investigación- es el que tiene que ver con el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, un posible ‘pufo’, expuesto de manera coloquial, en lo económico.

En concreto, el centro, explicaba el Bloque a ElPlural.com, funciona correctamente -más allá de acarrear los problemas del resto de hospitales-; por lo que la duda primera se cierne alrededor del precio que supuso su edificación: un sobrecoste de 470 millones de euros a pesar de contar con 1.300 camas menos de las prometidas, una superficie más pequeña de la estimada en un primer momento y menos plazas de aparcamiento de las dictadas en su anuncio.

A esta cuestión hay que sumar otras que contienen nombres propios como los de la hermana de Feijóo, Micaela, o el cuñado del político, Ignacio Cárdenas. La empresa de la primera, Eulen, ha recibido 54 millones de euros en 15 años; 37 en los años en los que el gallego ejerció como presidente de la Xunta.

Por su parte, la compañía de Ignacio Cárdenas, Universal Support, percibió a través del procedimiento de emergencia y a dedo un montante superior a los 15 millones de euros de partidas destinadas a la lucha contra la Covid-19. Según refleja el Consello de Contas, esta empresa resultó ser la más beneficiada por los fondos para financiar las medidas contra el avance del virus entre los años 2020 y 2021, con hasta 17 pagos.

A todo ello hay que sumar otros nombres propios sobre los que la sombra tampoco ha desaparecido, como el de Sibucu 360, empresa que vendió material sanitario durante el coronavirus, entre otros, a la Xunta de Galicia o a Madrid, autonomías que repitieron con esta empresa después de recibir de ella mascarillas defectuosas."             (El Plural, 23/09/24)

“Derechos de papel”: prestaciones reconocidas que no llegan... sólo llegan "anuncios y papeles publicados en boletines”... los servicios sociales denuncian que los 1.500 millones de euros correspondientes a esas rentas mínimas no se han destinado a las partidas sociales. “Hay comunidades autónomas haciendo caja con el Ingreso Mínimo Vital y con la dependencia. No hay derecho, es inhumano”... o sea, dinero para los amiguetes

 "El estancamiento de los servicios sociales para personas mayores y el desmantelamiento de los recursos destinados a la inserción propician un sistema de protección “de derechos de papel”, según el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, quien ha explicado que muchas personas no reciben su prestación correspondiente. “Simplemente, tienen anuncios y papeles publicados en boletines”. Así lo ha reivindicado este viernes en la presentación del Índice DEC 2022 (IDEC), un informe anual que valora la situación de la asistencia social en España.

 Las plazas de residencias públicas apenas han aumentado desde 2019, pero el deterioro es más acusado en el servicio de teleasistencia, que no llega al 10% de la población mayor de 65 años. Los datos son también negativos para la prestación de ayuda al domicilio, pues solo mantiene una cobertura del 5% desde 2018. El único dato positivo se refleja en el aumento del tiempo de asistencia por beneficiarios. Las personas en situación de dependencia disponen ahora de 20 horas mensuales mínimas de atención.

Según los representantes de la asociación, la implantación del Ingreso Mínimo Vital —destinado a cubrir carencias económicas de personas y familias—, puede permitir a las autonomías destinar todos los recursos de sus Rentas Mínimas de Inserción para favorecer la inclusión social. Sin embargo, los profesionales de servicios sociales denuncian que los 1.500 millones de euros correspondientes a esas rentas mínimas no se hayan destinado a este tipo de partidas sociales. “Hay comunidades autónomas haciendo caja con el Ingreso Mínimo Vital y con la dependencia. No hay derecho, es inhumano”, ha reivindicado el coordinador del estudio, Gustavo García.

Las diferencias presupuestarias entre las autonomías españolas son importantes. El porcentaje del PIB regional que las administraciones públicas del País Vasco y Canarias destinan a los servicios sociales triplica al de la Comunidad de Madrid. Y mientras La Rioja ha incrementado un 56% los perceptores de sus Rentas Mínimas de Inserción, Murcia los ha reducido un 62%. El único aspecto donde todas las comunidades autónomas coinciden es en la aplicación de la Ley de Servicios Sociales de nueva generación —solo faltaba por incorporarse la Comunidad de Madrid y ya lo ha hecho—.

El IDEC evalúa a todas las autonomías por igual. Puntúa la cobertura en una treintena de indicadores divididos en tres apartados: los derechos reconocidos, la inversión económica y la cobertura de servicios. Dos comunidades autónomas han sido premiadas, Castilla y León y Navarra, sin listas de espera para las personas dependientes. A la cola del ranking se sitúan la Comunidad de Madrid, Cantabria y Murcia. (...)"               (Sara Castro, El País, 08/09/23)

La única duda sobre Moreno Bonilla es si va a acabar en ASISA como el número 2 de su consejería de sanidad, en Quirón como el novio de Ayuso o en AMA como Ana Pastor (Ione Belarra)

Ione Belarra @ionebelarra

La única duda sobre Moreno Bonilla es si va a acabar en ASISA como el número 2 de su consejería de sanidad, en Quirón como el novio de Ayuso o en AMA como Ana Pastor. Privatizan para robar y asegurarse un futuro dorado.

https://x.com/i/status/1797300521352470898

6:13 p. m. · 2 jun. 2024 37,4 mil Reproducciones

 

Pescadores gallegos anuncian una querella contra la mujer de Feijóo por su “mansión ilegal” en la playa... “Una vez comprobado que dicha vivienda carecía de la seguridad jurídica que le corresponde al estar construida encima de las rocas y con una bajada privada el mar nos hemos interesado ante el Ayuntamiento de Moaña para localizar toda la documentación que le correspondiese legalmente... a día de hoy no hemos logrado nada a pesar de tener resoluciones favorables de la comisión de transparencia de Galicia... A día de hoy continúa sin entregarse la documentación que nos corresponde”

 "Preparan una querella contra la mujer de Alberto Núñez Feijóo, Eva Cárdenas, por una de las últimas viviendas que ésta ha adquirido. Se trata de la que se sitúa en Moaña (Pontevedra), una casa de piedra de 150 metros cuadrados, a la que acompaña una gran parcela de 700 metros. Tiene acceso directo al mar, varias alturas y su coste en el momento de la adquisición superó los 600.000 euros.

Ubicación y obras "ilegales"

La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero en Galicia (PLADESEMAPESGA) prepara una denuncia contra la “mansión” de Eva Cárdenas, de carácter “ilegal” en cuanto a ubicación y obras. Así las cosas, el colectivo pesquero apunta a ElPlural.com que la localización es “contraria a la Ley de Costas y al planteamiento urbanístico del Concello de Moaña”.

Para la organización, el punto en el que se encuentra también va en contra de lo estipulado en el Plan General de Ordenación Urbana de la Xunta de Galicia y de los acuerdos de la Ley 4/2023, de 6 de julio, de ordenación y gestión integrada del litoral gallego, que establecen, menciona Pladesemapesga, que las nuevas construcciones “se instalarían en terrenos más alejados del litoral, dejando esos espacios libres para los usos públicos que les son propios”. La plataforma se refiere asimismo a las obras, de manera que parece "no estar conectada al alcantarillado, carecer de depuradora o fosas sépticas legales”.

Pladesmapesga expone a este periódico que solicitó al Ayuntamiento de la localidad de Pontevedra que declarase la nulidad de las obras, petición sobre la que todavía no ha recibido respuesta. Por este motivo, explican, “no descartamos solicitar la nulidad de la licencia en los tribunales, toda vez que no ha podido comprobarse su tramitación con arreglo a la ley, cuando entendemos que la respuesta ha sido negativa al cumplirse los plazos legales establecidos”. Asimismo, se dirigieron a la Axencia de protección da legalidade urbanística (APLU), la Comisión de Transparencia de Galicia y la Valedora do Pobo. Ahora el colectivo anuncia que va a dar un paso más y presentar denuncia “ante todos los organismos implicados”.

El presidente de la plataforma, Miguel Delgado, cuenta a ElPlural.com que se encuentran investigando todo lo relativo al inmueble desde hace “al menos cinco años” y asegura que las gestiones a día de hoy alrededor de ella “han sido infructuosas”. “Una vez comprobado que dicha vivienda carecía de la seguridad jurídica que le corresponde al estar construida encima de las rocas y con una bajada privada el mar nos hemos interesado ante el Ayuntamiento de Moaña para localizar toda la documentación que le correspondiese legalmente”, apostilla, recalcando que “a día de hoy no hemos logrado nada a pesar de tener resoluciones favorables de la comisión de transparencia de Galicia”, mientras que la APLU “cuando presidía Feijóo la Xunta se ha negado a responder”. “Lo mismo que la Valedora do Pobo (…) A día de hoy continúa sin entregarse la documentación que nos corresponde”, incide.

Varias propiedades nada desdeñables

Eva Cárdenas dispone de varias propiedades, siendo una de las últimas adquiridas la que se localiza en Moaña, pero a ella hay que sumar otros inmuebles. La pareja del líder del PP compró un piso de 256 metros cuadrados de un edificio señorial en A Coruña después de pedir una hipoteca de 800.000 euros, mientras que poco antes se había hecho con un edificio entero en la misma localidad que contenía cuatro apartamentos.

Adquirió otra vivienda, por ejemplo, en la urbanización Icaria, en Oleiros. Se trata de un chalé de casi 400 metros cuadrados que le obligó a pedir un crédito de 600.000 euros. Dentro de su patrimonio hay que tener en cuenta otro terreno de más de 3.000 metros.

Tal y como se desprende de una información de la revista Semana, Eva Cárdenas disfruta de alrededor de 4 millones de euros en cuanto a activos y montó una inmobiliaria junto a su hija Gabriela con el nombre Niebla Azul. En otro orden de cosas, trabajó en Zara Home entre 2003 y 2018, y en Sargadelos, una compañía gallega de cerámica muy conocida en la que también tuvo importancia.

El presidente del PP, por su parte, disfruta también de una gran fortuna personal que queda amparada, entre otras cosas, por su finca de O Cairo -en la que se construyó una vivienda-, una finca rústica en Ames (A Coruña), un piso en Vigo y otro en Madrid, así como una plaza de garaje. Entre la pareja suman nada más y nada menos que once propiedades."           (Rubén Rozas, El Plural, 25/05/24)

Feijóo dice que no permitiría a su pareja contratar con la administración... pero sí dejó a su hermana hacerlo con la Xunta... impidió que el Consello de Contas revisase las contrataciones de la Xunta con Eulen desde 2009... y fue durante la pandemia, cuando la empresa del cuñado de Feijóo, Ignacio Cárdenas, firmó contratos menores con la Xunta por valor de 200.000 euros, y se convirtió en una de las compañías “favoritas” de la administración autonómica para el encargo del rastreo de contagios. Y eso que la sociedad de telemarketing Universal Support no tiene ninguna relación con el sector sanitario

 "Si llega a presidente del Gobierno, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pedirá a su pareja “que no tenga contratos con la administración pública”. Así lo afirmó este miércoles en una entrevista en Onda Cero tras conocer la carta de Pedro Sánchez en la que anunciaba una pausa para “parar y reflexionar”. No se quedó ahí, aseguró que “si tiene sponsor para hacer su trabajo y resulta que esos sponsors son posteriormente adjudicatarios de la administración pública, eso no se lo voy a consentir”. Una exigencia ética que Feijóo no mostró con su propia hermana durante sus trece años al frente de la Xunta.

Micaela Núñez Feijóo es la directora de la Zona Noroeste del Grupo Eulen, una empresa de servicios con más de 70.000 empleados en todo el mundo. En 2022, el diario Público desveló que, desde que Feijóo llegó en 2009 a la presidencia de la Xunta hasta ese momento, Eulen había recibido contratos del Gobierno gallego por más de 37 millones de euros. No era algo nuevo. Como contó entonces la Cadena SER, Micaela llegó a estampar su firma en un convenio suscrito con la consellería que dirigía Feijóo durante el último gobierno de Manuel Fraga. Entonces, ella constaba como “apoderada” de la empresa.

La prima y el cuñado

Micaela Núñez Feijóo no es la única familiar del líder del PP que ha progresado durante su presidencia de la Xunta. Su prima, Eloína Núñez Masid es, desde 2017, la gerenta del Área Sanitaria de Santiago de Compostela. Antes lo fue del Hospital de Ourense, cargo al que llegó desde el grupo municipal del PP en la ciudad, donde era concejala.

Según su cuenta en LinkedIn, Micaela Núñez entró en Eulen en 2003, el mismo año en el que su hermano regresó a Galicia, abandonando la presidencia de Correos para ponerse al frente del departamento de Política Territorial. Ella fue delegada de la empresa en Pontevedra y Vigo y, posteriormente, directora regional en Galicia. El ascenso a su cargo actual, responsable para el Noroeste, llegó en en 2016, justo después de alcanzar una cifra récord de 6,2 millones de euros en contratos con la Xunta durante el ejercicio anterior.

Feijóo siempre defendió que el puesto de su hermana, en un grupo empresarial de esas dimensiones, no influía en los contratos con la administración autonómica, un argumento que no convenció a la oposición. El 30 de marzo de 2022, el mismo día en que el mandatario gallego renunciaba a la presidencia del PPdeG como paso previo para asumir el liderazgo estatal, la mayoría absoluta de los populares en el Parlamento de Galicia impidió que el Consello de Contas, el órgano encargado de fiscalizar a las administraciones en la comunidad, revisase las contrataciones de la Xunta con Eulen desde 2009. Lo había solicitado el BNG basándose en las informaciones periodísticas que apuntaban a una supuesta “connivencia” de Feijóo “con su propia familia”. 

 La gestión de Eloína Núñez al frente de la sanidad en la capital de Galicia no ha estado exenta de polémicas, con expedientes a la doctora que denunciaba falta de medios en urgencias o acusaciones a los propios facultativos de contagiarse de covid entre ellos durante las pausas en la cafetería. Sólo meses después de esta última, todavía bajo los efectos del covid, Feijóo reservaba a su prima un cargo en la dirección del Partido Popular de Galicia.

Fue precisamente durante la pandemia cuando la empresa del cuñado de Feijóo, Ignacio Cárdenas, firmó contratos menores con la Xunta por valor de 200.000 euros. Según publicó El Salto, la empresa de la que es director comercial el hermano de Eva Cárdenas obtuvo 204.076,18 euros en contrataciones a dedo mientras el líder del PP era aún presidente de Galicia. Entre 2020 y 2022 se convirtió en una de las compañías “favoritas” de la administración autonómica para el encargo del rastreo de contagios. Y eso que la sociedad de telemarketing Universal Support no tiene ninguna relación con el sector sanitario."          (Luís Pardo, eldiario.es, 25/04/24)