"Durante más de
dos años, mi mandato ha sido objeto de controversias cuidadosamente
orquestadas y de creciente virulencia. El 8 de febrero, un miembro del
parlamento francés me atacó personalmente basándose en declaraciones
truncadas que me atribuían que Israel «es el enemigo común de la
humanidad», cuando mi discurso iba dirigido a los países que han armado a
Israel, así como a los medios de comunicación y los algoritmos de las
redes sociales que han amplificado el discurso genocida (1).
Sin molestarse en verificar el
contenido exacto de mis declaraciones ni examinar los hechos, el
ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, se hizo eco
inmediatamente de estos ataques a nivel internacional, condenando como
«indignantes y reprobables» declaraciones que nunca hice y anunciando
que Francia remitiría el asunto al Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas para exigir mi dimisión.
Sus homólogos italiano, alemán y checo
hicieron lo mismo, sin siquiera realizar la verificación básica de los
hechos que exigían sus cargos. El 19 de febrero, el primer ministro
francés, Sébastien Lecornu, reiteró públicamente la misma exigencia.
Si bien la crítica es inherente a
cualquier función pública, y más aún cuando se trata de derechos
humanos, este caso revela un aspecto preocupante: la implacabilidad con
la que algunos Estados prefieren atacar al mensajero en lugar de
intentar refutar el mensaje.
La naturaleza sin precedentes y
corrosiva de este ataque contra un experto independiente designado por
las Naciones Unidas no solo radica en la violencia de las acusaciones y
la deliberada invención de mentiras, sino también, y sobre todo, en el
hecho de que los más altos niveles del gobierno dirigen y avalan esta
maniobra. Por lo tanto, ya no se trata de una simple controversia, sino
de un síntoma de la bancarrota de un sistema construido sobre promesas
solemnes y tratados internacionales que se invocan en tiempos de paz,
pero que se olvidan en cuanto su aplicación resulta inconveniente.
Designada por el Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, soy Relatora Especial desde el 1 de mayo
de 2022 y desempeñaré mis funciones hasta 2028. Soy la octava persona
en ocupar este mandato —y la primera mujer en este cargo— y asumí este
compromiso voluntario tras una trayectoria profesional dedicada a la
defensa de los derechos humanos, principalmente en las Naciones Unidas
—en particular en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos y en el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones
Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (ONURP) en
Jerusalén— y a la investigación académica sobre Palestina.
La atención prestada a Israel no es ni
una elección personal ni un sesgo: proviene de la resolución 1993/2A
del Consejo de Derechos Humanos, adoptada el 19 de febrero de 1993 en
respuesta a casi treinta años de ocupación de Gaza, Cisjordania y
Jerusalén Este.
Acusarme de «falta de neutralidad»
equivale a una distorsión deliberada de este mandato. Ninguno de los
otros catorce relatores especiales de la ONU con mandatos sobre países
es objeto de tales ataques; nadie acusa a los relatores responsables de
Afganistán, Rusia o Irán de «obsesión» en el cumplimiento de su misión.
Pero en cuanto Israel se ve involucrado, el cumplimiento ordinario de un
mandato se convierte, a ojos de algunos, incluso dentro de los
gobiernos, en una falta que justificar en lugar de un deber que cumplir.
Mi trabajo consiste en establecer y
clasificar jurídicamente los hechos en los territorios ocupados, donde
impera un dualismo jurídico institucionalizado: la ley civil se aplica a
los colonos israelíes y la ley militar a los palestinos, incluidos los
niños.
En efecto, Israel es el único país del
mundo donde los niños son procesados sistemáticamente en tribunales
militares. Describir este sistema como apartheid ejercido contra los
palestinos en forma de dictadura militar no es una provocación, sino una
aclaración jurídica. Mis informes iniciales presentados a la ONU en
2022-2023 documentaron la obstrucción sistemática del derecho del pueblo
palestino a la autodeterminación, la privación arbitraria y sistemática
de libertad y el impacto estructural de la ocupación en los niños (2).
Un panóptico al aire libre
El derecho a vivir libremente como
pueblo, a decidir su propia voz política, a gestionar sus recursos, a
forjar su propio futuro: la autodeterminación es un requisito
indispensable para el ejercicio de todos los demás derechos. Su negación
constituye la base de todo proyecto de asentamiento colonial.
Durante décadas, la fragmentación
territorial, la expansión de los asentamientos, las restricciones a la
libertad de movimiento, al trabajo, a la educación y al acceso a la
justicia, la confiscación de tierras, la demolición de decenas de miles
de viviendas, el aislamiento de Gaza y las casi 6.000 muertes, entre
ellas aproximadamente 1.200 niños, causadas por los ataques israelíes
entre 2008 y 2022, han hecho improbable cualquier posibilidad de una
vida libre e independiente.
En todo el territorio palestino
ocupado, Israel ha establecido un régimen carcelario —de intensidad y
métodos variables— que restringe todas las dimensiones de la vida
cotidiana. Constantemente vigilados, con sus movimientos obstaculizados
por puestos de control, muros y una opresiva red burocrática, y
expuestos perpetuamente a arrestos y detenciones arbitrarias, torturas y
otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, los palestinos viven en
lo que equivale a un panóptico al aire libre (3).
Mi informe sobre la infancia,
finalizado justo antes y presentado inmediatamente después de los
atentados del 7 de octubre de 2023, es a la vez el más contundente y el
menos comentado. Aborda el proceso de «desnudamiento infantil», término
acuñado por la académica israelí-palestina Nadera Shalhoub-Kevorkian
(4), para describir la vida cotidiana de niños privados de protección e
inocencia, que crecen en medio de una violencia generalizada:
asesinados, mutilados, huérfanos, testigos de la muerte o la humillación
perpetua de sus seres queridos y de la destrucción de sus hogares.
Ignorar su desesperación es renunciar a una parte de nuestra humanidad y
violar la obligación más sagrada del mundo y del derecho internacional:
proteger a la infancia.
Mi informe de marzo de 2024 sigue este
mismo enfoque; también se centra en las víctimas de un sistema
estructurado. Titulado «Anatomía de un genocidio (5)», documenta los
primeros cinco meses de ataques israelíes contra Gaza tras las masacres
cometidas por Hamás el 7 de octubre de 2023: asesinatos, graves daños
físicos y mentales, y sometimiento a condiciones de vida destinadas a la
destrucción del grupo, todo ello en un contexto de retórica
deshumanizadora por parte de funcionarios estatales.
Durante este período, Israel disfrazó
sus acciones con un «camuflaje humanitario», expresado en un lenguaje
tranquilizador —»conflicto», «daños colaterales», «zonas seguras»,
«órdenes de evacuación»— para justificar la progresiva desaparición de
Gaza y su identidad, la supresión de la capacidad de los palestinos para
existir como comunidad, para habitar su tierra, para transmitir su
memoria.
En el siguiente informe, «El borrado
colonial a través del genocidio (6)», mostré cómo este genocidio se
extiende a Cisjordania y Jerusalén Este a través de la limpieza étnica,
todo lo cual constituye el resultado lógico de una empresa colonial de
asentamiento: borrar para reemplazar, destruir para apropiarse.
No soy el único que ha llegado a estas
conclusiones. Ya en enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia
(CIJ) determinó que existía un riesgo plausible de violación de la
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y
ordenó medidas provisionales. En julio de 2024, la Corte también
dictaminó que la presencia de Israel en el territorio palestino ocupado
era ilegal y exigió su cese inmediato e incondicional. Finalmente, la
Corte halló pruebas de discriminación sistémica, violaciones de la
prohibición de la segregación racial y el apartheid, así como de
políticas de anexión.
Innumerables instituciones y
organizaciones han llegado a la conclusión de que Israel está cometiendo
genocidio contra el pueblo palestino en el pequeño territorio que queda
de Palestina.
El historiador israelí Raz Segal dio
la voz de alarma en octubre de 2023. En 2024, historiadores israelíes
especializados en el Holocausto, como Amos Goldberg y Omer Bartov,
también creían que su país estaba cometiendo genocidio (7).
Unos meses más tarde, Amnistía
Internacional llegó a la misma conclusión y, en julio de 2025 (8), la
organización israelí B’Tselem publicó un informe en ese sentido bajo un
título condenatorio, aún más impactante cuando uno lo imagina en hebreo:
«Nuestro genocidio» (9).
Finalmente, y entre muchos otros, en
septiembre de 2025, la comisión internacional independiente de
investigación, con mandato de la ONU, también declaró que se estaba
produciendo un genocidio en Gaza (10).
A pesar de la meticulosa documentación
de los crímenes cometidos, estos informes recibieron escasa o nula
atención de los medios de comunicación y los gobiernos occidentales.
Ante la ausencia de una decisión judicial formal, la comisión de
investigación representa lo más cercano a una conclusión cuasi judicial
basada en el establecimiento de los hechos y un análisis del derecho.
En cualquier caso, la obligación de
prevenir el genocidio surge en cuanto se identifica un riesgo grave. En
enero de 2024, cuando la CIJ reconoció un riesgo plausible en Gaza, los
Estados tuvieron que actuar, empezando por suspender las transferencias
de armas.
Mi análisis sobre la complicidad de
ciertas empresas, publicado en julio de 2025, provocó las reacciones más
virulentas. En él, describo la «economía del genocidio (11)»: una red
de actores privados que, mediante sus inversiones, tecnologías,
servicios y cadenas de suministro, sustentan materialmente la realidad
descrita en informes anteriores.
Dicha implicación conlleva una
responsabilidad. Poner fin al genocidio también significa desmantelar
las estructuras económicas que lo hacen posible y rentable.
Este informe llevó a Estados Unidos a
imponerme sanciones draconianas a partir de agosto de 2025, una práctica
que ya se aplica a jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) y a
varias organizaciones palestinas.
Me encuentro aislada económicamente
del mundo. Cualquier persona con vínculos conmigo, incluidos miembros de
mi familia (soy madre de una hija que es ciudadana estadounidense), se
enfrenta a multas de un millón de dólares y veinte años de prisión. Mi
capacidad para desempeñar mis funciones y, sencillamente, para vivir mi
vida, se ve gravemente obstaculizada.
Aunque estos ataques cuentan con el
apoyo de mi país, Italia, y ante la falta de apoyo concreto de otros
Estados, he continuado mi misión. Mi informe más reciente describe el
genocidio en Gaza como un «crimen colectivo (12)», porque fue posible y
financiado por el apoyo político y militar inquebrantable de varios
Estados, incluidos aquellos que ahora me atacan con mayor virulencia.
Estados Unidos sigue siendo, con
diferencia, el mayor proveedor de armas a Israel, mientras que varios
estados miembros de la Unión Europea continúan impulsando estas
transferencias; la Unión también sigue siendo el mayor socio comercial
de Tel Aviv.
Salvo algunas excepciones, como España
o Eslovenia, los estados del Viejo Continente han optado por la
inacción o la complicidad.
Francia, por ejemplo, ha permitido
repetidamente que Benjamin Netanyahu sobrevuele su espacio aéreo a pesar
de la orden de arresto emitida por la CPI en su contra. París ha
continuado comerciando con equipo militar, ha facilitado el tránsito por
sus puertos y aeropuertos y ha mantenido intensas relaciones
comerciales con Israel.
Los principales bancos franceses
financian empresas vinculadas a la industria militar israelí y a los
asentamientos, mientras que varios miles de franco-israelíes sirven en
el ejército israelí.
Criminalizar la solidaridad
Al mismo tiempo, se intensifica la
represión de las protestas: se prohíben las manifestaciones, se censuran
las conferencias académicas, se acusa a activistas y periodistas de
«apología del terrorismo» y las intervenciones policiales son violentas.
Alemania, Italia, Francia y el Reino
Unido encabezan esta represión, bajo el pretexto de una lucha legítima
contra el antisemitismo.
Los proyectos de ley proponen
equiparar la lucha esencial contra el antisemitismo y todas las formas
de racismo con la prohibición de cualquier crítica a Israel como Estado.
Presentada como algo evidente, esta equiparación de nuestros hermanos y
hermanas judíos con la política israelí forma parte de una ofensiva
política: instrumentalizar la lucha contra el antisemitismo para
criminalizar las expresiones de solidaridad con el pueblo palestino y
justificar campañas de desprestigio.
Debido a que critican las políticas de
Tel Aviv, los ciudadanos israelíes y los judíos de todo el mundo son
objeto de las mismas campañas de desprestigio. Sus voces son silenciadas
y su lealtad puesta en duda.
El antisemitismo, horrible y odioso,
es odio hacia los judíos: no tiene nada que ver con la labor de quienes
defienden los derechos humanos, que se centra en el análisis de las
acciones de un Estado.
Todo el sistema de derecho
internacional se fundamenta en el principio de responsabilidad estatal.
Los Estados asumen obligaciones jurídicas y son quienes deben responder,
ante todo, por sus violaciones. Israel no es una excepción: las
críticas al Estado de Israel no se dirigen a lo que es ni a la religión
que profesa, sino a sus acciones, en particular con respecto al derecho
internacional, que viola gravemente, reiteradamente y con persistente
impunidad.
La cuestión que se plantea no es
ideológica, sino jurídica: ¿está Francia respetando sus obligaciones
internacionales al adoptar tales medidas? Mi mandato como Relatora
Especial me enseñó algo fundamental: cuando se desafía al poder, este no
debate, sino que ataca. Difamar para desacreditar, intimidar para
silenciar; la violencia denota nerviosismo, no fortaleza.
Mi trabajo sigue la estela de mis
predecesores: John Dugard, Richard Falk y Michael Lynk. Ellos también
fueron acusados de antisemitismo o complicidad con el terrorismo.
Contra ellos también se empleó la táctica de sustituir los hechos
documentados por polémicas y el análisis jurídico por ataques
personales. Este mecanismo está ya bien establecido.
Grupos proisraelíes, liderados por UN
Watch, con sede en Ginebra, llevan años publicando informes difamatorios
contra cualquiera, especialmente dentro de las Naciones Unidas, que
documente violaciones del derecho internacional cometidas por Tel Aviv.
Con el pretexto de contrarrestar el “trato desproporcionado a Israel”,
estos grupos aíslan y fragmentan las declaraciones para distorsionar su
significado, y luego amplifican y repiten su desinformación hasta que
parece cierta.
Tras un análisis más detenido, los
supuestos informes de estos grupos resultan poco creíbles. Dentro de las
Naciones Unidas, su naturaleza mendaz y difamatoria es de sobra
conocida. Las acusaciones de que justifiqué las atrocidades del 7 de
octubre de 2023, negué la violencia sexual o minimicé el sufrimiento de
los rehenes se basan en esta invención, a pesar de que he condenado de
forma inequívoca e implacable los ataques contra civiles israelíes del 7
de octubre y los crímenes de Hamás en general.
Los he condenado inequívocamente como
crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, cuyos autores deben ser
llevados ante la justicia mediante procedimientos internacionales. He
condenado la violencia sexual cometida contra víctimas israelíes, tal
como lo documentó la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas
(13), y, de conformidad con el derecho internacional, considero que la
violación utilizada en un contexto de hostilidad es un arma de guerra
que puede constituir un crimen de guerra y, según las circunstancias, un
crimen de lesa humanidad.
La justicia internacional no opera
mediante la indignación selectiva ni la manipulación política. Se basa
en la clasificación jurídica de los hechos, el establecimiento de
responsabilidades individuales y el respeto al debido proceso para
todos, sin excepción.
Aunque mi condena de las masacres y
otros crímenes contra civiles israelíes ha sido inequívoca, he
cuestionado la afirmación generalizada, especialmente en Francia por
alguna razón que se me escapa, de que fueron motivados principalmente
por el antisemitismo (14): como han señalado eminentes especialistas del
Holocausto y el antisemitismo, esta lectura es errónea y peligrosa,
porque oscurece las causas estructurales de la violencia y distorsiona
su análisis (15).
Si bien el antisemitismo puede haber
desempeñado un papel a nivel individual para algunos de los atacantes,
estas masacres, como afirmó el Secretario General de las Naciones
Unidas, el Sr. António Guterres, tuvieron lugar en el contexto de
cincuenta y seis años de ocupación asfixiante (16).
Ningún delito justifica otro. Pero
ignorar el contexto perpetúa una interpretación distorsionada que corre
el riesgo de alimentar el ciclo de violencia en lugar de resolverlo,
poniendo en peligro tanto a palestinos como a israelíes.
Debemos señalar lo que revela esta
campaña: la energía desplegada para difamarme contrasta fuertemente con
el silencio que rodea los crímenes que se siguen cometiendo en Gaza y la
inacción respecto a las personas sujetas a órdenes de arresto
internacionales ante la CPI. Bajo el pretexto de «exigir
responsabilidades a la ONU», el verdadero objetivo es redefinir la
defensa de los derechos humanos como una postura partidista.
La ironía es evidente. En septiembre
de 2025, Francia reconoció al Estado de Palestina, un gesto aclamado
como una señal contundente, un punto de inflexión simbólico. Pero
reconocer a un Estado cuyo ocupante se apoya activamente, sin ejercer
presión para garantizar que el ocupante respete el derecho internacional
y proceda con la retirada incondicional de los territorios ocupados
exigida por la CIJ, es más una cuestión de postura diplomática que de
compromiso jurídico y político.
Reconocer un Estado sin territorio,
sin soberanía, sin que se ponga fin a la ocupación, no es más que mera
retórica vacía, sobre todo cuando se pretende intimidar a los expertos
encargados de documentar con precisión las violaciones que imposibilitan
la creación efectiva de dicho Estado. No se puede reconocer a Palestina
el lunes y luego intentar silenciar a sus defensores el resto de la
semana.
Los líderes que participan en este juego no solo me atacan
personalmente. Están sacrificando el orden jurídico internacional y
acelerando el desmantelamiento del derecho internacional humanitario y
las instituciones que lo garantizan, justo en el momento en que su
supervivencia está en juego.
Es posible huir de la verdad, pero
mucho más difícil ocultarla. Es solo cuestión de tiempo antes de que la
justicia llame a la puerta de los responsables de los crímenes en Gaza y
sus cómplices.
La destrucción de Gaza ha despertado
conciencias que se creían anestesiadas y ha puesto de manifiesto lo que
muchos se negaban a ver: no solo la brutalidad de la ocupación, sino
también la complicidad activa de nuestras democracias occidentales en su
perpetuación.
Porque Israel no es una anomalía en el
orden mundial; en muchos aspectos, es su espejo, en el que descubrimos
lógicas de excepción, jerarquías coloniales entre vidas dignas de duelo y
vidas que deben ser sacrificadas, una retórica de seguridad que
garantiza la impunidad.
La mayoría de los gobiernos occidentales no se enfrentan a Israel, porque hacerlo pondría en entredicho su propia imagen.
¿Patria de los derechos humanos?
Por eso resulta a la vez instructivo y
triste que Francia, la autoproclamada patria de los derechos humanos,
se encuentre en primera línea, no para defender un principio, sino para
proteger un statu quo; no para promover el derecho internacional, sino
para neutralizar a sus guardianes.
Sin embargo, algo ha cambiado. Ha
surgido un movimiento —en los campus universitarios, en las redes
sociales, en las calles, en los tribunales— que exige verdadera justicia
social, respeto efectivo por los derechos humanos, multilateralismo
decolonial y la universalidad de sus principios sin excepción.
Una universalidad que rechaza el apartheid, incluso cuando lo practica un Estado aliado con las capitales occidentales.
Este movimiento no será silenciado por campañas de desprestigio. No se dejará amedrentar por sanciones ni represión.
Crece y se fortalece a medida que se revelan las mentiras y distorsiones que buscan desacreditarlo.
(1) Véase el texto completo de mi declaración en el Foro de Al-Jazeera (Foro AJ), X (ex-Twitter), 9 de febrero de 2026.
(2) Véanse los informes del Relator
Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios
palestinos ocupados desde 1967 (A/77/356), la privación arbitraria de
libertad en el territorio palestino ocupado: la experiencia de los
palestinos en prisión y en libertad (A/HRC/53/59) y la situación de los
derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967
(A/78/545), del Relator Especial sobre la situación de los derechos
humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Naciones
Unidas, de 21 de septiembre de 2022, 28 de agosto de 2023 y 20 de
octubre de 2023, respectivamente.
(3) Cf. Michel Foucault, Vigilar y castigar: El nacimiento de la prisión, Gallimard, París, 1975.
(4) Nadera Shalhoub-Kevorkian, Infancia encarcelada y la política de la deschildización, Cambridge University Press, 2019.
(5) “Anatomía de un genocidio”
(A/HRC/55/73), informe del Relator Especial sobre la situación de los
derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967,
Naciones Unidas, 1 de julio de 2004.
(6) “El borrado colonial mediante el
genocidio” (A/79/384), informe del Relator Especial sobre la situación
de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde
1967, Naciones Unidas, 1 de octubre de 2024.
(7) Cf. Raz Segal, “Un caso de libro
de texto de genocidio” , JewishCurrents, 13 de octubre de 2023; Amos
Goldberg, “Lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio, porque Gaza
ya no existe” , Le Monde, 29 de octubre de 2024; Omer Bartov, “Un
historiador del genocidio frente a Israel” , Orient XXI, 5 de septiembre
de 2024.
(8) “Israel y el territorio palestino
ocupado. La investigación de Amnistía Internacional concluye que Israel
está cometiendo genocidio contra los palestinos en Gaza” , Amnistía
Internacional, 5 de diciembre de 2024.
(9) “Nuestro genocidio” , B’Tselem, julio de 2025.
(10) Véase el Boletín Informativo de la ONU , 16 de septiembre de 2025.
(11) “De una economía de ocupación a
una economía de genocidio” (A/HRC/59/23), informe del Relator Especial
sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos
ocupados desde 1967, Naciones Unidas, 2 de julio de 2025.
(12) “Genocidio de Gaza: un crimen
colectivo” (PDF), informe del Relator Especial sobre la situación de los
derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967,
Naciones Unidas, 20 de octubre de 2025, http://www.ohchr.org
(13) Cf. “Conclusiones detalladas
sobre los ataques perpetrados a partir del 7 de octubre de 2023 en
Israel” (PDF), Naciones Unidas, 10 de junio de 2024.
(14) Cf. “La “prohibición” simbólica
de Israel no debe desviar la atención de los crímenes atroces en Gaza:
UN experto” , Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 15 de febrero de
2024.
(15) Cf. Omer Bartov, Christopher R.
Browning, Jane Caplan, Debórah Dwork, David Feldman et al., “Una carta
abierta sobre el mal uso de la memoria del Holocausto” , The New York
Review of Books, 20 de noviembre de 2023.
(16) Véase “Observaciones del Secretario General ante el Consejo de Seguridad — sobre el Medio Oriente” , 24 de octubre de 2023.
Francesca Albanese" (Sociología crítica, 28/04/26)
