Laudatio a Pedro Sánchez del The New York Times: "Están pasando cosas buenas en España"... Más allá del impacto del anuncio, el mensaje conecta con una percepción cada vez más extendida sobre el papel de España en el escenario global... el reconocimiento llega en un momento en el que la política exterior impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha situado a España como un actor cada vez más visible en el escenario internacional, especialmente en cuestiones relacionadas con la diplomacia, la cooperación y la defensa de los organismos multilaterales...

"No es habitual que uno de los periódicos más influyentes del mundo dedique un mensaje tan explícito a España. Por eso, la imagen publicada estos días en la edición digital de The New York Times no ha pasado desapercibida. Sin embargo, no es la primera vez que medios internacionales ponen el foco en España por motivos alejados del turismo o la gastronomía. En los últimos años, cabeceras de referencia como The Economist, Financial Times o la propia prensa estadounidense han destacado el crecimiento económico del país, su capacidad para atraer inversión extranjera y el auge de sectores como las energías renovables o la tecnología.

El diario estadounidense acompaña una fotografía de la Sagrada Familia de Barcelona con una frase sencilla pero cargada de simbolismo: "We build peace" ("Construimos paz"). Justo debajo aparece otra declaración aún más llamativa: "Good things are happening in Spain", es decir, "Están pasando cosas buenas en España".

El anuncio ha generado numerosos comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios han destacado que el reconocimiento llega desde el exterior en un momento de fuerte polarización política dentro del país. A su vez, el reconocimiento llega, además, en un momento en el que la política exterior impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha situado a España como un actor cada vez más visible en el escenario internacional, especialmente en cuestiones relacionadas con la diplomacia, la cooperación y la defensa de los organismos multilaterales.

Uno de los primeros en hacerse eco fue el escritor y periodista Javier Sierra, que ha compartido la imagen junto a un breve mensaje: "España en positivo, hoy en las páginas de The New York Times".

También el periodista Guillermo Fesser ha reaccionado a la publicación con una reflexión cargada de ironía: "Mientras tanto, en el New York Times...", una frase que muchos han interpretado como una comparación entre la percepción internacional de España y el clima de crítica permanente que suele dominar el debate interno.

Una imagen internacional reforzada

Más allá del impacto del anuncio, el mensaje conecta con una percepción cada vez más extendida sobre el papel de España en el escenario global. En las últimas décadas, el país ha ido consolidando una presencia internacional más relevante, participando activamente en los principales foros multilaterales y aumentando su capacidad de influencia en cuestiones diplomáticas y geopolíticas." 

(El Plural, 06/06/26) 

A partir de ahora, todas las becas y proyectos de investigación financiados por el gobierno federal deberán ser revisados por los comisarios políticos de la Casa Blanca. No, no exagero... Eso hará que se desmantelen proyectos que han sido cruciales para investigar el cambio climático (Roger Senserrich)

 "(...) A partir de ahora, todas las becas y proyectos de investigación financiados por el gobierno federal deberán ser revisados por los comisarios políticos de la Casa Blanca. No, no exagero.

 Eso hará que se desmantelen proyectos como este, que han sido cruciales para investigar el cambio climático.(...)" 

(Roger Senserrich , blog, 04/06/26)  

El Báltico se considera actualmente la zona de conflicto con mayor potencial de explosión entre la OTAN y la Federación Rusa... el general Christopher T. Donahue, declaró en julio de 2025 que la OTAN estaba en condiciones de destruir Kaliningrado «desde tierra en un plazo sin precedentes y más rápido de lo que jamás habíamos podido»... Es sorprendente, o mejor dicho, aterrador, con qué facilidad se está provocando una guerra con Rusia... Los sobrevuelos de drones ucranianos por el territorio báltico en dirección a San Petersburgo y la región de Leningrado elevan las tensiones a un nuevo nivel... en Moscú aumenta la presión sobre el presidente Putin para que exija responsabilidades a los países bálticos por lo que, desde el punto de vista de Moscú, es un uso ucraniano de su espacio aéreo... el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso y expresidente de la Federación Rusa, Dmitri Medvedev, agravó la situación con la siguiente declaración, según la cual Europa se encuentra ahora en guerra con Rusia y las sociedades europeas no deberían sorprenderse de los golpes... Un bloqueo marítimo del mar Báltico en el estrecho danés para los buques rusos o un bloqueo marítimo frente a Kaliningrado o San Petersburgo sería el casus belli definitivo. Una ausencia de reacción militar solo sería concebible si Rusia renunciara a su soberanía... Las élites decisorias europeas deben despertar a su responsabilidad para con sus pueblos y redescubrir la diplomacia, en lugar de caminar sonámbulas hacia la guerra (Alexander Neu)

"Entre los expertos en seguridad, la región del Báltico se considera actualmente la zona de conflicto con mayor potencial de explosión entre la OTAN y la Federación Rusa. En esta zona se concentran numerosos focos de conflicto. Ya en octubre de 2025 publiqué en NachDenkSeiten un artículo sobre el foco de peligro que supone la región del Báltico Der Ostseeraum – das verkannte Pulverfass . Desde entonces, la situación en esta zona se ha agravado aún más. Hace unos días visité la región fronteriza entre Polonia y Rusia. Un silencio fantasmal, escaso tráfico transfronterizo y largos tiempos de espera. La famosa frase «la calma antes de la tormenta» me vino inmediatamente a la mente. A continuación se esbozan algunos de estos focos de conflicto.

El término «región del Mar Báltico» no debe entenderse como un espacio limitado exclusivamente al Mar Báltico, sino que debe abarcar también las zonas rurales situadas mucho más allá de la línea costera de los Estados ribereños, ya que solo así es posible abarcar todos los posibles focos de conflicto.

Datos geopolíticos

El mar Báltico se denomina Ostsee en alemán. Se trata de una masa de agua casi cerrada, con una superficie de aproximadamente 413 000 kilómetros cuadrados y una baja salinidad. La longitud de la costa es de unos 8000 kilómetros. Actualmente, con la excepción de la Federación Rusa, todos los países ribereños del Mar Báltico pertenecen a la OTAN: Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Alemania. La propia Rusia solo dispone de dos pequeños accesos al mar, a través del enclave de Kaliningrado y de San Petersburgo. Así, unos 7.340 kilómetros de costa corresponden a los países de la OTAN y unos 660 kilómetros a Rusia.

En consecuencia, la OTAN controla alrededor del 92 % del litoral y Rusia, apenas el 8 %. El único acceso al Atlántico lo constituyen los estrechos de Dinamarca y los que separan Dinamarca de Suecia (el Gran y el Pequeño Belt y el Öresund). Dinamarca y Suecia, y por ende la OTAN, controlan también estos cuellos de botella. De hecho, en el contexto de la ampliación de la OTAN hacia el este, el mar Báltico se ha convertido en un «mar de la OTAN». El grado en que las esferas de influencia han cambiado con la ampliación de la OTAN queda patente si se tiene en cuenta que, durante la confrontación Este-Oeste, la región del mar Báltico fue, en la práctica, una zona marítima del Pacto de Varsovia liderado por la Unión Soviética. Los Estados ribereños del bloque de poder soviético eran: la RDA, Polonia y la Unión Soviética; los tres Estados bálticos —Lituania, Letonia y Estonia— formaban parte de la Unión Soviética. Así, la zona sur y este del mar Báltico estaba bajo control soviético. El norte era neutral, dada la neutralidad oficial de Finlandia y Suecia. Solo en el extremo occidental del mar Báltico, la RFA y Dinamarca limitaban con este.

El acceso estratégico a ambas costas rusas no resulta especialmente ventajoso, dada la situación actual tras el fin de la Guerra Fría y la amplia ampliación de la OTAN hacia el este.

San Petersburgo

Si bien la ubicación geográfica de San Petersburgo supuso en el pasado una ventaja estratégica, la ciudad ha caído en una trampa estratégica, como muy tarde con la ampliación de la OTAN hacia el este, que incluyó a los países bálticos y a Finlandia:

San Petersburgo se encuentra en el extremo oriental del golfo de Finlandia, que se extiende a lo largo de unos 400 kilómetros. El acceso está controlado al norte por Finlandia y al sur por Estonia, es decir, por la OTAN. La distancia entre las dos costas opuestas varía entre 40 y 120 kilómetros. Allí donde las costas opuestas del golfo de Finlandia se convierten en territorio ruso, el golfo se estrecha hasta convertirse en un canal en el que se encuentra San Petersburgo.

De este modo, el golfo de Finlandia, con las costas de la OTAN al otro lado, está sujeto en parte a los derechos de soberanía exclusivos de Finlandia y Estonia. Esto significa que hay que atravesar por mar partes del «territorio de la OTAN». En caso de guerra, es probable que se pudiera impedir por medios militares la salida de la Armada rusa del golfo de Finlandia.

La Flota del Báltico de la Federación Rusa, estacionada en gran parte en Kaliningrado, no podría, en caso de conflicto, salir del mar Báltico con una probabilidad casi segura, dados los estrechos daneses, sin que la OTAN la hundiera. En general, la situación estratégica de Kaliningrado no es más ventajosa.

La OTAN y el «reto» de Kaliningrado

El enclave de Kaliningrado es el puesto avanzado más occidental de la Federación Rusa. Se trata de un espacio de dimensiones manejables (unos 15 000 kilómetros cuadrados), separado del territorio continental ruso por Lituania. Las líneas de suministro por ferrocarril y carretera pueden ser interrumpidas por Lituania y Polonia, y las líneas de suministro por barco o avión a través de San Petersburgo también pueden ser cortadas por la OTAN. Este mero hecho hacía que la región de Kaliningrado dependiera de la buena voluntad de los países de tránsito. Sin embargo, cuando Lituania se adhirió a la OTAN y a la UE, la situación geográfica de Kaliningrado se convirtió en un «reto» para la OTAN.

«En medio» del territorio de la OTAN se encuentra un enclave ruso y, por tanto, hostil: un portaaviones insumergible. Allí también tiene su base la Flota del Báltico de la Federación Rusa. La existencia del enclave ruso supone ahora un problema para la OTAN. Solo para aclarar la cronología y, con ello, el razonamiento al que cuesta acostumbrarse: el enclave ruso de Kaliningrado existe desde 1991. Antes, toda la región era soviética. La ampliación de la OTAN a los países bálticos y, por tanto, a Lituania tuvo lugar en 2004. Y ahora la OTAN, que ha avanzado hacia el este, declara que la existencia del enclave es un problema de seguridad —una interpretación ya de por sí muy peculiar y presuntuosa: allí donde está la OTAN, los demás actores son un problema de seguridad, según esta peculiar lógica. En el contexto de la agravada situación, el comandante en jefe de EE.UU. para Europa y África, el general Christopher T. Donahue, declaró en julio de 2025 que la OTAN estaba en condiciones de destruir Kaliningrado «desde tierra en un plazo sin precedentes y más rápido de lo que jamás habíamos podido». «Ya lo hemos planificado y ya lo hemos desarrollado» (por «desarrollado» se referirá probablemente a la planificación, A. Neu) Dokumentation: US-Kommandeur zur Bedeutung von Landstreitkräften, Interoperabilität – und zu Kaliningrad – Augen geradeaus! Ver también: La ampliación de la guerra de Ucrania está servida y bien anunciada – Rafael Poch de Feliu

El ministro de Asuntos Exteriores lituano, Budrys, exigió recientemente en una entrevista con el NZZ, posiblemente inspirado por las declaraciones del comandante en jefe estadounidense Donahue, incluso abiertamente la necesidad de un ataque de la OTAN contra Kaliningrado:

«Tenemos que demostrar a los rusos que podemos penetrar en la pequeña fortaleza que han construido en Kaliningrado. La OTAN dispone de los medios para destruir allí las bases de defensa aérea y los sistemas de misiles rusos, si es necesario». Litauens Aussenminister Kestutis Budrys über Europa, Russland und die Nato

Relaciones difíciles: los países bálticos y Rusia

Es sorprendente, o mejor dicho, aterrador, con qué facilidad se está provocando una guerra con Rusia. Precisamente los Estados bálticos se están distinguiendo por una actitud llamativamente belicista, como si estuvieran protegidos en todo caso por la OTAN. Los sobrevuelos de drones ucranianos por el territorio báltico en dirección a San Petersburgo y la región de Leningrado elevan las tensiones a un nuevo nivel. Desconozco si se trata «solo» de un uso tolerado o, aunque no aceptado, apenas criticado del espacio aéreo báltico por parte de los drones ucranianos, o si estos incluso despegan desde territorio báltico. Sin embargo, cabe destacar que ya sería un logro técnico asombroso desarrollar drones de largo alcance que despegaran desde Ucrania, sobrevolaran el espacio aéreo polaco y báltico y atacaran luego objetivos de infraestructura energética en el norte de Rusia. Sea como fuere, en Moscú aumenta la presión sobre el presidente Putin para que exija responsabilidades a los países bálticos por lo que, desde el punto de vista de Moscú, es un uso ucraniano de su espacio aéreo.

Desde el punto de vista del derecho internacional, cabe señalar que el estatus de neutralidad de un Estado se ve afectado por su disposición, o incluso por el mero hecho de tolerar, que su territorio —incluido el espacio aéreo— sea utilizado por fuerzas militares extranjeras, facilitando así la proyección de poder de estas o, en primer lugar, haciéndola posible. El «país anfitrión» ya no puede invocar su condición de neutralidad, ya que, de hecho, es parte beligerante, siempre que no impida el uso militar y operativo de su territorio por parte de fuerzas armadas extranjeras o no se esfuerce de manera creíble por impedirlo. Y eso parece que también se ha entendido así en la sede de la OTAN en Bruselas. De hecho, recientemente un avión de la OTAN derribó un dron ucraniano en el espacio aéreo estoniano, ya que la OTAN es plenamente consciente del inmenso riesgo de escalada.

El reconocido politólogo estadounidense y experto en Europa del Este del Quincy Institute for Responsible Statecraft, Anatol Lieven, ha publicado recientemente una llamada de alerta titulada: «Washington debe actuar para desactivar el polvorín báltico». Washington must act to defuse the Baltic powder keg | Responsible Statecraft Y también el famoso economista estadounidense Jeffrey Sachs escribió hace unos días una carta abierta al canciller federal Friedrich Merz como un llamamiento urgente a actuar para evitar una guerra europea. Esta carta se publicó en el Berliner Zeitung y merece mucho la pena leerla. La responsabilidad de Alemania – Rafael Poch de Feliu Al mismo tiempo, el 29 de mayo, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso y expresidente de la Federación Rusa, Dmitri Medvedev, agravó la situación con la siguiente declaración, según la cual Europa se encuentra ahora en guerra con Rusia y las sociedades europeas no deberían sorprenderse de los golpes:«Ciudadanos de los países de la UE: debéis tener claro que vuestros gobiernos han iniciado unilateralmente una guerra con Rusia. Por lo tanto, estad alerta y no dejéis que nada os pille por sorpresa. Se acabó el sueño tranquilo. ¡Pero ya sabéis a quién debéis preguntar por qué!»

Los Estados bálticos, como países de primera línea, asumen con el rumbo actual un riesgo enorme para sí mismos y para toda Europa: son ellos quienes, en caso de guerra, probablemente serían los primeros en ser destruidos. Una mirada sobria —libre de cualquier estrechez ideológica— a un mapa de Europa del Este puede resultar útil para evaluar adecuadamente la propia situación.

A pesar de toda la comprensión por las experiencias históricas negativas de los bálticos con Moscú, hay que señalar tres hechos que los Estados bálticos también deberían tener en cuenta y asimilar para calmar los ánimos:

En primer lugar: como vecinos extremadamente pequeños y débiles, Tallin, Riga y Vilnius deberían esforzarse por lograr, como mínimo, una relación de coexistencia pacífica con Moscú, en lugar de provocar a los rusos a la menor ocasión y arrastrar así a la OTAN y, en particular, a los europeos a una guerra contra Rusia. A esto hay que añadir que, como mínimo, es dudoso que Estados Unidos entrara realmente en una guerra mundial por los países bálticos. Y es más incierto que seguro que los países europeos de la OTAN —con la excepción de Alemania, Polonia y, posiblemente, el Reino Unido y Francia— se atreverían, al menos de forma unánime, a dar ese paso desastroso. Los paralelismos históricos son evidentes: Polonia también había confiado en 1939 en el apoyo de París y Londres, y luego fue abandonada. Aparte de las declaraciones formales de guerra de Francia y Gran Bretaña el 3 de septiembre contra la Alemania fascista, se hizo muy poco en lo que respecta a la guerra material: Polonia se quedó, literalmente, sola en casa.

En segundo lugar: también los tres Estados bálticos tienen una historia de colaboración poco gloriosa con la Alemania hitleriana durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta hoy se rinde homenaje y se honra a los veteranos bálticos del nazismo. Esto debería suscitar preguntas también en Europa Occidental, en lugar de cerrar los ojos ante la nostalgia nazi. ¿Qué visión de la historia se difunde así también en la UE? A esto se suma que la legislación sobre ciudadanía y lenguas en Letonia y Estonia margina a las minorías rusas que viven allí en lugar de integrarlas. Una política de integración hábil dejaría sin fundamento, al menos en el Báltico, el argumento de Moscú de querer proteger a los rusos en el extranjero, en caso de duda, incluso por la fuerza.

En tercer lugar: a pesar de todos los temores —ya sean fundados o simulados— de una nueva invasión rusa, no hay que olvidar que la Unión Soviética retiró sus fuerzas de seguridad en 1990/91 de los países bálticos, hasta entonces bajo dominio soviético, y también, en los años siguientes, de todos los antiguos «países hermanos» de Europa del Este. Esta medida podría haber sido acogida de forma constructiva por parte de los bálticos, es decir, tendiendo la mano a Moscú para la reconciliación; al menos, habría merecido la pena intentarlo.

Corredor de Suwalki

El corredor de Suwalki describe el espacio geográfico entre Bielorrusia y el enclave de Kaliningrado y se extiende a lo largo de unos 100 kilómetros. Los dos Estados miembros de la OTAN, Polonia y Lituania, limitan entre sí en esta zona. El término «corredor de Suwalki» deriva de la ciudad polaca de Suwalki, situada en esa zona. Los expertos en seguridad parten de la base de que, en caso de conflicto, Rusia intentaría cerrar la brecha de Suwalki, es decir, establecer la conexión terrestre entre el enclave de Kaliningrado y la aliada Bielorrusia, con el fin de asegurar así la conexión logística con Kaliningrado. Si Rusia cerrara ese corredor, ello supondría, lógicamente, la creación de un nuevo «corredor de Suwalki», es decir, la separación geográfica entre Lituania y Polonia. De este modo, quedaría cortada la conexión terrestre entre los Estados bálticos de la OTAN y el resto de los Estados europeos de la OTAN. Para ambas partes, la brecha de Suwalki, en cualquiera de sus dos versiones, es una opción poco aceptable desde el punto de vista estratégico.

En vista de ello, solo una desmilitarización verbal y material de la región, así como una conexión de transporte sin obstáculos por ferrocarril y carretera entre Bielorrusia/Rusia y el enclave de Kaliningrado, pueden crear una cierta estabilidad mínima, tal vez incluso una normalidad de buena vecindad.

La «flota fantasma rusa» en el mar Báltico

La UE o la OTAN, o bien determinados Estados miembros de la UE o de la OTAN, se esfuerzan por detener (capturar) la denominada «flota fantasma» rusa o incluso por bloquear el acceso de estos buques al mar Báltico (bloqueo marítimo). (Sobre la cuestión jurídica de la «flota fantasma», véase aquí: Der Ostseeraum – das verkannte Pulverfass ).Con ello, ya no se estaría actuando en una zona gris del Derecho internacional, sino de forma claramente ilegal. De hecho, supondría una violación flagrante del Derecho internacional. La libertad de navegación (artículos 17, 58, 87 y 90 de la Convención sobre el Derecho del Mar), un valor fundamental en el Derecho internacional, quedaría suspendida. Es más: supondría una violación del principio de no uso de la fuerza de la Carta de las Naciones Unidas (artículo 2, apartado 4), ya que los buques que navegan bajo pabellón ruso tienen nacionalidad rusa (art. 91 de la Convención sobre el Derecho del Mar). La parte rusa estaría entonces facultada para reaccionar en consecuencia y ya ha amenazado con tomar medidas preventivas Russland Sagt, Dass Jeder Dänische Schritt Zur Einschränkung Der Navigationsfreiheit… | MarketScreener Deutschland . De hecho, en los últimos tiempos se han capturado repetidamente buques mercantes que navegan bajo pabellón ruso, incluso en el mar Báltico. Mientras tanto, Rusia refuerza la protección de su flota mercante, entre otras cosas, con buques de escolta de la Flota del Báltico y demostraciones de fuerza de la Fuerza Aérea Rusa. El potencial de escalada es enorme.

Un bloqueo marítimo del mar Báltico en el estrecho danés para los buques rusos o un bloqueo marítimo frente a Kaliningrado o San Petersburgo sería el casus belli definitivo. Una ausencia de reacción militar solo sería concebible si Rusia renunciara a su soberanía. La doctrina nuclear actualizada de la Federación Rusa ha formulado respuestas al respecto.

Conclusión
El riesgo de que estalle este polvorín debe considerarse igualmente elevado en todos los casos mencionados. Independientemente de cuál sea el punto caliente que estalle primero, todos los demás le seguirían inmediatamente, ya que todos ellos no son más que piezas de un rompecabezas que forma parte de un panorama general: la guerra por el reordenamiento mundial de principios del siglo XXI.

Las élites decisorias europeas deben despertar a su responsabilidad para con sus pueblos y redescubrir la diplomacia, en lugar de caminar sonámbulas hacia la guerra guiadas por una ética de convicciones. Este camino carece de legitimidad democrática.

(Publicado en: Ostseeraum – die Lunte am Pulverfass wird kürzer )2

(Alexander Neu , en Rafael Poch, 04/06/26)

Editorial de La Jornada: Israel: Hoy se cumplen dos años y ocho meses desde que Israel decidió acelerar la limpieza étnica contra los habitantes originarios de Palestina, emprendida en 1948... El “alto al fuego” acordado en octubre pasado ha permitido a quienes respaldan al régimen sionista fingir que el exterminio concluyó, pero éste continúa sin piedad ni disimulo... el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, llamó a la población a mudarse a Cisjordania reocupada con el objetivo de alcanzar un millón de colonos en la región y acabar definitivamente con la idea de establecer un Estado palestino. En palabras del funcionario, el crimen (que recibirá incentivos fiscales del ministerio que encabeza) es “sionismo en su mejor forma”... Netanyahu informó al mundo que su misión no tenía que ver con la seguridad, sino con “una guerra santa de aniquilación”, guiada por los versículos bíblicos de Samuel 15:3: “ahora vayan y hiéranlos y destruyan absolutamente todo lo que tengan y no los perdonen, pero mátenlos, tanto a hombres como a mujeres, infantes y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y burros”... Smotrich se quejó porque nadie les permitiría “causar que dos millones de civiles mueran de hambre, aunque podría estar justificado y ser moral”. Debe remarcarse que no es una postura aislada, sino la política oficial del gobierno del prófugo de la Corte Penal Internacional Benjamin Netanyahu... Por lo dicho y por todos los horrores que es imposible reseñar en este espacio, el actual gobierno israelí ya es uno de los mayores violadores de derechos humanos de los tiempos modernos, y la complicidad internacional con el genocidio es una vergüenza indeleble para la especie humana

"Hoy se cumplen dos años y ocho meses desde que Israel decidió acelerar la limpieza étnica contra los habitantes originarios de Palestina, emprendida en 1948. Con el pretexto del injustificable ataque efectuado por el grupo islamita armado Hamas, Tel Aviv puso en marcha el mayor genocidio del siglo, en el que han sido masacradas hasta 680 mil personas –de acuerdo con estimaciones de la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese–; la inmensa mayoría de ellas, mujeres, niños, ancianos y hombres desarmados.

Hasta septiembre de 2025, mil 581 trabajadores de salud, 252 periodistas y 346 miembros de las Naciones Unidas fueron asesinados para impedirles asistir a las víctimas o documentar las atrocidades del ejército invasor.

El “alto al fuego” acordado en octubre pasado ha permitido a quienes respaldan al régimen sionista fingir que el exterminio concluyó, pero éste continúa sin piedad ni disimulo. El viernes, tropas israelíes asesinaron a un bebé de siete meses y dejaron a su madre en estado crítico en un “puesto fronterizo”, como denomina Tel Aviv a las instalaciones ilegales con que divide los territorios palestinos ocupados. El mismo día, un reportaje documentó el uso sistemático de municiones con fósforo blanco en ciudades libanesas por parte de las fuerzas de ocupación. El uso deliberado de la sustancia incendiaria contra civiles o en zonas pobladas por civiles viola el derecho internacional humanitario. En las mismas 24 horas, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, llamó a la población a mudarse a Cisjordania reocupada con el objetivo de alcanzar un millón de colonos en la región y acabar definitivamente con la idea de establecer un Estado palestino. En palabras del funcionario, el crimen (que recibirá incentivos fiscales del ministerio que encabeza) es “sionismo en su mejor forma”.

Smotrich es el mismo ultraderechista que en agosto de 2024 se quejó porque nadie les permitiría “causar que dos millones de civiles mueran de hambre, aunque podría estar justificado y ser moral”. Debe remarcarse que no es una postura aislada, sino la política oficial del gobierno del prófugo de la Corte Penal Internacional Benjamin Netanyahu. En marzo, legisladores e integrantes del gabinete celebraron con champán la aprobación de una ley que establece la pena de muerte por ahorcamiento como única condena posible a un palestino que mate a un israelí, mientras se mantiene la impunidad total a los israelíes, civiles o militares, que asesinan palestinos. Desde octubre de 2023, Netanyahu informó al mundo que su misión no tenía que ver con la seguridad, sino con “una guerra santa de aniquilación”, guiada por los versículos bíblicos de Samuel 15:3: “ahora vayan y hiéranlos y destruyan absolutamente todo lo que tengan y no los perdonen, pero mátenlos, tanto a hombres como a mujeres, infantes y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y burros”. Además de extender esa “guerra santa” a Líbano, de apropiarse de territorios sirios y bombardear Yemen, Irak y Qatar, el 28 de febrero Israel la llevó hasta Irán.

La agresión a gran escala contra Persia, conducida junto a Estados Unidos, ha desquiciado la economía mundial y entrampado al presidente Donald Trump en un callejón sin salida militar y político. En este afán de perpetuar la espiral de violencia, Tel Aviv dejó atrás cualquier restricción, hasta el punto de que ahora la Agencia de Inteligencia de Defensa del Pentágono (DIA, por sus siglas en inglés) considera a Washington en el nivel más alto de amenaza de espionaje israelí.

Por lo dicho y por todos los horrores que es imposible reseñar en este espacio, el actual gobierno israelí ya es uno de los mayores violadores de derechos humanos de los tiempos modernos, y la complicidad internacional con el genocidio es una vergüenza indeleble para la especie humana."

(Editorial de La Jornada,07/06/26)

Bolivia se enfrenta a una peligrosa conjunción de dificultades económicas, fragmentación política y una renovada intervención imperialista... La crisis política en Bolivia ha puesto de manifiesto una vez más la fragilidad de los proyectos progresistas en América Latina cuando se enfrentan a divisiones internas y presiones externas... Forma parte de una lucha más amplia por el futuro de la izquierda latinoamericana, el control de los recursos estratégicos y el esfuerzo de Estados Unidos y sus aliados por revertir los logros alcanzados durante el ciclo progresista de la región... El estancamiento económico, el aumento de las expectativas sociales, la concentración de los medios de comunicación, el activismo judicial y la intervención extranjera han creado un entorno hostil para la política transformadora... La estrategia de Estados Unidos no siempre requiere una intervención militar. El imperialismo contemporáneo opera a través de instituciones financieras, sanciones, campañas mediáticas, presión diplomática, redes de inteligencia y apoyo a las élites locales. El objetivo es debilitar a los gobiernos que persiguen estrategias de desarrollo soberanas y fomentar el restablecimiento de las políticas neoliberales... El control del litio es considerado cada vez más como una cuestión estratégica por las grandes potencias y las corporaciones multinacionales. El esfuerzo por marginar a la izquierda boliviana no puede, por lo tanto, separarse de la lucha por los recursos naturales... Que Bolivia pueda superar su crisis actual dependerá de la capacidad de estos sectores populares para reconstruir la unidad ante la creciente presión. El resultado no solo determinará el futuro de Bolivia. Influirá en el equilibrio de fuerzas en toda América Latina (Vijay Prashad)

"Bolivia se enfrenta a una peligrosa conjunción de dificultades económicas, fragmentación política y una renovada intervención imperialista. La crisis inmediata se manifiesta en la escasez de combustible, las presiones inflacionistas, la inestabilidad monetaria y la creciente frustración de la población. Las largas colas en las gasolineras se han convertido en símbolo de un sentimiento generalizado de incertidumbre. Las reservas de divisas han disminuido, lo que encarece las importaciones y ejerce presión sobre la capacidad del Gobierno para gestionar la economía.

La oligarquía boliviana ha tratado de aprovechar estas dificultades presentando la crisis como prueba del fracaso del proyecto socialista iniciado bajo el mandato de Evo Morales. Sin embargo, tales argumentos ignoran tanto el contexto internacional como los logros del proceso boliviano durante las últimas dos décadas. La economía de Bolivia, al igual que la de muchos países del Sur Global, se ha visto afectada por la inflación mundial, la volatilidad de los precios de las materias primas y las vulnerabilidades estructurales heredadas de décadas de gobierno neoliberal.

La crisis política en Bolivia ha puesto de manifiesto una vez más la fragilidad de los proyectos progresistas en América Latina cuando se enfrentan a divisiones internas y presiones externas. Lo que está ocurriendo en el país no es meramente una disputa electoral o un conflicto temporal dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), actualmente en el poder. Forma parte de una lucha más amplia por el futuro de la izquierda latinoamericana, el control de los recursos estratégicos y el esfuerzo de Estados Unidos y sus aliados por revertir los logros alcanzados durante el ciclo progresista de la región (lo que se denominó la «Marea Rosa»).

Crisis en el seno de la izquierda

En el centro de la crisis política se encuentra el amargo conflicto dentro del propio MAS. La ruptura entre los partidarios del expresidente Luis Arce y los alineados con el expresidente Evo Morales ha debilitado lo que en su día fue el movimiento popular más fuerte y exitoso de América Latina. En lugar de presentar un frente unido contra las fuerzas conservadoras, el movimiento se ha visto consumido por disputas internas sobre el liderazgo, la estrategia y la dirección futura de la revolución. Fue esta ruptura la que llevó a la victoria de la derecha en las elecciones de 2025 y devolvió a la oligarquía al poder.

Para comprender la importancia de esta división, es necesario recordar la historia de la izquierda boliviana. El surgimiento del MAS no fue el producto de un partido político tradicional. Surgió de las luchas de masas contra el neoliberalismo, los movimientos indígenas, las organizaciones campesinas, los sindicatos y la resistencia popular a la privatización del agua, el gas y otros recursos estratégicos. Las grandes victorias de principios del siglo XXI se construyeron sobre esta base social. La Guerra del Agua de Cochabamba de 2000 y las Guerras del Gas de 2003 demostraron el poder de la movilización popular contra las empresas extranjeras y las élites nacionales. Estas luchas acabaron impulsando a Evo Morales, un líder sindical aimara, a la presidencia en 2006.

Durante 14 años, Morales presidió una de las transformaciones más notables de América Latina. La pobreza se redujo drásticamente. Se redujo la pobreza extrema. Los pueblos indígenas obtuvieron representación política y reconocimiento constitucional. Sectores estratégicos de la economía pasaron a estar bajo control público. Los ingresos procedentes de los recursos naturales se destinaron a programas sociales, infraestructuras, educación y sanidad. Bajo el mandato de Morales, Bolivia logró un crecimiento económico sostenido al tiempo que reducía la desigualdad. El país se convirtió en un ejemplo de cómo la intervención estatal y la participación popular podían desafiar la ortodoxia neoliberal impuesta en todo el hemisferio durante las décadas de los 80 y los 90. Estos logros explican por qué Morales sigue siendo una de las figuras políticas más populares de Bolivia. Su popularidad no es meramente una cuestión de carisma personal. Tiene su origen en las mejoras materiales experimentadas por millones de personas de a pie durante sus años en el cargo. Para amplios sectores de la mayoría indígena, Morales simboliza la dignidad, la soberanía y la posibilidad de gobernar en interés de los pobres en lugar de en el del capital extranjero.

Esta popularidad también explica la intensidad de los ataques dirigidos contra él.

La campaña contra Morales no comenzó con las actuales disputas dentro del MAS. Ha sido una constante en la política boliviana desde que desafió por primera vez a la oligarquía del país. El golpe de Estado de 2019, orquestado por Estados Unidos, representó la expresión más dramática de esta hostilidad. Con el pretexto de defender la democracia, las fuerzas conservadoras, sectores del ejército y actores extranjeros intentaron anular los resultados de un proceso político que amenazaba intereses económicos arraigados (como el de Elon Musk, de Tesla, que ansiaba las reservas de litio). El gobierno golpista que le siguió reveló rápidamente su verdadera naturaleza. La represión se intensificó. Se atacaron los símbolos indígenas. Se persiguió a los movimientos sociales. La retórica de la democracia dio paso a la realidad de un régimen autoritario.

El rápido regreso del MAS al poder a través de las elecciones demostró la fortaleza perdurable del movimiento popular. Sin embargo, el golpe dejó profundas cicatrices. Intensificó las tensiones internas, generó desconfianza entre las diferentes facciones y fomentó la creencia entre las fuerzas conservadoras de que la izquierda podría acabar siendo derrotada mediante una combinación de guerra política, desestabilización económica y presión institucional. Fue este golpe el que, seis años después, dio lugar a la victoria de la oligarquía en las urnas —20 años después de que perdieran el poder frente a Morales en 2005.

Hoy en día, los ataques contra Morales persiguen múltiples objetivos. Pretenden neutralizar a la figura más influyente de la izquierda boliviana. Buscan dividir al movimiento popular. También intentan reescribir la historia de las décadas anteriores al presentar un período de avance social sin precedentes como uno de fracaso y corrupción.

La marea airada

Lo que está en juego va mucho más allá de Bolivia. En toda América Latina se está desarrollando un nuevo ciclo de lucha. Los gobiernos progresistas han vuelto al poder en varios países, pero se enfrentan a enormes desafíos. El estancamiento económico, el aumento de las expectativas sociales, la concentración de los medios de comunicación, el activismo judicial y la intervención extranjera han creado un entorno hostil para la política transformadora. Estados Unidos sigue viendo a América Latina a través del prisma de la competencia geopolítica. Aunque el lenguaje de la intervención ha cambiado desde la Guerra Fría, el objetivo subyacente sigue siendo notablemente el mismo: impedir el surgimiento de proyectos políticos y económicos independientes que desafíen la influencia estadounidense.

Esta estrategia no siempre requiere una intervención militar. El imperialismo contemporáneo opera a través de instituciones financieras, sanciones, campañas mediáticas, presión diplomática, redes de inteligencia y apoyo a las élites locales. El objetivo es debilitar a los gobiernos que persiguen estrategias de desarrollo soberanas y fomentar el restablecimiento de las políticas neoliberales.

Bolivia ocupa un lugar especialmente importante en este marco. El país posee algunas de las mayores reservas de litio del mundo, un recurso fundamental para la transición energética global. El control del litio es considerado cada vez más como una cuestión estratégica por las grandes potencias y las corporaciones multinacionales. El esfuerzo por marginar a la izquierda boliviana no puede, por lo tanto, separarse de la lucha por los recursos naturales. Un movimiento progresista fragmentado y debilitado facilitaría que el capital extranjero recuperara influencia sobre sectores estratégicos de la economía. El peligro para la izquierda es que las divisiones internas faciliten la aplicación de esta estrategia. Cuando las fuerzas progresistas se enzarzan en conflictos entre sí, se vuelven menos capaces de hacer frente al poder organizado del capital y el imperialismo.

Bolivia se encuentra, por tanto, en una encrucijada. Un camino conduce a una mayor fragmentación, debilitando las fuerzas sociales que transformaron el país durante las últimas dos décadas. El otro camino requiere madurez política, unidad y un compromiso renovado con las reivindicaciones que originalmente llevaron al poder al movimiento popular. La lección central de la experiencia boliviana sigue siendo válida hoy en día. Las victorias de la izquierda no se lograron solo a través de líderes individuales, sino mediante el poder colectivo de los trabajadores, los campesinos, las comunidades indígenas, las mujeres y los movimientos sociales. Esas mismas fuerzas siguen siendo la única base fiable para defender la democracia, la soberanía y la justicia social.

Que Bolivia pueda superar su crisis actual dependerá de la capacidad de estos sectores populares para reconstruir la unidad ante la creciente presión. El resultado no solo determinará el futuro de Bolivia. Influirá en el equilibrio de fuerzas en toda América Latina en un momento en que la lucha entre soberanía y dominación, democracia y oligarquía sigue siendo tan decisiva como siempre."

(Vijay Prashad, Peoples Democracy, 07/06/26, traducción Salvador López)

Aunque los jueces españoles no pueden tener ninguna actividad mercantil, dos caballos del juez Peinado compiten este domingo con purasangres de los dueños de Chanel y del emir de Qatar en el hipódromo París-Longchamp... La cuadra del juez Juan Carlos Peinado García figura como número 45 en el ranking con 8 caballos y unos beneficios de 126.474 euros, entre allocations y prima para el criador... Este domingo 7 de junio, pues, Canalejas, que ha subido de categoría -ganó según se ha apuntado el 14 de mayo pasado el Prix de Pontarme - será montado por el jockey Alexis Pouchin, con el número 7, y los colores de España, y formará parte de los nueve caballos que compiten en la carrera de 1.400 metros, Prix Paul de Moussac, prevista para arrancar en París-Longchamp a las 15:50 horas. El ganador, si tiene derecho a prima (subvención que se otorga a los caballos criados en Francia), se llevará 118.702 euros. Por su parte, Espronceda será también montado por el jinete Alexis Pouchin a las 17:35 horas con el número 6 en la carrera de pista plana de 1.600 metros, Prix de la Défense, que se disputarán diez caballos. El premio al que venza, sin prima, es de 9.100 euros... Mientras, el juez Peinado, ya en su actividad jurisdicional, ha convocado personalmente a Begoña Gómez, a su asistente Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés, y a sus defensas, el 15 de junio próximo... la última palabra la tiene la sección 23 de la Audiencia de Madrid, que sostiene que la contratación de Cristina Álvarez como asistente habría supuesto la ruptura de la tradición según la cual las esposas de presidentes de gobierno contrataron siempre a expertos en protocolo. La afirmación de la sección 23 no se corresponde con la realidad. En los casos de Carmen Romero, esposa de Felipe González; Ana Botella, mujer de José María Aznar; Sonsoles Espinosa, esposa de José Luis Rodríguez Zapatero, y de Elvira Fernández, mujer de Mariano Rajoy, los puestos de asistentes recayeron en personas de confianza. Ninguna de las asistentes exhibía la credencial de experta o experto en protocolo (Ernesto Ekaizer)

"El caballo Canalejas, nacido y criado en Francia, propiedad de Juan Carlos Peinado García, el juez, que viene de ganar la carrera del Prix de Pontarme, del pasado 14 de mayo, en “el” hipódromo mundial por antonomasia, el París-Longchamp, según informó este periódico en exclusiva, se medirá este domingo 7 de junio de 2026 con dos ejemplares de cuadras de campanilla que parten como favoritos en el premio Paul de Moussac.

 Nightime, propiedad de la cuadra Wertheimer, una de las principales de Francia en carreras hípicas, fue fundada por Pierre Wertheimer, y la gestionan sus nietos Gérard y Alain Wertheimer. Pierre, el abuelo, es el hombre de negocios más conocido por haber fundado Chanel, y comenzó a lanzar sus caballos a la pista plana con la casaca azul con costuras y mangas blancas en los años veinte del siglo pasado. Wertheimer & Frere figura, por ejemplo, en el palmarés elaborado para lo que va del año 2026 como número 1, con 86 caballos, 49 victorias, y unos premios (entre las allocations, primas al propietario y al criador) de 2.400.484 euros.

El otro caballo favorito es Afandy, que pertenece a la cuadra Al Shaqab Racing. Se trata del no va más de los complejos ecuestres internacionales fundado en 1992 por Hamad Bin Khalifa Al Thani, emir de Qatar - considerado uno de los países más ricos del mundo- hasta 2013, cuando abdicó en favor de su hijo Tamim. En el ranking que publica Galop France, la cuadra se sitúa en el palmarés del año 2026 con el número 8, con 33 caballos con una suma total de allocations (reparto de beneficios), prima de propietario y de criador, de 642.364 euros.

Pero esta carrera tambien contará con otro caballo rival de una cuadra internacional que despierta fuertes apuestas.

En efecto, a Nightime y Afandy se une Synaran de la cuadra de Aga Khan Studs, cuya propiedad, que incluye campos en Irlanda y Francia (con sus cinco famosas instalaciones próximas a Chantilly), se remonta a la generación de la familia del Aga Khan, el líder de los musulmanes ismaelitas. El Aga Khan IV, Karim, amigo de Juan Carlos I, y protagonista de la crónica de alta sociedad, falleció en Lisboa a los 88 años en febrero de 2025.

La cuadra ostenta el número 2 en el ranking de cuadras con 40 caballos y allocations, primas de propietario y criador, para lo que va de 2026, de 1.948.763 euros. (...)

La cuadra del juez Juan Carlos Peinado García figura como número 45 en el ranking con 8 caballos y unos beneficios de 126.474 euros, entre allocations y prima para el criador.

Con todo, según ya hemos informado, la actividad hípica del juez Peinado es más amplia: a la cuadra `Juan Carlos Peinado García” se unen ‘Juan Peinado’, ‘Sra. Patricia Peinado’, ‘Patricia Peinado’ e ‘Interlawyers’.

Juan Peinado Toledo y Patricia Peinado Toledo son hijos del juez y participan en actividades hípicas y de crianza de caballos.

Este domingo 7 de junio, pues, Canalejas, que ha subido de categoría -ganó según se ha apuntado el 14 de mayo pasado el Prix de Pontarme - será montado por el jockey Alexis Pouchin, con el número 7, y los colores de España, y formará parte de los nueve caballos que compiten en la carrera de 1.400 metros, Prix Paul de Moussac, prevista para arrancar en París-Longchamp a las 15:50 horas.

El ganador, si tiene derecho a prima (subvención que se otorga a los caballos criados en Francia), se llevará 118.702 euros.

Por su parte, Espronceda será también montado por el jinete Alexis Pouchin a las 17:35 horas con el número 6 en la carrera de pista plana de 1.600 metros, Prix de la Défense, que se disputarán diez caballos. El premio al que venza, sin prima, es de 9.100 euros.

Está previsto que los caballos participantes en este último premio de la tarde del 7 de junio salgan a la venta. El precio de Espronceda es de 14.000 euros.

Mientras, el juez Peinado, ya en su actividad jurisdiccional, ha resuelto, a petición de la defensa de la esposa del presidente Pedro Sánchez, aplazar la audiencia llamada “preliminar” para debatir sobre la procedencia de abrir juicio oral.

Esta vista a la que el juez ha convocado personalmente a Begoña Gómez, a su asistente Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés, y a sus defensas, por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida, tendrá lugar el 15 de junio próximo.

El juez prevé escuchar a las partes personadas también sobre la posible imposición de medidas cautelares de carácter personal a los imputados. Parece altamente probable que una de esas medidas sea la retirada de ppasaportes con el argumento de que es necesario ggarantizar así la presencia de los futuros acusados en el juicio al que serán sometidos ante un jurado popular de nueve miembros.

Vamos, para asegurar que la esposa del presidente Sánchez no eluda la acción de la justicia.

Las acusaciones populares personadas en la causa no resistirán la tentación de pedir esa retirada de los pasaportes, habida cuenta de que una medida de prisión provisional, como la que desearían, no será dictada.

Con todo, la última palabra sobre el desenlace -los delitos a enjuiciar y la celebración del juicio por la ley de Jurado popular- la tiene la sección 23 de la Audiencia de Madrid – presidida por la magistrada Rosario Esteban y la sala, formada alternativamente, por los magistrados Jesús Gómez-Ángulo Rodríguez, José Sierra Fernández y el ponente en las apelaciones Enrique Jesús Bergés de Ramón, quienes tienen pendiente resolver los recursos de apelación contra las decisiones del juez Peinado, tanto contra los delitos como la iniciativa de que el juicio se célebre ante un jurado popular.

Esta sección 23 ha insistido desde junio de 2025 en el delito de malversación que Begoña Gómez habría cometido al contratar a Cristina Álvarez como asistente. Los magistrados sostienen que ello habría supuesto la ruptura de la tradición según la cual las esposas de presidentes de gobierno contrataron siempre a expertos en protocolo.

La afirmación de la sección 23 no se corresponde con la realidad.

En los casos de Carmen Romero, esposa de Felipe González; Ana Botella, mujer de José María Aznar; Sonsoles Espinosa, esposa de José Luis Rodríguez Zapatero, y de Elvira Fernández, mujer de Mariano Rajoy, los puestos de asistentes recayeron en personas de confianza.

Ninguna de las asistentes exhibía la credencial de experta o experto en protocolo.

(Información publicada en El Periódico, sábado 6 y edición impresa domingo 7 de junio.)" 

(Ernesto Ekaizer , blog, 07/06/26)  

El estado de la guerra en el Golfo Pérsico... La tregua ha atenuado la intensidad del enfrentamiento con Irán, pero no ha cambiado su esencia. En Teherán se está afianzando la convicción de que los adversarios solo responden a la lógica de la fuerza... Al igual que Gaza, el Líbano pone de manifiesto la irrelevancia de la diplomacia en los conflictos actuales... la suspensión de las negociaciones no ha interrumpido los contactos diplomáticos, el problema más espinoso para concluir el memorándum es definir la secuencia de pasos negociadores que deberían dar las contrapartes... Washington e Israel quieren que sea Irán quien haga las primeras concesiones, mientras que Teherán quiere garantías económicas y de seguridad concretas e inmediatas... La dirección iraní no tiene intención de malvender las ventajas obtenidas en materia nuclear y de control del estrecho de Ormuz, ni de renunciar a sus alianzas regionales y a sus derechos económicos. Está convencida de que negocia desde una posición de fuerza, no de debilidad... La gran ventaja que Irán ha obtenido desde el estallido del conflicto es el control del estrecho de Ormuz... pretende traducir su privilegio geográfico en una arquitectura de seguridad basada en un principio de reciprocidad: si se estrangula la economía iraní, también se estrangulará el pulmón energético del Golfo, tan vital para la economía mundial... En teoría, ni Irán ni Estados Unidos tienen realmente interés en que se reanude un conflicto de alta intensidad. El primero, debido a los desastrosos daños que sufriría. El segundo, porque acabaría malgastando su ya escaso arsenal estratégico de municiones y misiles, sabiendo que difícilmente sería capaz de doblegar a Teherán... Las monarquías árabes del Golfo, a su vez, correrían el riesgo de salir devastadas... La dirección iraní podría, por tanto, optar por acciones de escalada limitadas, consciente de que el tiempo juega a su favor... En otras palabras, la tregua ha reducido la intensidad del enfrentamiento con Irán, pero no ha modificado su esencia. Por lo tanto, podríamos asistir a una fase de creciente desestabilización en la región, siempre con el riesgo de desembocar en un conflicto incontrolado, mientras que parecen reducirse las perspectivas de un acuerdo negociado (Roberto Iannuzzi)

" El pasado lunes 1 de junio, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní anunció la suspensión (en realidad solo parcial) de las conversaciones con Washington debido a las repetidas violaciones del alto el fuego por parte de Estados Unidos e Israel.

Teherán acusó a EE. UU. de haber atacado en varias ocasiones a buques de carga iraníes, y a Israel de haber llevado a cabo violentos ataques contra el Líbano, destruyendo infraestructuras esenciales del país, matando e hiriendo a miles de libaneses y provocando el desplazamiento de dos millones de personas.

Irán ha recordado que el alto el fuego de principios de abril preveía la suspensión de las hostilidades en todos los frentes, incluido el libanés.

La agencia Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria Iraní, ha afirmado que el Gobierno de Teherán exige el fin de las operaciones militares israelíes en Gaza y en el Líbano, así como la retirada total de Israel del territorio libanés.

Según la agencia, Teherán estaría decidido a endurecer el bloqueo de Ormuz y a activar otros frentes, incluido el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb, que permite el acceso al mar Rojo, en caso de que EE. UU. e Israel no respeten sus obligaciones.

Ofensiva israelo-estadounidense en varios frentes

En las últimas semanas, las tropas israelíes se han adentrado profundamente en territorio libanés, hasta alcanzar y sobrepasar el río Litani y entrar en el valle de la Bekaa.

La aviación de Tel Aviv ha desatado un bombardeo brutal sobre Tiro, cuarta ciudad del Líbano, modelo de coexistencia entre las diversas confesiones libanesas y uno de los centros habitados más antiguos del mundo.

Ciudades y pueblos del sur del Líbano, también ricos en historia y ejemplo de convivencia entre chiítas y cristianos, han sido arrasados mediante demoliciones controladas. Israel ha atacado la propia capital, Beirut, amenazando con arrasar los barrios periféricos de mayoría chiíta.

Aunque Israel ha violado constantemente el alto el fuego declarado por EE. UU. el 16 de abril y luego prorrogado el 15 de mayo (inmediatamente después del anuncio de la prórroga, las fuerzas israelíes mataron a unos cuarenta libaneses e hirieron a más de 200), la Casa Blanca ha iniciado negociaciones entre el Gobierno libanés y el israelí.

El objetivo de dichas negociaciones es presionar a Beirut para que proceda al desarme de la milicia chií Hezbolá a cambio de una normalización de las relaciones con Israel, separando al mismo tiempo las negociaciones libanesas de las que se mantienen con Irán.

El efecto de esta operación negociadora es aumentar el riesgo de una guerra civil en el país, al tiempo que legitima la acción militar israelí, manifiestamente encaminada a una limpieza étnica del sur del Líbano más que al desarme de Hezbolá.

Al igual que Gaza, el Líbano pone de manifiesto la irrelevancia de la diplomacia en los conflictos actuales. Y representa la enésima advertencia de que todas las normas del derecho internacional se han saltado.

También en Gaza, a pesar del alto el fuego nominal, el Gobierno de Netanyahu ha seguido bombardeando a civiles, bloqueando la entrada de ayuda y materiales para la reconstrucción, y asesinando a líderes de Hamás y de la Yihad Islámica.

Hablando desde un asentamiento en Cisjordania, el primer ministro israelí afirmó que las fuerzas armadas de Tel Aviv pronto llegarían a controlar el 70 % de la Franja, ya ocupada en un 60 %, en una nueva violación del alto el fuego que había fijado en un 53 % la porción de territorio bajo control israelí.

Mientras tanto, el ministro de Defensa, Israel Katz, ha resucitado el plan de «migración voluntaria» de los palestinos de Gaza, afirmando que el proyecto de limpieza étnica se llevaría a cabo «en el momento y de la forma oportunos».

En Irán, las fuerzas estadounidenses atacaron el puerto de Bandar Abbas provocando la represalia iraní contra la base estadounidense de Ali Al-Salem en Kuwait. Anteriormente, también se habían producido enfrentamientos armados en las proximidades del estrecho de Ormuz.

En este clima se produjo el anuncio iraní de la suspensión de las negociaciones con Washington. La noticia habría provocado una «furiosa» llamada telefónica del presidente estadounidense Donald Trump al primer ministro israelí para instarle a detener la escalada en Beirut.

Pero el episodio no debe suscitar ilusiones. Las desavenencias entre la Casa Blanca y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, incluso durante la presidencia de Biden, no han producido nunca cambios duraderos en las estrategias israelíes.

A lo sumo, de ello se puede deducir la preferencia de Trump por llevar adelante una estrategia de «diplomacia coercitiva» frente a Irán (EE. UU. impuso un bloqueo naval a los puertos iraníes al día siguiente del alto el fuego), a la que se contrapone la predilección israelí por la reanudación de un enfrentamiento militar a gran escala.

Una negociación incierta

Tampoco debe sobrevalorarse el acuerdo que la administración Trump está negociando con Teherán.

De hecho, consiste en un simple memorándum de entendimiento que debería conducir a la reapertura gradual del estrecho de Ormuz a cambio del levantamiento del bloqueo naval estadounidense y del desbloqueo de algunos fondos iraníes congelados.

El acuerdo abriría una fase de negociación de entre 30 y 60 días durante la cual se debatirían los problemas más espinosos, desde el estatus final de Ormuz hasta el programa nuclear iraní, para llegar a un fin real del conflicto. Se trataría, por tanto, de una tregua, no solo militar sino también económica, cuyos resultados finales son, sin embargo, muy inciertos.

Aunque el anuncio iraní de la suspensión de las negociaciones no ha interrumpido los contactos diplomáticos, el problema más espinoso para concluir el memorándum es definir la secuencia de pasos negociadores que deberían dar las contrapartes.

Washington e Israel quieren que sea Irán quien haga las primeras concesiones, mientras que Teherán quiere garantías económicas y de seguridad concretas e inmediatas antes de dar cualquier paso relevante.

La postura iraní está motivada por una desconfianza de fondo. Tras décadas de sanciones, operaciones de sabotaje, asesinatos selectivos y amenazas militares en su contra, Teherán no tiene intención de malgastar su poder de negociación a cambio de meras garantías verbales. Quiere contrapartidas seguras y tangibles.

En particular, la República Islámica exige el desbloqueo preventivo de sus activos congelados y un mecanismo creíble para la derogación de las sanciones.

La dirección iraní no tiene intención de malvender las ventajas obtenidas en materia nuclear y de control del estrecho de Ormuz, ni de renunciar a sus alianzas regionales y a sus derechos económicos.

Está convencida de que negocia desde una posición de fuerza, no de debilidad. Para Teherán, el enriquecimiento de uranio es un elemento no negociable, ya que constituye tanto un derecho soberano como un instrumento de disuasión.

La construcción de la bomba atómica nunca ha sido una prioridad para los dirigentes iraníes, quienes, sin embargo, pretenden preservar la capacidad de fabricarla en caso de que consideren amenazada la supervivencia de la República Islámica.

Hormuz como pieza clave

La gran ventaja que Irán ha obtenido desde el estallido del conflicto es el control del estrecho de Ormuz.

Teherán no parece dispuesto a renunciar a él. Más bien pretende traducir su privilegio geográfico en una arquitectura de seguridad basada en un principio de reciprocidad: si se estrangula la economía iraní, también se estrangulará el pulmón energético del Golfo, tan vital para la economía mundial.

El Gobierno iraní ha creado una auténtica autoridad de control, denominada Persian Gulf Strait Authority (PGSA), a través de la cual pretende gestionar a partir de ahora el tráfico marítimo en el estrecho junto con Omán, que controla la costa sur.

La Casa Blanca ha impuesto inmediatamente sanciones a la nueva entidad, dejando claro que Washington no aceptará la institucionalización del control iraní sobre Ormuz.

Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses en la región han puesto a prueba repetidamente la preparación militar iraní atacando petroleros y otros intereses de Teherán en las proximidades del estrecho.

La Guardia Revolucionaria Iraní siempre ha respondido con gran rapidez y firmeza, demostrando que no acepta ni el bloqueo naval ni las demás medidas coercitivas que Washington ha intentado imponer.

El mensaje iraní es claro: Teherán está dispuesto a afrontar incluso una reanudación del conflicto, si es necesario, y tomará represalias contra las bases estadounidenses en la península arábiga que EE. UU. utiliza para atacar a Irán.

Además, en caso de que Estados Unidos e Israel volvieran a atacar las infraestructuras energéticas e industriales iraníes, Teherán responderá atacando las infraestructuras de las monarquías árabes del Golfo aliadas de Washington.

Halcones contrarios a la negociación

La incógnita quizás más peligrosa en la negociación entre EE. UU. e Irán sigue siendo el Líbano. Como ya se ha mencionado, el país de los cedros formaba parte del acuerdo inicial de alto el fuego firmado entre Washington y Teherán.

La República Islámica considera a Hezbolá como un elemento esencial de su arquitectura de disuasión regional. Renunciar a ella permitiría a Israel y a Estados Unidos arrasar todo el territorio alrededor de Irán, eliminando uno a uno a sus aliados, para luego atacar a este último, ya desprovisto de cualquier red de protección.

Por el contrario, Israel quiere libertad de acción militar constante en el Líbano, y ha violado continuamente el alto el fuego impuesto por su propio aliado estadounidense.

Además de la insubordinación israelí, Trump ha tenido que hacer frente a las presiones de los halcones republicanos y neoconservadores, y del lobby israelí, que pretenden obligarle a renunciar a la negociación del memorándum de entendimiento y a lanzar una nueva acción militar a gran escala contra Teherán.

Para apaciguar a este frente, Trump propuso la condición de que, una vez terminada la guerra, países como Arabia Saudí, Catar y Pakistán se adhirieran a los acuerdos de Abraham normalizando sus relaciones con Israel.

Dicha propuesta, además de parecer insuficiente para el ala dura que quiere el enfrentamiento militar con Irán, se topó con el rotundo rechazo de los países árabes y musulmanes afectados.

El presidente estadounidense no ha encontrado, por tanto, otra solución que endurecer sus posiciones negociadoras frente a Teherán, mientras Israel proseguía su ofensiva en el Líbano.

Para el Gobierno de Netanyahu, intensificar los ataques en el país vecino ha supuesto una forma de favorecer el fracaso de las negociaciones con Irán.

Según un informe confidencial que ha circulado en los círculos de inteligencia estadounidenses, Israel habría llegado incluso a presionar al Pentágono para que procediera al asesinato del negociador iraní y actual presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, y lanzara una campaña de bombardeos contra las infraestructuras energéticas del país.

La tesis israelí es que la catástrofe económica favorecería la revuelta de los iraníes y el derrocamiento de la República Islámica. Los responsables israelíes, por su parte, habrían minimizado las repercusiones de una reanudación del conflicto en los mercados energéticos mundiales.

Un posible acuerdo con Irán constituiría una derrota estratégica para Netanyahu, quien lo había apostado todo al derrocamiento del régimen iraní.

Según fuentes de la propia prensa israelí, importantes miembros del Gobierno de Tel Aviv han intentado «hacer saltar por los aires todo el proceso» de negociación.

Tras la dura llamada telefónica de Trump a Netanyahu, durante la cual incluso habría insultado al primer ministro israelí por la violencia de la ofensiva israelí en el Líbano, este último ha sido duramente criticado por importantes figuras del espectro político israelí por mostrarse dispuesto a aceptar las peticiones de Trump.

El ex primer ministro Naftali Bennett acusó al actual primer ministro de haber «cedido la soberanía israelí». Yair Lapid, líder del principal partido de la oposición, lo atacó duramente por haber convertido a Israel en un «Estado vasallo».

Netanyahu se encuentra en serias dificultades: no ha alcanzado ninguno de los objetivos prometidos, desde Irán hasta Gaza, y corre el riesgo de perder las elecciones en otoño.

¿Un pulso sin salida?

Por su parte, al exigir que se respete el alto el fuego en el Líbano, Irán ha logrado restablecer el vínculo entre el frente libanés y las negociaciones entre Teherán y Washington. Pero, dado que es improbable que la situación en el Líbano se estabilice, podría ser precisamente este último el que proporcione la chispa para hacer saltar por los aires las negociaciones y reavivar un conflicto a gran escala.

Tras el anuncio iraní de la suspensión de las conversaciones, han aumentado las tensiones con Estados Unidos. En la última escalada militar en el Golfo, EE. UU. atacó un petrolero iraní y luego, ante la respuesta de la Guardia Revolucionaria, atacó un centro de comunicaciones de esta última en la isla de Qeshm.

Teherán ha subido aún más la apuesta al atacar bases estadounidenses en Kuwait y Baréin. En el bombardeo también resultó afectado el aeropuerto internacional de la ciudad de Kuwait.

En Teherán se ha consolidado ya la convicción de que los adversarios solo responden a la lógica de la fuerza. Por lo tanto, los iraníes no solo responden golpe por golpe, mostrándose dispuestos a una escalada del conflicto, sino que también parecen dispuestos a atacar de nuevo a Israel.

El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, ha declarado que si Israel ataca Beirut, Irán responderá atacando territorio israelí.

Teherán podría verse impulsado a dar un paso de este tipo si su aliado Hezbolá se encontrara en serias dificultades. En este momento, sin embargo, más allá de la devastación material causada, en el Líbano Israel se está hundiendo en una guerra de desgaste de la que no parece capaz de salir victorioso.

En teoría, ni Irán ni Estados Unidos tienen realmente interés en que se reanude un conflicto de alta intensidad. El primero, debido a los desastrosos daños que sufriría. El segundo, porque acabaría malgastando su ya escaso arsenal estratégico de municiones y misiles, sabiendo que difícilmente sería capaz de doblegar a Teherán.

Las monarquías árabes del Golfo, a su vez, correrían el riesgo de salir devastadas de una nueva guerra a gran escala. Catar y Arabia Saudí se encuentran entre los actores que han presionado a Trump para que llegue a un acuerdo con Teherán.

La dirección iraní podría, por tanto, optar por acciones de escalada limitadas, consciente de que el tiempo juega a su favor. El cierre de Ormuz constituye, de hecho, una bomba de relojería para Estados Unidos y la economía mundial, cuya cuenta atrás avanza inexorablemente.

Ante la petición de un comentario sobre las recientes acciones de represalia iraníes, Trump ofreció la siguiente formulación: «Diría que en esa parte del mundo un alto el fuego es cuando disparas de forma más moderada».

En otras palabras, la tregua ha reducido la intensidad del enfrentamiento con Irán, pero no ha modificado su esencia. En Teherán existe la creciente convicción de que Estados Unidos e Israel están aprovechando esta fase para redefinir los equilibrios sobre el terreno, debilitando la posición iraní con el fin de negociar desde una posición de ventaja.

La conclusión iraní es que el autocontrol y la moderación son percibidos por los adversarios como un signo de indecisión, y conllevan un coste en términos de pérdida de poder de negociación.

Por lo tanto, podríamos asistir a una fase de creciente desestabilización en la región, siempre con el riesgo de desembocar en un conflicto incontrolado, mientras que parecen reducirse las perspectivas de un acuerdo negociado." 

(Roberto Iannuzzi , blog, 05/6/26, traducción Salvador López)

La realidad que la Iglesia española sigue escondiendo: siete cardenales y 61 obispos españoles señalados por encubrir a pederastas durante décadas... Un obispo que protegió a un cura tras un asesinato, en proceso de beatificación (Julio Núñez)

 "La Iglesia española se resiste a pronunciar una palabra y sigue escondiendo una realidad: el encubrimiento durante décadas de los casos de pederastia. Asumido el escándalo tras años de negación, el gran tabú que queda pendiente de derribar para saber toda la verdad es reconocer, investigar y aclarar la responsabilidad de quienes protegieron a los agresores. El encubrimiento estaba ausente en el único y fallido intento de estudio interno de la Conferencia Episcopal (CEE), el informe Para dar luz, de 2023, y la Iglesia se niega a dar datos sobre ello. Pero los hay. Un análisis de este periódico de los 1.622 casos de abusos que han salido a la luz hasta ahora en España, en procedimientos judiciales, investigaciones periodísticas y sentencias canónicas, señala que en las últimas décadas 94 altos cargos eclesiásticos han tapado denuncias, encubierto a clérigos o silenciado a víctimas. De ellos, 7 son cardenales, 61 son obispos y 26, superiores de órdenes religiosas.

Ante la llegada del papa León XIV este sábado, este dato resume la total pasividad tanto en España como en el Vaticano ante el escándalo y todo lo que queda por hacer. Además, la realidad del encubrimiento cuadra con otra, la opacidad de la Iglesia. Este periódico ha preguntado por correo electrónico sobre los casos que conocen a 211 instituciones eclesiásticas —las 70 diócesis y 141 órdenes religiosas— que ya cuentan con acusaciones de pederastia. Más de un mes después, solo tres han respondido a todas las preguntas. Tras ocho años del inicio de la investigación de EL PAÍS, en 2018, con una ronda de consultas similar que puso en evidencia un muro de silencio, la situación no ha cambiado.

Consulte la lista de los 94 altos cargos de la Iglesia señalados por tapar casos de pederastia

El análisis de los casos conocidos hasta ahora señala a 94 altos cargos acusados y sospechosos de encubrimiento. En la lista figuran siete cardenales (Vicente Enrique y Tarancón, Antonio María Rouco, Narcis Jubany, Ricard Maria Carles, Lluís Martínez i Sistach, Carlos Osoro y Juan José Omella). Algunos de ellos, junto a otros obispos, ocuparon puestos de poder en la CEE: hay cuatro presidentes (Casimiro Morcillo, Tarancón, Rouco y Omella), dos secretarios generales (Juan José Asenjo y José Guerra Campos) y dos vicepresidentes (Carles y Osoro).

Los casos más antiguos señalan a Rafael Álvarez Lara, obispo de Guadix, acusado entre 1952 y 1956; Juan Pedro Zarranz y Pueyo, obispo de Plasencia, en 1964; y el de Jaén, Félix Romero Menjíbar, una acusación de 1969.

Un obispo que protegió a un cura tras un asesinato, en proceso de beatificación

Otros dos casos son especialmente llamativos porque los acusados están incluso en proceso de beatificación. Uno es José María García Lahiguera, arzobispo de Valencia en los años setenta, implicado en el encubrimiento de uno de los casos más graves de pederastia de la Iglesia española, encubierto en el franquismo: el del cura José Prat, que violó y asesinó a un niño de nueve años en 1971, con 47 puñaladas, en el Puerto de Sagunto. El sacerdote fue condenado a 17 años de cárcel, que no cumplió, y este arzobispo lo trasladó a Lleida, donde ejerció como vicario. Otros dos obispos colaboraron: Ramón Malla, de Lleida, y Miguel Roca, arzobispo de Valencia. El segundo obispo en curso de beatificación es Josep Maria Cases, obispo de Segorbe-Castellón, acusado de encubrir y trasladar en 1984 a un cura que abusó de un menor en Artana.

En la lista destaca el actual arzobispo de Barcelona y uno de los anfitriones de la visita de León XIV a España, Juan José Omella, anterior presidente de la CEE. El prelado fue alertado en 2022 de un caso de abusos cometidos por el sacerdote Jorge Alexander Patiño Morales, párroco de Mare de Déu de Montserrat. Omella ha admitido a este periódico que recibió la noticia, pero no alertó a las autoridades ni abrió un proceso canónico. El cura luego fue arrestado.

En Barcelona hay otros casos sospechosos y uno de los más asombrosos es el de Jordi Senabre, un cura acusado de pederastia al que el arzobispado ayudó a huir de la justicia en 1990, enviándolo de misionero y sin revelar su paradero. Hasta que EL PAÍS lo encontró en Ecuador en 2018. Tres obispos de la ciudad supieron todos esos años dónde estaba, todos cardenales: Ricard Maria Carles, Lluís Martínez i Sistach y Juan José Omella.

Otro de los nombres más conocidos es el cardenal emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela. Está acusado de encubrir y silenciar al menos cuatro casos. Uno es la denuncia de unos catequistas de abusos en 2000. Otro es en Alcalá de Henares, donde un cura fue condenado a 10 años de cárcel en 2003, y la familia y la acusación particular le acusaron de haber ignorado las denuncias de la madre. También está bajo sospecha el traslado del sacerdote M. L. Q., que abusó de un menor en 1975 y fue denunciado al obispado en 2006. Del mismo modo, se le acusa de esconder en los años 2000 en el seminario Redemptoris Mater de Madrid durante unos meses a un sacerdote denunciado por abusos a menores y trasladarlo a Perú.

La mayoría de estos casos han visto la luz en reportajes de este diario a lo largo de los años. Como la historia de las víctimas F. J. O. y V. C., que escribieron al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, para denunciar cada uno a su agresor, dos sacerdotes que aún seguían en activo. Sanz se reunió con una de ellas para decirle que no podía hacer nada y a la otra la dejó plantada a las puertas del obispado. De todo ello hay constancia documental, pero la diócesis lo niega.

Tanto la CEE como el Vaticano tienen conocimiento de estas acusaciones, ya que están recogidas en los seis informes que este periódico les ha entregado desde 2021, y que suman 841 testimonios en más de 1.800 páginas. Sin embargo, no los investiga canónicamente. O eso es lo que repite siempre el secretario general de los obispos, César García Magán, cuando se le pregunta en ruedas de prensa: “No hay ningún obispo encausado, ni civil, ni penalmente ni por la vía canónica”.

Otros casos afectan a superiores y provinciales de órdenes y congregaciones religiosas. Uno de los más conocidos es el de la Abadía de Montserrat, que el Papa visitará el próximo miércoles, donde tres de sus abades taparon denuncias de pederastia de varios clérigos de 1968 a 2019. Todo salió a la luz después de que una víctima, Miguel Hurtado, contara en EL PAÍS los abusos que sufrió y cómo la orden intentó comprar su silencio. La Abadía acabó admitiendo el encubrimiento poco después.

De la Compañía de Jesús, aparecen en la lista 10 provinciales españoles acusados (tres de ellos, como altos cargos en Bolivia) y también el que fuera general de la orden, Peter-Hans Kolvenbach. La congregación del papa Francisco es la que tiene más casos contabilizados en España: 188 acusados y al menos 523 víctimas. En muchas ocasiones, varios superiores colaboraron para proteger a pederastas trasladándoles a otra ciudad o a otro país.

Un ejemplo es el caso de Luis Tó, condenado en 1992 por abusar de una niña en un colegio jesuita de Barcelona. Para tapar el escándalo, el provincial catalán Jesús Renau escribió a su paisano Luis Palomera, provincial en Bolivia, para que acogiera a Tó. Todo bajo el consentimiento de Kolvenbach. EL PAÍS accedió a documentación interna de la orden gracias a que la policía boliviana incautó parte de los archivos en 2023, en el marco de una investigación por otra investigación de este periódico: el diario del jesuita español Alfonso Pedrajas, que admitió haber abusado de al menos 85 niños y cómo sus superiores (tanto en Bolivia como en España) le protegieron.

En esa documentación aparecían cruces de cartas donde se detallaba cómo la orden en España trasladó a Tó, pero también cómo desde Roma se enviaba a todos los países cartas confidenciales sobre cómo proceder ante las denuncias: tapar y trasladar al acusado. Este método fue repetido por la mayoría de las congregaciones y diócesis. En ocasiones, obispos y provinciales participaron de estos traslados. Un caso destacado es el del jesuita y famoso escritor José Luis Martín Vigil, encubierto por la Compañía de Jesús y luego por el conocido cardenal y presidente de la CEE Vicente Enrique y Tarancón, icono de la Transición, cuando era arzobispo de Oviedo.

También está bajo sospecha la gestión de Tarancón cuando era arzobispo de Madrid en el caso de Cesáreo Gabaráin, el célebre sacerdote compositor de canciones de misa, como Pescador de hombres y Juntos como hermanos. Gabaráin fue acusado de abusos por alumnos del colegio marista de Chamberí, en Madrid, donde ejercía de capellán, y expulsado del centro a finales de 1978. Sin embargo, a los dos meses fue nombrado prelado de Su Santidad por Juan Pablo II, trasladado a otro colegio de Madrid, el de San Fernando, y destinado a una parroquia de la ciudad, en el barrio de Mirasierra, donde fue vicario hasta su fallecimiento en 1991.

Uno de cada 10 casos fue encubierto

Estos son solo los casos en los que se ha podido identificar el nombre responsable. En total, este periódico ha recopilado que la Iglesia (altos cargos, directores de colegio, rectores de seminario, superiores religiosos, etc.) encubrió, protegió o silenció denuncias internas contra 159 pederastas. Lo que significa que, según los datos disponibles, uno de cada 10 casos fue encubierto.

Un ejemplo claro es del hermano marista Marino González, que durante 62 años pasó por al menos siete colegios de toda España donde abusó de al menos 17 niños identificados, aunque las víctimas señalan que pudieron ser “cientos”. Su primera denuncia fue en 1959 y la última, ante comisaría, en 2021. Fue trasladado de colegio en colegio durante décadas. La congregación solo admite siete víctimas y se niega a dar información.

La opacidad no solo ha sido una constante en la gestión de la Iglesia ante el escándalo, sino que se ha agravado en los últimos años. EL PAÍS comenzó su investigación de la pederastia en la Iglesia española en 2018 con el envío de una batería de preguntas a las 70 diócesis. Entonces constató el muro de silencio sobre el escándalo: solo respondieron 18, y únicamente nueve dieron detalles. Cinco dijeron que no les constaba ningún caso y otras cuatro (Oviedo, Plasencia, Guadix y Vic) admitieron al menos uno.

Ocho años después, y tras el fracaso del estudio interno Para dar luz encargado por la CEE en 2023, el escenario ha empeorado. Este periódico ha preguntado no solo a todas las diócesis españolas, sino también a 141 órdenes religiosas españolas, cuál ha sido el resultado de las investigaciones canónicas de los testimonios remitidos por EL PAÍS en estos años, el número total de casos que tienen registrados, cuántas denuncias han recibido en el último año y cuántas indemnizaciones han pagado hasta ahora. La respuesta ha sido el silencio: solo han contestado a todas las preguntas una diócesis (Ávila) y dos órdenes religiosas (las Hijas de la Caridad y los Legionarios de Cristo).

Este periódico envió el correo hace más de un mes a 211 entidades (diócesis, órdenes y congregaciones religiosas) en las que constan casos. De todas ellas, solo han respondido al mail 42 (17 diócesis y 25 órdenes), pero la mayoría se ha negado a dar información. Solo tres han contestado a todas las cuestiones que se les ha solicitado y solo nueve lo han hecho parcialmente.

Las que han contestado parcialmente se han limitado a informar de los casos nuevos que han remitido a la CEE: Salesianos (10 casos), Claretianos (uno), Misioneros de Sagrados Corazones (uno), Agustinos (uno), Marianistas (uno) y la diócesis de Vic (uno recibido en 2026 a través de una investigación de EL PAÍS). Otras órdenes, como el Opus Dei, solo informan de la gestión de los casos destapados por este periódico, y otras (Trinitarios, Amigonianos, Carmelitas, Dominicos, Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca) se limitan a afirmar que en 2025 no han recibido ninguna denuncia.

“Ni ha habido ni hay casos al respecto”

Otras entidades no solo no han contestado, sino que caen en evidentes contradicciones. Es el caso de la diócesis de Jaca, que afirma: “En esta diócesis ni ha habido ni hay casos al respecto”. Lo cierto es que cuenta con al menos dos casos, uno destapado por este periódico en 2022, que se remonta a 1959 y fue remitido en su segundo informe, y otro que aparece registrado en el informe del Defensor del Pueblo, publicado en 2023 y del que apenas hay más información.

El obispo que está al frente de esta diócesis es Pedro Aguado. Antes de ocupar esta sede episcopal, fue superior de los escolapios y está acusado de encubrir durante nueve años, desde 2010, los abusos sexuales cometidos por un escolapio, José Miguel Flores Martínez, en Ciudad de México.

Otra diócesis que se contradice es la de Oviedo, que afirma que no puede investigar porque no ha tenido acceso a los datos de las personas que se han puesto en contacto con EL PAÍS para contar su caso. Lo cierto es que una de ellas llamó a la diócesis gracias a la intervención de este periódico y denunció su caso canónicamente.

Hay órdenes (jesuitas) y diócesis (Bilbao o Madrid) que no han respondido al formulario de EL PAÍS, pero que periódicamente publican memorias con las denuncias que han recibido.

La treintena de órdenes y diócesis que han respondido al formulario de EL PAÍS han negado la información con un mensaje muy similar en el que señalan como responsable de la gestión a la Conferencia Episcopal: “La información que solicita en relación a los testimonios, se envía al Servicio de Protección de Menores de la CEE que es a quien hemos confiado dar la información anual del trabajo de la Oficina”. La CEE nunca ha dado información sobre el escándalo." 

(Julio Núñez , Íñigo Domínguez  , El País, 05/06/26) 

Humor negro: La 'migra' norteamericana intentó que se declarara muertas a 2,7 millones de personas vivas para presionar a los inmigrantes a la autodeportación... funcionarios de DOGE intentaron que 2,7 millones de personas vivas, incluidos ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales, se añadieran al Archivo Maestro de Defunciones de la agencia como parte de la estrategia de control migratorio de la administración Trump... Jeremiah Schofield, quien trabajó 25 años en la agencia, dijo que se negó a implementar el plan después de revisar 25 nombres de la lista y descubrir que todos estaban vivos, y que un funcionario del DOGE confirmó en una llamada telefónica que el objetivo era obligar a los inmigrantes a deportarse voluntariamente o presentarse en las oficinas del Seguro Social donde podrían ser arrestados. La Administración del Seguro Social dijo que el plan nunca se llevó a cabo, aunque el Post informó previamente que una versión más pequeña, que marcaba a 6100 inmigrantes como muertos, sí se implementó (Drop Site News)

"(...) Un informante afirma que DOGE intentó que se declarara muertas a 2,7 millones de personas vivas para presionar a los inmigrantes a la autodeportación: Un ex alto funcionario de la Administración del Seguro Social reveló en una denuncia ante los investigadores del Senado que funcionarios de DOGE intentaron que 2,7 millones de personas vivas, incluidos ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales, se añadieran al Archivo Maestro de Defunciones de la agencia como parte de la estrategia de control migratorio de la administración Trump, según informó el Washington Post el jueves. Jeremiah Schofield, quien trabajó 25 años en la agencia, dijo que se negó a implementar el plan después de revisar 25 nombres de la lista y descubrir que todos estaban vivos, y que un funcionario del DOGE confirmó en una llamada telefónica que el objetivo era obligar a los inmigrantes a deportarse voluntariamente o presentarse en las oficinas del Seguro Social donde podrían ser arrestados. La Administración del Seguro Social dijo que el plan nunca se llevó a cabo, aunque el Post informó previamente que una versión más pequeña, que marcaba a 6100 inmigrantes como muertos, sí se implementó. (...)"

 (Drop Site News, 05/06/26, traducción google) 

Las empresas estadounidenses se pasan a la inteligencia artificial de China... A medida que las empresas estadounidenses buscan alternativas a OpenAI y Anthropic, DeepSeek ocupa el primer lugar en la lista. China vende más barato y los modelos chinos no tienen competencia. En junio DeepSeek ocupó el primer lugar en Ramp, un índice de gasto empresarial estadounidense en inteligencia artificial... DeepSeek va por delante de la plataforma de gestión de eventos PheedLoop y la plataforma de servicios Fireworks AI. A pesar del bloqueo estadounidense, las empresas pagan directamente a DeepSeek, lo que indica que envían y reciben datos directamente, en lugar de alojar sus modelos de código abierto en sus propios servidores internos... El relanzamiento de DeepSeek forma parte de una migración más amplia hacia modelos de código abierto. Plataformas como Fireworks AI, Fal AI y DeepInfra también se ubicaron entre los proveedores de tendencia de junio, ya que las prestaciones de código abierto comenzaron a rivalizar con los modelos propietarios a una fracción del costo... Una prueba utilizada para medir las prestaciones de un modelo de inteligencia artificial para manejar estudios legales complejos del mundo real, una empresa china Zhipu ocupó el puesto más alto entre los modelos de código abierto, muy por delante del Claude y a la par con OpenAI ( mpr21)

 "A medida que las empresas estadounidenses buscan alternativas a OpenAI y Anthropic, DeepSeek ocupa el primer lugar en la lista. China vende más barato y los modelos chinos no tienen competencia. En junio DeepSeek ocupó el primer lugar en Ramp, un índice de gasto empresarial estadounidense en inteligencia artificial.

DeepSeek va por delante de la plataforma de gestión de eventos PheedLoop y la plataforma de servicios Fireworks AI. A pesar del bloqueo estadounidense, las empresas pagan directamente a DeepSeek, lo que indica que envían y reciben datos directamente, en lugar de alojar sus modelos de código abierto en sus propios servidores internos.

Los intercambios de DeepSeek con las empresas estadounidenses alcanzaron el 0,3 en enero de este año. El mercado lo encabezan Anthropic y OpenAI con un 34,4 por ciento y un 32,3 por ciento, respectivamente.

El relanzamiento de DeepSeek forma parte de una migración más amplia hacia modelos de código abierto. Plataformas como Fireworks AI, Fal AI y DeepInfra también se ubicaron entre los proveedores de tendencia de junio, ya que las prestaciones de código abierto comenzaron a rivalizar con los modelos propietarios a una fracción del costo.

Una prueba utilizada para medir las prestaciones de un modelo de inteligencia artificial para manejar estudios legales complejos del mundo real, una empresa china Zhipu ocupó el puesto más alto entre los modelos de código abierto, muy por delante del Claude y a la par con OpenAI.

La semana pasada DeepSeek anunció un recorte permanente del precio para su último modelo. Tras el recorte de precios, la empresa de referencia Artificial Analysis clasificó a DeepSeek como uno de los mejores del mundo en términos de inteligencia por dólar.

Impulsada por este impulso comercial, la empresa finaliza su primera ronda externa de recaudación de fondos. DeepSeek ha conseguido más de 7.400 millones de dólares con una valoración de poco menos de 60.000 millones de dólares, incluidos importantes patrocinadores Tencent Holdings y gigante de las baterías de vehículos eléctricos Tecnología Amperex Contemporánea Limitada (CATL) comprometiendo aproximadamente 30.000 millones de yuanes de capital.

Una nueva empresa china de robótica triunfa en medio de la guerra tecnológica

La inteligencia artificial sale de las gigantescas bases de datos y se adentra en la carrera para construir robots de próxima generación. Es el campo de batalla más reciente en la guerra tecnológica entre China y Estados Unidos, en el que ha aparecido Spirit AI, una empresa emergente china.

Dos días después del gigante estadounidense de chips Nvidia lanzara su modelo Cosmos 3, la nueva empresa china captó la atención del mercado. Spirit AI dijo que su modelo básico se había convertido en el primero de China en encabezar la clasificación mundial de RoboArena.

Spirit obtuvo una puntuación de 1.924, superando al Cosmos3 de Nvidia, que ocupó el segundo lugar con una puntuación de 1.881. En tercer lugar quedó otro proyecto de Nvidia, DreamZero, con una puntuación de 1.763.

Los modelos físicos de inteligencia artificial

La competencia subraya que la robótica es oficialmente la próxima frontera de la inteligencia artificial. A diferencia de los grandes modelos de lenguaje (LLM), que están diseñados para procesar y generar texto y código, un modelo físico permite que las máquinas, brazos robóticos o vehículos autónomos, interactúen en el mundo real.

La inteligencia artificial física se basa en dos prestaciones principales. Las prestaciones políticas son la capacidad del modelo para asumir una determinada decisión en función de lo que observa. Es la métrica principal medida por la tabla de clasificación de RoboArena.

La segunda son las prestaciones mundiales, que es la capacidad del modelo para simular y predecir lo que sucederá después de asumir una determinada decisión.

Spirit AI dice que su modelo básico para la inteligencia encarnada es el primero de China en encabezar la clasificación mundial de RoboArena, que evalúa la eficacia con la que las políticas generales sobre robots se traducen en acciones en el mundo real.

Si bien estas funciones a menudo se desarrollan por separado, la industria avanza hacia la consolidación. En septiembre pasado, investigadores chinos introdujeron un “Unificado Policy World Model” que integra el modelado mundial y la planificación de trayectorias en una sola arquitectura.

El dominio de China no se limita a los modelos. El punto de referencia WorldArena, que los evalúa, está actualmente encabezado por WorldScape, desarrollado por otra empresa emergente china, Manifold AI. Superó al Cosmos-Predict de Nvidia." 

( mpr21, 05/06/26)