"La disyuntiva entre supermercados públicos o seguridad
social alimentaria está mal formulada. Las dos son necesarias y, al
mismo tiempo, insuficientes: la primera actúa sobre la distribución; la
segunda, sobre la demanda, pero ninguna puede transformar por sí sola la
forma en que producimos los alimentos. Y ese es uno de los elementos
críticos del siglo XXI
En pocos meses, dos propuestas que hace apenas unos años parecían
extravagantes han entrado en el debate político internacional. Por un
lado, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdami, ha dado un nuevo paso en
su proyecto para crear cinco supermercados públicos en la ciudad, con
el objetivo declarado de reducir los precios de la cesta de consumo de
la clase trabajadora. La iniciativa es eco del socialismo municipal de
Milwaukee, ciudad estadounidense que tuvo alcaldes del Partido
Socialista durante la mayoría del período entre 1910 y 1960, y que
municipalizó muchos servicios otrora privados. Como ha recordado
recientemente el sociólogo del trabajo Eric Blanc,
aquella experiencia histórica es hoy una lección para construir una
alternativa al neoliberalismo demócrata y el autoritarismo trumpista en
los Estados Unidos. En este caso, la propuesta de supermercados públicos
busca garantizar que todo el mundo tiene acceso a los alimentos que
necesita.
Por otro lado, en Francia se
debatió el año pasado en la Asamblea nacional otra propuesta con espíritu
similar: la creación de una seguridad social de la alimentación. Si la sanidad,
la educación y las pensiones son —en Europa— derechos consagrados en la
constitución y garantizados mediante provisión pública, ¿por qué no podría
serlo también la alimentación? La propuesta no llegó a aprobarse por el boicot
de los diputados conservadores, pero consiste en un programa de unos 100-150 euros
al mes a toda la población para gastar en establecimientos asociados. En
Francia, hay varias decenas de proyectos piloto, siendo el más destacado el de
Montpellier. Aunque a primera vista parezca una propuesta asistencialista, el
programa va mucho más allá de la necesidad de combatir el hambre entre las
familias con menos recursos. En España hace poco tuvo lugar un debate, promovido por la Fundación Carasso, en el que
además de debatir la experiencia francesa se presentó una propuesta para España
(que ya cuenta con un proyecto piloto en Getafe).
Esta renovada preocupación por
el derecho a la alimentación coincide con la resaca del proceso inflacionario
desencadenado en 2022 tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y también
con la guerra en Irán iniciada este febrero de 2026. Como se ve en el siguiente
gráfico, los precios de los alimentos a nivel mundial se mantuvieron
relativamente estables durante la década de los noventa y principios de siglo,
pero han mostrado una gran volatilidad y una tendencia alcista desde la crisis
de 2007-08. Además, en la mayoría de países los precios de los alimentos han
subido mucho más que los salarios, provocando un deterioro preocupante en los
presupuestos familiares, especialmente entre las clases trabajadoras (que dedican más recursos a la alimentación).
En el debate público, sin
embargo, rara vez se menciona que la inflación alimentaria no es sólo el
resultado de episodios coyunturales provocados por guerras, tensiones
geopolíticas o especulación financiera. Es también el síntoma de un sistema
agroalimentario extremadamente dependiente de combustibles fósiles, cadenas
logísticas globales y recursos naturales cada vez más escasos, todo ello en tiempos de nemercantilismo y proteccionismo. En este
sentido, a la pregunta de cómo conseguimos abaratar los alimentos debe sumarse
la idea de cómo garantizar que puedan seguir produciéndose.
En todo caso, el crecimiento de
los precios de los alimentos ha provocado reacciones políticas también en
España, donde en el año 2023 el partido Podemos ya propuso la creación de un supermercado público;
en febrero de este año 2026, Más Madrid presentó en la Asamblea regional una
propuesta para crear una red de supermercados públicos —fue rechazada por la
derecha, pero tampoco la apoyó el Partido Socialista—; en junio, a propuesta de
Sumar, el Congreso aprobó una proposición no de ley que
insta al gobierno a crear “infraestructuras públicas que distribuyan productos
saludables, ecológicos y de proximidad”; y hace unas semanas Adelante Andalucía
anunció que propondrá la creación de supermercados públicos.
A primera vista, el debate
parece reducirse a una elección entre dos instrumentos: crear supermercados
públicos o implantar una seguridad social alimentaria. Pero, en realidad, como
dice el economista político de la alimentación Raj Patel, ambas
son más compatibles que antagónicas, y sólo tienen sentido si se entienden como
piezas de una transformación mucho más profunda del sistema agroalimentario,
que actualmente afronta límites económicos, ecológicos y geopolíticos cada vez
más importantes.
Democratizar el acceso a los alimentos
La primera de las propuestas,
la de Mamdani, consiste en crear un supermercado público. Debe recordarse que
un supermercado es parte de la infraestructura necesaria para que los alimentos
que se producen en el mundo agrario lleguen a los hogares —que se concentran
generalmente en las ciudades—. La mayoría de esa infraestructura es hoy de
naturaleza privada, por lo que las redes de producción, transporte,
distribución y comercialización siguen la lógica de la rentabilidad a través de
las señales del mercado. Esto es importante porque bajo el capitalismo los
productores no producen alimentos para nutrir a las poblaciones, sino para
ganar dinero. Y todos los agentes de la cadena siguen invariablemente esa
lógica.
Lo que sucede es que la
estructura de esa cadena es muy desigual, y muchísimos productores venden sus
productos a un número muy reducido de grandes empresas de distribución y
comercialización, que concentran un enorme poder de negociación. Por ejemplo,
en España las cinco principales cadenas de distribución reúnen algo más de la
mitad del mercado y una sola empresa, Mercadona, concentra en torno al 27 % del gasto en distribución alimentaria. Ese poder se
ejerce en toda la cadena: condiciona los precios que reciben agricultores y
ganaderos, determina las condiciones de suministro e incluso decide qué
productos llegan finalmente a los lineales. Tal estructura atrapa a los
productores entre la provisión industrial de inputs (semillas, fertilizantes,
pesticidas, gasoil, etc.) y la compra de su producción por parte de grandes
cadenas.
Esta estructura ayuda también a
entender una parte importante de la inflación alimentaria reciente. Como ha señalado la
economista Isabella Weber, cuando se produce un shock de oferta —como ocurrió
tras la invasión de Ucrania o ante las tensiones en el estrecho de Ormuz— las
empresas con poder de mercado pueden trasladar e incluso ampliar esos
incrementos de costes para proteger o aumentar sus márgenes de beneficio. Y
estos shocks de oferta están afectando al canal de la alimentación no solo a
través de la energía sino también de los fertilizantes. Al final, el resultado son
precios más elevados para los consumidores, mientras los salarios no crecen al
mismo ritmo.
En este contexto, la propuesta
de crear supermercados públicos pretende introducir un contrapeso a ese poder
privado. Al no estar sometido a la lógica de maximizar beneficios, un operador
público podría trabajar con márgenes menores y contribuir tanto a abaratar la
cesta de la compra como a aumentar la competencia en un mercado muy
concentrado. Ésa es la principal argumentación económica de la propuesta, que
también es aplicable, por ejemplo, al defender una empresa pública de energía.
No obstante, las experiencias
pasadas nos recuerdan que el proyecto no es en absoluto sencillo. Hay
precedentes de supermercados públicos en lugares donde ya no llega la
iniciativa privada —los llamados desiertos alimentarios—, o creados para
competir directamente con ella; y muchos han fracasado. Entre los principales
problemas está la escala, ya que contar con unos pocos supermercados no es
suficiente para servir realmente de contrapeso al poder privado o para negociar
precios mayoristas baratos con los productores y distribuidores; pero también
está la problemática de la gestión profesionalizada, la financiación, la oferta
de productos (los supermercados de Mamdani no ofrecerán carne ni comida
caliente), y la viabilidad política a medio y largo plazo, entre otros. La idea
es buena y necesaria, pero la mejor forma de conseguir que funcione un
supermercado público es integrarlo dentro de un programa más amplio y ambicioso
capaz de transformar realmente el sistema alimentario.
Pero antes de entrar en ello,
conviene subrayar un elemento ciego en esta propuesta. Un supermercado público
nace con un mandato muy claro: vender más barato. Ahora bien, para vender
barato hay que comprar barato. ¿Y dónde se compra barato hoy? En la cadena
industrial: producción intensiva, insumos importados de países con salarios y
recursos baratos, grandes volúmenes y operaciones a escala, contratos con
centrales de compra. Es decir, exactamente en el modelo agroalimentario
convencional. En ese sentido, el supermercado público es una buena política de
coste de la vida, si bien bajo el ropaje de política alimentaria, pero el
objetivo debería ser más audaz.
La razón es que vivimos en el
contexto de una crisis ecosocial. Usar este concepto significa aceptar que la
degradación ecológica y el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría
no son dos crisis distintas que coinciden por casualidad en el tiempo, sino dos
manifestaciones del mismo proceso de acumulación. Y, sobre todo, que no se
pueden jerarquizar. La formulación habitual de la izquierda es “primero
garanticemos que la gente coma, y ya después nos ocuparemos de la
sostenibilidad”. Pero la realidad es que los dos plazos han acabado
coincidiendo, como demuestran los episodios de Ucrania u Ormuz: la inflación
que hoy erosiona el presupuesto de un hogar trabajador tiene entre sus causas
el encarecimiento de la energía y los recursos naturales, y ese encarecimiento
anticipa la restricción biofísica de mañana. No son dos problemas sino uno. De
modo que la pregunta no puede ser sólo cómo facilitamos a la clase trabajadora
el acceso a los alimentos, sino también a qué alimentos y cómo se producen.
Estamos comiendo petróleo
Cada vez que llenamos el carro
de la compra creemos estar comprando alimentos, pero también estamos comprando
petróleo, gas natural y una enorme cantidad de energía fósil incorporada en
fertilizantes, pesticidas, transporte, refrigeración y envases. Decía con razón
el ecólogo Howard Odum que una de las características centrales de las
sociedades industriales era que habíamos aprendido a comer patatas hechas en
parte de petróleo. El punto crítico es que, si consideramos toda la energía que
gastamos para producir, distribuir y consumir alimentos, teniendo presente toda
la cadena, resulta que es muy superior a la energía que obtenemos de esos
mismos alimentos: un sistema completamente insostenible porque depende de lo
que Joan Martínez Alier y Vaclav Smil llaman subsidio o dopaje fósil. Esto es
parte de la anomalía de la era de los combustibles fósiles, ya que ninguna
sociedad humana anterior pudo mantener durante mucho tiempo (antes de colapsar)
rendimientos netos negativos de la energía.
Ese subsidio fósil sirve, sobre
todo, para remendar una fractura. Marx, leyendo la química agrícola de su
tiempo, describió una ruptura en el intercambio de materia entre el ser humano
y la tierra: la ciudad consume los nutrientes que el campo produce y no los
devuelve, de modo que el ciclo se rompe y hay que reponerlo desde fuera. John
Bellamy Foster convirtió aquella intuición en concepto —la ruptura metabólica—
y Kohei Saito la ha situado en el centro de la lectura ecológica del último
Marx. Siglo y medio después la descripción sigue sirviendo, sólo que la
fractura ha ido creciendo de escala: primero fue entre la ciudad y su campo,
después entre unas comarcas y otras, y hoy es entre países enteros. En España
se ve con toda claridad en la ganadería. Casi una cuarta parte de la biomasa
que come nuestra cabaña se produce fuera, y con ese pienso entra también el
nitrógeno que después se queda aquí. Como el animal está donde no está el
cultivo, los nutrientes hacen un viaje de ida sin vuelta: allí donde se produce
el pienso el suelo se empobrece, y donde se concentra el ganado el nitrógeno
sobra hasta acabar en los acuíferos, contaminando ríos y suelos.
Todo esto tiene enormes
implicaciones porque está afectado no sólo el consumo de una energía no renovable
sino también porque se sostiene sobre relaciones ecológicas desiguales: por
ejemplo, el nivel de consumo alimentario de los países del Norte global sería
imposible si no fuera por la cantidad de alimentos importados en los países del
Sur Global y que consumen allí los recursos naturales, destacadamente la tierra
y el agua. Por ejemplo, la Unión Europea consume una superficie del tamaño de España en tierras
agrícolas en otras partes del mundo. Como es evidente, dado que
la disponibilidad de tierra en el planeta es finita, no es posible generalizar
a todos los países este tipo de modelo de abastecimiento alimentario.
Por estas razones, en un mundo
que aspira a vivir sin combustibles fósiles la producción alimentaria tiene que
cambiar radicalmente. Por eso mismo, garantizar el acceso universal a los
alimentos dentro de un sistema metabólicamente insostenible es garantizar el
acceso a algo que va a dejar de existir en la forma en que hoy existe. En
consecuencia, el objetivo debe ser transformar el modelo productivo
agroalimentario y, como inmediatamente se verá, los patrones de consumo.
Transformar la demanda a través de la Seguridad
Social Alimentaria
La segunda propuesta, la de
Seguridad Social Alimentaria, es un instrumento de política pública que trata
de modificar la demanda de alimentos a través de incentivos. El programa
concede a cada ciudadano una cantidad determinada de dinero para que se gaste
en establecimientos acreditados, lo que permite condicionar a qué tipo de gasto
se destina. Por esa razón las diferentes formulaciones del programa postulan
que el objetivo no es sólo inyectar recursos económicos para compra de
alimentos, sino también estimular la compra de alimentos con características
tales como su sostenibilidad ecológica y su impacto positivo en la salud de los
consumidores.
El programa de la seguridad
social alimentaria no obliga a los ciudadanos a consumir ciertos tipos de
alimentos, sino que establece incentivos para que los patrones de consumo
cambien progresivamente. Por un lado, porque el programa solo funciona para
ciertos productos que han sido declarados previamente. Por otro lado, porque el
productor encuentra una demanda estable que le da garantías para convertir su
producción en agroecológica. Es una forma menos invasiva de orientar el sistema
alimentario hacia un nivel sostenible y saludable, lo que quiere decir que es
también una herramienta de transición ecológica. El reciente estudio de la cooperativa El Pa Sencer, por ejemplo,
calcula que la propuesta costaría 76.800 millones de euros (un 5,7% del PIB
español), pero asegura que los costes sanitarios ocultos con el patrón de
consumo actual son de hasta 23.379 millones de euros anuales debido a las
enfermedades asociadas.
La lógica de la propuesta es
parecida a la que se usa actualmente con la compra pública alimentaria, que afecta
a comedores escolares, hospitales, residencias, centros de día, cocinas
centrales, etc. Cuando fui ministro de Consumo pusimos en marcha la redacción
de nuevos criterios para esas compras, siguiendo guías científicas, y el
ministerio actual, con Pablo Bustinduy al frente, ha continuado y culminado con
éxito varios momentos críticos de esa hoja de ruta. Se trata de mover un
volumen de demanda grande y planificable a varios años, que es justamente la
señal que un agricultor necesita.
Sin embargo, la propuesta de
seguridad social alimentaria no está exenta de dificultades. Desde la
definición exacta de “producto agroecológico” hasta el diseño de sus
instituciones de gobierno, que pretenden acercarse a una democracia
participativa donde decide la comunidad implicada más que el Estado. Pero
también ocurre que para que una propuesta como esta sea exitosa y vaya más allá
de los canales cortos (donde el productor vende casi de forma directa)
necesitará del apoyo de la infraestructura. Un agricultor puede producir
estupendamente y no tener dónde almacenar, cómo enfriar, dónde transformar ni
cómo llegar a un comprador grande. Es un problema de logística. Como en el caso
de los supermercados públicos, en España podría utilizarse una infraestructura
pública ya existente: la red de Mercas —los mercados mayoristas de titularidad
mixta, estatal y municipal—, que junto con los mercados municipales de abastos
constituyen un sistema de acopio, frío y distribución mayorista que ya está
construido, ya está amortizado y ya está ubicado exactamente donde tiene que
estar.
En resumen, si los
supermercados públicos actúan sobre la distribución y la seguridad social
alimentaria sobre la demanda, entonces falta necesariamente un tercer elemento:
intervenir sobre la propia capacidad de producir alimentos.
Política Industrial para el sector
primario
Ya he mencionado que el sistema
alimentario actual es ecológicamente insostenible, así como internacionalmente
desigual e injusto. Ello también implica que es vulnerable a los shocks
geopolíticos o climáticos, en tanto puede quedar comprometida la capacidad de
abastecimiento. Transformar este sistema en uno que proporcione alimento
suficiente al tiempo que se reducen sus impactos ecológicos debe ser el
objetivo principal.
El problema es que los
combustibles fósiles son precisamente la varita mágica principal que ha
permitido la multiplicación de los rendimientos de las explotaciones agrarias,
produciendo muchos más alimentos por superficie. Sin ellos, la capacidad de
producción queda comprometida. No obstante, hay un debate muy importante
abierto al respecto, ya que hay formas de producción agroecológica que ofrecen
rendimientos iguales o más elevados para ciertos productos. Sin embargo, hay
otro tipo de productos alimentarios cuya producción no puede de ningún modo
generalizarse, como es el caso de la carne procedente de grandes explotaciones
industriales y altamente dependiente de inputs importados (conocidas como
macrogranjas).
Por esta razón, no se trata
tampoco sólo de transformar un sistema agroalimentario basado en combustibles
fósiles en otro basado en prácticas agroecológicas. Para cumplir con los
objetivos de sostenibilidad ese desplazamiento exige, además, un cambio en las
dietas o patrones de consumo. Sé que aquí entramos en terreno minado, porque es
el de la famosa polémica sobre el consumo de carne que tanto me persiguió —o
que tanto perseguí, según se mire— durante mi etapa política. Pero conviene
plantearlo bien, porque casi siempre se plantea mal.
Los costes de la dieta actual
no se reparten al azar. Las enfermedades asociadas a malos hábitos
alimentarios, como el alto consumo de ultraprocesados, presentan un gradiente
social inverso a la renta: cuanto menos dinero tienes, más las sufres. Quien
peor lo pasa con el patrón alimentario dominante es la clase trabajadora. De
manera que la transición dietética consiste precisamente en la retirada de una
carga que las familias más pobres vienen soportando de forma desproporcionada.
Y debemos deshacer un malentendido sobre qué dieta estamos hablando. La que
prescriben los sanitarios y dibujan los modelos biofísicos —con más peso de la
legumbre, cereal, aceite de oliva, hortaliza de temporada y proteína animal
ocasional y de calidad— no es un invento de nutricionistas urbanos. Es,
básicamente, lo que llamamos dieta mediterránea, y que exportamos como marca
país y celebramos como patrimonio de la humanidad, a pesar de que está en
franco retroceso.
El problema es que el sistema
alimentario actual está profundamente distorsionado, y transformarlo no es
sencillo. Por ejemplo, como se ve en el siguiente gráfico, en España se importa
una gran cantidad de grano para pienso, con el que se alimentan animales cuya
carne se exportará luego: es el modelo típico de la ganadería intensiva,
sostenida sobre desequilibrios ecológicos muy serios. Es una dinámica muy
arraigada y de la que viven muchos actores económicos, lo que dificulta la
transformación.
Sin embargo, el informe del think tank Alimentta, publicado a instancias de Greenpeace, sostiene
que tal transformación es perfectamente viable para España. Según su
modelización, España puede llegar a tener un modelo agroalimentario
perfectamente sostenible para 2050. En la actualidad, el sistema español emite
107 megatoneladas de dióxido de carbono, contribuyendo a un cambio climático
que, como recuerda el propio informe, «producirá una reducción mayor de la
producción nacional» en el futuro. Esto no es en absoluto desconocido para el
sector: hace unos años COAG presentó su informe “Empieza la cuenta atrás” en el que valoraba el impacto del
cambio climático en la agricultura española. Según Alimentta, la modelización
ecológica permite imaginar que en 2050 el sistema alimentario español podría
convertirse en sumidero neto, es decir, no emitir dióxido de carbono, sino
absorber 17 megatoneladas anuales. Las condiciones para lograrlo son una enorme
transformación en el tipo de producción y consumo alimentario, acabando con
modelos como la ganadería intensiva y promoviendo la producción de alimentos
típicos de la dieta mediterránea.
Como se puede ver, todos estos
elementos —supermercado público, seguridad social alimentaria, cambio del
modelo— están profundamente interrelacionados. Piénsese en que pasaría si,
siguiendo la política de reorientación de la demanda inducida por la seguridad
social alimentaria, de repente entraran miles de millones de euros de nueva
demanda de productos ecológicos. En España, actualmente sólo el 12% de la
superficie cultivada se corresponde con estas características, un porcentaje
del todo insuficiente para abastecer a la población. La consecuencia sería un
proceso inflacionario tremendo en ese nicho de mercado, razón por la cual los
programas de seguridad social alimentaria aconsejan el gradualismo a la hora de
implantarse.
Sin embargo, hay otra opción:
política industrial. En la medida en que el sector primario se está
convirtiendo, cada vez más rápido, en un sector crítico y vulnerable, queda
justificada la intervención directa por parte del Estado para planificar su
reorientación. Algo similar a lo que está sucediendo en el sector industrial en
los nuevos tiempos
neomercantilistas, y particularmente en la transición
energética, pero aplicado al sistema que nos da de comer. Esto conllevaría la
necesidad de programas específicos que pueden incorporar la compra de tierras,
ayudas y subsidios suficientes a la producción agroecológica, creación y
reforzamiento de nuevas infraestructuras públicas (entre ellas, los supermercados),
etc. Todo ello destinado a que más temprano que tarde cualquier país, por
ejemplo, España, disponga de un sistema agroalimentario ecológico con el que
producir alimentos saludables.
Conclusiones
Volvamos entonces a la pregunta del principio: ¿supermercados
públicos o seguridad social alimentaria? La respuesta es que la pregunta
está mal formulada. No porque ambas propuestas sean equivocadas, sino
porque las dos son necesarias y, al mismo tiempo, insuficientes. Una
actúa sobre la distribución; la otra, sobre la demanda, pero ninguna
puede transformar por sí sola la forma en que producimos los alimentos. Y
ese es uno de los elementos críticos del siglo XXI."
