"En toda Europa, los jóvenes se están rebelando. Las protestas estudiantiles en Francia han acaparado la mayor parte de la atención, sobre todo debido a la violencia en la que degeneraron, con disturbios, saqueos e incendios de edificios públicos. Pero en las últimas semanas los jóvenes también han salido a las calles en otros muchos países, en algunos casos de forma violenta: en Italia, España, Portugal, Bélgica, Grecia, Irlanda, Alemania, Austria y otros lugares. Mientras tanto, en Serbia, un movimiento estudiantil que pasó dos años en las calles acaba de ganar unas elecciones generales, poniendo fin al largo mandato de Aleksandar Vučić.
Los motivos pueden variar —la educación en Francia y Bélgica, la vivienda en España y Portugal, el coste de la vida en Italia, la corrupción y una combinación de todo lo anterior en Serbia—, pero la raíz es la misma. Se trata de las protestas de una generación que cree que le han robado su futuro. Es una conclusión difícil de rebatir. El contrato social que conocieron sus padres —trabaja duro y, como mínimo, te asegurarás un hogar, podrás mantener a una familia y vivirás mejor que quienes te precedieron— se ha derrumbado. Para muchos jóvenes europeos sin patrimonio heredado, la vida adulta significa ir a la deriva de un empleo precario a otro, ganando apenas lo suficiente para cubrir el coste del alquiler y la compra, por no hablar de formar una familia. Eso, si es que llegan a encontrar trabajo. Mientras tanto, han visto cómo las instituciones que se suponía que debían darles un punto de partida en la vida y amortiguar sus golpes —colegios, universidades, servicios sanitarios y de juventud— se han ido marchitando bajo el peso de la austeridad y la privatización.
No cabe duda de que los jóvenes han soportado de forma abrumadora el peso de las políticas neoliberales aplicadas durante las últimas décadas. Es ampliamente reconocido que el neoliberalismo ha llevado la desigualdad a nuevas cotas; lo que se suele pasar por alto es que esta desigualdad se traza cada vez más a lo largo de líneas generacionales. El analista geopolítico Arnaud Bertrand compartió recientemente en X unas estadísticas bastante extraordinarias sobre Francia: las personas mayores de 60 años —aproximadamente una cuarta parte de la población— poseen alrededor del 60 % de la riqueza nacional. Además, reciben casi dos tercios del gasto social total del Gobierno francés, en forma de pensiones que, según el sistema actual, son financiadas por las generaciones más jóvenes. Esta continua transferencia generacional de riqueza de abajo hacia arriba resulta aún más extraordinaria si se tiene en cuenta que el jubilado francés medio tiene ahora unos ingresos superiores a los del trabajador medio.
Sin embargo, aunque los manifestantes suelen enmarcar explícitamente sus reivindicaciones en términos generacionales —como ocurre de forma más evidente con el lema alemán «Gen Z regelt» (que se traduce aproximadamente como «La Generación Z se encarga de esto»)—, sus demandas no se formulan como reclamaciones contra los mayores. Este es, sin duda, el enfoque correcto. Culpar a la generación del baby boom sería un error. Simplemente tuvieron la suerte de crecer en una época de pleno empleo, vivienda asequible y pensiones dignas, y no hay nada escandaloso en que las sociedades que envejecen gasten más en las personas mayores. Además, gran parte de esa riqueza se concentra en manos de una pequeña minoría de baby boomers; no todas las personas mayores llevan una vida lujosa, por supuesto. En última instancia, el problema no es que las pensiones sean demasiado elevadas, sino que a los jóvenes se les niega lo que sus padres daban por sentado. La brecha generacional no es más que la forma en que una guerra de clases desde arriba, que se prolonga desde hace décadas, es vivida por quienes alcanzaron la mayoría de edad después de que los trabajadores ya la hubieran perdido, y quienes heredaron un régimen político-económico diseñado para transferir la riqueza hacia arriba. En Europa, ese régimen se ha incorporado a la propia arquitectura institucional —el euro, el Tratado de Maastricht, las normas fiscales—, que favorece sistemáticamente a los titulares de activos frente a los asalariados, y a los trabajadores consolidados frente a los recién incorporados.
Los mecanismos son bien conocidos. Una década de flexibilización cuantitativa infló el valor de los activos inmobiliarios y financieros en poder de las generaciones mayores, mientras que los salarios se estancaron, lo que impidió a los jóvenes acceder a la propiedad de la vivienda. Las reformas del mercado laboral —desde el paquete Treu y la «Jobs Act» de Italia hasta las leyes Hartz de Alemania y la ley El Khomri de Francia— preservaron la seguridad de quienes ya formaban parte del mercado laboral, mientras que condenaban a los recién llegados a un círculo vicioso de contratos temporales y cada vez más precarios en nombre de la «flexibilidad». A partir de 2010, la austeridad recayó de manera desproporcionada sobre la educación, los servicios para la juventud y la inversión pública. Las pensiones existentes quedaron en gran medida protegidas, mientras que las futuras se recortaron discretamente. Como resultado, en toda Europa ha aumentado el gasto público destinado a las personas mayores, mientras que la inversión pública se ha visto drásticamente reducida. Luego llegó la pandemia, que le costó a la Generación Z años de estudios, trabajo y vida social, seguida de un repunte de la inflación, agravado por una crisis energética que los líderes europeos se provocaron en gran medida a sí mismos.
Por si fuera poco, ahora se les dice a los jóvenes que acepten nuevos recortes y un deterioro de sus condiciones de vida para dar cabida al rearme y a una guerra de duración indefinida —para la cual, al parecer, siempre hay dinero—. Hace apenas unas semanas, mientras la policía francesa lanzaba gases lacrimógenos contra adolescentes, los líderes de la UE encargaron a la Comisión que encontrara otros 70 000 millones de euros para Ucrania en 2027, además de los 45 000 millones de euros ya destinados a tal fin. Las normas fiscales que nunca se flexibilizaron para las escuelas ni los hospitales se están eludiendo en favor de la defensa, mediante cláusulas de excepción nacionales y préstamos conjuntos para la adquisición de armamento. Y los jóvenes se han dado cuenta. Se les dice que no hay dinero para sus aulas, mientras que se encuentran nuevos miles de millones para una guerra sin un final a la vista —una guerra en la que, a medida que el servicio militar obligatorio vuelve a la agenda europea, es posible que incluso se les pida que luchen. En muchos países, los jóvenes están empezando a vincular explícitamente la crisis del coste de la vida con la campaña de rearme.
La verdadera pregunta, pues, no es por qué se están rebelando los jóvenes, sino por qué han tardado tanto en hacerlo. Las raíces económicas de estas protestas son innegables. Pero ¿son esa la única explicación? La mayoría de los comentaristas conservadores se han centrado, en cambio, en la presencia de jóvenes de segunda generación de origen árabe y africano, y en su papel protagonista en los actos de violencia y los saqueos, sobre todo en Francia, pero también en Italia. Para gran parte de la derecha, los disturbios no hacen más que confirmar lo que lleva años afirmando: que la inmigración masiva ha sido un desastre absoluto, que ha llenado las ciudades europeas de una clase marginada, en su mayoría musulmana, que no tiene ningún interés en integrarse y que, en la versión más cruda de este discurso, se presenta como empeñada en destruir el tejido mismo de la civilización occidental, en algunos casos con la ayuda de la «extrema izquierda». Las reivindicaciones de las protestas, abrumadoramente pacíficas, por su parte, pasan en gran medida desapercibidas.
Aquí hay una ironía. La derecha populista no se cansa nunca de quejarse de que un «establishment globalista» ha empobrecido y desindustrializado Europa. Sin embargo, cuando los jóvenes salen a la calle, a veces de forma violenta, contra ese mismo establishment y las consecuencias de sus políticas, no se atreve a creer que puedan tener motivos legítimos de queja. En cambio, asume instintivamente que alguien debe de estar moviendo los hilos: islamistas, Antifa, Mélenchon.
Por supuesto, es correcto distinguir entre las protestas pacíficas que exigen una reforma económica y los disturbios y saqueos que las acompañaron. Pero, ¿son realmente dos historias totalmente separadas? No cabe duda de que gran parte de los saqueos, tanto en Francia como en Italia, contó con una fuerte participación de la segunda generación procedente de las banlieues y de las periferias marginadas de las ciudades italianas, sin que se percibiera detrás de ello una ideología clara. Tampoco tiene sentido negar los costes de la inmigración masiva, desde la seguridad pública hasta la presión sobre los servicios públicos. Muchos de los implicados en la violencia actuaban claramente por oportunismo. Y el crecimiento de comunidades aisladas de distintos orígenes sociales y religiosos, que a menudo viven en condiciones de extrema exclusión, es sin duda una bomba de relojería social, una que ya ha causado graves daños a la cohesión social —y aquellos de la izquierda que niegan esta realidad tienen las miras tan estrechas como aquellos de la derecha que se obsesionan con ella excluyendo todo lo demás—.
Se podría ir más allá y argumentar que la inmigración masiva ha formado parte, en sí misma, de la ingeniería social neoliberal de las últimas décadas, sobre todo al crear una reserva de mano de obra barata. También se podría argumentar que los alborotadores que se desatan en manifestaciones pacíficas perjudican la propia causa de los manifestantes, ahogando sus reivindicaciones y proporcionando a las fuerzas de seguridad un pretexto para la represión. Incluso se ha afirmado que la policía francesa permitió deliberadamente que se produjeran los destrozos con el fin de justificar una represión masiva.
Todos estos son argumentos válidos. Pero plantean una pregunta obvia: ¿por qué los manifestantes que se rebelan contra el statu quo no dirigen su ira hacia ellos y, en cambio, a menudo marchan junto a ellos? ¿Están simplemente cegados por una ideología de izquierdas ingenua? ¿O hay algo más profundo en juego? Es más probable que vivan su lucha principalmente desde una perspectiva generacional, que trasciende las fronteras étnicas y, en cierta medida, las de clase. Esto parece mucho más convincente que la teoría «islamo-gauchiste», según la cual esta alianza interétnica no es en absoluto una solidaridad espontánea, sino algo orquestado por partidos de izquierda como «La France Insoumise», de Jean-Luc Mélenchon. Esto puede ser cierto hasta cierto punto en Francia, pero no se da en Italia, donde no existe un equivalente italiano de «La France Insoumise», ni una alianza comparable entre la izquierda y los votantes musulmanes, y, sin embargo, en las calles aparecieron las mismas multitudes heterogéneas que en otros lugares.
Sin embargo, reducir la violencia únicamente a su componente de segunda generación también resulta engañoso y demasiado reconfortante. Los jóvenes de origen europeo también han participado en ella. Entre las multitudes que recientemente provocaron disturbios en Milán había jóvenes cuyos padres habían nacido en Italia, junto a otros procedentes de familias inmigrantes. Por lo tanto, debemos preguntarnos hasta qué punto esta violencia es también una reacción ante un sistema que no ofrece ninguna vía para el cambio político. Esto no pretende justificarla. La violencia, en sí misma, no conduce a ninguna vía emancipadora. Pero no podemos eludir un hecho incómodo: un sistema cada vez más autoritario que se empeña activamente en bloquear cualquier cambio sistémico democrático, sin intermediarios sociales entre el poder y las masas, y sin fuerzas capaces de dar a la revuelta una dirección y un contenido político, de situarla bajo la idea rectora de la emancipación social, está abocado a generar violencia. Y luego está la despiadada aritmética generacional: los jóvenes son una minoría en todas las sociedades europeas. No pueden ganar elecciones con un programa generacional.
Pero la violencia —y especialmente los saqueos indiscriminados— también expresa un malestar más profundo, que va más allá de lo económico. Refleja el vacío nihilista en el que se han hundido las sociedades occidentales: cuando el individualismo, la falta de sentido, la ansiedad y la desesperación se convierten en la norma, no debería sorprendernos que el resultado sea una depresión colectiva o la ira. En una época de decadencia moral en todos los niveles de las sociedades occidentales, especialmente entre sus élites políticas y empresariales —que sistemáticamente muestran escaso respeto tanto por la vida humana como por la propiedad (ajena)—, ¿no resulta un tanto ilusorio esperar que los más jóvenes y desfavorecidos se rijan por un nivel moral más elevado que el de sus gobernantes?
Al escribir sobre los disturbios ocurridos en Inglaterra en 2011, el psicólogo social alemán Götz Eisenberg describió a los jóvenes como la «generación excedente»: una generación de la que la sociedad ya no necesita, cuya mano de obra es prescindible, privada de la oportunidad de labrarse una vida independiente mediante sus propios esfuerzos, pero constantemente deslumbrada por la promesa de la autorrealización a través del consumo, un estado que está cada vez más fuera de su alcance. Quince años después, su diagnóstico es más pertinente que nunca —y, de hecho, Gran Bretaña sigue siendo un polvorín social que podría volver a estallar en cualquier momento—. La violencia no es la solución a los problemas sociales, pero tampoco surge de la nada. Cuando el poder político y económico se ha vuelto anónimo, la ira se vuelve contra los símbolos más cercanos, como una tienda de Louis Vuitton. Se puede romper el escaparate de una tienda; los mercados financieros y la austeridad, no.
Dicho esto, no debemos cometer el error de dar por sentado que los manifestantes representan a toda una generación. La misma generación que llena las calles también vota, en número cada vez mayor, a la derecha antiinmigración. En las elecciones francesas de 2024, un tercio de los menores de 25 años respaldó al Rassemblement National; en Alemania, el año pasado, más de una cuarta parte de los jóvenes votó a la AfD. La ira contra el establishment es la misma, pero se canaliza en la dirección política opuesta. La cuestión es si los políticos europeos, ya sean los actuales gobernantes o sus rivales «populistas», tienen alguna respuesta real.
Abordar las reivindicaciones de los manifestantes requeriría un cambio sistémico: mayor inversión pública en educación y vivienda, salarios más altos, puestos de trabajo más seguros, redistribución económica (centrada en quienes realmente acaparan la riqueza, no en los pensionistas en general) y una política energética racional, lo que a su vez exigiría un cambio radical en el paradigma geopolítico. Sin embargo, resulta difícil imaginar cómo podría lograrse todo esto dentro de la actual arquitectura de la UE y la OTAN, a la que ningún partido importante parece dispuesto a desafiar. Mientras tanto, la idea de que el problema de la juventud alienada de segunda generación pueda resolverse mediante una represión aún más severa —o tal vez incluso mediante la «remigración»— no es más que una fantasía.
La cuestión, pues, es si los jóvenes de Europa pueden replicar lo que ocurrió en Serbia. Se trata de un país que se enfrenta a una situación demográfica muy similar —una población que envejece y se reduce—, y, sin embargo, su movimiento estudiantil logró construir una plataforma que obtuvo apoyo de todas las generaciones, en parte al rechazar la ideología tradicional y unificarse en torno a un mensaje sencillo y no partidista a favor del cambio. Resulta irónico que hoy en día esto parezca más difícil de lograr en el Occidente «liberal-democrático» que en un país al que se suele calificar de autoritario."
(Thomas Fazi , Un Herd, 01/11/26, traducción Salvador L. Arnal)
