"He perdido la fe tanto en la socialdemocracia occidental como en las instituciones del derecho internacional. Dado que ambas han sido fundamentales en la labor de mi vida, esto supone un duro golpe ahora que me acerco a los 70 años.
En los últimos tres años han ocurrido una serie de hechos profundamente impactantes, no como sucesos aislados, sino como actos deliberados de los gobiernos occidentales que actúan al unísono. El genocidio en Gaza ha sido el más evidente.
Cuando las redes sociales empezaron a mostrarnos imágenes implacables de niños destrozados y un sufrimiento humano inimaginable, me sorprendió que los gobiernos de las socialdemocracias occidentales siguieran apoyando a Israel de forma casi unánime. El Reino Unido es cómplice activo del genocidio, al proporcionar armamento, vigilancia aérea, cooperación en materia de inteligencia y un apoyo diplomático y político vital a Israel.
De alguna manera, pensé que todo esto se detendría. Se restablecería el equilibrio, prevalecería la decencia innata del pueblo británico y se revertiría el apoyo a Israel. De hecho —razoné—, a largo plazo esto podría romper el control que la red de donantes sionistas ejerce sobre los políticos británicos, tan profunda era la repulsa popular ante el genocidio más público y despiadado que se pueda imaginar.
Nada de esto ocurrió. Por el contrario, cuanto más indefendibles se han vuelto las acciones de Israel, más se ha alineado con este país la clase dirigente política y mediática del Reino Unido. En el Reino Unido, al igual que en todo el mundo, nuestros gobernantes han respondido a la disidencia respecto a Israel con una dura represión contra su propio pueblo. Resultó revelador ver a Burnham subir al estrado de la Asamblea General de la ONU en Nueva York y declarar el apoyo del Reino Unido a Israel, mientras el genocidio continúa e Israel destruye sin piedad el sur del Líbano y ocupa el sur de Siria.
Su cambio táctico de tono para reconocer los crímenes israelíes no tiene ningún efecto práctico. El Reino Unido aplica nuevas sanciones a Rusia en menos de 48 horas tras su anuncio, o incluso antes. Las «sanciones» contra los asentamientos ilegales israelíes tardarán un año en diseñarse y aplicarse, para asegurarse de que no surtan efecto.
Cuando tildaron de «terrorista» a un grupo de desobediencia civil y la policía empezó a detener a ancianas por protestar contra ello, pensé que también se trataba de una locura pasajera que se disiparía. Fui testigo, frente al Tribunal Real de Justicia, de cómo la policía levantaba a personas mayores en sillas de ruedas para detenerlas por llevar un cartel, y pensé que, en última instancia, el sistema repudiaría esta locura.
No ha repudiado la locura. Resulta que los policías no tienen ningún reparo en detener a sacerdotes octogenarios por expresar ideas «incorrectas», y los jueces están dispuestos a imponer crueles penas de prisión por «vínculos terroristas» a quienes causan daños materiales con el fin de impedir un genocidio. El Tribunal de Apelación inglés declaró fríamente:
La gran mayoría de los detenidos había optado por llevar pancartas en las que se leía: «Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action». No le damos mucha importancia a esto a la hora de evaluar el alcance de la injerencia en los derechos del Convenio en este caso. Todos aquellos que llevaban dichas pancartas sabían, o deberían haber sabido, que lo que estaban haciendo era mostrar su apoyo a Palestine Action.
Una cosa es que las personas sostengan voluntariamente una pancarta en apoyo de Palestine Action, a sabiendas de que se trata de una organización proscrita. Eso constituye un acto delictivo.
Ya te lo he mencionado antes, pero me llamó mucho la atención, al leer la biografía de Fritz Bauer escrita por Irmtrud Wojak, la continuidad de jueces y abogados que siguieron ejerciendo con ecuanimidad bajo la República de Weimar, el Tercer Reich y la Alemania Occidental, sin que hubiera indicios de culpa ni remordimiento. Alrededor del 70 % de los jueces de Alemania Occidental habían sido jueces nazis que administraban la «justicia nazi».
Fritz Bauer, un fiscal judío alemán radical, se vio continuamente obstaculizado en sus heroicos esfuerzos por hacer justicia. El libro me cautivó tanto porque es una narración minuciosa de la banalidad del mal, con una sucesión de relatos sobre criminales nazis protegidos por jueces cómplices.
La constatación de que la ley no tiene nada que ver con la justicia, y de que los tribunales imponen el poder del Estado en lugar de buscar algún ideal superior, me quedó muy clara el viernes, mientras asistíamos a la vista acelerada de nuestro recurso ante el Tribunal de Sesiones de Edimburgo, donde estamos intentando que se lleve a cabo realmente la revisión judicial escocesa de la proscripción de Palestine Action.
Esta era nuestra sexta o séptima vez en los tribunales y hemos gastado unas 250 000 libras intentando proteger las libertades de la gente en Escocia frente a la opresión. Se está tachando de terroristas a personas muy decentes, con consecuencias que pueden cambiarles la vida, por el mero hecho de sostener una pancarta o llevar una camiseta. Conocí a una persona en Glasgow cuyo seguro de hogar y de coche había aumentado en más de 600 libras como consecuencia de una acusación de terrorismo por llevar una camiseta. A otras personas se les ha retirado el acceso a los servicios bancarios. Se les restringen los viajes internacionales. Las condenas de cárcel aún están por llegar.
El Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales ha dictaminado que todo esto es proporcionado en aras de la «seguridad nacional», para proteger a la nación de quienes podrían perturbar la cadena de suministro de armas a Israel. Nuestro intento de impugnar esto en Escocia se ha topado con un retraso tras otro, y con una demostración fulminante de «guerra jurídica» por parte del Gobierno del Reino Unido.
No creo que los jueces de la Sala Interior del Tribunal de Sesiones que nos escucharon el viernes pudieran haber mostrado menos interés. Aidan O’Neill KC habló en nuestro nombre durante más de una hora sobre el derecho constitucional de los escoceses a que un tribunal escocés proteja sus libertades, sobre la ausencia de cualquier disposición en el Reglamento del Tribunal que permita suspender —«sisting»— una revisión judicial como ha ocurrido en este caso, y sobre la decisión perversa de conceder la revisión y luego suspenderla continuamente, lo que nos ha supuesto un gran gasto.
De lo que no habló —puesto que se trataba de una vista puramente procesal— fue de las detenciones y de las vidas sumidas en el caos en Escocia, y mucho menos de las vidas destruidas en Gaza.
Los tres jueces permanecieron sentados tomando notas, pero no interactuaron con Aidan, y apenas le hicieron preguntas. La situación fue totalmente diferente cuando intervino el abogado del Gobierno del Reino Unido, Mark Lindsay KC, quien se dirigió al tribunal muy brevemente. Los jueces interactuaron con él constantemente, ya fuera para reforzar sus argumentos o para sugerirle puntos adicionales útiles que pudiera haber pasado por alto.
Lord Pentland, presidente del Tribunal de Sesión (y antiguo candidato parlamentario conservador), se mostró muy animado al hablar de las sesiones secretas a puerta cerrada en las que se examinan pruebas de los servicios de inteligencia de las que nunca se nos informa. Pentland parecía extremadamente satisfecho con la idea de que estas sesiones son difíciles y requieren mucho tiempo, y de que no habría tiempo suficiente para celebrarlas antes de que el Tribunal Supremo del Reino Unido examine el recurso de apelación inglés el 4 de noviembre.
Mark Lindsay añadió aquí el increíble argumento de que la sentencia de la revisión judicial debe ser autorizada por los servicios de seguridad, lo que llevaría al menos cinco días. Explicó que una de las razones por las que lleva tanto tiempo es que debe redactarse en ordenadores portátiles especiales y seguros.
Así que ahí es donde nos encontramos en 2026. Tribunales que examinan pruebas secretas de los servicios de seguridad que el demandante del caso nunca verá, y los servicios de seguridad que revisan la sentencia del tribunal.
Las otras razones que esgrimió Lindsay para no llevar a cabo una revisión judicial fueron igualmente asombrosas. Costaría dinero y consumiría recursos judiciales que podrían emplearse mejor en otra cosa. Simplemente sería demasiado caro para Escocia. Lo mejor es limitarse a seguir lo que diga Inglaterra.
Debo decir que salí del tribunal profundamente deprimido. Se ha reservado la sentencia —lo cual ya es significativo en sí mismo, dado que defendíamos que la revisión judicial se llevara a cabo con carácter de urgencia antes de que se reuniera el Tribunal Supremo—.
Actualmente, el vídeo completo de la vista sigue disponible aquí.
Por si eso no fuera lo suficientemente lamentable, también tuvimos que soportar que la Asamblea General de la ONU fuera tratada, no como un punto de encuentro para que las naciones hablen de paz y alcancen acuerdos, sino como una tribuna para el fascismo desenfrenado.
Tuvimos a Donald Trump amenazando con aniquilar a Irán y destruir la cultura iraní. Tuvimos a Netanyahu, criminal de guerra buscado por la CPI, agitando buscapersonas para glorificar el terrorismo mientras se burlaba del mundo. Ellos hablaron desde una posición de confianza en el poder militar que les permite desafiar y humillar a la comunidad internacional. Puede que sea arrogancia, pero actualmente va en ascenso. China no muestra interés en contrarrestarla y nadie más puede hacerlo realmente.
Ni China ni Rusia condenaron con firmeza a Israel por lo ocurrido en Gaza: no utilizaron el lenguaje de los crímenes de guerra en la Asamblea General, y mucho menos el del genocidio. Ambos hicieron comentarios anodinos sobre una solución de dos Estados y afirmaron que las acciones israelíes estaban poniendo en peligro su viabilidad. Dado que es evidente a simple vista que una solución de dos Estados es ahora imposible, esto resultó patético. Recordemos —y esto es clave para comprender el mundo actual— que ni Rusia ni China vetaron la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que respaldaba la «Junta de Paz» de Trump y le otorgaba un derecho firme, en virtud del derecho internacional, a controlar el destino de Gaza.
Las potencias europeas utilizaron la tribuna de la ONU para verter rusofobia y amplificar la demanda de guerra contra Rusia.
Me desespera la situación de las Naciones Unidas. Me desespera la situación de la Corte Penal Internacional, que parece estar fatalmente socavada. Las potencias occidentales ignoran su orden de detención contra Netanyahu. Tres Estados de la UE permitieron que su avión sobrevolara su espacio aéreo de camino a Nueva York. Karim Khan fue destituido como fiscal jefe por obtener la orden de detención contra Netanyahu, basada en endebles acusaciones de abuso sexual respecto a las cuales una investigación realizada por tres jueces no encontró pruebas sólidas. Las potencias occidentales lideraron una feroz campaña para que los Estados miembros lo destituyeran.
Los propios jueces han sido objeto de sanciones estadounidenses y de la retirada de sus cuentas bancarias. Siempre había esperado —y creído— que la CPI evolucionaría más allá de su función de castigar a los enemigos designados por Occidente y de mantener a África a raya. No me di cuenta de que, tan pronto como la CPI hiciera esto, las potencias occidentales actuarían para destruirla.
La venerable Corte Internacional de Justicia también cruje. Esperaba que tardara unos tres años en llegar a una decisión en el caso de genocidio entre Sudáfrica e Israel. Ese plazo parece ahora más bien de ocho años.
En parte, parece que Sudáfrica puede haber cedido. Fue Sudáfrica quien solicitó un plazo extraordinario de 18 meses para responder a la réplica de Israel a su demanda. La Corte ya había concedido a Israel dos prolongados aplazamientos de su réplica. Los israelíes podrán entonces volver a responder y dispondrán de otros 18 meses. Sospecho que Sudáfrica está accediendo a dar largas al asunto bajo la presión de EE. UU., y que el nuevo plazo nos llevará más allá de la era de Trump.
Sin embargo, no queda bien que la Corte tarde tanto en pronunciarse sobre un caso relativo a una Convención que se supone que debe prevenir el genocidio, no castigarlo. También cabe destacar que Israel ha ignorado por completo las órdenes provisionales que la Corte dictó hace dos años, así como la sentencia independiente sobre el estatuto de los territorios ocupados.
La verdad es que la Corte no tiene ejércitos y, dado que las potencias occidentales están apoyando activamente a Israel en sus acciones, la CIJ es, lamentablemente, letra muerta.
El Reino Unido va a ignorar ahora la decisión de la CIJ sobre las islas Chagos. El tribunal dictaminó que el Reino Unido debe devolverlas a Mauricio. La base aérea estadounidense en Diego García es irrelevante para dicha decisión de la CIJ. El Reino Unido ha decidido ahora desafiar a la CIJ porque Estados Unidos se ha negado a pagar el arrendamiento de la base aérea a Mauricio. Eso no anula en modo alguno la obligación de devolver las islas. Sin embargo, los medios de comunicación del Reino Unido han informado de la decisión de Streeting de cancelar la devolución de las islas sin hacer, por lo que he podido ver, ninguna referencia en absoluto a la CIJ.
No es solo que haya perdido la fe en las instituciones jurídicas, tanto nacionales como internacionales. El contrato social de las naciones occidentales, en el que el Gobierno vela por el bienestar de la población a cambio de su lealtad y sus impuestos, parece haberse roto.
La tendencia hacia una mayor desigualdad económica en el capitalismo de última fase es increíblemente rápida, de forma exponencial. El nivel de vida de la gente corriente se ha estancado durante dos décadas y, digan lo que digan las estadísticas oficiales, a muchos les parece que su nivel de vida ha empeorado. La movilidad social ha desaparecido. Los titulados universitarios están reponiendo estanterías y repartiendo pizzas. Los costes de la calefacción y el combustible son desorbitados. Lo mismo ocurre con el alquiler, y el abuso de los propietarios está a la orden del día.
Es imposible consultar las redes sociales sin toparse con la cruda realidad de que la islamofobia y el racismo están ahora profundamente arraigados en una gran parte de la población. El modelo de propaganda se ha visto reforzado por el control que los multimillonarios han ejercido sobre todas las principales aplicaciones de redes sociales que actúan como «guardianes». En lugar de ser una posible solución a la propaganda del Estado y de los multimillonarios, las redes sociales se han convertido en una parte fundamental del problema. Parecen especialmente eficaces a la hora de amplificar y difundir el racismo.
Ahora nos enfrentamos a un Ministerio de la Verdad en el Reino Unido encargado de imponer las narrativas propagandísticas del Estado —como la ridícula historia de Skripal, la operación de bandera falsa de las ambulancias o el batiburrillo de Fairford—. Lo único que sabemos con certeza sobre la «RAF» —en realidad, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF)— en Fairford es que se han lanzado desde allí cientos de toneladas de explosivos de alta potencia sobre Irán. La noción de «bombardeo defensivo» —repetida como un loro por todos los medios de comunicación— es un síntoma orwelliano de en qué nos hemos convertido.
No se puede negar el hecho de que un gran número de personas es muy susceptible a la propaganda. Conozco a personas de izquierdas bienintencionadas que creen que Irán ametralló a 50 000 disidentes y que no ocurrió nada significativo en Ucrania antes de 2022.
Lo más preocupante de todo es que el odio se desvía de la clase multimillonaria que está esclavizando a la sociedad y se dirige hacia los inmigrantes. Por supuesto, esto alimenta tanto las opiniones sobre política interior como sobre política exterior: hay un gran número de personas que se regocijan ante el asesinato en masa de iraníes, palestinos, libaneses o yemeníes por el simple hecho de ser de piel morena o musulmanes. Esas mismas personas piensan que los inmigrantes que llegan en pequeñas embarcaciones son los responsables del deterioro del nivel de vida de la clase trabajadora en el Reino Unido.
La socialdemocracia occidental está agonizando.
La parte «democrática» no ofrece ninguna opción significativa en las elecciones en cuanto a la distribución de la riqueza o la estructura de la sociedad capitalista. No ofrece ninguna variación significativa respecto a la naturaleza cada vez más autoritaria del Estado. Desde luego, no ofrece ninguna opción en materia de política exterior o de defensa. En realidad, solo ofrece un poco más o un poco menos de racismo en las políticas de inmigración y de bienestar social.
La parte «social» se está deteriorando aún más rápido. El propio tejido de nuestras ciudades se está desmoronando a simple vista. En el Reino Unido, el servicio sanitario está sobrecargado hasta el punto de resultar inútil en muchísimos casos. Las pensiones públicas son míseras e insuficientes. Muchos jóvenes no tienen más perspectiva que pagar un alquiler a los propietarios por viviendas de mala calidad durante toda su vida. Muchos titulados universitarios nunca encontrarán un empleo significativo o satisfactorio. Todo esto está empeorando de forma palpable año tras año.
Ese soy yo en un rincón
Ese soy yo bajo los focos
Perdiendo mi fe
Siento que el mundo bastante agradable en el que crecí ha sido sustituido por algo mucho más desagradable y crudo. Literalmente, docenas de mis amigos han sido detenidos en estos últimos tres años, simplemente por lo que dicen y piensan.
El problema de perder la fe es cómo sustituirla.
Otro problema es que aún hay que pagar la batalla legal de Palestine Action. Nuestra campaña de financiación colectiva en CrowdJustice fue cerrada por los procesadores de tarjetas como consecuencia de la presión ejercida desde EE. UU. El equipo jurídico me informó el viernes de que los honorarios legales pendientes superan actualmente los fondos disponibles. Si puedes ayudar, por favor, hazlo. Si conoces a alguien que esté en mejores condiciones de ayudar, por favor, pregúntaselo."
(Craig Murray, ex-embajador británico, blog, 29/09/26, traducción Salvador L. Arnal)
