"Cuenta Baltasar Garzón (Torres, Jaén, 70 años) que estuvo mucho tiempo callado mientras fue magistrado, y ahora, en su faceta de abogado, desde que en 2012 fue inhabilitado por las escuchas del caso Gürtel, ya no quiere hacerlo. Su último libro, La democracia amenazada (Planeta), es “un grito desgarrado ante tanta mentira, cobardía, pasividad e indiferencia”. Casi 400 páginas para denunciar los elementos que, a su juicio, están contribuyendo a la degradación de la convivencia.
Pregunta. Dice en el libro: “Siguen siendo válidos los versos de León Felipe de que la justicia vale menos que el orín de los perros”. ¿Cuándo empezó a pensar en el Poder Judicial como una amenaza para la democracia española? ¿Qué le animó a escribir este libro que dice que sale “de las tripas”?
Respuesta. El empeoramiento de la situación coincide con las consecuencias de la sentencia del caso Gürtel. Hubo incluso una condena para el instructor por supuestas irregularidades, es decir, contra mí, pero no fue posible tumbar esa instrucción, ni la mía, ni la siguiente. Esa sentencia provocó la moción de censura y el cambio de Gobierno, y hay quien no lo acepta. Quienes ahora defienden la integridad del Poder Judicial lo denostaron y lo hicieron valer menos que el orín de los perros. Hay muchas muestras de esa degradación del sistema judicial español. Por eso me vale esa figura que emplea León Felipe.
P. El tercer capítulo se titula “¡Claro que existe lawfare!" y habla del regreso del “derecho penal del enemigo”. Asegura que se extiende, pero que hasta ahora no ha aparecido un “remedio eficaz”. ¿La cura empieza por saber distinguirlo? ¿En qué casos de la actualidad ve indicios de lawfare?
R. Lo del derecho penal del enemigo lo planteo como una amenaza, al hacer una comparativa histórica y señalar elementos que me preocupan, como que se utilice para derrotar políticamente a un adversario. El lawfare puede venir de la interpretación del derecho por parte judicial; de la instrumentalización de la justicia por parte de la política; de la acción popular; de una representación corporativa que va más allá de lo que legalmente le correspondería al estamento judicial con críticas abiertas al poder legislativo...
P. En el libro es muy crítico con el juez Peinado y la “investigación prospectiva” sobre la esposa del presidente del Gobierno. Dice que ocupará “un lugar preferente del ranking de los despropósitos judiciales”. Los tribunales de apelación han revocado algunas de sus decisiones. ¿Cree que es suficiente?
R. Si Pedro Sánchez no fuese presidente del Gobierno, ese caso no hubiese llegado nunca hasta donde está. No hay consistencia jurídica. Las investigaciones prospectivas son muy peligrosas. Si no hay materia, entras en esa categoría denostada del derecho penal del enemigo. Esta instrucción pasará a la historia del despropósito porque ha habido mucha variación [en las acusaciones contra Gómez] y eso genera una inseguridad muy grande.
P. Ha quedado visto para sentencia el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez. ¿Ve prueba de cargo? ¿Se atreve a hacer un pronóstico de sentencia?
R. Otro de los elementos del lawfare es el modus operandi de determinados organismos policiales. Yo he trabajado muchos años en temas muy complejos y la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas han hecho labores impresionantes, pero nunca había visto lo que estoy viendo ahora. Este proceso desde el comienzo estaba marcado con un querulante, Manos Limpias, y unas noticias falsas, y eso ya hubiese sido suficiente para cerrar el caso. Si los jueces estuvieran controlando como se debe el ejercicio de la acción popular, no habría esta degradación del Estado de derecho. Eso no quiere decir que yo acuse de prevaricación a todos los jueces o que ataque todo el sistema, pero si permites acciones populares a go gó con grupos y partidos con objetivos políticos, estás corrompiendo el instituto de la acción popular. En este caso, los elementos probatorios de contradicción van en el sentido de decir que no hubo trato de favor, pero en frente hay un informe de la UCO que hace juicios de valor, cuando un informe policial tiene que ser un análisis de hechos porque lo contrario es mediatizar al juez.
P. De haber ocupado el puesto del juez Calama, y con la documentación recabada tras la petición de ayuda de las fiscalías de Francia y Suiza, ¿habría citado a declarar a Zapatero como imputado?
R. Es investigado, no imputado, porque la ley se cambió para que esa palabra no tuviera esa carga peyorativa. El problema es que el imputado se ha convertido en juzgado y condenado mediáticamente, lo que llamo lawfare informativo. En el caso de Zapatero, no sabemos todavía el alcance de esa investigación, ni cómo se desarrolló inicialmente. Respetando el criterio del juez, creo que se ha invertido la pirámide. El paso de pedir la autorización a EE UU [para usar el material recabado por una agencia estadounidense y vinculado a la investigación] debería haber sido previo. Ojo con ese material y la teoría del árbol envenenado. En un caso de terrorismo yihadista, la Operación Tigris, el tribunal decidió absolver a parte de los acusados al considerar que unos correos electrónicos en poder de EE UU sobre los investigados no ofrecían las suficientes garantías. Y en la Operación Dátil, relacionada con una célula de Al Qaeda en España, los servicios británicos pidieron hablar conmigo porque en un ordenador hallado en un campo de entrenamiento de Afganistán habían encontrado información relacionada con España. Antes de usar ese material, me encargué de asegurarme, con el juez británico, de cómo se había intervenido ese material y cómo había sido la cadena de custodia, y terminó siendo determinante en algunas condenas.
P. El portavoz oficioso de Zapatero explicó que las joyas halladas en la caja fuerte de su oficina correspondían a una herencia y regalos y que tenían un valor de entre 30.000 y 50.000 euros. La tasación ordenada por el juez Calama eleva esa cifra a 1,3 millones de euros. ¿Qué importancia da a ese hallazgo?
R. Hay que esperar. Pero no me parece de recibo el juicio paralelo permanente. No sé cómo han llegado esos objetos ahí [las joyas a la caja fuerte], pero sé que ya han sido expuestos por los medios de comunicación y se ha destrozado a las personas afectadas. Luis Arroyo no es tasador de joyas y seguramente, después de esta tasación [la encargada por el juez], vendrá un peritaje de contradicción, un contrainforme. La inmediatez de la información y la filtración de las causas penales es algo muy corrosivo para la seguridad jurídica. Y la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que todo el material es secreto, salvo para las partes, hasta el momento del juicio oral. Eso no quiere decir que la prensa se calle si le llega la información, pero sí hay obligación del juez y del fiscal de investigar esa filtración. ¿Cómo se va a defender cualquiera si lo están achicharrando mediáticamente? Aquí todo el mundo ya se ha formado un juicio, de modo que el investigado tiene tres problemas: ser investigado, tener que demostrar su inocencia y que no demuestren su culpabilidad. Está destrozado, muerto civilmente.
P. El Supremo acaba de mostrar su rechazo al indulto del ex fiscal general del Estado, en unas semanas donde se suceden las filtraciones sobre investigaciones en curso sin que nadie las cuestione. En el libro se refiere al proceso contra Álvaro García Ortiz como un “festín caníbal” del “aquelarre de la justicia”. ¿Ve posible una reparación?
R. Aunque el Gobierno quisiera volver a nombrarlo fiscal general, ya no podría hacerlo. La sentencia fue un traje a medida. La Sala Segunda del Tribunal Supremo es el órgano con más poder en España; no hay quien la controle porque los aforados no tienen posibilidad de doble instancia. Es un ejercicio soberbio del poder, creen que nada de lo que hacen puede ser refutado, pero la labor judicial termina con la sentencia.
P. También lamenta en el libro la desconfianza de la ciudadanía en la justicia. ¿Cree que declaraciones como las de los ministros Óscar López y Óscar Puente contribuyen a aumentarla? ¿Deben ministros de un Gobierno acusar a jueces de prevaricar o de utilizar métodos no democráticos para derribar al poder?
R. Yo me he pasado más de 20 años sin abrir la boca y cuando la he abierto ha sido para señalar una manipulación. Hay que ser prudente en las afirmaciones: lugar, modo, tiempo y contundencia. Yo no tengo nada que decir si un miembro del Gobierno dice que una instrucción le parece falta de garantías y lo razona. Sí estaría en contra de descalificaciones genéricas. El Poder Judicial tampoco es el santo grial.
P. ¿Le sorprende que el PSOE no se haya querellado aún contra la presunta fontanera del partido, Leire Díez?
R. No, creo que es una posición prudente. Vamos a ver el desarrollo de la investigación. Lo que hoy puede parecer un ejercicio de miedo puede ser un ejercicio de responsabilidad.
P. ¿El juez Pedraz, que instruye el caso Leire, le parece lo mismo que el juez Peinado, que investiga a Begoña Gómez?
R. Conozco a Santiago Pedraz y confío en su solvencia y su criterio.
P. La demora de unas causas y la aparente diligencia en otras genera dudas en la ciudadanía. ¿Qué casos ve justificables en el colapso de los diferentes tribunales implicados y cuáles sospechosos?
R. Se acaba de activar la autorización judicial para investigar el patrimonio de la pareja de la presidenta madrileña, pero creo que el juez explicó que tenía atrasos en su juzgado y priorizó causas con preso. Es una explicación razonable. Luego, en general, creo que una estructura criminal siempre debe ser estudiada en su conjunto y poner más medios. Pero yo no establecería la crítica en que unas causas se agilizan o se retrasan porque afectan a unas personas u otras. Lo que hay que hacer es ver los tiempos procesales, la complejidad de la causa y la agilización. Para mí es un retraso considerable que las autoridades norteamericanas tengan hace años una información [relacionada con el caso Zapatero] y la faciliten tanto tiempo después.
P. El Supremo también ha rechazado repararle por su condena de inhabilitación, como pedía el Comité de Derechos Humanos de la ONU. ¿Se lo esperaba?
R. Sí. Pero me parece grave que el Supremo diga que yo trato por vía indirecta de anular los efectos de la sentencia porque es falso. Yo ya he cumplido a pulso los años de inhabilitación de una condena que, según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, fue arbitraria y parcial. Se ríen de los organismos de derechos humanos a nivel internacional. Igual que me produce vergüenza que tantos años después sigamos dándole vueltas a que la justicia tenga que hacer algo en beneficio de las víctimas del franquismo. Pero yo voy a seguir combatiendo.
P. Dice en el libro: “Cuando los jueces invocan la defensa de la independencia judicial para protestar contra decisiones democráticas del poder legislativo, están, en realidad, ejerciendo partidismo bajo el disfraz de la técnica jurídica”. Habla de una “salida del armario de la imparcialidad”. La ley del Poder Judicial prohíbe a los magistrados dirigir “felicitaciones o censuras” a las autoridades. ¿Por qué no se sancionan ese tipo de conductas?
R. Por puro corporativismo. ¿Por qué esa ultraprotección?
P. Una de las amenazas para la democracia que detalla en el libro es el avance de la extrema derecha. Recuerda que “no se ha producido un acuerdo para establecer un cordón sanitario frente a la extrema derecha, y el que existía en Europa se ha ido debilitando”. ¿No bastan las ideas para reducir su espacio? ¿Y por qué cree que se han hecho tan populares entre parte de los jóvenes?
R. Los movimientos posfascistas y autoritarios de extrema derecha apelan siempre a las emociones. No buscan solucionar los problemas ni lo van a hacer. La internacional de la extrema derecha tiene fondos, medios y poder. ¿Qué tenemos que hacer para convencer a los jóvenes de que ese no es el camino? Mucha pedagogía, tomar las calles en defensa de los derechos humanos, no callarnos.
P. Si llega a ese escenario, ¿cree que la izquierda debería abstenerse para que el PP no gobernase con Vox?
R. Lo que creo es que la izquierda tiene que unirse para no llegar a ese escenario. Siempre lo he defendido y ahora más que nunca. Hay que superar disputas internas y sumar esfuerzos. Me hace mucha gracia que todos aplaudieran el discurso del Papa en el Congreso sobre la polarización y a los dos días ya estuvieran insultándose de lo lindo otra vez.
P. En esa batalla que plantea para combatir las amenazas de la democracia, ¿el Papa puede ser un buen aliado?
R. Está sumamente comprometido con los más vulnerables, pero tiene que implicarse más en el tema de los abusos dentro de la Iglesia. Es un buen aliado en unos ámbitos y en otros tendremos que convencerlo."
(Entrevista al ex-juez Baltasar Garzón, Natalia Junquera , El País, 14/06/26)
