Jorge Javier Vázquez @jjaviervazquez
Al enterarme de la muerte de Mari Carmen lo primero que se me viene a la cabeza es la incomprensible cantidad de odio que ha recibido antes de morir. Se han burlado de ella en programas de televisión, en tertulias de bar. En cualquier sitio...
Pero Mari Carmen se ha convertido en un símbolo que retrata con precisión las miserias más oscuras de nuestra sociedad
"El PP de M. Rajoy trajo los fondos buitres a España, así de sencillo.
La historia empezó en 2008, aunque entonces todavía no sabíamos exactamente qué historia era. Durante años nos habían explicado que España era rica porque construía muchas casas y que las casas eran caras porque España era rica. El razonamiento tenía la ventaja de ser circular y, mientras los bancos prestaban dinero, funcionaba estupendamente. Luego dejó de funcionar.
Cuando en 2008 estalló la burbuja inmobiliaria, bancos y cajas descubrieron que poseían cantidades enormes de algo que valía mucho menos de lo que figuraba en sus balances. Había pisos sin comprador, urbanizaciones a medio hacer, solares que habían sido tasados como si debajo hubiera petróleo y créditos concedidos a promotores que no podían devolverlos. El milagro español tenía hipoteca.
Hubo que rescatar el sistema financiero. Sobre cuánto costó aquel rescate existe una discusión interminable porque depende de qué se sume. España recibió 41 333 millones de euros del mecanismo europeo destinado a recapitalizar el sector financiero, pero esa cifra no representa el conjunto de los recursos públicos movilizados. Según el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las ayudas públicas inyectadas en las entidades sometidas a sus procesos de reestructuración, es decir, lo que cayó sobre los hombros de todos los españoles, ascendieron a 70 000 millones.
La cifra exacta importa. Pero importa todavía más lo que se prometió. El 28 de mayo de 2012 el presidente M. Rajoy declaró que no habría «ningún rescate de la banca española». Hubo rescate. Cuando ya no podía negarse, apareció una segunda tranquilidad: aquello no iba a costarnos dinero. Rajoy aseguró que se trataba de «un crédito que va a devolver la banca». Luis de Guindos, ministro de Economía, afirmó sin pestañear que no tendría coste para los ciudadanos.
Años después, con Rajoy sacado a rastras del Gobierno y Guindos forrándose en la vicepresidencia del Banco Central Europeo, hemos podido comprobar que la banca no ha devuelto el rescate en los términos en que se prometió. Los contribuyentes, es decir, ustedes y yo, cargamos con la factura. Lo interesante es lo que ocurrió después.
Porque rescatar los bancos no le bastó a la pareja M. Rajoy-Guindos. Había que sacar de los balances bancarios las montañas de ladrillo acumuladas durante la fiesta. En 2012 se creó la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), el llamado “banco malo”, que recibió enormes cantidades de préstamos e inmuebles problemáticos. Bancos, cajas y SAREB tenían ahora una misión urgente: vender a precio de saldo.
Y, como las moscas a la miel, aparecieron compradores. Los nombres acabarían haciéndose familiares: Blackstone, Cerberus, Lone Star, Apollo, Colony, Goldman Sachs. Grandes fondos internacionales especializados en localizar activos depreciados, comprarlos cuando su propietario necesita venderlos y obtener de ellos la mayor rentabilidad posible. No es una asociación benéfica, desde luego, pero tampoco pretende serlo.
La coincidencia temporal resulta interesante. Mientras el Estado saneaba con dinero público un sistema financiero intoxicado de ladrillo, el Gobierno de M. Rajoy modificaba algunas de las normas fundamentales que regulaban la inversión inmobiliaria y el alquiler.
La primera reforma afectó a las SOCIMI, las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario. Mediante la Ley 16/2012 el Gobierno de M. Rajoy reformó profundamente su régimen y estableció algo que merece escribirse sin adjetivos porque el dato se basta por sí solo solo: las SOCIMI dejaron de tributar como sociedades (tipo general del 25%) y pasaron a tributar solo al 0%; el efecto práctico fue convertir a España en un paraíso fiscal para la inversión inmobiliaria a gran escala, facilitando que fondos como Blackstone, Goldman Sachs o Colony Capital adquirieran carteras masivas de vivienda.
España ofrecía en aquellos momentos una combinación peculiarmente atractiva. Había decenas de miles de viviendas, créditos y promociones que bancos y SAREB necesitaban vender; los precios se habían hundido; existía el Gobierno del PP estaba decidido a atraer capital y acababa de reformarse un vehículo de inversión inmobiliaria dotándolo de un régimen fiscal excepcionalmente favorable. Los inversores comprendieron el mensaje.
En 2013 Blackstone dio el pistoletazo de salida: compró 1 860 viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid, que años después han multiplicado su valor por diez.
Por las carteras españolas rondaban ya Lone Star, H.I.G. Capita, Cerberus, Apollo, Colony y Fortress. No habían descubierto de pronto su pasión por la arquitectura española. Habían descubierto precios y rentabilidades.
Ese mismo año llegó la segunda gran reforma. La Ley 4/2013 modificó la Ley de Arrendamientos Urbanos con un título revelador: «Medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas». Flexibilizar es una palabra magnífica porque nunca especifica quién debe hacer las contorsiones. En pocas palabras, esa ley introdujo la precarización masiva del alquiler
Hasta entonces, si se pactaba un contrato de duración inferior, el inquilino podía prolongarlo obligatoriamente hasta cinco años. La reforma redujo ese periodo a tres. La prórroga tácita posterior pasó de tres años a uno. También amplió la posibilidad de que el propietario recuperara la vivienda por necesidad propia o de familiares después del primer año y modificó el procedimiento de desahucio por impago para agilizar el lanzamiento. Los resultados de los desahucios los estamos viendo ahora.
M. Rajoy y de Guindos no son responsables exclusivos de lo que cuesta hoy un piso, pero sus reformas tuvieron una enorme consecuencia porque modificaron el terreno de juego. Gracias a ellas llegaron operaciones de otra escala. En 2017 el Santander vendió a Blackstone unos 30 000 millones de euros en activos inmobiliarios procedentes del Banco Popular. El BBVA transfirió a Cerberus una cartera de unos 13 000 millones. CaixaBank vendió miles de millones en activos problemáticos a Lone Star, y el Sabadell haría lo mismo con otras grandes carteras.
La vivienda había cambiado de naturaleza. Seguía siendo el lugar donde alguien dormía, guardaba los calcetines y discutía sobre quién bajaba la basura, pero también era una clase de activo integrada en carteras internacionales que podían comprarse, agruparse, titulizarse y venderse.
Luis de Guindos contempla ahora el problema desde Fráncfort, como vicepresidente del Banco Central Europeo. Su diagnóstico reciente insiste en la insuficiencia de oferta y advierte contra regulaciones del alquiler que puedan reducirla. En consonancia con su colega Rodrigo Rato, l razonamiento económico es perfectamente reconocible: “es el mercado, amigo”; si aumenta la demanda y la oferta no responde, suben los precios.
El sociólogo del CSIC Javier Gil ha resumido el resultado con una frase deliberadamente provocadora: España se convirtió en un «paraíso» para los especuladores inmobiliarios nacionales e internacionales. Puede discutirse la palabra paraíso. Lo que resulta más difícil discutir es la secuencia.
Primero estalló una burbuja inmobiliaria que dejó al sistema financiero cargado de activos ruinosos. Después se utilizó una cantidad enorme de dinero público para sanearlo, bajo la promesa de que la banca devolvería el dinero. A continuación, se creó la SAREB para sacar ladrillo de los balances, se reformaron las SOCIMI con un tipo del 0% en el Impuesto sobre Sociedades y se flexibilizó la legislación del alquiler. Finalmente llegaron grandes fondos internacionales dispuestos a comprar los activos que bancos, administraciones y SAREB querían vender.
No fue una conspiración. Fue bastante más sencillo: fueron leyes, balances, impuestos, compraventas y decisiones políticas perfectamente documentadas. España rescató a sus bancos porque tenían demasiado ladrillo. Después facilitó la venta de aquel ladrillo a inversores capaces de comprarlo por paquetes. Y ahora descubre que la vivienda constituye uno de sus mayores problemas sociales.
El resultado está a la vista: España, “socimizada”, con un parque de vivienda convertido en activo financiero, alquileres disparados y una generación entera condenada a la pobreza. Quizá no sea una paradoja. Quizá sea simplemente la factura que faltaba por llegar."
(Manuel Peinado Lorca , El Obrero, 30/09/26)
"En las elecciones del 29 de noviembre no sólo se dirime el futuro de España. También está en el foco el futuro de la socialdemocracia y de la izquierda en el seno de la Unión Europea.
La figura de Pedro Sánchez y las políticas que su Gobierno ha defendido en el ámbito internacional se han convertido en un referente moral para las fuerzas progresistas de Europa.
«A la izquierda le faltan líderes carismáticos que hablen claro y que no se sientan incómodos a la hora de adoptar posiciones claras», explica Jean-Michel De Waele, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Libre de Bruselas. En su opinión, en Europa se ve a Sánchez como «alguien que está llevando a cabo una política de izquierdas, con una política económica y social de izquierdas, y que ha adoptado posiciones en el ámbito internacional en las que la izquierda y la izquierda radical pueden reconocerse».
Entre las políticas que ha abanderado España a nivel europeo destaca su defensa de Palestina y sus críticas al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Junto con Irlanda, ha sido uno de los pocos gobiernos europeos en hablar abiertamente de genocidio y también fue uno de los primeros en reconocer el Estado Palestino o en imponer un embargo a los productos procedentes de las colonias ilegales de Cisjordania.
También se ha enfrentado al presidente Donald Trump, negándole la utilización de las bases estadounidenses en España durante la ofensiva contra Irán o desmarcándose de la exigencia de Washington de elevar el gasto hasta el 5% del PIB para incrementar las capacidades militares de la OTAN.
«Es uno de los pocos que ha mantenido la firmeza frente a las presiones y el acoso de la Administración estadounidense durante los últimos años y, al mismo tiempo, ha sido también quien ha preservado el propio espíritu europeo ante la tragedia de Oriente Próximo en Gaza», resume Giacomo Filibeck, secretario general del Partido de los Socialistas Europeos (PSE).
En lo que se refiere a la inmigración, España fue el único país que votó la semana pasada contra el reglamento de retornos que permite la creación de centros de deportación en terceros países. Quedó aislada incluso frente a otros gobiernos de centro-izquierda, como el de Dinamarca que lidera la primera ministra Mette Frederiksen y que defiende una política restrictiva próxima a las posiciones tradicionales de la derecha.
Para el profesor De Waelle, Frederiksen «representa una izquierda un tanto peculiar que intenta recuperar a parte del electorado de la izquierda retomando algunos de los temas de la extrema derecha, como la inmigración o el reforzamiento del Estado del bienestar». Según el Gobierno danés, la sostenibilidad del modelo social del país requiere controlar la inmigración.
Las elecciones españolas serán, por tanto, mucho más que una cita electoral nacional. Serán también el espejo en el que se mirará la socialdemocracia que debe decidir si la mejor estrategia para contener el avance de la extrema derecha es posicionarse en el centro o reforzar las alianzas con la izquierda. El socialismo empezó a perder fuerza en Europea en la década del 2000, tras la derrota de la Tercera Vía de Tony Blair en Reino Unido y los años de austeridad que siguieron a la crisis de 2008.
Para el grupo de La Izquierda en el Parlamento Europeo, la suma de las fuerzas progresistas es esencial para vencer a la extrema derecha y no basta con apelar al miedo para detener su avance. «No es posible defender un sistema democrático diciendo a la gente que tiene que aceptar seguir viviendo en las duras condiciones en las que vive ahora y que simplemente hay que frenar a la extrema derecha. Eso no funciona», afirma Catarina Martins, eurodiputada portuguesa del Bloco de Esquerda. Por ello defiende la necesidad de la coalición que ha permitido impulsar cambios políticos reales: «Sin la fortaleza de la izquierda, tendríamos un Gobierno centrista más que ofrecería a la ciudadanía más de lo mismo».
Actualmente, los gobiernos socialdemócratas están claramente en minoría en las reuniones del Consejo Europeo donde se toman las decisiones. Sólo hay tres países en los que gobierna el centro-izquierda, además de España: Dinamarca, Eslovenia y Malta. Y en Suecia, las negociaciones para tratar de formar una coalición siguen su curso tras la estrecha victoria conseguida por la socialdemócrata Magdalena Andersson.
El año 2027 será pues crucial para el conjunto de Europa ya que se celebran elecciones en Francia, Italia, Polonia y Grecia, entre otros. «Una victoria supondría, sin duda, un refuerzo de la confianza y una especie de clarificación. Un momento de la verdad», explica Filibeck.
Para el profesor De Waelle, la Unión Europea está ante «una de las elecciones más importantes para la izquierda en Europa». En su opinión, una victoria de Sánchez en España «demostraría a la izquierda temerosa y a la izquierda que corre detrás de la extrema derecha que existe otro camino».
Con una socialdemocracia europea debilitada electoralmente y dividida sobre cómo responder al avance de la extrema derecha, España se ha convertido en un campo de pruebas. El resultado de las elecciones españolas puede convertirse en una señal sobre el rumbo que tomará la izquierda europea."
(Ana Lázaro , Bruselas, Público, 05/10/26)
"El Estado de Judea contra Israel
El 27 de octubre, los electores israelíes acudirán a las urnas para renovar su Parlamento. Más allá de la cuestión del futuro político del primer ministro saliente, Benjamín Netanyahu, en estos comicios está en juego la confirmación, o no, del auge del sionismo religioso. Partidaria de la anexión de los territorios palestinos, esta corriente contribuye a una polarización extrema de la sociedad.
La puesta en práctica del proyecto sionista se prolongó durante décadas antes del nacimiento de Israel. La situación actual debe plantear interrogantes sobre el futuro de este Estado, al menos en su forma actual. Sin tratar de suscitar temores ni formular profecías. Su posible derrumbe no sería cosa de un día. Pero una grieta de gran tamaño socava sus cimientos: el creciente poder de lo que conviene llamar el Estado de Judea, por oposición al Estado de Israel. Dicho de otro modo: la incontenible aparición de un movimiento que fusiona sionismo religioso y judaísmo ortodoxo, y cuyos partidarios aspiran a un Estado teocrático. Una forma de sionismo racista y supremacista moldea su proyecto radical de creación de un “Gran Israel” extendido a toda la Palestina histórica. Si esta fuerza política se convirtiera en hegemónica, la situación de los palestinos empeoraría aún más, pero también la padecerían los ciudadanos judíos deseosos de vivir en un Estado liberal, democrático y pluralista.
Al buscar el núcleo ideológico del Estado de Judea, nos encontramos con los colonos religiosos de Cisjordania, muchos de ellos discípulos de los rabinos Kook, padre e hijo. El padre, Abraham Isaac Kook (1865-1935), nacido en Letonia, en el Imperio ruso, fue el fundador del sionismo religioso. En 1904, tras llegar a Palestina, se convirtió en la principal figura rabínica que cuestionaba el punto de vista judío ortodoxo, según el cual el sionismo es un intento desde el laicismo de interferir con la voluntad de Dios, incapaz, por consiguiente, de recabar el apoyo de los judíos practicantes (1). Kook se ganó el favor de una parte de la comunidad ortodoxa. Su principal legado para la causa fue el centro de estudios Merkaz HaRav (“Centro del Rabino”), hogar de la forma más extrema del sionismo: una mezcla de ideas mesiánicas, racismo descarado hacia los palestinos y desprecio por el judaísmo reformista y laico.
Su hijo, Zvi Yehuda Kook (1891-1982), fue, por su parte, el padre espiritual del movimiento mesiánico Gush Emunim, fundado en 1974. Tras la victoria de 1967 sobre los ejércitos árabes, este “Bloque de los Creyentes” judaizó la Cisjordania ocupada y la Franja de Gaza. Con el paso de los años, fue abandonando los márgenes del sistema político israelí hasta alojarse en su centro. Kook hijo defendió durante toda su vida la colonización, a la que consideraba un imperativo religioso destinado a acelerar la redención del pueblo judío. Su voz quedó acaso un tanto ahogada entre 1967 y 1977, cuando ocupó el poder un Partido Laborista que también se mostraba inclinado a la judaización, en especial en las regiones palestinas rurales, que son también las de menor densidad poblacional. Pero los discípulos de Kook no se conformaban con algo así: querían implantarse en las ciudades bíblicas de Cisjordania, donde por entonces vivía gran número de palestinos.
Pero una política de Estado acabó por reunir a las dos ramas favorables al acaparamiento de Cisjordania —una basada en consideraciones de seguridad y otra impulsada por las aspiraciones religiosas de Gush Emunim— cuando, en 1977, el Likud llegó al poder y Menájem Beguín ocupó el cargo de primer ministro. Durante este primer gobierno de derechas de la historia de Israel, Kook hijo se impuso como líder ideológico de los judíos que colonizaban grandes áreas de Cisjordania, construyendo sus puestos avanzados en el corazón de regiones densamente pobladas por palestinos. Estos colonizadores consideraban que esta colonización agresiva habría de acelerar la “desarabización” de Cisjordania al volver más difícil el acceso de los habitantes palestinos a recursos esenciales como la tierra, el agua e incluso el empleo.
Esta estrategia despiadada se pone en práctica día tras día bajo la atenta mirada del Ejército israelí, cuando no con su ayuda. Los palestinos sufren un acoso continuo. A veces los colonos los hieren o matan. Y aunque los sucesivos Gobiernos israelíes condenan formalmente la violencia y fingen ignorar lo que sucede sobre el terreno, las fuerzas armadas destacadas en Cisjordania apoyan a los colonos religiosos que, en sustitución de sus dirigentes, están creando una nueva realidad: la de un Israel ampliado.
Desde su punto de vista, sus agresiones equivalen a una especie de represalia, el “precio a pagar” (tag meir) por quienes se oponen a la empresa de colonización. Lo más frecuente es, sin embargo, que se trate de ataques no provocados y de gran violencia contra poblaciones, granjas, vehículos, comercios o campos propiedad de palestinos. La presencia en el Gobierno actual de dos partidos favorables a los colonos —Otzma Yehudit (Fuerza Judía) y HaTzionout HaDatit (Partido Sionista Religioso)— consolida esta política. Sus representantes respectivos, Itamar Ben-Gvir (ministro de Seguridad Nacional) y Bezalel Smotrich (ministro de Finanzas), han tenido un papel determinante en la actual etapa de aterradores ataques contra los palestinos de Cisjordania, que se han cobrado más de mil vidas desde octubre de 2023.
Para los partidarios del Estado de Judea, será una teocracia la que habrá de concluir la tarea que el sionismo laico no ha sabido llevar a buen puerto: la destrucción del pueblo palestino y la creación de un “Gran Israel” tal y como se describiría en las Sagradas Escrituras, lo que significa, dicho en plata, la anexión de territorios vecinos. Cierto es que los sionistas laicos realizaron el trabajo sucio de crear el Estado de Israel —una empresa de varias décadas iniciada en 1882, cuando los primeros colonos sionistas llegaron a Jaffa—, pero ahí acaba su misión histórica. Los judíos religiosos consideran que a ellos les corresponde ahora convertir su antigua tierra en un verdadero Estado judío.
Pero no es eso lo que agrieta los cimientos del Estado de Israel: la mayoría de judíos laicos se aviene con esta transformación a costa de los palestinos y, en cuestión de territorios, en detrimento de sus vecinos árabes, sobre todo libaneses y sirios. El verdadero problema atañe a la hostilidad que manifiestan hacia los judíos laicos las fuerzas que defienden el Estado de Judea. Más tarde o más temprano, esa hostilidad acabará por socavar lo que reúne y aglutina a la sociedad israelí. Y la confrontación ya se ha hecho presente.
El Estado de Judea ganó las elecciones legislativas de noviembre de 2022 y formó un gobierno de coalición gracias a una estrecha mayoría de 64 diputados sobre 120 en la Knéset. Su primera decisión fue modificar, en enero de 2023, el sistema judicial del país con el fin de conformarlo a su ideología y su visión, al permitir al Gobierno nombrar a los jueces y restringir los poderes del Tribunal Supremo para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes votadas en el Parlamento. Esta decisión acrecentó las tensiones entre ambos bandos y llevó a que se organizaran manifestaciones de laicos de unas dimensiones sin precedentes y cada vez más masivas hasta los ataques del 7 de octubre de 2023 (2). El pulso reveló el alcance de la división entre ambos bandos. Se trata, de hecho, de una lucha existencial entre dos proyectos antagónicos, un duelo a muerte sobre la propia vocación del Estado fundado en 1948.
De momento, únicamente el temor a la desaparición de Israel obliga a ambas partes a no renunciar a su solidaridad mutua de forma definitiva. Su denominador común sigue siendo la perpetuación de un sistema que deshumaniza a los palestinos y niega sus derechos civiles y humanos fundamentales. Sabemos cómo considera a los palestinos el Estado de Judea. Pero la consideración que merecen al Estado de Israel apenas es mejor porque, aunque laico, está compuesto, sobre todo, por descendientes de judíos europeos que desean contar con los beneficios de una democracia liberal, pero que no han dejado de asentar su poder en la subordinación de los palestinos. No puede proponerles nada que no se limite a la retirada de las colonias en ciertas partes de la Cisjordania ocupada y el levantamiento de algunas de las restricciones impuestas a los habitantes de la Franja de Gaza. Su visión actual del Estado judío no pone en tela de juicio las bases del régimen de apartheid en el que se ha convertido Israel.
Por lo que respecta al Estado de Judea, de momento se conforma con la favorable posición que ocupa en el tablero político. Pero, cuanto más terreno gana en el plano electoral, mayor es la amenaza sobre Israel, ya que la élite tecnológica y financiera sobre la que reposa la prosperidad del Estado pertenece en su mayoría al bando laico. Si acaba abandonando el país, la economía y la cohesión social saldrán perjudicadas. Ahora bien, desde el 7 de octubre de 2023, se calcula que ha emigrado más de medio millón de miembros del bando laico-liberal. Esto último abre la puerta a nuevos triunfos electorales de un Estado de Judea que no dispone de la capacidad económica ni militar, ni siquiera del sentido de la estrategia, necesarios para la supervivencia de Israel.
Y esta perspectiva resulta tanto más inquietante cuanto que las instituciones del país ya están muy debilitadas. Más de una década antes de los ataques del 7 de octubre de 2023, Israel ya estaba en crisis. En diciembre de 2010, un incendio forestal asoló durante más de tres días el monte Carmelo y causó la muerte de cuarenta y cuatro personas. La gravedad de la situación era tal que el Gobierno de Benjamín Netanyahu recurrió a la ayuda extranjera, en particular a la de Grecia, Italia, Rusia y Turquía (3), para sofocar el incendio. Esta petición de auxilio provocó el estupor de los observadores internacionales, que esperaban que un país que ha vivido varias guerras en su historia reciente dispusiera de material adecuado para combatir el fuego. Más recientemente, en abril de 2021, la avalancha humana durante la peregrinación al monte Merón, en el norte del país, que dejó cuarenta y cinco muertos y cerca de ciento cincuenta heridos, constituye otro ejemplo de la impericia de las autoridades. Y ello a pesar de que se habían lanzado numerosas advertencias sobre el peligro que podían entrañar grandes movimientos de multitudes en un lugar tan estrecho. En marzo de 2024, una comisión de investigación calificó la tragedia de “desastre que podría haberse evitado” y señaló directamente la responsabilidad del primer ministro (4).
“¿Dónde está el Estado?”. Esa es la pregunta que muchas personas se hacen en Israel, incluidos los ciudadanos árabes, que desde hace varios años afrontan una oleada de asesinatos vinculados al crimen organizado (5). Tras los ataques del 7 de octubre de 2023, esta pregunta adquirió una nueva relevancia debido a las pérdidas humanas, hasta entonces inimaginables, sufridas por el país. Ni el Gobierno ni los servicios públicos en su conjunto parecieron capaces de responder a los miles de personas que necesitaban ayuda durante los enfrentamientos y después de ellos. Decenas de miles de habitantes de las zonas fronterizas con el Líbano y Gaza tuvieron que ser evacuados, y el Gobierno no disponía de un plan concreto para su alojamiento, su escolarización o su empleo a largo plazo. Las autoridades hicieron, además, todo lo posible para que estos desplazados regresaran a sus hogares cuanto antes. Si bien el 90% lo hizo, el futuro sigue siendo incierto para el 10% restante, en su mayoría supervivientes de los kibutz casi completamente destruidos durante los enfrentamientos. Las autoridades siguen mostrándose reacias a continuar financiando su realojamiento en otras regiones. Algunas de las personas evacuadas de la región fronteriza con el Líbano descubrieron con estupor hasta qué punto Israel había desatendido a sus comunidades durante décadas. Una de ellas lo relataba así en el diario Haaretz: “Nos han abandonado, desatendido, olvidado. […] Durante años éramos invisibles, nos las arreglábamos con casi nada y, de repente, descubrimos otro Israel: un Israel donde los servicios sanitarios son accesibles, donde hay cultura, transporte público” (6).
¿Por qué Israel, que no deja de recordar a quien quiera escucharlo los peligros que representan sus vecinos y que solicita regularmente una cuantiosa ayuda militar, estaba tan poco preparado para los desafíos logísticos que traen consigo las guerras? ¿Por qué no existía un plan de evacuación de las zonas fronterizas? La explicación reside en una función pública sometida al sistema político, en la que los nombramientos premian las muestras de lealtad, bajo la supervisión de ministros para quienes la retórica prima sobre todo lo demás, en particular sobre la aplicación concreta de las políticas. Por supuesto, las deficiencias de la función pública no constituyen necesariamente una grieta en los cimientos del país: reformas y cambios en la Administración podrían mejorar la situación. Sin embargo, mientras el Estado de Judea siga en el poder, es muy improbable que sitúe la infraestructura pública entre sus prioridades, lo que no puede sino agravar la disgregación social.
(1) Véase Anne Waeles, “‘Dios no existe, pero él nos dio esta tierra’”, Le Monde diplomatique en español, abril de 2024.
(2) Véase Charles Enderlin, “Golpe de Estado identitario en Israel”, Le Monde diplomatique en español, febrero de 2023.
(3) “Israel accepts foreign aid in tackling deadly forest fire”, France 24, 4 de diciembre de 2010, www.france24.com
(4) “Israël: une enquête pointe la ‘responsabilité’ de Netanyahou dans une bousculade mortelle en 2021”, RFI, 6 de marzo de 2024, www.rfi.fr
(5) Majd Kayyal, “Israël. Le crime organisé gangrène la société palestinienne de l’intérieur”, 19 de mayo de 2026, https://orientxxi.info
(6) Shlomit Tsur, “‘We suddenly discovered another Israel’: Why these war evacuees chose not to return home”, Haaretz, Tel Aviv, 22 de octubre de 2024.
(7) Véase Anne Waeles, “‘Dios no existe, pero él nos dio esta tierra’”, Le Monde diplomatique en español, abril de 2024.
(8) Véase Charles Enderlin, “Golpe de Estado identitario en Israel”, Le Monde diplomatique en español, febrero de 2023.
(9) “Israel accepts foreign aid in tackling deadly forest fire”, France 24, 4 de diciembre de 2010, www.france24.com
(10) “Israël: une enquête pointe la ‘responsabilité’ de Netanyahou dans une bousculade mortelle en 2021”, RFI, 6 de marzo de 2024, www.rfi.fr
(11) Majd Kayyal, “Israël. Le crime organisé gangrène la société palestinienne de l’intérieur”, 19 de mayo de 2026, https://orientxxi.info
(12) Shlomit Tsur, “‘We suddenly discovered another Israel’: Why these war evacuees chose not to return home”, Haaretz, Tel Aviv, 22 de octubre de 2024."
(Ilan Pappé. Profesor de historia en la Universidad de Exeter, Le Monde Diplomatique, octubre, 2026, tradución Gaceta Crítica)
"Un informe desde Rusia: ¿Qué tan cerca están Europa y Rusia de un conflicto más amplio?
Este artículo es el producto de las visitas a Rusia que realicé en junio y septiembre de 2026, donde me reuní con altos líderes rusos, académicos destacados y especialistas en cuestiones militares y de seguridad.
Ha habido una oleada de retórica irresponsablemente agresiva desde dentro de Europa que postula con fuerte insistencia un conflicto con Rusia para el final de la década. Esta retórica se produce en el contexto del conflicto en curso entre Rusia y Ucrania, que ya va por su quinto año, un conflicto que tanto Europa como Estados Unidos reconocen abiertamente que opera en forma de guerra por poder entre el Occidente colectivo y Rusia. La respuesta rusa ha sido acelerar sus esfuerzos militares contra Ucrania mientras pone sobre aviso a la OTAN de que cualquier esfuerzo por amenazar territorio ruso, y en particular el enclave ruso de Kaliningrado, vería a Rusia responder con el complemento completo de capacidades militares, incluidas armas nucleares. La situación actual en Europa hoy replica en muchos sentidos las condiciones que existían en el continente en el verano de 1914, donde la movilización militar y los preparativos de guerra crearon un impulso que produjo una guerra que ningún político buscaba seriamente prosecutar. Las consecuencias de la guerra en 1914 fueron un desastre para Europa; las consecuencias de una guerra hoy serían fatales para la civilización tal como la conocemos.
Al examinar el mapa geopolítico de Europa/Eurasia hoy, uno puede evaluar cuatro puntos de fricción militar entre Rusia, Estados Unidos y Europa. Estos son Ucrania, el Ártico, Kaliningrado y el Espacio Exterior. Si bien cada uno representa un conjunto de problemas físicamente distinto en lo político y lo militar, los cuatro están inextricablemente vinculados a través de una mentalidad rusófoba común en Europa y Estados Unidos que trata a Rusia como un problema de seguridad singular. Además, tanto Europa como Estados Unidos operan desde una mentalidad estratégica impulsada por el pensamiento de suma cero, que postula a Rusia como estando estructuralmente motivada para causar daño tanto a Europa como a Estados Unidos, sofocando así la posibilidad de cooperación con Rusia que podría resolver muchos, si no todos, los problemas subyacentes que el Occidente concibe colectivamente como una amenaza. Por su parte, Rusia opera desde una mentalidad derivada de la psicología de victimismo perpetuo que se remonta siglos atrás, y una base histórica de resistencia a la agresión que busca una resolución diplomática hasta el punto en que la confrontación militar se convierte en la única solución.
**Ucrania: La (percibida) grieta en la armadura soviética/rusa**
El conflicto actual en Ucrania entre Rusia y Occidente no comenzó en 2022 con la invasión rusa, sino que representa la conclusión lógica de una postura por parte de Estados Unidos y la OTAN que buscaba explotar el ultranacionalismo de Ucrania Occidental para crear un marco de inestabilidad diseñado para debilitar a la Unión Soviética, y más tarde a Rusia, desde dentro. Para entender esta mentalidad, uno primero debe adentrarse en la psicología que sustenta el concepto de nacionalismo ucraniano. Para Rusia, Ucrania representa parte de una familia más amplia de pueblos eslavos que incluye a los rusos y bielorrusos; de hecho, esta noción es compartida por millones de ucranianos también. Basta con mirar la integración de Ucrania dentro de las raíces culturales e históricas de Rusia a lo largo del tiempo para comprender la realidad de este sentimiento.
Para Occidente, esta realidad presenta un problema, ya que se presta a la existencia de un Estado eslavo singular que posee tremendas ventajas geográficas y recursos naturales inigualables, lo que a su vez crea un enorme potencial económico que compite con las nociones occidentales de supremacía global. La Alemania nazi buscó anular este potencial eslavo mediante la implementación del Generalplan Ost, el genocidio literal cultural y físico de la raza eslava. Estados Unidos y el Reino Unido (y más tarde, la OTAN, incluida una Alemania Occidental recién militarizada), continuaron esta política de anulación eslava promoviendo la resistencia antisoviética por parte de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN), incluido el apoyo militar a partisanos que operaban en Ucrania leales a Stepan Bandera, un antiguo aliado de la Alemania nazi cuyas fuerzas perpetraron atrocidades a gran escala contra judíos, polacos y rusos durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la guerra, la organización de inteligencia alemana responsable de gestionar las operaciones de la OUN fue tomada por el ejército estadounidense y más tarde, bajo los auspicios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), utilizada para dirigir la resistencia armada antisoviética hasta 1954-55. La CIA continuó brindando apoyo activo a la OUN, utilizando la diáspora ucraniana, hasta la década de 1990.
El papel de la inteligencia occidental, liderada por la CIA y el Servicio de Inteligencia Especial británico (SIS), en la Ucrania postsoviética se centró singularmente en promover el nacionalismo ucraniano a expensas de Rusia. La campaña política librada contra la población de habla rusa de Ucrania por la inteligencia occidental emergió al frente cuando el presidente de Ucrania por dos mandatos, Leonid Kuchma, dejó el cargo en 2005 después de llevar a cabo políticas diseñadas para mejorar las relaciones ucraniano-rusas. Kuchma dio su apoyo al rusohablante Viktor Yanukóvich. Para Occidente, una presidencia de Yanukóvich socavaría su objetivo estratégico de arrancar Ucrania de Rusia. El resultado fue la llamada "Revolución Naranja", que vio la victoria electoral de Yanukóvich anulada en favor de nacionalistas ucranianos que promovían una política marcadamente antirrusa que vio a Ucrania pivotar hacia la Unión Europea y buscar la membresía en la OTAN. Este último desarrollo fue visto por Rusia como una línea roja que, de perseguirse, conduciría inevitablemente a un conflicto militar entre Rusia y Ucrania. La elección de Yanukóvich en 2010 fue considerada un revés para los designios occidentales sobre Ucrania, lo que llevó a Occidente a apoyar un golpe violento en febrero de 2014 que vio a Yanukóvich expulsado del poder, reemplazado por nacionalistas ucranianos prooccidentales.
Debería quedar claro que una confrontación física entre Ucrania y Rusia siempre ha sido el objetivo del Occidente colectivo. Los esfuerzos por tomar el control del espacio político ruso habían fracasado para 2014. El llamado "reinicio" de 2009 no fue más que una tapadera política para una operación de cambio de régimen diseñada para reemplazar a Vladimir Putin, quien había gobernado Rusia desde que tomó el relevo de Boris Yeltsin a finales de 1999, y en la década intermedia había llevado a Rusia por el camino de la recuperación económica y nacional que Occidente, operando en modo de suma cero total, simplemente no podía tolerar. Los esfuerzos concertados del presidente Obama por interferir en las elecciones parlamentarias rusas de 2011 y las elecciones presidenciales de 2012 fracasaron en sacar a Putin del poder. Las acciones en Ucrania en 2014 y después deben verse bajo esta luz; nada sucede en el vacío.
El conflicto de Ucrania nunca fue evitable, a pesar de los esfuerzos concertados de Rusia por entablar una diplomacia diseñada precisamente para lograrlo. La derrota del ejército ucraniano en 2014-15 a manos de separatistas respaldados por Rusia en el Donbás llevó a la adopción de los acuerdos de paz de Minsk. Ahora es un hecho establecido que ni Ucrania, ni sus dos socios europeos (Francia y Alemania), ni Estados Unidos tenían intención alguna de cumplir con el proceso de Minsk. En cambio, el proceso de Minsk fue diseñado para ganar tiempo para que la OTAN construyera un nuevo ejército ucraniano capaz de mantenerse frente a Rusia. De hecho, de 2015 a 2022, Estados Unidos y la OTAN hicieron precisamente eso, entrenando a más de 80.000 fuerzas ucranianas, incluidos miles de nacionalistas ucranianos etiquetados como neonazis por el Congreso de Estados Unidos, a los estándares militares de la OTAN. El propósito declarado de este entrenamiento era permitir a Ucrania tomar posesión física del Donbás y Crimea, que fue anexada por Rusia en 2014 tras el golpe respaldado por la CIA en Kiev. Cuando Ucrania comenzó a acumular estas tropas entrenadas por la OTAN en la región del Donbás a principios de 2022, Rusia lanzó una acción preventiva que, más de cinco años después, se ha convertido en una guerra por poder abiertamente reconocida con el Occidente colectivo, incluidos Estados Unidos y la OTAN.
El objetivo declarado tanto de Estados Unidos como de Europa al perseguir este conflicto por poder con Rusia no es nada menos que la derrota estratégica de Rusia. ¿Qué significa esto en la práctica? En primer lugar, la guerra por poder nunca tuvo la intención de resultar en una victoria militar ucraniana contra Rusia. Más bien, el objetivo era atraer a Rusia a un conflicto que agotaría su potencial militar, quebraría su economía y colapsaría su sociedad hasta el punto de que el gobierno de Vladimir Putin fuera removido del poder. Toda esta política se postula sobre el entendimiento de que Vladimir Putin debe ser removido del poder. Como tal, cualquier solución que no alcance ese objetivo es rechazada de plano, un patrón de comportamiento que refleja la mentalidad de suma cero que impulsa la formulación de políticas occidentales. Como resultado, cada posible vía de salida que Rusia ha estado dispuesta a considerar, desde el comunicado de Estambul de 2022 hasta el compromiso de Anchorage de 2025, ha sido rechazada por Occidente, exponiendo la realidad de que para Occidente la diplomacia es solo una herramienta para ganar tiempo para fortalecer aún más a Ucrania militarmente con el fin de prolongar el conflicto ucraniano-ruso hasta su conclusión deseada: el colapso de Rusia. En resumen, Minsk en repetición.
Rusia ha demostrado ser sorprendentemente resiliente frente a este esfuerzo occidental concertado diseñado para colapsarla como Estado nación viable. La economía rusa no solo ha sobrevivido frente a las sanciones occidentales, sino que, en concierto con una diplomacia rusa efectiva que ha explotado los errores diplomáticos occidentales para construir una constituency global grande y solidaria, ha prosperado al encontrar mercados extranjeros en el Sur Global que han reemplazado en gran medida los mercados europeos y estadounidenses perdidos. La sociedad rusa, sorprendida por una guerra para la que no estaba preparada, se ha unido sólidamente detrás del presidente Putin, como subrayaron los resultados de las recientes elecciones parlamentarias. Y lejos de agotar a Rusia militarmente, el conflicto de Ucrania ha permitido a Rusia perfeccionar su base industrial de defensa, produciendo cantidades significativas de equipos y armamento militar avanzado que en su mayor parte supera con creces lo que produce el Occidente colectivo tanto en calidad como en cantidad. Cuando este material se combina con un pool de mano de obra endurecido por el combate, el resultado es que Rusia hoy posee la fuerza militar más capaz de combate del mundo, superando con creces cualquier cosa que la OTAN o Estados Unidos puedan desplegar en el campo.
En resumen, la apuesta occidental dirigida a Rusia ha fracasado: el ejército ruso es hoy más fuerte por un orden de magnitud, su economía mucho más diversa y autosostenible, y su población mucho más unificada de lo que era en 2022. Además, Rusia no muestra signos de flaquear en ningún frente: económico, diplomático, social o político.
Lo mismo no puede decirse ni de Europa ni de Estados Unidos. A pesar de la retórica belicista que sale de Alemania y Polonia y respaldada por declaraciones de oficiales militares estadounidenses, tanto en servicio activo como retirados, la realidad es que la guerra por poder entre el Occidente colectivo y Rusia siempre estuvo destinada a ser solo eso: una guerra por poder. Nunca ha habido un plan realista para que el conflicto se convirtiera en un choque directo entre Rusia y la OTAN, aunque solo fuera porque la OTAN simplemente carece de la capacidad para generar fuerzas suficientes capaces de un conflicto de alta intensidad durante cualquier período sostenible. El poder militar de la OTAN se ha atrofiado en gran medida en las décadas transcurridas desde el final de la Guerra Fría, requiriendo una infusión de inversión a lo largo del tiempo para recuperarse que Europa actualmente no parece capaz de proporcionar. Estados Unidos se encuentra él mismo en una postura de retroceso global, buscando retirarse de Europa en lugar de reanudar una postura similar a la de la Guerra Fría que no es ni política ni económicamente viable.
Con Rusia aparentemente cerrando la puerta a la posibilidad de un acuerdo negociado con Occidente sobre Ucrania, Europa y Estados Unidos se enfrentan a la incómoda realidad de que sus objetivos estratégicos en Ucrania no se alcanzarán. Rusia continuará presionando por una solución militar que cumpla todos sus objetivos declarados, incluido el tipo de desnazificación concertada que haría extinguir el mismo nacionalismo ucraniano virulento que siempre ha impulsado los esfuerzos occidentales en Ucrania contra Rusia.
En resumen, no habrá guerra entre Europa y Rusia por Ucrania. Europa apoyará a Ucrania hasta que Ucrania haya agotado sus recursos —humanos y económicos— y luego observará impotente cómo Rusia consolida su posición en lo que queda de la nación ucraniana. "Hasta el último ucraniano" parece ser un concepto que tanto Ucrania como sus partidarios occidentales se han tomado a pecho.
**El Ártico: El detonante económico de un conflicto potencial**
En un mundo racional, el Occidente colectivo se reagruparía tras su inminente derrota en Ucrania y buscaría reparar sus considerables pérdidas. Pero en un mundo de suma cero, esto no es posible. Una victoria rusa en Ucrania requiere, en la mente de aquellos rusófobos en Occidente que aún sueñan con el colapso de la Rusia de Vladimir Putin, una "victoria" que nivele el campo de juego geopolítico. Dada la realidad de que una de las consecuencias de la fallida apuesta ucraniana de Occidente es la diezma económica de Europa, los temas de importancia económica, no sorprendentemente, adquieren mayor importancia al configurar una postura geopolítica posterior a Ucrania en oposición a Rusia.
Uno de los principales problemas que enfrenta Europa hoy es discernir una política económica y exterior coherente con respecto a China. La diplomacia europea a este respecto ha sido desastrosa, resultando en el colapso de sectores críticos de la economía europea (la fabricación de automóviles, por ejemplo) como resultado de nociones mal concebidas de "desrisqueo" (un término de origen estadounidense diseñado para camuflar la intención real de tal política, que es la "desvinculación"). Pero uno no puede posiblemente hablar de "desrisqueo/desvinculación" cuando no hay mercados alternativos viables para reemplazar aquello que las políticas de uno buscan abandonar.
El objetivo estratégico de Europa de aislar a Rusia de China ha salido mal: hoy es Europa la que está cada vez más aislada, y las relaciones ruso-chinas, incluidas las económicas, son fuertes y se están fortaleciendo. Una de las áreas críticas de la cooperación ruso-china es el desarrollo del Paso del Nordeste o, como se le conoce a menudo en China, la "Ruta de la Seda del Hielo", un tramo de vía navegable de 5.500 kilómetros que va desde el Estrecho de Bering en el este hasta el Mar de Barents en el oeste. El uso de esta vía navegable se ha vuelto cada vez más posible —y rentable—, permitiendo a los buques portacontenedores hacer el viaje desde China Oriental a puertos europeos como Rotterdam alrededor de 20 días más rápido que la ruta actual del Canal de Suez utilizada por la mayoría de las compañías navieras.
El Paso del Nordeste opera exclusivamente en aguas territoriales rusas. También transita la zona ártica, lo que significa que durante gran parte del año su funcionalidad depende de los rompehielos rusos. El paso también opera bajo el paraguas de las normas de seguridad y legales rusas. El potencial económico del Ártico solía ser competencia exclusiva del Consejo Ártico, cuyos miembros solían reunirse regularmente para coordinar políticas que impactaban la economía, la seguridad y la ecología de la región ártica. Sin embargo, en 2022, tras la invasión de Ucrania, Rusia fue expulsada del Consejo Ártico. Y, tras la admisión de Finlandia y Suecia en la OTAN, el Consejo Ártico ha asumido una postura exclusiva de la OTAN, con sus políticas reflejando los objetivos y metas estratégicos de su membresía colectiva, es decir, ser la derrota estratégica de Rusia.
El cambio climático ha alterado las realidades geopolíticas de la región ártica, con el derretimiento de los casquetes polares no solo abriendo líneas de comunicación marítimas previamente negadas y/o restringidas debido al clima, sino también haciendo físicamente posible y fiscalmente viable la explotación económica de importantes recursos minerales expuestos por el hielo en retirada. Normalmente, el Consejo Ártico buscaría regular el acceso al Ártico para equilibrar las preocupaciones económicas y ecológicas dentro de un marco de seguridad donde se tengan en cuenta los intereses de todas las partes.
Pero en el mundo de suma cero, la penetración económica ruso-china del espacio ártico se considera una amenaza para el Occidente colectivo que requiere una respuesta militar. Esta realidad quedó subrayada durante la recientemente convocada Cumbre Ártica Europea, organizada por Finlandia a mediados de septiembre. El liderazgo de la Unión Europea, citando afirmaciones no fundamentadas de "amenazas significativas y a largo plazo" de Rusia a la seguridad euroatlántica, se comprometió a fortalecer su postura de seguridad en el Ártico, es decir, la militarización del Ártico, centrándose en la movilidad militar, la conectividad transfronteriza y la infraestructura necesaria en las regiones más septentrionales del Ártico.
El hecho es, sin embargo, que la OTAN no es competitiva con Rusia cuando se trata de cuestiones de seguridad en el Ártico. Lo que la Cumbre Ártica Europea mencionó de boquilla sobre la militarización del Ártico, Rusia ya lo ha implementado completamente y continúa mejorándolo. Mientras que las naciones de la OTAN son capaces de participar en actos de provocación, como la reciente incautación de un buque de investigación ruso frente a la isla noruega septentrional de Svalbard, la rapidez con que el gobierno noruego se movió para asegurar que no se emprendieran acciones similares en aguas territoriales noruegas subraya el hecho de que Noruega no está interesada en provocar ningún tipo de confrontación directa con Rusia en el Ártico. La verdadera amenaza para Occidente en el Ártico no son las capaces fuerzas militares de Rusia, sino el hecho de que Rusia, junto con China, están imponiendo una nueva realidad económica basada en el tránsito que proporcionará una influencia extraordinaria en el futuro al hacer que las navieras y rutas tradicionales no sean competitivas con la nueva "Ruta de la Seda del Hielo" que Rusia y China ya han implementado. La capacidad de enviar contenedores de manera sostenible a Europa a la mitad del costo de las rutas navieras actuales es un cambio radical en todos los sentidos y crea una nueva realidad que Occidente no podrá alcanzar durante algún tiempo, si es que alguna vez lo hace.
**Kaliningrado: ¿fruta al alcance de la mano, o fortaleza inexpugnable?**
La psicosis de la trampa de suma cero que Occidente se ha tendido a sí mismo con respecto a Rusia requiere que la OTAN fabrique una victoria —percibida o no— capaz de compensar sus fracasos en Ucrania y su impotencia en el Ártico. En este sentido, el enclave ruso de Kaliningrado ha emergido como un percibido talón de Aquiles ruso. El antiguo comandante de las fuerzas terrestres de la OTAN en Europa, el general estadounidense Chris Donahue, se jactó abiertamente el pasado julio de que las fuerzas de la OTAN serían capaces de abrumar las defensas rusas en Kaliningrado en poco tiempo. Alemania y Polonia han abogado por intensificar los ejercicios militares de la OTAN cerca de las fronteras de Kaliningrado, cuyo objetivo sería generar suficiente preocupación dentro del liderazgo ruso como para hacerles retirar tropas de la zona de la Operación Militar Especial hacia Kaliningrado en respuesta. Varios analistas militares y de seguridad occidentales han articulado evaluaciones que indican que la postura militar real de Rusia en Kaliningrado es mucho más débil de lo reconocido públicamente. Y numerosos políticos occidentales han hecho declaraciones indicando que Rusia se está preparando para llevar a cabo actos de agresión contra la OTAN utilizando el enclave de Kaliningrado como base de operaciones.
Pero la realidad es que, si bien Rusia es más que capaz de defender Kaliningrado de cualquier agresión de la OTAN, el ejército ruso no está actualmente posicionado en el enclave de Kaliningrado para llevar a cabo operaciones ofensivas sostenibles de ninguna escala contra ninguno de sus vecinos de la OTAN; cualquier afirmación en contrario es simplemente propaganda retórica. Tanto el 11.º Cuerpo de Ejército ruso como la Infantería de Marina del Báltico —las fuerzas de combate terrestre principales estacionadas en Kaliningrado— tienen amplia experiencia de combate en Ucrania y han desarrollado un conjunto de habilidades con drones de combate que muy probablemente perturbarían y derrotarían cualquier operación ofensiva de la OTAN dirigida al enclave de Kaliningrado. El ejército ruso también ha creado un Regimiento de Fusileros de reserva activa, BARS-39, que se nutre de soldados veteranos que poseen experiencia de combate en servicio activo, especialmente en guerra con drones.
Pero la verdadera amenaza para Kaliningrado no proviene de ninguna posible ofensiva terrestre lanzada por la OTAN. Más bien, emergería en forma de un bloqueo naval del enclave. Desde 2022, las líneas ferroviarias que conectan Kaliningrado con Rusia han estado sujetas a severas restricciones por parte de Lituania en lo que respecta al tránsito de mercancías hacia y desde Rusia; la cuestión del cumplimiento de las sanciones de la Unión Europea a Rusia yace en el corazón de este asunto. A los vehículos de matrícula rusa tampoco se les permite transitar por Lituania y Polonia. Rusia ha compensado esta pérdida de conectividad aumentando el alcance y la escala del servicio de transbordadores marítimos entre Rusia y San Petersburgo. Si bien Rusia ha podido sostener el crecimiento económico a través de este esfuerzo de reabastecimiento, el hecho es que esta línea de vida de transbordadores es muy costosa, y muchos bienes, como la gasolina, están subsidiados por el gobierno ruso para mantener los precios bajo control. Si la OTAN impusiera restricciones navales al transporte marítimo hacia y desde Kaliningrado, como algunos de sus miembros han sugerido, la viabilidad económica del enclave se vería amenazada. Es debido a esta vulnerabilidad que el gobierno ruso puso sobre aviso a la OTAN de que cualquier esfuerzo por someter a Kaliningrado a un bloqueo naval, o cualquier otro acto de agresión militar, sería respondido con la totalidad de la capacidad militar de Rusia, incluidas las armas nucleares.
Esta exhibición de músculo nuclear parece haber amortiguado el entusiasmo de algunos de los más vociferantes partidarios de la OTAN de recoger lo que pensaban que sería fruta al alcance de la mano; ahora que está claro que cualquier conflicto que involucre ataques de la OTAN a Kaliningrado no sería tratado de forma aislada, sino que constituiría un conflicto de proporciones existenciales, los tambores de guerra se han silenciado.
**El espacio: La última frontera**
El último tema en la lista de posibles puntos de fricción generadores de conflicto entre Rusia y el colectivo euroestadounidense es el espacio exterior. Los sensores basados en el espacio han desempeñado un papel crítico en la recopilación de inteligencia utilizada para apoyar operaciones militares en Ucrania y, en el caso de Ucrania, para atacar objetivos estratégicos en la profundidad de Rusia. Asimismo, el sistema comercial de comunicaciones por satélite Starlink de Estados Unidos ha asumido un papel esencial en las comunicaciones militares ucranianas, incluido desempeñar un papel crítico al permitir ataques ucranianos de drones de largo alcance contra la infraestructura energética rusa.
Estados Unidos ha anunciado recientemente que ha desplegado "armas de control espacial en órbita" en la órbita terrestre. Si bien no se han detallado las características técnicas de estas armas, la evidencia sugiere que estas armas son de naturaleza no cinética, utilizando tecnología reversible como la guerra electrónica para "cegar" temporalmente un satélite objetivo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aludido al uso de un arma basada en el espacio operando en apoyo de ataques militares estadounidenses contra objetivos relacionados con el nuclear iraní en junio de 2025.
Rusia está en proceso de desplegar su propia constelación de satélites análoga a Starlink, conocida como Rassvet. Cuando esté plenamente funcional, Rassvet proporcionará a Rusia una capacidad de comunicaciones por satélite a la par de Starlink. Ucrania, reconociendo que Rassvet permitirá a Rusia guiar más efectivamente sus drones hacia sus objetivos, ha solicitado a Estados Unidos que deshabilite la red de satélites rusa. Rusia ha indicado que derribaría todo el sistema Starlink en represalia, utilizando medios cinéticos que podrían amenazar otros satélites que operan en la órbita terrestre.
La militarización del espacio representa un punto peligroso de escalada, especialmente dada la capacidad estadounidense de cegar temporalmente satélites. En el mundo de suma cero en el que residen Estados Unidos y Europa, la necesidad de ser vistos compensando una victoria rusa en Ucrania, y el bloqueo ruso de los esfuerzos de escalada de la OTAN en el Ártico y contra Kaliningrado, puede resultar una tentación demasiado grande en las mentes de los líderes occidentales incapaces de estructurar un modelo de comportamiento en relación con Rusia que no esté premizado en objetivos y metas rusófobos que requieren la derrota estratégica de Rusia.
**Conclusión**
Estados Unidos y Europa han, a lo largo de las últimas décadas, construido una trampa política centrada en utilizar Ucrania como vehículo para lograr el colapso de Rusia y del gobierno de Vladimir Putin. La "trampa" es la mentalidad de suma cero que gobierna la implementación de esta política, vinculando la viabilidad política y económica de quienes persiguen tal política a su implementación exitosa. El inminente fracaso en Ucrania ha creado la necesidad de encontrar nuevos vectores capaces de impulsar el objetivo político de lograr una victoria estratégica sobre Rusia, incluidas opciones para expandir la zona de conflicto entre el colectivo euroestadounidense y Rusia hacia el Ártico, el Báltico y el Espacio Exterior. Rusia ha contrarrestado efectivamente cada uno de estos esfuerzos que, vistos de forma aislada, parecen conjuntos de problemas manejables con potencial de escalada limitado. Sin embargo, vistos en conjunto, existe el potencial de un malentendido y/o error de cálculo impulsado por imperativos políticos internos existentes en las naciones que componen el colectivo euroestadounidense. Aquí, naciones que poseen una influencia considerable sobre las decisiones que toma el colectivo, como Estados Unidos, Francia y Alemania, están experimentando transformaciones políticas que podrían alterar la postura política existente, incluidas las políticas relacionadas con la derrota estratégica de Rusia como resultado deseable. El enemigo en todo esto no es Rusia, sino el pensamiento de suma cero del Occidente colectivo que los deja casados con un modelo de política que es incapaz de implementarse con éxito, y que, si se persigue agresivamente, conducirá a su demise colectivo.
(Nota: Pude visitar la zona de la Operación Militar Especial, la región ártica, los campos petrolíferos y Kaliningrado, además de participar en foros y reuniones de alto nivel en Moscú y San Petersburgo. Las opiniones expresadas aquí son mi evaluación personal basada en estas reuniones, y no pretenden ser una expresión formal de la política oficial rusa.)"
(Scott Ritter , ex-oficial de marines, especialista en control de armas, blog, 05/10/26, traducción deepseek, enlaces en el original)
"Al mundo no solo le falta petróleo; le falta también capacidad para transformar el crudo en los productos refinados que demanda el mercado internacional, como el diésel. La carestía de petróleo sólo explica una parte del aumento de los carburantes, el resto se debe a la escasez mundial de productos refinados.
El 22 de septiembre el precio medio del diésel en Estados Unidos alcanzó un máximo histórico de 1,7 dólares el litro. Los contratos de futuros europeos del diésel marcaron un récord a mediados de septiembre —tras haberse duplicado con creces desde enero—, mientras que los precios en Asia se mantienen cerca de sus propios máximos.
El indicador más revelador del precio de los combustibles es la diferencia entre el coste del crudo y el coste del refinado que, el 1 de septiembre superó el récord de 106 dólares por barril.
No se trata sólo de los cuellos de botella en los Estrechos de Ormuz, Bab El Mandeb, Bósforo o Malaca. Las refinerías también lo son. En el Golfo Pérsico, los ataques iraníes han dañado nueve refinerías de toda la región, reduciendo los volúmenes de materias primas a partir de las cuales otros países destilan los productos refinados.
En Rusia los ataques de drones ucranianos se dirigieron contra las refinerías. La estrategia de Kiev es bastante evidente. El petróleo crudo puede seguir extrayéndose y vendiéndose, pero es en las refinerías donde se produce el combustible destinado al mercado internacional y los ingresos por exportación.
El diésel ha sido para Rusia durante mucho tiempo uno de los pilares de su diplomacia comercial. Rusia abastece cerca de una décima parte del suministro mundial de diésel y tradicionalmente lo vendía por debajo del precio medio mundial, lo que le convertía en un proveedor natural para los importadores sensibles a los precios. Este verano, el Kremlin decidió dar prioridad al mercado interno.
En julio Rusia prohibió la exportación de diésel como parte de las medidas destinadas a estabilizar el mercado interno de combustibles. En septiembre, tres de las seis mayores refinerías rusas productoras de diésel detuvieron por completo su actividad o reducido drásticamente su producción debido a los daños causados por los drones ucranianos.
Sin embargo, sería erróneo interpretarlo como una retirada definitiva de Rusia de los mercados de exportación. Rusia no abandona el mercado, sino que hace una pausa. La cuestión es qué harán mientras tanto sus clientes.
Turquía ha dependido siempre de los suministros rusos. El año pasado Rusia cubría el 85 por cien de las importaciones turcas de diésel: unos 281.000 barriles diarios. También era un pilar clave del comercio de exportación ruso y, en junio, había adquirido —junto con Brasil— al menos la mitad de los cargamentos rusos disponibles en el mercado.
Cuando la oferta comenzó a contraerse, Ankara no perdió tiempo y se dedicó a buscar alternativas a los suministros rusos. Los importadores turcos diversificaron sus fuentes de abastecimiento con gran rapidez.
Estados Unidos se ha situado en el centro del nuevo mapa del mercado del diésel desempeñando un doble papel: el de proveedor en última instancia y el de víctima de la escasez. Brasil va a comprar cada vez más diésel procedente de la costa estadounidense del Golfo de México, tal como ocurrió durante la prohibición rusa de 2023. Esto otorga a Washington una nueva forma de influencia sobre los países importadores.
Sin embargo, esta influencia en el exterior conlleva un coste interno. A finales de septiembre, las reservas de destilados en Estados Unidos habían caído a 100 millones de barriles, situándose aproximadamente un 14 por cien por debajo de la media de los cinco años anteriores. El aumento de los precios afecta a agricultores y transportistas, convirtiéndose en un problema político en vísperas de las elecciones de mitad de mandato.
Aquí reside la paradoja: cuanto más diésel exporta Estados Unidos para apoyar a sus socios y reforzar su cuota en el mercado mundial, más pagan las regiones estadounidenses en las gasolineras.
Esto empieza a determinar la línea política de Washington. Trump ha confirmado que va a prohibir las exportaciones de diésel y ha exigido a sus aliados europeos que liberen parte de sus reservas estratégicas de combustible, advirtiéndoles de posibles restricciones a la exportación por parte de Estados Unidos.
Europa, que prescindió de los productos petrolíferos rusos tras 2022, cuenta con pocas alternativas. Tras la entrada en vigor de la prohibición rusa, el margen europeo del diésel superó por primera vez los 60 dólares por barril en julio; a principios de septiembre, el diferencial de refinado del diésel en el nudo de Ámsterdam-Roterdam-Amberes alcanzó un nuevo récord: cerca de 98 dólares por barril.
Por su parte, India se ha convertido en uno de los grandes ganadores de la nueva era del refinado. Sus grandes refinerías orientadas a la exportación abastecen ahora a Turquía y a Europa, e incluso Rusia comenzó a importar gasolina india este verano. Esta capacidad otorga al país un peso diplomático que las reservas de crudo por sí mismas nunca habrían podido proporcionarle.
China, por el contrario, ha optado por proteger su mercado interno. El 1 de octubre las refinerías chinas suspendieron sus exportaciones de combustible para preservar las reservas locales. La decisión de Pekín restringe aún más la oferta en un mercado mundial que es ya deficitario.
Para los países importadores más pobres, la situación es mucho más grave. El fuerte aumento del precio del diésel repercute rápidamente en el coste de los alimentos, ya que los tractores, las bombas de riego y los camiones de reparto funcionan con diésel. Cuando el diésel se convierte en un recurso estratégico, gran parte del Tercer Mundo se encuentra en la posición de un comprador obligado a aceptar el precio en una guerra comercial que no puede ganar.
La capacidad de refinado constituye ya por sí misma un activo estratégico, tan importante como el petróleo del subsuelo, pero mucho más vulnerable a los ataques. Los países que disponen de capacidades de refinado flexibles y orientadas a la exportación —principalmente India y Estados Unidos— gozan de una ventaja que actualmente los productores cuyas infraestructuras están destruidas no pueden aprovechar.
Las prohibiciones de exportación se están convirtiendo en un instrumento de gestión de la crisis. Rusia ya las ha utilizado para proteger su mercado interno, y otros países podrían seguir su ejemplo. Esto cuestiona uno de los postulados fundamentales del comercio mundial de energía: que un comprador dispuesto a pagar siempre encontrará un vendedor.
La escasez no desaparecerá aunque se acaben las guerras. Las reservas estadounidenses de refinados se mantendrán por debajo del mínimo de los últimos cinco años hasta finales de este año y durante la mayor parte del siguiente. Incluso en el escenario más favorable, el retorno a los niveles de precios anteriores podría llevar años. La rehabilitación de las instalaciones dañadas requiere tiempo.
Durante la mayor parte de la última década, el debate sobre la energía y el poder mundial se centró en la transición energética, el litio, los paneles solares y los vehículos eléctricos. Este año ha recordado una verdad más antigua: los ejércitos, la agricultura y las cadenas de suministro siguen dependiendo del diésel, y quien controla el refinado controla algo mucho más inmediato que el futuro: controla el presente."
(mpr21, 07/10/26)
"A un mes de unas elecciones de mitad de mandato que se perfilan como históricas, ningún observador serio puede imaginar todavía que, si los republicanos pierden la Cámara —o incluso el Senado—, aceptarán dócilmente los resultados y dejarán que la democracia siga su curso.
Dejemos las cosas claras desde el principio. El Trump de 2026 ya no tiene nada que ver con el de 2017. Aquel era un hombre aislado, imprevisible, sin una ideología coherente y rodeado de oportunistas. El de 2026 es un presidente radicalizado, respaldado por una extrema derecha criptofascista —integrada por ideólogos de alto nivel que llegaron al poder con él en enero de 2025— que no tiene ninguna intención de abandonarlo.
Su programa es perfectamente claro: en el ámbito interno, culminar la contrarrevolución cultural en curso y hacer que el país derive hacia un régimen autoritario; en el internacional, terminar de desmantelar el sistema multilateral posterior a 1945. Este proyecto no puede permitirse ser obstaculizado por una mayoría demócrata.
Golpe de Estado
Y no olvidemos lo esencial: hablamos del único presidente estadounidense que ha intentado dar un golpe de Estado. El 6 de enero de 2021, con el asalto al Capitolio, es un hecho real. Aquel intento fracasó porque el Partido Republicano aún no le seguía como un solo hombre y porque su vicepresidente se llamaba Mike Pence. Ambos obstáculos han desaparecido desde entonces.
Trump, por su parte, ha convertido estas elecciones de mitad de mandato en un asunto personal. En Dallas, durante la convención republicana de los días 9 y 10 de septiembre —la primera de este tipo en la historia de Estados Unidos—, lanzó este mensaje a sus seguidores: «Imaginen que aparezco en la papeleta electoral». Ha prometido 5.000 dólares (unos 4.400 euros) a cada estadounidense adulto si los republicanos conservan el Congreso. Ha convertido estos comicios en un plebiscito sobre su propia persona. Un hombre como él no puede perder un plebiscito.
Se perfilan tres escenarios.
El primero: Donald Trump declara el estado de emergencia en el transcurso de octubre para aplazar las elecciones. ¿Ilegal? Evidentemente. El presidente no tiene potestad para modificar unilateralmente la fecha de una elección federal, y mucho menos para suspender su celebración. La organización concreta de la votación compete a los estados, lo que hace que la postura de los gobernadores sea decisiva. Ahora bien, más de 25 gobernadores republicanos ya han declarado que seguirían las directrices del presidente, incluso aquellas que fueran inconstitucionales. Este solo hecho lo dice todo sobre el estado de la democracia estadounidense en este mes de octubre de 2026.
El segundo: tras una derrota, Trump finge aceptar el resultado y espera a enero, fecha en la que toma posesión el nuevo Congreso. Sin embargo, gobierna únicamente mediante decretos, considera ilegítimo al nuevo Congreso y se niega a cualquier cooperación. Se suceden procedimientos de *impeachment* en cascada y un pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo de una violencia institucional sin precedentes en la historia de Estados Unidos. ¿Hasta dónde llegará el Ejecutivo para silenciar a los parlamentarios? La pregunta no es retórica. Y hay que tener presente un detalle importante: desde su regreso al poder, Trump y su secretario de Guerra, Pete Hegseth, han descabezado metódicamente gran parte de la antigua cúpula del Pentágono para sustituirla por incondicionales.
El tercer escenario, y a mi juicio el más probable, es este: Donald Trump impugna frontalmente los resultados, los declara ilegales y alega fraudes e injerencias extranjeras. El Congreso, aún de mayoría republicana, lo respalda. La Corte Suprema, dominada por una mayoría conservadora de seis jueces frente a tres —tres de los cuales fueron nombrados por el propio Trump—, actúa como árbitro. ¿Y si se opone a él? ¿Estará dispuesto el 47.º presidente estadounidense a ir aún más lejos que el 6 de enero?
Una preparación metódica del terreno
Todavía veo sonrisas en los platós de televisión cuando menciono estos escenarios. Son los mismos que en 2015 juraban que Trump nunca sería elegido. Los mismos que, tras el 6 de enero de 2021, aseguraban que acabaría sus días en prisión. Y los mismos que, en 2024, gritaban que jamás podría volver al poder.
No olvidemos, por otra parte, que la impugnación ya ha comenzado. El pasado 3 de julio, víspera del 250.º aniversario de la independencia estadounidense, Donald Trump agitó desde el monte Rushmore el fantasma de un peligro comunista que amenazaba con anegar Estados Unidos desde dentro. Dos semanas más tarde, en un discurso solemne a la nación, arremetió contra China, acusándola de haber comprometido los datos electorales estadounidenses y de interferir en los comicios desde hacía años. Ya entonces hablaba de unas elecciones susceptibles de ser amañadas o robadas. Resulta difícil no ver en esta sucesión de declaraciones una preparación metódica del terreno para impugnar los resultados este otoño.
( Romuald Sciora, Libération, 04/10/26, traducción google)
"Este lunes Pedro Sánchez comunicó al rey la disolución de las Cortes y convocó elecciones generales para el 29 de noviembre, la fecha más próxima que habilita la ley electoral española.
El detonante fue la derrota legislativa del viernes anterior, cuando el Congreso rechazó los dos decretos de vivienda con los votos del PP, Vox, UPN y Junts. Si uno sólo se limita a esa secuencia va a ver un gobierno acorralado que tira la toalla, pero Sánchez perdió decenas de votaciones desde 2023 y nunca convocó. Esta vez lo hizo porque, por primera vez en mucho tiempo, la calle le ofrece algo parecido a una ola, y porque seguir hasta 2027 en un Congreso donde cada ley se negocia voto a voto con un socio que ya no lo es equivalía a desangrarse en cámara lenta.
La ola tiene nombre; Maricarmen, que tiene 87 años y fue desahuciada de su casa en el Retiro a fines de septiembre. Su caso cristalizó un ciclo de protesta por la vivienda que el movimiento inquilino viene empujando desde 2023 y que llegó a su punto más alto en estos días, con la acampada en Puerta del Sol, marchas en las principales ciudades, cerca de medio millón de personas en Madrid el sábado 3 y un reclamo de huelga general por la vivienda que hace un año habría sonado a consigna de ultraminoría. El Gobierno aprobó a las apuradas dos decretos. Uno prohibía los desahucios de personas vulnerables hasta 2030, el otro prorrogaba por dos años los alquileres que vencieran antes de 2028. Junts, la derecha catalana que sostuvo la investidura a cambio de la amnistía, los tumbó en nombre de los “pequeños propietarios”. El PNV también votó contra el segundo.
Sánchez eligió entonces el terreno de la pelea. Prefiere una campaña sobre vivienda antes que una campaña sobre Ceuta y sobre los expedientes judiciales que rodean al PSOE, y lo dijo sin pudor en su mensaje, cuando pidió una mayoría progresista más amplia para “doblegar a las élites”. Es la tercera vez que hace la misma jugada. En 2019 adelantó tras la caída de los presupuestos, en 2023 tras la paliza municipal, y las dos veces sobrevivió. La apuesta es al reflejo defensivo de un electorado progresista que se moviliza cuando ve la cara de Vox en el espejo del poder. Los números de partida no lo ayudan. El sondeo exprés publicado el mismo lunes le da al PP 143 escaños, a Vox 62, al PSOE 106 y a Sumar apenas seis, lo que dejaría a la derecha por encima de los 200 diputados. Alberto Núñez Feijóo celebró la convocatoria diciendo que en 54 días “el muro ya no existe”. En julio de 2023 la foto también era mala para Sánchez, pero terminó gobernando.
Hasta ahí la crónica parlamentaria que ocupa a la prensa española. Pero el adelanto tiene una dimensión que excede largamente el hemiciclo. Sánchez es hoy el único jefe de gobierno de un país grande de la Unión Europea que le dijo que no a Washington en los dos expedientes que ordenan la relación transatlántica de esta etapa, el gasto militar y la guerra contra Irán. Lo que se vota el 29N es también si ese desvío se sostiene o se corrige.
El primer desvío se consumó en la cumbre de La Haya de 2025, donde España fue el único aliado que no firmó el compromiso de llevar el gasto en defensa al 5% del PIB. Madrid sostuvo que con el 2,1% alcanzaba para cumplir los objetivos de capacidades de la OTAN y llevó el mismo argumento a Ankara en julio de este año. Trump había calificado a España de “desastre” como socio, y un correo interno del Pentágono llegó a especular con suspenderla de la Alianza, figura que el tratado ni siquiera contempla. Después de Ankara el presidente estadounidense dijo que España se había “redimido por completo” y habló de un pago importante que nadie detalló. La frase revela más sobre la necesidad de Washington de exhibir disciplina aliada que sobre algún giro real en Madrid. En el discurso del lunes Sánchez volvió sobre el punto y presentó el Estado de bienestar como aquello que su gobierno se negó a sacrificar al 5%.
Lo de Irán costó más caro. Cuando Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra contra la República Islámica, el gobierno español negó el uso de las bases de Rota y Morón y después cerró su espacio aéreo a los vuelos vinculados a la operación. El Pentágono retiró una docena de aviones cisterna KC-135 desplegados en Morón. Trump amenazó con cortar todo el comercio con España, el secretario del Tesoro Scott Bessent calificó la negativa de inaceptable, el senador Lindsey Graham pidió retirar del país las tropas y los aviones estadounidenses y la Casa Blanca terminó respondiendo, con desdén, que no necesitaba la ayuda española. Sánchez contestó con una consigna que la sociedad española conoce de memoria, “no a la guerra”, la misma de 2003 contra el alineamiento de Aznar con la invasión de Irak. Casi siete de cada diez españoles rechazaban la guerra. Desde Teherán, el Tehran Times leyó la postura como una ruptura de España con Occidente, y Madrid reabrió su embajada en la capital iraní después del alto el fuego. En Pekín, tras reunirse con Xi Jinping, Sánchez acusó al gobierno israelí de violar el derecho internacional. Nada de eso pasó desapercibido en Washington.
Y después vino Ceuta. Desde el 30 de julio decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia la ciudad autónoma, muchas a nado. El propio Rabat reconoció 40.000 entradas y la prensa española contabiliza decenas de muertos. El Gobierno declaró por primera vez en democracia una situación de interés para la seguridad nacional, y este fin de semana la policía todavía desalojaba un asentamiento de unas 3.000 personas en la playa del Trampolín. Trump habló de “invasión” y dijo que Sánchez no sabía qué hacer. A los pocos días un informe del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes incorporó al registro del Congreso estadounidense una frase que en Madrid cayó como una provocación. En su página 88 afirma que Ceuta y Melilla, ciudades administradas por España, están ubicadas en territorio marroquí, y propone que el secretario de Estado Marco Rubio promueva un diálogo entre Madrid y Rabat sobre su “futuro estatus”. La iniciativa fue del republicano Mario Díaz-Balart, del círculo de Rubio. Según la prensa española, un dossier “preventivo” de asesores de la Casa Blanca sobre la soberanía de las dos ciudades habría empezado a escribirse después del 4 de marzo, el día en que Sánchez cerró Rota y Morón.
El eje Washington-Rabat quedó soldado en 2020 con los Acuerdos de Abraham, cuando Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de la normalización con Israel. Madrid, que en 2022 ya había girado hacia la posición marroquí sobre el Sáhara, venía acercándose a Argelia, rival de Rabat y proveedor clave de gas para España. Un aliado díscolo al norte del Estrecho y un aliado consecuente al sur. La presión migratoria y el cuestionamiento de la soberanía operan como un mismo dispositivo de caotización del flanco sur español, coordinado o no, y sus efectos se miden en las encuestas. El relato de la “invasión” hace el resto. Vale recordar que el teléfono de Sánchez fue espiado con Pegasus en mayo de 2021, en plena crisis anterior con Marruecos.
La derecha española recibe todo esto como un regalo y no como una amenaza, lo que dice bastante. Vox preside Patriotas por Europa, el grupo de Le Pen y del Fidesz húngaro, entre otros, y en febrero de 2025 organizó en Madrid la cumbre “Make Europe Great Again”, donde Abascal llamó a Trump “compañero de armas”. El partido que se presenta como guardián de la soberanía nacional comparte bando con quienes, en el Congreso estadounidense, ponen en duda que Ceuta y Melilla sean España. En la propia prensa española ya se habla de un soberanismo subordinado. Javier Milei, siempre disponible como vocero transatlántico de esa red, aprovechó Ceuta para mandarles a los españoles ánimo porque “el final del socialismo se acerca”. El PP acusa a Sánchez de haber abandonado a los aliados y de poner en riesgo el interés nacional. Ninguno de los dos discute el fondo. Ambos dan por sentado que el interés nacional español coincide con el de Washington.
Nada de esto convierte a Sánchez en un dirigente antiimperialista, y sería un error leerlo así desde América Latina, aunque en América Latina cualquier progre seseando obnubila la razón. España sigue en la OTAN, llegó al 2% del PIB en defensa, dejó que en mayo se renovara de forma automática el convenio que cede a Estados Unidos el uso de Rota y Morón, y acompaña la línea atlantista de Bruselas en Ucrania. El giro de 2022 sobre el Sáhara fue una concesión a Rabat que hoy se revela inútil. La crisis de la vivienda que ahora pretende capitalizar es en buena medida hija de la impotencia de sus propios gobiernos frente a los fondos de inversión, con una ley de 2023 que el movimiento inquilino describe como letra muerta. Lo que Sánchez representa es más modesto y, por eso mismo, más revelador. Una socialdemocracia europea que intenta conservar márgenes de autonomía dentro de la estructura atlántica y que defiende el gasto social frente a la militarización. En la Europa de 2026 eso alcanza para ser una anomalía.
Europa es justamente el otro plano de la elección. El continente no se corrió hacia la izquierda con la caída de Orbán en abril. Péter Magyar ganó en Hungría con un programa conservador y pro OTAN, y Bruselas celebró su victoria como la normalización de un socio incómodo. El eje que se consolida es atlantista y conservador, el de un Friedrich Merz que en estos mismos días estaba en Kiev mientras Rusia atacaba la ciudad. Cuando Trump amenazó a España con el embargo, Macron y Merz se solidarizaron, pero lo hicieron porque el comercio es competencia comunitaria y un castigo a Madrid era un castigo a la Unión. Nadie siguió a España en lo de las bases. Nadie la acompañó en la negativa al 5%.
Por eso el 29N funciona como caso testigo. Leído desde el declinacionismo estadounidense, un hegemón que pierde capacidad de ordenar el mundo tiende a disciplinar con más dureza a la periferia de su propia alianza, y el redespliegue en curso convierte a los aliados europeos en pagadores del rearme y en plataformas logísticas hacia África y Asia occidental. Rota, Morón y el Estrecho de Gibraltar son piezas centrales de esa arquitectura. Si Sánchez cae y lo reemplaza un gobierno del PP atado a Vox, el mensaje para el resto de las capitales europeas será nítido. Decirle que no a Washington se paga en casa, con presión migratoria en la frontera, amenazas comerciales, causas judiciales y una guerra cognitiva que instala la “invasión” como sentido común. Si Sánchez sobrevive, aunque sea con una mayoría precaria, España seguirá siendo la prueba de que una potencia media puede administrar su disidencia dentro de la OTAN sin ser expulsada ni quebrada. Para un continente que perdió la costumbre de discutir con Estados Unidos, eso pesa.
Los escenarios están a la vista. El más probable, según los sondeos disponibles, es una mayoría de PP y Vox. Con más de sesenta diputados Abascal no se conformará con apoyos desde afuera, y un gobierno de coalición o de dependencia parlamentaria llevaría a España hacia el 5%, abriría las bases para la próxima operación en Asia occidental, buscaría un entendimiento con Rabat en los términos de Rabat y retrocedería en la línea sobre Palestina. España dejaría de ser un problema para Washington. El otro escenario es que la vivienda movilice lo suficiente para repetir 2023, un empate en el que Sánchez conserve una minoría de bloqueo, pero siga dependiendo de Junts, con una repetición electoral en el horizonte y una legislatura todavía más frágil que la que termina. Feijóo gobernando en solitario con abstenciones ajenas, la fantasía de la dirección del PP, no aparece en ningún sondeo.
Queda un dato menor que puede terminar siendo mayor. El convenio que regula el uso conjunto de Rota y Morón se renueva solo cada mayo si ninguna de las partes dice lo contrario. Quien esté en la Moncloa en la primavera de 2027 decidirá si lo deja correr en silencio o lo convierte en moneda de negociación con Washington. Esa decisión, más que cualquier discurso de campaña, va a mostrar qué votaron los españoles el 29 de noviembre."
( Periodismo Internacional Alternativo, Other News, 06/10/26)
"El nuevo movimiento de protesta español de la VIVIENDA pone la clase social en el centro del escenario
La ocupación de la Puerta del Sol de Madrid por parte de manifestantes por la vivienda ha traído a la memoria la revuelta contra la austeridad que comenzó en 2011. Pero mientras que los Indignados utilizaban un lenguaje populista genérico, este nuevo movimiento tiene un claro enfoque de izquierda centrado en la clase trabajadora.
Quince años no bastan para una generación, pero parece ser el tiempo justo para un «ciclo político». En España, activistas y académicos progresistas han hablado en los últimos años del agotamiento del ciclo político que comenzó con las protestas de los Indignados, conocidas como 15-M (llamadas así por el 15 de mayo de 2011, primer día de protestas), y continuó con la fundación de Podemos y su rápido crecimiento, hasta la formación del primer gobierno de coalición de izquierdas amplias. Este ciclo ha dado muchos frutos, pero a la larga ha generado un creciente descontento ante los límites de las políticas gubernamentales.
Hoy podríamos presenciar el inicio de un nuevo ciclo político: uno que, parafraseando a Karl Marx, se viste con las vestiduras del ciclo político precedente, pero que en realidad conlleva un contenido más radical. Curiosamente, el punto de partida de las protestas del 26-S (desde el 26 de septiembre, primer día de ocupaciones de plazas tras las multitudinarias protestas convocadas por el sindicato de inquilinos, Sindicato de Inquilinas) comparte el mismo lugar simbólico de concentración que el 15-M, la Puerta del Sol en el centro de Madrid.
Si bien está repleta de referencias a aquella histórica protesta, la movilización desatada por el desalojo de Maricarmen Abascal, de ochenta y siete años, por parte de un fondo de inversión, difiere notablemente de su predecesora. Ofrece un resumen perfecto de todo lo que se ha avanzado desde 2011 y de todo lo que aún queda por recorrer. Y lo que es más importante, nos muestra qué camino podrían deparar los movimientos populares, durante y después de las elecciones convocadas para el 29 de noviembre.
FPara los veteranos del 15-M que visitan el nuevo campamento que ha surgido en la Puerta del Sol, la sensación es a la vez de un completo déjà vu y de algo marcadamente desconocido.
Las carpas improvisadas que se agrupan bajo la emblemática torre del reloj evocan la movilización desatada por la crisis financiera de 2008 y las medidas de austeridad que le siguieron. En aquel entonces, esto dio lugar a una gran ola de protestas, inspiradas en la Primavera Árabe, que vio surgir campamentos contra la austeridad y a favor de la democracia en Grecia, España, Gran Bretaña, Estados Unidos y otros países. Se ven las mismas lonas azules dispuestas de forma igualmente improvisada. Sin embargo, muchos otros aspectos, desde los mensajes en los carteles y pancartas hasta los lemas y el contenido de las manifestaciones, lucen notablemente diferentes a los de 2011.
Esta división evidencia lo diferente que es la España actual de la que salió de la crisis financiera. Queda bien reflejada en los numerosos discursos improvisados que se escuchan en los márgenes de la plaza ante una multitud. Un organizador sindical de inquilinos de un barrio obrero de Madrid relata la dura lucha contra los desahucios, en medio de una ola de gentrificación provocada por la llegada de jóvenes profesionales que huyen de la subida de precios en el centro de Madrid. Cuenta cómo, recientemente, se logró detener un desahucio gracias a una fuerte movilización vecinal.La declarada vinculación con la izquierda tradicional crea un panorama simbólico y político muy diferente al que se veía aquí hace quince años.
Lo que necesitamos, añade, extrayendo la moraleja de estas experiencias, es “la organización de la clase trabajadora”. Al fondo, una gran pancarta proclama que la única respuesta a la especulación es la ocupación (con la “k” del movimiento okupa ). El discurso se mezcla con los cánticos de la multitud, que proclaman: “¡Viva la lucha de la clase trabajadora!”, “¡Qué vergüenza me daría ser policía!”, “¡Y aquí están los antifascistas!”. Por todo el campamento, vemos pancartas de grupos de izquierda organizados como la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), la “A” del anarquismo dentro de un círculo, la Coordinadora Juvenil Socialista de izquierda radical, banderas de Palestina y de la República Española, y los estrechos callejones que atraviesan las tiendas de campaña que llevan el nombre de Mijaíl Bakunin o Rosa Luxemburgo. Esta conexión tan manifiesta con la izquierda tradicional crea un panorama simbólico y político muy diferente al que se veía aquí hace quince años.
WMientras que las protestas del 15-M eran instintivamente populistas —o mejor dicho, ciudadanas—, con la intención de incluir a prácticamente cualquier ciudadano, independientemente de su origen social o ideología política, esta nueva ola de protestas hace clara referencia a la clase trabajadora, identificada con la sensación de que les han robado el futuro, sobre todo en un mercado inmobiliario descontrolado. No se trata de un movimiento por la democracia y contra la austeridad como el 15-M, sino de un movimiento centrado en la vivienda. Es un problema acuciante, especialmente en las grandes ciudades, infestadas de turistas y plataformas de alquileres a corto plazo. Es también un resumen de todo lo que sigue fallando a pesar de ocho años de gobierno de centroizquierda.
Mientras que el movimiento 15-M se caracterizó por su organización anárquica, rechazando líderes y estructuras formalizadas y adoptando una democracia de asamblea con una amplia gama de comités y grupos de trabajo encargados de las tareas más diversas, el movimiento 26-S se estructura en torno a un sindicato de inquilinos, con líderes, portavoces y una estrategia notablemente coordinada. Las protestas del 15-M se centraron en mantener la respetabilidad, evitando ser percibidas como demasiado radicales y militantes, y, en la medida de lo posible, evitando la confrontación verbal o física. Por el contrario, las protestas por la vivienda están impulsadas por un fuerte antagonismo, que a veces se manifiesta en un desafío abierto a las fuerzas de seguridad, fruto de una profunda amargura por las condiciones de vida.
Quizás lo más evidente sea que este movimiento no oculta su pertenencia a la izquierda. Se enorgullece de su historia y de sus emblemas, mientras que el movimiento 15-M, en cambio, intentó evitar cuidadosamente los símbolos políticos tradicionales, que consideraba demasiado identitarios y, por lo tanto, excluyentes de la mayoría no politizada. Existen, por supuesto, muchos elementos de continuidad entre las protestas del 15-M y las actuales. Para empezar, estallaron no bajo un gobierno de derecha, sino bajo un gobierno socialista, y están impulsadas por el descontento ante las deficiencias de la izquierda en el poder. Además, se nutren del largo legado de los movimientos populares españoles, de las reminiscencias de la Segunda República de la década de 1930 y del conocido espíritu de convivencia de la sociedad española. En muchos otros aspectos, esto parece representar una ruptura total con el espíritu radicalmente inclusivo y antimilitante del 15-M.«¿Dónde está el gobierno progresista?», pregunta un cántico, en un desaire irónico al término preferido por Pedro Sánchez para su gobierno de coalición.
Esto pone de manifiesto las condiciones radicalmente diferentes a las que se vivían en 2008. El problema ya no reside en la austeridad y el creciente desempleo (España atraviesa un auge económico y registra cifras récord de empleo). Más bien, el problema es que, a pesar de algunas políticas gubernamentales progresistas, las condiciones de vida y la situación de la vivienda no han hecho más que empeorar, en parte debido al auge actual, con precios de la vivienda y alquileres disparados sin control. Los inquilinos se ven obligados a pagar hasta el 70% de sus ingresos en concepto de alquiler o a abandonar los barrios donde crecieron para dejar espacio a turistas, inmigrantes adinerados y nómadas digitales.
Puede que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebre el impresionante desempeño macroeconómico de su gobierno en la economía de mayor crecimiento de Europa. Pero muchos se sienten profundamente decepcionados por este tipo de izquierda. De ahí el espíritu de este movimiento, su combinación de acérrimo antagonismo y estrategia de presión implacable sobre la clase política. A la vez más radicales y menos idealistas que sus predecesores, estas protestas ya no giran en torno a la democracia, sino al poder, y a la afirmación de que nada puede cambiar sin una organización sólida. Si eso molesta a otros sectores de la sociedad, ¡mala suerte!
“W¿Aquí está el gobierno progresista?”, repetía otro cántico, en un desaire irónico al término que Sánchez prefiere para su gobierno de coalición. Las elecciones anticipadas convocadas para el 29 de noviembre bien podrían marcar el fin de su mandato. La nueva ola de protestas está motivada, en general, por el descontento con los logros del ciclo político anterior a través de su estrategia electoral, por los numerosos problemas que quedaron sin resolver y por los muchos nuevos problemas sociales que parecen haberse agravado.
Este descontento puede resultar curioso para quienes viven fuera de España y para los movimientos de izquierda que no han tenido la misma suerte que sus homólogos ibéricos. De hecho, el ciclo político del 15-M ha sido, en muchos sentidos, la cadena de acontecimientos más impresionante y trascendental para las movilizaciones de izquierda posteriores a 2008 en Occidente: desde las calles hasta la creación de un nuevo partido de izquierda y la formación de un gobierno de coalición. Ha propiciado políticas sociales relativamente progresistas, como un aumento significativo del salario mínimo. Sin embargo, lo que se ha hecho aún más evidente con un gobierno relativamente progresista es que muchos problemas sociales se han arraigado tanto que las políticas moderadamente reformistas propuestas por los tecnócratas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Sánchez no constituyen una solución real.
La política de vivienda es la demostración más evidente de la reticencia del PSOE a romper con el poder establecido y posicionarse firmemente del lado de la clase trabajadora. En un país donde el turismo masivo ha ido tradicionalmente de la mano de las burbujas inmobiliarias, el PSOE ha mantenido el temor de enemistarse con los grandes fondos de inversión y los propietarios de viviendas. Su ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, una de las ministras más impopulares de todo el gobierno y propietaria de varios pisos, fue duramente criticada en 2024 por sugerir que la solución a la crisis de la vivienda radicaría en que los propietarios mantuvieran los precios bajos voluntariamente. Mientras tanto, los partidos de izquierda radical Podemos y Sumar se han centrado cada vez más en la vivienda —un tema que afecta significativamente a su base electoral, mayoritariamente joven y urbana—, aunque invariablemente discrepan tanto en estrategia como en táctica.
La respuesta de Sánchez a las protestas fue rápida pero poco contundente. En lugar de un solo decreto real en honor a Maricarmen, su gobierno emitió dos. Uno contiene una serie de medidas clientelistas, diseñadas para ser aceptadas por sus aliados nacionalistas catalanes y vascos de derecha. Estas incluyen nuevas subvenciones fiscales para propietarios de viviendas, junto con una prohibición temporal de los desahucios y una prórroga de los contratos de alquiler existentes. El otro contiene medidas más radicales y estructurales, como la renovación automática de los contratos de alquiler. La oposición del partido catalán de derecha Junts, cuyos votos habrían sido necesarios para la aprobación de las medidas, impidió que ninguna de las dos propuestas fuera aprobada por el Parlamento.
Esta moderación refleja en parte la debilidad del gobierno saliente, con su ajustada mayoría parlamentaria. Pero también evidencia los problemas políticos más profundos del PSOE y su liberalismo social instintivo, siempre temeroso de ir en contra de lo que supuestamente dicta el mercado, salvo algunos ajustes tecnocráticos y subsidios disponibles solo para quienes cumplen con los requisitos legales. Detrás de esto se esconde otra realidad: la base social del PSOE está compuesta mayoritariamente por propietarios de viviendas, muchos de los cuales se han alegrado del aumento del valor financiero de sus casas gracias a la revalorización inmobiliaria de los últimos ocho años. Algunos temen que el valor de sus propiedades se vea afectado si se expulsa a los fondos buitre del mercado y se adoptan medidas más estrictas en favor de los inquilinos.El ciclo político posterior al 15-M en España ha sido, en muchos sentidos, la cadena de acontecimientos más impresionante y trascendental para las movilizaciones de izquierda posteriores a 2008 en Occidente.
En definitiva, un número creciente de personas, y especialmente jóvenes españoles de zonas urbanas que se ven asediadas por la financiarización sin una respuesta gubernamental contundente, se han dado cuenta de que no hay escapatoria a este punto bajo del ciclo político y a la lentitud del PSOE, salvo la movilización y la organización. Comprenden que la única forma de evitar que a este decepcionante gobierno le suceda uno reaccionario, encabezado por el conservador Partido Popular y la ultraderechista Vox, es recuperar la iniciativa, las calles y las plazas.
El movimiento ya ha logrado victorias impresionantes, como la promesa de que Maricarmen —la pensionista cuyo desalojo desencadenó las protestas— podrá regresar a su hogar. Pero, parafraseando el lenguaje de esta movilización: ganar la larga batalla requerirá mucha más lucha de clases y, sin duda, una mayor organización de la clase trabajadora.
Mientras tanto, la vivienda podría ser el tema que domine la próxima campaña electoral."
(Paolo Gerbaudo es sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid, JACOBIN, 05/10/26, traducción Gaceta Crítica)
