Artículo 129 de la Constitución española: Los poderes públicos... establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción - Implantar la democracia económica en España es constitucional
" Hace muchos años, leí un excelente libro de Carmen Martin
Gaite titulado “El proceso de Macanaz: historia de un empapelamiento”.
La gran escritora analizaba con mucha precisión y un gran acopio de
datos el largo juicio de la Inquisición contra un destacado reformador
ilustrado de nombre Melchor Rafael de Macanaz. Me quedé para siempre con
el término. Como es conocido, empapelamiento hace referencia, entre
otras acepciones, a un proceso judicial largo, complejo, tortuoso y con
elevados costes para quien lo sufre. El PSOE, desde hace meses, de forma
acelerada y concentrada en el tiempo, está siendo empapelado
sistemáticamente con variados procedimientos abiertos que incriminan a
familiares del presidente del gobierno Pedro Sánchez, a destacados
dirigentes y militantes de la organización y, recientemente, al ex
presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Lo de Leire Diaz casi no
merecería demasiados comentarios ya que estamos ante un tipo de
actividad más cercana a la de Mortadelo y Filemón del insuperable Ibáñez
que la del Sam Spade del maestro Dashiell Hammett. Como diría el
castizo: con estos amigos, mejor enemigos jurados.
A estas alturas sería exigible dejar los eufemismos e intentar decir
lo que realmente se piensa. Un poco de veracidad ayudaría, creo, al
debate. Para una parte significativa de la opinión pública estaríamos
ante un conjunto de casualidades cada vez más sospechosas, de
convergencias objetivas entre las iniciativas de la oposición política
de las derechas unificadas y los procesos abiertos contra el partido que
sustenta al gobierno; una doble vara de medir bien sea la derecha o
bien sea la izquierda y un tipo de informes policiales, siempre
filtrados oportunamente, que acaban por determinar delito y
delincuentes; investigaciones prospectivas que se atienen poco o nada a
la presunción de inocencia. Se podría continuar. Muchos hablan
abiertamente de golpe de Estado mediático y judicial.
Hace algunos años, Héctor Illueca y yo intentamos introducir, con escaso éxito, el termino de trama para
intentar definir un tipo de poder que se activa en los momentos de
crisis y que desde el 2009 actúa sistemáticamente para defender los
intereses generales de clases dirigentes y, centralmente, de la Corona.
La trama es un espacio de organización,
coordinación e información paralegal que usa diversos instrumentos para
conseguir específicos objetivos políticos. Su clave es la rapidez, la
versatilidad para organizar escenarios que posteriormente se convierten
en hechos comunicativos, noticias exclusivas y, es lo fundamental,
procesamientos judiciales. Su composición se organiza por círculos
concéntricos jerarquizados: políticos, periodistas, gestores privados y
públicos, empresarios con poder y abundante presencia de lo que se ha
dado en llamar las “las cloacas del Estado”, los viejos y siempre nuevos
“Arcana imperii” existentes desde siempre en las unidades políticas y
en nuestros modernos Estados. La trama es,
sobre todo, un centro operativo de gentes que conocen a gentes, de
actores bien informados que conocen a las personas adecuadas para tareas
adecuadas.
Queda bien, cuando se escriben estas cosas, decir inmediatamente
aquello de que no se cree en las teorías conspirativas y que las cosas
son mucho más complejas. Nuestra hipótesis era otra, por cierto,
inspirada de Lenin: no hay política sin conspiración; la conspiración es
parte de la política, pero no la explica. Lo fundamental: desde la
crisis del 2009-2010 España vivió una crisis de régimen que se convirtió
en crisis de Estado cuando se convocó el referéndum el 1 de octubre de
2017 para la secesión de Cataluña. Momento decisivo: discurso del Rey
dos días después, el 3. Esta intervención la entendimos muchos como un
llamamiento al “Estado profundo”, a sus fuerzas constitutivas para que
se movilizaran en defensa del orden jurídico-político histórico. Las
consecuencias fueron inmediatas. Su efecto más importante: la autonomización de una parte significativa de los aparatos e instituciones del Estado. Ante
gobiernos débiles e incapaces había que actuar con firmeza y seguir los
dictados de un Rey que decía basta y que llamaba a la acción en
momentos de peligro supremo. Ahora se trataba de entregar a la justicia a
los enemigos del Estado, de neutralizar a los que habían puesto en
cuestión las instituciones básicas y a los que se oponían a las clases
rectoras del país. En esa dinámica seguimos hasta ahora con un objetivo
logrado: el impulso democratizador del 15M se frustró y la sociedad
sigue girando a la derecha.
¿Qué hay detrás de esta crisis de régimen? Un cambio de la “constitución material”del
país. Para hacerme entender: una Constitución, la del 78 por ejemplo,
es algo más que un papel, expresa la institucionalización de una
relación de fuerzas, de una matriz de poder entre las clases en
redefinición permanente, con equilibrios siempre inestables. Es esa
constitución material la que ha ido cambiando de forma cada vez más
favorable para los grandes poderes financieros-empresariales y
mediáticos. En su centro: una contradicción cada vez más aguda entre la
democracia social-constitucional y el capitalismo globalitario en
proceso de mutación.
El debate sobre esta cuestión nos llevaría muy lejos para un artículo
que no debería ser largo. Solo indicar un asunto crucial: ahora ya no
hay procesos constituyentes, ahora lo que hay son “procesos
destituyentes”, es decir, cambios constitucionales sustanciales sin
modificar las “constituciones formales “de los Estados. Esto es posible,
entre otras consideraciones, porque existe otro ordenamiento que actúa,
en la práctica y en la teoría, como una “constitución” superior,
determinante sobre la de los Estados individualmente considerados. Me
refiero al sistema jurídico-político de la Unión Europea que
ha ido convirtiendo a las naciones históricas en “comunidades
autónomas” de una estructura poder oligárquica, profundamente
centralizada y con una capacidad creciente de intervención sobre los
países que la componen.
¿Qué significa hablar de “procesos destituyentes”? Dispositivos para
deconstruir, desmontar, los fundamentos (políticos, económicos y
jurídicos) del constitucionalismo social, (conquista histórica del
movimiento obrero organizado) eludiendo los procedimientos previstos
para la reforma de las constituciones vigentes y, sobre todo, marginando
al pueblo como sujeto único del poder constituyente. Se desconecta
democracia, pueblo y territorio; es decir, se rompe con la historia
vivida, con conflicto social, con las experiencias colectivas y se
impone un marco supranacional cada vez más distante de la ciudadanía, de
sus preocupaciones y, lo fundamental, sin capacidad real de decisión
sobre las políticas que realmente le afectan.
La clave, a mi juicio, es partir de esta realidad para entender lo
que está pasando en nuestro país y en su sistema de partidos. Desde que
llegó Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno, se vive una fuerte
polarización política que crece y crece prácticamente sin límites. Si
nos dejáramos llevar por los aplausos al Papa León XIV enel
Congreso de los Diputados y por las posteriores valoraciones de los
dirigentes políticos, el centro vertebrador sería la doctrina social de
la Iglesia Católica. No parecería para tanto. La polarización es una
estrategia política-discursiva de los grandes poderes económicos y de
las derechas unificadas para derribar a este gobierno, imponiendo una
agenda propia y situando al PSOE a la defensiva. Este operativo está
dirigido, organizado y ejecutado por la trama,
por una de las caras del poder real. El sesgo de clase del poder
judicial tiene que ver con a quién investiga y a quién no, con el cómo
se investiga y a quién se protege. Todo el mundo sabe que la corrupción
ha sido y es un componente fundamental del bipartidismo imperfecto que
ha gobernado el país desde casi siempre. Distinguir entre el robo
sofisticado del PP y el choriceo de los Ábalos y de los Koldos conduce a
la melancolía. La corrupción sigue siendo un elemento estructural de
nuestra vida pública. Todo lo demás es engañarse y engañar.
El bipartidismo ha sido un modo de organizar el poder para que los
que mandan sigan acumulando capital, influencia y capacidad para
determinar la agenda pública. Pedro Sánchez ha respetado, en lo
fundamental, los consensos básicos, eso que se ha dado en llamar los
“temas de Estado”, a saber, alineamiento con la OTAN y con la política
exterior norteamericana; seguimiento férreo de las políticas de la Unión
Europea y, destacadamente, de las políticas de rearme y militarización
de la economía y de la sociedad; defensa a ultranza de la monarquía y de
su centralidad en el sistema político; el modelo productivo y de poder,
no ha cambiado sustancialmente. Han mejorado, moderadamente, las
condiciones laborales y el llamado “escudo social” sigue funcionado para
una parte de la población. Dicho de otra forma: se han realizado
mejoras de las condiciones de vida de las mayorías siempre compatibles
con los intereses de los grandes poderes económicos-empresariales.
¿Y Trump? Aquí es donde aparecen las habilidades de Sánchez. Se
enfrenta al presidente norteamericano, se diferencia públicamente de él,
pero sigue las políticas decididas y organizadas por la OTAN; renueva
los acuerdos sobre las bases e incrementa en un 50% el gasto militar.
Crítica a Netanyahu para defenderla solución de dos Estados, cuando
estamos ante la presencia de un etnocidio en su fase terminal. Postureo
al servicio de todos contra la extrema derecha. Mientras, insisto, la
izquierda que se llama a sí misma alternativa, ha decidido unir su
suerte a la del presidente del gobierno, en el periodo final de la
legislatura y en condiciones marcadas por la fragmentación, la pérdida
de militancia, de vínculos sociales y de arraigo popular.
Si todo esto es así ¿por qué esta polarización tan dramatizada?
Simplemente porque este PSOE ha dejado de ser funcional a la nueva
relación de fuerzas, a la matriz de poder que emerge en una UE que se
refunda de nuevo, buscando en la militarización y el rearme la
superación de su crisis, con unaAlemaniaque
no oculta su objetivo de convertirse en la potencia hegemónica y que
impone el “liberalismo autoritario” como nuevo régimen político,
económico y social obligatorio para todos los Estados. Los grandes
poderes económico-financieros creen que ha llegado el momento para la
revancha social, para ajustarle las cuentas al movimiento obrero
organizado, para liberalizar y flexibilizar el mercado laboral,
privatizar la sanidad, desmantelar la educación pública y poner fin al
actual modelo de pensiones. El definitiva, mercantilizar el conjunto de
las relaciones sociales y dar por extinguido nuestro débil Estado del
bienestar. Es el viejo sueño de los poderes oligárquicos: convertir las
enormes desigualdades de renta, riqueza y poder existentes en jerarquías
sociales constitutivas de un nuevo orden posdemocrático.
El bipartidismo que hemos conocido se agotó y lo que viene es otra
cosa mucho más a la derecha ¿Con otro PSOE? ¿Con un nuevo partido
liberal progresista? El fin de la socialdemocracia es evidente en casi
todas partes. En muchos países se elige ya entre dos derechas extremas y
lo que se ha venido llamando izquierda va desapareciendo lentamente. En
el fondo –se sabe pero no se dice– este capitalismo
monopolista-financiero no admite reformas, solo contrarreformas. El
llamado “capitalismo democrático” fue el producto de una etapa histórica
ya pasada. ¿Qué queda? Gestionar gobiernos con soberanías limitadas,
tutelados por las estructuras de poder europeas y las político-militares
de la OTAN, estrechamente vigilados por los poderes facticos y eso que
eufemísticamente se llama “los mercados”.
La ofensiva contra el gobierno continuará con más fuerza aún. El
problema es que unir la suerte de lo que queda de la izquierda al
destino de Pedro Sánchez puede terminar significando el fin de esta.
"El martes Putin declaró que Rusia está
dispuesta a reanudar las negociaciones de paz con Ucrania. Durante una
reunión con miembros del gobierno, el presidente ruso indicó que las
conversaciones podrían basarse en los acuerdos negociados en Estambul en
2022, así como en la situación militar actual.
Putin reafirmó que Moscú sigue abierto a una solución negociada de la
guerra. El dirigente ruso afirmó que los borradores de acuerdos
elaborados durante las conversaciones de Estambul aún constituyen una
base válida para posibles negociaciones entre ambos países.
El presidente ruso recordó que los documentos preparados durante las
negociaciones celebradas en Turquía en la primavera de 2022 fueron
rubricados por los representantes ucranianos en aquel momento. “Rusia
está dispuesta a dialogar con Ucrania, basándose en los acuerdos
concluidos en Estambul”, declaró.
Pocas semanas después del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania,
Moscú y Kiev mantuvieron conversaciones en Estambul con mediación turca.
Las conversaciones dieron como resultado un borrador de acuerdo que
incluía la neutralidad de Ucrania, a cambio de garantías de seguridad
internacionales. Sin embargo, el proceso nunca condujo a un acuerdo
final y los combates continuaron.
El jefe del Kremlin afirmó que no veía motivo para cuestionar los
puntos negociados en aquel momento. También se refirió a los mecanismos
discutidos en Alaska, al tiempo que enfatizó que cualquier reanudación
de las negociaciones debería tener en cuenta la situación actual sobre
el terreno.
Moscú sigue sosteniendo que una solución a la guerra debe considerar
la evolución de la situación militar desde 2022. Putin sabe que Ucrania
no puede mejorar su posición antes de una posible reanudación del
diálogo mediante operaciones millitares en territorio ruso.
El presidente ruso también afirmó que su país perseguiría sus
objetivos apoyándose en lo que describió como la fortaleza de la
economía rusa y de su potencia de fuego.
La nueva iniciativa del Kremlin se produce en un momento en que no
existe ningún proceso de paz activo entre Moscú y Kiev. Ambas partes
siguen muy distanciadas en varios temas clave, incluidas las garantías
de seguridad, el estatus de los territorios controlados por Rusia y las
condiciones para un posible alto el fuego."
El Informe Mundial Sobre Drogas 2026 destaca que la oferta de
cocaína puede superar a la demanda y avanza que la metanfetamina ya se
distribuye en todo el mundo.
La prohibición del cultivo de opio en
Afganistán hace que la heroína escasee y que se impongan los opioides de
laboratorio.
El crecimiento del tráfico y del consumo de toda clase de sustancias implica un aumento de la violencia." (Narcodiario, 26/06/26)
"Ahora que hay campeonato mundial de
futbol y a todas horas oigo el nombre de los países que lo disputan, me
viene a la cabeza una de las majaderías más grandes que se han cometido
en esta etapa democrática: sustituir la expresión "España" por "Estado
español". Es cierto que no toda la izquierda española incurre en este
uso, pero sí una parte significativa de ella, especialmente la más
influenciada por las corrientes nacionalistas periféricas y por
determinadas tradiciones políticas surgidas durante la Transición.
No hay que ser un reputado especialista
en derecho constitucional o teoría política para saber que hay una
clara distinción entre el concepto de Estado y los de nación o país que
no se puede olvidar sin consecuencias. El Estado es el aparato
institucional, el conjunto de poderes, organismos y normas que articulan
la vida colectiva. La nación o el país, en nuestro caso España, es una
realidad histórica, cultural, territorial y política sobre la que ese
Estado se asienta. La Constitución de 1978 lo dice con toda claridad en
su artículo 2: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad
de la nación española." El artículo 1.1 denomina al sujeto político
"España" y define su forma de organización como un "Estado social y
democrático de Derecho." Más o menos, aunque con una forma diferente
como es lógico, hacía la Constitución de 1931 cuando claramente
distinguía entre "España" y "Estado español", según a qué quisiera
referirse: "España es una República democrática de trabajadores de toda
clase (...) La República constituye un Estado integral (...) España
renuncia a la guerra como instrumento de política nacional (...) El
Estado español acatará las normas universales del Derecho
internacional".
Cuando una buena parte de la izquierda
española sustituye el concepto de "España" por el de "Estado español",
hace lo que en ningún otro lugar sensato se hace. Nadie llama a Francia
"Estado francés" en lugar de Francia, ni a Alemania "Estado alemán" en
lugar de Alemania, salvo en contextos técnico-jurídicos precisos donde
la distinción es funcionalmente necesaria. Usar "Estado español" como
denominación ordinaria y sustitutiva de "España" no es un refinamiento
conceptual, ni obedece a ningún análisis teórico elaborado.
En alguna ocasión se ha tratado de
hacer esto último, diciendo que "Estado español" es una expresión más
neutra, mientras que "España" tiene carga subjetiva. Pero es un
argumento inaceptable. Cuando decimos "España" (como igual ocurre con el
nombre de cualquier país) no sólo incluimos a su Estado sino también
una cultura, una historia, un pueblo. Decir "Estado español" es caer en
un reduccionismo que deja fuera demasiadas cosas fundamentales, se
aprecien o no, o se sientan propias o completamente ajenas a quien
habla.
Curiosamente, aunque la expresión
"Estado español" fue la utilizada oficialmente durante el franquismo, se
utilizó después en determinados sectores de la oposición durante la
dictadura y, sobre todo, la Transición para no tener que hablar de
"España", considerando que se trataba de un concepto que había sido
usurpado por la dictadura. Podría discutirse si aquella prevención tuvo
sentido en su momento, pero resulta difícil sostenerla medio siglo
después.
Tanto es así, que la izquierda española
que dice "Estado español" no ha justificado nunca el por qué ese uso es
más adecuado. A mi juicio, su uso reciente responde simplemente a una
concesión acomplejada a los movimientos independentistas.
Estos últimos dicen "Estado español" y
no 'España" para mostrar que no se sienten españoles ni parte de España
(lo cual es completamente legítimo y respetable, por cierto). Pero lo
hacen de un modo completamente inútil y contradictorio. Es inútil,
porque al decir Estado español no niegan a España, sino que simplemente
dejan fuera de ella una parte de lo que efectivamente es. Y es un uso
contradictorio porque, cuando se refieren a su nación, no dicen, por
ejemplo, "Estado catalán" o "Estado vasco" sino Cataluña o País Vasco. Y
es lógico, porque son estas últimas denominaciones las que incluyen lo
sustantivo, una identidad, un pueblo, una realidad compartida.
No es verdad, por tanto, que decir
"Estado español" implique un acto de reconocimiento o respeto a la
pluralidad de nuestro país. Lo que hace es reducir su realidad nacional,
histórica y cultural más amplia a una mera dimensión institucional. Y
la izquierda que se pliega a esa incoherencia independentista y adopta
acríticamente su lenguaje termina asumiendo marcos simbólicos ajenos que
difícilmente favorecen sus propios objetivos políticos.
Las consecuencias
La sustitución del término "España" por "Estado español" por parte de la izquierda tiene, al menos, cinco graves consecuencias.
La primera es que España no es sólo un
concepto jurídico, sino también el marco de referencia que identifica a
una mayoría muy amplia de la población, incluyendo a buena parte de los
votantes tradicionales de la izquierda que se sienten y denominan
españoles sin conflicto alguno, como una expresión natural de lo que
son. Y lo que la izquierda que habla de "Estado español" les está
diciendo implícitamente es que su identidad es algo de lo que hay que
avergonzarse y arrinconar.
La segunda es que, al rehuir
sistemáticamente la palabra España, la izquierda ha consentido que la
derecha monopolice el sentimiento de pertenencia nacional y el
patriotismo. Ha dejado que el PP y Vox se apropien de banderas, himnos e
identidad colectiva como si fueran de su exclusivo patrimonio. La
realidad, hoy día, es que se asocia el amor a España con la derecha y la
indiferencia o el rechazo a ella con la izquierda. Una asociación
electoralmente ruinosa y culturalmente falsa, porque la izquierda
española ha tenido siempre una tradición de patriotismo republicano y de
republicanismo nacional, de defensa de lo común, de orgullo por el
patrimonio cultural y por los logros colectivos del pueblo español. Muy
al contrario de lo que ha hecho la derecha que ha vendido a España y a
nuestra riqueza a otras potencias o empresas siempre que las clases
adineradas han podido sacar rédito de ello. La experiencia comparada
parece apuntar claramente en esa dirección. En Francia, la izquierda
abandonó durante décadas la disputa por la identidad nacional y fue
Marine Le Pen quien ocupó ese espacio con su versión xenófoba y
excluyente del patriotismo. En Italia ocurrió algo similar, el
desinterés de la izquierda por los símbolos y la narrativa nacional dejó
el terreno libre a una derecha que lleva años hegemonizando el
sentimiento de pertenencia. Parece bastante evidente: cuando la
izquierda renuncia a nombrar la nación, no desaparece el sentimiento
nacional de los ciudadanos, simplemente lo hereda la derecha.
La tercera consecuencia quizá es más
sutil pero no menos real. ¿Qué credibilidad, seguridad o certeza puede
tener una izquierda que no se atreve a nombrar el país en el que quiere
gobernar? Lo que leen sus votantes potenciales es que la izquierda que
hace eso no gobierna desde un proyecto propio sino en función de sus
alianzas coyunturales, y que adapta incluso su vocabulario según quién
tenga más presión que ejercer en cada momento. Y una fuerza política que
no es dueña ni de su propio lenguaje, difícilmente convence a nadie de
que vaya a ser dueña de sus decisiones cuando gobierne.
La cuarta es la pérdida de apoyo en
aquellos territorios donde en mayor medida radica el voto popular no
identitario. Es decir, el que principalmente apoya a la izquierda por
razones distributivas, de justicia o memoria histórica. Cuando esa
izquierda adopta el lenguaje de los independentistas, no los gana para
sí; pierde a quienes la apoyaban por otras razones y que sienten que su
identidad es tratada como un naipe que se intercambia, o como una
rémora.
La última consecuencia no es la menos
importante. Adoptar el término "Estado español" no contribuye a una
resolución más inteligente del problema territorial. Por el contrario,
lo enmarca en un plano simbólico y lingüístico, justamente donde los
independentismos son más fuertes, y abandona el marco material en el que
la izquierda podría ser hegemónica: el de las políticas de justicia
social y redistribución, el de la federalización real y la solidaridad
interterritorial, y el autogobierno democrático dentro de un marco
compartido. La izquierda puede discutir qué España quiere construir,
pero lo que no puede hacer es renunciar a nombrarla.
En resumen y como conclusión, la
izquierda no puede renunciar a la palabra España, no le puede regalar a
la derecha la identidad común ni su simbología. Debe recuperarla sin
complejos, no como concesión al nacionalismo español de derechas ni
identificándose con él, sino como la afirmación expresa de que el
proyecto colectivo de transformación social, de igualdad y de democracia
al que aspira se refiere a una realidad común que se llama España. Un
país de historia contradictoria y no siempre ejemplar, realmente plural y
con tensiones no resueltas, ciertamente; pero el país del que se siente
parte la inmensa mayoría de la gente con la que se ha de construir ese
futuro. Y sin la cual difícilmente podrá llevarse a cabo ningún proyecto
transformador."
Tres jueces de la Corte Penal Internacional presentaron una demanda en un tribunal federal de EE.UU. contra Trump y su administración, desafiando las sanciones en su contra y calificándolas de "pena de muerte financiera".
Los jueces que presentan la demanda son: - Kimberly Prost (Canadá) - Solomy Balungi Bossa (Uganda) - Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou (Benín)
Trump impuso sanciones a los jueces por sus decisiones judiciales respecto a investigaciones sobre crímenes de guerra de Israel y EE.UU.
Los jueces argumentan que las sanciones son medidas extrajudiciales destinadas a castigarlos y coaccionarlos. Dicen que las restricciones los aíslan de la banca, las plataformas en línea, la reserva de viajes e incluso, en ocasiones, del seguro médico.
Esto debería ser una noticia mucho más grande. (traducción google)
"Médicos cubanos están prestando servicios en Venezuela tras los terremotos. Según el MINSAP, todos están bien (Facebook)
"Éxodo de médicos cubanos agrava crisis de salud en Venezuela: presión de EE.UU. acelera salidas.
A finales de abril, muchos pacientes que llegaron a un centro médico
en el este de Caracas fueron rechazados. Los servicios que necesitaban
ya no estaban disponibles. Los especialistas se habían marchado.
El
centro, que lleva el nombre del expresidente chileno Salvador Allende,
forma parte de la red Barrio Adentro, un programa lanzado por el difunto
Hugo Chávez en 2003 para proporcionar atención médica gratuita en
comunidades pobres, en gran parte con personal cubano. Ese modelo, en el
que Venezuela proporcionaba petróleo subvencionado a cambio de médicos,
se está desmoronando.
Los
profesionales sanitarios cubanos, incluidos pediatras, obstetras,
ginecólogos, oftalmólogos y fisioterapeutas, están abandonando esta y
otras instalaciones en toda Venezuela a medida que aumenta la presión
estadounidense para cerrar las misiones médicas de La Habana en el
extranjero. La campaña para ahogar los ingresos que aportan los médicos
forma parte de un impulso más amplio del presidente Donald Trump para
poner fin a casi siete décadas de régimen comunista en la nación
caribeña.
“Expulsar a los médicos cubanos no conducirá a un cambio
político en Cuba, pero hará retroceder la atención sanitaria en
Venezuela”, dijo Miguel Tinker Salas, historiador del Pomona College de
California. “Las poblaciones que dependían de esos servicios se llevarán
la peor parte”.
A
finales del año pasado, la misión médica cubana en el país -la mayor en
el extranjero- contaba con unos 13.000 trabajadores sanitarios.
Prestaban sobre todo atención primaria, pero también cirugías oculares,
servicios odontológicos y tratamiento de la diabetes en todo el país,
incluidas zonas fronterizas y de difícil acceso en estados como Amazonas
y Delta Amacuro. En muchas comunidades indígenas aisladas de esos
estados, a las que solo se puede llegar en barco o en avioneta, los
médicos cubanos eran a menudo los únicos profesionales médicos
disponibles.
Con la esperanza de salvar el programa, que Estados
Unidos califica de trabajo esclavo, las autoridades cubanas están
sopesando un nuevo modelo que permitiría a los médicos conservar hasta
el 95% de lo que pagan los países anfitriones, frente al 30% actual,
según fuentes familiarizadas con el asunto que solicitaron el anonimato
por no estar autorizadas a hablar públicamente. No está claro si este
cambio, similar a los acuerdos utilizados para los atletas cubanos,
podrá frenar la fuga de médicos de Venezuela bajo el mandato de Delcy
Rodríguez, la presidenta interina afín a Estados Unidos.
El
sistema sanitario de la nación sudamericana rica en petróleo ya era
frágil. Fue testigo de un éxodo de más de 22.000 de sus propios médicos
entre 2012 y 2017 después de que la hiperinflación redujera
drásticamente los salarios, una fracción de los casi 8 millones de
venezolanos que han huido durante la última década de colapso económico.
Esos médicos han hecho ahora sus vidas en lugares como Colombia, Chile y
Brasil. Y los que permanecen en el país no están dispuestos a llenar
los huecos que dejan los cubanos debido a los bajos salarios.
Más
allá de la salida de médicos, el sistema sanitario de Venezuela está
sometido a una gran presión debido a la pobreza generalizada y a los
brotes recurrentes de enfermedades tropicales y transmitidas por
mosquitos, como el dengue. El Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia declaró en enero que 3,8 millones de jóvenes venezolanos
necesitaban ayuda humanitaria, advirtiendo de que la desnutrición, las
enfermedades evitables y los riesgos para la salud materna estaban
empeorando en medio de hospitales desbordados y una financiación en
declive. Mientras tanto, el Fondo de Población de la ONU sitúa a
Venezuela entre los países con las tasas de embarazo adolescente más
altas de la región, con aproximadamente 76 nacimientos por cada 1.000
jóvenes de entre 15 y 19 años.
La marcha de los trabajadores
sanitarios cubanos también subraya una ruptura más profunda: el rápido
desmantelamiento de una de las alianzas políticas y económicas más
importantes de América Latina.
Desde el año 2000, cuando Chávez y
Fidel Castro firmaron un acuerdo de cooperación, Venezuela transfirió a
Cuba el equivalente a US$63.800 millones en subsidios petroleros,
inversiones y ayuda financiera, según un informe del Centro Miranda para
la Democracia, un centro de estudios con sede en Washington. Este
acuerdo se desmoronó tras la captura del sucesor de Chávez, Nicolás
Maduro, por las fuerzas estadounidenses en una incursión nocturna en
Caracas a principios de enero.
Además de detener los envíos de
petróleo venezolano a Cuba, Washington ha presionado a otros países para
que abandonen el uso de las misiones médicas cubanas, que EE.UU.
calcula que generan más de US$6.000 millones en ingresos anuales para La
Habana. Honduras y Guatemala dijeron en febrero que desecharían sus
programas, y el enviado de Trump en Cuba incluso viajó a Italia para
presionar a un gobierno regional de ese país para que siguiera su
ejemplo.
El
secretario de Estado, Marco Rubio, critica con frecuencia lo que
describe como el programa cubano de “exportación coercitiva de mano de
obra”. “Este plan enriquece al corrupto régimen cubano y priva al pueblo
cubano de atención médica esencial”, declaró Rubio el año pasado al
anunciar restricciones de visado para funcionarios internacionales
involucrados en misiones médicas.
En el centro Salvador Allende,
el impacto es inmediato. Ya no hay ningún traumatólogo cubano. Tampoco
hay ecografista cubano. Los equipos clave están averiados o solo
funcionan parcialmente tras años de inversiones insuficientes en medio
de una crisis económica más amplia. Los pacientes son enviados a otros
lugares, a menudo a instalaciones que se enfrentan a las mismas
carencias, después de hacer cola antes del amanecer para una de las
aproximadamente 30 citas para el día siguiente.
La partida de los
cubanos está afectando con mayor dureza a las comunidades donde el
acceso a la atención médica ya era deficiente. Con solo el 6% de la
población con seguro médico, casi el 39% de los venezolanos acudieron a
centros de salud como el Salvador Allende el año pasado, en comparación
con el 34% que visitó hospitales y el 20% que fue atendido en clínicas
privadas, según una encuesta nacional sobre condiciones de vida conocida
como Encovi.
Las autoridades de Caracas se esfuerzan por
contener las consecuencias. Un plan gubernamental lanzado a principios
de este año pretende ampliar la atención quirúrgica para cataratas,
traumatismos y otras afecciones a través de clínicas privadas,
utilizando a las aseguradoras como intermediarias. Rodríguez ha
supervisado personalmente la entrega de suministros médicos y la
rehabilitación de instalaciones sanitarias públicas en varios estados.
Además,
presidió la ceremonia de graduación de más de 1.600 médicos
comunitarios integrales que se incorporaron de inmediato al sistema
público de salud, y agregó que otros 45.000 estudiantes se matricularon
en estudios de medicina en la Universidad de Ciencias de la Salud Hugo
Chávez. Rodeada de legisladores, personal de la Cruz Roja y graduados
sonrientes con batas blancas y boinas rojas, Rodríguez afirmó que los
venezolanos tienen derecho a la atención médica gratuita a través del
sistema público de salud, mientras el gobierno trabaja para coordinar e
integrar con el sistema privado de salud.
Pero
es poco probable que esos esfuerzos compensen el colapso de la atención
médica de primera línea en centros como el Salvador Allende, donde años
de falta de inversión —y ahora la partida de médicos cubanos— han
debilitado gravemente el sector de la salud.
El cambio ideológico
se extiende más allá de los médicos. La presencia de seguridad cubana
que una vez rodeó a Maduro y a su predecesor ha desaparecido, otra señal
de lo rápido que se está desmantelando el viejo orden.
Rodríguez,
aunque sigue invocando la retórica chavista, se ha movido con decisión
para romper con ese legado a medida que consolida el poder. En cuestión
de días, empezó a dar marcha atrás en las políticas petroleras
nacionalistas que habían definido el sector energético de Venezuela
durante más de dos décadas.
Está estrechando rápidamente sus lazos
con Washington. La bandera estadounidense ha ondeado en el Palacio de
Miraflores durante visitas de alto nivel, algo impensable bajo el
régimen de Maduro. Además, Rodríguez ha recorrido instalaciones
petroleras junto a funcionarios estadounidenses.
Su gobierno
también está desmantelando programas sociales emblemáticos vinculados a
Chávez y Maduro, al tiempo que deja de lado a los partidarios de la
línea dura y eleva a los tecnócratas. El contraste con el pasado es
marcado.
En 2014, Maduro dijo que los médicos cubanos habían
realizado el 80% de casi 650 millones de consultas durante la década
anterior, calificándolo de “ayuda incalculable” que reconfiguró el
sistema sanitario de Venezuela.
Ahora, funcionarios cubanos describen en privado el momento con una mezcla de preocupación y resignación.
Los
diplomáticos de La Habana permanecen en Caracas, manteniendo una
presencia considerable y continuando algunos compromisos formales. Pero
la relación que una vez definió la política exterior de ambos gobiernos
se está reduciendo rápidamente.
En el centro Salvador Allende, los
trabajadores ya no esperan una mejora. Cuando se les preguntó si se
repararían los equipos averiados, se rieron.
"Francia va a tomar decisiones políticas decisivas durante el próximo año. Por un lado, una derecha nacionalista en pleno auge, cada vez más cercana a los círculos empresariales, y que pretende llegar al poder estigmatizando la inmigración y a los extranjeros. En su arsenal, referéndums contra los inmigrantes que permiten «devolver la voz al pueblo». Frente a esto, la izquierda titubea, vacila, se divide y se enreda. Para aclarar sus posiciones y unir sus fuerzas, la izquierda debe proponer la aprobación, mediante referéndum, de un impuesto de solidaridad nacional que grave a los multimillonarios y a los que poseen patrimonios de cientos de millones. Teniendo en cuenta el estado del debate y la magnitud de lo que está en juego, esta es la mejor manera de zanjar la cuestión. La derecha quiere devolver la palabra al pueblo en materia de identidad e inmigración. La izquierda debe hacer lo mismo, pero situándose en el terreno de la solidaridad y la justicia. Y demostrando, de paso, que el discurso antimigrantes del RN no es más que una fachada destinada a desviar la ira social y a defender a los más ricos.
Una propuesta de este tipo permitiría aclarar las opciones disponibles y situar la cuestión democrática en el centro de la campaña presidencial. En Francia no se ha celebrado ningún referéndum desde 2005 (algo inédito desde 1945). La crisis de los Chalecos Amarillos debería haber sido la ocasión para crear un auténtico referéndum de iniciativa ciudadana. No se ha hecho nada. Ha llegado el momento de confiar en los ciudadanos y devolverles la palabra sobre un tema que ocupa un lugar central en la historia del país desde 1789: la igualdad y el fin de los privilegios.
El texto sometido a referéndum podría inspirarse en el impuesto de solidaridad nacional (ISN) aprobado por la ordenanza del 15 de agosto de 1945. El ISN constaba de dos componentes: por un lado, un impuesto sobre los patrimonios más elevados en 1945, con un tipo que alcanzaba el 20 % para las mayores fortunas; y, por otro lado, una contribución excepcional sobre el enriquecimiento constatado entre 1938 y 1945, con un tipo que alcanzaba el 100 % para los aumentos patrimoniales más importantes.
El ISN versión 2027 propuesto por la izquierda para su aprobación mediante referéndum también podría constar de dos componentes: por un lado, un impuesto excepcional con un tipo del 50 % sobre los enriquecimientos superiores a 100 millones de euros entre 2017 y 2027; y, por otro lado, un impuesto anual y permanente con un tipo del 5 % sobre los patrimonios superiores a 100 millones y del 10 % a partir de 1 000 millones.
Los ingresos se situarían en torno a los 800 000 millones de euros (400 000 millones correspondientes al componente excepcional y 400 000 millones en 10 años para el componente permanente), lo que supone aproximadamente el 30 % del PIB. Esta cifra sigue siendo modesta en comparación con el Lastenausgleich alemán de 1952, un sistema de tributación excepcional de los patrimonios más elevados cuyos ingresos representaban el 60 % del PIB alemán de la época, a pesar de que las fortunas privadas eran mucho menos prósperas que en la Francia actual (el 250 % del PIB frente a más del 500 %). Para evitar cualquier elusión, el ISN se devengaría en proporción al número de años de residencia en Francia, de modo que el exilio fiscal no supondría un gran coste para el fisco (un contribuyente que se exiliara tras 60 años en Francia seguiría pagando 60/61 del impuesto que deben los residentes el primer año, 60/62 el segundo, etc.).
Esos 800 mil millones de euros serían abonados en títulos por los multimillonarios y los centimillonarios, y se invertirían en un fondo soberano que permitiría a los poderes públicos reorientar la inversión en función de las prioridades estratégicas del país, especialmente en el ámbito energético. Sobre la base de estos nuevos activos, Francia lanzaría un empréstito excepcional de 400 mil millones que permitiría financiar un ambicioso plan de inversión y contratación en los ámbitos de la formación, la investigación y la sanidad. Se trata de un nuevo contrato social, otro modelo de desarrollo, más soberano, más equitativo y más sostenible, sobre el que se celebraría este referéndum (véase el Global Justice Report: A Plan for Equality & Prosperity within Planetary Boundaries) . Todo lo contrario al modelo que nos proponen los multimillonarios y los tecnonacionalistas, cuyo único proyecto es cubrir el mundo de centros de datos y enriquecerse cada vez más, sin ninguna preocupación social ni medioambiental.
Habrá quien intente alegar que un impuesto de solidaridad nacional de este tipo sería jurídicamente imposible o inconstitucional. Este argumento resulta incomprensible desde el punto de vista histórico, ya que en Francia se aplicó un impuesto similar en 1945 (al igual que, por cierto, en numerosos países de Europa y en Japón para hacer frente a los retos de la posguerra, un periodo marcado por una elevada deuda y una gran necesidad de inversión pública, como ocurre hoy en día), y que ninguna modificación constitucional introducida desde entonces ha prohibido ni limitado la tributación progresiva del patrimonio. Por otra parte, el artículo 11 de la Constitución permite al presidente someter a los electores cualquier proyecto de ley relativo a «la política económica o social de la nación» (sin necesidad de aprobación parlamentaria previa). El artículo 34 precisa que la fijación de los tipos y las bases imponibles de todo tipo es competencia de la ley (y de nadie más). Si un presidente elegido, al proponer un referéndum de este tipo, activa el artículo 11 al día siguiente de su elección, será sencillamente imposible oponerse a ello desde el punto de vista democrático.
Por supuesto, se puede oponerse políticamente al ISN, por ejemplo, argumentando que las enormes desigualdades patrimoniales actuales son indispensables para hacer frente a los retos del futuro, o bien que un impuesto de este tipo sería deseable en teoría, pero fácilmente eludible en la práctica. Estos argumentos carecen de peso a la luz de los datos históricos disponibles, pero el debate es legítimo. Lo que es seguro es que hay que dejar de esconderse tras pseudoargumentos jurídicos y aceptar situar el debate en el terreno político, histórico, social y económico. Ese es el debate democrático al que tienen derecho los votantes."
"Las víctimas mortales del vasto genocidio israelí en Gaza se han subestimado deliberadamente.
Los principales medios de comunicación no tienen ningún problema en
estimar las muertes (500.000) de la guerra civil de la dictadura de
Assad en Siria , ni las muertes estimadas en las guerras de Ucrania,
Sudán o Irán.
De alguna manera, los editores de los medios de comunicación no permiten
que sus periodistas de investigación evalúen la magnitud del asesinato
en masa de civiles por parte de Israel en Gaza: una población expuesta e
indefensa de 2,3 millones de personas en un enclave del tamaño
geográfico de Pennsylvania . La Associated Press señala que el
historiador militar estadounidense Robert Pape cree que
«Gaza es una de las campañas de castigo civil más intensas de la
historia» y que «actualmente se sitúa cómodamente en el cuartil superior
de las campañas de bombardeos más devastadoras jamás realizadas».
¿Por qué? Una razón es que el Ministerio de Salud, controlado por Hamás,
certifica las muertes en Gaza basándose en informes de hospitales y
morgues que, en su mayoría, fueron destruidas hace más de un año.
(Actualmente, reportan alrededor de 73.000 fallecidos). Sin embargo,
Hamás ha admitido que hay decenas de miles de cuerpos bajo los
escombros, miles más destrozados o incinerados e irreconocibles. También
afirman que sus cifras no incluyen las muertes colaterales (por
ejemplo, incendios propagados) causadas por los bombardeos de los F-16
del ejército israelí y el incesante bombardeo de la población de Gaza ,
ni las muertes provocadas por el bloqueo impuesto por el gobierno
israelí de alimentos, medicinas, atención médica , agua , combustible,
electricidad y refugio. En otras zonas de conflicto alrededor del mundo,
la proporción de muertes colaterales es entre 3 y 13 veces mayor que la
de muertes causadas por armas violentas.
Al régimen israelí no le preocupa la subestimación de
las cifras de Hamas porque tanto ellos como el Departamento de Estado
de EEUU saben que el número real de muertos (junto con el de heridos) es
mucho mayor. Hamas sabe que el 7 de octubre de 2023, el complejo
aparato de seguridad fronteriza israelí se vio comprometido. Entonces,
lanzaron lo que resultó ser un ataque suicida-homicida a través de la
frontera, que provocó unas 1400 muertes, en comparación con las casi
1200 personas —unas 400 de ellas soldados y policías— que resultaron
heridas de bala por los atacantes de Hamas. Hasta el día de hoy, con la
mayoría de los israelíes escépticos, Netanyahu ha bloqueado una
investigación oficial independiente sobre el misterioso colapso del
complejo sistema de seguridad fronteriza israelí.
Netanyahu lo atribuye a negligencia. Sin embargo, hubo demasiadas
advertencias por separado, incluyendo la vigilancia israelí las 24 horas
del día, además de que Israel tenía los aviones de Hamás un año antes,
como para aceptar ese pretexto improbable.
Por otro lado, a Hamás no le molesta que los medios de comunicación
internacionales repitan una y otra vez su cifra mínima e identificable
de muertos. Desde luego, no quieren que la estimación realista de las
víctimas indigne aún más a sus súbditos, ya que Hamás no protegió a la
población civil ni contaba con refugios antiaéreos. Hamás sabía
perfectamente lo que le esperaba del ultramoderno y brutal ejército
israelí, respaldado por el complejo militar-industrial ultramoderno y
letal de Estados Unidos, liderado por su aliado Joe Biden.
Existe otra reticencia por parte de los medios de comunicación. Los
informes de testigos presenciales, así como de académicos y
especialistas en armamento militar, que llegan a rangos mínimos y
máximos de muertes (la mayoría de las cuales son niños y mujeres),
provocan repugnantes denuncias y acusaciones de antisemitismo.
Además, los apologistas de la matanza israelí sin fin, como Bret Stephens, portavoz de Netanyahu en la sección de opinión del New York Times
, han utilizado las bajas cifras de Hamas para contrarrestar las
acusaciones de genocidio israelí. Si se trata de un genocidio, afirman
erróneamente, el número de muertos sería mucho mayor. En 2025, dos
importantes organizaciones israelíes de derechos humanos —B'Tselem y
Médicos por los Derechos Humanos Israel— publicaron informes que
concluían que Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos en
Gaza (ver el informe de Amnistía Internacional).
Pues bien, la cifra de muertos es mucho mayor: más de 600.000 vidas
destruidas, lo que representa más del 25% de la población original de
Gaza. Esto deja a casi un 75% de la población con vida, aunque la
mayoría está enferma, herida o agonizando. Informar sobre la realidad
intensificaría la determinación política, diplomática y cívica para
detener la matanza, permitir la entrada de ayuda humanitaria suficiente y
avanzar hacia la resolución de este conflicto.
Según analistas citados por The Lancet , organizaciones
internacionales de ayuda humanitaria, universidades y agencias de la
ONU, se estima que cientos de miles de palestinos han muerto a causa de
los violentos bombardeos, la artillería, los francotiradores y los
consiguientes efectos secundarios mencionados anteriormente.
Por ejemplo, el profesor emérito Paul Rogers de la Universidad de
Bradford en el Reino Unido estimó en abril de 2025 que el tonelaje de
explosivos lanzados sobre Gaza equivalía a seis bombas de Hiroshima,
pero más letal porque estos proyectiles diarios son más precisos. Tarek
Loubani, un médico canadiense que ha prestado servicio en hospitales en
ruinas de Gaza, cifra el número de muertos en "cientos de miles".
En una serie de informes detallados y con notas a pie de página («La verdad sobre los muertos de Gaza»),
Feroze Sidhwa, cirujano traumatólogo estadounidense que trabajó en los
campos de exterminio de Gaza, ha publicado numerosas pruebas
contundentes aportadas por decenas de trabajadores sanitarios que
vivieron los horrores atroces. Entre ellos, el ataque deliberado de
francotiradores terroristas israelíes contra niños pequeños, que
recibieron disparos en el cerebro y el corazón. (Véase «Médicos extranjeros afirman que Israel ataca sistemáticamente a los niños de Gaza: Informe– Al Jazeera, 14 de septiembre de 2025»).
El reciente informe de Francesca Albanese, relatora especial de las
Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, citó un consenso de 680.000 muertes.
La respetada catedrática de Salud Pública Global de la Universidad de
Edimburgo, la profesora Devi Sridhar, ya ofrece desde hace tiempo
estimaciones mucho más elevadas que las de Hamás.
Según The Hill, en noviembre de 2023,
la subsecretaria de Estado para Asuntos del Cercano Oriente, Barbara
Leaf, declaró ante un comité de la Cámara de Representantes que el
número real de palestinos asesinados en Gaza probablemente era mayor que
las cifras que reportaban entonces las autoridades sanitarias de Gaza.
Fue silenciada de inmediato y nunca más volvió a hablar sobre las
víctimas del genocidio israelí. El Departamento de Estado lleva dos años
bloqueando una solicitud de acceso a la información pública.
El enorme bloque israelí en el Congreso, por supuesto, no ha permitido
ninguna audiencia sobre el saldo de víctimas causadas por las letales
armas estadounidenses (incluido el envío de proyectiles de artillería de
fósforo blanco), cuyo costo asciende a millas de millones de dólares
pagados por los contribuyentes estadounidenses. Human Rights Watch y
Amnistía Internacional han denunciado que Israel utilizó municiones de
fósforo blanco en operaciones militares en Gaza y a lo largo de la
frontera entre Israel y Líbano poco después de los ataques de Hamás del 7
de octubre.
Los periodistas podrían haber obtenido evaluaciones y valoraciones
informadas sobre la masacre perpetrada por Israel en Gaza de Médicos Sin
Fronteras, Save the Children, World Central Kitchen y otras
organizaciones humanitarias. Decenas de bebés y niños en Gaza mueren
cada día a causa de enfermedades, desnutrición y lesiones sin tratar. No
hay centros de salud para ellos. Los vergonzosos periódicos, revistas,
televisión y radio estadounidenses faltan al respeto a los palestinos
tanto en la vida como en la muerte, ¡algo que jamás se atreverían a
hacer si estuvieran en su lugar!
¿Por qué periodistas valientes como Ryan Grim, Jeremy Scahill, Amy
Goodmany Sy Hersh no investigan a fondo la espantosa indiferencia ante
el subregistro de víctimas en Gaza? ¡La verdad y los supervivientes
afligidos los necesitan!"
"Terroristas "Antifa" de Minnesota acusados. El fiscal federal no puede explicar por qué o quién es Antifa
La acusación federal de la semana pasada contra 15 manifestantes contra el ICE en Minnesota como supuestos miembros de "Antifa" —y por lo tanto terroristas domésticos— es una clase magistral de cómo el FBI está practicando ahora el "precrimen", arrestando a ciudadanos normales antes de que cometan un delito, o sin considerar si han cometido algún delito en absoluto.
Es uno de los primeros casos en los que el memorando presidencial de seguridad nacional 7 (NSPM-7) ha sido citado explícitamente por el Departamento de Justicia como director de los arrestos, una nueva práctica que comenzó este mes. El fiscal de Estados Unidos para Minnesota, Daniel Rosen, dijo que la directiva estableció el Grupo de Trabajo Conjunto Vanguard para "priorizar la violencia motivada políticamente", lo que para la administración Trump significa, por supuesto, sus opositores. La directiva, dijo Rosen, también ordena a los investigadores federales "investigar, procesar y desarticular a quienes participan en violencia política e intimidación".
Cuando se le preguntó en la conferencia de prensa cómo define el Departamento de Justicia a Antifa, Rosen básicamente no tuvo respuesta. "Qué es Antifa va más allá, va más allá, creo, del alcance de esta acusación", respondió. "Pero lo que puedo decirles es que tenemos muchas personas que se autoidentifican de esa manera, y quizás quieran preguntarles a ellos esa pregunta".
Y en cuanto a si alguien resultó realmente herido, aquí también Rosen titubeó. "Si al final del día causaron o no daño físico no es la medida de si cometieron o no un delito federal grave", dijo, sonando como un niño que no había hecho la tarea y al que llaman en clase.
En otras palabras, el gobierno federal está procesando a un grupo que ni siquiera puede definir.
La guerra de la administración Trump contra sus oponentes encuentra su forma sólida en la guerra contra Antifa. Debido a que el presidente Trump "designó" a Antifa como un grupo terrorista, se aplican las reglas del "contraterrorismo". Piensen en el objetivo actual del FBI como prevenir otro 9/11: es decir, seguir la doctrina de las últimas dos décadas, que es detener un ataque antes de que ocurra.
Aunque no lo dicen explícitamente, el Grupo de Trabajo Vanguard se dedica al precrimen. Bajo el NSPM-7, los federales no requieren que se haya cometido realmente un delito. Solo necesitan "indicadores". Los indicadores son lo suficientemente amplios como para abarcar a millones de estadounidenses: "antiamericanismo", "anticapitalismo", "anticristianismo", "extremismo en migración", como ya he informado.
*El NSPM-7 de Trump etiqueta creencias comunes como "indicadores" de terrorismo*
*Con los medios de comunicación convencionales distraídos por el drama televisivo de la acusación de James Comey, Trump ha firmado una directiva de seguridad nacional poco notada que identifica las opiniones "anticristianas" y "antiamericanas" como indicadores de violencia izquierdista radical. Denominado Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 7, su...*
Antifa como indicador es absurdo. En las protestas que he cubierto durante los últimos años, cuando preguntaba a la gente qué pensaba de Antifa, la respuesta que escuché una y otra vez —de madres, de abuelos— fue "¡Yo soy Antifa!". Algunos manifestantes lo decían en broma, otros con desafío. Pero lo que no querían decir era que formaban parte de alguna organización como la que Washington imagina. Cuando les preguntaba por qué Antifa, la respuesta era universal. Son antifascistas, lo que en términos no relacionados con la seguridad nacional es lo que ellos creían que la palabra significaba simplemente.
Esa confusión ha producido percances que serían divertidos si lo que está en juego no fuera lo que es —como cuando las fuerzas del orden federales estaban convencidas de que habían identificado al "líder de Antifa", que resultó ser un tipo cualquiera de Portland, como informé.
El fiscal Rosen anunció en su conferencia de prensa:
*"Hoy se desveló una acusación federal que imputa a 15 acusados el delito de conspiración para obstaculizar o lesionar a agentes federales y otros cargos relacionados con los esfuerzos de dos grupos Antifa con sede en Minneapolis que se opusieron violentamente a la aplicación de la ley federal en nuestro estado. Los acusados son miembros y asociados de Direct Action Minnesota… Estos acusados han sido acusados no por lo que dijeron, sino por lo que hicieron. Todos se unieron a un acuerdo, una conspiración, para interferir con las operaciones legales de aplicación de la ley de inmigración".*
"Conspiración" me parece mucho a desobediencia civil o libertad de expresión. Nótese, por ejemplo, que la prueba más vívida que Rosen presentó realmente a los periodistas fue un video de uno de los acusados, Kyle Wagner, usando retórica violenta —discurso— lo que resulta extraño junto a la insistencia de Rosen de que nadie estaba siendo acusado "por lo que dijo".
El NSPM-7 se firmó en septiembre de 2025, tres días después de la orden ejecutiva de Trump que designaba a Antifa como organización terrorista doméstica. Ordena al gobierno desarticular redes supuestamente "animadas" por creencias que incluyen el anticapitalismo, el anticristianismo y el "extremismo en migración". El memorando de implementación de la fiscal general Pam Bondi —titulado "Poner fin a la violencia política contra el ICE"— dirigió ese aparato directamente contra las personas acusadas de obstaculizar la aplicación de la ley de inmigración. El Grupo de Trabajo Conjunto Vanguard es ahora el brazo ejecutor con un objetivo mucho más amplio.
En su afán por arrestar y condenar a sus oponentes políticos, la administración Trump no ha tenido éxito hasta ahora. En enero, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció orgullosamente que el ICE había sobrevivido a "un intento de asesinato de agentes federales" en el norte de Minneapolis, sugiriendo que los manifestantes amenazaban directamente a los agentes del orden. Lo que describió como agentes federales "emboscados y atacados por tres individuos que los golpearon con palas de nieve y mangos de escobas", lo que obligó a un agente a disparar "un tiro defensivo", resultaron ser dos repartidores venezolanos de DoorDash sin antecedentes violentos.
Luego apareció el video. Las imágenes de vigilancia municipal mostraron un altercado de unos 12 segundos, sin golpes con pala de nieve; una pala permaneció en el suelo todo el tiempo. Las autoridades tuvieron las imágenes horas después del tiroteo. Los fiscales no se molestaron en verlas hasta semanas después de haber acusado a los hombres y haber presentado la declaración jurada de un agente ante un juez. En febrero, la propia oficina de Rosen solicitó el sobreseimiento de los cargos con perjuicio —lo que significa que nunca pueden ser presentados nuevamente— citando pruebas "materialmente inconsistentes" con la declaración jurada. Un juez federal estuvo de acuerdo. Dos agentes del ICE fueron puestos en licencia administrativa por mentir aparentemente bajo juramento.
El jefe de policía de Minneapolis ofreció el epitafio: los agentes "se ahorcaron solos".
Esto no fue un caso aislado. La filial local de CBS en Minneapolis revisó los documentos judiciales y encontró al menos 18 habitantes de Minnesota cuyos casos de agresión a un agente fueron desestimados, con un juez desestimando los cargos para 15 de ellos. Las declaraciones juradas de un solo agente del ICE aparecieron en aproximadamente diez de los casos desestimados. En un caso que el propio Rosen solicitó retirar, el acusado dijo que los agentes federales lo habían esposado a una cama de hospital durante días sin acceso a su teléfono.
Otro caso se derrumbó después de que un juez determinara que Bondi había nombrado públicamente a manifestantes arrestados en una publicación en las redes sociales —violando la orden de sellado del tribunal y, escribió el juez, "probablemente" varias políticas del Departamento de Justicia.
Y el patrón no se limita a Minnesota. En la "Operación Midway Blitz" de Chicago, los fiscales acusaron a los "Broadview Six" —un grupo que incluía a un candidato demócrata al Congreso y a un candidato demócrata a la legislatura estatal— de conspirar para "obstaculizar" a un agente del ICE fuera de un centro de detención. Un juez federal desestimó el caso por mala conducta procesal, incluidas alegaciones de manipulación del jurado y engaño al tribunal.
De 22 procesos en el área de Chicago bajo el estatuto federal de obstrucción a un agente, 16 han sido desestimados o nunca llegaron a ser acusados, según un recuento del Chicago Sun-Times citado por CNN.
En Los Ángeles, el gobierno ha perdido los cinco casos que llegaron a juicio —cinco absoluciones consecutivas.
Nada de esto frena a la Casa Blanca. "La administración Trump asesta otro golpe aplastante a la red terrorista Antifa", anunció la Casa Blanca con los arrestos en Minnesota. El comunicado detalla casos federales contra individuos "Antifa" en estados como Minnesota, Oregón, Texas, Washington, Nueva Jersey, California e Indiana.
Trump vomita y la maquinaria gubernamental avanza lentamente detrás. Sí, Noem, Bondi y Kash Patel pueden twittear como si hubiera tanto una amenaza como una rápida respuesta federal, pero los Grupos de Tarea tienen que resolver su presupuesto y sus membretes antes de poder llegar a la rampa de acceso a X (antes Twitter).
Rosen concluyó calificando la violencia política como "una plaga nacional en nuestros tiempos". No los precios de la gasolina. No el alquiler. No el costo de la atención médica. O el cuidado infantil. Eso es lo que obtienes cuando se permite que los imperativos de la "seguridad nacional" establezcan las prioridades de una sociedad —especialmente una vez que la "seguridad nacional" se ha redefinido para significar casi cualquier cosa que el gobierno quiera que signifique."
"El
adjunto al director de 'La Vanguardia', Enric Juliana, y el periodista
en 'El Confidencial' y ensayista Esteban Hernández, autores del libro
'Viaje a un Nuevo Mundo', analizan la posición internacional de España
en un mundo atravesado por China, Trump, Alemania y la crisis de la
socialdemocracia. "El problema es que a veces, teniendo razón, te pueden
descalabrar", advierte Juliana sobre la política exterior de Pedro
Sánchez y sus costes posibles.
Hay libros que ayudan a entender un momento, y otros que obligan a ordenar el desorden. Viaje a un Nuevo Mundo, de Enric Juliana y Esteban Hernández, publicado por el excelente sello Arpa
–una editorial que se ha vuelto imprescindible hoy en día para el
ensayo, el pensamiento crítico y el debate político–, pertenece más bien
a esta segunda categoría. Durante mi conversación en Madrid, el adjunto
al director de La Vanguardia y el periodista y ensayista de El Confidencial acaban
haciendo una cartografía de ese cambio de época: Juliana y Hernández
van de la política exterior de Pedro Sánchez a la presión de China, de
la crisis alemana a Marruecos, y de la recomposición de la derecha
europea al agotamiento de la socialdemocracia. "En el orden internacional se han roto muchos conceptos",
advierte Juliana, antes de situar la política exterior española dentro
de una tensión más amplia entre la política interna y el nuevo
equilibrio global.
El diálogo gira también sobre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Vox y
el papel que puede jugar España en una Europa cada vez menos
cohesionada. Hernández recuerda que "la política exterior ofrece pocos
réditos en la política interna", mientras Juliana alerta de que el
próximo Gobierno español se enfrentará a la política que viene: "Europa
pedirá a Feijóo no incendiar Catalunya y que una fórmula portuguesa —un
PP en minoría sostenido de algún modo por PSOE, PNV o sectores
catalanes— podría aparecer si el PSOE queda muy debilitado".
Hernández, en cambio, ve una derecha europea cada vez más convergente en
inmigración, atlantismo, austeridad, defensa y energía, y cree que PP y
Vox podrían encajar en ese marco. En el fondo, ambos describen un
escenario en el que España ya no puede pensar su política nacional al
margen del mundo: "la geopolítica no puede aislarse de la política
nacional", resume Hernández.
¿Qué imagen internacional creen que tiene hoy España?
Enric Juliana (E. J.): En una reciente portada del dominical de The Guardian
aparecían varios primeros ministros europeos flotando con salvavidas en
el mar. España llama la atención en algunas cosas, pero no está en un
foco muy permanente. Quizá en Italia, donde la izquierda reivindica a
Pedro Sánchez, Meloni ha buceado en el interior de la política española
para poder crear un discurso alternativo al del presidente del Gobierno
español. En Francia he visto en fechas recientes algunos artículos en la
prensa conservadora que dicen que España no es lo que parece y que
también tiene sus problemas.
Este ensayo de política exterior semiautónoma que se está haciendo llama
un poco la atención y, a la vez que llama la atención, preocupa a
algunas instancias. Pensemos, por ejemplo, en la cuestión de China.
Evidentemente, los alemanes no están tranquilos con esto. Y no sé si los
franceses tampoco.
Esteban Hernández (E. H.): La valoración de la acción
exterior española variará a medida que cambie Europa. Conforme la
política europea adopte otra configuración, la posición española quedará
más fuera de juego o más integrada, sobre todo porque el Gobierno
español ha basado buena parte de su acción exterior en la buena relación
con la Comisión.
"Conforme la política europea adopte otra configuración, la posición española quedará más fuera de juego o más integrada"
También
hay un papel simbólico en el plano internacional, cuya valoración
depende del entorno en el que se reciba. Para los progresistas
latinoamericanos, es una baza interesante; para la derecha
latinoamericana, un problema que hay que superar. En todo caso, refleja
tendencias de la esfera occidental que ya están presentes en España.
En tiempos de agitación, una postura interesante en un momento puede
volverse complicada en otro y volver a adquirir interés más adelante.
Existe, además, una tensión político-ideológica significativa orientada a
restar espacio a los partidos socioliberales dentro y fuera de Europa.
Es muy difícil que Sánchez se sustraiga a esa tendencia.
¿Están los dos grandes partidos políticos de España más lejos que nunca en cuanto a elementos fundamentales de la política exterior?
E. J.: En el orden internacional se han roto muchos
conceptos. Lo que ha pasado en España no es ajeno a lo que está
ocurriendo en la escena internacional. Si hace un año nos explican que
Estados Unidos lanza una guerra y al cabo de tres meses la tiene que
cerrar deprisa porque se le cae el andamiaje de las elecciones de
noviembre, no nos lo creemos. Y unos que tenían que desaparecer de la
faz de la tierra ahora están celebrando la victoria. Nos sentimos
confusos en la asimilación de lo que está pasando.
En lo que se refiere a la política exterior española, pienso que hay un
viejo principio, que citan mucho los diplomáticos, según el cual no
puede haber una política exterior sólida si no hay solidez en la
política interna. La política interna determina la política exterior y
viceversa: si la política exterior tiene fuerza, refleja la política
interior.
Pedro Sánchez ha querido jugar un papel de capitán de lo que queda de la
socialdemocracia e intenta maximizar este capital político en la escena
internacional sin acabar de traspasar las líneas peligrosas, pero
forzando. Jugar al límite sin traspasar la línea.
E. H.: A partir de 2004 se produce una ruptura muy
significativa en la política exterior española, que se corresponde con
la ruptura interna. El giro hacia Estados Unidos y hacia Bush que había
tejido Aznar queda interrumpido con la llegada de Zapatero al poder, y
España vuelve a resituarse en el eje europeo franco-alemán. Esto perdura
en la memoria de muchas instituciones, mientras se quiebra también la
política interna.
Desde entonces, ya no ha sido igual. Llega la crisis, aparecen nuevos
partidos, se acumula toda la agitación y resulta muy difícil construir
una mirada hacia fuera, porque casi todos los partidos han mirado hacia
dentro, hacia la conservación del poder nacional. Esa ha sido la
prioridad fundamental hasta que Sánchez ha intentado jugar un papel
autónomo de España, también en el ámbito ideológico y fuera de nuestras
fronteras, como capitán de la socialdemocracia.
Pero llevamos ya más de veinte años de ruptura. Este momento, además, es
especial porque la fractura ya no se da únicamente entre partidos. No
solo se ha roto el consenso entre partidos, que ya era bastante
inestable antes, sino que hay movimientos de fondo en el plano
internacional, como vemos en Europa. Hay un desplazamiento significativo que
está dejando poco espacio a los socialdemócratas. A ello se suma un
deterioro institucional y político muy relevante en Occidente y también
en España: el alejamiento de la ciudadanía respecto de la política, el
descontento y, por tanto, la posibilidad de que surjan movimientos
perturbadores frente a los consensos establecidos. Durante un tiempo
tuvimos una ruptura más o menos controlada, con la aparición de nuevos
partidos y consensos débiles; ahora aparece también la amenaza de la
inestabilidad inherente a sociedades descontentas.
"Pedro Sánchez ha querido jugar un papel de capitán de lo que queda de la socialdemocracia"
E. J.:
Esta política autónoma, semiautónoma, presenta riesgos objetivos. Y yo
la pregunta que me hago a la luz de los acontecimientos actuales es: ¿ha
hecho el presidente una evaluación realista y de riesgos del mundo?
Será uno de los elementos que se deberá tener en el balance del mandato.
Es algo fundamental en todos los ámbitos, en la vida de las personas,
de las organizaciones y de las instancias de todo tipo.
En este sentido, ¿cuáles son los costes que están por llegar?
E. H.: Comenzaría refutando la idea de que Sánchez
sigue una política plenamente autónoma. Está vinculado a corrientes
políticas e ideológicas estadounidenses, aunque son las corrientes
perdedoras. Hemos visto su relación con Soros y con distintas figuras
del ámbito demócrata estadounidense, un espacio que ahora podría tener
alguna opción de resurgir por la debilidad interna de Trump.
Sánchez no ha hecho una política en el vacío. Su orientación coincide
con la de buena parte de los demócratas estadounidenses, especialmente
los situados alrededor de Kamala Harris y Biden. Por tanto, las
consecuencias dependerán también de los cambios en el orden
estadounidense y europeo durante los próximos años. Resulta muy difícil
que Estados Unidos cambie de dirección, incluso si los demócratas
vuelven al Gobierno. Las transformaciones ya están en marcha y la
historia reciente muestra que, cuando se consolidan, es difícil
revertirlas.
"[Sánchez] está vinculado a corrientes políticas e ideológicas estadounidenses, aunque son las corrientes perdedoras"
Sánchez,
además, no está solo. Según el nivel de apoyos que tenga, las
consecuencias serán unas u otras. Ese es un primer factor. El segundo es
qué tipo de política harán PP y Vox si llegan al poder. Damos por
descontado que ambos girarían las posiciones internacionales, y eso
también tendría consecuencias para España. Si ese giro implica una
integración fuerte en la tendencia dominante, esas consecuencias pueden
ser mucho menos agresivas. Es un escenario muy abierto.
E. J.: Hay un aspecto concreto, pero me parece
significativo de estos días. Posiblemente, cuando aparezca publicada la
entrevista, solo faltará el voto en el Senado –ya se habrá votado
favorablemente en el Congreso– para la ratificación del Tratado de Amistad con Francia,
firmado en enero de 2023. Han pasado tres años y no ha sido ratificado
por España todavía. Francia lo hizo, no sin alguna discusión
parlamentaria, y en España queda rechazado porque quería incluir como
novedad simbólica la posibilidad de que los ministros de ambos países
puedan participar periódicamente en reuniones de los consejos de
ministros del otro país.
Vox clava la bandera soberana y el PP se mueve en esa dirección.
Puigdemont le quiso hacer pagar a Sánchez aquello: Sánchez quiso firmar
el tratado en Barcelona y en la montaña de Montjuïc. De manera
simbólica, le decía a Macron: "tengo a Barcelona a mis pies, el
independentismo ha sido derrotado". Ahora imaginémonos si esto sigue
bloqueado. En tal caso, se abre casi un conflicto diplomático con
Francia, que es uno de nuestros principales aliados.
¿Marruecos podría ser una de las próximas consecuencias de la política autónoma o semiautónoma? Esta pregunta me la suscita la entrevista en ABC al líder del Frente Polisario.
E. J.: Permítame una ironía: creo que el líder del
Frente Polisario, hace un año, ni en sueños podía imaginar que sería
entrevistado por un diario como ABC. Y eso también nos da una
medida de cómo están las cosas. No sé hasta qué punto Marruecos está hoy
interesado en la caída abrupta de Sánchez, sinceramente. Por un motivo:
porque yo creo que el Partido Popular, incluso Vox, pero sobre todo el
Partido Popular, mantendrá básicamente inalterada la política
relacionada con Marruecos.
"El líder del Frente Polisario, hace un año, ni en sueños podía imaginar que sería entrevistado por un diario como 'ABC'"
Es verdad que cuando te has puesto el vestido de torero frente a Rabat, pues algún pase de torero tendrías que hacer, ¿no? Marruecos es un país que está creciendo,
que está adquiriendo fuerza, que tiene un aparato estatal que funciona y
que sabe procesar la información; tiene mucha información. La pregunta
para mí es si hoy el Gobierno de Marruecos quiere al PSOE destruido.
¿Ven una vinculación clara entre estar haciendo una política
semiautónoma o autónoma y el hecho de que quien la hace considera que
esto puede tener un rédito electoral para él?
E. H.: En general, la política exterior ofrece pocos
réditos en la política interna. Lo relevante aquí es hasta qué punto
Sánchez logra plantear estas elecciones como algo existencial, incluso
para la izquierda y no solo para él. También importa en qué condiciones
llega a esos comicios para defender esa postura. Si llega con la
expectativa de que es posible repetir gobierno, los resultados serán
unos. Si llega en un escenario en el que la derrota ya se da por
descontada, el golpe puede ser revelador. Desde ese punto de vista,
salvo que consiga elevar el debate a un plano existencial, una política
exterior autónoma no le dará rédito interno, o le dará muy poco.
E. J.: En la Unión Europea hoy cada país tiene más prioridad nacional.
El propio concepto de política autónoma es equívoco, porque viene a dar
por supuesto que todos los demás están disciplinados alrededor de una
única línea, y hoy en Europa vemos que no es exactamente así. Cada uno
de los países europeos tiene su política exterior y esta cuestión se ha
acentuado.
Alemania empieza a decir: "Alemania primero". En Francia tenemos el
ejemplo reciente del fracaso del avión de combate europeo. Dicen: "Yo no
puedo rebajar la presencia de mis intereses en este proyecto a partir
de aquí y este ha de ser un avión de combate que se base en el Rafale
francés". Hasta hace dos o tres meses la política italiana decía: "Oye,
nosotros somos el puente con Estados Unidos". España lo que ha hecho es
una política exterior autónoma a la izquierda, mientras que los otros la
hacían a la derecha, para decirlo en términos que nos podamos entender.
Y todas tienen una clave interna.
Este es el mosaico. La cuestión es cuál de estos virajes acaba teniendo
éxito y cuál fracasa y choca contra la pared. En el plano discursivo,
podríamos decir que, en algunos elementos básicos de su diagnóstico, los
hechos le dan la razón a Sánchez. Ya sea con Irán, ya sea la relación
con Israel. El problema es que a veces, teniendo razón, te pueden
descalabrar. Y esta es la disyuntiva en la que se encuentra.
"Salvo que consiga elevar el debate a un plano existencial, una política exterior autónoma no le dará rédito interno"
E. H.:
España está desarrollando una política autónoma limitada en lo que se
refiere al fortalecimiento interno del país. Mientras Alemania, Francia e
Italia, dentro de sus posibilidades, intentan impulsar los elementos de
su economía y de su futuro con mayor recorrido, España ha apostado por
una política en la que el exterior pesa mucho. El crecimiento español
depende fundamentalmente de dos factores: la atracción de turistas y la
atracción de mano de obra. Los vínculos exteriores están siendo sólidos,
tanto con Europa como con China, pero no hay un fortalecimiento interno
equivalente. A medida que varíe la coyuntura general, esto puede
complicarse. La política exterior autónoma de España se dirige a generar
más lazos hacia fuera. Alemania y Francia no están haciendo exactamente
eso.
En segundo lugar, conviene preguntarse qué tipo de política autónoma
puede hacer Europa y qué margen tienen los países europeos. El caso de
Irán es significativo, porque es otro ejemplo de lo ocurrido hasta ahora
con Trump. Los grandes perdedores de la guerra con Irán han sido los
países aliados de Estados Unidos en el Golfo. Del mismo modo, en la
guerra arancelaria los grandes perjudicados no han sido China ni Rusia,
sino los europeos. Por eso también hay cierta desconfianza: ser aliado
estadounidense ya no genera réditos especiales. En la Guerra Fría sí los
generaba, pero en este momento de inestabilidad todos miran con
desconfianza, y los países con cierta potencia y rigor intentan modular
su posición.
En tercer lugar, Enric señalaba antes la necesidad de unir la política
exterior con la interna. Si no hay una política interna fuerte, es muy
difícil tener una política exterior fuerte.
Eso suele ser así salvo para los imperios.
El Imperio romano tuvo épocas de enormes debilidades interiores que
compensaba con la expansión exterior. También le ocurrió al Imperio
británico. Estados Unidos no puede expandirse territorialmente, pero sí
puede expandir sus capacidades. Es decir, sus capacidades de conquista
ya no son únicamente militares ni consisten en llegar a un territorio,
tomarlo y quedarse con él. Sus capacidades de expansión ya no consisten
en una conquista militar clásica —llegar a un territorio, tomarlo y
quedarse con él—, sino en una expansión tecnológica: "Vas a utilizar mis
plataformas militares, vas a estar conectado con mi ejército y con mis
finanzas". Eso es lo que está intentando fundamentalmente Trump.
En este contexto, en el que las finanzas, la tecnología, las armas y la
energía provienen, en gran medida, de Estados Unidos, ¿qué capacidad de
acción autónoma tiene un país si depende de Estados Unidos? Esa es la
pregunta que se están haciendo en Alemania y también en Argentina,
aunque de una manera distinta. Argentina está absolutamente vinculada a
la tecnología estadounidense, pero ese es el juego en el que estamos
todos.
En el caso de España, la estrategia ha consistido en desarrollar una
política relativamente autónoma orientada hacia la actividad exterior,
con el objetivo de conservar y diversificar sus conexiones
internacionales. Según esas conexiones se cierren o se amplíen en los
próximos años, España tendrá una capacidad de actuación mayor o menor.
¿Por qué habíamos hablado tan poco de China en España hasta hace
relativamente poco? ¿Ha ido colocándose en una esfera pro-China?
E. J.: Es un factor que también sucede con otros temas
como el de Ucrania y Rusia. Aquí influye la lejanía geográfica. España
no vive con la misma intensidad algunas percepciones sobre la política
internacional que se tienen en la gran Unión Europea. No creo que pueda
decirse que España haya sido silenciosamente pro-China hasta hace dos
años.
Pongamos un ejemplo: el primer gobierno de Giuseppe Conte en Italia
firmó un acuerdo para formar parte de la Ruta de la Seda. Los americanos
entraron en shock. Entonces era el primer mandato de Trump,
que daba apoyo a un Salvini que lo adulaba constantemente. Pompeo, el
secretario de Estado en aquel momento, dijo: "Esto no puede ser". Bueno,
este gobierno de coalición duró un año y medio. Después de este, se
formó otro gobierno del M5S con el Partito Democratico. Algunas de esas
cosas empezaron a corregirse. Luego vino el Gobierno Draghi. Las
primeras palabras de Draghi en el Parlamento italiano cuando pide la
confianza son: "Italia va a volver a tener una política exterior
rigurosamente atlántica". Y, cuando llega Meloni, se ve obligada a
ponerse a los americanos a los pies, por lo que el acuerdo con China
quedó cancelado. Para ellos era complicado, pues significaba entrar en
una cierta tensión con China siendo la italiana una economía
exportadora.
En paralelo a la adhesión de Italia a la Ruta de la Seda, los chinos
ofrecieron a España entrar. Y, durante los primeros meses del Gobierno
Sánchez, con Josep Borrell como ministro de Exteriores, lo descartó.
Este me parece que es un dato interesante, porque es verdad que España
ha hecho aproximaciones muy claras a China, pero no ha hecho bandazos.
Porque, ¿cuál es la impronta de la política de la economía española? La
búsqueda de inversiones exteriores.
"El primer gobierno de Giuseppe Conte en Italia firmó un
acuerdo para formar parte de la Ruta de la Seda. Los americanos entraron
en 'shock'"
Los dos últimos
viajes de Sánchez a China han tenido además como contrapartida varios
proyectos de fábricas de automóviles chinos en España. Estamos en otra
fase y ahora vienen tiempos más complicados para la relación con China.
La balanza comercial Unión Europea-China se está desequilibrando mucho
en favor de la economía china. Ellos venden cada vez más en Europa.
Habrá una reacción adversa de la UE ante la invasión de productos
chinos. Habrá tensiones y esa tensión repercutirá en España. Atención,
atención.
Creo que el próximo Gobierno español, sea cual sea su composición,
recibirá fuertes presiones para corregir la actual política de
aproximación a China. Creo que ese será uno de los ejes fundamentales de
la política exterior. Sin el tema China creo que no se acaban de
entender algunas cosas que están pasando actualmente en España. Cuando
hay una Guerra Fría, y estamos en una Guerra Fría, acercarse al otro lado tiene sus riesgos. ¿Era consciente José Luis Rodríguez Zapatero de los riesgos que corría acercándose al otro lado en Venezuela y China?
El PSOE de 1977 nunca se acercó al otro lado. Insinuó de manera
equívoca que estaba en contra de la permanencia en la OTAN y después
dio el volantazo. Insisto: estamos ya en la Segunda Guerra Fría y lo que
está pasando hoy en España tiene que ver con ello.
E. H.: Conviene situarlo en un contexto determinado.
Antes China no era un peligro, sino una oportunidad. No fue un problema
cuando entró en Latinoamérica a través de las materias primas, y Estados
Unidos no ejerció una presión especial para evitarlo. Pero llegó un
momento en que Washington planteó que, para la batalla en el Pacífico,
necesitaba recuperar su esfera de influencia. Lo que vemos en
Latinoamérica es una sucesión de gobiernos de derecha o de extrema
derecha. En esa esfera de influencia, una de las exigencias de Estados
Unidos es el alejamiento de China, no solo de Latinoamérica, sino
también de Europa.
"Una de las exigencias de Estados Unidos es el alejamiento de China, no solo de Latinoamérica, sino también de Europa"
El
problema es que China no solo es una potencia exportadora, sino también
inversora. Estados Unidos está exigiendo que las inversiones vayan a
parar a su territorio, y buena parte del capital se dirige a la esfera
financiera estadounidense en lugar de a la esfera europea para producir
inversión. En la brecha entre una gran potencia que exige y otra que
ofrece, aunque sea con condiciones discutibles, muchos países se acercan
a la potencia que ofrece. Esa ha sido la esencia del desarrollo chino
fuera de sus fronteras.
¿En qué medida les preocupa la situación de Alemania en el marco
del contexto europeo y de la capacidad de Europa de tener más cuotas de
unidad en ciertos ámbitos?
E. J.: No debemos olvidar nunca que, al concluir la
Segunda Guerra Mundial, había opiniones de sectores de peso en Estados
Unidos coincidentes con los soviéticos, incluso con los franceses, de
que se tenía que impedir que Alemania volviese a ser potencia
industrial. Esta era una manera de impedir el rearme alemán, pero la
propia situación de ruina europea aconsejó a los norteamericanos ayudar a
Alemania para poder recuperar la situación social europea, para evitar
conflictos sociales, para no tener que pagar ellos o pagar menos.
Alemania, a medida que va recuperando fuerza en términos económicos, no
ha dejado nunca de operar en base a sus intereses. El proceso de la
Unión Europea es un proceso que le interesa para fortalecerse. La
reunificación se hace aceleradamente, aprovechando la emoción del
momento histórico.
"Alemania, a medida que va recuperando fuerza en términos económicos, no ha dejado nunca de operar en base a sus intereses"
Por
lo tanto, Alemania fue haciendo políticas que la fortalecían y les
ponía la bandera de Europa. Hoy esto es muy complicado de hacer por dos
motivos. Uno, objetivo, podríamos decir, es que en un lapso de tres años
se han encontrado con unos problemas descomunales. Ha fallado la base
energética, ya que, después de Ucrania, la segunda víctima de la guerra
de Ucrania es la economía alemana. Además, la relación comercial con
China se complica. En lugar de vender hoy coches eléctricos alemanes a
las puertas de China ocurre lo contrario. Los chinos están vendiendo en
Alemania.
Se dan cuenta de que han invertido poco en infraestructuras y de que es
el país de la ingeniería, pero no es el país de la tecnología digital.
Además, desde el punto de vista social, la vieja división existente
entre este y oeste se agudiza, adquiere una traducción política
explícita con la Alternativa por Alemania, AfD, que se convierte en el
partido de la protesta primero del este y ya de toda Alemania.
También se produce otro proceso que a mí me cuesta más descifrar, pero
que creo que es muy importante: la actual generación joven ya no acaba
de entender por qué el peso de la culpa ha de seguir pesando sobre sus
hombros. Todo esto lo ponemos en la coctelera, lo agitamos y nos sale
una Alemania nerviosa, inquieta, insegura, que lo que necesita ahora
sobre todo es fortalecer su musculatura. La cuestión es si Alemania
podrá seguir siendo en los próximos veinticinco años la potencia
económica que ha sido.
"Si en algún momento en Alemania llegan a la conclusión o
creen que no tienen otra opción que desvincularse de la Unión Europea,
la Unión Europea se puede despedir"
En
caso de que no lo pudiese ser, ¿qué pasa? 80 millones de habitantes en
el centro, con área de influencia en el corazón del este de Europa y en
el norte. Es la tentación que podría tener Alemania de convertirse en
una potencia regional circunscrita al centro, norte y parte del este de
Europa. Si en algún momento en Alemania llegan a la conclusión o creen
que no tienen otra opción que desvincularse de la Unión Europea, la
Unión Europea se puede despedir.
E. H.: La actitud de Estados Unidos ha consistido en
imponer las reglas del juego para exigir más a sus aliados,
especialmente a Alemania, uno de sus socios más prósperos. El mensaje de
Washington es claro: recibir más sin ceder nada. A su vez, Alemania
reproduce esa misma dinámica con sus socios europeos tradicionales,
adoptando una postura de "menos Europa y más Alemania".
Apostar verdaderamente por "más Europa" exigiría alcanzar la llamada autonomía estratégica: independencia en áreas clave como la tecnología,
los recursos y la capacidad militar. Esto implicaría, necesariamente,
poner límites y entablar una negociación firme —incluso rebelde— con
Estados Unidos. Sin embargo, es un coste político que Alemania no está
dispuesta a asumir en este momento.
También hay que tener en cuenta un tercer factor: durante la
globalización, Alemania no solo fue la gran ganadora económica, sino que
también se erigió en referente de superioridad ética y moral por sus
valores y su visión del mundo.
Nadie creyó tanto en la globalización como Alemania. Mientras potencias
como China o Estados Unidos actuaban siempre pensando en sus propios
intereses, Alemania asumió que podía hacer lo mismo apoyándose en su
dominio sobre Europa, que le proporcionaba un entorno a medida.
"El mensaje de Washington es claro: recibir más sin ceder
nada. A su vez, Alemania reproduce esa misma dinámica con sus socios
europeos tradicionales"
Sin
embargo, cuando se han puesto a prueba sus capacidades, han quedado al
descubierto sus debilidades actuales: la falta de capacidad militar, la
fuerte dependencia energética del gas exterior y el hecho de que China
siga enfocada únicamente en su propia expansión comercial. Como señalaba
Enric, esta vulnerabilidad alemana es un dardo directo al corazón de
Europa.
Llegados a este punto, existe un riesgo real de fragmentación. Al igual
que la Unión Soviética acabó desintegrándose porque Rusia decidió que le
resultaba más rentable caminar sola que cargar con el resto de las
repúblicas, a la Unión Europea podría ocurrirle exactamente lo mismo si
Alemania opta por esa vía.
Creo que Europa pidió a Pedro Sánchez, cuando llegó al Gobierno,
dos cosas importantes. Una era que Podemos no siguiera subiendo. La
otra era Catalunya. Considero que Pedro Sánchez ha tenido éxito en las
dos. ¿A qué se enfrenta Feijóo en el ámbito europeo e internacional con
Vox en los sesenta diputados en las encuestas?
E. J.: Efectivamente, Sánchez tenía dos demandas
estratégicas con sello europeo: frenar a Podemos y calmar la situación
de Catalunya. Sánchez ha neutralizado a Podemos y ha calmado Catalunya.
En el primer caso, basta ver la actual aritmética parlamentaria. En el
segundo, la ley de amnistía está a punto de ser validada por la justicia
europea. Puigdemont aún sigue en Bruselas, pero ya vemos a Junts
haciendo vuelos acrobáticos con el PP en el Congreso. Eso era
inimaginable hace dos años. Bueno, he de decir que hace dos años avisé:
entre la bruma ya se veía venir un acercamiento Junts-PP.
Otra cosa es que Junts no pueda hoy votar una moción de censura
encabezada por Núñez Feijóo, y este aún tiene reparos a la hora de
viajar a Catalunya. No quiere mostrarse amable: ahí está Vox, vigilando.
Sánchez ha serenado Catalunya, la historia se lo reconocerá, pero la ley
de amnistía ha tenido costes para el PSOE. Amnistía significa "todos
dentro". Y este "todos dentro" lo estamos viendo estos días: esas ganas
de pactar de nuevo entre Junts y el PP. He ahí un acontecimiento
histórico.
Europa le pedirá a Feijóo que no estropee lo que se ha arreglado en Catalunya. Es decir: "No le pegues fuego a Catalunya".
"Me llamó mucho la atención el hecho de que Feijóo no
asistiera al acto de la Sagrada Familia hace unos días en Barcelona. Es
inexplicable"
En este aspecto me llamó mucho la atención el hecho de que Feijóo no asistiera al acto de la Sagrada Familia hace unos días en Barcelona.
Es inexplicable. Está muy claro que aquello no era solo un acto
religioso. Resultó ser muchísimo más y el líder de la derecha española
no está en ese instante. Y luego aquí va a haber una cuestión de
alineamientos. Considero que, de entrada, en el caso de que Feijóo
presidiese el Gobierno de España, buscaría básicamente una fuerte
sintonía con el canciller alemán.
E. H.: Actualmente, Occidente atraviesa un proceso de
tensión interna dentro del bloque conservador para definir qué facción
lidera la derecha. Sin embargo, en toda Europa se observa una clara
convergencia de posturas. En Italia, Giorgia Meloni proviene de la derecha radical,
pero ha forjado acuerdos estables con el sector tradicional. En
Alemania, Friedrich Merz representa a la derecha clásica, pero está
adoptando medidas propias de la derecha radical. Y en Francia, Jordan
Bardella busca exactamente lo mismo: integrar a la derecha moderada en
su proyecto político.
Más allá de las diferencias de intensidad, todas estas corrientes comparten una agenda común:
políticas más duras contra la inmigración, alineamiento exterior
inequívocamente atlantista y un programa económico basado en la
austeridad, el saneamiento de las cuentas públicas y el aumento del
gasto en defensa. En el ámbito energético, ambas facciones muestran
reticencias hacia las políticas verdes y defienden la energía nuclear,
así como un uso prolongado de los combustibles fósiles.
"Más allá de las diferencias de intensidad, todas estas corrientes comparten una agenda común"
En
España, tanto el Partido Popular como Vox suscribirían estas líneas
generales. Por tanto, el peso específico de cada partido en una
hipotética coalición no alteraría el rumbo general de la economía o de
la política exterior; solo cambiarían la intensidad o los portavoces
concretos. La única excepción relevante sería la política interior, por
ejemplo la gestión de Catalunya, donde una mayor influencia de Vox sí
marcaría una diferencia sustancial.
E. J.: Existían dos demandas tácitas, de esas que nunca
figuran en los documentos oficiales, pero que son muy reales: "Frenen
esto y resuélvanlo", en aras de la estabilidad. Durante un tiempo, Pedro
Sánchez y la línea política que representa el Partido Socialista
resultaron ser muy funcionales para dar respuesta a esa exigencia
estructural.
Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos ahora es si los problemas
que atraviesa Sánchez actualmente se deben, al menos en parte, a que esa
"funcionalidad" se ha agotado. El trabajo que se le pedía ya está
hecho. Ahora, los elementos que él introduce en la ecuación política
europea resultan contradictorios con los intereses de Bruselas.
La Europa que en su momento le exigió ciertas políticas a Pedro Sánchez
ya no es la misma de hoy. Se trataba de un ciclo con una lógica
particular, donde existía un consenso europeo y el Gobierno español
nadaba a favor de la corriente. Sin embargo, una vez cumplido ese
cometido inicial, las nuevas medidas que intenta impulsar van contra la
corriente actual, lo que explica las fuertes resistencias que está
encontrando.
En este contexto, y dependiendo del resultado de las elecciones, es muy
probable que se ponga sobre la mesa la "fórmula portuguesa": un gobierno
minoritario del Partido Popular apoyado, de una u otra forma, por el
PSOE, el PNV y ciertos sectores de Catalunya. Evidentemente, ya no
estamos en el escenario de los pactos de 1996, por lo que articular algo
así no será nada fácil y dependerá de la fuerza que obtenga el PSOE en
las urnas. Si el PSOE resiste y Sánchez se mantiene en la oposición,
esta opción queda descartada.
En
cambio, si el PSOE sale debilitado y se abre una crisis interna, puede
pasar de todo. De hecho, esta gran coalición tácita podría ser la
fórmula preferida por los centros de poder europeos. Aun así, hay que
hablar en condicional, porque el intenso calendario electoral del
próximo año —con elecciones presidenciales en Francia y comicios
legislativos en España, Polonia e Italia— podría volver a cambiar el
tablero por completo.
E. H.: Los dos puntos señalados por Enric convergen en
una misma idea central: la crisis de la socialdemocracia en el entorno
europeo actual. Ya no se trata solo de evaluar si Pedro Sánchez resulta
útil o no al sistema, sino de cuestionar la viabilidad de toda una
ideología que construyó el consenso europeo en las últimas décadas y que
ahora parece estar quedando obsoleta.
De hecho, si Europa avanza hacia la derecha, un Gobierno español formado
por PP y Vox resultaría mucho más funcional y afín al bloque que un
Gobierno del PP apoyado desde fuera por el PSOE. Las opciones
socioliberales están perdiendo tanta fuerza que incluso El Paísha dedicado editoriales a reivindicar su valor histórico.
"Ya no se trata solo de evaluar si Pedro Sánchez resulta
útil o no al sistema, sino de cuestionar la viabilidad de toda una
ideología"
Por otro lado,
es esencial entender la extrema tensión que atraviesan nuestras
sociedades. Venimos de una década con fugas hacia posiciones políticas
impensables y una fuerte tendencia al voto de castigo: hoy las
elecciones las suele ganar la oposición, como muestra el vaivén cíclico
entre Trump, Biden y Trump. En un momento económico en el que "las
costuras se resquebrajan", resulta muy difícil que gobiernos como el de
Donald Trump o el del actual canciller alemán, Friedrich Merz, logren
generar consenso. Lo más probable es que provoquen fuertes reacciones en
contra.
En definitiva, la geopolítica no puede aislarse de la política nacional;
los valores, ideales y expectativas de la ciudadanía están cambiando
radicalmente. Si la sociedad alemana, por ejemplo, da la espalda a Merz y
este sale del Gobierno, Europa afrontará años de profunda
inestabilidad. Debemos tomarnos muy en serio este clima de agitación,
una advertencia sobre la importancia de la vida en común que,
curiosamente, hoy casi solo pone sobre la mesa el Papa.
Una última pregunta. La respuesta tiene que ser lo que piensan,
no lo que creen que es mejor, y tiene que ser sí o no. ¿Vox entrará en
el Gobierno del PP?
