Artículo 129 de la Constitución española: Los poderes públicos... establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción - Implantar la democracia económica en España es constitucional
"El árbitro que quiso ser futbolista: Marchena y la injerencia política del Tribunal Supremo
No es casualidad; es causalidad histórica. Que Manuel Marchena eligiera Las Palmas, su tierra natal, un Colegio de Abogados convertido en improvisado púlpito y un acto de condecoración entre operadores jurídicos para lanzar su nueva andanada contra el Gobierno, cuestionando además a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Constitucional, no admite una lectura ingenua bajo el reduccionismo técnico del derecho procesal. Si descorremos el velo del fetichismo legal, lo que emerge con nitidez no es la defensa de la Constitución, sino su instrumentalización política. No estamos ante un magistrado que reflexiona sobre los límites del Estado de derecho; estamos ante un actor que interviene directamente en la contienda partidista.
Y lo confesó él mismo, sin percatarse del alcance de sus palabras, con la ligereza de quien cree estar protagonizando un chiste corporativo. Dijo que lo bonito del partido es ser futbolista, no árbitro; que si a un jugador le preguntan si prefiere ser jugador o árbitro, jamás responderá que quiere ser árbitro; que lo hermoso del plenario y del juicio oral es ser abogado o fiscal. Digámoslo con rigor jurídico y claridad política: un magistrado del Tribunal Supremo que declara públicamente que no quiere arbitrar, sino jugar, parece que emerge de su subconsciente una abdicación de su función jurisdiccional para convertirse en parte. Ha enunciado, sin ambages, su propio programa. El imperio de la toga ya no aspira a modular ni arbitrar el juego democrático: pretende jugarlo y ganarlo desde el estrado.
Ese programa ya estaba escrito, con firma y sello, en el infausto informe contra los indultos a los condenados por el procés. El 26 de mayo de 2021, la Sala Segunda, en la causa especial 3/20907/2017, informó negativamente la concesión de cualquier forma de gracia, total o parcial, a los soberanistas catalanes condenados por la sentencia 459/2019. La Sala no se limitó a ponderar los conceptos jurídicos indeterminados que la Ley de Indulto de 1870 encomienda al tribunal sentenciador —justicia, equidad y utilidad pública—. Decidió erigirse en segunda instancia del Gobierno, en censor supremo de la política de gracia y en tribunal de conciencia de los penados, al entrar en que no hubo arrepentimiento, hecho que no contempla la Ley de Indulto. Sostuvo que el indulto no puede ser un «recurso de alzada» contra una sentencia firme y, acto seguido, convirtió su propio informe en una alzada fáctica contra el Ejecutivo y contra la voluntad social que demandaba concordia.
El núcleo de la injerencia reside en el Fundamento 8.2 de aquel dictamen, donde la Sala hace una interpretación “sui generis” del artículo 102 de la Constitución. Conviene recordar qué preceptúa textualmente esta norma para advertir el artificio: el artículo 102 regula la responsabilidad criminal del Presidente y demás miembros del Gobierno ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, disponiendo en su apartado 3 que la prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo. La ratio legis de esta prohibición es diáfana: impedir el autoindulto. Existe una identidad ontológica insalvable entre quien propone la gracia y quien la recibe cuando los ministros son juzgados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, en el caso del procés, tal identidad brillaba por su ausencia: ninguno de los condenados era presidente ni ministro del Gobierno de la Nación, ni se les condenó por traición o por delitos contra la seguridad del Estado, sino por sedición y malversación fundamentalmente. Ante la inviabilidad de aplicar una norma restrictiva de derechos por vía analógica, la Sala recurrió a la retórica política introduciendo el concepto de la «singular perspectiva del caso», señalando que algunos de los peticionarios eran líderes de partidos que garantizaban la estabilidad parlamentaria del Gobierno. Convertir el apoyo parlamentario en un indicio de autoindulto indirecto equivale a criminalizar la gobernabilidad misma. Es sostener, en un sistema parlamentario regido por el artículo 99 de la Constitución, que cualquier socio que apoye una investidura o unos presupuestos negocia su propia impunidad. La Sala no declaró la inconstitucionalidad del indulto —porque no podía hacerlo sin falsear el texto constitucional—, sino que insinuó, manchó y dejó flotando la sospecha, erigiéndose en juez de la legitimidad política del Ejecutivo.
Esta misma lógica de contrición formal y rebeldía material impregnó los acontecimientos posteriores. Cuando el legislador aprobó la Ley de Amnistía y hasta cuando el Tribunal Constitucional avaló la amnistía de la malversación en el amparo de Dolors Bassa, la Sala de lo Penal, con Marchena, resistió hasta el límite de sus fuerzas institucionales. El culmen de esta estrategia se vislumbra en el auto de Pablo Llarena del 19 de octubre de 2026, confirmando el alzamiento de las órdenes de detención de Carles Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig. Se acata la decisión del Tribunal Constitucional, sí, pero se la deslegitima en el mismo párrafo. Se afirma que la doctrina constitucional debe cumplirse aunque no se compartan sus razones, mientras se desliza una crítica corrosiva sobre su rotundidad. Es el método Marchena en estado puro: cumplir formalmente para desacreditar materialmente.
La secuencia adquirió tintes de mayor gravedad institucional con la condena al Fiscal General del Estado. El 20 de noviembre de 2025, la Sala Segunda hizo público un fallo relámpago contra Álvaro García Ortiz —dos años de inhabilitación, multa e indemnización, con condena en costas— carente de motivación íntegra. Se vulneró flagrantemente la garantía del artículo 120.3 de la Constitución al adelantar el castigo punitivo antes de fundamentar las razones jurídicas. Para ello, se mutó el concepto estricto de «secretos» del artículo 417.1 del Código Penal por la fórmula nebulosa de «datos reservados», ensanchando el tipo penal por vía de la analogía in malam partem. Como documentó con brillantez Ernesto Ekaizer, la ponente inicial, Susana Polo, discrepaba de abrir causa por la nota informativa de la Fiscalía sobre la pareja de Ayuso (Presidenta de la Comunidad de Madrid) en una causa por fraude fiscal, pero fue persuadida por el propio Marchena para reconducir el caso hacia un correo filtrado. No estábamos ante una divergencia hermenéutica ordinaria, sino ante un diseño táctico: neutralizar al máximo responsable del Ministerio Fiscal y enviar un recado de advertencia a la prensa y al Gobierno.
Es bajo este prisma donde el discurso pronunciado en Las Palmas cobra su verdadera dimensión grotesca. Marchena se autoproclamó adalid de la sensibilidad constitucional y del derecho de defensa, para acto seguido denunciar como anomalías democráticas aquello que constituye el normal funcionamiento del Estado: que el Fiscal General del Estado sea propuesto por el Ejecutivo, que el Tribunal Constitucional adopte decisiones previsibles conforme a su marco doctrinal, y que el indulto y la amnistía se empleen como herramientas de reconciliación política y social, es decir de utilidad pública. La paradoja es insostenible. La verdadera anomalía no es que el poder político ejerza las competencias que la Constitución le confiere, sino que un tribunal no electo se arrogue la potestad de corregir al Parlamento, de enmendar al Gobierno y de cuestionar al Tribunal Constitucional. Marchena acusa al poder político de expansión para encubrir la expansión imperial de la toga.
Y lo hace, además, con un evidente cálculo cronológico en plena precampaña electoral. El magistrado que dirigió el juicio del procés, que firmó el informe contra los indultos y que avaló la condena al Fiscal General, asciende a una tribuna corporativa para suministrar a la oposición el argumentario perfecto: la tesis del Gobierno autoindultado, de la Fiscalía apéndice y un Tribunal Constitucional politizado en la pugna partidaria. La institución colegial se ve así objetivamente instrumentalizada como plataforma de una estrategia de desgaste institucional, donde el debate jurídico cede el paso a una confrontación política ajena a los fines propios de la abogacía.
La democracia rara vez sucumbe por un colapso repentino; suele degradarse por la acumulación metódica de excepciones y desvíos institucionales. La cadena que une el informe de indultos, el bloqueo a la amnistía, la condena anticipada publicamente sin motivación al Fiscal General y una especie de mitin togatizado en Las Palmas no es una serie de errores inconexos, sino una línea de causalidad perfectamente trazada. Frente a la pulsión hegemónica del poder judicial como actor político, solo cabe una respuesta: la defensa radical de la normalidad constitucional. O aceptamos el modelo que Marchena pretende imponer —el de un Tribunal Supremo erigido por encima del poder político democráticamente elegido—, o defendemos el orden democrático donde los jueces están sometidos estrictamente a la ley, a la Constitución y al intérprete supremo de esta, que no es otro que el Tribunal Constitucional. No hay término medio. Lo que se dirime en esta encrucijada no es la pulcritud formal de una resolución aislada, sino si España continuará siendo gobernada por representantes elegidos en las urnas o por magistrados que se arrogan el derecho exclusivo de gobernar desde el estrado. Y eso, prescindiendo de eufemismos, tiene un nombre inequívoco: injerencia política del Tribunal Supremo."
"«El Efecto Palestina: cómo un pueblo al que se busca borrar está reescribiendo el orden moral del mundo”
El sumud se está convirtiendo en el valor del mundo y en su idea más revolucionaria
Hace cuatro años, cuando inicié mi mandato como relatora especial de las Naciones Unidas, no podía imaginar que Palestina pronto se convertiría en el epicentro moral y político de la conciencia mundial. No habría creído que ciudades de todo el planeta hablarían al unísono mientras sus habitantes marchaban por calles cuyos muros estaban cubiertos de exigencias de libertad para los palestinos; que la kufiya reaparecería no como folclore, sino como un signo político; que estudiantes de universidades occidentales ocuparían sus campus, arriesgándose a la expulsión y a perder sus becas antes que someterse a la complicidad institucional con los crímenes del Israel del apartheid. No habría creído que millones de personas corrientes, de Saná a Sídney, de Bogotá a Yakarta, de Dakar a Montreal, marcharían, boicotearían, acudirían a los tribunales, financiarían acciones judiciales o navegarían hacia Gaza con la ayuda humanitaria que negaban Estados que aún se atrevían a llamarse civilizados.
Si me hubieran dicho que representantes israelíes comparecerían ante la Corte Internacional de Justicia para responder a una acusación de genocidio; que esa misma Corte declararía ilegal la ocupación israelí en su totalidad y exigiría su desmantelamiento incondicional —enterrando por fin la ficción, explotada durante tanto tiempo, de las «negociaciones» como sustituto de la justicia— o que altos funcionarios israelíes, incluido Benjamin Netanyahu, serían imputados ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, lo habría descartado como una especulación distópica.
Igualmente inimaginable era el espectáculo de las llamadas democracias liberales volviéndose contra su propia ciudadanía: criminalizando la protesta, intimidando a periodistas, restringiendo la libertad académica y vaciando de contenido el derecho constitucional e internacional, todo para evitar aplicárselo a Israel. Y esto mientras se presentaban, en todas las instancias pertinentes de derechos humanos, pruebas abrumadoras de la intención que subyace a la destrucción sistemática de vidas, viviendas, barrios, medios de subsistencia y familias palestinas enteras, así como de torturas, violencia sexual y detenciones ilegales masivas. Sin embargo, aquí estamos.
En tres años como cronista del genocidio he comprendido que lo que estamos presenciando no es una anomalía repentina: es el mundo revelado sin disfraces, capaz tanto de una humanidad extraordinaria como de una miseria moral sobrecogedora; de valentía humana y complicidad política; de solidaridad desde abajo y represión desde arriba. Palestina no ha distorsionado la realidad. La ha iluminado.
Hasta hace poco, Palestina había sido cuidadosamente apartada del radar mundial. El régimen de apartheid israelí se había normalizado paulatinamente; el sufrimiento palestino se había vuelto burocrático, técnico, invisible. «Humanitarizado» para las trivialidades de demasiados «salvadores expertos técnicos» blancos de la comunidad internacional. Las Naciones Unidas, junto con el conjunto más amplio de organizaciones internacionales, como el CICR, habían pasado a formar parte de la maquinaria entre bastidores: cada una gestionaba el fragmento que le correspondía de una catástrofe anormal en gestación, mientras se comportaban como si la ocupación israelí de Palestina fuera una emergencia temporal y no una condición permanente y una catástrofe política. El sumud se está convirtiendo en el valor del mundo y en su idea más revolucionaria.
Apenas unos días antes del 7 de Octubre había concluido un informe que documentaba graves violaciones contra la infancia palestina. « Desinfantilización » [Unchilding: negación del estatuto de niñ@] era el único título posible para aquel informe, que condensaba y resumía las matanzas, la detención arbitraria, el desplazamiento forzado y la pérdida del hogar de generaciones de niños palestinos, independientemente de su riqueza, religión u origen. El informe fue recibido con una indiferencia casi absoluta. Durante años, lo único que obsesionaba a la mayor parte del sector más vociferante de la comunidad internacional era la legítima defensa de Israel.
Hemos entrado en un nuevo capítulo histórico. Lo que está sucediendo en Palestina ha despertado, unido y movilizado un movimiento mundial de derechos humanos a una escala no vista en décadas. Este es el efecto Palestina. Ese «efecto» también se alimenta de la constatación de que Palestina no es una excepción, sino un prototipo de cómo se puede encerrar, administrar y borrar a poblaciones consideradas indeseables: los palestinos para Israel, los refugiados y migrantes a las puertas de la Europa fortaleza.
Como escribo en mi reciente libro La luz del despertar, cada vez más Estados adoptan políticas crecientemente securitarias y represivas que normalizan las restricciones de los derechos y las libertades individuales: control, vigilancia invasiva y militarización de la sociedad en nombre de la lucha contra un enemigo común declarado.
Mientras tanto, determinados grupos —migrantes y refugiados— son tratados no como personas a las que proteger, sino como cargas que gestionar, confinar o eliminar. Esta es la israelización de nuestras sociedades: el modelo tan celebrado de Israel como «única democracia de Oriente Medio» ha llegado a casa, con su prioridad absoluta a la seguridad, la presencia del ejército por todas partes y patrullas civiles que disparan contra personas desarmadas en la calle, las secuestran y las deportan; con puertas y muros de segregación para mantener estrictamente separados a los grupos étnicos, y drones y controles biométricos omnipresentes para detectar a los indeseables. Desaparecidas las garantías y la protección del derecho internacional, se han normalizado la tortura y el genocidio. Se ha rasgado el velo de Maya[1] de las llamadas democracias liberales y de todos los exportadores de democracia y derechos humanos.
Ante esto, la gente está reaccionando y exige cambios. Desde las elecciones a la alcaldía de Nueva York hasta los actuales giros en la política exterior británica y en los programas políticos de todo el mundo, Palestina moviliza a ciudadanos de todo el planeta. Los políticos están pagando el precio de su indiferencia, mientras los votantes exigen que sus representantes actúen con conciencia.
También en el ámbito cultural Palestina está más presente que nunca. Voces silenciadas durante mucho tiempo encuentran por fin un lugar y pueden compartir historias recibidas con compasión e indignación ante la profunda injusticia que ha pesado sobre generaciones. Del cine a las salas de conciertos, de la literatura al teatro y los estadios, la revolución moral ondea la bandera palestina y lleva la kufiya.
El efecto Palestina no es sentimentalismo. No es una tendencia ni una moda. Es un cambio estructural de la conciencia política, nacido de una injusticia insoportable, sostenido y nutrido por el sumud palestino —la tenacidad/perseverancia/ Que hayan hecho falta un genocidio —casi un cuarto de millón de personas muertas, desaparecidas o gravemente heridas—, ciudades enteras borradas, millones de personas sin hogar y niños huérfanos, mutilados y sometidos al hambre para obligarnos a un examen moral seguirá siendo una mancha indeleble en nuestra conciencia colectiva. Pero ese examen ha llegado.
La toma de conciencia sobre las décadas de desplazamiento, opresión y sacrificio de los palestinos ha despojado al mundo de ilusiones reconfortantes. La ficción de Israel como democracia liberal se ha derrumbado bajo el peso de su propia violencia. El apartheid —del que los palestinos hablaban mucho antes de que los públicos occidentales oyeran hablar de él— se ve y se reconoce ampliamente. La Nakba ya no es una nota al pie de la historia: se entiende como una estructura de borrado aún vigente, iniciada en 1948 y perfeccionada continuamente.
También ha quedado al descubierto la complicidad de terceros Estados, que siguen amparando a criminales de guerra y sosteniendo el apartheid mediante apoyo económico, financiero y político, mientras reprimen el movimiento antiapartheid en su propio territorio.
La bancarrota moral de muchos integrantes del aparato político palestino, más volcados en la supervivencia institucional que en la protección del pueblo palestino, también está a la vista del mundo. El despertar comienza cuando esas contradicciones ya no pueden justificarse.
El proceso de Oslo también está en ruinas. Lo que se vendió como «paz» se reconoce hoy ampliamente —pese a la ceguera voluntaria de las élites políticas— como una trampa bien calculada desde el principio: un mecanismo para administrar la ocupación, blanquear la ilegalidad y tranquilizar la conciencia internacional mientras Israel afianzaba su régimen de dominación. La negociación sin justicia nunca fue paz. Fue una forma de ganar tiempo.
Palestina se ha convertido en una lente que hace visible la arquitectura de la injusticia mundial. Los patrones son inconfundibles: segregación de poblaciones, jerarquías racializadas del valor humano, acaparamiento de recursos y fronteras militarizadas que protegen privilegios. Lo que padecen los palestinos no es excepcional: ejemplifica un sistema más amplio, descrito a menudo, sin exageración, como apartheid mundial. Para muchas comunidades —pueblos indígenas, minorías racializadas, migrantes— esto no es una revelación. Pero Palestina ha devuelto esta conciencia a las masas. Ha vuelto a conectar luchas que las políticas neoliberales se esforzaron por fragmentar. El efecto Palestina, un cambio mundial de la conciencia política y moral, se manifiesta en cuatro transformaciones interrelacionadas: el despertar, el reconocimiento de un sistema mundial, la movilización —y sus límites— y la popularización del derecho internacional.
El llamamiento a la libertad palestina resuena hoy en los movimientos por la justicia para los migrantes, la soberanía indígena, la liberación feminista y la justicia climática. No porque Palestina sea simbólica, sino porque es estructural. Revela cómo los «derechos humanos» se tratan habitualmente como un juego de suma cero: se conceden a unos, se niegan a otros, se aplican selectivamente y se instrumentalizan políticamente. Palestina nos ha recordado que la liberación no puede compartimentarse. O los derechos humanos son universales o son propaganda.
El efecto Palestina ha generado una movilización popular sin precedentes. Han surgido redes de solidaridad que trascienden las fronteras. Las tácticas se han diversificado. Se han forjado alianzas antes impensables. Las flotillas hacia Gaza, los boicots masivos, las acciones judiciales y las ocupaciones de campus no son gestos espontáneos. Expresan una madurez de la solidaridad política que claramente ha asustado a gobiernos demasiado acostumbrados a la pasividad de las masas.
Al mismo tiempo, esta movilización ha puesto al descubierto la profunda disfunción de la política contemporánea. Pese a la presión pública sostenida, las instituciones siguen en gran medida inmóviles. Israel continúa disfrutando de privilegios comerciales, cobertura diplomática e inmunidad efectiva. En muchos Estados, la protesta ha recibido como respuesta represión, vigilancia y criminalización, en lugar de diálogo. La lección es contundente: la legitimidad democrática se desvincula cada vez más de la voluntad popular. La claridad moral ya no garantiza la acción política.
Por eso Palestina se ha convertido en un catalizador no solo de la solidaridad, sino de la reinvención de la propia democracia. Condenar ya no basta. Hace falta una acción más intensa, sostenida y estratégica. Y debe ser transnacional, interseccional y descentralizada. La minoría mundial —durante mucho tiempo artífice de estos sistemas— no puede seguir siendo el eje de la estrategia de liberación. Las voces de la mayoría mundial, forjadas en la experiencia vivida del colonialismo y la resistencia, deben ocupar el centro. La exigencia de que se aplique el derecho internacional, y no su veneración, es lo que da sentido al derecho. Los pueblos han comprendido lo que los Estados prefieren olvidar: la legalidad sin consecuencias no es derecho, sino teatro.
Quizá lo más inesperado sea que Palestina ha devuelto el derecho internacional a los pueblos. Desde octubre de 2023 se han producido avances jurídicos importantes: el caso Sudáfrica contra Israel ante la CIJ, las órdenes de detención de la CPI, las opiniones consultivas de la CIJ de 2024 y 2025, así como procedimientos basados en la jurisdicción universal contra soldados israelíes impulsados por la Fundación Hind Rajab, impugnaciones ante tribunales nacionales de las transferencias de armas a Israel y procesos que examinan la responsabilidad de terceros Estados, entre ellos Nicaragua contra Alemania ante la CIJ.
Pero también, y sobre todo, términos antes confinados a las aulas universitarias o a los tribunales —genocidio, jurisdicción universal, autodeterminación, responsabilidad del Estado— se corean hoy en las calles y se debaten en las asambleas. Esto no es un fracaso del derecho internacional. Es su renacimiento. El derecho no ha muerto porque Israel lo viole; está vivo precisamente porque los pueblos se niegan a aceptar su profanación.
Algunos podrían pensar que Palestina ha revelado la irrelevancia del derecho internacional; sin embargo, puede afirmarse lo contrario. La insistencia de la administración Trump en que no «necesita el derecho internacional»[2], mientras llega al extremo de sancionar a la CPI, a sus jueces y a los defensores de los derechos humanos, revela una contradicción. Quizá las sanciones revelen precisamente lo poderoso que puede ser el derecho internacional. Cuánto asusta a quienes lo violan sistemáticamente, al ofrecer a los pueblos un lenguaje, un marco y unas instituciones con los que exigir rendición de cuentas y justicia.
La tarea que tenemos por delante no es abstracta ni opcional. En lo económico, exige rechazar la continuidad de los negocios como si nada con las empresas que se lucran del apartheid. En lo político, exige que rindan cuentas quienes hacen posible el genocidio y que haya cambios, en nombre de un compromiso real con el «nunca más». En lo social, exige decisiones éticas que rompan la comodidad de la distancia.
La liberación de Palestina no es la negación de la humanidad israelí. Es su condición. Ninguna sociedad puede aniquilar a otra sin corroerse a sí misma. La descolonización no es venganza. Es el desmantelamiento de un régimen de supremacía y su sustitución por un orden político basado en la igualdad.
Pero la honestidad exige afrontar cuestiones sin resolver. Debe reconocerse a los palestinos como primus inter pares en su propia liberación. La estrategia no puede reducirse a consignas; el boicot es una herramienta, no un programa. Un movimiento serio debe abordar las vulnerabilidades del régimen sionista de apartheid, el papel de las potencias externas —especialmente los USA— y los límites de ciertas burbujas activistas occidentales que, con demasiada frecuencia, confunden visibilidad con centralidad.
Si la perspectiva es de suma cero, hay que decirlo. Si es una liberación compartida, hay que construirla, de manera deliberada, estratégica y sin ilusiones. Los retrocesos históricos rara vez se anuncian como barbarie. Llegan vestidos de civilización, legalidad y orden. El martirio de Palestina ha arrancado ese disfraz.
Lo reconozcan o no quienes detentan el poder, la lucha palestina ocupa hoy el centro de un movimiento mundial hacia un mundo verdaderamente decolonial: uno donde el derecho internacional se aplique universalmente, los crímenes coloniales dejen de recompensarse con impunidad y el elitismo depredador sea arrancado de nuestras sociedades de una vez por todas.
El fracaso definiría esta época como uno de los mayores colapsos morales de la historia moderna. Pero rendirnos no es un lujo que podamos permitirnos. Tampoco el derrotismo ni la división. Como Mahmud Khalil recordó recientemente a activistas de los USA: están matando a los palestinos. No pueden esperar debates interminables sobre la liberación y la revolución. La prioridad absoluta del movimiento antiapartheid debe ser detener los envíos de armas a Israel. Para alcanzar ese objetivo, los grupos deben poder superar la «política de la pureza» y las luchas internas, centrándose en la organización de base, la formación política y cierta benevolencia recíproca.
El camino es largo. El costo es alto. Pero el efecto Palestina es irreversible. Y de las cenizas de un pueblo que se negó a desaparecer, un orden mundial más justo lucha —contra todo pronóstico— por nacer. Notas
[1] En las filosofías hindú y budista, el velo de Maya se refiere al mundo engañoso e ilusorio de las apariencias.
Francesca Paola Albanese (Ariano Irpino, 1977) es una jurista italiana experta en derechos humanos. Desde el 1 de mayo de 2022 ejerce como relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados; nombrada inicialmente para un mandato de tres años, fue ratificada por otros tres en abril de 2025. Es la primera mujer que ocupa el cargo y es licenciada en Derecho por la Universidad de Pisa y tiene una maestría en Derecho de los Derechos Humanos por la SOAS de la Universidad de Londres. Fue investigadora asociada del Instituto para el Estudio de la Migración Internacional de la Universidad de Georgetown hasta finales de 2025, cuando la universidad anunció que había puesto fin a esa vinculación a raíz de las sanciones usamericanas impuestas contra ella. Es asesora principal sobre migración y desplazamiento forzado de la organización sin fines de lucro Arab Renaissance for Democracy and Development (ARDD), donde cofundó la Red Mundial sobre la Cuestión de Palestina. Como relatora especial ha publicado numerosos dictámenes jurídicos e informes importantes: sobre la autodeterminación (2022), el encarcelamiento como sistema (2023), El genocidio como borrado colonial (2024), la infancia vulnerada (2024), Anatomía de un genocidio (2024), la responsabilidad de terceros Estados (2025), De la economía de la ocupación a la economía del genocidio (2025), la tortura (2026) y los medios de comunicación (2026)."
(Francesca Albanese, This Week in Palestine, Octubre, 2026, traducción Salvador L. Arnal)
"Una de las cosas más increíbles de la política de transporte ferroviario de la Unión Europea es que, después de haberse erigido como una alternativa al modelo de privatización y desregulación británico, acabó abrazando ese mismo modelo justo en el momento en el que los propios británicos reconocieron su catastrófico error. Fue después de una serie de accidentes achacables al caos creado por la privatización y los múltiples operadores más preocupados por los beneficios que por la seguridad.
Pero, en lugar de apostar por un monopolio estatal que garantizara la seguridad y fijara precios en función del interés público, Europa se sumó a la falsa lógica de la competencia. En el Reino Unido, la ideología privatizadora ya había matado a pasajeros en accidentes como los de Southall, Hatfield, Potter Bar y otros puntos negros de la red, atribuibles a sobrecargas de trabajo y fallos de señalización. El rechazo de los británicos al sistema privatizado llevó al ex primer ministro Keir Starmer a anunciar que reanacioalizaría el servicio. Andy Burnham también se ha comprometido a ello, aunque nadie entiende por qué no lo hace más rápido.
Reino Unido fue el primero en llegar al experimento frankenstiniano de la desregulación ferroviaria
Reino Unido fue el primero en llegar al experimento frankenstiniano de la desregulación ferroviaria. Cuando el Gobierno conservador de John Major privatizó la red en 1994 insistió en que el mercado y la libre competencia garantizarían mejoras en todos los servicios. La competencia privada no solo aumentaría el número de pasajeros, sino que también reduciría costes (y, por tanto, el precio de los billetes). Pero, el resultado fue justo el contrario. El sistema de franquicias privadas se convirtió en una batería de subvenciones públicas para garantizar el servicio en líneas casi imposibles de rentabilizar. La liberalización la rentabilizaron 14 empresas, encabezadas por Virgin, presidida por el lince de las subvenciones corporativas por tierra y aire, Richard Branson. También sus ejecutivos –con un salario base medio de de 1,3 millones de libras, hace ya diez años–.
Las multinacionales que alquilaban los trenes a los operadores, creaciones financieras que no pagaban impuestos, se subieron al carro del lucro subvencionado. Porterbrook, vinculada a la aseguradora Allianz, con sede en Luxemburgo, repartió 80 millones de euros en dividendos en 2024.
Lejos de mejorar, el servicio se fue deteriorando y comprar un billete se convirtió en un calvario kafkiano en el que era necesario acudir a tres empresas diferentes para hacer un viaje. “La fragmentación y la franquicia de servicios de tren han creado muy poca competencia real”, reconoció el informe Rebuilding Rail, de Transport for Quality of Life, en junio de 2012. En realidad, los precios subieron el 17% en los primeros diez años después de la privatización.
Pese a todo, en lugar de aprender del fracaso thatcheriano, Europa hizo su propia lectura del fiasco y abrió la puerta a la entrada de operadores privados y al fin del monopolio. La directiva de 2016 estipula que “la realización del espacio ferroviario europeo único debe culminarse ampliando el principio de acceso abierto a los mercados ferroviarios nacionales y reformando la gobernanza de los administradores de infraestructuras con el objetivo de garantizar la igualdad de acceso a tales infraestructuras”. El punto 30 añadía que “el libre acceso a los servicios de pasajeros de alta velocidad solo debería limitarse en circunstancias específicas y tras un análisis económico objetivo realizado por el organismo regulador”.
¿Por qué arriesgar una repetición del caos sembrado por los thatcheristas en una Europa que se definía como la antítesis del neoliberalismo anglosajón? “La competencia en los mercados de servicios ferroviarios de pasajeros animará a los operadores ferroviarios a responder mejor a las necesidades de los clientes, a mejorar la calidad de sus servicios y a aumentar su rentabilidad”. Era exactamente el mismo lenguaje que usaba Major.
Como escribe Gareth Deniis de la Rosa Luxemburg Stiftung “la liberalización del sector ferroviario ha sido un pilar fundamental de la política europea de transporte desde principios de la década de 2000. Sus defensores sostienen que la competencia se traduce en una mejora de la calidad del servicio y en un aumento del número de usuarios, una afirmación refutada de inmediato ya que el número de usuarios ya iba en aumento en toda Europa antes de la liberalización, y no después”.
En todo caso, no queda claro que el número de usuarios sea el mejor criterio de eficacia para un servicio de tren. La liberalización coincidió con una reducción de trenes en áreas menos pobladas y un aumento de trenes en rutas ya muy concurridas. Al igual que con los vuelos low cost, la posibilidad de viajar por precios reducidos se publicitó en el marketing del capitalismo popular como un derecho de la democracia de mercado.
Los sistemas de precios dinámicos ya vigentes en los vuelos se trasladaron a la red ferroviaria y los trenes parecían aviones. La gente se jactaba de haber encontrado un precio de ganga, y los trenes, al igual que los vuelos, se llenaron hasta los topes de gente que no necesitaba viajar (tal y como he planteado en este libro).
Mientras, los servicios esenciales –como los trayectos de Liverpool a Manchester, o de Burgos a Madrid– se quedaban anticuados, con un servicio restringido o directamente desaparecían.
En 2016, con el referéndum del Brexit ya en marcha y con la mayoría de los británicos favorables a la renacionalización, el Partido Laborista se dio cuenta de que su plan de restablecer el monopolio estatal no sería posible dentro de la UE. Jeremy Corbyn sacó a relucir el problema cuando los europeístas lo crucificaron por su agnosticismo respecto a la permanencia en la UE. Muchos de los proeuropeos del progresismo británico intentaron argumentar que la directiva europea de 2016 era perfectamente compatible con la renacionalización. “Miren las empresas estatales alemanas, italianas y francesas que ofrecen servicios hasta en otros países”, decían. Pero, tal y como se ha visto, el problema de la seguridad del pasajero no se resuelve con la internacionalización de las empresas estatales y su capacidad para competir con las privadas, sino con la eliminación de la competencia y la restauración del monopolio público de los ferrocarriles."
Hubo cuatro elecciones que estaban destinadas a cambiar el mundo. Lo hicieron, pero entender cómo y por qué es una tarea con un problema: hay tantísimos puntos de aprendizaje.
Como estratega político de profesión, escribir este artículo está resultando complicado. Me invaden tanto la parálisis como la sobrecarga de opciones; ha habido cuatro elecciones sísmicas en cuestión de días y la cantidad de análisis es abrumadora. Cada vez que me pongo en marcha, aparece otra con nueva información. Se esperaba que estas cuatro elecciones cambiaran el mundo. Lo hicieron.
Entonces, ¿qué puntos de aprendizaje clave son los más importantes? Como digo, parálisis por las opciones: permítanme intentar ceñirme a tres. El primero es «aprender a reconocer de nuevo la política de clase, porque es dominante». El segundo es «recuerda, la realidad es real». Y el tercero es «no hay atajos».
Una de las tres elecciones es prácticamente irrelevante: Israel está ahora tan a la derecha políticamente que no hay realmente un comparador internacional. Pero Brasil, luego Serbia y luego EE. UU. marcaron un cambio real y significativo. Dado que no se puede copiar y pegar de una democracia a otra, ¿qué deberíamos estar aprendiendo realmente en Escocia? (Voy a asumir que conoces los resultados básicos.)
Permítanme empezar con la política de clase. Les sugiero encarecidamente que lean este artículo de Yanis Varoufakis sobre Brasil y este otro de Aditya Chakrabortty sobre EE. UU. Ambos plantean el mismo punto de forma similar: lo que dominó ambas elecciones (y Serbia de una manera diferente) fue la política de clase. La razón por la que esto no es más obvio es porque el lenguaje de la política ha cambiado muchísimo en los últimos 40 años.
Para comprenderlo, vean al ganador del Senado de Texas, James Talarico, que dijo que la elección no era «izquierda contra derecha» sino «arriba contra abajo». Ahora bien, él sabe perfectamente que son lo mismo, pero la izquierda ha quedado tan asociada con la política sexual y de identidad que decir «izquierda» es tóxico para mucha gente.
El nuevo lenguaje de la política de clase no va de proletarios ni de conciencia de clase, sino de «oligarca», «corrupción», «coste de la vida», «amañado», «calidad de vida», «multimillonario». Las encuestas oscilaban entre situar el coste de la vida como prioridad principal de la gente y la anticorrupción, según cómo se formularan las preguntas (véase esto y esto), y básicamente se han convertido en lo mismo. La gente es consciente de que la corrupción está haciendo ricos a algunos, pero no a ellos.
De hecho, probablemente hay un indicador de esto más grande que cualquier otro: la IA y los centros de datos. Como intenté explicar hace un tiempo, esto es una mezcla casi perfecta de conceptos que con toda seguridad enfurecerán a la gente corriente. La IA promete que te quitarán el trabajo, hará que gente muy rica sea incomprensiblemente más rica y lo hará obligándote a vivir junto a un centro de datos horrible que contamina tu agua potable y encarece tu electricidad.
Hubo diez referéndums a nivel estatal sobre prohibir los centros de datos y los diez salieron adelante con mayorías contundentes. Una moratoria de centros de datos es política demócrata.
El giro del Partido Republicano al Demócrata para el Congreso parece que podría tener solo un comparador: las elecciones al Congreso posteriores al Watergate. Pero esto es diferente. Watergate era en cierto modo un indicador de una clase dirigente que los arrastró a guerras donde murió gente en su nombre. Esto iba de dinero.
Iba de que Elon Musk obtuviera las llaves del gobierno y la familia de Trump cerrara acuerdos inmobiliarios y aspirara dinero cripto corrupto, y de que Pete Hegseth comprara acciones en empresas de defensa justo antes de empezar la guerra de Irán, y de la enorme cantidad de multimillonarios que rondan la administración Trump.
Centros de datos, estafadores cripto, aseguradoras médicas, tráfico de información privilegiada, inflación, guerras extranjeras, esa foto de oligarcas sonriendo con suficiencia en la investidura de Trump, Sam Altman esta semana dándose cuenta de que el mundo le odia y está en problemas, Musk borrando tuits que llamaban a votar a los republicanos, el Washington Post de Bezos desesperado por que sepas que solo fue la guerra de Irán lo que lo hizo. Los ricos saben que este es un momento de guerra de clases. Están entrando en pánico.
Voy a detenerme en ese tema. La evidencia del análisis de clase de lo que ocurrió en Brasil y EE. UU. es más que extensa. Como digo, Serbia es ligeramente diferente en el sentido de que no fueron tanto oligarcas financieros como camarillas gobernantes (todo empezó con un encubrimiento por el derrumbe del techo de una estación de tren que implicó corrupción gubernamental y empresarial). Pero la «política de ricos» ya no vende.
Para llegar al segundo tema, el choque de vuelta a la realidad, permítanme presentarles a las Mascotas Maga: jóvenes de la píldora roja y esposas trad. La razón por la que son tan importantes es que estaban en el corazón de la estrategia de la extrema derecha en EE. UU. Eran objetivos principales en la estrategia de intentar crear nuevas realidades culturales mediante la inversión de vastas sumas de dinero.
La derecha tiene acceso a cantidades demenciales de dinero en comparación con la izquierda real. Usaron mucho de eso en una teoría que decía que la cultura dirigía la política, y que los liberales siempre ganan la cultura porque quienes dirigen los medios son cultos y por tanto mayoritariamente liberales. Por eso la creación de arquetipos culturales codificados como de derecha dura era tan importante.
Quédate en casa, ponte guapa, hornea galletas y disfruta de tu vida mientras tu hombre gana el dinero, siempre que seas sumisa. Ese era el concepto de esposa trad, una contraofensiva cultural contra lo que la derecha veía como la marcha implacable del feminismo.
Los jóvenes fueron «píldora roja», trasladados a espacios de discusión dominados por una masculinidad agresiva y cargada de testosterona donde las teorías conspirativas y el agravio debían radicalizarlos y desviar sus emociones airadas hacia objetivos dirigidos por la derecha, como feministas e inmigrantes.
Así que ahora conozcan a las arrepentidas de ser esposas trad. Resulta que sí había un sentido en el feminismo después de todo. Como «no ser maltratada físicamente en silencio», y «tener tu propia cuenta bancaria es útil en una relación abusiva» y «que se espere de ti que seas constantemente sumisa no es tan genial como lo pintaban».
Básicamente, un montón de influencers (en su mayoría jóvenes) que fueron engañados por todo esto han descubierto el feminismo desde los primeros principios, tras haber experimentado de primera mano las humillaciones, abusos y coerciones que vivieron las amas de casa de los años 50 y que pusieron en marcha el feminismo en primer lugar.
Mientras tanto, resulta que el mayor problema para los jóvenes no eran «los deportistas trans» (la evidencia temprana sugiere que el dinero demencial gastado en publicidad antitrans fue completa y absolutamente inútil) sino los costes de la vivienda. De nuevo, lo que vemos aquí es que aproximadamente una década de manipulación cultural extensiva creada a gran coste se disuelve al contacto con la realidad.
La verdad es que los comentaristas políticos fueron engañados por todo esto más que la mayoría del público. De nuevo, ojalá pudiera entrar en toda la evidencia de que los jóvenes nunca compraron las cosas de la «píldora roja» como se afirmaba y que las esposas trad eran más un meme sobre hornear en casa que una guerra cultural politizada para la mayoría de la gente. Los comentaristas centristas no pueden pensar con claridad cada vez que los derechistas les dicen que han cambiado la cultura.
Durante mucho tiempo, los centristas y algunos del centroizquierda han estado obsesionados con cómo replicar la estrategia de guerras culturales de la derecha y casi se han convencido de que las realidades materiales de la vida pueden maquillarse hasta desaparecer del cuadro. No pueden ver que la gente votó contra Biden por la inflación y a Trump por la vivienda, la corrupción y los oligarcas.
Porque (perdónenme por sonar un poco marxista aquí), las condiciones materiales de la vida son realmente el motor político más poderoso que tenemos. Odiar a los inmigrantes latinos no paga las facturas ni te consigue una casa ni te da de comer. Esta obsesión por «encontrar una forma de llegar a ellos que no sea a través de los temas del pan y la mantequilla» siempre fue una ilusión y se ha desmoronado.
La lección es simple: acepta la realidad económica de la gente y abórdala, o te comerán vivo la realidad que intentas negar.
Tercero, no hay atajos. Quiero que se tomen esto muy en serio; en las elecciones recién pasadas, un lado intentó tomar atajos y el otro dio el rodeo largo, y los atajos fracasaron estrepitosamente. La derecha intentó comprar la elección. También los «Super PACs» (tapaderas de financiación empresarial) y los intereses creados como el lobby israelí estadounidense.
Pues resulta que Musk intentando saltarse la parte política de la política gastando 450 millones de libras en Texas y el Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (el mayor de los financiadores proisraelíes) gastando 40 millones intentando impedir que Abdul El-Sayed saliera elegido resultó en realidad obrar en su contra y a favor de sus oponentes.
Aipac ha reconocido públicamente que los candidatos que financió rindieron en realidad peor de lo esperado (han anunciado que ya no respaldarán candidatos porque es tan contraproducente) y hay bastante buena evidencia de que el dinero de Musk movió Texas en la dirección equivocada (para él). Intentar saltarse el compromiso con el público usando dinero para saturarlos con emisiones masivas fracasó catastróficamente esta semana.
Casi todos los que ganaron tenían operaciones de base extensas y eficaces. El modelo de campaña de base de igual a igual que he intentado y vuelto a intentar persuadir a la gente de que ha sido más eficaz globalmente se vio abrumadoramente en Brasil, donde Lula ganó gracias a la participación en la segunda vuelta. Bolsonaro jugó a juegos de redes sociales usando el dinero de los partidarios de Trump.
El equipo de Lula movilizó a abuelas para encontrar y hacer salir a votar a personas de sus comunidades que no votaron en la primera vuelta. El cambio fue mucho más allá de lo que los comentaristas pensaban posible, porque en verdad, igual que con el tema de la «realidad alternativa» de arriba, han sido llevados de la nariz por el gran dinero para creer que la gente corriente no puede realmente contraatacar.
Ahora permítanme destilar estos tres puntos en una persona: el antes mencionado El-Sayed en Míchigan. Lo saben todo sobre él, ¿verdad? Cómo libró peleas de guerra cultural contra Israel y jugó a la política superficial del agravio. Pues bien, si lo saben, están equivocados. Demostró cada una de las estrategias anteriores.
Primero, tenía tres mensajes: coste de la vida, corrupción de los oligarcas, sanidad pública para todos. Vayan y miren: cuando lo atacaban por «antisemitismo» o por los Hermanos Musulmanes o por su religión o por los deportistas trans, respondía con respeto y elocuencia, pero al final de la frase, si prestaban atención, estaba hablando del coste de la vida y los oligarcas y la sanidad pública para todos. Era increíblemente disciplinado.
Pero también representaba una realidad: puede caerte bien o no, pero tienes que admitir lo impresionante que es. Es inteligente, divertido, puede pasar de lo razonable a lo enfadado y volver de una manera que se siente natural. Puede responder preguntas y ver una trampa y evitarla. Era un paquete bastante completo. Miren al Parlamento escocés y lloren.
El caso es que no vivía en una realidad fabricada en línea como tantos de los republicanos (vayan a ver la elección mal equipada de Trump de la hermana de Lindsey Graham en el escaño que dejó vacante su muerte, cómo pensaban que ganaría con reconocimiento de nombre fabricado y cómo responder a una pregunta de debate sobre seguridad nacional con «no es lo mío» le entregó la victoria a su oponente en bandeja).
Y tenía un movimiento real, de base, que movilizó el voto. Ganó (sorpresa) por preocuparse por sus votantes, ser inteligente y elocuente e informado y comprometerse con los votantes a nivel de base. Representa lo que realmente está pasando en estas elecciones y no tiene absolutamente nada que ver con su religión o Israel. (Dicho esto, todas estas elecciones fueron un desastre absoluto para Israel.)
Escocia necesita aprender estas lecciones, pero ¿puede? Los Verdes insisten en ser el tipo equivocado de izquierda, una y otra vez. El SNP todavía cree que puede fabricar una realidad en línea y ganar elecciones sin activistas. El Labour todavía está creando una realidad alternativa donde puedes desafiar al neoliberalismo sin hacer nada diferente. Lo que está pasando globalmente hace que Escocia parezca ridícula.
Pero todo cambia. Eso es lo que vemos. Hace dieciocho meses todo el mundo estaba seguro de que esto era imposible. La gente hablaba de un gobierno permanente de extrema derecha en EE. UU., el fin de la democracia brasileña y Serbia como parte de un nacionalismo derechista resurgente en Europa.
Así que cuando la esperanza parezca imposible en Escocia, recuerden: honestamente, la realidad y el trabajo duro siguen siendo correctivos maravillosos para la desesperación."
(Robin McAlpine, Brave New Europe, 06/11/26, traducción deepseek, enlaces en el original)
"Elecciones de mitad de legislatura en EE. UU.: la IA, en medio de la contienda
Los demócratas ganaron por mayoría aplastante las elecciones de mitad de legislatura al Congreso de EE. UU. de 2026. Antes de la votación, el presidente Donald Trump pidió a los votantes que pensaran en él y en su trayectoria a la hora de votar; parece que así lo hicieron.
Según los datos preliminares del Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida, votaron alrededor de 124 millones de personas. Esta cifra supone un aumento respecto a los 112 millones de 2022 y los 118,6 millones de 2018. Sin embargo, aunque el número total de votos emitidos aumentó, la participación electoral de 2026 siguió siendo inferior a la de las elecciones de mitad de legislatura de 2022 y 2018. Esto significa que más de la mitad de los estadounidenses con derecho a voto no acudieron a las urnas en esta derrota aplastante de Trump y los republicanos.
Entre el menos del 50 % que sí votó, se produjo un giro masivo hacia los demócratas. En el recuento nacional, los demócratas lideraron con una enorme ventaja de 13 puntos porcentuales, la mayor ventaja registrada desde 1982. Ha sido la mayor victoria aplastante en el Congreso en 50 años, lo que supone la derrota más dura para los republicanos desde la era del Watergate en 1974. Los demócratas obtendrán hasta 255 escaños en la Cámara de Representantes, lo que supone su mayor mayoría en casi dos décadas (la mayoría necesaria es de 218 escaños). Además, obtendrán 55 escaños en el Senado, de 100 escaños, y, por lo tanto, también controlarán la cámara alta.
Los demócratas lideraron en todos los estados y en todos los grupos demográficos. Esto fue especialmente evidente entre los votantes de entre 18 y 29 años. Si bien hubo una pequeña mayoría de hombres blancos que votaron a los republicanos, no fue así entre los menores de 30 años, donde los hombres blancos votaron a los demócratas en una proporción de 57 a 40. En todas las demás categorías, la ventaja fue mayor: el 96 % de las mujeres negras menores de 30 años votaron a los demócratas.
Además, un tercio de TODOS los votantes menores de 30 años se identificaron a sí mismos como «socialistas democráticos», según la encuesta a pie de urna de la NBC —tres veces más que los menores de 30 que se consideraban partidarios de Trump y del movimiento MAGA—.
Y los temas estaban claros. Según los datos recopilados por el Pew Research Center en octubre de 2026, la economía era la prioridad número uno para el 84 % de todos los votantes, seguida por el 47 % de todos los votantes que situaban en segundo lugar el conflicto con Irán iniciado por Trump. La sanidad también ocupaba un lugar destacado en la escala de prioridades. El voto a favor de los demócratas fue un rechazo a la guerra innecesaria de Trump contra Irán; al aumento del coste de la vida en alimentos y energía; a sus brutales ataques contra los inmigrantes en las calles; y al rechazo que suscitan su corrupción, sus mentiras y su grandilocuente arrogancia. Las encuestas de opinión mostraron que Trump tiene el índice de aprobación más bajo jamás registrado por un presidente de EE. UU.
Así pues, un Congreso ahora controlado por los demócratas está en condiciones de investigar y cuestionar las actividades y políticas de Trump, así como de proponer alternativas. El economista liberal de izquierdas Daren Acemoglu consideró la victoria demócrata como «un salvavidas para la democracia estadounidense». Pero solo un salvavidas, porque los votantes que llevaron a Trump al poder en 2024 y ahora se han vuelto en su contra podrían cambiar fácilmente de opinión si los demócratas no logran dar respuesta a los problemas de los «niveles obscenos de desigualdad en este país, con la crisis real de la asequibilidad y con el espinoso problema de crear buenos puestos de trabajo para los estadounidenses de todos los niveles de cualificación…». Acemoglu considera que «ni la dependencia de los demócratas progresistas de los impuestos, las transferencias y las regulaciones tradicionales, ni el apego de los centristas al statu quo, ni las ilusiones de quienes confían en la «abundancia» impulsada por la IA son lo suficientemente radicales». Y es que las cosas van a empeorar bajo una economía liderada por la IA.
¿Cuál es la respuesta, según el ganador del Premio Nobel? Los estadounidenses necesitan «puestos de trabajo bien remunerados y que permitan desarrollar una carrera profesional para todos los trabajadores, y especialmente para aquellos sin título universitario, que se han quedado atrás en la economía postindustrial del último medio siglo». Debería haber un «plan viable para reorientar la IA, de modo que esta prometedora tecnología no se vea moldeada por los sueños de un pequeño grupo empeñado en la superinteligencia artificial y la automatización de la mayor parte de lo que hacen los seres humanos. En su lugar, debemos explicar por qué es factible y deseable desarrollar una IA favorable a los trabajadores y cómo esto puede generar empleo e ingresos dignos para los trabajadores».
Mientras tanto, la «crisis de la asequibilidad» es grave, y no solo en EE. UU. Los hogares de todo el mundo se enfrentan a aumentos del coste de la vida debido a las guerras y a las secuelas de la pandemia de COVID-19, y los salarios tienen dificultades para seguir el ritmo de las persistentes presiones sobre los precios. Los precios mundiales de muchas materias primas se han mantenido elevados durante varios años, impulsados primero por la escasez en las cadenas de suministro provocada por la pandemia y, posteriormente, por las guerras en Ucrania e Irán. La guerra en Oriente Medio, que comenzó el pasado mes de febrero, ha elevado la tasa de inflación mundial anual hacia el 5 %, muy por encima del objetivo del 2 % fijado por muchos bancos centrales de todo el mundo. Las subidas de precios de productos de primera necesidad, como los alimentos y la energía, han sido especialmente pronunciadas. El índice mundial de precios de los alimentos ha subido un 42 % desde la caída provocada por la pandemia en 2020. Y solo en el último año, los precios del petróleo crudo han subido un 57 %, mientras que los del diesel lo han hecho un 50 %. El peligro es que la inflación podría acelerarse aún más el año que viene si los conflictos en Oriente Medio continúan hasta finales de este año y más allá. La cadena de suministro mundial ya se encuentra sometida a nuevas presiones y el crecimiento del comercio internacional se está desacelerando.
Hay muchos ámbitos de gasto para los consumidores estadounidenses —como la sanidad, la educación y el cuidado infantil— en los que los costes han superado con creces los aumentos salariales en los últimos 20 años. Pero ahora, desde la pandemia, la inflación de los precios de los alimentos, el combustible y otros productos de primera necesidad también está superando con creces los aumentos salariales. Hace un año, los precios al consumo en EE. UU. subían un 2,7 % interanual. El salario medio por hora de los trabajadores estadounidenses crecía un 4 %. Si avanzamos hasta la actualidad: los precios suben ahora un 3,5 % interanual, pero el crecimiento salarial se ha ralentizado hasta situarse en apenas un 3,2 %. El salario, una vez tenida en cuenta la inflación, pasó a ser negativo ya en abril. En el último año antes de las elecciones, los ingresos medios reales por hora disminuyeron un 0,7 %.
Los tipos hipotecarios medios se han duplicado desde el final de la pandemia hasta superar el 7 % anual. Como consecuencia, en EE. UU. (y en toda Europa), el mercado inmobiliario se ha desplomado. El índice de asequibilidad hipotecaria del FMI (que mide la relación entre los ingresos reales y los ingresos necesarios para un préstamo hipotecario típico) muestra fuertes descensos. En EE. UU., el índice cayó de aproximadamente 150 hasta situarse en torno a 85 (donde los valores superiores a 100 representan la asequibilidad).
Por el contrario, bajo los mandatos de Biden y Trump, el 10 % más rico de los hogares vio cómo su patrimonio neto mediano se disparaba de 2,8 millones de dólares a 3,67 millones, lo que supone un aumento de unos 872 000 dólares, o un 30 %, entre 2022 y 2025. El 40 % de los hogares con menores ingresos perdió terreno. Entonces, Trump firmó su «gran y maravilloso» proyecto de ley, que concedía los mayores recortes fiscales a los que se encuentran en la cúspide.
No es de extrañar que los estadounidenses hayan votado en contra de los republicanos de Trump. Pero, ¿y ahora qué? Los líderes demócratas controlan ahora el Congreso, pero ¿qué proponen hacer? ¿Qué posibilidades hay de que los demócratas tengan alguna idea de cómo frenar el aumento de la inflación y el coste de la vida? ¿Y pueden o quieren poner fin a las guerras en Oriente Medio y Ucrania que han contribuido a la crisis de la asequibilidad?
Los demócratas afirman que revocarán los aranceles de Trump, revertirán los recortes a Medicare, reducirán los costes sanitarios y de la vivienda, y aumentarán la regulación en sectores tecnológicos como la inteligencia artificial. Pero no habrá recortes en el grotesco nivel de gasto en «defensa». De hecho, es probable que se incremente el apoyo a Ucrania en la guerra contra Rusia. En su nuevo libro, El crepúsculo del imperialismo estadounidense, Jack Rasmus calcula el asombroso aumento del gasto y los costes del Gobierno de EE. UU. en «defensa». Según sus estimaciones, el gasto total en defensa de EE. UU. se ha más que duplicado desde 2019, pasando de 1,5 billones de dólares a la asombrosa cifra de 3 billones de dólares el año que viene
Parece que los demócratas no tienen ni idea de cómo controlar la inflación galopante, salvo confiar en que la Reserva Federal suba los tipos de interés —una política que solo aumentará la probabilidad de una recesión—. Y no hay propuestas para revertir la creciente desigualdad.
En los medios de comunicación dominantes y entre los economistas convencionales se hace mucho hincapié en que la economía estadounidense va viento en popa. Es cierto que el crecimiento del PIB real de EE. UU. es más fuerte que en Europa o Japón, pero eso no es precisamente un listón muy alto. El PIB real de EE. UU. aumentó a una tasa anual del 3,4 % en el tercer trimestre de 2026, lo que supone un repunte aparentemente importante con respecto al segundo trimestre. Pero esto oculta la tendencia. El crecimiento interanual del PIB real se está ralentizando. Con un 2,1 % en el tercer trimestre de 2026, se situó cerca de uno de los mínimos registrados desde el inicio de la pandemia. La economía estadounidense sigue creciendo, pero a un ritmo que no supera el 2 % anual.
Además, el crecimiento del PIB real de EE. UU., la inversión y, con ello, el empleo, dependen casi por completo del auge de la inversión en inteligencia artificial. Como señaló el exasesor económico de la Casa Blanca Jason Furman: «El único gran aumento real en el sector de la construcción en Estados Unidos durante el último año ha sido el de los centros de datos, con un incremento del 64 %. Las centrales eléctricas que los abastecen registran un aumento más modesto, del 4 %, y todo lo demás ha descendido —con un descenso especialmente acusado en la industria manufacturera, que ha caído un 24 %, lo que supone un retroceso respecto al pico muy elevado alcanzado en 2024».
Estas megainversiones están logrando impulsar la producción por trabajador. La productividad laboral aumentó un 3,6 % en el tercer trimestre. Eso significó que la tendencia de crecimiento de la productividad coincide ahora con la media a largo plazo de la posguerra y está muy por delante del ritmo del 1,5 % del ciclo 2007-2019.
"El presidente Donald Trump ha pasado los últimos dos años intentando subvertir la democracia estadounidense. El martes, los votantes le hicieron frente.
Ante los muchos intentos del presidente por manipular las elecciones intermedias —mediante la manipulación extrema de distritos electorales, afirmaciones falsas de fraude electoral, esfuerzos para bloquear el voto por correo y más—, decenas de millones de estadounidenses respondieron acudiendo a las urnas y rechazando al Partido Republicano que se lo ha permitido. Los demócratas recuperaron el control del Senado y están a punto de recuperar también la Cámara de Representantes. El repudio fue lo suficientemente grande como para superar la polarización política de Estados Unidos. Los republicanos perdieron contiendas incluso en lugares que tradicionalmente son republicanos, como Kansas, Kentucky, Iowa, Ohio, Carolina del Sur y Texas. Perdieron porque muchos votantes independientes e incluso republicanos consideran que el segundo mandato de Trump es un fracaso.
El resultado crea un control crucial al comportamiento autocrático de Trump. Empodera a los demócratas para investigar su corrupción y sus violaciones de la ley y aprobar legislación que ofrezca una alternativa a su agenda contraproducente. El país ya se siente diferente y cambiará en la práctica en enero.
El país aún enfrenta muchos problemas a largo plazo para los cuales ninguno de los partidos ha ofrecido soluciones claras. Y durante los próximos dos años, mientras Trump siga siendo presidente, el Congreso y los jueces tendrán que estar preparados para contrarrestar sus futuros intentos de socavar el orden constitucional.
Sin embargo, este es un día para sentir orgullo. Los aspirantes autoritarios a menudo utilizan las elecciones legislativas para consolidar su poder y debilitar aún más la democracia. En 2026, el pueblo estadounidense se negó a permitir que Trump lo hiciera. El sistema ha resistido.
Además de los votantes, tres grupos merecen un reconocimiento particular: los trabajadores electorales, los defensores legales y los jueces.
Los trabajadores electorales hicieron su trabajo este año ante la presión implacable de Trump. Él ha afirmado por mucho tiempo que el fraude generalizado decide las elecciones estadounidenses, a pesar de décadas de evidencia de lo contrario. Los trabajadores electorales de todas las afiliaciones políticas respondieron a estas mentiras haciendo su trabajo con la misma diligencia de siempre, ayudando a las personas a emitir sus votos y contando esos votos.
En muchos estados, los funcionarios electorales tomaron medidas específicas para detener la interferencia del gobierno de Trump. El año pasado, el Departamento de Justicia exigió que los estados proporcionaran al gobierno federal las fechas de nacimiento, información de la licencia de conducir y números parciales del Seguro Social de los votantes. Los funcionarios, entre ellos varios republicanos, se negaron a acatar la orden.
Algunos de los más destacados fueron la vicegobernadora republicana de Utah, Deidre Henderson; la secretaria de Estado demócrata de Míchigan, Jocelyn Benson, y el secretario de Estado republicano de Virginia Occidental, Kris Warner. Cada uno se negó a cumplir, cada uno recibió una demanda del gobierno y cada uno ganó en los tribunales.
Su capacidad para resistir al presidente subraya una ventaja del gobierno descentralizado de Estados Unidos. Pudieron negarse porque el presidente no tiene el poder de anular sus decisiones. La cláusula de elecciones de la Constitución permite a cada estado decidir cómo se llevan a cabo sus elecciones. Este federalismo resultó ser un baluarte contra los instintos autoritarios de Trump.
Un segundo grupo que defendió la democracia este año fueron los defensores legales. Cuando Trump intentó interferir en las elecciones —a través de órdenes ejecutivas que buscaban complicar el registro de votantes, prohibir que los estados contaran algunos votos por correo y ordenar al Servicio Postal que decidiera qué votantes recibirían boletas por correo—, los defensores respondieron con rapidez presentando demandas.
Los defensores incluyeron al Brennan Center, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, la Liga de Mujeres Votantes, Common Cause y fiscales generales demócratas. Algunos bufetes de abogados prestigiosos han tenido miedo de confrontar los abusos legales del gobierno de Trump en los últimos dos años, lo que hace que el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro sea aún más importante.
Con frecuencia, las demandas tuvieron éxito debido al tercer grupo: jueces federales que insistieron en seguir la ley y defender la Constitución a pesar de los esfuerzos de intimidación por parte de Trump y sus aliados. Jueces designados por presidentes de ambos partidos, incluido el propio Trump, bloquearon partes clave de las órdenes ejecutivas relacionadas con las reglas electorales. En 27 fallos consecutivos de tribunales de distrito, los jueces rechazaron las exigencias del Departamento de Justicia de obtener los padrones electorales estatales.
La Corte Suprema merece tanto reconocimiento como críticas. El máximo tribunal se equivocó al emitir fallos que hicieron posible la manipulación partidista extrema de distritos electorales de Trump y los esfuerzos de su gobierno por crear una base de datos nacional de votantes. Pero los jueces sí actuaron para proteger la capacidad de los estadounidenses de emitir sus votos este otoño. En septiembre, la Corte Suprema ratificó un fallo de un tribunal inferior que prohibía al Servicio Postal tomar medidas que podrían haber restringido el voto por correo.
Ese fallo fue un recordatorio de que esta corte sí tiene sus límites bien trazados sobre las elecciones. Después de las elecciones de 2020, los jueces se negaron a escuchar casos relacionados con las afirmaciones falsas de Trump sobre fraude electoral. Es posible que los jueces necesiten desestimar afirmaciones similares en las próximas semanas.
Pero los desafíos venideros no deberían ensombrecer lo que lograron los estadounidenses. Este año, trabajadores electorales, abogados y jueces defendieron las reglas que protegen el voto. Y decenas de millones de estadounidenses acudieron a las urnas para ejercer su derecho democrático más básico. Los estadounidenses demostraron que el poder de elegir a sus líderes les pertenece. Ahora deben mantenerse alerta hasta que los funcionarios certifiquen cada contienda y los ganadores asuman el cargo."
" La coalición de multimillonarios y trabajadores de Trump ha sido destrozada por la política de clase
Mientras los jefes tecnológicos se enriquecen y los estadounidenses de a pie luchan por salir adelante, los demócratas defienden la causa contra la grotesca injusticia de EE. UU., y los votantes respondieron
¿Recuerdan el «cambio de vibra»? Apenas el año pasado, columnistas y consejos de administración corporativos por igual declaraban que la segunda venida de Donald Trump significaba que las viejas reglas de la política e incluso de la civilidad cotidiana eran cadáveres en la carretera.
«Me siento liberado», dijo un banquero de alto nivel al Financial Times. «Podemos decir ‘retrasado’ y ‘marica’ sin miedo a que nos cancelen… es un nuevo amanecer».
Bendito era estar vivo en aquel amanecer, pero ser multimillonario era el mismo cielo. Porque en Trump, los jefes tecnológicos tenían un político capaz de obrar magia forjando una alianza eterna entre ellos y la América de cuello azul. Este era el núcleo mismo del trumpismo, el truco que deslumbró a la derecha de todo el mundo: cómo podía uncir juntos a los trabajadores con salario mínimo y al 1 %; a los latinos y votantes negros con aquellos dispuestos a coquetear con un poco de racismo light; a los que odian a Epstein con la clase Epstein (¿quién puede olvidar el correo de Elon Musk a Jeffrey: «¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?»). Y lo hizo transmutando la antagonía de clase en guerra cultural. Olvídate de ese aumento de sueldo: ¿has oído hablar de esos haitianos que se comen a los perros?
Silicon Valley, Wall Street y los dueños de medios de la costa este vieron el trumpismo no como una estrategia política sino como un giro en toda la cultura: un cambio de vibra hacia la derecha. Se equivocaron. La noche del martes fue un rechazo contundente al presidente. Antes de las elecciones de medio mandato, donantes ultraacaudalados como Musk vertieron miles de millones en los representantes de Trump, pero la base trabajadora y de clase media no lo aceptó. La coalición relativamente nueva que llevó al hombre naranja a la Casa Blanca ha sido destrozada por la vieja política de clase.
Cuando los analistas electorales observan que la lucha de los estadounidenses de a pie por costear lo básico de la vida ahora «puntúa en una categoría propia», eso es la clase asomando la cabeza. Es una respuesta a los precios récord de la gasolina en una sociedad centrada en el automóvil, a los enormes vaivenes en todo, desde los huevos hasta la carne picada, a la batalla por pagar el alquiler. Los aprensivos, incluso dentro del establishment demócrata, podrán eufemizarlos como «cuestiones económicas» o «asequibilidad», pero recuerden que en esta misma época el año pasado, el socialista democrático Zohran Mamdani convirtió la asequibilidad de un meme en una plataforma para ganar elecciones. A finales de 2026, y de cara a la próxima batalla por la Casa Blanca, el alcalde de Nueva York ejerce ahora una influencia nacional.
Entre los logros de Mamdani está su recordatorio a los votantes de a pie de que cuando no pueden costear lo básico, no es solo porque los precios sean irrazonablemente altos, sino también porque sus salarios son injustamente bajos. Ha vinculado el coste de la vida con un argumento sobre la desigualdad, y con razón.
Durante décadas —a través de Reagan y Clinton, Bush y Obama—, republicanos y demócratas han modificado el código tributario para recompensar la propiedad en lugar del salario, de modo que los 400 hogares más ricos pagan ahora tasas impositivas más bajas que el 50 % más pobre de los estadounidenses. Como muestran los economistas radicales Fred Magdoff y John Bellamy Foster en su nuevo libro, Grand Theft Capital: What Workers Should Know About the Affordability Crisis, la proporción de la renta nacional que va a los trabajadores de a pie se ha desplomado del 30 % en los años sesenta al 20 % actual. Esta es la destrucción de las vidas y los sueños de la clase trabajadora en la que republicanos y demócratas confabularon. Esta es la carnicería estadounidense que en 2016 ayudó a impulsar a Trump a la Casa Blanca. Pero el rasgo más flagrante de esta era de trumponomía ha sido su desvergonzada desigualdad.
El «país más caliente del mundo», como lo llama el presidente, depende de la IA para crecer. Para la primera mitad de 2025, el economista de Harvard Jason Furman estimó que el gasto en infraestructura de IA constituyó el 92 % del crecimiento del PIB. Estas supuestas ganancias nacionales están siendo acaparadas por un puñado diminuto de personas y fondos, con base abrumadoramente en una franja de la costa oeste.
En octubre, el gestor de fondos Apollo señaló que, de todo el índice S&P de las 500 mayores empresas de EE. UU., solo las llamadas «siete magníficas» firmas tecnológicas florecían. Las otras 493 veían ingresos planos y beneficios planos. Torsten Slok, economista jefe de Apollo, escribió: «A pesar de las inversiones masivas y el bombo generalizado en torno a la inteligencia artificial, la tecnología no ha entregado ningún beneficio financiero a la América corporativa».
Miles de millones para Sam Altman y Dario Amodei y Jensen Huang; una miseria para quienes están fuera de Silicon Valley. No es de extrañar que el candidato más vilipendiado en tantas de las papeletas de esta semana fuera el centro de datos: el centro de datos que consume energía, chupa agua y destruye comunidades, que solo ayuda a procesar a los humanos como apéndices de los chatbots. Un análisis para The Economist mostró que los partidarios de Trump con un centro de datos a su puerta se pasaban en masa al otro lado.
La política de esto se desarrolló con mayor claridad en Texas, que la noche del martes pasó de rojo a azul, a pesar de un cuarto de billón de dólares para los republicanos del estado de un solo hombre: Elon Musk. Texas es el hogar del señor supremo de la IA y una base vital para sus negocios. En los próximos años se espera que Texas se convierta en el centro estadounidense de centros de datos. En solo dos años, se espera que proporcione más de una cuarta parte de toda la nueva potencia informática a la industria de la IA. James Talarico ganó con una agenda marcadamente anti-centros de datos.
Como dijo tras su victoria: «La verdadera lucha en este país no es izquierda contra derecha. Es arriba contra abajo… La gente de arriba nos divide por partido, por raza, por género, por religión, por cultura, para que no notemos que nos están metiendo la mano en el bolsillo. Pero esta noche enviamos un mensaje cristalino a la gente de arriba: no seremos conquistados».
Los demócratas que captaron la imaginación nacional y global este otoño fueron aquellos que defendieron con más estridente firmeza la causa contra la grotesca e inhabitables injusticia de EE. UU. y por una mejor política, tal como hizo Mamdani. Troy Jackson ganó Maine con una plataforma para abolir el ICE. Abdul El-Sayed se llevó Michigan (¡Michigan!) prometiendo Medicare para todos.
Estos resultados sugieren un nuevo futuro para los demócratas: anticorrupción, anti-guerra y anti-multimillonarios. En los días de Bill y Hillary, esto se habría considerado imposiblemente izquierdista. Pero recuerden mis palabras: el demócrata que quiera estar en la papeleta en 2028 sonará más como Bernie Sanders.
Por ahora, alégrense de que un matón corrupto que se sirve a sí mismo se dirija hacia dos años de ignominia, de ser tratado incluso estando en el poder como un número atrasado. Y recuerden que cuando los políticos y periodistas afirman que no hay nada mejor que ofrecer que la misma vieja basura derechista, normalmente se equivocan. «Podría pararme en medio de la Quinta Avenida y dispararle a alguien, y no perdería ningún votante, ¿ok?», dijo Trump una vez. «Es, como, increíble».
"Mélenchon desafía a Bruselas en su programa electoral
El plan para Francia del líder de extrema izquierda «requerirá una confrontación con las instituciones europeas», según su programa presidencial. Escuchar
PARÍS — El candidato presidencial de la izquierda francesa, Jean-Luc Mélenchon, propone una reforma radical de las normas de la UE, lo que le situaría en una trayectoria de colisión con Bruselas.
El líder de extrema izquierda, que ha experimentado un reciente ascenso en las encuestas de cara a las elecciones de 2027, presentó el viernes su programa presidencial, en el que plantea una serie de medidas para replantear de raíz la agenda de la UE. Mélenchon afirmó, además, que, de resultar elegido, desobedecería las normas actuales de la Unión Europea que le impidieran aplicar su programa.
Bajo la propuesta de un «nuevo pacto» para Europa, Mélenchon pretende renegociar los tratados, descartar elementos fundamentales del marco normativo de la UE —incluidos los límites de deuda y déficit—, suspender las normas de competencia en servicios públicos como la energía, el transporte y las telecomunicaciones, y flexibilizar la legislación sobre ayudas estatales.
«Implementaremos nuestro programa de inmediato a nivel nacional. Esto requerirá, por tanto, una confrontación con las instituciones europeas», señala el manifiesto de «Francia Insumisa» (La France Insoumisa), el partido de Mélenchon. «Esto implica también desobedecer, siempre que sea necesario, las normas que nos bloquean».
«Nuestra lógica es sencilla: mientras no se alcance un acuerdo para modificar los tratados, negociaremos con nuestros socios y, paralelamente, desobedeceremos las normas que nos impidan avanzar. Si logramos un acuerdo, este se someterá a referéndum», añade el manifiesto.
Estas propuestas, que se hacen eco de declaraciones anteriores de Mélenchon, se enfrentarían probablemente a una fuerte oposición por parte de los socios de Francia en el Consejo Europeo, actualmente dominado por líderes de corte más conservador. El manifiesto también señalaba que el Banco Central Europeo debería «someterse a un control democrático y movilizarse para financiar la transición ecológica y social». A principios de este año, Mélenchon desató una oleada de críticas al afirmar que «prendería fuego» a una gran parte de la deuda pública francesa en manos del BCE, lo que provocó un debate a escala nacional sobre esta cuestión.
Francia es uno de los países más afectados por el aumento generalizado de los costes de endeudamiento; además, su situación fiscal limita la capacidad del Gobierno para amortiguar el impacto de la subida de los precios de los combustibles y los alimentos, un fenómeno que forma parte de una crisis del coste de la vida más amplia en todo el continente.
Con una deuda pública que asciende al 117,5 % del PIB y un déficit público superior al 5 %, los problemas fiscales se han convertido en una preocupación central para los votantes. Los candidatos presidenciales proponen soluciones radicalmente distintas para abordar este problema.
Le Pen ha intentado proyectar una imagen de gestora económica responsable que no teme aplicar recortes, a pesar de que sus críticos califican su plan de «excesivamente optimista» y señalan que sus principales promesas aún carecen de financiación. Por su parte, los candidatos centristas, como el ex primer ministro Édouard Philippe, se presentan como la voz de la sensatez en materia económica y fiscal, aunque les está costando ganar terreno."
- "La
prensa china identifica a Zapatero como
«intermediario» con la Unión Europea. El expresidente preparó durante
meses y en varios viajes la visita de Sánchez a China de esta semana
- "Zapatero
estrecha sus lazos con China hasta convertirse en "el mejor embajador"
de España en Pekín. El ex presidente volvió a visitar el país asiático
en junio invitado por un grupo de influencia afín al Partido Comunista
Chino
- "Los vínculos de Zapatero con el régimen de Xi Jinping. El expresidente ha allanado a
Pedro Sánchez sus relaciones diplomáticas con el presidente chino y
ahora el PP pone en él el foco por el contrato millonario con Huawei
El
auto en el que el juez Calama presenta al expresidente del gobierno
como líder de una organización criminal de tráfico de influencias tiene
un vacío: ¡no describe cómo lo hizo!
(...) El esfuerzo de la UDEF y de la Fiscalía Anticorrupción, por situar de manera indubitada a Zapatero
como “núcleo decisor” de una banda organizada de delincuentes que
trafican con influencias y blanquean capitales ha sido acogido sin
complejos por el juez José Luis Calama Teixeira, titular del juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.
La entrada del juez Calama es impactante nada más abordar los hechos investigados (página 7).
“En
el vértice de la estructura se sitúa José Luis Rodríguez Zapatero,
quien ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos
institucionales y empresariales de alto nivel.(...)"
Mira por dónde, 49 páginas más tarde, cuando esperabas, en vano, conocer a Zapatero
en acción, esto es, la descripción de que “mantiene los contactos
institucionales y empresariales de alto nivel”, el relato te echa un
jarro de agua fría. (...)
Y entre la página 56 y la 85, la última, resulta que no queda
constancia de “los contactos institucionales y empresariales de alto
nivel” anunciados a bombo y platillo en la página 7, después de haber
proclamado que Zapatero es el “líder estratégico”.
¿Cómo, por tanto, UDEF, Fiscalía Anticorrupción y juez, han llegado a
la conclusión repetida una y otra vez sobre el liderazgo de Zapatero?
Habida cuenta de que “su liderazgo no se manifiesta de forma formal
(sic) o pública, como advierte el juez, la narración se apoya en lo que
dicen que se supone que se le pide a Zapatero que haga.
Dicen que dicen. (...)
Lo que dice Julito -Julio Martínez Martínez, el amigo con el que corría- sobre las acciones emprendidas por Zapatero y que los otros socios-ejecutivo susurran de unos a otros, ¿no forma parte de la célebre técnica del ‘name-dropping’
o la alusión a gente importante o instituciones cuando uno quiere
reforzar su propia posición de fuerza, lo que suele definirse como
‘leverage’ (apalancamiento o ventaja)?
La UDEF, la Fiscalía Anticorrupción y el juez han forzado extraordinariamente los indicios para poner como líder a Zapatero.
Es lo que podríamos llamar voluntarismo golpista.
Todo el relato, insistimos, consiste en lo que dicen aquellos que suponen, o dan por hecho, lo que hacía Zapatero.
Pero no se menciona una sola acción del expresidente para
materializar el tráfico de influencias con aquellos que eran
responsables de otorgar el crédito a Plus Ultra. (...)
Y¿por qué no se han borrado las cuentas bancarias de sus dos hijas?
En otros términos: se ha buscado hacer sangre, ir a saco, contra la
figura del expresidente, arramplar con todo lo que le rodea.
El daño ya está hecho.(...)" (Ernesto Ekaizer, blog, 21/05/26)
"El Estado norteamericano aporta la información clave para imputar a Zapatero.
La inquietante “conexión” americana. Es
posible que las acusaciones contra Zapatero sean verdad o es posible
que acabe demostrándose que no. Pero la información sensible que ha
provocado su imputación procede de unos EEUU muy interesados en un
cambio de gobierno en España.
Sin EEUU no se estaría investigando a Zapatero por
corrupción. Agencias públicas de la superpotencia han proporcionado las
claves que señalan al ex presidente.
Lo afirma el
juez español, en un auto donde se pone en primer plano la colaboración
norteamericana. Lo reconocen responsables de la administración
estadounidense. Lo han publicado medios tan poco antinorteamericanos
como el ABC.
Información “made in USA”
Un
portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU ha confirmado
su papel esencial en la investigación que inculpa a Zapatero.
La
Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EEUU entregó a la
policía española el contenido de un móvil intervenido al empresario
venezolano Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra.
En él
encontramos conversaciones entre altos dirigentes de Plus Ultra donde se
reconoce el pago de mordidas para garantizar que España la incluyera en
el rescate. Afirman que han contactado con Zapatero, dentro de una
estrategia para influir en el rescate -”acaba de hacerse el puente con
ZP”-. Y cuando avanzan, obteniendo “altas recomendaciones”, afirman que
“nuestro pana ZP está detrás”. En lenguaje caribeño “pana” es amigo,
colega.
No hay conversaciones con Zapatero, pero sí aparece señalado indirectamente como el intermediario clave.
El juez Calama utiliza esta información en su auto y agradece la colaboración norteamericana.
Además,
el Tesoso y la Fiscalía norteamericana han proporcionado información
clave sobre transferencias bancarias, con origen en negocios ilícitos
procedentes de Venezuela, y que supuestamente acabaron en pagos a
Zapatero. Y están estrechando el cerco judicial sobre Julio Martínez,
empresario clave en la trama.
Esta información “made in USA” no
proviene de investigaciones periodísticas. Quien la ha proporcionado es
el Estado norteamericano. Agencias públicas hoy controladas por la
administración Trump.
Los funcionarios estadounidenses que
intervinieron el móvil de Reyes y se lo entregaron a la polícía tiene su
sede en España en la embajada norteamericana en Madrid.
Peligrosas preguntas
La
superpotencia ha decidido poner en circulación una información muy
sensible que empujaba al ex presidente hacia el banquillo. Esto no
exonera a Zapatero. Que la información la proporcione EEUU no significa
que sea falsa. Pero sí plantea preguntas peligrosas, inquietantes: ¿por
qué EEUU interviene de esta manera en la política española?
Alguien,
en algún despacho de la superpotencia, ha decidido que esta información
salga a la luz. Y lo hace con objetivos ocultos.
Está demostrado
que Felipe González utilizó sus relaciones internacionales para
propiciar que el gobierno del Chad concediera una gigantesca concesión
minera al monopolio Star Petroleum. También que Aznar pactó una comisión
del 1% con Abengoa para conseguir adjudicaciones en la Libia de Gadafi.
Ninguno de estos dos casos ha sido investigado. Y a EEUU, que como
superpotencia maneja una enorme información, no le ha interesado.
Un
analista como Enric Juliana plantea que ahora la “colaboración
norteamericana” se explica porque “hay expediente Zapatero en
Washington. Y hay expediente Sánchez”.
El “expediente ZP” en EEUU
no se debe a la política antiyanqui de sus gobiernos. Zapatero se
enfrentó a Bush, pero cerró su etapa como presidente aprobando la
instalación del escudo antimisiles de EEUU en Rota.
Las razones de
EEUU son más actuales. Y tienen que ver con el “expediente Sánchez”. El
actual gobierno de coalición se ha negado a cumplir el 5% de gasto
militar que exige Washington, encabeza en la UE la denuncia del
genocidio en Gaza, ha sido el primer país europeo en denunciar los
ataques de EEUU contra Irán, y acaba de encabezar una cumbre
internacional anti Trump.
Al mismo tiempo que estallaba el
escándalo Zapatero, el embajador norteamericano en España se reunía con
Santiago Abascal. Washington da un nuevo espaldarazo público a la
ultraderecha. Y expone que su alternativa de gobierno es un acuerdo
PP-Vox.
Estas son las razones ocultas detrás de la “colaboración” norteamericana.
Fuentes:
“América, América”. Enric Juliana. La Vanguardia. 24 de mayo de 2026
«EEUU aporta informacion clave a España sobre la trama Zapatero». David Alandete. ABC. 21 de mayo de 2026.
“El
Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos colaboró en la
investigación sobre Zapatero”. Iker S. El País. 20 de may de 2026"
Resumen del la transcripción que sigue: Desde un punto de vista de los conceptos abstractos de la justicia, esta
idea de que a ti te investiguen con un teléfono obtenido sin orden
judicial, que se envía a España 5 años después porque casualmente Donald
Trump está enfadado con el gobierno español y que al mismo tiempo acaba
derivando en una imputación y en un proceso judicial donde lo único que
encuentran es algo que no tiene nada que ver con todo lo anterior, pues
acaba siendo un poco mosqueante
El origen de las joyas de Zapatero... la clave es un hombre, que se llama Saud bin Nayef Al Saud. Es de
la familia Saud... fue embajador de Arabia Saudí en Madrid e hizo unas relaciones excelentes con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero... en el marco de la visita del rey Abdula, que fue una visita espectacular
a España, y hubo un
encuentro privado en la residencia del presidente de gobierno en la
Moncloa. Me dicen que Saud bin Nayef Al Saud participó y organizó ese
encuentro privado. Y en ese encuentro privado donde se le entregaron las
cajas con con las joyas, el 19 de junio del 2007... basta demostrar que ese regalo fue un regalo de la monarquía saudí que
fue entregado el 19 de junio del 2007 para mostrar de que no hay delito...
"Vamos a volver con Ernesto Ekaizer. Ernesto, buenas tardes otra vez.
Hola. Vuelvo a la visita. Bueno, vamos a ver a recordar las declaraciones de lo que vamos a hablar ahora, que tiene que ver con las joyas del expresidente Zapatero. Es que precisamente Ernesto nos tiene preparada una exclusiva sobre el posible origen de estas joyas. ¿No has querido desvelar demasiado todavía de dónde vienen? Pero de momento lo que sí sabemos es lo que dijo el expresidente. Vamos a escucharlo. Sin fan patrimonial es un regalo de cortesía personal de hace muchos años. No, no voy a decir el país.
Ernesto, ¿cuál puede ser el origen de estas joyas? Querido Gonzalo, la clave es un hombre. Un hombre se llama príncipe Saud bin Nayef Al Saud. Es de la familia Saúd. Quiere decirse que pudo haber sido el actual rey de Arabia Saudí, solo que el rey Abdullah decidió poner en sus, digamos, en su lugar al actual rey Salman. Y el rey Salman de Arabia Saudí le ha nombrado a Saúd bin Naif Abdulazis su príncipe heredero. Es decir, teóricamente si no hay una escabechina o un crimen o lo que fuere, será el próximo rey de Arabia Saudí. Este nombre, ¿por qué es importante? Porque él estuvo en el año entre 2003 y 2011 como embajador de Arabia Saudí en Madrid e hizo unas relaciones excelentes con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Tienen aproximadamente una edad parecida. Saúd es un poco más joven, 62 años. Zapatero tiene 66 y el 19 de junio, que es a lo que voy, el 19 de junio del 2007, en el marco de la visita del rey Abdula, que fue una visita espectacular a España, que duró 2 días, pero fueron intensísimos, donde se le dio el Toysón de Oro, donde Alberto Gallardón le dio las llaves de la ciudad de Madrid, hubo un encuentro que fue el 19 de junio de ese año 2007 en la Moncloa, un doble encuentro, hubo una cena oficial y hubo un encuentro privado en la residencia del presidente de gobierno en la Moncloa. Me dicen que Saú bin Naif Abdulaz participó y organizó ese encuentro privado. Y en ese encuentro privado donde se le llevaron las cajas con los regalos, con las joyas. 19 de junio del 2007. Las gestiones que se están haciendo en Arabia Saudí son fundamentalmente con Saú Bin Naif Abdulad Sis, que en este momento desde que dejó España es nada menos que el gobernador de la región oriental de Arabia, Saudí, que es la más rica en petróleo, próxima a Kuwait, en fronteras con Kuwait y otros países. Y las gestiones que se están haciendo es porque Said Saú conoce perfectamente el origen, materialmente, físicamente lo conoce. Me dicen que las gestiones están haciendo y que van a rendir frutos. En cualquier caso, dado que el regalo fue del 19 de junio del 2007, el tema está archiprescrito. Solamente basta demostrar que ese regalo fue un regalo de la monarquía saudí que fue entregado el 19 de junio del 2007 para mostrar de que no hay delito.
O sea, entiendo, Ernesto, que lo que podría suponer esta noticia, bueno, esta noticia, esta noticia que publicas tú hoy, que nos estás contando aquí hoy en exclusiva en malas lenguas, pero que Zapatero ya estaría trabajando en que eso está absolutamente prescrito por el ser del año 2007. entiendo que públicamente esto la defensa de Zapatero lo va a afrontar de esa manera, en la causa que tiene abierta por parte de Calama.
En la respuesta a Javier Ruiz, a la entrevista que le realizó Javier Ruiz, él no habló de prescripción y no porque no habló en realidad no hizo ninguna precisión sobre ningún tema. Creo que fue de muy mala gana esa entrevista. Cre de alguna manera sintió que debía darla y por lo tanto no precisó nada. Pero él dijo una cosa, eso ocurrió hace muchos años y esto lo que quiere decir es que está prescrito. Pero bueno, yo estoy absolutamente convencido de que está prescrito porque el regalo se hizo en esa reunión privada en la residencia que ocupaba Zapatero en la Moncloa, 19 de junio del 2007. Y Saúd bin Naif Abdelis es un testigo de cargo. No quiere decirse que va a venir aquí a declarar, pero me da la impresión de que se están haciendo gestiones para que este hombre, que es un príncipe muy importante en Arabia Saudí, prácticamente es el príncipe heredero según la decisión de Salman. O sea, si esta noticia la podrá, no, o sea, puede ser verdad, pero habrá que justificarla delante del juez. Claro. Bueno, si hay una certificación oficial de que ese es un regalo, bueno, pues el juez puede viajar a Arabia Saudí. Lo dudo. El fiscal Bertosa intentó viajar a Arabia Saudí cuando investigaba el tren a Belameca o pidió la colaboración de Arabia Saudí. Es sabido en el mundo jurídico internacional que Arabia Saudí no concede prácticamente no concede extradiciones y la colaboración judicial es nula. Pero en este caso hay una relación personal dado que Saú estuvo como embajador entre el año 2003 y el año 2011. Precisamente en septiembre del 2011, cuando yo dejado ya dejo de ser embajador, el gobierno de Rodríguez Zapatero firmó un decreto por el cual se le concedió la orden de Isabel la Católica.
Novedades en el caso Zapatero tiene que ver con los delitos que se le pueden achacar al expresidente del gobierno precisamente por las joyas que se han encontrado en ese despacho y que están valoradas, ya lo sabemos hoy, en más de 1,300,000 €. Novedad. Paso muy importante, efectivamente, porque el juez José Luis Calama acaba de abrir una pieza separada en la que se va a investigar a José Luis Rodríguez Zapatero por los delitos de contrabando y contra la hacienda pública. Todo por esas joyas que se encontraron en su despacho profesional. Considera el juez, por tanto, que pueda haber esos dos delitos. Delitos fiscales, ya que en teoría no se habrían declarado Hacienda, también delito de contrabando, dos delitos nuevos que se atribuyen al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el hallazgo de esas joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros en la caja fuerte de su despacho profesional.
A ver, Alfonso, vamos por partes. Estamos hablando de nuevos delitos, en este caso delito fiscal, entendemos por la cuantía o la valoración de estas joyas, que son más de 120,000 €. Por otra parte, contrabando. Contrabando, ¿por qué? Porque no se sabe el origen de las joyas o por qué. Efectivamente, porque dice el juez textualmente en el auto que acaba de emitir que ese origen en estos momentos no está justificado. Y ojo, porque cuantifica ya exactamente el valor de esas joyas. Es de 1,323,915 €. Eso es el valor de esas 103 piezas. 1,323,915 € el valor de esas 103 piezas que fueron encontradas en la caja fuerte del despacho de Zapatero en la oficina del expresidente del gobierno en la calle Zabal. Recapitulamos, Alfonso, para que nos enteremos todos aquí y en casa. Ahora mismo, ¿de cuántos delitos se acusa al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero? Pues en principio la pieza estaba abierta por los delitos de tráfico de influencias y también blanqueo de capitales, sin perjuicio de que pudiera haber también un delito de integración en organización criminal y otro de falsedad documental. Eso era la pieza principal, pero ahora se acaba de abrir una segunda pieza separada contra José Luis Rodríguez Zapatero por delitos fiscales y de contrabando, con lo cual ya serían seis tipos delictivos distintos los que indiciariamente se atribuirían al expresidente del gobierno. La nulidad que está buscando la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero también afecta a esta parte de las joyas. Es decir, si la nulidad del todo el proceso incluye todo el proceso incluidas las joyas, pues podría ser efectivamente si el origen de la investigación estaría viciado, afectaría podría afectar a todo el procedimiento. Eso es algo que se va a ver si finalmente se pide esa nulidad de las actuaciones, pero es muy importante cómo justifica el juez la apertura de estas nuevas diligencias, porque apunta que la posesión de bienes de lujo, de elevado valor, unido a la ausencia de una trazabilidad fiscal sobre su adquisición constituye un indicio objetivo y racional sobre la posible existencia de una defraudación tributaria relevante, con lo cual se hace necesario abrir esta pieza separada e imputarle estos nuevos delitos a Zapatero, básicamente porque no está demostrado que declarara esos bienes hacienda.
Sí, vamos por partes. Oficialmente lo que están diciendo en el Palacio de la Moncloa es que después de esta nueva pieza separada abierta por el juez Calama, ellos siguen manteniendo absolutamente su confianza en José Luis Rodríguez Zapatero y no se salen de ahí, Inés. Pero otras fuentes del gobierno consultadas por esta, lo que nos dicen es que toda esta causa es un auténtico disparate, que se va a caer como un castillo de naipes, que los presuntos delitos fiscales que ha podido cometer José Luis Rodríguez Zapatero, si es que ha traído esas joyas y no están declaradas, esos delitos habrían prescrito y que el juez da este paso, abre esta pieza separada precisamente para tapar lo que está siendo todo este procedimiento que está en cuestión su legalidad por el volcado del móvil del principal accionista de Plus Ultra. Un auténtico disparate. Nos dicen que se va a caer como un castillo de naipes. Bueno, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo saben estas fuentes del gobierno que esos delitos habrían prescrito cuando no sabemos de cuándo son estas joyas? Porque no hay papeles sobre el origen de estas joyas, a no ser que en fuentes de esas mismas fuentes del gobierno sí sepan de dónde son esas joyas o de cuándo son esas joyas. Alfonso, claro, la única explicación es que José Luis Rodríguez Zapatero haya comunicado al gobierno que esas joyas pues tienen un origen de más de 5 años y que por lo tanto habrían prescrito los delitos fiscales. Lo que quiere saber el juez, pero ahora mismo juez no sabe de cuándo son esas. Claro. Y por eso le pregunta y le dice que presente la documentación tributaria, documentación fiscal, de si están declaradas, de qué origen tienen, las facturas, la documentación aduanera, de cómo las introdujo en España. Ahora mismo al juez eso no le consta y por eso ha abierto esa pieza separada por delito de contrabando y delitos fiscales. Si saben que los delitos han prescrito es porque saben que su origen es de 2020, antes, o sea, los años anteriores, los ejercicios anteriores a 2020. Entonces, esa información solo puede haber salido de José Luis Rodríguez Zapatero, que evidentemente conocerá el origen de las joyas que guardaba en su caja fuerte.
Hoy contamos la historia de unos pantallazos de móvil. Le seguimos la pista a unos chats de WhatsApp que estaban en el teléfono de un empresario venezolano de viaje en Estados Unidos y que han terminado en un juzgado español dentro de una carpeta donde pone caso zapatero. Esta historia empieza hace 5 años y la contamos con Ignacio Escolar. Estamos en el 9 de mayo de 2021. Rodolfo Reyes, que es el principal accionista de la aerolínea Plus Ultra, intenta entrar en Estados Unidos a través del aeropuerto de Miami, pero es retenido en el control de inmigración. Le retiran el visado para poder entrar en Estados Unidos y acabaría ese mismo día deportado en otro avión con destino a Panamá. Durante las horas en las que está detenido en la aduana, la policía aduanera estadounidense le requis su teléfono móvil y lo clona, guarda una copia del contenido íntegro de ese teléfono móvil. Sabemos que esta persona estaría en algún tipo de lista negra de Estados Unidos por su relación con Venezuela, no en busque captura, porque en caso de que hubiese una investigación penal contra él, lo normal habría sido que cuando llega el aeropuerto no fuese deportado, sino detenido y encarcelado. Estados Unidos define quiénes son sus personas de interés y donde decide en esos casos cuando llegan a los aeropuertos cazarle. Él es un empresario venezolano muy rico, tenía como para comprarse un 40% de una aerolínea, al que la inteligencia estadounidense relaciona con otras tramas de lavado de dinero de Venezuela, del régimen chavista. Y claro, nuestra suposición en la redacción del diario es que estaría en algún tipo de lista negra. Así que al empresario Rodolfo Reyes le vetan la entrada en Estados Unidos, pero Estados Unidos se queda con una copia de su teléfono móvil. Imagínate todas las cosas que puede haber en un teléfono móvil. Hay una que conecta a Rodolfo Reyes con España. En ese clonado del teléfono móvil aparecen muchas conversaciones de WhatsApp, de directivos de la empresa Plus Ultra, de la aerolínea. En esos mensajes, los directivos hablan de todas las gestiones que hicieron para conseguir el rescate de la aerolínea durante la pandemia. Al igual que muchas otras aerolíneas españolas, Plus Ultras acogió un rescate, un crédito blando, un crédito que le dio el estado, la CPI, para poder salvar esta situación tan tremenda para las aerolíneas que fue la pandemia, porque básicamente tenían que seguir pagando los aviones, pero no podían viajar y que eso llevó a muchas de ellas a estar en una situación financiera muy tocada. España decidió que había que rescatar a Plus Ultra y en el teléfono móvil de este venezolano dueño del 40% de Plus Ultra aparecen las conversaciones que implican a Zapatero en la que los directivos de Plus Ultra dicen que vamos a aunque sea pagando un poquito, donde hablan de nuestro pana Zapatero y donde hablan de sobre todo de Julito Martínez, ese empresario amigo de Zapatero que cobró de Plus Ultra para ayudar le con lobby, entre otras cosas para conseguir el rescate. En ese 2020 los mensajes se capturan, las conversaciones, el teléfono móvil se clona en 2021, pero no llega a España hasta el 18 de marzo de 2026. Claro, en estos 5 años la situación geopolítica ha cambiado mucho. Cuando clonan el teléfono de Reyes en Estados Unidos gobernaba Joe Biden y ahora no solo gobierna Donald Trump, sino que en los últimos meses, concretamente desde finales de febrero, existe un enfrentamiento muy fuerte entre la presidencia de Donald Trump, entre el propio Donald Trump, contra España y contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El momento en el que llegan esos mensajes es pocos días después del discurso de Pedro Sánchez con su no a la guerra de Irán. Sabemos también que el volcado del teléfono llega porque lo ofrece de manera espontánea, según los cuentas fuentes de la fiscalía, el departamento en España del Homeland Security dentro de la embajada de Estados Unidos, el personal que está en la embajada de Estados Unidos en Madrid asignado al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y que son estas personas quienes ofrecen a la policía de manera espontánea esos datos comprometidos contra Zapatero.
Ignacio Escolar. Hola. Hola, Juan Lu. Ignacio, esta narración que nos has hecho tiene varios ingredientes llamativos. Lo primero, independientemente de que estemos hablando del caso Zapatero, ¿es legal esto de clonarle el móvil a alguien sin autorización judicial en la frontera?
En Estados Unidos, la legislación permite a los agentes de aduanas fiscalizar el teléfono, los dispositivos digitales, las cámaras de foto de cualquier viajero. No hace falta ni siquiera que sea extranjero, puede ser también un estadounidense. Incluso puede también, simplemente con una autorización burocrática, no hace falta que esto pase por un juez, clonar, copiar íntegramente el contenido de sus dispositivos electrónicos, el ordenador portátil, el móvil, la cámara de fotos, todo lo que lleve. Eso es algo que se basa en estos criterios estadounidenses de seguridad nacional. Lo hace un departamento, una suerte de ministerio que es el Homeland Security, que se ocupa de gestionar las aduanas, que se ocupa de gestionar la respuesta ante los desastres naturales y que lleva también, pues eso, todo el control de todos los aeropuertos en inmigración. Ese departamento, por ejemplo, son también de los que depende el ICE, esta famosa policía casi paramilitar que estuvo persiguiendo inmigrantes en Estados Unidos por órdenes de Donald Trump. Yo creo que casi todo el mundo que viaje mucho ha tenido una experiencia incómoda, ¿no?, en la frontera, en el control de seguridad. A mí, concretamente me pasa siempre que voy a Estados Unidos, o sea, siempre me meten en inmigración porque mi nombre debe coincidir con el de alguien que está en alguna lista. Ya luego cuando ven que no soy me dejan seguir, pero me podrían pedir el móvil, nos podría pasar esto. Nos pueden copiar el móvil así porque sí. Según los datos de la propia Homeland Security, alrededor de 4,000 personas al año se les hace esto que se les hizo a Reyes. Se les detiene en el aeropuerto y se clona su teléfono móvil. Es un porcentaje en realidad muy bajo en relación con todos los viajeros que pasan por los aeropuertos estadounidenses, pero acaba siendo algo que pasa todos los días más de una vez en algún aeropuerto de Estados Unidos. Hay otros casos en los que simplemente se les revisa el celular, pero no se les clona. Ese número de personas es mayor. Pero para hacer el clonado basta con que exista una sospecha por parte de las autoridades aduaneras de que puede haber algún indicio pues de tráfico de dinero o algún tema de interés para Estados Unidos y para su seguridad nacional, sospechas de terrorismo. Al final acaba siendo una herramienta legal estadounidense que es legal en Estados Unidos para violar algo que en Europa es sagrado, que es el secreto de las comunicaciones.
Bueno, vayamos ya al caso Zapatero. Quizá algunos oyentes estén pensando, "Bueno, si había ahí una lista negra de algún tipo y encima el contenido sirve para perseguir un caso de corrupción en España, pues, ¿dónde está el problema?" Sí, este asunto al final es relevante por una cuestión de procedimiento judicial. No todas las pruebas valen en un procedimiento judicial. Y aquí se va a generar un debate, se está generando ya sobre el origen de estos grabaciones. Si es legal usar en un procedimiento penal en España un clonado de un teléfono que se ha conseguido en Estados Unidos sin orden judicial, sin que un juez autorice romper el secreto de las comunicaciones, que en España es un derecho muy protegido, no se puede hacer alegremente. La policía no lo puede hacer sin una orden de un juez. En el informe policial de la UDEF, donde comunican el hallazgo de estos mensajes del teléfono de Rodolfo Reyes y los indicios que hay contra Zapatero, dicen, "En este contexto, en el año 2021, el HCI, el Home Security Investigation, realizó una extracción telefónica de un dispositivo móvil perteneciente a Rodolfo Reyes Rojas. Al considerar que la información obtenida podría ser de interés para las autoridades españolas y resultar relevante para sustentar la presentación de cargos penales contra personas en España implicadas en actividades financieras ilícitas, el HCI obtuvo las autorizaciones necesarias y procedió a compartir dicha extracción para su uso en un proceso judicial en España. Repito la última frase que es la clave. Las autorizaciones necesarias para su uso en un proceso judicial en España. Es decir, según la policía ya tenían autorización para su uso en un proceso judicial. Sin embargo, el juez Calama, que es el que investiga Zapatero esta semana ha decidido mandar una comisión rogatoria a Estados Unidos pidiendo que le aporten legalmente esa prueba para su uso judicial. Hay una contradicción aquí, porque la policía está diciendo que ya cuentan con esas autorizaciones, pero el juez cree que no. Y esto es muy relevante desde el punto de vista legal. Primero porque tú tienes que garantizar que las pruebas que tienes y que estás utilizando tienen un origen legal en España. Pero más o menos lo que dice la Unión Europea es que cualquier tribunal cuando usa una prueba del extranjero tiene que garantizar primero la trazabilidad de esa prueba, la custodia de esa prueba, cómo se guardó, cómo se obtuvo. Segundo, si su origen es o no es legal. Y tercero, si se puede emplear aquí y cómo ha llegado hasta aquí. Cuando a alguien le clonan un teléfono, hay un protocolo, hay una serie de datos que se guardan para garantizar que no se ha modificado nada el momento en el que se obtuvo. Todo eso queda guardado para garantizar que las pruebas son justas en un juicio. Claro, si el juez pide ahora las pruebas por las que decidió en el pasado el auto de imputación contra Zapatero, entramos en una contradicción jurídica porque no puedes poner por delante el carro de los bueyes. En derecho penal tienes que ir siempre con las pruebas legalizadas antes de dar los siguientes pasos. Tú no puedes ordenar un registro, la intervención de comunicaciones, la imputación de cualquier persona o de un expresidente del gobierno si no tienes esas pruebas ya legalmente en tu poder para dar ese paso. Y claro, este auto es por un lado un intento de normalizar esa situación anómala en la que estás utilizando unas pruebas que no tenías y al mismo tiempo un reconocimiento de que diste todos esos pasos sin tenerlas legalmente. Pero en este caso, ¿cómo va a garantizar la justicia española que se hizo de manera legal a efectos españoles? Algo que se obtuvo con algo que en Europa es ilegal.
Fíjate que cuando supimos quién era el abogado de Zapatero, escuché, leí alguna gente decir, "Anda, mira, ha elegido un abogado experto en derecho procesal." No puede tener que ver con esto. Fue llamativo porque es un experto en procesal que es justo ese tipo de detalles. Dentro de las especializaciones del derecho, el ámbito procesal habla del protocolo, de que se cumplan las normas en el protocolo. Yo creo que ha sido más una casualidad porque este era un abogado que tenía relación previa con Zapatero antes de todo el caso y que además también es experto en penal, no solamente en procesal, pero desde luego es el abogado más adecuado con lo que conocemos hoy, que es que existe en la causa una semilla de nulidad, algo que tendrá que decidir la justicia si eso no es legal, pero que podría provocar la nulidad. Es algo que, en fin, ya veremos si ocurre, porque también hemos visto que las nulidades son asimétricas. Una de las más famosas de la historia de la jurisprudencia en española fue el caso Naseiro. Fue un caso que implicaba al Partido Popular hasta las cachas, al tesorero del Partido Popular y que se cerró por un defecto de forma porque las escuchas iniciales que habían dado origen al caso eran por un procedimiento distinto relacionado con el narcotráfico, donde grabaron a uno que pasaba por allí en las llamadas que implicaba al PP en un caso que acabó siendo de financiación ilegal. Aquello se cerró todo sin ningún condenado por un defecto de forma. No sé si en este caso la justicia española va a aplicar un defecto de forma para Zapatero.
Ignacio, La última. Más allá del caso Zapatero, ¿está la justicia preparada para un mundo donde todo lo que hacemos se registra tecnológicamente? Se procesa además ya con herramientas de inteligencia artificial capaces de incluso hacer predicciones estadísticas sobre nuestro comportamiento. ¿Está el sistema de justicia preparado para esto? Yo creo que estamos en un momento un poco especial de la historia porque nuestra huella digital hace que las fichas policiales que podía tener la policía franquista o la estasi alemana sea una juego de niños al lado del de lo que arrastramos nosotros mismos por propia voluntad al portar a todas partes un teléfono móvil que básicamente consiste en un dispositivo de rastreo permanente y localización permanente ligado a un micrófono y una cámara y a un disco duro donde se guardan todos los datos de cada cosa que hacemos con ese micrófono y con ese dispositivo. Cuando esto se junta con Estados, porque esto de clonarte el teléfono no lo hace solo Estados Unidos, también te lo hace Israel, también te lo hace Rusia, también te lo hacen países menos democráticos que Estados Unidos. Si incluso en los países democráticos aceptamos como normalidad que una prueba obtenida de esta manera es legal, pues se abre un debate interesantísimo. Y luego está el fondo del asunto, porque más allá de las dudas sobre este teléfono y sobre el origen de las pruebas, yo creo que el caso Zapatero sigue teniendo todavía serios agujeros en la verdadera acusación que es el tráfico de influencias. A Zapatero le están acusando de haber influido para lograr que el gobierno concediera el rescate de Plus Ultra a pesar de que no era legal, según lo que dice Laudev. El problema que esos indicios son las palabras de terceros hablando en un chat de lo que le contaba a otra persona que no era tampoco zapatero, sino que era uno que sí usaba el nombre de Zapatero, pero que no sabemos hasta qué punto actuaba con él. Esto con defecto de forma o sin defecto de forma sigue siendo todavía muy endeble, pero como todo proceso penal una vez que arranca acaba siendo como poner a alguien agarrado por las piernas boca abajo y agitarlo a ver qué cae. Aquí han caído unas joyas. A saber por dónde evoluciona este proceso penal. Desde un punto de vista de los conceptos abstractos de la justicia, esta idea de que a ti te investiguen con un teléfono obtenido sin orden judicial, que se envía a España 5 años después porque casualmente Donald Trump está enfadado con el gobierno español y que al mismo tiempo acaba derivando en una imputación y en un proceso judicial donde lo único que encuentran es algo que no tiene nada que ver con todo lo anterior, pues acaba siendo un poco mosqueante. Sí."
(Entrevista a Ernesto Ekaizer, La Zurda Television, 08/08/26)
