"Los pasajeros de primera clase están saqueando el barco mientras se hunde (El Tábano Economista)
El orden internacional contemporáneo atraviesa una fase de reconfiguración estructural que desafía las lecturas lineales de la transición hegemónica. No asistimos simplemente a un choque clásico entre una potencia establecida y una emergente, concebido bajo el prisma tradicional del neorrealismo. Lo que define la presente coyuntura es la desarticulación deliberada de la simbiosis económica más profunda de la historia moderna impulsada por transformaciones de fondo en la composición, los intereses y la percepción de riesgo de las élites de poder dentro de los Estados Unidos y la República Popular China.
Para comprender la velocidad y la naturaleza de este rompimiento, la ciencia política clásica resulta insuficiente. Es imperativo cruzar la geopolítica de las grandes potencias con la macroeconomía global y, fundamentalmente, con una sociología crítica de las élites. Como argumentó Richard Lachmann en su obra póstuma “Pasajeros de primera clase en un barco que se hunde (2020)”, la parálisis estratégica y el declive de las potencias imperiales a menudo no provienen de amenazas externas insolubles, sino de la incapacidad de sus élites fragmentadas para sacrificar privilegios de corto plazo en pos de la preservación del sistema en su conjunto.
Es decir, expone que el declive imperial ocurre cuando las élites se vuelven tan corporativas y autorreferenciales que priorizan defender sus privilegios e ingresos sectoriales específicos antes que invertir en la preservación del sistema que las sostiene. En el caso de EE.UU., la élite de poder estadounidense (el complejo de seguridad nacional, Wall Street y el capital tecnológico de defensa) prefiere balcanizar la economía global para mantener su primacía antes que permitir una gobernanza multipolar compartida.
En el contexto estadounidense, la «élite de poder» descrita originalmente por C. Wright Mills —esa amalgama entrelazada de mandos militares, líderes políticos y magnates corporativos— ha visto fracturado su consenso de la era de la globalización. El ala financiera de Wall Street y el bloque tecnológico de Silicon Valley, que durante décadas operaron como los arquitectos de la interdependencia con Pekín, hoy se ven subordinados a un nuevo consenso bipartidista en Washington dominado por el aparato de seguridad nacional.
Si disfrutáramos de una mirada de Arrighi y Wallerstein, habría una bifurcación sistémica, es decir, la economía-mundo capitalista estaría agotando la fase de expansión financiera de la hegemonía estadounidense. Siguiendo a Arrighi (Caos y gobernabilidad en el sistema-mundo), cuando la potencia hegemónica recurre a la militarización de las finanzas (sanciones, exclusión del SWIFT), acelera la creación de estructuras alternativas por parte de las élites no occidentales, precipitando la fragmentación del mercado mundial unificado.
Por el contrario, en Pekín, el Politburó del Partido Comunista de China (PCCh) ha consolidado un modelo de primacía de la seguridad estatal sobre la maximización del crecimiento económico abstracto. Bajo la premisa de la «seguridad total», las élites estatales y las empresas públicas (SOE, por sus siglas en inglés) han disciplinado a los barones tecnológicos del sector privado, reorientando el capital nacional desde el arbitraje financiero y las plataformas de consumo digital hacia la manufactura avanzada, la soberanía de la cadena de suministro y lo que Giovanni Arrighi identificó como la transición hacia un modelo de desarrollo no desposeedor.
Este primer artículo examinará cómo la colisión entre estas dos arquitecturas de élite está fragmentando la economía internacional. A través de la lógica del de-risking (reducción de riesgos), el nacionalismo tecnológico, la militarización de las finanzas y la disputa por los cuellos de botella de la infraestructura global, las dinámicas internas de las élites están arrastrando al sistema de economía-mundo —en el sentido acuñado por Immanuel Wallerstein— hacia una multipolaridad fragmentada e intrínsecamente inestable.
La arquitectura global de las últimas cuatro décadas se cimentó sobre un pacto implícito entre las élites occidentales y el funcionariado reformista de Pekín tras la apertura económica iniciada por Deng Xiaoping. Como analizó Giovanni Arrighi en Adam Smith en Pekín (2007) este proceso no supuso una mera capitulación de China ante el capitalismo neoliberal, sino una convergencia de conveniencias. Para la élite corporativa y financiera de los Estados Unidos, la incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001 representó una bonanza sin precedentes. Una masiva deflación de los costes laborales, la optimización de los retornos de capital mediante la deslocalización (offshoring) y el acceso a un mercado doméstico en expansión exponencial. Wall Street actuó como el principal valedor de Pekín en Washington, asegurando que las tensiones políticas sobre Taiwán quedaran subordinadas al flujo libre de mercancías y capitales.
Por su parte, la élite del Partido Comunista de China (PCCh) utilizó este flujo masivo de inversión extranjera directa para industrializar el país, absorber transferencias tecnológicas y sacar a centenares de millones de personas de la pobreza, legitimando su monopolio del poder político a través de un desempeño económico sin parangón. Durante este periodo, las reservas de divisas chinas se reciclaron masivamente en la compra de bonos del Tesoro de los EE.UU., creando un ciclo macroeconómico cerrado: China producía, Estados Unidos consumía a crédito, mientras Pekín financiaba la deuda estadounidense.
La llegada de Xi Jinping al poder en 2012 marcó un punto de inflexión decisivo en la autopercepción de la élite china. La crisis financiera global de 2008 ya había sido interpretada en Pekín como el síntoma inequívoco del declive terminal de la hegemonía financiera occidental, una lectura alineada con las tesis de Ray Dalio sobre el ciclo de grandes deudas y el cambio de orden mundial. La élite china determinó que la dependencia del consumo estadounidense y de las tecnologías occidentales clave (como los semiconductores y el software de infraestructura) exponía al país a un estrangulamiento estratégico. En consecuencia, se lanzaron iniciativas estructurales como el Made in China 2025 y, posteriormente, la estrategia de «Doble Circulación» o Xiconomics, diseñada para blindar el mercado interno y lograr la autosuficiencia tecnológica, al tiempo que se proyectaba el poder infraestructural a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI).
El consenso de las élites que sostenía el orden globalizado se quebró. En Washington, el giro hacia la confrontación que comenzó bajo la administración Trump no fue una aberración transitoria, sino la manifestación de un cambio tectónico en la elite de poder. Como reportó un análisis exhaustivo de Foreign Affairs en 2024, el establishment demócrata y el republicano convergieron en una doctrina común, el compromiso económico con China no había transformado su sistema político hacia el liberalismo; al contrario, había financiado el surgimiento de un competidor comunista de alta tecnología capaz de disputar la hegemonía estadounidense en el Indo-Pacífico y el control de los estándares globales.
En el escenario contemporáneo (2024-2026), la competencia estratégica ya no se dirime primordialmente en el terreno del libre comercio, sino en el control de las tecnologías de uso dual (civil y militar) y la resiliencia de las cadenas de valor. La economía internacional se ha convertido en un vector de la geopolítica, un fenómeno que el Peterson Institute for International Economics (PIIE) ha catalogado como la era de la «seguridad económica omnipresente».
El campo de batalla central de esta disputa es el ecosistema de los semiconductores avanzados, la inteligencia artificial (IA) y la computación cuántica. Las restricciones a la exportación impuestas por la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de EE.UU., iniciadas de forma sistémica en octubre de 2022 y endurecidas sucesivamente de manera drástica, representan un intento explícito de estrangulamiento tecnológico. La doctrina del «patio pequeño y valla alta» (small yard, high fence), formulada por el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, busca asfixiar la capacidad de China para desarrollar chips de vanguardia por debajo de los 14 nanómetros, limitando su acceso a los sistemas de litografía ultravioleta extrema (EUV) producidos por la firma holandesa ASML y a las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de empresas estadounidenses.
Un informe del Center for Strategic and International Studies (CSIS) detalla cómo esta política ha obligado a una reestructuración forzosa de las cadenas globales. La respuesta de Pekín no ha sido la capitulación, sino una movilización masiva de recursos estatales a través de los «Grandes Fondos» de circuitos integrados, forzando a las élites corporativas locales a sustituir todos los componentes extranjeros. Firmas como Huawei y Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) han logrado avances significativos en la producción de chips a base de arquitecturas alternativas y procesos de litografía madura optimizados, lo que demuestra los límites de las sanciones unilaterales frente a un Estado con una base de ingenieros de escala continental.
Paralelamente, la disputa se ha trasladado al sector de la transición energética, donde China ostenta un cuasi-monopolio de facto. Según datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) analizados por el Financial Times, Pekín controla más del 70% de la capacidad de refinamiento de minerales críticos como el litio, el cobalto y las tierras raras, y produce más del 80% de los módulos solares y baterías para vehículos eléctricos a nivel mundial. La élite automotriz y tecnológica europea y estadounidense se encuentra atrapada en una contradicción insoluble. Cumplir con las metas de descarbonización exige la integración de la tecnología china, pero la directriz geopolítica ordena la reducción de riesgos —de-risking—.
Esta paradoja económica genera una intensa fricción en el ámbito geofinanciero. La exclusión de Rusia del sistema SWIFT tras la invasión de Ucrania aceleró un proceso que se ha descrito como la diversificación del riesgo sistémico del dólar. La élite financiera china, en coordinación con sus homólogos del bloque BRICS+, ha expandido el uso del CIPS (Sistema de Pago Interbancario de China) y la internacionalización del yuan a través de contratos de materias primas denominados en la moneda china (el «petroyuan»).
Hoy en día, el nexo del poder se ubica en el aparato burocrático de seguridad nacional (Pentágono, agencias de inteligencia, Consejo de Seguridad Nacional) en estrecha alianza con facciones del Congreso. Esta coalición ha redefinido el interés nacional en términos de primacía militar y tecnológica. Silicon Valley, que inicialmente mantenía una postura ambivalente y globalista, se ha alineado progresivamente con Washington a medida que la computación de frontera y la IA se han convertido en prioridades de defensa. El auge de fondos de capital riesgo enfocados en «tecnología de defensa» (defense tech) y el protagonismo de figuras que conectan el desarrollo tecnológico con la seguridad estatal demuestran esta fusión.
En la República Popular China, la estructura de élite está estrictamente jerarquizada bajo el control de la dirección central del PCCh. El giro político de la última década ha consolidado el poder de los tecnócratas de la seguridad por encima de los cuadros puramente orientados al crecimiento del PIB que dominaron las eras de Jiang Zemin y Hu Jintao.
Esta mutación interna se manifestó con claridad en la campaña de regulación y disciplina de los grandes barones del sector tecnológico privado (Alibaba, Tencent, Ant Group, Didi) que comenzó en 2020. La dirección del Partido consideró que la acumulación descontrolada de capital, el control monopolístico de datos sociales por parte de entidades privadas y las veleidades financieras de sus fundadores amenazaban la estabilidad del régimen y desviaban recursos de los sectores verdaderamente estratégicos. El PCCh impuso multas billonarias, forzó reestructuraciones corporativas e integró comités del Partido directamente en la gobernanza de estas empresas.
La élite económica legítima en la China actual es aquella alineada con los objetivos del Estado. Las empresas de propiedad estatal (SOE) que controlan la infraestructura pesada, la energía y la banca, junto con una nueva generación de empresarios privados dedicados a las «tecnologías de cuello de botella» (hard tech): semiconductores, robótica industrial, biotecnología avanzada y nuevos materiales. La riqueza personal ya no garantiza la impunidad ni la influencia política; el capital debe subordinarse al imperativo histórico de la resiliencia nacional frente a lo que Pekín percibe como un cerco estratégico integral por parte de Occidente.
La colisión entre estas estructuras de élite proyecta riesgos sistémicos sobre la estabilidad geopolítica y macroeconómica global, manifestándose con especial gravedad en tres áreas críticas.
La imposición de barreras tecnológicas está creando una bifurcación de la arquitectura digital global, un fenómeno conocido como el «esplinternet». Países de América Latina, África y el Sudeste Asiático se ven sometidos a una presión diplomática y económica creciente para elegir entre la infraestructura tecnológica estadounidense (basada en el software occidental, nubes de datos hiperescalables — como la capacidad de un sistema tecnológico o arquitectura en la nube para crecer de manera masiva y ágil en respuesta a aumentos repentinos de demanda—, así como redes aliadas) o la infraestructura china (redes 5G/6G de Huawei, sistemas de vigilancia urbana, nubes estatales y cables submarinos financiados por Pekín). Esta fragmentación no solo duplica de forma ineficiente los costes de capital para las economías en desarrollo, sino que reduce la interoperabilidad global, ralentizando el ritmo de la innovación científica compartida y creando ecosistemas de información cerrados que exacerban la polarización geopolítica.
La concentración geográfica de las cadenas de suministro críticas significa que cualquier alteración en los «puntos de estrangulamiento» (chokepoints) puede desencadenar ondas de choque inflacionarias y parálisis industriales a nivel planetario, como el que ha dado lugar a la “guerra de los corredores”. El Estrecho de Taiwán, por donde transita un porcentaje altísimo de la flota de contenedores del mundo y prácticamente la totalidad de los chips de lógica avanzada producidos por Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), constituye el epicentro del riesgo geopolítico.
Un informe de la RAND Corporation advierte que incluso un bloqueo de baja intensidad o una cuarentena aduanera impuesta por Pekín sobre la isla costaría billones de dólares a la economía mundial en cuestión de semanas. Asimismo, la proyección del poder naval chino en el Mar de la China Meridional y el Estrecho de Malaca colisiona directamente con la doctrina de libertad de navegación defendida por el Comando del Indo-Pacífico de EE.UU., manteniendo la región en un estado de alerta militar permanente.
El modelo económico de China, impulsado por sus élites estatales, descansa sobre altas tasas de inversión en manufactura avanzada combinadas con un consumo doméstico relativamente deprimido. Al no absorber toda la producción internamente, el excedente industrial se proyecta hacia los mercados globales en forma de exportaciones competitivas de vehículos eléctricos, baterías y paneles solares. Las élites políticas occidentales, temerosas de una segunda «ola de desindustrialización» que arrase con sus industrias autóctonas y desestabilice sus sistemas electorales, han respondido con la imposición de aranceles masivos y cuotas proteccionistas. Esta dinámica amenaza con desmantelar definitivamente el armazón institucional de la OMC, sumiendo al comercio internacional en un régimen de represalias mutuas, reminiscente del de la década de 1930.
El análisis de la competencia entre China y Estados Unidos a través de la confluencia de la geopolítica, la macroeconomía y la sociología de las élites revela un panorama sombrío, pero sumamente clarificador. La globalización, lejos de ser un proceso natural irreversible, fue un proyecto político-económico contingente, diseñado y sostenido por coaliciones de élites específicas que hoy han retirado su respaldo.
El sistema de economía-mundo analizado por Wallerstein está experimentando una transición estructural donde la eficiencia económica pura ha sido desplazada por el imperativo de la supervivencia y la autonomía política. La advertencia de Richard Lachmann adquiere una relevancia profética. Las élites de las grandes potencias, concentradas en la preservación de su control interno y en la neutralización de sus rivales directos, están desgarrando los bienes públicos globales —la estabilidad financiera, la cooperación climática, la gobernanza tecnológica común y la prevención de conflictos a gran escala— que garantizan la viabilidad del propio orden internacional.
No nos dirigimos hacia un colapso automático del sistema, sino hacia una era de multipolaridad armada y fragmentada, caracterizada por lo que los analistas denominan «paz armada disuasoria». En este entorno, la estabilidad global dependerá de la capacidad de las élites de poder en Washington y Pekín para establecer mecanismos mínimos de gestión de crisis. Sin embargo, en la medida en que las dinámicas políticas internas de ambas superpotencias sigan premiando el nacionalismo defensivo y penalizando el compromiso diplomático, los «pasajeros de primera clase» continuarán disputándose el timón de un orden global que amenaza con fracturarse bajo sus pies."
(Alejandro Marcó del Pont, blog, 31/05/26)
