"Las guerras actuales, con la incorporación
de los drones al arsenal táctico de los ejércitos, nos han enseñado la
temible efectividad de los ataques por saturación. Incluso las más
sofisticadas defensas antiaéreas, concebidas para derribar los misiles
enemigos, pueden verse desbordadas por esos enjambres de pequeños
artefactos. Algo similar está sucediendo en estos momentos con la
opinión pública española, sometida a un incesante bombardeo informativo
acerca de la corrupción que, supuestamente, envolvería al ejecutivo de Pedro Sánchez.
Cada día se abren nuevas causas judiciales, estrechando el cerco en
torno al presidente del Gobierno. Sin dar respiro, las filtraciones de
sumarios e informes policiales llenan las portadas de los periódicos y
alimentan las tertulias televisivas. Resulta imposible procesar tal
avalancha informativa; distinguir entre bulos, medias verdades y datos
ciertos. Apenas la ciudadanía empieza a familiarizarse con un caso,
estalla, siguiendo una pautada sincronía, otro “escándalo”. El
resultado de este ataque de drones mediático-judiciales es una atmósfera
deletérea, irrespirable. Asediado, el Partido Socialista es conminado a
formular desmentidos que, apenas emitidos, devienen inaudibles ante el
ruido que provoca la irrupción intempestiva de la guardia civil en la
sede de Ferraz o el anuncio de una enésima “inferencia”. Incesante, el estrépito es de tales proporciones que endebles “causas judiciales”, como
la del hermano del presidente – sin sustento para haberse encauzado por
vía penal – o la de su esposa, eclipsan los casos que afectan al PP.
Casos referidos, ni más ni menos, que a la utilización del aparato del
Estado para perseguir a adversarios políticos y destruir pruebas de
corrupción.
El propósito de la
saturación no sólo es el de incapacitar al adversario para detener los
golpes, sino hacer que se pierdan de vista los objetivos a medio y a
largo plazo de la ofensiva; es decir, la finalidad estratégica de la
contienda. El estruendo busca aturdir. Tomar consciencia de ello es
fundamental para situar los acontecimientos en perspectiva. Edgar Morin,
el gran pensador francés recientemente fallecido, decía que, muchas
veces, lo acuciante nos hace olvidar lo esencial. Algo especialmente
peligroso cuando, como ahora, entender lo esencial, aprehender lo que está en juego, se convierte en lo más urgente.
Digámoslo sin ambages y midiendo la gravedad de las palabras: estamos asistiendo a un intento de golpe de Estado.
Un golpe patrocinado y amparado por la administración norteamericana,
impulsado desde las terminales de la derecha y la extrema derecha en la
magistratura, los cuerpos policiales y los medios de comunicación, y
sostenido desde unas determinadas élites empresariales. Resulta
inapropiado hablar de una “conspiración” para derribar al
gobierno. Los objetivos últimos del golpe descartan una confabulación
secreta. Muy al contrario, exigen que todo se produzca a plena luz del
día, descaradamente, como una amenazadora exhibición de fuerza. Porque
no se trata tan solo de provocar una crisis política y propiciar la
sustitución de un gobierno de izquierdas por otro conservador, sino de
hacerlo de tal modo que ese cambio suponga el inicio de un
proceso involutivo; un proceso que altere sustancialmente las relaciones
sociales en detrimento de las clases populares, quiebre de antemano la
capacidad de resistencia de la sociedad civil y vacíe de contenido la
democracia representativa en favor de un poder autoritario. Y porque la
operación en curso se dirige, a través de España, contra la construcción europea en su conjunto. El golpe debe llevar el sello inconfundible de Trump.
Ha de ser leído en todas las cancillerías de la UE como un aviso para
navegantes: quien se cruce en el camino de Washington puede ser personal
y políticamente destruido. A pesar de las similitudes, no estamos ante
una reedición de la operación de acoso y derribo que acabó, a mediados
de los noventa, con el gobierno de Felipe González. Ciertamente, la “Brunete mediática”, como le gusta decir a Joan Coscubiela, o el “sindicato del crimen”
– como se autodenominaban chulescamente los jefes de las principales
cabeceras madrileñas -, continua operando a pleno rendimiento. Y Aznar sigue
siendo el tótem de las derechas. Ahora, sin embargo, los objetivos se
sitúan en otra dimensión. Ya no estamos en los años de la “globalización feliz”. Hemos entrado en una nueva época a nivel mundial, una época de radicalidad y un tiempo de depredadores. Vayamos por partes.
La señal de inicio del procedimiento contra Zapatero ha
sido dada por Washington,. Todo el mundo debía consciente de ello, así
como de la exhibición de poder que ese gesto representaba. El embajador
americano en Madrid llamó ostensiblemente a capítulo a Feijoo, Ayuso y Abascal. El recado era inequívoco: “Podemos acabar con cualquiera de vosotros”. Mensaje recibido, en medio de un silencio compungido, en Bruselas… y prestamente puesto en solfa en Roma, donde Georgia Meloni anulaba ipso facto un encuentro previsto con Pedro Sánchez.
No estamos ante un bronco episodio de política doméstica. El gobierno
español se ha convertido en un referente para quienes se oponen a los
designios del imperio americano y en la fuente de inspiración de
aquellas fuerzas que propugnan un salto adelante en la integración
europea. Tumbar a este gobierno es clave para dar un impulso decisivo a
los partidos nacionalistas del continente y lograr el vasallaje de los
Estados de una UE políticamente disgregada. Ese es el alcance del
envite.
En segundo lugar, hablar de “golpe de Estado”
no es, en este caso, una hipérbole, ni una figura retórica. Dada
nuestra historia, asociamos la idea del golpe a un pronunciamiento, una
asonada o un levantamiento militar. Sin embargo, hablando con propiedad,
deberíamos considerar como un golpe de Estado el intento de modificar
el ordenamiento constitucional, vigente en el país, por medios ilícitos.
Y en eso estamos. Desde la aprobación de la Ley de Amnistía, asistimos a
una rebelión del poder judicial – a través de un amplio e influyente
sector de la magistratura, estrechamente vinculado a la derecha más
rancia – contra los poderes legislativo y ejecutivo. ¡Inauditas las
imágenes de togados manifestándose a las puertas de los juzgados contra
una decisión soberana del Congreso de los Diputados o la difusión de
instrucciones para entorpecer la aplicación de las medidas de gracia!
Mientras las causas penales que afectan al PP se alargan durante años o
excluyen a los principales responsables del perímetro de las
investigaciones, los casos – inflados y carentes de sustento probatorio –
llueven en torno al presidente del gobierno y su familia. La sentencia
condenatoria del Tribunal Supremo contra el Fiscal general del Estado –
por un supuesto delito que “él o su entorno” habrían tenido la posibilidad de cometer – constituye un anuncio de lo que viene. El relato sobre la corrupción “sanchista” requiere
nuevas condenas en una escalada que llegue hasta el máximo dirigente
socialista. Y hay magistrados con suficiente creatividad jurídica como
para pronunciarlas a partir de hipótesis policiales. El Supremo abrió la
veda. En la mente de algunos está el recuerdo del encarcelamiento de Lula en 2017.
Insistamos: no sólo se
trata – que ya sería gravísimo – de forzar por medios torticeros,
utilizando los resortes del propio Estado, la caída de un gobierno
legítimo. Lo que se pretende es desballestar al PSOE, embarrar a sus
líderes y desmoralizar a su militancia. Atrás quedan los tiempos de la
alternancia entre centroderecha y centroizquierda en un marco pautado de
coexistencia. El proyecto del que son portadores PP y Vox,
afín a los vientos que soplan desde el otro lado del Atlántico, requiere
romper el espinazo a una previsible resistencia social. Hoy por hoy,
con todas las limitaciones que se quieran aducir, la socialdemocracia
representa la corriente troncal de las fuerzas progresistas, políticas,
sindicales y sociales; la única que puede vertebrarlas y conjugar sus
aspiraciones. Reventar al PSOE deviene estratégico para las derechas,
dada la profundidad de la involución que traen en sus mochilas.
Demasiadas veces, la izquierda repite que el PP insulta y provoca “porque no tiene un proyecto para España”.
Error. Sí lo tiene. Pero aún resulta inconfesable. Es un proyecto que,
claramente ubicado bajo la órbita comercial y las exigencias americanas,
responde ante todo a los intereses de las élites capitalinas y de una
burguesía rentista o de vocación “compradora”. La gran patronal está ya piafando de impaciencia; reclama la introducción urgente de “reformas” – de hecho, contrarreformas –
en el mercado laboral, por cuanto se refiere al gasto social, en
materia tributaria, sobre pensiones y jubilación, a propósito de las
políticas energéticas y de transición ecológica… Hace unos días,
hablando ante los empresarios catalanes en Barcelona, Feijoo enseñaba la patita: su ambición es liberalizar, desmontar esa odiosa arquitectura regulatoria europea que embrida los mercados. Exactamente lo que están exigiendo Trump, Peter Thiel o Elon Musk.
En otras palabras: se trata del preludio de un capítulo de intensa
lucha de clases para desmantelar el Estado del Bienestar sobre el que se
asientan las democracias liberales.
Podría aducirse contra la
idea del golpe que nadie está propugnando una modificación de la
Constitución. Bien, la revuelta de la judicatura para derribar a otro
poder del Estado contiene en sí misma una ruptura del ordenamiento
jurídico. Pero es que hay más. En medio de toda la polvareda mediática,
no se está prestando la atención que merece la introducción del concepto
de “prioridad nacional” en los sucesivos pactos de gobierno – ¡y ya van cuatro a la espera de Andalucía! – que Vox ha
ido colando al PP en las comunidades autónomas que acaban de ir a las
urnas. Se ironiza sobre esa fórmula, se pone en duda su efectividad,
incluso se critican sus primeras concreciones discriminatorias. No se
acaba de percibir, sin embargo, el tremendo potencial corrosivo de
semejante principio. Estamos en la fase inicial de una “ventana de Overton”: lo impensable ha sido ya verbalizado e instituido a un primer nivel. La “prioridad nacional” conduce ineluctablemente a interrogarse sobre el “demos” del país, a redefinir el perímetro del “nosotros” sobre
el que se asientan el Estado, sus leyes y el conjunto de derechos y
deberes que consagran. Es un torpedo dirigido a la línea de flotación de
los principios de igualdad amparados por la Constitución y al
desarrollo jurídico de décadas de democracia. El cuco neofascista ha
colocado su huevo en el nido del estado democrático. La “prioridad” apunta
a una definición racial, cultural o de origen ancestral de los
acreedores de derechos. Como piedra que se echase a rodar por una
pendiente, puede llevar al deslizamiento de la democracia hacia una etnocracia.
Pura dinamita en una sociedad tan diversa como la española, cuyo
semblante están moldeando amplios movimientos migratorios. La obsesión
identitaria de la extrema derecha es funcional a la aspiración
tecno-capitalista de reinar sobre una sociedad fracturada, en guerra
consigo misma, incapaz de trazar un destino colectivo y sometida al
poder de los elegidos. ¿Hasta dónde podría tomar cuerpo ese delirio bajo
un gobierno del PP y Vox, si el movimiento obrero, la izquierda y la sociedad civil hubiesen sido previamente divididos y neutralizados?
Aún estamos a tiempo de
desbaratar sus planes. Pero hay que empezar por tomar consciencia de la
gravedad de la situación. Hay que rechazar las gracietas de quienes se
burlan de la amenaza del “lobo”, diciendo que han oído muchas
veces esa socorrida cantinela. Lo que nos amenaza no es un retorno a los
años de recortes – y corrupción – que conocimos bajo el gobierno de Rajoy,
sino una involución de mucho mayor calado, en última instancia
existencial para nuestra convivencia. Tampoco hay que dejarse paralizar
por los discursos de los equidistantes que, elevándose por encima del
bien y del mal, señalan, horrorizados, que “también” se han dado casos de corrupción en las filas socialistas y piden a voz en grito “explicaciones”.
Por supuesto que tales casos son del todo inaceptables y hacen un daño
enorme a la izquierda, prestando un flanco a los ataques de los
corruptos sistémicos. Pero la autocrítica no debe ser una rendición. Es
hora de plantar cara, de defender la obra y la continuidad del gobierno
progresista, de desenmascarar la maniobra en curso, su trasfondo y los
objetivos de sus patrocinadores. Y a esa acometida urge oponer el
proyecto ilusionante de una España plurinacional, socialmente avanzada,
integradora e impulsora de una Europa federal. Sólo llegando al corazón
de la sociedad, hoy aturdida, podrá la izquierda desbaratar el golpe. Empecemos a llamar a las cosas por su nombre."
(Lluis Rabell , blog, 07/06/26)
