La rápida transición para abandonar los combustibles fósiles era central para el programa, pero el Green New Deal original del Reino Unido siempre se preocupó igualmente por reformar las finanzas, redirigir los ahorros, reconstruir la infraestructura pública y crear empleo seguro y bien remunerado. Estos componentes estuvieron presentes desde el principio y son inseparables de la agenda ambiental... el cambio climático requiere una inversión pública a gran escala. Mis estimaciones sitúan el gasto anual requerido para el Reino Unido en un mínimo de cincuenta mil millones de libras... para eso, la banca especulativa debía ser restringida, que las instituciones financieras más grandes debían ser divididas y que el crédito debía redirigirse desde la especulación improductiva de activos hacia la inversión productiva, verde y a largo plazo... Cuando los bancos centrales crearon cientos de miles de millones de libras para rescatar a los bancos en quiebra tras la crisis de 2008, demostraron sin lugar a dudas que los gobiernos pueden crear dinero en la escala requerida para enfrentar una crisis sistémica. He argumentado que esa misma capacidad debería dirigirse ahora a evitar el colapso climático en lugar de a subsidiar los balances del sector financiero... Al Green New Deal nunca le ha faltado una respuesta a la pregunta de cómo se pagaría. Puede redirigir ahorros que actualmente hacen poco más que inflar el precio de los activos que ya poseemos. Y puede usar los impuestos para sus fines apropiados. Lo que ha faltado no es dinero. Ha sido la voluntad política para decirlo claramente... el colapso climático, la inestabilidad financiera, la desigualdad y la inseguridad económica no son cuatro problemas separados, sino cuatro caras del mismo fallo sistémico. Cualquier programa que aborde uno de ellos ignorando los demás se quedará corto. En su mejor expresión, el Green New Deal fue una estrategia completa para reestructurar una economía rota, y ese sigue siendo precisamente el tipo de pensamiento que este momento requiere (Richard Murphy)

"Mi opinión sobre… El Green New Deal

Esta entrada forma parte de una serie en curso en la que expongo mis opiniones sobre temas importantes de economía, economía política, política, fiscalidad y contabilidad. Debe leerse en ese contexto. Ofrece una visión general de una postura que he desarrollado a lo largo de muchos años de escritura y análisis, en lugar de un tratamiento exhaustivo del tema. Si desea explorar estas ideas con más detalle, la lista de lecturas al final de esta entrada es un buen punto de partida.

La serie completa "Mi opinión sobre" está disponible aquí.

Introducción

Fui uno de los cofundadores del Green New Deal, un hecho que me sitúa en el centro de un proyecto político y económico anterior en más de una década a la versión estadounidense más conocida.

El Grupo original del Green New Deal del Reino Unido comenzó su trabajo en 2007 y 2008, y el primer informe del Grupo se publicó en julio de 2008, varios meses antes de que el colapso de Lehman Brothers pusiera de rodillas al sistema financiero mundial. Ese momento no fue una coincidencia. Mis colegas del Grupo y yo ya habíamos identificado, incluso antes de que llegara la crisis, que tres crisis estaban convergiendo a la vez:

- un colapso financiero inminente impulsado por la banca imprudente,

- una aceleración de la descomposición del clima, y

- una creciente inseguridad en el suministro energético.

El Green New Deal fue nuestro intento de responder a las tres al mismo tiempo.

En lo que sigue quiero explicar de dónde surgió el Green New Deal y por qué nunca fue simplemente una política ambiental, exponer la escala de inversión que requiere y los mecanismos a través de los cuales se puede financiar esa inversión, para luego abordar por qué nuestra política convencional ha fracasado tan sistemáticamente a la hora de actuar al respecto.

Un programa nacido de la crisis

Este contexto fundacional es enormemente importante para entender cómo he pensado siempre sobre el proyecto.

Desde el principio, el Green New Deal no fue una política ambiental con algunos añadidos económicos. Fue un programa para la reestructuración integral de un modelo económico fallido, cuya lógica interna producía desigualdad, ruina ambiental e inestabilidad financiera al mismo tiempo.

Como he escrito sistemáticamente a lo largo de los años, no se puede abordar ninguno de esos fallos de forma aislada, porque comparten raíces comunes en el mismo sistema de capitalismo financiarizado y extractivo. La crisis que sobrevino a los pocos meses de nuestro primer informe fue, en ese sentido, una confirmación del análisis más que una sorpresa para el mismo.

No solo una política ambiental

Uno de los malentendidos más persistentes sobre el Green New Deal, y uno que he trabajado por corregir durante muchos años, es la suposición de que es principal o exclusivamente sobre descarbonización. No lo es. La rápida transición para abandonar los combustibles fósiles era central para el programa, pero el Green New Deal original del Reino Unido siempre se preocupó igualmente por reformar las finanzas, redirigir los ahorros, reconstruir la infraestructura pública y crear empleo seguro y bien remunerado. Estos componentes estuvieron presentes desde el principio y son inseparables de la agenda ambiental.

En mi opinión, el colapso climático está directamente vinculado con la inestabilidad financiera, la creciente desigualdad, la vivienda precaria, la débil infraestructura pública, el empleo inseguro, el declive regional y el dominio del capitalismo extractivo sobre la inversión productiva. Estos no son problemas separados que simplemente coexisten. Son expresiones de la misma disfunción subyacente, y cualquier programa político serio debe abordarlos conjuntamente. Versiones posteriores del Green New Deal, particularmente algunas de las que surgieron en Estados Unidos, a menudo diluyeron esta visión integrada hasta convertirla en poco más que una marca para el gasto climático. Siempre he considerado eso como un retroceso respecto a la ambición original y un debilitamiento real del argumento intelectual.

Inversión pública a gran escala

El Green New Deal, tal como lo he desarrollado a lo largo de más de quince años de escritura y defensa, requiere una inversión pública a gran escala. Mis estimaciones, coherentes en un amplio cuerpo de trabajo, sitúan el gasto anual requerido para el Reino Unido en un mínimo de cincuenta mil millones de libras, pudiendo el programa completo ser considerablemente mayor. La investigación de la New Economics Foundation y del propio Grupo del Green New Deal identificó que descarbonizar edificios, reconstruir sistemas de transporte y construir infraestructura baja en carbono podría requerir hasta ciento diecisiete mil millones de libras al año hasta 2030.

Siempre he sido impaciente con la objeción de que tales sumas son inasequibles, porque esa objeción malinterpreta completamente la naturaleza de las finanzas gubernamentales. Un gobierno que emite su propia moneda, como el nuestro, no está limitado de la misma manera que un hogar o una empresa. Crea el dinero que gasta en el momento de gastarlo, y los impuestos no financian ese gasto. Los impuestos existen para controlar la inflación y para moldear la distribución del ingreso y la riqueza, no para recolectar el dinero que luego usa el gobierno. La verdadera pregunta, por lo tanto, nunca es si se puede encontrar el dinero, sino si los recursos reales, la mano de obra, los materiales y la experiencia, están disponibles para ponerse a trabajar. Cuando esos recursos están infrautilizados, como suele ocurrir bajo el sistema actual, la inversión pública de este tipo no solo es asequible, sino que es la respuesta económica racional. La verdadera limitación es la voluntad política, no la aritmética financiera. De ello se deduce que las reglas fiscales y los objetivos arbitrarios de endeudamiento no deberían ser los determinantes principales de si la acción climática se lleva a cabo. La idea de que un techo teórico sobre la deuda pública deba dictar el ritmo y la escala de nuestra inversión en la supervivencia económica es, en mi opinión, un error categorial de primer orden.

Reformar las finanzas

Uno de los elementos más distintivos y a menudo pasados por alto del Green New Deal original es su insistencia en la reforma financiera. El informe de 2008 argumentaba explícitamente que la banca especulativa debía ser restringida, que las instituciones financieras más grandes debían ser divididas y que el crédito debía redirigirse desde la especulación improductiva de activos hacia la inversión productiva, verde y a largo plazo. Esto era una crítica del capitalismo financiarizado tanto como una política climática, y he continuado desarrollando ese argumento en mis escritos desde entonces.

El mercado de valores y la especulación del suelo, en mi opinión, funcionan en su mayor parte como esquemas Ponzi que no crean nueva capacidad productiva y no aportan valor social adicional. Las vastas cantidades de capital que circulan sin cesar a través de la compra de acciones de segunda mano y propiedades de segunda mano representan una colosal mala asignación de los recursos de nuestra sociedad. Corregir esa mala asignación importa tanto para el Green New Deal como construir infraestructura de energía renovable, porque los mismos ahorros que actualmente inflan el precio de los activos que ya poseemos podrían estar construyendo los activos que necesitamos urgentemente.

Redirigir los ahorros y crear dinero

Una parte sustancial de mi propia contribución al Green New Deal ha sido el trabajo sobre los mecanismos de financiación, y he argumentado sistemáticamente que la cuestión de cómo pagar la transición, a menudo planteada como una trampa retórica diseñada para sugerir que no se puede hacer, tiene varias respuestas claras.

La primera, y la más innovadora, es la flexibilización cuantitativa verde. Mi colega de Finance for the Future, Colin Hines, y yo estuvimos entre los primeros defensores de dirigir la creación de dinero hacia la inversión ambiental productiva en lugar de hacia la inflación de los precios de los activos. Cuando los bancos centrales crearon cientos de miles de millones de libras para rescatar a los bancos en quiebra tras la crisis de 2008, demostraron sin lugar a dudas que los gobiernos pueden crear dinero en la escala requerida para enfrentar una crisis sistémica. He argumentado, persistentemente, que esa misma capacidad debería dirigirse ahora a evitar el colapso climático en lugar de a subsidiar los balances del sector financiero.

El segundo mecanismo implica reformar las desgravaciones fiscales otorgadas a los ahorros. Mi análisis muestra que alrededor del 80 por ciento de la riqueza financiera del Reino Unido se mantiene en activos con ventajas fiscales, principalmente fondos de pensiones e ISAs, todos los cuales reciben un sustancial subsidio público en forma de desgravación fiscal. Mi propuesta es que las condiciones asociadas a esas desgravaciones deberían cambiarse para que una parte de las nuevas contribuciones deba dirigirse a inversiones que financien el Green New Deal, es decir, edificios energéticamente eficientes, infraestructura renovable, vivienda social y los bienes públicos que las acompañan. Mi análisis de 2023 sugirió que la reforma de la desgravación fiscal de las pensiones por sí sola podría liberar alrededor de treinta y cinco mil millones de libras al año para inversiones de este tipo, y la reforma de las ISA en líneas similares podría desbloquear una suma mucho mayor. Esto no es un nuevo impuesto. Se trata de adjuntar condiciones a un subsidio que el estado ya paga, exigiendo que los ahorros subsidiados se redirijan de los usos actuales, que en gran medida se relacionan con la especulación financiera, hacia el trabajo que nuestra sociedad necesita urgentemente.

En conjunto con los impuestos utilizados adecuadamente, como una herramienta de gestión de la inflación y la distribución en lugar de como una fuente de fondos, estos mecanismos constituyen lo que Colin Hines y yo hemos llamado QuEST, acrónimo en inglés de flexibilización cuantitativa, ahorros e impuestos. El objetivo de exponerlo de esa manera fue responder a la cuestión de la financiación de manera integral, y mostrar que ningún mecanismo único es esencial, porque una combinación de ellos proporciona capacidad más que suficiente para financiar la transformación requerida.

Bonos verdes y un pacto entre generaciones

Una línea asociada de mi pensamiento se refiere a los Bonos de Recuperación Verde, un instrumento que Colin Hines y yo propusimos y desarrollamos a través de varias iteraciones. La idea es sencilla. El gobierno debería emitir bonos específicamente designados para financiar la inversión del Green New Deal, ponerlos a disposición a través de ISAs y planes de pensiones, ofrecer tasas de interés genuinamente atractivas para los ahorradores y garantizarlos mediante un mecanismo análogo al Plan de Compensación de Servicios Financieros que ya protege los depósitos.

El argumento a favor de dichos bonos es en parte financiero y en parte político. Financieramente, proporcionan un flujo de financiación estable y democrático para la transición, recurriendo a la gran reserva de ahorros domésticos en lugar de dejarnos dependientes de los mercados de capital internacionales. Políticamente, enmarcan el Green New Deal como un pacto entre generaciones, en el que los ahorradores mayores invierten directamente en el futuro económico de los más jóvenes. Durante mucho tiempo he sostenido que los bonos verdes bien diseñados atraerían un enorme apoyo popular, y que el fracaso de los sucesivos gobiernos en crear uno refleja un fracaso de la imaginación política más que cualquier obstáculo técnico.

Donde la política convencional ha fracasado

He sido un crítico implacable de la insuficiencia de las respuestas políticas convencionales a la crisis climática, y el historial del Partido Laborista ha atraído mi atención particularmente. El abandono de la promesa del partido de invertir veintiocho mil millones de libras al año en inversión de capital verde, primero diluida y luego abandonada por completo antes incluso de asumir el cargo, fue un fracaso político significativo. Tratar la inversión climática como un extra opcional que se puede recortar en función de las reglas fiscales refleja un malentendido fundamental de lo que está en juego, y es exactamente el tipo de pensamiento que mi trabajo sobre financiación pretendía desalojar.

La crítica se extiende mucho más allá de esa única promesa rota. Abarca el posterior retroceso del gobierno en el apoyo a la agricultura respetuosa con la naturaleza, la insuficiencia general de la inversión verde oficial, la desviación de dinero de la energía renovable hacia proyectos nucleares cuyos costes exceden sistemáticamente sus presupuestos, y el patrón más amplio de tratar la transición hacia el cero neto como un coste a gestionar en lugar de como una oportunidad económica que aprovechar.

En mi análisis, la cuestión de si actuar no está abierta. La única cuestión que queda es si elegimos gestionar la transición en nuestros propios términos ahora, o absorber los costes mucho mayores de no hacerlo más tarde. Lo que estamos presenciando en cambio es una clase política que se ha convencido a sí misma de que el dinero no se puede encontrar, cuando la verdad es que simplemente ha decidido no buscarlo.

Las objeciones que merecen una respuesta

Hay objeciones al argumento que he expuesto aquí que merecen ser tomadas en serio, porque provienen de personas que han pensado cuidadosamente sobre estas cuestiones y no de aquellos que simplemente repiten un eslogan.

La primera, y la más persistente, es que un Green New Deal financiado mediante la creación de dinero y el redireccionamiento de los ahorros sería irresponsable, acumulando inflación o deuda que las generaciones futuras tendrían que soportar. Entiendo por qué esto tiene peso para cualquiera a quien se le haya enseñado durante décadas a pensar en las finanzas públicas en términos domésticos, donde el dinero gastado hoy tiene que ser devuelto, con intereses, mañana. Pero un gobierno emisor de moneda no es un hogar, y no puede quedarse sin el dinero que emite en su propia moneda. El riesgo real no es la insolvencia, sino la inflación, y la inflación solo surge si el gasto supera la capacidad productiva de la economía.

En esa medida, el argumento a favor de la cautela es mucho más débil de lo que suponen los críticos, porque este país tiene una capacidad sustancial infrautilizada en la construcción, en la ingeniería y en los oficios cualificados que décadas de subinversión han dejado inactivos, y muchos de los que se dedicaban a estas tareas se han visto obligados a buscar un empleo alternativo. Dirigir el gasto hacia esos sectores tiene más probabilidades de expandir nuestra base productiva que de sobrecalentarla. Donde aparezca una presión inflacionaria genuina, los impuestos están disponibles precisamente para retirar poder adquisitivo y mantener la demanda en equilibrio. Esto no es temeridad. Es el uso meditado de herramientas que un gobierno ya posee.

La segunda objeción, que se escucha más a menudo de aquellos más cercanos a la economía convencional, es que la inversión dirigida por el estado a esta escala desplaza al capital privado y asigna mal los recursos que los mercados desplegarían de otro modo más eficientemente. Esto asume que los mercados están asignando actualmente el capital de manera eficiente, y la evidencia apunta en la dirección contraria. La abrumadora mayoría de los ahorros que fluyen a través de ISAs y fondos de pensiones se utilizan para comprar acciones de segunda mano y propiedades de segunda mano, activos que ya existen, en lugar de para crear algo nuevo. Eso no es asignación eficiente; es especulación subsidiada, y no hace casi nada para agrandar la economía productiva. La dirección estatal, a través de un Banco Nacional de Inversión y mediante la reforma de los ahorros subsidiados, no es un sustituto de la inversión privada. Es lo que permite que la inversión privada siga, construyendo la infraestructura y la confianza de las que depende el capital privado antes de comprometerse.

La tercera objeción es más política que económica, y sostiene que reformar las desgravaciones fiscales de pensiones e ISA de la manera que propongo equivale a obligar a los ahorradores comunes a financiar la política gubernamental con su propio dinero de jubilación, lo deseen o no. Esta es una preocupación justa, y me la tomo en serio, porque la confianza en la provisión de pensiones importa enormemente a las personas que tienen poca otra seguridad. Pero la propuesta ni confisca ahorros ni reduce el rendimiento disponible para los ahorradores. Adjunta una condición a un subsidio público que ya le cuesta al Tesoro decenas de miles de millones de libras al año, requiriendo que una parte de las nuevas contribuciones se invierta en activos que apoyen la transición en lugar del reciclaje interminable de acciones y propiedades. Los ahorradores conservan su capital y sus rendimientos esperados. Lo que cambia es dónde se pone a trabajar el nuevo dinero, no de quién es el dinero. Frente a la alternativa, que es una transición caótica y mucho más cara forzada por el daño físico y el gasto de emergencia a posteriori, redirigir una parte de los ahorros subsidiados hacia la prevención ahora me parece una petición modesta y proporcionada en lugar de una imposición.

Conclusiones

Al Green New Deal nunca le ha faltado una respuesta a la pregunta de cómo se pagaría. Esa respuesta ha existido desde 2008, refinada y ampliada a lo largo de más de quince años de trabajo, y se basa en capacidades que cualquier gobierno emisor de moneda ya posee. Puede crear dinero a escala cuando una crisis lo exige. Puede redirigir ahorros que actualmente hacen poco más que inflar el precio de los activos que ya poseemos. Y puede usar los impuestos para sus fines apropiados, gestionar la inflación y moldear la distribución, en lugar de fingir que el impuesto es la bolsa de la que primero debe extraerse el gasto. Lo que ha faltado no es dinero. Ha sido la voluntad política para decirlo claramente.

Dejé el Grupo del Green New Deal a principios de 2025, tras lo que se convirtió en un desacuerdo irreconciliable sobre la negativa de algunos de mis antiguos colegas a reconocer la importancia de la teoría monetaria moderna para las propuestas de financiación que habíamos construido juntos. Me fui sin lamentarlo, considerando que mi contribución al proyecto original había sido sustancial y que había llegado el momento de llevar estas ideas adelante por otros medios. Mis escritos más recientes sobre el tema, incluida una entrada de glosario publicada en mayo de 2026, reflejan mi sensación de que el Green New Deal como programa político activo se ha desvanecido en gran medida del debate público, incluso cuando el análisis que lo sustenta se ha vuelto más urgente, no menos, y eso es de lamentar.

El núcleo de ese análisis, y la parte que más me preocupa que sobreviva, es el reconocimiento de que el colapso climático, la inestabilidad financiera, la desigualdad y la inseguridad económica no son cuatro problemas separados, sino cuatro caras del mismo fallo sistémico. Cualquier programa que aborde uno de ellos ignorando los demás se quedará corto. En su mejor expresión, el Green New Deal fue una estrategia completa para reestructurar una economía rota, y ese sigue siendo precisamente el tipo de pensamiento que este momento requiere. Podemos seguir pagando el precio creciente de la vacilación, o podemos aceptar que los recursos existen, los mecanismos existen, y el único obstáculo real que queda es una política que aún no está dispuesta a actuar en consecuencia. Sé por cuál de estas opciones he estado argumentando durante mi vida laboral, y no tengo la intención de parar ahora. (...)" 

(Richard Murphy, blog, 14/07/26, traducción Deep Seek, enlaces en el original)

Estamos dispuestos a defender la libertad aunque nos cueste la vida: así lo declaró pomposamente Su Señoría Macron, durante la última reunión de los llamados «voluntarios de Europa»... Parece que ya estamos realmente a un paso de la guerra de Europa contra la Rusia de Putin, y las palabras de su señoría Macron deben interpretarse en este lúgubre contexto... La frase resulta absurda, además de pomposa: al igual que, por otra parte, es absurdo el propio nombre de los «entusiastas de Europa», a quienes sería más adecuado llamar «belicistas europeos», teniendo en cuenta que están haciendo todo lo posible por provocar una guerra con la Rusia de Putin... Será, en cambio, como siempre, la sangre de los ciudadanos europeos, a quiénes, en caso necesario, se enviará al frente para que se sacrifiquen por los valores sagrados de la revisión del gasto y del Pacto Fiscal, es decir, los fundamentos de la Unión Europea como tecnocracia depresiva y represiva, buena solo para santificar el turbocapitalismo financiero (Diego Fusaro)

"Estamos dispuestos a defender la libertad aunque nos cueste la vida: así lo declaró pomposamente Su Señoría Macron, presidente galo y producto in vitro de los Rothschild, durante la última reunión de los llamados «voluntarios de Europa». 

La frase resulta absurda, además de pomposa: al igual que, por otra parte, es absurdo el propio nombre de los «entusiastas de Europa», a quienes sería más adecuado llamar «belicistas europeos», teniendo en cuenta que están haciendo todo lo posible por provocar una guerra con la Rusia de Putin, fingiendo, sin embargo, de manera hipócrita, que es la propia Rusia la que busca el conflicto. 

Debe quedar claro que, si se derrama sangre, desde luego no será la de los «entusiastas» ni, en general, la de quienes dirigen el tren que se precipita hacia el abismo llamado Unión Europea. 

Será, en cambio, como siempre, la sangre de la gente humilde, es decir, de los ciudadanos europeos, a quienes, en caso necesario, se enviará al frente para que se sacrifiquen por los valores sagrados de la revisión del gasto y del Pacto Fiscal, es decir, los fundamentos de la Unión Europea como tecnocracia depresiva y represiva, buena solo para santificar el turbocapitalismo financiero.

 Parece que ya estamos realmente a un paso de la guerra de Europa contra la Rusia de Putin, y las palabras de su señoría Macron deben interpretarse en este lúgubre contexto. Además, resulta irónico que Macron, con su habitual postura propagandística, proclame a Europa como el reino de la libertad, contraponiendo ideológicamente a este el imperio de la dictadura rusa.

 A fin de cuentas, la Unión Europea no es más que el reino de la libertad de mercado y de la tecnología, en cuyo altar se sacrifican a diario las libertades de los ciudadanos europeos."

(Diego Fusaro , blog, 15/07/26, traducción DEEPL)

Sobre la “desaceleración” de China... El crecimiento del PIB de China en el segundo trimestre experimentó una desaceleración significativa... los «expertos» occidentales siguen argumentando que esta desaceleración confirma su visión de que China se encamina hacia el estancamiento... la brecha entre la tasa de crecimiento promedio de China desde entonces y la de las economías del G7 no ha desaparecido... la participación de China en el PIB mundial ha disminuido en términos nominales , pero no en términos reales... Esto no significa que se deba ignorar la actual desaceleración del crecimiento general de la inversión... ¿Qué hay detrás de esto? El problema radica en la continua caída del sector inmobiliario y las dificultades que enfrentan los gobiernos locales para gestionar la acumulación de deuda que se disparó durante el auge inmobiliario. Estos son los factores que impulsan la relativamente débil demanda interna... La expansión económica de China continúa, pero depende en gran medida del comercio de exportación. A pesar de los aranceles y otras sanciones de Trump (¡que se suman cada día!), las exportaciones chinas al resto del mundo han alcanzado niveles récord... Este auge se vio fuertemente acelerado por dos catalizadores principales: el rápido desarrollo de la infraestructura global de inteligencia artificial y el aumento masivo de los envíos de tecnología verde... parece probable que la crisis inmobiliaria esté tocando fondo y que los gobiernos locales comiencen a abordar su elevado endeudamiento. Además, la inversión en nuevos sectores tecnológicos se está disparando. Por lo tanto, hay motivos suficientes para esperar que China alcance su objetivo de crecimiento actual del 4,5% al ​​5% este año (Michael Roberts)

"El crecimiento del PIB de China en el segundo trimestre experimentó una desaceleración significativa, cayendo al 4,3% interanual desde el 5,0% del primer trimestre y por debajo de las previsiones. Este fue el crecimiento más lento registrado en cualquier trimestre desde el inicio del confinamiento por la pandemia en 2022. Sin embargo, incluso con esta desaceleración en el segundo trimestre, el crecimiento del PIB real de China para el primer semestre de 2026 se mantiene dentro del rango objetivo del gobierno, en el 4,7% interanual.

No obstante, los «expertos» occidentales siguen argumentando que esta desaceleración confirma su visión de que China se encamina hacia el estancamiento. Consideremos los puntos planteados por Richi Sharma en el FT , antes de la publicación de esta última cifra de crecimiento: « Aunque muchos analistas siguen esperando que China supere a Estados Unidos como la principal economía mundial, su crecimiento alcanzó su punto máximo en 2021. Desde entonces, la participación de China en el PIB mundial ha caído en términos nominales del 18 % al 16,5 %, mientras que la de Estados Unidos ha aumentado al 26 %. La tasa de crecimiento de China ha caído por debajo de la del resto del mundo, incluyendo Estados Unidos. En términos reales, las estimaciones independientes sitúan ahora el crecimiento de China más cerca de cero que del objetivo oficial del 4,5 % al 5 %».

Permítanme responder a estos puntos uno por uno. En primer lugar, si bien la tasa de crecimiento del PIB real de China pudo haber alcanzado su punto máximo en 2014, la brecha entre la tasa de crecimiento promedio de China desde entonces y la de las economías del G7 no ha desaparecido. En promedio, desde 2014, la tasa de crecimiento de China ha sido más de 4 puntos porcentuales superior a la tasa de crecimiento promedio del G7.

Sí, la participación de China en el PIB mundial ha disminuido en términos nominales , pero no en términos reales . Por lo tanto, Sharma está siendo poco sincero .   La contracción en términos nominales se debe principalmente al debilitamiento del yuan chino frente a un dólar estadounidense muy fuerte y a la deflación interna. Dado que el PIB nominal se calcula en dólares estadounidenses corrientes, las fluctuaciones del tipo de cambio y de los precios comprimen artificialmente el tamaño de la economía china en el escenario mundial. En términos reales, utilizando la paridad del poder adquisitivo (PPA), podemos eliminar el efecto de las fluctuaciones cambiarias. Entonces, en lugar de una caída de la participación de China en el PIB mundial de 1,5 a 2,0 puntos porcentuales, en términos reales se ha producido un aumento de 1,4 puntos porcentuales.

Datos de tendencias históricas (2021–2026)AñoParticipación nominal del PIB mundialParticipación real (PPA) del PIB mundial202118,74% (Pico)18,5%202218,09%18,7%202317,28%18,99%202417,00%19,31%202516,70%19,63%2026 (Actual)16,50%19,89%

Fuentes: Recopilado a partir del seguimiento realizado por IMF DataMapper , Statista y TheGlobalEconomy .

Además, la tasa de crecimiento de China no ha caído por debajo de la del resto del mundo,como afirma Sharma. En este punto, recurre a estimaciones independientes que sitúan el crecimiento real de China más cerca de cero que del objetivo oficial del 4,5 al 5 por ciento. ¿ Cuáles son estas estimaciones «independientes»?   Provienen de una fuente específica: el Grupo Rhodium, una unidad de investigación occidental que se autoproclama experta en China. El Grupo Rhodium descarta las estimaciones oficiales del PIB, argumentando que están sesgadas al alza y no tienen en cuenta la débil actividad económica interna.  

Rhodium afirma estimar el crecimiento de China desde la base, desagregando los gastos (no la producción) por sectores. Su método de «desagregación» se reduce básicamente a multiplicar significativamente las cifras oficiales de inversión en activos fijos hasta alcanzar el nivel de inversión en el sector inmobiliario. Y, como es bien sabido, el sector inmobiliario lleva tiempo en una grave crisis. En efecto, Rhodium reduce la tasa de crecimiento de la inversión en China (que en general está cayendo un 5,7% interanual) a la tasa de crecimiento de la inversión inmobiliaria, que está cayendo un 18% interanual, lo que perjudica la tasa general. Si se utiliza la inversión inmobiliaria como medida de la tasa de inversión en China, no es de extrañar que el crecimiento general sea cero.  

Rhodium estima la tasa de crecimiento de China basándose únicamente en datos de «demanda», como las ventas minoristas, el crecimiento del crédito y la «confianza del consumidor». Ignora los indicadores de «oferta», como la producción industrial, las exportaciones y la manufactura en general. Sin embargo, la mayoría de las estimaciones occidentales del PIB de China no siguen el enfoque de Rhodium. El Banco de Finlandia, por ejemplo, tampoco acepta las cifras oficiales y, en su lugar, realiza un seguimiento de indicadores de producción como la generación de electricidad, el transporte ferroviario de mercancías y las exportaciones netas. Según sus cálculos, el crecimiento del PIB real de China es aproximadamente un punto porcentual inferior a las cifras oficiales, lo que aún representa un crecimiento de alrededor del 4% anual.

De hecho, la producción industrial de China aumentó un 5,4% en el primer semestre de 2026, con un incremento del 6% en el sector manufacturero y del 14% en el sector tecnológico.

En el sector industrial chino, es evidente que la demanda externa es el factor clave del crecimiento: los sectores ferroviario, naval y aeroespacial registraron un aumento del 18,2%, el automotriz del 8,7% y el de computadoras, comunicaciones y equipos electrónicos del 15,7%. La producción de semiconductores alcanzó un máximo de 17 meses, con un crecimiento interanual del 25,4%, en medio del continuo auge tecnológico.

Esto no significa que se deba ignorar la actual desaceleración del crecimiento general de la inversión. La inversión en activos fijos cayó un 5,7% interanual durante el primer semestre del año, alcanzando su nivel más bajo desde mayo de 2020. La inversión del sector privado disminuyó un 8,5%, y la inversión estatal también se redujo aún más, hasta el 2,3%. Tanto las empresas privadas como las estatales parecen estar posponiendo sus planes de inversión, lo que agrava un entorno de inversión ya de por sí débil.

¿Qué hay detrás de esto? El problema radica en la continua caída del sector inmobiliario y las dificultades que enfrentan los gobiernos locales para gestionar la acumulación de deuda que se disparó durante el auge inmobiliario. Estos son los factores que impulsan la relativamente débil demanda interna.

Los precios de los inmuebles siguen bajando, aunque a un ritmo mucho más lento, e incluso algunas ciudades experimentan un ligero aumento. Sin embargo, incluso excluyendo el sector inmobiliario, la inversión en activos fijos disminuyó un 2,7% en los seis meses hasta junio, un descenso aún mayor que la caída del 1,2% registrada en los primeros cinco meses del año. 

Otro factor que frena la demanda interna es el elevado endeudamiento derivado del estallido de la burbuja inmobiliaria, que ahora se concentra principalmente en los gobiernos locales. Los préstamos concedidos por los gobiernos locales a promotores privados durante la burbuja inmobiliaria siguen vigentes, lo que paraliza a muchos a la hora de realizar nuevas inversiones. Mientras que el gobierno central y los bancos estatales están expandiendo la inversión y el crédito hacia las «nuevas fuerzas productivas», como los sectores tecnológico y solar, los gobiernos locales no pueden seguir su ejemplo.

Una de las principales razones de la caída de la inversión china radica en los efectos negativos de la especulación inmobiliaria y la financiación a nivel local. Los líderes comunistas chinos cometieron un grave error: permitieron que la urbanización del país, el crecimiento de las ciudades y la construcción de viviendas cayeran en manos del sector privado. En lugar de implementar un programa nacional de desarrollo de vivienda estatal, optaron por que los gobiernos locales financiaran a promotores inmobiliarios privados.

De este modo, el gobierno chino permitió una expansión masiva de inversiones improductivas y especulativas por parte del sector capitalista de la economía.  En su afán por construir suficientes viviendas e infraestructuras para la creciente población urbana, los gobiernos centrales y locales dejaron la tarea en manos de promotores privados. En lugar de construir viviendas para alquilar, optaron por la solución del «libre mercado» de que los promotores privados construyeran para la venta. Por supuesto, era necesario construir viviendas, pero como el presidente Xi Jinping afirmó tardíamente:  «Las casas son para vivir en ellas, no para especular». 

Como resultado, la mayoría de las empresas chinas en quiebra son promotoras inmobiliarias, que siguen lastrando el crecimiento y la inversión nacionales. Los gobiernos locales se han visto obligados a absorber gran parte de estas deudas incobrables de bancos y promotoras inmobiliarias locales, mientras que se enfrentan a restricciones en la emisión de deuda y Pekín sigue mostrando un apoyo limitado.

La expansión económica de China continúa, pero depende en gran medida del comercio de exportación. A pesar de los aranceles y otras sanciones de Trump (¡que se suman cada día!), las exportaciones chinas al resto del mundo han alcanzado niveles récord.Las exportaciones de China aumentaron un 27% interanual, alcanzando un máximo histórico de 412 mil millones de dólares en junio de 2026. Este crecimiento impulsó el valor total de las exportaciones chinas durante el primer semestre de 2026 a 2,12 billones de dólares (un aumento interanual del 17,6%). Este auge se vio fuertemente acelerado por dos catalizadores principales: el rápido desarrollo de la infraestructura global de inteligencia artificial y el aumento masivo de los envíos de tecnología verde.

No voy a entrar en los argumentos incesantes de los «expertos» occidentales que afirman que China está causando «desequilibrios globales » debido a su éxito exportador y al exceso de capacidad que genera al vender productos a precios muy bajos en los mercados mundiales.   Ya he abordado estos argumentos en publicaciones anteriores. Pero hay un nuevo ataque: la afirmación de que la creciente participación de China en las exportaciones mundiales está desplazando a otras economías exportadoras del Sur Global. Este argumento es particularmente absurdo. Los «expertos» occidentales nunca se preocuparon por el éxito exportador de China hace dos décadas, cuando creían que se basaba en empresas estadounidenses y europeas con sede en China. Pero ahora que China ha desarrollado sus propias empresas industriales y lidera sectores clave de exportación, estos expertos afirman que está perjudicando a los países «pobres». 

Vietnam desmiente esa afirmación. Su economía tiene un modelo similar al de China, es decir, un sector estatal y de propiedad estatal, junto con un sector capitalista. La participación de Vietnam en las exportaciones mundiales ha aumentado significativamente en los últimos diez años, pasando de aproximadamente el 1,2% hace una década a alrededor del 1,35% en la actualidad. 

China no está desplazando a Vietnam. El fracaso de otros países para aumentar su cuota de mercado de exportación se debe principalmente a que la mayoría de las economías del Sur Global están dominadas por multinacionales extranjeras y carecen de un sector estatal significativo o de un plan independiente. El imperialismo ha hecho imposible que el Sur Global se ponga al día, no China.

El crecimiento interno de China no es lo suficientemente rápido, a pesar de que el gasto real de los consumidores ha promediado más del 6% anual desde 2014, un ritmo mucho más lento que en el G7. Sin embargo, parece probable que la crisis inmobiliaria esté tocando fondo y que los gobiernos locales comiencen a abordar su elevado endeudamiento. Además, la inversión en nuevos sectores tecnológicos se está disparando. Por lo tanto, hay motivos suficientes para esperar que China alcance su objetivo de crecimiento actual del 4,5% al ​​5% este año."

(michael roberts , blog, 15/07/26, traducción Gaceta Crítica, gráficos en el original) 

La Audiencia de Badajoz condena al hermano de Pedro Sánchez siguiendo la doctrina del Supremo sobre el fiscal general, pese a que no existió indicio probatorio acreditado... La Sala que ha juzgado a once acusados por 'enchufismo' en relación a esa plaza adjudicada al hermano de Sánchez en 2017 cita profusamente la argumentación de la sentencia redactada por Andrés Martínez Arrieta que condenó a García Ortiz a la pena de inhabilitación especial para ejercer el cargo de fiscal General del Estado por dos años... la sentencia de Badajoz reproduce pasajes íntegros de la famosa sentencia del Alto Tribunal, que afirmó como hecho probado que fue el propio fiscal general o "una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento", quien filtró a la prensa el correo referido al novio de Ayuso. Ello, sin soporte probatorio... En esa misma línea, el ponente de esta sentencia de la Audiencia pacense, Emilio Francisco Serrano, arma un relato sobre prevaricación administrativa, dando por hecho que la plaza se creó por "razones espurias", pero a la vez asegurando que no ha quedado probado que ese trato de favor hacia David Sánchez obedeciera a un tráfico de influencias por parte de responsables de la Diputación de Badajoz... Es decir, la sentencia admite que no ha podido probarse quién pidió que se creara la plaza o si los condenados, entre los que figuran ocho funcionarios o extrabajadores de la Diputación, actuaron motu proprio "con el designio de favorecer al Sr. Sánchez Pérez-Castejón por su relación de parentesco con quien era una figura política señera..." (Ana María Pascual)

"La sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y al exlíder de los socialistas extremeños Miguel Ángel Gallardo por prevaricación en relación a la plaza de coordinador de los conservatorios pacenses, se respalda en la histórica sentencia del Tribunal Supremo que condenó al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, el 9 de diciembre de 2025, como autor de un delito de revelación de datos reservados, pese a que no existió indicio probatorio acreditado.

La Sala que ha juzgado a once acusados por 'enchufismo' en relación a esa plaza adjudicada al hermano de Sánchez en 2017 cita profusamente la argumentación de la sentencia redactada por Andrés Martínez Arrieta que condenó a García Ortiz a la pena de inhabilitación especial para ejercer el cargo de fiscal General del Estado por dos años, una multa y el pago de una indemnización por daños morales a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. 

Durante cinco páginas la sentencia de Badajoz reproduce pasajes íntegros de los fundamentos de derecho de la famosa sentencia del Alto Tribunal, que afirmó como hecho probado que fue el propio fiscal general o "una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento", quien filtró a la prensa el correo referido al novio de Ayuso. Ello, sin soporte probatorio.

En esa misma línea, el ponente de esta sentencia de la Audiencia pacense, Emilio Francisco Serrano, arma un relato sobre prevaricación administrativa, dando por hecho que la plaza de coordinador de los conservatorios de Badajoz se creó por "razones espurias", pero a la vez asegurando que no ha quedado probado que ese trato de favor hacia David Sánchez obedeciera a un tráfico de influencias por parte de responsables de la Diputación de Badajoz.

Sin tráfico de influencias

Es decir, la sentencia afirma, por un lado, que la plaza se creó sin ser "necesaria ni urgente, estando vacía de contenido dicha plaza cuya génesis obedeció al interés particular de su adjudicatario y no al interés general".

Y por otro lado, admite que no ha podido probarse quién pidió que se creara la plaza o si los condenados, entre los que figuran ocho funcionarios o extrabajadores de la Diputación, actuaron  motu proprio "con el designio de favorecer al Sr. Sánchez Pérez-Castejón por su relación de parentesco con quien era una figura política señera y futuro Secretario General del PSOE, por reelección en el cargo, a la sazón D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón".

Los acusados han quedado absueltos del delito de tráfico de influencias y por tanto no han sido condenados a penas de prisión.

Los hechos probados

David Sánchez, el adjudicatario de la plaza investigada, no protagoniza ningún hecho probado. De la página 5 a la 21, la sentencia, de 377 páginas en total, expone los hechos probados, entre los que, curiosamente no figura hecho atribuido directamente al hermano del presidente del Gobierno.

Pese a ello ha sido condenado por un delito de cooperación en prevaricación administrativa a nueve años de inhabilitación para cargo público. Una prevaricación extraña, pues el tribunal considera que cooperó realizando "actos nucleares", como presentar la solicitud para el concurso de méritos y que participó en el proceso selectivo.

Desconfianza en los testigos

Los tres magistrados que firman la sentencia (el ponente Emilio Francisco Serrano, Dolores Fernández y José Antonio Patrocinio) reconocen que "para la determinación de los hechos incardinables en los tipos penales que están siendo objeto de acusación (Delitos contra la Administración Pública), es crucial la prueba indiciaria, habida cuenta de que son delitos 'de despacho' que van precedidos de conversaciones y actos preparatorios que difícilmente son instrumentados en documentos oficiales y respecto de los que los testigos, la mayoría altos cargos integrantes de una estructura administrativa local de pequeña entidad, piramidal y fuertemente jerarquizada, difícilmente van a pronunciarse con los necesarios requisitos de credibilidad y verosimilitud, habida cuenta de que sus declaraciones suelen estar previamente preparadas y ausentes de la deseable espontaneidad y veracidad". 

Las inferencias de la UCO

En cambio, el tribunal ha concedido un alto valor a las declaraciones del teniente coronel de la UCO Antonio Balas, que vinculó en el juicio a Miguel Ángel Gallardo con la creación del puesto de David Sánchez tras realizar una "visión holística" del caso. 

La sentencia valora que Balas y el capitán que lo acompañó al plenario "sostuvieron con rotundidad que la génesis del puesto de coordinador da actividades de los conservatorios no nació en el Área de Cultura de la Diputación, sino en la de RRHH [Recursos Humanos] que se relacionó directamente con Cultura. Pero, al ser RRHH un Área transversal, concluyeron en que la decisión política de crear la plaza partió de un nivel superior, siendo la Presidencia de la Diputación el origen de la idea".

La vivienda de alquiler

Llama la atención otra de las inferencias de la UCO que ha sido tenida en cuenta por los magistrados, la relativa al alquiler de una vivienda en Badajoz por parte de David Sánchez y al interés de este en "la duración del contrato de inquilinato al ponerse en contacto, a través de la plataforma Airbnb, con el propietario de un apartamento que se ofrecía en arrendamiento en internet".

"El día 26 de junio de 2017, Don David ([sic] contactó con el dueño de la vivienda cuando aún no había concluido el proceso selectivo y la comisión correspondiente estaba calificando y evaluando los expedientes de los aspirantes, teniendo lugar la entrevista al Sr. Sánchez por la Comisión de Evaluación el día 27 de junio". Balas señaló que la cuenta de Airbnb estaba vinculada a David Sánchez y "llevaba tiempo buscando vivienda en Badajoz según el mismo expresó en sus mensajes".

Con esos detalles sobre el alquiler de una vivienda, la UCO deduce "inequívocamente" que la plaza fue creada para una persona determinada: David Sánchez Pérez-Castejón.

En esa misma línea de certezas sin soporte probatorio, la UCO otorgó una "relevancia fundamental" a un correo enviado entre dos directores de los conservatorios con el asunto "Hermanísimo", haciéndose eco de un rumor y molestos por tener a un nuevo jefe. Pero Balas infirió que aquel correo, intercambiado el mismo día en el que se aprueban las bases para la provisión de la plaza, es una prueba de que el puesto creado iba a ser adjudicado al hermano de Pedro Sánchez. 

18 años de inhabilitación 

El exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha sido condenado como autor de dos delitos de prevaricación administrativa a sendas penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años, es decir, que son 18 años de inhabilitación para el exsecretario general de los socialistas extremeños.

Además de por la plaza adjudicada a David Sánchez, Gallardo también ha sido condenado por la plaza de alta dirección adjudicada a Luis Carrero (condenado también), y que la sentencia considera también "innecesaria y huérfana de funciones" y que a su juicio tenía "el exclusivo afán de adjudicarla en comisión de servicios al antiguo colaborador y amigo" de David Sánchez, con el objetivo de que "éste siguiera coadyuvando a aquel en sus labores operísticas, pese a que habían sido nombrados para prestar servicios en puestos administrativos que no guardaban relación entre sí"." 

(Ana María Pascual, Público, 14/07/26)  

La sentencia que ha condenado al hermano del presidente del Gobierno puede haberse constituido en un hito histórico... si se recurre y es refrendado por el Tribunal Supremo, puede suponer un antes y un después en la contratación pública de personas que tengan relación de parentesco con personalidades señeras, aunque no tengan relación directa con la administración contratante... David Sánchez Pérez Castejón es culpable de haber obtenido un empleo en la Diputación de Badajoz por “su relación de parentesco con quien era una figura política señera y futuro secretario general del PSOE”... David Sánchez Pérez-Castejón es hermano de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, que es la razón por la que ha sido culpabilizado... ¿qué cargo público va a permitir que algún pariente suyo pueda acceder a una plaza en cualquier administración pública española? Nadie en su sano juicio... ¿Qué familia va a permitir, desde hoy, que alguno de sus miembros pueda acceder a un cargo en el que adquiera la condición de “figura política señera”? Porque, eso, sería condenar al resto de la familia a no poder optar a trabajar en la administración pública... Entienden por qué podemos estar en el umbral de una nueva era en nuestra democracia... claro que, todo esto se podría evitar si el Tribunal Supremo aclarara que no hay de que preocuparse ya que el mal afecta solo a los que se llamen Sánchez Pérez-Castejón (Jesús Espelosín)

"La sentencia que ha condenado al hermano del presidente del Gobierno puede haberse constituido en un hito histórico, de esos que pueden marcar un antes y un después en la historia de España. Como el descubrimiento de América en 1492, la pérdida definitiva de las colonias en 1898 o el campeonato mundial de futbol de 2010. 2026 puede ser una fecha para colocarla entre los hitos que definen una nueva era.

No importa el nombre, David, del condenado por la sentencia. Importan un poco más sus apellidos, Sánchez Pérez-Castejón. Pero importa, sobre todo, que nombre y apellidos coincidan con los de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno de España. Y, eso es lo que parece haber convencido a la Audiencia Provincial de Badajoz de que David Sánchez Pérez Castejón es culpable de haber obtenido un empleo en la Diputación de Badajoz por “su relación de parentesco con quien era una figura política señera y futuro secretario general del PSOE”.

Gente poco avisada parece haber responsabilizado a la UCO de haber convencido al tribunal de la culpabilidad del culpable. Porque la Unidad Central Operativa, que es lo que significan las celebérrimas siglas UCO, es quizás de lo más granado de ese instituto armado que es la Guardia Civil. No se trata de esos guardias que, siempre de dos en dos, recorren la España rural o surcan las carreteras nacionales en busca, y castigo, de infractores al Código de la Circulación, no. Estamos hablando de profesionales en derecho y criminalística con una preparación comparable a la de los mejores cuerpos policiales del mundo, ya sea el FBI o Scotland Yard.

Por eso, es sorprendente que haya sido necesario emplear ese prestigioso cuerpo para certificar que David Sánchez Pérez-Castejón es hermano de Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Cosa que, todo el mundo sabe, incluido el tribunal que le ha juzgado y, por supuesto, condenado, que es la razón por la que el culpable ha sido culpabilizado de la culpa de haber sido contratado por la administración pública en forma culposamente culpable.

Pero esto, sobre todo si se recurre y es refrendado por el Tribunal Supremo, puede suponer un antes y un después en la contratación pública de personas que tengan relación de parentesco con personalidades señeras, aunque no tengan relación directa con la administración contratante. A no ser que el Tribunal Supremo, en su posible sentencia, aclare que el delito solo existe en el caso de que la cosa transcurra en Extremadura. O de que se trate de músicos. O de que, directamente, el culpable se apellide Sánchez Pérez-Castejón.

Pero, si el Tribunal Supremo no aclara cualquiera de esas cosas, estamos, como antes decía, ante un hecho histórico de magnitud epistemológica. Porque, si añadimos a la sentencia judicial del condenado la sentencia social para el pariente, ¿qué cargo público va a permitir que algún pariente suyo pueda acceder a una plaza en cualquier administración pública española? Nadie en su sano juicio, y sobre todo con la mínima ambición política de prosperar en su carrera, hará tal cosa. Habríamos, quizás, acabado con un mal tan antiguo como la prostitución, o sea como la humanidad, como es el nepotismo. Pero esto tiene un inconveniente, y muy serio.

¿Qué familia va a permitir, desde hoy, que alguno de sus miembros pueda acceder a un cargo en el que adquiera la condición de “figura política señera”? Porque, eso, sería condenar al resto de la familia a no poder optar a trabajar en la administración pública. Lo cual conduciría, a su vez, a que nadie aspirase mas que a cargos públicos de segunda categoría con lo que el país se vería, o bien condenado a no tener mas líderes políticos o a que, estos, fueran hijos únicos, huérfanos y peleados con el resto de su familia.

En el límite de la situación, nadie querría ser político y, dada la necesidad de que los haya, habrían de nombrarse por sorteo, tal como ahora se hace con los componentes de las mesas electorales. Volveríamos así a los orígenes de la democracia cuando, mediante el kleroterion, los atenienses sorteaban los cargos públicos entre la población que cumplía determinadas condiciones.

Dado que el poder, como el gas, tiende a expandirse en el espacio que ocupa, el poder político pasaría a los funcionarios. Alcanzaríamos así el estado que ya conocieron los franceses en el siglo XIX en el que, mientras nosotros nos dedicábamos a cambiar de funcionarios con cada “gobierno de turno”, ellos mantenían una poderosa clase funcionarial. Así crearon el término “bureaucratie” que luego estudiaría Max Weber. 

Entienden por qué podemos estar en el umbral de una nueva era en nuestra democracia.

Claro que, todo esto se podría evitar si el Tribunal Supremo aclarara que no hay de que preocuparse ya que el mal afecta solo a los que se llamen Sánchez Pérez-Castejón. Y, mejor, todavía, sentenciar que lo delictivo es que el pariente se llame Pedro.

Mientras se pronuncia el Tribunal Supremo, y aunque estamos en época estival, no sería de extrañar que lo hiciera en pocos días, tratándose de lo que se trata, la pelota está en el tejado del presidente del Gobierno.

Si Pedro Sánchez, que no creo, pensara que estamos ante ese cambio histórico al que me refiero, debería, por patriotismo, dimitir y convocar elecciones para evitar que la cosa vaya a mas y se consolide esa doctrina de perseguir a familiares de políticos.

Pero si, como parece, la cosa no pasara de los Sánchez Pérez-Castejón, debería mantener el sitio de La Moncloa hasta que, constitucionalmente, toque. O sea, que siga cabalgando mientras ladran."

(Jesús Espelosín  , Nueva Tribuna, 15/07/26)

Todos los sospechosos eran culpables. Todos tenían motivos para asesinar. Esa fue la conclusión a la que llegó Hércules Poirot en la novela Asesinato en el Orient Express, de Agatha Christie... el tribunal de la Audiencia de Badajoz ha llegado a una conclusión no tan diferente. Todos los acusados son culpables del delito de prevaricación administrativa aunque no del delito de tráfico de influencias. No hay pruebas de que nadie les presionara para tomar esas decisiones. Es algo que simplemente ocurrió... Los magistrados que condenan a David Sánchez por prevaricación no tienen problemas en confesar que también lo creían culpable por tráfico de influencias, pero que no encontraron las pruebas... Otro juicio en que las deducciones del jefe de la unidad de delitos económicos de la UCO acaban incorporadas a la sentencia, como sucedió en el del fiscal general... no se atreven a condenar al acusado por tráfico de influencias e imponerle una pena de prisión, por el pequeño detalle de que no tienen pruebas para dictar ese castigo. Así lo dice la sentencia: “No ha quedado probado, por tanto, que persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados primeramente filiados, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de un cargo o de cualquier otra situación derivada de una relación personal o jerárquica con aquellos”... Si había un plan ideado desde arriba con el que se ordenó a tantos funcionarios que cumplieran órdenes, es difícil explicar por qué no se condena a Gallardo por tráfico de influencias... “No sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo”, dicen... No lo saben, por eso no condenan por tráfico de influencias, pero dan por hecho que esa presión existió. Algún catedrático de Derecho Penal podría animarse a explicar a este tribunal que todo lo que no son hechos en una sentencia, no pasan de ser simples especulaciones... Desgraciadamente para sus convicciones, no encontraron pruebas con las que condenarle por esa conspiración, es decir, por tráfico de influencias. No fue porque no lo intentaran ((Iñigo Sáenz de Ugarte)

"Claves de una condena extraña a David Sánchez: inhabilitado por prevaricación sin pruebas sólidas de tráfico de influencias

Todos los sospechosos eran culpables. Todos tenían motivos para asesinar a Ratchett. Esa fue la conclusión a la que llegó Hércules Poirot en la novela Asesinato en el Orient Express, de Agatha Christie. No es probable que la sentencia contra David Sánchez alcance tal nivel de notoriedad. Lo que sí es cierto es que el tribunal de la Audiencia de Badajoz ha llegado a una conclusión no tan diferente. Todos los acusados son culpables del delito de prevaricación administrativa, con una pena de nueve años de inhabilitación, en el caso del puesto de Sánchez, aunque no del delito de tráfico de influencias. No hay pruebas de que nadie les presionara para tomar esas decisiones. Es algo que simplemente ocurrió.

En la novela, los responsables tenían un móvil que explicaba sus actos, la venganza contra Ratchett. La sentencia sostiene que el móvil consistía en favorecer al principal acusado. Los jueces llegan a esa conclusión citando a los agentes de la UCO que declararon en el juicio, encabezados por el teniente coronel Antonio Balas: “De todo lo anterior, deducen inequívocamente que la plaza fue creada para una persona determinada: Don David Sánchez Pérez-Castejón”. Otro juicio en que las deducciones del jefe de la unidad de delitos económicos de la UCO acaban incorporadas a la sentencia, como sucedió en el del fiscal general. El tribunal quiso remarcarlo escribiendo que la aportación de Balas fue “sumamente ilustrativa”.

Los jueces de Badajoz optaron por una decisión que quiere ser vista como salomónica. En su relato de los hechos que considera probados, prácticamente suscriben la versión de las acusaciones populares y la que ha mantenido el Partido Popular en los últimos dos años al utilizar la investigación en sus discursos en el Parlamento y en mítines. Incluso en detalles que son escasamente relevantes, pero que aparecieron en muchos titulares, como el hecho de que Sánchez tuviera su residencia en Portugal desde 2021, y que no son delito. Pero no se atreven a condenar al acusado por tráfico de influencias e imponerle una pena de prisión. Por el pequeño detalle de que no tienen pruebas para dictar ese castigo. Nunca las hubo ni en la instrucción ni en la vista.

“No ha quedado probado, por tanto, que persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados primeramente filiados, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de un cargo o de cualquier otra situación derivada de una relación personal o jerárquica con aquellos”, dice la sentencia. A la vista de la sentencia, es un misterio por qué nueve de los acusados –dejando a un lado a Sánchez y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo– tomaron unas decisiones que ahora les han costado una pena de nueve años de inhabilitación. Si fracasan sus recursos, perderán sus empleos en la institución.

Para los jueces, no hay dudas de que todos los funcionarios son culpables. Son múltiples los indicios, afirma la sentencia, que muestran “con arreglo a las reglas de la lógica y de la razón, que ninguno de los acusados era ajeno al plan delictivo ideado por las más altas instancias de la Diputación de Badajoz y que actuaron de consuno, en connivencia, en ejecución de un plan preconcebido”. Su objetivo era crear “en expresión castiza, un traje a medida al beneficiario de la plaza”.

Si había un plan ideado desde arriba con el que se ordenó a tantos funcionarios que cumplieran órdenes, es difícil explicar por qué no se condena a Gallardo por tráfico de influencias. Parece que “la lógica y la razón” permiten trazar el retrato de un grupo dispuesto a delinquir, pero no condenar sin pruebas a su responsable. Una cosa es la literatura de una sentencia y otra, el Código Penal.

La sentencia dice que los condenados pusieron en marcha “una plaza de empleo público innecesaria y vacía de contenido”. Para justificar esta valoración, se basan por ejemplo en la opinión de un director de conservatorio que no creía necesario que se creara un puesto de coordinador que se ocupara de los dos conservatorios de Badajoz. Pocos funcionarios aceptan de buena gana que les pongan un jefe más por encima, al menos cuando reciben la primera comunicación. Sin embargo, y para afirmar que Sánchez no realizó las funciones por las que le pagaban, los magistrados no dan ningún valor a las declaraciones como testigos de los tres directores en la primera jornada de la vista en las que defendieron la capacidad y el trabajo del músico.

“La ayuda del coordinador vino muy bien”, dijo Yolanda Sánchez (sin parentesco con el hermano del presidente). “Estaba muy bien formado y capacitado para la plaza”, continuó. En su momento, parecía que ese primer día del juicio había sido muy malo para los intereses de las acusaciones. No es así si el tribunal decide ignorar esos testimonios, porque no sirven para condenar al acusado.

Los jueces admiten que hay un margen para la duda sobre si alguien presionó para que David Sánchez consiguiera ese puesto, si fue él mismo, alguien de su entorno “o si tal decisión se realizó 'motu proprio' con el designio de favorecer al Sr. Sánchez Pérez-Castejón por su relación de parentesco con quien era una figura política señera y futuro Secretario General del PSOE, por reelección en el cargo, a la sazón D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón”.

Resulta gracioso, quizá hasta revelador, que los magistrados coloquen al presidente del Gobierno en este contexto. Las fechas no cuadran del todo. Cuando se creó la plaza, noviembre de 2016, Pedro Sánchez ya no era secretario general del PSOE por su dimisión el 1 de octubre anterior. No presentó su candidatura hasta el 28 de enero de 2017, cuando no era precisamente el favorito, tampoco para el PSOE extremeño que apoyaba a Susana Díaz. Las primarias no se celebraron hasta mayo de 2017. El tribunal viaja al pasado porque sabe quién ganó esas primarias, lo que es una información que no tenían en 2016 los responsables de convocar la plaza que finalmente cayó en manos del hermano del presidente.

Puestos a lanzar hipótesis o “contrahipótesis”, como dice el texto –una decisión insólita en una sentencia que debe mostrar hechos probados y asignar penas en función de ellos–, los jueces plantean que los acusados pudieron haber intentado “congraciarse” con Pedro Sánchez con el nombramiento de su hermano al haber apoyado antes a Susana Díaz en las primarias. Y con esa sugerencia dan argumentos a los que quieran utiizar la sentencia para atacar al Gobierno.

“No sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo”, dice la sentencia en el párrafo anterior a esa referencia a la contrahipótesis. No lo saben, por eso no condenan por tráfico de influencias, pero dan por hecho que esa presión existió. Algún catedrático de Derecho Penal podría animarse a explicar a este tribunal que todo lo que no son hechos en una sentencia, no pasan de ser simples especulaciones.

Todo esto no dejan de ser elementos secundarios en la mente de los jueces. No tienen problemas en señalar que existe “la convicción de este Tribunal de que la prevaricación cometida obedecía al designio de favorecer por razones espurias a don David y don Luis María”. Estaban seguros de que David Sánchez era culpable, quizá incluso desde antes de que comenzara el juicio, de que existía un “designio”, un plan, destinado a beneficiarle. Desgraciadamente para sus convicciones, no encontraron pruebas con las que condenarle por esa conspiración, es decir, por tráfico de influencias. No fue porque no lo intentaran."

(Iñigo Sáenz de Ugarte, eldiario.es, 14/07/26) 

Volkswagen va a despedir 100 000 trabajadores. No se trata únicamente de Volkswagen, sino de toda la industria automovilística europea, que a su vez no es más que la punta del iceberg de la crisis del sector manufacturero de Europa occidental... Es muy probable que asistamos a una nueva ola de deslocalizaciones de la producción hacia países con salarios bajos desde Alemania y, en menor medida, desde Francia y, tal vez, desde España... La deslocalización podrá llevarse a cabo bien saturando la capacidad productiva de las plantas ya existentes en países periféricos, bien realizando inversiones directas en el extranjero... existe el peligro real de que Alemania, el país económicamente más importante de la UE, se desindustrialice, al menos parcialmente, con repercusiones negativas no solo para su economía en su conjunto, sino también para la de otros países europeos, en particular para sus proveedores de bienes intermedios y componentes, incluida Italia... Por otra parte, la crisis del sector automovilístico alemán se produce en una etapa histórica de estancamiento del PIB alemán y de otros países de la zona del euro... El fracaso de Europa destaca especialmente si se compara con el éxito de China, que está ganando la competencia cada vez menos gracias a los bajos salarios y cada vez más gracias a su capacidad de innovación tecnológica, basada en la intervención planificada y organizada del Estado. Por lo tanto, sería conveniente que la UE e Italia tomaran como referencia la experiencia china, abandonaran las lógicas neoliberales y aplicaran políticas estatales de planificación industrial —previstas en el artículo 41 de la Constitución italiana— y de renacionalización de las empresas. Pero se trata de una cuestión de decisiones y, por lo tanto, es un asunto que solo se resuelve a nivel político (Domenico Moro)

"Las razones de la crisis del sector automovilístico alemán y europeo y del auge del sector automovilístico chino

Mientras que la opinión pública europea e italiana se centra en la inmigración como origen de los problemas de Europa occidental y, en particular, de la bajada de los salarios, se ignoran las verdaderas causas de la profunda crisis social que se está viviendo. Sin embargo, en los últimos tiempos se han producido algunos hechos que deberían dar que pensar a la opinión pública de Italia y de Europa. En Italia, en el Ministerio de Industria, se ha roto el acuerdo entre los sindicatos y Natuzzi, multinacional líder mundial en sofás de piel, que había decidido cerrar dos fábricas en la provincia de Bari y trasladar la producción a Rumanía, donde cuenta con una fábrica desde hace años. El cierre no solo afectará a los trabajadores de Natuzzi, sino también a 600 pequeñas y medianas empresas de Apulia y Basilicata, proveedoras de Natuzzi. 

Pero la noticia más importante procede de Alemania, donde una revista ha revelado el plan de Volkswagen, segundo fabricante mundial de automóviles, de despedir a 100 000 trabajadores, más del 15 % de su plantilla global. Se trata de una de las reestructuraciones más importantes de la historia industrial. Aún más importante es que dicha reestructuración se centrará en el corazón de la multinacional, en Alemania, donde se despedirá a 50 000 empleados y se cerrarán cuatro plantas.

Sin embargo, no se trata únicamente de Volkswagen, sino de toda la industria automovilística europea, que a su vez no es más que la punta del iceberg de la crisis del sector manufacturero de Europa occidental, lo que corre el riesgo de acelerar la desindustrialización.

 La multinacional estadounidense Ford ha anunciado recortes del 14 % en su plantilla europea (3 900 empleados) en España, el Reino Unido y, sobre todo, en Alemania. Mercedes, tras haber despedido a 4 000 trabajadores mediante bajas voluntarias a finales de 2025, ha declarado que pretende proceder a nuevos despidos, con lo que ahorrará mil millones de euros en personal de aquí al año que viene. BMW prevé una reducción de plantilla del 5 % a nivel mundial de aquí a finales de año. La crisis del sector del automóvil también afecta a los fabricantes de componentes; por ejemplo, la empresa alemana Bosch ha programado recortes de 18 500 empleados. 

El temor es muy grande también entre los fabricantes italianos de componentes para automóviles, cuyos principales clientes son los fabricantes alemanes, a los que se destina el 20 % de las exportaciones de piezas y accesorios para vehículos de motor, aunque su valor (2.9 mil millones de euros en 2025) tiene un impacto reducido en el total de las exportaciones manufactureras italianas a Alemania (72.2 mil millones)[i].

Las causas de la crisis del sector del automóvil alemán y europeo

Ante esta debacle, ¿cuáles son las causas de la crisis del sector del automóvil europeo y, en especial, alemán? Los analistas suelen atribuirla a cuatro razones. 

La primera fue la interrupción, tanto para Alemania como para Italia, tras las sanciones impuestas por la UE a Rusia, del suministro de gas a bajo coste, lo que provocó un aumento de los costes de producción. 

La segunda es el aumento de los aranceles estadounidenses sobre los automóviles importados de Europa, del 2,5 % al 15 % y, posteriormente, al 25 %. Estos aranceles penalizan sobre todo a Volkswagen y a sus marcas de lujo, Porsche y Audi. Volkswagen solo cuenta con una planta de montaje de automóviles en EE. UU. y tiene una presencia mucho mayor en México, país que, a su vez, se ve afectado por aranceles del 25 %. BMW y Mercedes se han visto menos afectadas, ya que cuentan con una mayor capacidad productiva en EE. UU. 

Una tercera razón es la transición energética puesta en marcha por la Comisión Europea, que ha impuesto que las emisiones de CO₂ de los automóviles fabricados en la UE se reduzcan en un 55 % para 2030 y en un 100 % para 2035, fecha en la que debería cesar la producción de vehículos con motor de combustión. En consecuencia, las empresas europeas se han orientado hacia los vehículos eléctricos, invirtiendo sumas colosales que, sin embargo, no han tenido eco en el mercado europeo, donde los consumidores solo han adquirido unos pocos de los demasiado costosos vehículos eléctricos europeos. De ahí el desplome de los beneficios de las empresas alemanas y europeas.

La cuarta y más importante razón es China, que ha afectado negativamente a la industria alemana y europea de dos maneras. La primera es la reducción de la capacidad del mercado chino —que representa el 30 % del mercado mundial del automóvil y el 75 % del de los vehículos eléctricos[ii]— para absorber los vehículos alemanes fabricados tanto en Alemania como en China. 

Volkswagen ha pasado de un máximo histórico en 2019 de 4,2 millones de vehículos vendidos en China a 2,7 millones en 2025. La caída de las ventas se debe a la competencia de los fabricantes de automóviles chinos —sobre todo BYD, Geely y SAIC Motor—, quienes, mientras los fabricantes alemanes seguían ofreciendo vehículos de combustión, han lanzado al mercado vehículos eléctricos más económicos y mejor equipados con la tecnología y el software que tanto aprecian los consumidores chinos, especialmente los más jóvenes. 

En 2025, las marcas chinas aumentaron sus ventas en el mercado nacional en un 16,8 % con respecto al año anterior, superando la cuota del 70 %; por el contrario, las marcas alemanas registraron una caída del 7,7 %[iii]. Pero la capacidad competitiva china no solo se ha manifestado en su propio país, sino también en el extranjero y, en particular, en el mercado europeo, donde los vehículos eléctricos e híbridos a precios asequibles procedentes de este país del Lejano Oriente están gozando de una acogida cada vez mayor entre los consumidores.

Estas son las causas más inmediatas y visibles. Sin embargo, existe una causa más profunda que está relacionada con las más superficiales. Dicha causa es la sobreproducción de capital. Esto significa que se ha acumulado un exceso de capital (en forma de medios de producción) en relación con la capacidad de este capital creciente para obtener la tasa de ganancia esperada por los capitalistas. En esencia, el capital, para aumentar la productividad de cada trabajador, introduce una cantidad cada vez mayor y más innovadora de maquinaria y tecnología en relación con los trabajadores empleados. 

Por lo tanto, el capital invertido en mano de obra disminuye en relación con el capital invertido en medios de producción. Sin embargo, dado que la tasa de beneficio viene determinada por la relación entre la plusvalía (que constituye el beneficio y es creada únicamente por los trabajadores) y el capital total invertido, se producirá una tendencia a la disminución de la tasa de beneficio, es decir, una caída porcentual del beneficio sobre el capital invertido.

 Los capitalistas, sin embargo, pueden compensar la disminución de la tasa de beneficio con el aumento de la masa de beneficio. Así, la plusvalía o beneficio, aunque disminuya en proporción al capital total invertido, puede aumentar en valor absoluto. Esta masa de beneficio aumentada se traduce, no obstante, en un aumento de la masa de mercancías producidas que presionan para ser vendidas en el mercado. 

Dado que, en la sociedad capitalista, la producción global no está regulada por un plan que ajuste la producción a la capacidad real de compra de la sociedad (es decir, a las dimensiones del mercado), cada capital individual, al actuar de forma autónoma con el fin de maximizar su beneficio, aumenta las unidades producidas y, en consecuencia, crece el volumen total de mercancías que no logran venderse en el mercado. 

De hecho, en el modo de producción capitalista, el mercado resulta cíclicamente demasiado reducido en comparación con la mayor capacidad de producción. Así se observa que la sobreproducción de capital genera necesariamente la sobreproducción de mercancías y el aumento de la competencia entre los capitales, lo que reduce los precios y, con ellos, los beneficios[iv].

Esta era la situación del mercado europeo, donde los productores, en las últimas décadas —sobre todo en los años 80 y 90—, habían aumentado la productividad mediante la introducción masiva de la automatización y la informática. 

De este modo, el mercado europeo se había saturado de automóviles fabricados y la industria presentaba una sobreacumulación de capital. Con la posterior globalización, se había encontrado una salida a la caída de la tasa de beneficio mediante la externalización de la producción al extranjero, donde los salarios eran más bajos y, por lo tanto, las tasas de beneficio eran más elevadas. 

Los fabricantes de automóviles europeos, empezando por Volkswagen, Renault y Fiat, habían trasladado así el capital y la producción a Europa del Este —desde Polonia hasta Rumanía y Serbia—, al norte de África, a América Latina —sobre todo a México y Brasil— y a Asia, desde Turquía hasta China. A pesar de ello, la sobreproducción de capital y de mercancías no tardó en reaparecer, en particular en Europa occidental. 

No es casualidad que Sergio Marchionne, consejero delegado de Fiat, solía repetir, hasta su fallecimiento en 2018, que en Europa había un exceso de capacidad productiva —en otras palabras, una sobreproducción de capital— y que, por lo tanto, era necesario proceder al cierre de plantas y a fusiones entre grandes grupos. De hecho, Fiat, tras haber absorbido a la estadounidense Chrysler, se fusionó unos años después de la muerte de Marchionne con Peugeot y absorbió también a Opel en un nuevo megagrupo, Stellantis, que ahora ocupa el segundo puesto en Europa y el cuarto en el mundo.

 Fue en ese momento cuando, para resolver la situación de un mercado europeo ya saturado, se pensó en impulsar una nueva expansión de la demanda mediante la transformación del propio producto, pasando del coche de combustión al coche eléctrico. Además, el coche eléctrico, al ser mucho más sencillo de fabricar, requiere menos horas de trabajo para su fabricación y, por lo tanto, se pensaba que permitiría aumentar la productividad y los beneficios.

Sin embargo, esta estrategia no tardó en revelarse como un fracaso. La transformación de la producción exigió una considerable inversión de capital en un plazo muy breve, pero a dicha inversión no correspondió un volumen de ventas adecuado, lo que provocó pérdidas significativas y una caída generalizada de los beneficios de los fabricantes europeos. Así pues, una vez más, en el capitalismo, el mercado ha demostrado no ser capaz de absorber la producción, generando un exceso de producción de capital y de mercancías. El problema, además de la escasez de infraestructuras públicas de recarga, es que los fabricantes europeos han producido coches eléctricos o híbridos demasiado caros en comparación con los de combustión, y el ya saturado mercado automovilístico europeo ha seguido prefiriendo estos últimos o los coches eléctricos o híbridos chinos, más económicos.

Por qué el automóvil chino se está imponiendo no solo en China, sino también en la UE

Llegados a este punto, debemos comprender por qué China es más competitiva que Europa. En primer lugar, China cuenta con el mayor mercado automovilístico del mundo, por lo que puede lograr impresionantes economías de escala, ahorrando en costes, especialmente en la producción de baterías, que son la parte del coche eléctrico que en Europa tiene unos costes elevados. Además, China es prácticamente un monopolista mundial en la extracción y el refinado de tierras raras, que son esenciales para la producción de automóviles y baterías eléctricas. A esto se suma que China, a pesar del aumento de los salarios reales de los últimos años (+10,7 % anual solo entre 2008 y 2014[v]), sigue contando con una ventaja salarial y una abundante mano de obra. Pero la razón más importante es que China está pasando de ser un país periférico —que produce basándose en tecnologías y capitales occidentales, con sus bajos salarios como ventaja competitiva— a convertirse en un país industrialmente autónomo, con sus propios grupos industriales y su propia tecnología avanzada. En la práctica, China es quizás el único país periférico que está saliendo de un desarrollo dependiente de Occidente —que perpetúa el subdesarrollo— para avanzar hacia lo que Samir Amin definía como «desarrollo autocentrado»[vi]. China depende cada vez menos de las cadenas de valor dominadas por empresas occidentales y, en cambio, crea cada vez más cadenas de valor controladas por sus propias empresas. Ocupar la posición más alta en una cadena de valor es un factor esencial, ya que permite controlar la producción de valor a lo largo de toda la cadena y, por lo tanto, «captar» una mayor cuota de plusvalía, es decir, de beneficio. En consecuencia, hoy en día China consigue retener en su territorio una mayor parte de la plusvalía producida por sus trabajadores, que antes era (y sigue siéndolo, aunque en menor medida) «captada» por las multinacionales europeas, estadounidenses y japonesas.

Pero, ¿por qué está ocurriendo esto en China y no en otros países del Sur global? La respuesta es que, en China, el Estado ha mantenido un control muy firme sobre la economía, a diferencia de Europa, donde el modelo liberal se ha impuesto con fuerza. Esto se debe a que China no depende políticamente del imperialismo occidental y, a través del Partido Comunista, mantiene firmemente en sus manos su soberanía política, a diferencia de muchos países del Sur global. 

El modelo chino demuestra así ser mejor que el europeo, ya que se basa en el denominado «socialismo con características chinas». El sector del coche eléctrico es uno de los mejores ejemplos en este sentido. En él convive un sector de empresas de propiedad totalmente estatal (entre ellas se encuentra SAIC-Motor, que fabrica la marca MG, muy extendida en Italia), junto a otro sector de empresas dirigidas por capitalistas privados, pero que, no obstante, con el tiempo han recibido capital de fondos de inversión estatales y de bancos públicos, para financiar su desarrollo global. 

Hay quien define el modelo chino como «capitalismo de Estado» y lo compara con la Italia de la Primera República, con su economía mixta público-privada. Sin embargo, entre la Italia de hace unos cuarenta años y la China actual existe una diferencia importante: en Italia, el Estado seguía estando dominado por los capitalistas privados, de los que dependían la mayoría de los partidos de la época, y, de hecho, en un momento dado, la contrarreforma neoliberal pudo imponerse con facilidad. 

Por el contrario, en China son los capitalistas privados quienes dependen del Estado y del Partido Comunista, que controla las riendas de la economía, empezando por la moneda, a través de los planes quinquenales económicos. Ha sido, por tanto, gracias a su modelo económico que China ha podido desarrollar mejor y antes que Europa y EE. UU. las tecnologías relacionadas con el coche eléctrico, rompiendo con ese lugar común extendido en Occidente según el cual el socialismo estaría necesariamente viciado por una ineficiencia subyacente.

Cómo reacciona el capital europeo ante la crisis del sector del automóvil

Llegados a este punto, debemos preguntarnos cómo están reaccionando el capital europeo y sus multinacionales del automóvil ante la sobreproducción de capital y de mercancías y, sobre todo, cómo reaccionan ante la competencia china. La solución principal al exceso de sobreacumulación de capital —es decir, de capacidad productiva— es la destrucción de parte de dicha capacidad; en otras palabras, de parte del capital fijo. 

De hecho, Volkswagen, demostrando así el carácter de sobreproducción de capital de su crisis, tiene previsto cerrar cuatro fábricas en Alemania. Como confirmación adicional de que las enormes inversiones en vehículos eléctricos han contribuido al exceso de acumulación de capital, las plantas que cerrarán son las que producen coches eléctricos, en particular la de Zwickau, que fue la primera fábrica convertida por completo a la movilidad eléctrica con una inversión de 1 200 millones de euros. Además, las inversiones de capital del grupo se reducirán en un 15 %, situándose en 130 000 millones de euros en los próximos cinco años. Por último, en consonancia con el objetivo de reducir la sobreproducción de mercancías, Volkswagen ha reducido su producción de 12 millones de vehículos al año a 9 millones.

Otra forma de contrarrestar el exceso de producción de capital es la reducción del salario de los trabajadores, lo que conlleva un aumento de la explotación y, por lo tanto, un incremento de la tasa de beneficio. El rumor sobre la intención de despedir a 100 000 trabajadores, la mitad de ellos en Alemania, podría ser también una estrategia negociadora para obligar al poderoso sindicato alemán IG Metal —quizá a cambio de una reducción de los despidos— a aceptar recortes salariales. 

Otra forma de reducir la parte de los costes destinada a la mano de obra sería, además, el traslado de la producción a países que tienen un coste laboral mucho más bajo y una tasa de explotación más elevada que la alemana. En esencia, la crisis del sector del automóvil y, en general, la crisis de sobreproducción pueden generar una nueva ola de deslocalizaciones que conduciría a una mayor desindustrialización de Europa occidental, especialmente de los dos países que, a pesar de la globalización, habían conservado una sólida industria manufacturera: Alemania e Italia. 

Por otra parte, volviendo al ejemplo mencionado al principio sobre la deslocalización de la producción de Natuzzi, el coste medio de la mano de obra en la industria, la construcción y los servicios es de 32 euros en Italia, mientras que en Rumanía es de 13,6 euros, es decir, menos de la mitad[vii]. Por lo tanto, la externalización transfronteriza, especialmente la de las fases con mayor intensidad de mano de obra, permite a Natuzzi aumentar considerablemente sus beneficios.

 Aunque la diferencia entre el salario real italiano y el rumano es menos acusada en términos reales —dado que los salarios en Italia, entre 2008 y 2024, han perdido un 8,7 % de su poder adquisitivo, la mayor caída entre los países del G20 [viii], mientras que en Rumanía han registrado un aumento y que la parte del coste laboral, una vez descontado el salario que el trabajador percibe realmente, es del 28,1 % del total en Italia y solo del 4,8 % en Rumanía, lo que importa a las multinacionales es la diferencia en el coste laboral nominal, que repercute en la distribución del valor a nivel de la cadena de producción global. Este argumento es aún más válido para Alemania y Francia, cuyo coste laboral por hora es de 45 y 44,3 euros, respectivamente, frente a los 19,1 euros de Polonia, los 15,2 euros de Hungría y los aproximadamente 12 euros de Bulgaria y Serbia. Sin embargo, fuera de la UE, por ejemplo en América Latina, Asia Oriental y el norte de África, la brecha con respecto al coste laboral de Europa Occidental es aún mayor.

El capital europeo también puede contar con otra herramienta para hacer frente a la crisis del sector del automóvil: el apoyo público de la UE. Dicho apoyo se materializa, en primer lugar, en la reducción del 100 % al 90 % de la cuota de vehículos eléctricos que la UE obliga a producir de aquí a 2035, lo que da más tiempo a los fabricantes para pasar por completo de los vehículos de combustión a los eléctricos. 

En segundo lugar, la UE ha aumentado los aranceles sobre los vehículos eléctricos chinos, alegando que los fabricantes en China se benefician de importantes subvenciones estatales que distorsionan la competencia. En octubre de 2024, al arancel estándar del 10 % se le añadió una serie de aranceles adicionales que varían, en función de las ayudas estatales que reciben las empresas, desde el 7,8 % para los Tesla fabricados en Shanghái hasta el 35,3 % aplicado a los vehículos de SAIC. 

Posteriormente, dado que los fabricantes chinos habían eludido los aranceles exportando vehículos híbridos en lugar de vehículos totalmente eléctricos, la UE amplió los aranceles también a los vehículos híbridos. Por último, a partir de febrero de 2026, la UE ha permitido a los fabricantes chinos quedar exentos de los aranceles siempre que adopten un «precio mínimo permitido» por la UE, se ajusten a un determinado volumen de vehículos importados anualmente y se comprometan a invertir en la producción de vehículos eléctricos en Europa. ¿Ha sido eficaz el proteccionismo a la hora de proteger la industria europea? Sí, al menos en parte. Sin duda, sin los aranceles, los coches chinos se habrían extendido de forma descontrolada.

 No obstante, la cuota de mercado de los fabricantes chinos en la UE se ha triplicado en los últimos tres años, pasando del 2,3 % en 2023 al 6 % en 2025 y al 9 % en los primeros cinco meses de 2026, apenas por debajo del tercer fabricante europeo, Renault, con un 10,2 %. El fabricante chino con mayor cuota de mercado es Geely (2,6 %), que supera a fabricantes de renombre y con una larga trayectoria en Europa, como Ford (2,3 %) y Nissan (1,9 %), seguido de SAIC y BYD (2,1 %)[ix].

Además de los aranceles, la UE ha decidido intervenir con una inversión de 1.800 millones de euros para facilitar la creación de una cadena de suministro de baterías eléctricas para automóviles en Europa. Además, en marzo de 2026, a través de laIndustrial Accelerator Act (IAA), propuso conceder subvenciones para la compra de vehículos eléctricos, siempre que el 85 % de su valor total se haya producido en la UE. Si al menos el 70 % de los vehículos eléctricos vendidos por un mismo fabricante cumplen este requisito, todos sus vehículos eléctricos se beneficiarán de las subvenciones. 

Más recientemente, los tres principales fabricantes europeos —Volkswagen, Stellantis y Renault— han enviado una carta al Parlamento Europeo solicitando modificaciones a la IAA, que consisten, sobre todo, en reducir el porcentaje del valor producido en la UE de los vehículos vendidos del 85 % al 70 %, a fin de que puedan optar a las ayudas. Se trata de una petición interesante, ya que permite a los fabricantes europeos producir una mayor parte del vehículo fuera de la UE, donde los costes —incluidos, sobre todo, los laborales— son más bajos.

Por otra parte, la producción de las multinacionales se basa en la cadena de valor global, es decir, en la división de las fases de producción de un producto destinado al consumidor final entre varias fábricas, situadas en distintos países. En cada fase productiva se genera una determinada cantidad de valor que, al final, al sumar todo el valor producido a lo largo de toda la cadena, se traduce en un precio de producción. La cuestión más importante es que la parte del valor incorporado al producto en cada fase productiva se calcula a precios locales, que, en los países periféricos, son mucho más bajos que los de los países centrales, como Alemania, Francia e Italia. 

La consecuencia es que, en la contabilidad y en las estadísticas globales, el valor —en términos de tiempo de trabajo— efectivamente transferido a la mercancía resulta subestimado en los países periféricos (Rumanía, México, Brasil, India, China, etc.), con bajos costes laborales, y sobreestimado en los países centrales (Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Japón, etc.), con altos costes laborales[x]. En consecuencia, es indudable que la cuota del valor real del automóvil producido en la UE sería, de hecho, muy inferior al 85 % del total (o al 70 %, si se aceptaran las peticiones de los tres grupos automovilísticos europeos) previsto por la IAA. 

Esta es la razón por la que las multinacionales europeas, como Volkswagen y Stellantis, en el transcurso de la denominada globalización, han deslocalizado masivamente a países de la periferia o del Sur global, como preferimos llamarlos, obteniendo beneficios extraordinarios.

El futuro nos depara deslocalizaciones y una caída de los salarios, ¿cómo contrarrestarlas?

A pesar de la globalización, en Alemania se había mantenido una cuota importante de la producción de automóviles (4,148 millones de vehículos en 2025 frente a los 5,13 millones de 2000), cuyas exportaciones han ido viento en popa hasta hace poco. Esto ya no es posible por las razones que hemos expuesto hasta ahora. 

De hecho, «el consejo de administración del grupo [Volkswagen] ha declarado en varias ocasiones que el modelo de negocio histórico y durante años exitoso, orientado a desarrollar vehículos globales en Alemania, fabricarlos en Europa y venderlos en todo el mundo, ya no funciona». [xi] 

Entonces, ¿cuál será la solución a la crisis del sector del automóvil alemán y europeo que pondrán en práctica las multinacionales? Es muy probable que asistamos a una nueva ola de deslocalizaciones de la producción hacia países con salarios bajos desde Alemania y, en menor medida, desde Francia (que en 2025 produjo 1,06 millones de automóviles, frente a los 2,87 millones de 2000[xii]) y, tal vez, desde España (1,81 millones de automóviles en 2025, frente a los 2,44 millones de 2000). 

En cuanto a Italia, aquí la producción ya se había reducido prácticamente a cero en los últimos años (237 000 automóviles en 2025 frente a 1,4 millones en 2000) y el sector del automóvil ha sido sustituido, en cuanto a su contribución al PIB y a las exportaciones, por otros sectores de alta tecnología, como el farmacéutico y, sobre todo, el químico, que en conjunto representaron en 2025 el 28,8 % del valor total de las exportaciones italianas, frente al 2,23 % del sector del automóvil[xiii]. 

A modo de comparación, cabe señalar que la producción china ha pasado de 600 000 automóviles en el año 2000 a 30 millones en 2025, lo que representa el 42 % de la producción mundial. La deslocalización de la industria automovilística alemana y de Europa occidental podrá llevarse a cabo bien saturando la capacidad productiva de las plantas ya existentes en países periféricos, bien realizando inversiones directas en el extranjero (IDE) greenfield, es decir, construyendo nuevas plantas, siempre en países periféricos, o bien procediendo a fusiones con otros fabricantes y racionalizando la producción, es decir, logrando economías de escala y recortando puestos de trabajo.

En cualquier caso, existe el peligro real de que Alemania, el país económicamente más importante de la UE, se desindustrialice, al menos parcialmente, con repercusiones negativas no solo para su economía en su conjunto, sino también para la de otros países europeos, en particular para sus proveedores de bienes intermedios y componentes, incluida Italia. Por otra parte, la crisis del sector automovilístico alemán se produce en una etapa histórica de estancamiento del PIB alemán y de otros países de la zona del euro, como Francia y, especialmente, Italia. Sin duda, otro efecto de las nuevas deslocalizaciones puede ser la aparición de dificultades en el mercado laboral alemán y europeo, con una contracción de la demanda de mano de obra y la consiguiente reducción de los salarios. Siempre y cuando Volkswagen no negocie con el sindicato una reducción salarial a cambio de la reducción prevista del exceso de mano de obra.

Esto tendrá repercusiones en la sociedad y en la política europea, especialmente en la de Alemania. El Gobierno del canciller Merz, una coalición de democristianos (CDU-CSU) y socialdemócratas (SPD), ya ha alcanzado los mínimos históricos de popularidad de un Gobierno alemán. Además, el partido alemán de extrema derecha y fuertemente antiinmigración, Alternative für Deutschland (AfD), ha superado en las encuestas a la CDU-CSU de Merz como primera fuerza política, con un 28 % frente al 24 %. Sin embargo, ante los despidos anunciados por Volkswagen, el Gobierno de Merz se ha mantenido pasivo: «Intentamos evitar cualquier cierre de plantas en Alemania (…) —comentó un portavoz del Gobierno—. Pero, en última instancia, se trata de decisiones de las empresas, que deben tomarse según criterios económicos».[xiv] La reestructuración de todo el sector del automóvil, que, sin contar los componentes, representa el 10 % del total de las exportaciones alemanas (156 mil millones de 1.563) , puede, por lo tanto, acentuar la crisis del orden social y político alemán, que desde el final de la Segunda Guerra Mundial se ha basado en la alternancia entre la CDU-CSU y el SPD, y que hoy en día no logra mantenerse ni siquiera uniendo a estos dos partidos.

¿Cómo responder a la deslocalización —no solo del sector del automóvil— y a la desindustrialización, que reduce los salarios y transforma los puestos de trabajo de la industria en empleos precarios y mal remunerados en el sector servicios? Sin duda, deberían generalizarse algunas propuestas que los sindicatos italianos y europeos han elaborado en los últimos años, como las leyes contra la deslocalización, que impongan sanciones y la devolución de las ayudas estatales a las empresas que se deslocalizan; el aumento de la frecuencia de las renovaciones de los convenios colectivos nacionales, combinadas, no obstante, con la introducción de salarios mínimos; y la obligación de que los subcontratistas apliquen los convenios colectivos de referencia. A estas medidas habría que añadir otras, destinadas a reducir la movilidad de los capitales a nivel internacional, la cual, al aumentar con el neoliberalismo, ha dado lugar a la globalización de la producción. En lo que respecta a Italia, dado que los salarios (y el coste laboral) italianos son significativamente más bajos que los del resto de los países europeos avanzados y son los que más poder adquisitivo han perdido en el G20, sería necesaria una campaña nacional, en la que participen conjuntamente la política y los sindicatos, contra los bajos salarios en todos los sectores. Pero esto no basta, ya que la cuestión y las soluciones son de carácter más general.

En definitiva, la crisis del sector automovilístico alemán supone la confirmación del fin definitivo del llamado «modelo renano» alemán —que ya llevaba tiempo en dificultades—, basado en una especie de pacto social entre empresas, sindicatos, bancos y Gobierno. Pero también es la prueba del fracaso del modelo neoliberal —basado en las exportaciones, la moderación salarial, las privatizaciones y la retirada del Estado de la economía—, que se ha impuesto en Europa en las últimas décadas.

 En términos más generales, es la demostración de las contradicciones insuperables del modo de producción capitalista, desde la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción hasta la anarquía del mercado. El fracaso de Europa destaca especialmente si se compara con el éxito de China, que está ganando la competencia cada vez menos gracias a los bajos salarios y cada vez más gracias a su capacidad de innovación tecnológica, basada en la intervención planificada y organizada del Estado. Por lo tanto, sería conveniente que la UE e Italia tomaran como referencia la experiencia china, abandonaran las lógicas neoliberales y aplicaran políticas estatales de planificación industrial —previstas en el artículo 41 de la Constitución italiana— y de renacionalización de las empresas. Pero se trata de una cuestión de decisiones y, por lo tanto, es un asunto que solo se resuelve a nivel político. Lo cual no significa que todo se reduzca a la contienda electoral, sino que hay que modificar, mediante la lucha —empezando por los lugares de trabajo—, las relaciones de fuerza globales entre las clases sociales, es decir, entre el capital transnacional y el trabajo asalariado.
Notas
[i] Elaboración propia a partir de datos de Eurostat, «International trade of EU and non-EU countries since 2002 by SITC». Cabe señalar que Italia tiene un superávit comercial de 13 mil millones con respecto a Alemania. https://ec.europa.eu/eurostat/comext/newxtweb/submitresultsextraction.do
[ii] Focus2move, China 2026: caída en picado mientras Geely desplaza a BYD como marca líder.
[iii] https://www.marklines.com/en/report/rep2969_202602
[iv] Karl Marx, El capital, Libro III, Sección III: «La caída tendencial de la tasa de ganancia», editorial Newton Compton, Roma, 1996.
[v] Organización Internacional del Trabajo (OIT), «Salarios, productividad y participación salarial en China», abril de 2016.
[vi] Amin Samir, El desarrollo desigual. Ensayo sobre las formaciones sociales del capitalismo periférico, Giulio Einaudi Editore, Turín, 1977.
[vii] Eurostat, Base de datos, «Niveles de costes laborales por actividad según la NACE Rev. 2».
[viii] Organización Internacional del Trabajo (OIT), Informe mundial sobre los salarios 2024-2025.
[ix] Página web de Unrae con datos de Acea.
[x] John Smith, Imperialism & the globalization of production, tesis doctoral, julio de 2010.
[xi] Mario Cianflone, Una señal de alarma, pero el grupo puede recuperarse, il Sole24ore, 27 de junio de 2026.
[xii] Página web de la Organización Internacional de Fabricantes de Automóviles (OICA), Estadísticas de producción.
[xiii] Según los datos de Eurostat, las exportaciones italianas de automóviles entre 2024 y 2025 descendieron de 15,2 a 14,4 mil millones, mientras que las del sector farmacéutico aumentaron de 52,9 a 68,76 mil millones y las del sector químico, de 101,3 a 116 mil millones.
[xiv] Matteo Meneghello, «Volkswagen prepara 100 000 despidos y cierra plantas en Alemania», Il Sole 24 Ore, 27 de junio de 2026."

(Domenico Moro, Sinistra in rete, 09/07/26, traducción Salvador López)