"Cuando salía de la Universidad de las Comunas en Tocuyito, tras una
visita alegre y estimulante, un joven profesor muy serio se me acercó y
me llevó aparte. En voz muy baja, me preguntó qué iba a pasar. Varios de
los estudiantes estaban aterrorizados ante la posibilidad de que se
produjera un cambio de régimen y de que ellos, elegidos como jóvenes
líderes socialistas en el movimiento de las comunas, fueran
encarcelados, torturados y ejecutados.
Con estudiantes en un proyecto agrícola de la comuna de Vittoria
Fue un duro golpe de realidad tras un día estupendo en esta
universidad incipiente. Pero es muy real. Había conocido a diplomáticos
serios y profesionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores que
sabían exactamente a qué parte de las montañas huirían con rifles de
asalto en caso de que la derecha llegara al poder, y estaban resignados a
una vida de guerrilla, incluyendo a sus parejas e hijos. No he conocido
a nadie que dude de que un cambio de régimen en Caracas conduciría a
matanzas masivas inmediatas de izquierdistas y a una larga guerra civil.
Casi todo lo que se le cuenta en Occidente sobre Venezuela es falso, y
la mayor mentira es que Machado, Guaidó y las agrupaciones que los
rodean sean, en ningún sentido, demócratas o liberales. No lo son, y
tienen vínculos familiares y políticos directos con los regímenes
asesinos patrocinados por la CIA de los años previos a Chávez. Además,
tienen muchas cuentas que saldar: la familia de Machado, por citar solo
un ejemplo, dominaba el suministro eléctrico antes de que fuera
nacionalizado.
Un gran número de los «presos políticos» por los que Occidente se
muestra tan preocupado participaron en intentos de golpe militar o de
insurrección violenta, de los cuales el intento de ópera cómica de
Guaidó en 2019 fue solo el más publicitado. Tras las controvertidas
elecciones de 2024, muchos de los encarcelados llegaron a empuñar armas:
conocí a las familias de tres jóvenes que me contaron que sus hijos
fueron engañados para salir a la calle armados, y que esperaban que
salieran en libertad gracias a la amnistía actual.
Las sanciones causaron grandes dificultades económicas que afectaron a
la popularidad del Gobierno. Pero es un enorme error equiparar el
descontento con el Gobierno de Maduro con el apoyo a Machado: casi no
hay pruebas de este último, por mucho que se busque. Que Machado no
cuenta con el apoyo interno necesario para gobernar el país es una de
las pocas cosas que Trump ha afirmado con veracidad. La alternativa al Gobierno socialista es el caos.
Por lo tanto, Delcy Rodríguez tiene que mantener al Partido
Socialista en el Gobierno, o ver cómo masacran a sus partidarios y se
desata una guerra civil. Al mismo tiempo, debe hacer frente a la
descarada afirmación colonialista de control sobre los activos y las
finanzas de Venezuela por parte de EE. UU., mientras apacigua al
irascible e irracional Trump.
Dejemos una cosa clara. He hablado personalmente con las personas más
cercanas al presidente Nicolás Maduro. He hablado con Francisco
Torrealba, quien sucedió a Maduro como presidente del Sindicato de
Trabajadores del Transporte y también ocupó el escaño de Maduro en la
Asamblea Nacional. He hablado con el hijo de Maduro, también llamado
Nicolás. Ninguna de estas personas cree ni por un segundo que Delcy
Rodríguez estuviera implicada de alguna manera en el secuestro de
Nicolás y Cilia Maduro.
¿Por qué casi todo el mundo en Occidente cree una versión que nadie
en Venezuela cree, y que estoy bastante seguro de que es falsa?
Esa versión se les ha impuesto a la fuerza. Trump socavó a Delcy
Rodríguez al elogiarla abiertamente y afirmar que ella es su elección.
La verdad, por supuesto, es otra: como vicepresidenta de Maduro, ella
asume naturalmente las funciones de presidente, tal y como lo ha
confirmado el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Un esfuerzo
coordinado de sesiones informativas a los periodistas por parte de la
administración Trump, de los servicios de seguridad y de los venezolanos
alineados con Machado en Miami proporcionó a los medios de
comunicación, de manera coordinada, una historia detallada de las
negociaciones entre Delcy y su hermano Jorge y los estadounidenses, para
una estrategia de reforma económica que incluía la destitución de
Maduro.
He vuelto a revisar muchos artículos que difunden esta narrativa, y todos ellos muy obviamente
provienen principalmente de fuentes de Washington, y es una narrativa
que Estados Unidos se ha esforzado mucho, mucho en hacerles creer.
Esto plantea la pregunta: si Delcy es realmente una marioneta de
Occidente, ¿por qué el establishment occidental está tan interesado en
decirles eso? En cualquier otra circunstancia, como en el caso de las
monarquías del Golfo o de al-Jolani, siempre se muestran ansiosos por
promover el mito de que sus títeres no son títeres.
Mi máxima, según la cual si el Gobierno realmente quiere que se sepa
algo, probablemente significa que no es cierto, se cumple en este caso.
Trump quiere que se sepa que Delcy Rodríguez es su títere porque forma
parte de su narrativa de victoria, la historia falsa de la grandeza de
Trump. También tiene como objetivo dividir y debilitar el movimiento
socialista en Venezuela.
Debemos fijarnos en la noche del 3 de enero, cuando Maduro fue
secuestrado. Hay un hecho clave que, una vez más, simplemente no forma
parte de la narrativa occidental. Fue Nicolás Maduro quien ordenó a los
militares que se mantuvieran al margen y no lucharan, en caso de que se
produjera un intento de secuestrarlo. De hecho, era consciente de que
tal evento era inminente, aunque no sabía la fecha exacta.
La principal preocupación de Maduro era evitar una guerra entre
Venezuela y Estados Unidos, una guerra que devastaría este país
pacífico.
Es importante señalar que Maduro seguía conscientemente el modelo de
su mentor, el presidente Hugo Chávez, durante su secuestro en un golpe
de Estado orquestado por la CIA
en 2002. (Ese enlace es un doloroso recordatorio de que hubo un tiempo
en que The Guardian y The Observer no eran controlados por los servicios
de seguridad). Tras la insurrección armada de la oposición el 11 de
abril de 2002, en la que 19 partidarios de Chávez fueron masacrados y
150 resultaron heridos, un golpe militar capturó al presidente Chávez y
fue trasladado en un avión fletado por la CIA a la isla de La Orchila.
El líder de la oposición, Pedro Carmona, fue investido presidente por
los mandos militares y reconocido de inmediato por el régimen de Bush
en Washington. Anunció la derogación inmediata de todas las medidas
reformistas de Chávez. Sin embargo, el pueblo y la mayor parte de las
fuerzas armadas se levantaron contra los golpistas y, tras solo 48
horas, recuperaron el control. Chávez volvió al poder. Esta es la base
del brillante documental irlandés The Revolution Will Not Be Televised (que, naturalmente, nunca se televisó).
Lo fundamental que hay que comprender es que —sorprendentemente—
Chávez no ejecutó a ninguno de los participantes en el golpe, ni
siquiera a los militares. De hecho, hubo pocos procesos judiciales, las
penas de cárcel fueron notablemente leves y a muchos —incluido el
«presidente» Carmona— se les permitió «escapar» al exilio. Las penas de
cárcel más largas fueron para quienes participaron realmente en la
masacre del 11 de abril. Chávez concedió una amnistía general en
diciembre de 2007.
Se mostró la misma asombrosa tolerancia hacia Juan Guaidó, el títere
de Occidente que intentó un farsesco golpe militar el 30 de abril de
2019. Aunque su golpe fue un patético fracaso y el número total de
militares desertores fue de 50, causó, no obstante, la muerte de cuatro
personas y dejó 230 heridos.
Una vez más, la respuesta del gobierno socialista fue
sorprendentemente indulgente. No se ejecutó a nadie. Se celebraron
juicios en regla a los acusados y las penas de cárcel fueron
notablemente leves, incluso para los condenados por traición. Cabe
señalar que el número de personas juzgadas y las penas impuestas fueron
notablemente más leves que las dictadas por la «insurrección» del
Capitolio de Washington de 2021.
A un grupo de treinta personas que se refugiaron en la embajada
brasileña de Bolsonaro se les permitió abandonar el país pacíficamente.
Guaidó nunca fue detenido y se le permitió deambular por el país durante
años autoproclamándose presidente, así como entrar y salir libremente,
hasta que fue acusado por el Gobierno de Colombia de entrar ilegalmente
en ese país en 2023.
La negativa de los socialistas a derramar sangre nunca ha tenido su
reflejo en la derecha. La gran mayoría de esos «presos políticos» de los
que se oye hablar constantemente estuvieron involucrados en estos o en
toda una serie de intentos armados menos conocidos, o en los vínculos
muy reales de la oposición con el tráfico de drogas y el crimen
organizado.
Lo que me sorprende no es el supuesto autoritarismo del Gobierno
socialista, sino, por el contrario, su sorprendente indulgencia con la
oposición ante los repetidos intentos de derrocamiento, a menudo armados
y patrocinados por la CIA.
Basta con imaginar cómo habría actuado un gobierno latinoamericano de
derecha ante repetidos intentos de golpe de Estado armados por parte de
la izquierda para apreciar lo extraordinaria que ha sido esta
moderación. La ausencia de violencia o venganza siempre ha caracterizado
la reacción de la Revolución Bolivariana ante los intentos de golpe de
Estado de la derecha. Aunque es una postura admirablemente basada en
principios, ni siquiera estoy seguro de que este grado extremo de
tolerancia sea prudente.
Es en el contexto de esta renuencia socialista de larga data a
recurrir a la violencia donde hay que situar la decisión de Maduro de
ordenar a las fuerzas de defensa que no intervinieran en caso de una
misión de secuestro estadounidense. Se trata de un gobierno que no solo
utiliza consignas revolucionarias, sino que vive de acuerdo con ellas, y
la «paz» es una de las fundamentales. Es casi seguro que Maduro
esperaba que la solidaridad interna obligara a su rápido regreso, tal y
como había ocurrido con Chávez. Es poco probable que se le ocurriera que
Trump simplemente —y sin sentido— destituiría a Maduro y dejaría a su
Gobierno en el poder.
Varias fuentes me han confirmado que se ordenó a las fuerzas
venezolanas que se retiraran. Visité la ubicación en la ladera de Fuerte
Tiuna donde la joven teniente Alejandra del Valle Oliveros Velásquez,
de 23 años, desobedeció la orden de retirarse y continuó montando
guardia con su arma en una instalación de comunicaciones vital situada
en la cima de una colina. Falleció cuando la instalación fue alcanzada
por misiles estadounidenses.
Este es también un aspecto que falta en la narrativa occidental de
los acontecimientos militares. La postura defensiva de Venezuela está
irremediablemente desfasada en la era de la guerra con misiles de
precisión. Sus instalaciones de radar y baterías antiaéreas son muy
visibles en ubicaciones abiertas en lo alto de las colinas, no en
búnkeres fortificados. Sus tropas se encuentran en cuarteles abiertos,
al igual que los guardias cubanos asesinados innecesariamente.
La indignación ante el ataque estadounidense, totalmente
injustificado, ha devuelto a Venezuela un sentido de unidad nacional muy
necesario. En el amargo epílogo de las controvertidas elecciones
presidenciales de julio de 2024, muchos partidarios del Gobierno,
incluidos algunos en el poder, admiten que la ola de detenciones fue
demasiado lejos. Esa extralimitación dañó la autoridad moral del
Gobierno en el país y proporcionó valiosa munición propagandística a sus
críticos en el extranjero.
No se distinguió suficientemente entre manifestantes armados y
desarmados, y aunque muchos argumentarían que las medidas de emergencia
eran esenciales para prevenir la violencia anárquica inmediata, se
admite en general que muchas detenciones se han prolongado demasiado.
Reconocer esto no significa aceptar las cifras infladas y la
metodología politizada impulsadas por ONG financiadas por Occidente,
como Foro Penal y sus socios internacionales. Esos recuentos suelen
agrupar a disidentes genuinos con conspiradores armados, participantes
en intentos de insurrección violenta y delincuentes declarados —muchos
de los cuales esgrimían armas o estaban vinculados a redes golpistas.
Las cifras exageradas de las ONG no constituyen un seguimiento
neutral de los derechos humanos; forman parte de una operación de guerra
informativa de larga data, generosamente financiada por los mismos
gobiernos y fundaciones que llevan años apoyando los esfuerzos por un
cambio de régimen en Venezuela. Su indignación selectiva y la constante
exageración de las cifras de «presos políticos» responden a un claro
propósito político: deslegitimar el proceso bolivariano y justificar la
injerencia externa.
Es esencial adoptar una perspectiva más amplia. Las detenciones no
surgieron de la nada. Se produjeron tras años de dificultades económicas
provocadas por las sanciones, repetidos intentos de la oposición de
subvertir el orden constitucional mediante la violencia callejera, la
perturbación de las elecciones tanto física como electrónica, y los
resultados electorales falsificados o manipulados selectivamente por la
oposición. La respuesta fue dura, pero se produjo en un contexto de
amenazas reales para la seguridad.
La narrativa de que la oposición obtuvo el 70 % de los votos en las
elecciones de 2024 es sencillamente absurda para cualquiera que conozca
Venezuela. En sus mítines electorales finales, Maduro reunió a un millón
de personas en las calles de Caracas y la oposición a 50 000. Muchas de
las supuestas impresiones de las máquinas de votación difundidas por el
régimen de Biden eran falsificaciones muy evidentes: con la misma letra
en diferentes lugares y múltiples ejemplos de escrutadores o
responsables de partido que firmaban con una X en un país con una tasa
de alfabetización de casi el 100 %.
La oposición se negó a presentar estos impresos ante el Tribunal
Supremo para su verificación. La verdad es que el proceso electoral
electrónico (no soy partidario de él) se vio gravemente afectado por
ataques informáticos externos, casi con toda seguridad por parte de EE.
UU. Efectivamente, existía un descontento popular con los efectos de las
sanciones económicas, y muchos observadores experimentados consideran
que las elecciones estuvieron reñidas. Nunca será posible descubrir el
resultado real. Pero las afirmaciones occidentales de un 70 % de apoyo a
la oposición son un disparate absoluto.
De hecho, no creo que ni el Gobierno ni el Tribunal Supremo conocieran realmente el resultado verdadero. Yo, desde luego, no lo conozco. Pero fue la perturbación orquestada por Estados Unidos lo que lo hizo imposible.
Venezuela es un país sustancialmente libre. La gente me ha criticado al Gobierno abiertamente y sin miedo, incluso ante la cámara. Hace unas semanas hubo una manifestación
de la oposición en Caracas. La presencia policial fue muy escasa. Los
oradores podían decir lo que quisieran —el apoyo a Donald Trump fue un
tema clave— y nadie ha sido interrogado posteriormente. Acudieron unas
500 personas. He visto tres o cuatro carteles de la oposición por la
ciudad. Nadie los retira.
He estado filmando por toda Venezuela durante un total de seis
semanas, y nunca me han preguntado quién soy ni los funcionarios ni la
policía, ni me han exigido presentar documentos de identidad. Recibí un
permiso del Ministerio de Comunicaciones, pero nadie lo ha mirado jamás.
Nadie me ha sugerido nunca lo que debo decir, ni me ha ordenado que no
filme algo.
He estado en muchas zonas y provincias diferentes. En todas partes
las tiendas están bien surtidas y los bares y restaurantes funcionan con
normalidad. La gente parece bien alimentada. No he visto ni un solo
drogadicto, mendigo o persona sin hogar. He visto cinco controles
policiales o militares en seis semanas: tres en la residencia
presidencial, la sede de la Policía y la Asamblea Nacional; uno en el
que se revisaban los neumáticos y las luces de los coches; y otro a la
salida de un parque nacional dedicado a la conservación de la fauna
silvestre.
He estado prestando especial atención a este tema porque los
periodistas occidentales siempre incluyen controles policiales y
militares en sus descripciones imaginarias de Venezuela, redactadas a
miles de kilómetros de distancia. La oposición de Machado lo ha
convertido en un meme, difundiendo consejos que dicen que no está
obligado a mostrar documentos de identidad en los controles policiales.
Sería muy difícil encontrar un control donde mostrar sus documentos.
Este no es un gobierno represivo. El ambiente de represión brilla por
su ausencia y eso se debe a que los mecanismos de represión brillan por
su ausencia. No hay una fuerte presencia policial. La gente no tiene
miedo de los delatores. He visto muy pocas armas en poder de la policía,
y ninguna en poder de nadie más.
La narrativa que domina ahora los medios de comunicación occidentales
—según la cual cualquier liberalización económica o apertura pragmática
bajo el mandato de Delcy Rodríguez es una capitulación repentina
forzada por la presión de Trump— es sencillamente falsa. El propio
Nicolás Maduro inició procesos de liberalización económica años antes,
como respuesta directa de supervivencia al peso aplastante de las
sanciones. Estas son las políticas de Maduro. La reciente legislación
que liberaliza el sector de los hidrocarburos fue desarrollada
íntegramente bajo la dirección de Nicolás Maduro y aprobada por él.
La dolarización se extendió desde abajo a medida que la gente común
buscaba estabilidad; el Gobierno relajó gradualmente los controles de
precios, permitió una mayor participación del sector privado en las
importaciones y la distribución, y desarrolló soluciones alternativas
para la venta de petróleo. Se trataba de adaptaciones pragmáticas
impuestas a la revolución mucho antes de que Trump regresara a la Casa
Blanca.
Como les dije a los estudiantes de la Universidad de las Comunas, si
el capitalismo tardío fuera (como afirma) el orden natural de la
sociedad, en lugar de una serie de instituciones y acuerdos totalmente
artificiales diseñados para producir una concentración extrema de
recursos en manos de una élite, impuesta en última instancia mediante la
violencia del Estado, entonces los Estados capitalistas no necesitarían
aplastar a los Estados que practican otros sistemas, mediante sanciones
devastadoras y el aislamiento del intercambio de recursos y capital, y
en última instancia mediante la fuerza militar.
Su propia ideología fundacional afirma que el capitalismo prevalecerá
naturalmente con el tiempo en cualquier sociedad gracias a su mayor
beneficencia y a una distribución más eficiente de los recursos. Sin
embargo, los gobernantes de los Estados capitalistas buscan
constantemente aplastar a cualquier Estado que practique un sistema
alternativo. Lo hacen por temor a que su propia población vea la
posibilidad de un camino mejor que el de trabajar como esclavos de
facto, mientras el valor producido por su trabajo se concentra
íntegramente en manos de la clase de Epstein.
Nunca sabremos cómo se habría desarrollado la Revolución Bolivariana
de no ser por las sanciones financieras y comerciales que la
paralizaron.
Pero este es el hecho clave. Venezuela fue blanco de ataques debido a
los extraordinarios éxitos del chavismo, no porque fuera un Estado
fallido. La pobreza se redujo a más de la mitad. La alfabetización
aumentó hasta alcanzar tasas superiores a las de Estados Unidos. Se
instauraron la educación y la sanidad gratuitas. Se triplicó el número
de beneficiarios de pensiones. Se nacionalizaron los servicios públicos.
Se proporcionaron cantidades masivas de viviendas sociales. Estos
fueron los logros que precipitaron las sanciones.
El colapso económico de 2017 no fue causado por los fallos de un
sistema socialista. El colapso —y la posterior ola masiva de emigración—
fue causado íntegramente por el régimen de sanciones, y en particular
por el bloqueo de todos los sistemas de pago y las transacciones
financieras.
Hay un punto obvio del que rara vez se habla: las sanciones —en
particular las sanciones financieras que bloquean las transacciones de
pago internacionales normales y los canales bancarios— no solo causan
dificultades.
Las sanciones fomentan activamente la corrupción.
Cuando se impide a un gobierno soberano llevar a cabo actividades
comerciales y financieras legítimas a través de los sistemas globales
habituales, se le empuja a los brazos de quienes se especializan en
eludir las sanciones, en redes de transferencia informales y en el
blanqueo de capitales. Estas asociaciones forzadas con elementos ajenos a
la economía formal contagian entonces al propio aparato estatal,
creando nuevas vías para la corrupción y el abuso.
Se trata de un ciclo vicioso y predecible orquestado por la política de Washington.
Las sanciones obligan a los Estados, por su mera supervivencia, a
realizar actividades clasificadas como ilegales, y arrastran a sus
funcionarios al ámbito de los verdaderos delincuentes. Algunas de las
críticas al Gobierno de Maduro deben considerarse desde esta
perspectiva; y, por supuesto, no existe, ni ha existido nunca, ningún
Estado totalmente libre de corrupción.
El mandato de Maduro no es el fracaso que se suele describir en
Occidente. La economía se ha recuperado notablemente. Bajo el mandato de
Maduro, el Gobierno ha logrado éxitos cuantificables en materia de
seguridad pública. Las tasas de homicidios se han reducido en más de dos
tercios y las bandas de narcotraficantes han desaparecido casi por
completo de las calles.
Las operaciones a gran escala han reducido significativamente la
producción de narcóticos y las rutas de tráfico a través del territorio
venezolano. Venezuela informó de incautaciones récord de drogas a la
Comisión de Estupefacientes de la ONU: casi 66 toneladas solo en 2025,
el nivel más alto en dos décadas. Los datos de la ONU
indican que Venezuela desempeña un papel muy marginal en los flujos
mundiales de cocaína, y casi ninguno en la producción. En cuanto al
fentanilo, no figura en absoluto.
Maduro ha logrado, en un grado extraordinario, erradicar las drogas
de las calles de Venezuela y detener el tráfico. El hecho de que se
encuentre ahora en una cárcel estadounidense acusado de
«narco-terrorismo» es una verdadera muestra de lo depravado que se ha
vuelto Estados Unidos.
Al mismo tiempo, la tasa general de criminalidad descendió
drásticamente. Ciudades que antes figuraban entre las más peligrosas del
mundo se volvieron notablemente más seguras para los ciudadanos de a
pie. Incluso los venezolanos críticos con el Gobierno por otros motivos
reconocen esta mejora en la vida cotidiana y la seguridad personal. Hace
apenas dos noches hablaba con una venezolana que había vuelto a casa
desde Alemania, quien me contó que antes le aterrorizaba caminar por las
calles de Caracas de noche, pero que ahora se sentía perfectamente
segura.
Es importante comprender qué tipo de socialismo practicó realmente Venezuela bajo Chávez y Maduro.
El proyecto bolivariano nunca consistió en la propiedad estatal total
de los medios de producción y distribución prevista en los textos
marxistas clásicos. Venezuela siempre ha sido una economía mixta. Su
rasgo distintivo —y su mayor fortaleza— era la fuerte dependencia del
Estado de la propiedad de toda la gama de actividades del sector
petrolero, tanto en la fase de exploración y producción como en la de
refino y distribución, para canalizar los ingentes ingresos públicos
hacia objetivos de orientación socialista: educación gratuita y
universal desde la cuna hasta la universidad, un servicio nacional de
salud que llevó clínicas y hospitales a todos los barrios, una seguridad
social ampliada, programas de vivienda como la Gran Misión Vivienda, y
subsidios que mantuvieron los alimentos básicos a precios asequibles
para los pobres.
La nacionalización de los servicios públicos —electricidad,
telecomunicaciones, agua— siguió la misma lógica. En muchos aspectos se
asemejaba al modelo socialdemócrata occidental de la década de 1970,
cuando los gobiernos europeos utilizaban la fiscalidad progresiva para
financiar el Estado del bienestar, dejando al mismo tiempo gran parte de
la economía en manos privadas. La enorme escala de viviendas públicas
asequibles y de calidad decente en Venezuela es verdaderamente una
maravilla digna de contemplar para una economía en desarrollo.
Lo que hizo que el bolivarianismo fuera diferente, y en última
instancia más radical, fue el movimiento de las comunas. Su filosofía es
genuinamente de base. Las comunas no surgieron de decretos del Palacio
de Miraflores; crecieron desde abajo, a partir de los consejos comunales
que la gente común de los barrios pobres formó para resolver sus
propios problemas: arreglar carreteras, organizar la recogida de basura,
construir clínicas.
Chávez otorgó a estas estructuras comunales orgánicas reconocimiento
constitucional y poder legal, pero la energía provenía de las propias
comunidades.
La toma de decisiones en las comunas es democracia directa en acción:
las asambleas debaten y votan sobre cómo gastar los fondos que se les
asignan. El pueblo decide sus propias prioridades. Siempre he sido
escéptico respecto a las asambleas populares y la democracia directa.
Visitar las comunas de Venezuela me ha convencido. El factor clave es la
prevalencia, bastante sorprendente, de la educación política y la
conciencia social entre los miembros comunes de la clase trabajadora
venezolana.
Durante mucho tiempo, las comunas se mantuvieron en gran medida como
un mecanismo para redistribuir los ingresos del petróleo de una manera
más democrática y transparente. Pero seguía siendo, en esencia,
socialdemocracia con retórica revolucionaria: gastar las rentas del
petróleo en bienes sociales.
Pero el movimiento de las comunas no se ha quedado estancado. Ha
comenzado a expandirse, reivindicando la propiedad comunal sobre los
medios de producción y distribución. Un número cada vez mayor de comunas
gestiona ahora sus propias pequeñas fábricas, cooperativas agrícolas,
panaderías, mataderos, colectivos de transporte y redes de distribución.
He debatido con altos cargos del Gobierno cómo utilizar las empresas de
propiedad comunal como punta de lanza en los sectores liberalizados de
la economía, para socializar los beneficios.
Las comunas están pasando de limitarse a recibir y gastar dinero del
Estado a controlar la creación y la asignación efectivas de la riqueza.
Este es el salto cualitativo que distingue al socialismo bolivariano
como algo más que un estatismo asistencialista al estilo de los años
setenta.
Maduro instituyó la Universidad de las Comunas en 2025. Su objetivo
es impartir enseñanza práctica de nivel universitario en áreas de
especial valor para las comunas, que van desde la administración pública
hasta la ingeniería eléctrica y la agricultura. La producción agrícola
es un ámbito en el que participan muchas de las más de 7.000 comunas de
Venezuela.
La agricultura se derrumbó en Venezuela mucho antes de Chávez. Esto es algo común en muchos Estados petroleros.
Mi primer destino diplomático en el extranjero fue un nombramiento en
Nigeria en 1986, como segundo secretario (Agricultura y Recursos
Hídricos), donde mi estadística favorita era que Nigeria pasó, en tan
solo 8 años, de ser el mayor exportador mundial de aceite de palma a ser
el mayor importador mundial de aceite de palma. Las monedas
respaldadas por el petróleo suelen hacer que las exportaciones agrícolas
sean poco competitivas y que los productos agrícolas importados
resulten más baratos que los nacionales.
Esto provocó el colapso de los sectores del cacao, el café, el maíz y
otros sectores agrícolas de Venezuela décadas antes de que Chávez
llegara al poder.
Las comunas están reintroduciendo la producción agrícola desde la
base. Visité la comuna local de Vittoria, no muy lejos de la
Universidad. Cuenta con más de 20 unidades de producción agrícola, y los
estudiantes estaban ayudando a desarrollar, por ejemplo, corrales de
bambú para el ganado con el fin de sustituir las vallas de hierro que ya
no se importan debido a las sanciones occidentales.
En el otro extremo del proceso de producción, visité la sede central
de Metro en Caracas el día en que todos los trabajadores y jubilados de
Metro reciben paquetes mensuales que incluyen aceite de cocina, pasta,
harina, huevos y conservas de carne y fruta, todo ello producido ahora
en Venezuela, y casi todos son productos nuevos desde la crisis de 2018.
Lo que llama la atención de todo visitante es el extraordinario nivel
de concienciación pública sobre la filosofía socialista. En las
comunas, en las universidades bolivarianas, en los círculos de educación
política, la gente común debate con conocimiento de causa la diferencia
entre socialdemocracia y socialismo, el papel de la comuna como «tejido
celular» de la nueva sociedad y la necesidad de pasar de la
distribución a la producción.
La ideología es una práctica cotidiana. He oído a adolescentes y
vendedores del mercado citar a Chávez y a Marx con facilidad, y con la
confianza de que sus interlocutores les seguirán.
Estos son los elementos fundamentales del socialismo bolivariano que
Delcy Rodríguez lucha ahora por preservar y salvaguardar frente a la
embestida de Trump: el Estado socialdemócrata financiado por el
petróleo, los servicios públicos nacionalizados, las estructuras de
democracia directa de las comunas y las medidas para extender la
afirmación de la propiedad popular sobre la producción.
Piénselo: Venezuela tiene las playas caribeñas más hermosas que he
visto jamás. Son tan bonitas como las de Mauricio o las Maldivas. Estas
son mis propias fotos y los colores no están retocados.
Lo que llama la atención de esto es que todas las personas que se ven
son venezolanos de a pie. No hay ni un turista extranjero a la vista:
ningún bar, restaurante u hotel junto a la playa acordonando tramos de
playa y cubriéndolos de tumbonas. En su lugar, hay familias venezolanas
felices con neveras portátiles disfrutando del día de forma gratuita.
Esto se debe a que, aparte de Isla Margarita, la Revolución Bolivariana
protege los cientos de kilómetros de playas de arena blanca de Venezuela
mediante parques nacionales.
Mientras que el chavismo ve un gran servicio para el pueblo y un
hábitat asombroso que hay que preservar, la visión del mundo de Kushner y
Machado ve miles de millones de dólares en propiedades inmobiliarias de
primera línea de playa, listas para construir complejos de apartamentos
y enormes hoteles. No crean ni por un momento que no tienen el ojo
puesto en ello como parte de la apropiación imperialista. No quieren que
los venezolanos se diviertan con sus familias en esas playas. Quieren
reservarlas para turistas estadounidenses e israelíes, con los únicos
venezolanos vestidos de camisa blanca y pajarita llevando bandejas de
bebidas.
Puede parecer una pequeña digresión, pero creo que es un símbolo
potente y conmovedor del choque de cosmovisiones que se encuentra en el
corazón de la lucha en Venezuela.
Lo que la oposición desea hacer es desmantelar toda esta
arquitectura. Machado se ha comprometido a abolir las comunas, a
privatizar los servicios públicos, a devolver a Venezuela al modelo
pre-Chávez en el que la riqueza petrolera fluía hacia arriba, hacia una
pequeña élite y las corporaciones extranjeras, mientras que la mayoría
existía únicamente para servir. La tarea de Delcy es mantener la línea
para que las comunas, y la conciencia que han creado, puedan seguir
desarrollándose mientras se mantienen la educación universal, la sanidad
y las prestaciones sociales.
Pero esta es la realidad a la que se enfrenta ahora Delcy Rodríguez:
Trump impuso un bloqueo naval físico a las exportaciones de petróleo
venezolano. Los petroleros que transportaban petróleo venezolano a
compradores no aprobados por EE. UU. fueron físicamente interceptados
por la Marina estadounidense. Así, Estados Unidos, mediante la fuerza
militar, impuso el control sobre las ventas de crudo venezolano.
Los ingresos se desviaron inicialmente a una cuenta controlada por
Estados Unidos en Catar, y posteriormente se transfirieron a cuentas del
Tesoro de Estados Unidos. Los desembolsos al Gobierno de Rodríguez son
discrecionales y puntuales —por ejemplo, solo se liberaron 300 millones
de dólares de los primeros 500 millones, y se requiere la aprobación de
Estados Unidos para su gasto. El mecanismo opera al amparo de poderes
ejecutivos de emergencia en EE. UU., pero sin ninguna autoridad
venezolana. Esto no cuenta con el consentimiento de Delcy Rodríguez.
Es totalmente ilegal en todos los sentidos. El bloqueo naval, la
incautación de petroleros, el robo de los ingresos petroleros. Todo ello
va absolutamente en contra del derecho internacional. No tengo ni idea
de qué «emergencia» justifica los poderes de Trump, ni siquiera en el
marco de la legislación interna de EE. UU.
Estados Unidos no tiene ningún tratado con Venezuela ni mandato
internacional que le permita confiscar el petróleo de Venezuela y
venderlo. Se trata de un simple robo.
Al controlar los petroleros, Washington se hizo con el control de la
única fuente significativa de ingresos extranjeros de Venezuela y
paralizó el Gobierno de Delcy Rodríguez. El petróleo representa más del
70 % de los ingresos del Gobierno venezolano.
Los cargamentos de petróleo aprobados por Estados Unidos se venden
ahora en el mercado internacional, pero los ingresos no se pagan a
Caracas. Increíblemente, se pagan al Tesoro de Estados Unidos. El
régimen de Trump dispensa pagos ad hoc al Gobierno venezolano —la parte
que elija, cuando lo elija— para permitir que continúen las funciones
básicas del Estado. Es un sistema totalmente regido por los caprichos de
Donald Trump, que controla otro Estado soberano.
Esto está menos estructurado que la autoridad de ocupación formal que
Estados Unidos impuso a Irak después de 2003, pero el principio es
idéntico. Los ingresos petroleros de Irak se han tratado de esta manera
durante 25 años. Muchísima gente desconoce que todos los ingresos
petroleros de Irak son desviados hacia cuentas del Tesoro de Estados
Unidos: los medios de comunicación tradicionales nunca se lo cuentan.
Es el modelo colonial clásico. Es exactamente como la Compañía
Británica de las Indias Orientales administró los estados principescos
de la India en los siglos XVIII y XIX: se permitía al gobernante local
permanecer en el cargo de forma nominal, pero los impuestos los
recaudaban los británicos y se devolvía al gobernante local lo que estos
decidieran. Los altos funcionarios de la Compañía de las Indias
Orientales en el cargo recibían, de hecho, el título de «recaudador».
La cobertura occidental lo denomina «salvaguardia», «protección» o «influencia»; la realidad es pura piratería física.
Sin embargo, Delcy Rodríguez se encuentra en un callejón sin salida.
No dispone de fuerzas militares capaces de contrarrestarlo. La Armada
venezolana no puede hacer frente a la flota estadounidense, mientras que
los gigantescos bombarderos de EE. UU. pueden llegar a Caracas con
bombas de 900 kg directamente desde las bases aéreas estadounidenses en
Florida. Cualquier intento abierto de desafío desencadenaría un cambio
de régimen militar por parte de EE. UU. que conduciría a una masacre.
Rodríguez se ve, por lo tanto, reducida a negociar con los ocupantes
sobre cuánto del propio dinero de Venezuela se le permite gastar en su
propio pueblo. Se ve obligada a acoger una serie de visitas repugnantes
de los secuaces sonrientes de Trump, que humillan abiertamente y violan a Venezuela. Las afirmaciones de que Rodríguez quiere esto, y más aún de que ella lo ha orquestado, son una locura.
He visto críticas de la izquierda política en Occidente, según las
cuales Venezuela debería haber luchado, debería seguir luchando, debería
unirse a la resistencia antiimperialista. He visto cómo se tacha a los
venezolanos de «vendidos».
Son muy pocos los que formulan estas críticas y que se han ido
personalmente a las montañas con un AK-47 para luchar contra una
superpotencia que ha abandonado abiertamente toda pretensión de respetar
las leyes de la guerra sobre la protección de la vida civil y las
infraestructuras. Sin duda es una opción; pero el número de víctimas
mortales sería espantoso y Venezuela se vería condenada a muchos años de
guerra civil y ocupación militar estadounidense.
Es una opción suicida, como reconoció el propio Maduro.
Delcy Rodríguez lucha bajo una carga casi insoportable. Una socialista de toda la vida cuyo propio padre fue torturado hasta la muerte
por un servicio de seguridad venezolano dirigido por la CIA, ahora se
encuentra, en la práctica, prisionera de Estados Unidos. Venezuela no es
Irán. No posee la capacidad militar, la profundidad estratégica ni las
alianzas para luchar contra Estados Unidos. Si Trump se despierta una
mañana y decide un cambio de régimen total —y podría hacerlo—, el
resultado sería un baño de sangre inmediato y la anulación total de
todos los logros sociales de veinticinco años de chavismo.
Para evitar esa catástrofe, Rodríguez debe apaciguar a Trump. Debe
hablar el lenguaje de la liberalización económica que Washington quiere
oír, aunque los cambios políticos reales solo supongan un mínimo ajuste
hacia la derecha en una economía que sigue siendo abrumadoramente mixta.
Los logros socialdemócratas fundamentales —la educación, las misiones
de salud, los programas de vivienda, las pensiones y el bienestar
social, los servicios públicos privatizados— se están preservando.
La estrategia de Rodríguez es, por lo tanto, de tenaz resistencia:
agachar la cabeza, preservar lo que se pueda preservar y esperar un
cambio de viento político en Washington. Fuentes muy cercanas a ella
mencionan repetidamente las elecciones de mitad de mandato de noviembre
en EE. UU. como el próximo posible punto de inflexión.
La tragedia es que esta mujer debe soportar la imagen que se difunde
desde Washington en el extranjero, la de una traidora a su clase y a su
país. No puede criticar demasiado abiertamente a Trump sin correr el
riesgo de provocar al psicópata hacia precisamente la violencia que está
tratando de evitar. Un amigo que la conoce desde hace décadas me dijo:
«Está haciendo lo que puede para mantener la paz en estos tiempos de
guerra».
Existen pruebas muy concretas de la lealtad de Rodríguez hacia
Maduro. Lejos de eclipsar a Maduro o de posicionarse como el nuevo
rostro de la revolución, Delcy Rodríguez ha cubierto Venezuela con
vallas publicitarias y arte callejero muy visibles con el lema «Liberen a
Nicolás y a Cilia», sin introducir ningún material que la alabe a sí
misma o intente construir su propio culto a la personalidad. Este
simbolismo público es una poderosa respuesta en la vida real a las
narrativas de deslealtad o traición.
Una de mis críticas personales al chavismo es que se centra demasiado
en el culto a la personalidad. Es un hecho clave que Rodríguez esté
haciendo justo lo contrario de intentar atraer ese foco de atención
hacia sí misma.
La mayoría de los críticos de Rodríguez, especialmente los de los
medios de comunicación y los comentaristas occidentales, no saben
prácticamente nada de Venezuela. La mayor parte de lo que el público
occidental cree saber es justo lo contrario de la verdad; la capacidad
de los medios occidentales para mantener una narrativa falsa resulta
sorprendentemente evidente al visitar el país.
He pasado ya un total de seis semanas en el país repartidas en dos
viajes, hablando con estudiantes, diplomáticos, líderes sindicales,
activistas comunitarios y personas del Gobierno —y con un gran número de
camareros—. Lo que he visto y oído me convence, sobre todo, de una
cosa: Delcy Rodríguez no es una traidora. Es una socialista que está
haciendo lo único que le es posible en esta situación imposible: ganar
tiempo para que la Revolución Bolivariana sobreviva."
(Craig Murray, exdiplomático inglés, blog, 31/03/26, traducción DEEPL)
