6.7.26

La edad de oro del software casero... crece un entusiasmo genuino por hacerse el software propio... gente que jamás abrió un editor de código, ahora dedica su sábado por la tarde a construirse una aplicación para organizar la boda, la compra del supermercado o el seguimiento de sus migrañas... y los que construíamos software hace décadas, ahora, con inteligencia artificial, estamos volviendo... Pero el fenómeno no se queda en lo doméstico, y aquí es donde siguen las consecuencias económicas serias... Dentro de las empresas siempre ha existido una casta de damnificados silenciosos, los profesionales cuyas necesidades de software nunca alcanzaban prioridad suficiente para que se les hiciera caso. Ahora esa gente se lo guisa y se lo come. con código que probablemente no pasaría una revisión seria, pero funciona, resuelve su problema.. la IA está provocando en las organizaciones que se pierda el control sobre qué software se utiliza, y cómo eso redistribuye el poder, cómo hay mejoras de productividad que están ocurriendo en la sombra y por qué se abre un momento profesional fantástico para perfiles con iniciativa. Quien identifique un problema y se construya la herramienta será mucho más productivo (Antonio Ortiz)

"Hay una contradicción que llevo semanas intentando resolver. Por un lado, la deriva general del consumo apunta a que queremos cada vez más que nos den las cosas hechas: el caso paradigmático es el de zanahorias ya cortadas en palitos del supermercado. Pagamos un extra por las tareas más triviales porque siempre encontramos otra cosa mejor que hacer. Por otro, y a veces en las mismas personas, crece un entusiasmo genuino por hacerse el software propio: me he cruzado con gente que jamás abrió un editor de código y que ahora dedica su sábado por la tarde a construirse una aplicación para organizar la boda, la compra del supermercado o el seguimiento de sus migrañas.

Como alguien que compra verdura cortada (sólo a veces) y está haciendo software sólo para el autoconsumo, tenía que escribir este artículo.

La resolución del misterio empieza por entender qué ha cambiado. Hacer software ha sido siempre una actividad con una barrera de entrada enorme: años de aprendizaje, una curva de frustración empinadísima y la certeza de que cualquier cosa mínimamente útil requería semanas de trabajo. Esta generación de inteligencia artificial (especialmente tras el momento Claude Code) ha derribado esa barrera no sólo para los programadores —que también—, sino para todos los demás.

Aunque hemos analizado mucho el impacto en los profesionales del software, conviene volver sobre el hecho de que los normies han empezado a fabricar miniaplicaciones privadas que jamás se convertirían en una startup ni pretenden serlo. Software doméstico, en el sentido más literal del término: hecho en casa, para casa. Y dentro del grupo de los no profesionales deberíamos contar a quienes lo fuimos, los que construíamos software hace décadas y ahora, con inteligencia artificial, estamos volviendo. Nos ha pasado, por ejemplo, a Jeff Bezos y a mí.

Los ejemplos que están apareciendo en esta oleada tienen un encanto particular precisamente porque son hiperespecíficos. En un hilo reciente de Reddit en el que se preguntaba qué era lo más útil que la gente había construido de verdad con Claude, entre más de trescientos comentarios emergía un patrón: nadie estaba construyendo el próximo unicornio, claro, todos estaban resolviendo un problema concreto y molesto que el software comercial no ataja porque no hay mercado para él. Un comando de terminal que te explica el último error que te ha escupido la consola. Una lista de la compra que ordena los productos según los pasillos de tu supermercado concreto, no de un supermercado genérico. Gestores de filamento para impresoras 3D, herramientas para campañas de Dungeons & Dragons, CRMs enteros para un profesional de la construcción.

Un usuario contaba en el foro que, tras proponerle a su mujer un plan nocturno íntimo, ella le respondió sin levantar la vista del móvil: “ponlo en una solicitud, quizás un Google Form, y a lo mejor digo que sí”. Él se lo tomó literalmente y construyó con Claude una aplicación privada para parejas en la que enviar peticiones, contraofertas y rechazos de actos sexuales, con tablero organizador, límites compartidos y juegos incluidos. Más allá de que pueda parecer una triste alternativa a aprender a comunicarse de verdad con tu pareja, la anécdota ilustra algo importante: la larga cola del software personal llega a rincones en los que ninguna empresa entraría jamás, porque el mercado son exactamente dos personas.

Podríamos poner miles de ejemplos. Javier Pastor lleva meses publicando proyectitos hechos con IA en su blog, el último una aplicación para calcular desde qué localidades se verá mejor el eclipse del próximo 12 de agosto, que además le sirvió para poner a prueba GLM-5.2. Victoriano compartió cómo hizo un traductor a “receta de Thermomix” que guarda en Notion.

Yo mismo tengo mi ejemplar en esta colección: el traductor de libros en EPUB que conté en monos estocásticos, que además añade una capa al asunto, porque ya no se trata solo de hacer software con IA sino de hacer software que usa IA por dentro. Muy interesantes también los casos de liberación, los que consiguen que dejemos de pagar por una suscripción que a día de hoy ya no está justificada: en el hilo de Reddit aparecía un tracker de presión barométrica cruzado con episodios de migraña que sustituye a una app de suscripción de ochenta dólares al año; también hace unas semanas alguien construyó en veintitrés horas y media una alternativa de código abierto a la app de Whoop, con soporte completo de sensores de frecuencia cardíaca, SpO2, HRV y sueño. Con matices: quienes la han probado señalan que hay que exportar los datos manualmente y que por el camino se pierden cosas. Hay límites, claro.

Pero el fenómeno no se queda en lo doméstico, y aquí es donde siguen las consecuencias económicas serias. Dentro de las empresas siempre ha existido una casta de damnificados silenciosos: los profesionales cuyas necesidades de software nunca alcanzaban prioridad suficiente para que desarrollo les hiciera caso. Pienso en el responsable de comunicación que quería un tracker con su dashboard de menciones en prensa y redes y que llevaba años apañándoselo con un excel churrero, porque su petición siempre quedaba por detrás de cualquier cosa que tocara ingresos. O en la responsable de audiencias de una empresa de medios que pensaba en un sistema de alertas de tendencias, eternamente en cola detrás de la gente de negocio y de editorial, viendo cómo el roadmap de producto pasaba de largo trimestre tras trimestre.

Eran víctimas de la economía del desarrollo tradicional, que hacía inviable atender sus casos de uso: cada hora de programador tenía coste de oportunidad. Ahora esa gente se lo guisa y se lo come. Con herramientas imperfectas, con código que probablemente no pasaría una revisión seria, pero funciona, resuelve su problema y que existe, frente a la alternativa histórica, que era que nunca se iba a hacer.

Y esto apunta a fenómenos más hondos que la IA está provocando en las organizaciones: cómo producto pierde el control sobre qué software se utiliza, cómo eso redistribuye el poder dentro de las organizaciones, cómo hay mejoras de productividad que están ocurriendo en la sombra y por qué se abre un momento profesional fantástico para perfiles con agencia e iniciativa. Quien identifique un problema y se construya la herramienta será mucho más productivo que quien siga esperando su turno en la cola del roadmap, y esa diferencia se va a notar en carreras, en ascensos y en qué perfiles resultan de pronto valiosísimos.

Andrej Karpathy describía la sensación como una especie de paradoja de Jevons personal: cuando el software funcional empieza a salir como de un grifo, tu propia demanda de software crece sustancialmente. Puedes pedir cualquier cosa: resúmenes interactivos, visualizadores, dashboards, aplicaciones de un solo uso, y, por tanto, pides muchas más cosas de las que jamás habrías pagado o esperado. Es el mismo mecanismo que hizo que las carreteras más anchas generaran más tráfico: abaratar radicalmente un recurso no reduce su consumo, lo dispara.

Queda resolver la contradicción del principio, y creo que la resolución tiene dos partes. La primera es estadística: probablemente quienes disfrutamos guisándonos el software seamos una minoría, igual que son minoría quienes hornean su pan o restauran muebles, y no hay que extrapolar el entusiasmo de un hilo de Reddit o de mi timeline sesgado al conjunto de la población, que seguirá comprando el software cortado en palitos, es decir, la app del supermercado de turno.

Pero, al mismo tiempo, quizás en el coste de oportunidad hay que entender que ahorramos tiempo en algunas tareas porque realmente queremos hacer otras. Construir una herramienta que resuelve un problema tuyo, concreto, que llevaba años rozándote como una piedra en el zapato (o desatascar de una tarde esa petición que producto llevaba tres años ignorándote) devuelve algo así como una pequeña ampliación de tu agencia sobre el mundo, la sensación artesanal de que las cosas pueden ser exactamente como tú las necesitas y no como el mínimo común denominador de un mercado o de un roadmap.

Queda por ver si este chute de agencia, de construir algo, sobrevive a la novedad, o si dentro de dos años nuestras miniaplicaciones yacerán abandonadas como las panificadoras que compramos en 2020. Es algo de lo que también podría hablar en primera persona." 

(Antonio Ortiz , blog, 02/07/26)  

Es necesaria una batalla contra la financiarización de la vivienda y de la vida... El problema es que dos esferas que deberían permanecer fuera del casino —la vivienda y la alimentación— han sido progresivamente absorbidas por la lógica de la rentabilidad financiera. No es un desvío accidental; es una orientación política acumulada durante décadas... varias reformas estatales reactivaron la financiarización de la vivienda a partir de 2013, y ya hay un verdadero “complejo vivienda-finanzas” en la España posterior a 2008... Incluso el nuevo PERTE de industrialización de la vivienda, siendo una señal valiosa en la dirección correcta, revela los límites del momento político. La inversión pública prevista es de 1.300 millones en diez años con el objetivo de consolidar un ritmo de unas 15.000 viviendas industrializadas al año y llegar a 20.000 anuales en una década. Eso puede ayudar a mover el modelo productivo, pero no alcanza ni de lejos la escala del desequilibrio actual... Por eso hace falta una construcción masiva de vivienda asequible financiada públicamente o avalada por una banca pública de desarrollo con mandato claro. Y aquí tampoco conviene inventar nada exótico. Europa está llena de precedentes. KfW es uno de los mayores bancos públicos de inversión y desarrollo del mundo: financia vivienda, industria e infraestructuras actuando por cuenta del Estado alemán y de los Länder. En Francia, Bpifrance funciona como el gran brazo financiero público para impulsar el crecimiento empresarial y la inversión estratégica. España cuenta con ICO, una entidad de titularidad estatal con un papel relevante, pero resulta insuficiente para liderar una gran estrategia de reindustrialización residencial basada en vivienda asequible, financiación estable y plazos largos... el sanchísmo solo tendrá dimensión histórica si abandona definitivamente la ilusión de que bastan incentivos marginales, pequeñas correcciones regulatorias y algo de comunicación política. El momento exige un giro rooseveltiano: expulsar a los lobbies del centro del Estado, reordenar las prioridades del crédito, tratar la vivienda como infraestructura social y devolver a la política la capacidad de mandar sobre las finanzas cuando estas invaden lo que nunca debieron dominar (Juan Laborda)

 "Lo ocurrido en el Congreso de los Diputados el martes 28 de abril no fue un mero accidente parlamentario. Fue una definición política en toda regla. El Pleno derogó el Real Decreto-ley 8/2026 por 177 votos en contra, 166 a favor y 5 abstenciones, tumbando una prórroga extraordinaria para contratos de alquiler que vencieran antes de 2028. La propia información oficial del Congreso recuerda que la finalidad del decreto era evitar que la carga media del alquiler, sumados gastos y suministros básicos, rebasara el 30% de los ingresos medios de los hogares. Que Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya votaran contra eso significa, lisa y llanamente, colocarse del lado de la renta inmobiliaria frente al derecho social a una vivienda digna. En otros momentos de la historia serían echados a gorrazos. Ahora vivimos tiempos de maleza, de “vivan las cadenas”, y demás distopías inimaginables.

Cuando la derecha parlamentaria bloquea siquiera un alivio temporal para inquilinos vulnerables, no está defendiendo la libertad; está defendiendo una determinada jerarquía social

Y aquí conviene llamar a las cosas por su nombre. La Constitución no consagra un “derecho a especular”; consagra, en su Artículo 47, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y además ordena a los poderes públicos regular el suelo “para impedir la especulación”. Es verdad que el Artículo 47 no tiene la misma aplicación inmediata que los derechos fundamentales clásicos, pero eso no lo convierte en adorno retórico: es un mandato constitucional inequívoco. Cuando la derecha parlamentaria bloquea siquiera un alivio temporal para inquilinos vulnerables, no está defendiendo la libertad; está defendiendo una determinada jerarquía social, en la que la propiedad rentista pesa más que la vida material de la mayoría.

Dicho esto, también sería un error convertir el decreto rechazado en una solución milagrosa. Era una medida defensiva y coyuntural, no una transformación estructural. Servía para amortiguar un golpe, no para desactivar la máquina que lo produce. Precisamente por eso la crítica debería ser doble: contra quienes tumbaron una protección mínima y contra quienes siguen respondiendo a una crisis sistémica con parches de emergencia.

La vivienda y los alimentos convertidos en activos

El problema de fondo no es solo el alquiler en España. El problema es que dos esferas que deberían permanecer fuera del casino —la vivienda y la alimentación— han sido progresivamente absorbidas por la lógica de la rentabilidad financiera. No es un desvío accidental; es una orientación política acumulada durante décadas. En Estados Unidos, la gran ola desreguladora fue también bipartidista: la administración de Bill Clinton impulsó la Gramm-Leach-Bliley Act de 1999, que favoreció la integración financiera, y Clinton firmó además la Commodity Futures Modernization Act de 2000, que rehízo el marco regulatorio de derivados y favoreció la expansión de los mercados “over the counter (OTC)”. En Europa, la Tercera Vía Laborista asumió amplias dosis de liberalismo de mercado como horizonte de modernización. La financiarización no fue solo obra de la derecha clásica; también fue administrada, legitimada y normalizada por buena parte de la socialdemocracia atlántica.

En vivienda, la literatura es ya abrumadora. Manuel B. Aalbers explicó hace tiempo que la financiarización convierte no solo la casa, sino también al propietario y al deudor, en objetos de extracción financiera. Más recientemente, trabajos de Aalbers y Cody Hochstenbach describen un “desacoplamiento” entre precios de la vivienda y deuda hipotecaria: tras la crisis global, los precios pueden dispararse incluso cuando el peso relativo de la deuda hipotecaria ya no crece al mismo ritmo, porque el motor pasa a ser cada vez más la riqueza, el capital institucional y la inversión patrimonial. Para el caso español, Javier Gil García y Miguel A. Martínez López sostienen que varias reformas estatales reactivaron la financiarización de la vivienda a partir de 2013, y Jordi G. Guzmán habla ya sin rodeos de un verdadero “complejo vivienda-finanzas” en la España posterior a 2008.

Lo que antes servía, al menos parcialmente, como activo diversificador frente a renta variable y renta fija se comporta hoy mucho más como una extensión de los mercados de riesgo

En materias primas alimentarias, el cambio ha sido igualmente profundo. Tang y Xiong mostraron que, con la entrada masiva de inversión indexada desde los primeros dos mil, los futuros de materias primas en Estados Unidos se volvieron crecientemente correlacionados entre sí, especialmente los incluidos en grandes índices. El BCE constató que las correlaciones entre rendimientos de materias primas y rendimientos financieros aumentaron desde comienzos de siglo. Adams y Glück concluyen que la mayor comovilidad entre commodities y bolsa no puede explicarse solo por ventas forzadas durante la crisis de 2007-2009; y Ding y coautores hallan que la financiarización elevó la volatilidad y estrechó la relación dinámica entre materias primas y mercado bursátil. En Román Paladín: lo que antes servía, al menos parcialmente, como activo diversificador frente a renta variable y renta fija se comporta hoy mucho más como una extensión de los mercados de riesgo.

Sobre la cuestión de si las series han pasado de estacionarias a no estacionarias conviene introducir un matiz serio. La literatura no es unánime. Hay trabajos que encuentran tendencias estocásticas comunes, alta volatilidad y una estructura de dependencia mucho más “financiera” en los precios de commodities; incluso se ha descrito que, en el régimen posterior a la financiarización, las variables presentan tendencias estocásticas de alta volatilidad. Pero también existen análisis que, una vez se modelizan bien las rupturas estructurales y la no linealidad, encuentran estacionariedad tendencial en muchas commodities, con la notable excepción del petróleo en varios ejercicios.

El Decreto protegía a una parte de los inquilinos durante un tiempo, pero dejaba intacto el mecanismo que convierte la vivienda en activo financiero

El punto políticamente importante no es convertir un debate econométrico complejo en eslogan, sino entender su significado material: si una serie es estacionaria, los shocks acaban disipándose alrededor de una tendencia; si domina una dinámica integrada o con fuertes tendencias estocásticas, los shocks dejan cicatrices más persistentes, hacen más difícil distinguir fundamento y especulación y facilitan episodios de overshooting, burbujas y spikes de precios. Además, organismos como la UNCTAD subrayan que la actividad especulativa en mercados alimentarios financiarizados aumenta de forma muy marcada durante las crisis.

Por qué el decreto era insuficiente

Precisamente por eso el Decreto era insuficiente incluso antes de ser derribado. Protegía a una parte de los inquilinos durante un tiempo, pero dejaba intacto el mecanismo que convierte la vivienda en activo financiero y el parque residencial en soporte de extracción rentista. España sigue llegando tarde al núcleo del problema: el parque de vivienda social apenas ha pasado del 2,5% al 3,4% del total nacional, todavía lejísimos del 8% europeo que el propio Ministerio de Vivienda toma como referencia de convergencia. No hablamos de una desviación marginal: hablamos de un diseño histórico que ha preferido subvencionar acceso privado, endeudamiento y valorización patrimonial antes que construir una infraestructura pública de alojamiento realmente anticíclica.

Tampoco basta con repetir que “falta oferta” si después se deja la solución en manos de un sector privado fragmentado, con poca escala industrial y sometido a ciclos de suelo, financiación y rentabilidad. El Banco de España estimó primero un déficit en torno a 600.000 viviendas hasta 2025 y, en su actualización posterior, situó el desajuste acumulado entre nuevas viviendas y creación de hogares en 400.000-450.000 entre 2022 y 2024, concentrado sobre todo en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga. Al mismo tiempo, el INE proyecta 3,69 millones de hogares más entre 2024 y 2039, y la población residente ya se situó en 49,69 millones a 1 de abril de 2026. Es decir: el país no solo arrastra déficit; además gana población y hogares a una velocidad que vuelve grotesco cualquier enfoque de pura administración del síntoma.

Incluso el nuevo PERTE de industrialización de la vivienda, siendo una señal valiosa en la dirección correcta, revela los límites del momento político. La inversión pública prevista es de 1.300 millones en diez años con el objetivo de consolidar un ritmo de unas 15.000 viviendas industrializadas al año y llegar a 20.000 anuales en una década. Eso puede ayudar a mover el modelo productivo, pero no alcanza ni de lejos la escala del desequilibrio actual. Y parte, además, de una posición muy débil: distintos informes sectoriales sitúan la cuota de la construcción industrializada residencial en España en torno al 1%-2% de las viviendas terminadas. El decreto rechazado, por tanto, era insuficiente no porque regular el alquiler sea inútil, sino porque regular solo el alquiler sin transformar la estructura de producción de vivienda equivale a achicar agua sin cerrar la vía de entrada.

Construir a la escala del problema

La comparación con China debe leerse como una lección de escala industrial. El plan quinquenal chino para 2021-2025 fijó que los edificios prefabricados superaran el 30% de la nueva construcción, dentro de una estrategia explícita de industrialización, digitalización y robotización del sector. La literatura reciente sobre construcción fuera de la obra en China muestra además el enorme despliegue normativo, territorial y productivo con el que el Estado ha empujado esa transición, aunque también señala barreras y cuellos de botella. La diferencia con España es brutal: allí la cuestión se trata como política industrial de país; aquí todavía se aborda demasiadas veces como nicho tecnológico o como promesa voluntarista.

Por eso hace falta una construcción masiva de vivienda asequible financiada públicamente o avalada por una banca pública de desarrollo con mandato claro. Y aquí tampoco conviene inventar nada exótico. Europa está llena de precedentes. KfW es uno de los mayores bancos públicos de inversión y desarrollo del mundo: financia vivienda, industria e infraestructuras actuando por cuenta del Estado alemán y de los Länder. En Francia, Bpifrance funciona como el gran brazo financiero público para impulsar el crecimiento empresarial y la inversión estratégica. España cuenta con ICO, una entidad de titularidad estatal con un papel relevante, pero históricamente orientada sobre todo a captar financiación en los mercados y canalizar crédito a través de bancos colaboradores. Ese modelo puede ser útil para determinadas políticas, pero resulta insuficiente para liderar una gran estrategia de reindustrialización residencial basada en vivienda asequible, financiación estable y plazos largos.

Si el crédito largo para vivienda asequible, industrialización, rehabilitación y suelo urbanizado depende casi en exclusiva de un oligopolio privado, la política de vivienda siempre llegará tarde

Además, la necesidad de una banca pública fuerte se vuelve más clara cuanto más concentrado está el sistema privado. Según el Banco de España, el peso de los cinco mayores bancos españoles ha pasado de alrededor del 40% en 2007 a cerca del 70% en 2023, y el supervisor situaba a España entre los países europeos con mayor concentración bancaria entre las grandes economías. Si el crédito largo para vivienda asequible, industrialización, rehabilitación y suelo urbanizado depende casi en exclusiva de un oligopolio privado cuyo criterio básico es la rentabilidad ajustada al riesgo, la política de vivienda siempre llegará tarde y a menor escala de la necesaria.

La prueba de fuego para Pedro Sánchez

Si Pedro Sánchez quiere revalidar el poder en las próximas elecciones generales, no le bastará con administrar mejor que la derecha una crisis heredada. Tiene que ofrecer una ruptura legible con un modelo agotado. No hablo de retórica; hablo de asumir políticamente que el neoliberalismo ha dejado de ser una solución y se ha convertido en parte esencial del problema. El adversario no es solo electoral. Es una constelación de intereses inmobiliarios, financieros y regulatorios que ha colonizado la conversación pública con una idea tóxica: que vivienda, crédito y alimentos deben ordenarse ante todo por precio de mercado, aunque eso destroce vidas. Si el Gobierno no combate la financiarización, la extrema derecha crecerá alimentándose precisamente de la frustración social que ese modelo produce.

Lo primero es blindar de forma permanente la función social de la vivienda, ampliar el parque público y cerrar puertas a la extracción rentista sobre derechos básicos

Eso exige varias decisiones a la vez. Primera: blindar de forma permanente la función social de la vivienda, ampliar el parque público y cerrar puertas a la extracción rentista sobre derechos básicos. Segunda: construir una palanca financiera pública con músculo para industrialización, promoción asequible y rehabilitación a gran escala. Tercera: disputar el terreno intelectual a la ortodoxia de la escasez autoprovocada.

En la eurozona, la independencia del Banco Central Europeo está blindada por el artículo 130 del TFUE y por el propio diseño institucional del banco. Democratizar esa arquitectura no debería significar politizar cada decisión de tipos de interés, sino someter objetivos, coordinación fiscal-monetaria y rendición de cuentas a un control democrático mucho más fuerte del actual. Y, si se quiere estudiar la Teoría Monetaria Moderna, hay que hacerlo con seriedad: varias contribuciones europeas recuerdan que los Estados del euro no gozan de soberanía monetaria plena, de modo que cualquier traslación mecánica de la MMT exigiría reformar, no solo reinterpretar, la gobernanza monetaria europea.

El sanchísmo solo tendrá dimensión histórica si abandona definitivamente la ilusión de que bastan incentivos marginales, pequeñas correcciones regulatorias y algo de comunicación política

Dicho de otra manera: el sanchísmo solo tendrá dimensión histórica si abandona definitivamente la ilusión de que bastan incentivos marginales, pequeñas correcciones regulatorias y algo de comunicación política. El momento exige un giro rooseveltiano: expulsar a los lobbies del centro del Estado, reordenar las prioridades del crédito, tratar la vivienda como infraestructura social y devolver a la política la capacidad de mandar sobre las finanzas cuando estas invaden lo que nunca debieron dominar. Si no se hace, vendrán otros a capitalizar el malestar con una mezcla de xenofobia, autoritarismo cultural y obediencia económica a los mismos intereses de siempre.

Corolario

Mi tesis final, en suma, es esta: el liberalismo está agotado, muerto, finiquitado. Su promesa de prosperidad general ha desembocado en una economía donde los bienes básicos se convierten en activos, la desigualdad se normaliza y la política se limita a gestionar el daño. La OCDE lleva años documentando un aumento sostenido de la desigualdad de ingresos en la mayoría de economías avanzadas. Si a eso añadimos la mercantilización de la vivienda, la precarización de los alimentos y la subordinación del Estado a la lógica rentista, el resultado no es libertad: es inseguridad material de masas.

La defensa de la vivienda digna y la desfinanciarización de la vida no son una agenda sectorial; son una agenda de salud pública, de democracia material y de supervivencia ecológica

Y el balance ecológico es igual de demoledor. La OMS considera el cambio climático una amenaza fundamental para la salud; el IPCC sostiene que ya ha afectado negativamente a la salud física y mental en todas las regiones evaluadas; y el PNUMA advierte de que, sin recortes mucho más rápidos de emisiones, el objetivo de 1,5 °C se escapará en pocos años. Cuando un modelo económico necesita depredar suelo, energía, hogares y alimentos para seguir generando rentas, no solo fabrica desigualdad: también fabrica vulnerabilidad climática y enfermedad. Por eso la defensa de la vivienda digna y la desfinanciarización de la vida no son una agenda sectorial; son una agenda de salud pública, de democracia material y de supervivencia ecológica.

El verdadero debate, entonces, no es si había que prorrogar dos años unos alquileres. Claro que había que hacerlo. El verdadero debate es si vamos a seguir tolerando que comer y habitar dependan de la rentabilidad de fondos, bancos y mercados de derivados. Ahí está la línea divisoria de nuestro tiempo. Y quien no la vea, quien siga creyendo que todo se arregla dejando “hacer al mercado”, no está defendiendo la modernidad: está protegiendo un orden viejo, desigual y cada vez más autoritario en sus salidas políticas." 

(Juan Laborda, El Salto, 14/05/26)

En 2025, casi 28.000 millones de euros se transfirieron de inquilinos a caseros en España. La cifra se ha duplicado en apenas una década y ya supone alrededor de un 1,6% del PIB... “Llega un punto en el que da la sensación de que más que pagando a una persona por una casa, lo que estás es pagándole un sueldo”... “Hace 7 años pagaba 500 euros por un piso reformado, con ventanas buenas, parqué, una cocina en condiciones, aire acondicionado y calefacción en el centro de Madrid, en Plaza España. Ahora, pago lo mismo por un piso que es tres veces más pequeño, sin ascensor, sin aire acondicionado, y en el extrarradio de Barcelona”... dos quintos del dinero van a parar a caseros que tienen 2 o más viviendas en alquiler (Raúl Sánchez y Ainhoa Díez)

"En 2025, casi 28.000 millones de euros se transfirieron de inquilinos a caseros en España. La cifra se ha duplicado en apenas una década y ya supone alrededor de un 1,6% del PIB. Pero, ¿desde dónde se mueve el dinero y hacia dónde va?

Empecemos por ver quién paga la factura del alquiler. La mayor parte del dinero viene de los inquilinos más jóvenes: más de la mitad procede de menores de 45 años.

Sara es una de estas inquilinas. Vive en Barcelona, tiene 26 años y paga alquiler desde hace 7. Unos 7.700 millones de euros salen de los bolsillos de jóvenes como ella.

¿Y quién lo cobra? Si añadimos el destino del dinero aparece la transferencia completa a nivel generacional. Según una estimación de elDiario.es, el 88% de los alquileres iría a parar a personas físicas que tributan en España.

Como ves, aunque la mayoría del dinero proviene de los inquilinos más jóvenes, son los mayores de 65 quienes reciben más de un tercio de lo que se paga en nuestro país por vivir de alquiler.

El caso de Sara repite el patrón: cuenta que los cuatro caseros que ha tenido en Madrid y Barcelona tenían más de 75 años

Pero no es solo una brecha generacional, sino también de clase. Aunque todos los grupos de renta aportan una cifra similar -principalmente, porque los más ricos tienen alquileres más caros-, la desigualdad se muestra en el destino final de los pagos.

El 10% más rico concentra casi la mitad de lo que se paga por alquiler en España. En total, 12.500 millones de euros procedentes de los bolsillos de los cerca de 10 millones de inquilinos.

A las diferencias por edad o renta, se une además el origen: el 56% de la transferencia proviene de inquilinos extranjeros.

Pero, ¿cómo se vive esta transferencia desde el lado de quienes pagan el alquiler cada mes?

“Llega un punto en el que da la sensación de que más que pagando a una persona por una casa, lo que estás es pagándole un sueldo”, comenta Noemi. Es una de las 10 millones de inquilinas que forman parte de una transferencia que tiene lugar cada año en España, la del alquiler. Y que va de muchas manos a muy pocos bolsillos. 

En la última década, esta gran transferencia se ha duplicado. Una parte se debe al aumento del número de personas que viven de alquiler, pero la principal razón está en la subida de precios que inquilinas como Noemi o Sara han vivido en primera persona. 

“Hace 7 años pagaba 500 euros por un piso reformado, con ventanas buenas, parqué, una cocina en condiciones, aire acondicionado y calefacción en el centro de Madrid, en Plaza España. Ahora, pago lo mismo por un piso que es tres veces más pequeño, sin ascensor, sin aire acondicionado, con ventanas de madera por las que entra el aire y en el extrarradio de Barcelona”, cuenta Sara. 

Si en 2015 se transferían 14.000 millones de euros por el alquiler, en 2025 la cifra ya roza los 28.000 millones de euros, es apróximadamente un 1,6% del PIB. Almudena Martínez, doctora en Sociología, advierte de que el peso creciente del alquiler tiene un coste: “Se reduce la capacidad de consumo de los hogares afectando a otros sectores (educativo, laboral, comercial), a la productividad y a la competitividad”, explica. 

Así se ha duplicado la transferencia del alquiler en España en la última década

Jóvenes como Sara, Noemi o Erik destinan más de un tercio de sus ingresos al alquiler, una realidad que ya es común entre los inquilinos menores de 35 años. Están pagando una hipoteca, solo que por una casa que nunca va a ser suya y que, además, les impide acceder a una vivienda propia. ¿Y quiénes reciben este dinero que pagan cada mes? La mayoría irá a parar a personas físicas que hacen la declaración de la renta en España. 

Para estimar las cantidades que mueve el mercado del alquiler a nivel nacional, en elDiario.es hemos analizado los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), que detalla los alquileres que pagan los hogares españoles, y del Panel de Hogares de la Agencia Tributaria y el Instituto de Estudios Fiscales, que detalla los inmuebles alquilados como vivienda habitual declarados en el IRPF. Al final del artículo tienes la metodología completa de los cálculos.

Según esta estimación, el 12% de la transferencia iría a parar a sociedades públicas, empresas privadas, fondos o alquileres en negro y el grueso del dinero (88%) lo recibirían personas físicas que tributan por el IRPF. En otras palabras, la mayoría del dinero que pagan 10 millones de inquilinos -de los cuales dos millones son menores- lo declararían 2,4 millones de caseros. Si incluimos a todos los que viven en hogares donde al menos uno recibe ingresos por alquiler, sumarían 5,1 millones de personas. Es un dato que no tiene en cuenta a Navarra y Euskadi.

No solo es una transferencia de muchas a pocas manos, también está marcada por las diferencias sociales. (...)

El 10% más rico recibe el 45% de los ingresos por alquiler

A nivel de quiénes pagan, la gran transferencia es similar entre los inquilinos de distintos niveles de renta. La escasa diferencia se explica porque, aunque la mayor parte de la población que vive de alquiler pertenece a los deciles más bajos, sus viviendas tienen un precio inferior a los de la población más rica que también vive de alquiler. 

Sin embargo, si nos fijamos en el destino de los fondos, vemos que casi la mitad de esta transferencia va a parar al 10% más rico de España. A Miguel Artola, investigador postdoctoral de la Universidad Complutense de Madrid, no le sorprende: “Este dato lo que muestra es que al fin y al cabo la vivienda se está convirtiendo en un elemento fundamental de la inversión”. 

“Si algo sabemos sobre los estudios de desigualdad es que la riqueza está muy concentrada. Cuando uno mira los activos financieros y la inversión en bolsa ve que están hiperconcentrados en las rentas más altas, pero es que las rentas procedentes del alquiler ya exceden prácticamente a las financieras”, añade el experto. 

Para los caseros que están en el 30% con más renta, los pagos del alquiler ya suponen un 14% de sus ingresos brutos. Paralelamente, los inquilinos que están entre el 30% más pobre son los que más esfuerzo hacen para pagar un alquiler: se lleva 4 de cada 10 euros de sus ganancias anuales.

“Esto tiene un impacto inevitable a nivel social ya que mientras las posibilidades (vitales, laborales, económicas, etc) de una parte de la población disminuyen, la de otra parte se incrementa a base del beneficio que obtienen de su patrimonio inmobiliario. El resultado es que la vivienda gana importancia como factor de desigualdad y predictor de clase social”, expone Almudena Martínez del Olmo. 

Sara ha pasado por 4 pisos desde que vive de alquiler y, en todos, su casero tenía más de 75 años. Otra característica de la gran transferencia: está marcada por una brecha generacional. Más de un tercio de los ingresos van a parar a caseros que tienen 65 años o más, es decir, unos 9.600 millones de euros.

En el gráfico puedes observar el flujo de dinero para cada grupo de edad. Los dos extremos de la transferencia son prácticamente opuestos: entre quienes pagan el alquiler, la mayor parte del dinero procede de los grupos más jóvenes. Los menores de 35 años y las personas de entre 35 y 44 años aportan, cada uno, alrededor del 27% del total.

La brecha generacional del alquiler: pagan los jóvenes y reciben los mayores

¿Por qué es relevante esta diferencia de edad? “Muestra un cambio de paradigma”, apunta Miguel Artola, “hasta ahora la tendencia era que el pico de riqueza de una persona lo alcanzase más o menos al momento de jubilarse”. A partir de ese momento, se esperaba que la riqueza fuese decreciendo progresivamente hasta el momento de morir. 

Pero ahora, ese pico de riqueza llega cada vez más tarde y, no solo no llega a los 65 años, sino sigue aumentando después de alcanzar esa edad. “Y no está pasando porque crezcan las pensiones, sino otras rentas como las de la vivienda”, apunta el investigador. 

“Ahora mismo diría que casi el 40% de mi sueldo va a parar al alquiler. Es imposible ahorrar si la mayoría de mi dinero se va en pagar dónde vivo”, explica Erik. Los tres jóvenes que hemos entrevistado tienen edades entre los 26 a los 28 años y coinciden en que hacer frente a una renta cada vez más elevada es su principal impedimento para ahorrar y, a largo plazo, tener su propia vivienda. 

Sara añade que, incluso lo poco que consiguen ahorrar, probablemente no vaya destinado a tener una casa propia en un futuro: “Si vives de alquiler y vas encadenando contratos sabes que necesitas un colchón para cuando firmes un nuevo contrato, ¿no? Para pagar los honorarios de agencia o las fianzas, que ahora son casi 3 meses de alquiler. Entonces, bueno, aunque tengas 5.000 euros ahorrados, sabes que si cambias de piso ese dinero va a ir a todos estos asuntos”, explica la joven.

Es una realidad que Noemi pudo poner a prueba. Por motivos personales estuvo tres meses viviendo en casa de unos amigos mientras cambiaba de un piso de alquiler a otro. “Decidieron que solo iba a pagar los gastos y en los tres meses que estuve viviendo con ellos ahorré muchísimo dinero. Ahí es donde se ve que es el alquiler lo que hace que no puedas ahorrar”.

Los menores de 35 años siguen pagando la mayor parte del alquiler

Incluso en una sociedad cada vez más envejecida, las personas menores de 45 siguen aportando más de la mitad de lo que se paga en España de alquiler. Eso sí, las cantidades son mucho mayores. Los inquilinos de menos de 35 años pagaban 4.800 millones de euros en 2012, en 2025 la cantidad ya asciende a casi 7.700 millones. 

Es la pescadilla que se muerde la cola: “Las personas más jóvenes tienen más dificultades para ahorrar. Por ende también acumulan menos patrimonio y van a tardar mucho más tiempo en acumularlo que generaciones pasadas. Y viceversa, los grupos de más edad están acumulando riqueza porque su patrimonio tiene cada vez más valor”, apunta Miguel Artola. 

Entre los inquilinos, otro de los grandes pagadores son los hogares unipersonales de menos de 65 años, que aportan el 25% de todo lo que se pagó en 2025. Son los hogares jóvenes que mayor esfuerzo económico realizan en el tema vivienda porque, a diferencia de las parejas, no comparten los gastos con nadie. 

Si añadimos además a los hogares con menores, aportan aproximadamente tres de cada cinco euros del dinero que mueve el mercado del alquiler. ¿Y quiénes son los principales destinatarios de este dinero? Además de los hogares más mayores, aquellos que no tienen menores y que tienen uno o más adultos.

Los hogares con menores pagan un tercio de lo que se mueve por el alquiler en España

Las familias con menores a cargo, aportan un tercio del dinero que se pagó por alquiler en España. Más de 9.300 millones de euros. Aunque cada vez hay menos niños y menos hogares con menores, su peso en el total de los pagos por alquiler apenas ha cambiado en la última década.

Un factor que se entiende mejor al tener en cuenta la nacionalidad de los inquilinos. Más de la mitad del alquiler en España lo pagan personas nacidas en el extranjero, que son también los que tienen tasas de natalidad más altas. En elDiario.es ya te hemos contado como las personas de origen extranjero se enfrentan a un mercado del alquiler aún más complicado que los nacionales con condiciones abusivas y pisos más deficientes

En el otro lado de la balanza, los ingresos van a parar principalmente a caseros españoles que se quedan con casi 23.000 millones de euros, es decir, más del 80% de la transferencia. 

Más de la mitad del dinero del alquiler en España lo pagan inquilinos extranjeros

¿Grandes tenedores o pequeños propietarios?

Una de las cuestiones que genera más debate en el mercado de la vivienda es si el dinero va a parar a pequeños propietarios o a grandes tenedores. Si miramos el flujo de dinero según el número de viviendas que los caseros tienen alquiladas como residencia habitual — es decir, si tienen más viviendas en propiedad pero no están alquiladas no se tienen en cuenta—, dos quintos del dinero van a parar a caseros que tienen 2 o más viviendas en alquiler. 

A pesar de representar el 75% del total de personas físicas con ingresos por alquiler en España, los propietarios con una única vivienda alquilada recibirán el 45% del dinero. 

Este cálculo se basa en las viviendas que tiene cada persona física, no en los hogares: por ejemplo, si un matrimonio posee una vivienda cada uno, se contabiliza como dos propietarios con una vivienda en alquiler.

Los caseros con una sola vivienda en alquiler reciben más de un 40% del dinero

Pero estas viviendas además de generar ingresos hoy, forman parte del patrimonio que se transmitirá en un futuro. Y es ahí, según advierte Miguel Artola, donde la vivienda vuelve a actuar como un mecanismo de desigualdad contribuyendo a que el acceso a la propiedad resulte cada vez más difícil para una parte de la población. 

“Lo que hablamos hoy es el escenario del mañana”, sostiene Artola. “Cada vez habrá más gente que llegará al final de su vida sin haber acumulado patrimonio inmobiliario. A lo mejor tiene una cuenta corriente, a lo mejor tiene otras cosas, pero no tendrá una vivienda”.

Esto significa que una parte creciente de la población seguirá destinando dos quintos de sus ingresos a pagar por una vivienda que nunca será suya. Una dinámica que, en palabras de Almudena Martínez, puede consolidar “una división crónica entre una minoría propietaria y una masa creciente de inquilinos que verá afectada la satisfacción de otras necesidad básicas y anulada su capacidad de ahorro”." 

(Raúl Sánchez y Ainhoa Díez, eldiario.es, 05/07/26, gráficos en el original)

Una buena descripción de la guerra de Ucrania... La derrota de Ucrania es inevitable. La verdadera pregunta es cuánto de Ucrania fuera del Donbás, Jersón y Zaporizhzhia capturará Rusia... Al entrar en 2026, según el comandante en jefe ucraniano Syrskyi, más de 700.000 soldados rusos estaban enfrentados a las fuerzas ucranianas... Esto representa un aumento de casi cuatro veces en el número de soldados rusos comprometidos en el frente de batalla ucraniano en comparación con 2022... Rusia ahora está llevando a cabo operaciones de combate importantes en Sumy, Járkov, Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia y Jersón, pero sigue haciéndolo sin una movilización total de la nación rusa... La fuerza total del ejército ruso asciende ahora a 1,5 millones de soldados, lo que significa que menos de la mitad están comprometidos en la lucha en Ucrania. Aquí está la diferencia crucial entre Rusia y Ucrania: Rusia tiene amplias reservas de hombres y municiones, mientras que Ucrania no tiene una reserva estratégica. Aunque la guerra avanza a un ritmo lento, los hechos sobre el terreno muestran que Ucrania no tiene medios viables para detener los avances rusos... Solo quedan dos objetivos importantes en Donetsk antes de que Rusia asegure su liberación total: Sloviansk y Kramatorsk. Las fuerzas rusas se están desplegando actualmente en un semicírculo alrededor de estos dos bastiones restantes y es solo cuestión de tiempo que ambos sean tomados. Rusia podría lograr estos objetivos en septiembre, o a principios de 2027... Si bien Ucrania ha tenido cierto éxito en atacar refinerías rusas en la región occidental de Rusia, los ataques ucranianos palidecen en comparación con el daño que Rusia está infligiendo a los activos industriales restantes de Ucrania... Las fuerzas de artillería y drones de Ucrania son superadas con creces por las de Rusia. La derrota de Ucrania es inevitable (Larry C. Johnson)

"He recibido el siguiente correo electrónico y pregunta de un amigo, un hombre con amplia experiencia en el ámbito de la defensa de EE. UU., que es un analista sólido. Su pregunta es legítima y trataré de responderla. Él escribió:

    "Estimado Larry:

    Leí su interesante mensaje. Estoy en el hospital, así que solo puedo usar el teléfono. Aquí está mi pregunta. Si sus números son correctos, ¿cómo es que los rusos parecen no poder derrotar a los ucranianos? Parecen tener dificultades para avanzar territorialmente y ahora están bajo fuerte presión en Crimea. También creo que están teniendo grandes problemas para defender infraestructuras críticas, incluidas refinerías y puertos, y por lo tanto tienen graves escaseces de combustible.

    En resumen, los rusos no están convirtiendo eficazmente su superioridad en suministros en resultados en el campo de batalla y están teniendo dificultades para proteger activos clave en su territorio.

    Me interesarían sus comentarios.

¿Qué significa derrotar a los ucranianos? Al comienzo de la Operación Militar Especial, los rusos no tenían la intención de conquistar Ucrania. En su discurso televisado emitido a las 5:30 a. m., hora de Moscú, el 24 de febrero de 2022, Putin anunció la invasión con estas palabras (de la traducción oficial al inglés del Kremlin):

    El propósito de esta operación es proteger a las personas que, durante ocho años, han sufrido humillación y genocidio por parte del régimen de Kiev. Para ello, buscaremos desmilitarizar y desnazificar Ucrania, así como llevar a juicio a quienes perpetraron numerosos crímenes sangrientos contra civiles, incluidos ciudadanos de la Federación Rusa.

La palabra clave fue "desmilitarizar" — en ruso, *demilitarizovat'*. Describió al gobierno de Zelenski en Ucrania como "una banda de drogadictos y neonazis que se instalaron en Kiev y tomaron como rehén a todo el pueblo ucraniano".

También declaró:

    Nuestros planes no incluyen la ocupación de territorios ucranianos. No vamos a imponer nada a nadie por la fuerza.

Rusia comprometió aproximadamente entre 150.000 y 190.000 soldados para la invasión inicial del 24 de febrero de 2022, extraídos de prácticamente todo su grupo disponible de Grupos Tácticos de Batallón de antes de la guerra, aproximadamente 100 BTG de unos 120 disponibles.

El objetivo inicial era crear suficiente presión militar sobre Ucrania para forzarla a sentarse en la mesa de negociaciones… Ese objetivo se logró. Cuando el juez Napolitano, Mario Nawfal y yo entrevistamos al Ministro de Asuntos Exteriores Lavrov el 13 de marzo de 2024, el Sr. Lavrov declaró enfáticamente que el propuesto Comunicado de Estambul se basaba en un documento proporcionado por Ucrania.

Las delegaciones lideradas por el negociador ucraniano David Arakhamia y el diplomático ruso Vladimir Medinsky se reunieron en Estambul con el presidente Erdogan como mediador. Se discutió un proyecto de acuerdo (a veces llamado "Comunicado de Estambul" o proyecto de acuerdo de paz) y las dos partes llegaron a un acuerdo tentativo que incluía la neutralidad ucraniana, límites a las fuerzas militares de Ucrania, garantías de seguridad y el estatus de Crimea y el Donbás. Entonces, EE. UU. y el Reino Unido intervinieron y obligaron a Ucrania a abandonar las conversaciones.

En ese momento, la campaña rusa comenzó a cambiar. Rusia logró capturar la estratégica ciudad de Mariúpol después de un mes de combates en mayo de 2022 y comenzó su campaña para liberar Lugansk y Donetsk del control ucraniano. Sin embargo, el Kremlin continuó tratando esto como una Operación Militar Especial (SMO, por sus siglas en inglés), lo que significaba una operación limitada y centrada en tomar el control de Lugansk y Donetsk.

**Óblast de Lugansk**

Al 1 de septiembre de 2022, Rusia controlaba aproximadamente el 95-98% del óblast de Lugansk, efectivamente toda la región a efectos prácticos. Rusia había reclamado el control total el 3 de julio de 2022, tras la caída de Lisichansk, la última gran ciudad ucraniana en el óblast. Algunos pequeños focos y aldeas seguían técnicamente en disputa o sin clarificar, por lo que la cifra no llega al 100%. Ucrania recuperó posteriormente la aldea de Bilohorivka a finales de septiembre de 2022, confirmando que una presencia marginal ucraniana había persistido, pero fue una excepción menor al dominio ruso casi total.

El óblast de Lugansk tiene 26.684 km². Antes de la invasión de febrero de 2022, los separatistas respaldados por Rusia controlaban aproximadamente 6.800 km² del óblast desde 2014, alrededor del 25%, centrado en la ciudad de Lugansk. El 75% restante fue capturado durante los primeros cinco meses de la invasión a gran escala, siendo las batallas de Severodonetsk-Lisichansk (mayo-julio de 2022) la campaña decisiva.

**Óblast de Donetsk**

Al 1 de septiembre de 2022, Rusia controlaba aproximadamente el 55-60% del óblast de Donetsk. El artículo de Wikipedia sobre la anexión, refiriéndose a la situación en el momento de la declaración de anexión del 30 de septiembre de 2022, afirma que Rusia tenía alrededor del 60% de Donetsk en ese momento. Un informe de PBS de junio de 2022 situaba la cifra en aproximadamente el 50%. La trayectoria entre esos dos puntos de datos (50% en junio, 60% a finales de septiembre) sitúa el 1 de septiembre en aproximadamente el 55-58%.

El óblast de Donetsk tiene 26.517 km². De eso, los separatistas respaldados por Rusia habían mantenido aproximadamente 8.800 km², aproximadamente un tercio, desde 2014, centrado en la ciudad de Donetsk. La invasión de 2022 extendió el control ruso hacia el sur a través de Mariúpol (que cayó el 20 de mayo de 2022) y hacia el norte a través del corredor de Sievierodonetsk. Al 1 de septiembre de 2022, las principales ciudades ucranianas en el óblast incluían Bajmut (entonces bajo intenso ataque pero aún ucraniana), Avdiivka, Sloviansk, Kramatorsk, Kostiantynivka y la ciudad de Zaporizhzhia, todas las cuales se convertirían en los puntos focales de los combates posteriores.

Septiembre resultó ser un mes crucial en la campaña ucraniana. Rusia celebró un referéndum del 23 al 27 de septiembre de 2022 en los cuatro óblast ocupados simultáneamente: Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia y Jersón. Putin firmó los tratados formales de anexión el 30 de septiembre de 2022.

Los resultados declarados por las autoridades de ocupación rusas fueron:

- Jersón: 87,05% a favor
- Donetsk: 99,23% a favor de unirse a Rusia
- Lugansk: 98,42% a favor
- Zaporizhzhia: 93,11% a favor

Al mismo tiempo, Ucrania lanzó una ofensiva que obligó a los rusos a retirarse del óblast de Járkov. Los rusos no estaban preparados para este ataque y se retiraron del óblast. Fue durante este período que el Estado Mayor ruso reconoció que carecía de personal, un problema agravado por el vencimiento de los contratos de miles de soldados rusos.

Las fuerzas armadas rusas de antes de la guerra contaban con aproximadamente 900.000 efectivos en activo según el Military Balance 2022 del IISS. Esta era la base de referencia antes de la invasión a gran escala.

Una semana antes de que comenzara la contraofensiva de Járkov, el 25 de agosto de 2022, Putin firmó un decreto que aumentaba la fuerza autorizada de las fuerzas armadas en 137.000, elevando el límite oficial a 1.150.628 militares, un reconocimiento directo de que la fuerza existente era insuficiente. Este decreto entró en vigor justo cuando las fuerzas ucranianas se estaban concentrando sin ser detectadas para la ruptura.

El 21 de septiembre de 2022, nueve días después del colapso de Járkov, Putin firmó el Decreto Presidencial N° 647 que anunciaba una movilización parcial de 300.000 reservistas. Esta fue la primera movilización obligatoria en la historia de la Federación Rusa. Fue una respuesta directa y explícita a las pérdidas y al exceso de esfuerzo expuestos por la contraofensiva. Aproximadamente 315.000 reservistas fueron finalmente llamados a finales de 2022.

A pesar de la movilización de reservistas, Rusia no pasó a un estado de guerra, es decir, una movilización total de la nación rusa. El Estado Mayor siguió comprometido con la SMO y se concentró en llevar a cabo una guerra de desgaste con Ucrania, es decir, desmilitarizar Ucrania, con dos directrices específicas: minimizar las bajas civiles y minimizar las bajas rusas.

En enero de 2023, Rusia todavía luchaba con fuerzas limitadas en comparación con el tamaño del Ejército ucraniano. La campaña militar dominante de Rusia en 2023 fue la batalla de Bajmut, que duró nueve meses y consumió la gran mayoría de la energía ofensiva rusa desde finales de 2022 hasta mayo de 2023, dando forma a todo el carácter de la guerra ese año. Durante este tiempo, Rusia continuó expandiendo su Ejército principalmente a través de una campaña de reclutamiento y un servicio militar obligatorio.

La campaña principal de Rusia en 2024 se abrió con la caída de Avdiivka en febrero y luego se expandió a una amplia ofensiva hacia Pokrovsk que se convirtió en el año ruso más productivo territorialmente desde la invasión inicial.

Lo que distinguió a 2024 de 2023 fue lo que sucedió después de la caída de la ciudad importante. Después de Bajmut en 2023, Rusia se había estancado prácticamente: Prigozhin discutía, Wagner se retiraba y Ucrania lanzó su contraofensiva. Después de Avdiivka en 2024, Rusia explotó el impulso con considerablemente más efectividad.

Las fuerzas rusas avanzaron hacia el noroeste de Avdiivka en los meses posteriores a su caída, luchando a través de Ocheretyne en abril de 2024, cuya caída abrió una peligrosa brecha en las líneas ucranianas. El 18 y 19 de julio de 2024, las fuerzas rusas capturaron Prohres, una aldea en el centro del óblast de Donetsk. La ruptura, supuestamente causada por intensos bombardeos con bombas planeadoras que colapsaron las brigadas mecanizadas 110 y 47 de Ucrania, permitió avances rápidos a lo largo de un frente previamente estable. Este se convirtió en el punto de inflexión decisivo de la ofensiva de Pokrovsk: las fuerzas rusas comenzaron a avanzar hacia el centro logístico crítico de Pokrovsk a un ritmo no visto desde los primeros meses de la guerra.

El ritmo era alarmante para los estándares del verano. Rusia capturó aldeas en el centro y sur de Donetsk a ritmos de 5 a 10 km por semana en los sectores más activos. Vuhledar, que había resistido un asalto ruso que fracasó catastróficamente en enero de 2023, cayó en octubre de 2024 después de que las fuerzas rusas lo flanquearan desde múltiples direcciones en lugar de asaltarlo frontalmente. A finales de año, las fuerzas rusas estaban en los accesos a la propia Pokrovsk.

La estrategia de Rusia para 2025 representó una evolución deliberada desde su enfoque de un solo eje en 2023 y 2024 hacia un enfoque de presión simultánea en múltiples frentes diseñado para abrumar la capacidad de Ucrania para reforzar cualquier sector amenazado. El año se entiende mejor a través de sus objetivos declarados, su ejecución operativa en múltiples ejes y el cambio estructural en cómo Rusia estaba eligiendo luchar. Es importante enfatizar que la estrategia de la SMO de Rusia todavía estaba intacta, es decir, Rusia no estaba movilizando al país para la guerra, continuaba llevando a cabo operaciones limitadas con el objetivo de desmilitarizar a las fuerzas ucranianas sin poner a la nación rusa en pie de guerra.

Al entrar en 2026, según el comandante en jefe ucraniano Syrskyi, más de 700.000 soldados rusos estaban enfrentados a las fuerzas ucranianas, una cifra que Putin también ha citado de manera similar. Nótese la rara convergencia: tanto Kiev como Moscú han situado el grupo de Ucrania en alrededor de 700.000, lo que lo convierte en uno de los números más fiables en este ámbito. Esto representa un aumento de casi cuatro veces en el número de soldados rusos comprometidos en el frente de batalla ucraniano en comparación con 2022.

Entonces, para responder a la pregunta de mi amigo, Rusia continúa tratando la guerra en Ucrania como una SMO. Lo que hace que 2026 sea diferente de los años anteriores es que Rusia ahora está llevando a cabo operaciones de combate importantes en Sumy, Járkov, Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia y Jersón, y lo está haciendo sin una movilización total de la nación rusa. La SMO sigue siendo la orden del día.

Solo quedan dos objetivos importantes en Donetsk antes de que Rusia asegure su liberación total: Sloviansk y Kramatorsk. Las fuerzas rusas se están desplegando actualmente en un semicírculo alrededor de estos dos bastiones restantes y es solo cuestión de tiempo que ambos sean tomados. Algunos estiman que Rusia podría lograr estos objetivos ya en septiembre. Otros analistas piensan que Rusia terminará la tarea a principios de 2027.

Si bien Ucrania ha tenido cierto éxito en atacar refinerías rusas en la región occidental de Rusia, los ataques ucranianos palidecen en comparación con el daño que Rusia está infligiendo a los activos industriales restantes de Ucrania. El ataque de EE. UU. e Israel a Irán, seguido del cierre del Estrecho de Ormuz, ha sido un gran beneficio económico para Rusia. Sus exportaciones de petróleo continúan aumentando y los precios pagados por ese petróleo tienen una prima del 40% sobre lo que Rusia ganaba antes del ataque del 28 de febrero a Irán.

La fuerza total del ejército ruso asciende ahora a 1,5 millones de soldados, lo que significa que menos de la mitad están comprometidos en la lucha en Ucrania. Aquí está la diferencia crucial entre Rusia y Ucrania: Rusia tiene amplias reservas de hombres y municiones, mientras que Ucrania no tiene una reserva estratégica de formaciones nuevas y equipadas que pudieran explotar el éxito o respaldar una gran brecha. Aunque la guerra avanza a un ritmo lento en términos de las evaluaciones occidentales, los hechos sobre el terreno muestran que Ucrania no tiene medios viables para detener los avances rusos. Rusia, al parecer, se contenta con infligir bajas masivas a Ucrania utilizando su superioridad en artillería, drones y bombas planeadoras FAB. Las fuerzas de artillería y drones de Ucrania son superadas con creces por las de Rusia, y Ucrania no tiene bombas planeadoras FAB ni los aviones para lanzarlas si las tuviera.

La derrota de Ucrania es inevitable. La verdadera pregunta es cuánto de Ucrania fuera del Donbás, Jersón y Zaporizhzhia capturará Rusia." 

( 

Cuando un presidente dice en voz alta lo que todos susurran... Trump sostuvo que el Congreso de EE. UU. debería abolir el filibusterismo para poder aprobar lo que él llama la Ley SAVE America, que tiene la intención deliberada de dificultar el voto en EE. UU. Si lo hicieran, afirmó, los republicanos "no perderían una elección en cien años"... Al mismo tiempo, calificó al Partido Demócrata como poco más que un vehículo para comunistas, criminales, inmigrantes ilegales y personas que no quieren trabajar... Lo destacable no fue el lenguaje sobre los comunistas. La política estadounidense, y especialmente la republicana, tiene una larga historia de ese tipo de acusaciones, sobre todo durante la era McCarthista de la década de 1950... en el momento en que un gobierno comienza a diseñar un sistema de poder destinado a evitar perder el cargo, como Trump dice que está haciendo, algo fundamental cambia. El gobierno ya no existe para servir al pueblo. En cambio, el pueblo comienza a existir para sostener al gobierno... Que su legislación propuesta pueda o no lograr realmente lo que Trump afirma es casi irrelevante en ese caso. Él cree que el éxito proviene de cambiar el sistema para que los republicanos no pierdan durante los próximos cien años... Un gobierno que busca hacer imposible la derrota ha comenzado a convertirse en el amo del pueblo. Es fascista, en otras palabras (Richard Murphy)

"Cuando un presidente dice en voz alta lo que todos susurran

Donald Trump dijo cosas en un evento para conmemorar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos que merecen atención. 

Entre sus muchas afirmaciones partidistas en un evento que debería haber sido cualquier cosa menos eso, sostuvo que el Congreso de EE. UU. debería abolir el filibusterismo para poder aprobar lo que él llama la Ley SAVE America, que tiene la intención deliberada de dificultar el voto en EE. UU. Si lo hicieran, afirmó, los republicanos "no perderían una elección en cien años".

Al mismo tiempo, calificó al Partido Demócrata como poco más que un vehículo para comunistas, criminales, inmigrantes ilegales y personas que no quieren trabajar.

La mayoría de los medios han tratado estos comentarios como otro ejemplo de la retórica exagerada de Trump, su mal timing y sus afirmaciones inapropiadas de cara a las elecciones de mitad de mandato en EE. UU. a finales de este año, pero creo que eso no capta el fondo del asunto.

A veces, los políticos nos dicen exactamente lo que pretenden. Creo que Trump lo hizo.

Lo destacable no fue el lenguaje sobre los comunistas. La política estadounidense, y especialmente la republicana, tiene una larga historia de ese tipo de acusaciones, sobre todo durante la era McCarthista de la década de 1950. Creo que la mayoría de la gente en EE. UU. —excepto los MAGA— es consciente de esto y puede apreciar lo absurdo que son estas afirmaciones.

Lo más flagrante fue la afirmación de Trump de que cambiar las reglas del sistema electoral podría asegurar que un partido permaneciera en el poder durante un siglo, justo cuando EE. UU. supuestamente celebra 250 años como democracia multipartidista, período durante el cual ha defendido su versión de la democracia como el eje central del estilo de vida estadounidense.

Para contextualizar esto, la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que el propósito de la democracia no es garantizar el derecho de un grupo determinado a ganar elecciones. Es asegurar que los gobiernos siempre sepan que pueden perderlas.

Esa incertidumbre no es un defecto de la democracia. Es una característica definitoria: los gobiernos saben que solo sobreviven con el consentimiento continuo de las personas que los pusieron en el poder. Si pierden ese apoyo continuo, la democracia asegura que el público tenga derecho a destituirlos. Cada elección democrática es, entonces, un recordatorio de que el poder se ostenta en calidad de fideicomiso y nunca es propiedad de nadie.

En ese caso, en el momento en que un gobierno comienza a diseñar un sistema de poder destinado a evitar perder el cargo, como Trump dice que está haciendo, algo fundamental cambia. El gobierno ya no existe para servir al pueblo. En cambio, el pueblo comienza a existir para sostener al gobierno, al menos desde la perspectiva de ese gobierno. Y esto, por supuesto, es de lo que se trata el fascismo, y es por eso que los comentarios de Trump importan.

Que su legislación propuesta pueda o no lograr realmente lo que Trump afirma es casi irrelevante en ese caso. Él ha explicado cómo se ve el éxito desde su perspectiva. Su definición de éxito no es convencer a los votantes para que apoyen a los republicanos durante los próximos cien años. Él cree que el éxito proviene de cambiar el sistema para que los republicanos no pierdan, y quizás no puedan perder, durante los próximos cien años. Esas son ambiciones muy diferentes.

Esto recontextualiza el lenguaje sobre lo que él llama la "amenaza comunista". Esto tampoco es accidental, y no es solo el maccarthismo renacido. Pertenece a otra tradición. Quienes buscan debilitar las instituciones democráticas rara vez comienzan admitiendo que desean reducir la democracia. En cambio, primero redefinen a sus oponentes al estilo fascista clásico. Los rivales políticos dejan de ser personas con opiniones diferentes. Se convierten en enemigos de la nación misma. Son retratados como tan peligrosos que supuestamente las reglas democráticas normales ya no se aplican.

Una vez que se acepta ese argumento, las medidas extraordinarias comienzan a parecer razonables. Precisamente por eso este lenguaje importa.

Dedico gran parte de mi tiempo a escribir sobre impuestos, gasto público, inversión pública y el papel del Estado. Sin embargo, todos esos debates dependen de una condición previa. Los gobiernos deben seguir siendo responsables ante las personas a las que gobiernan. Sin esa responsabilidad, cada poder que posee el Estado, incluido su poder para crear dinero, gravar, regular y gastar, se vuelve capaz de servir a quienes ocupan el cargo en lugar de a quienes los eligieron.

Por lo tanto, la democracia no es simplemente otra institución política. Es el mecanismo que mantiene a todas las demás instituciones rindiendo cuentas ante la sociedad.

Por eso, las cuestiones aparentemente constitucionales y políticas importan tanto. Es fácil descartarlas como el chisme del día, pero con gente como Trump y los fascistas del Reino Unido hablando, eso es un error. Determinan cómo se ejerce el poder y quién puede desafiarlo. Son los supuestos guardarraíles que impiden que los gobiernos confundan sus propios intereses con los del pueblo.

No hay nada sagrado en el filibusterismo del Senado. Personas razonables pueden discrepar sobre si es un buen mecanismo constitucional. Pero abolirlo porque un presidente cree que hacerlo permitirá a su partido no perder nunca el poder no es una reforma constitucional en ningún sentido significativo de la palabra.

La reforma mejora las instituciones para que sirvan mejor al pueblo.

El afianzamiento cambia las instituciones para que sirvan mejor a quienes ya están en el poder.

La diferencia es profunda. Todo lo que defiendo aquí depende de la existencia de gobiernos que sigan siendo responsables, y si EE. UU. sucumbe ante Trump, las consecuencias se extenderán, incluso al Reino Unido.

Quiero gobiernos capaces de invertir en las personas, hacer frente al cambio climático, reconstruir los servicios públicos, reducir la desigualdad y ayudar a todos a alcanzar su potencial. Nada de eso importa si los gobiernos dejan de creer que pueden ser legítimamente destituidos.

Un gobierno que acepta que puede perder una elección sigue siendo el servidor del pueblo.

Un gobierno que busca hacer imposible la derrota ha comenzado a convertirse en el amo del pueblo.

Es fascista, en otras palabras.

Donald Trump ha dicho ahora, en términos notablemente claros, cómo cree que se ve el éxito político. Deberíamos tomarlo en serio, no porque sepamos que logrará lo que quiere, sino porque nos ha dicho claramente lo que quiere lograr, y eso en sí mismo es objetable y un llamado a la acción." 

(Richard Murphy, blog, 05/07/26, traducción Deep Seek)

Merz establece una medida novedosa, ya que el 0,5 % de los ingresos brutos de los trabajadores (un porcentaje que irá en aumento y alcanzará el 2 % en 2031) se deberá destinar a un fondo público de pensiones que se invertirá en los mercados de capitales. Parte del capital recaudado por el Estado dependerá, para su sostenibilidad, de los vaivenes de los mercados financieros... el dinero colocado en ese sector suele ir a parar a Wall Street en lugar de destinarse a la economía productiva del país o de la misma Europa... una reforma que incrementará el coste social que los empresarios deben afrontar. El canciller argumenta que es la única manera de garantizar que las pensiones sean sostenibles a largo plazo. No solo deberán afrontar lo que el Estado les pide, sino lo que los mercados de inversión demandan. Un sobrecoste... Las pymes están operando en un mercado que cada vez exige más gastos y tampoco tienen a nadie que las defienda. No son el votante objetivo de los progresistas, y quienes prometen acoger sus intereses, caso de las derechas, defraudan sistemáticamente cuando gobiernan. Esto explica también el malestar contemporáneo: si las medidas que se no toman no ayudan a los trabajadores, pero tampoco a las pymes, ya que se recargan sobre un ámbito y sobre otro los costes, es normal que tanto a izquierda como a derecha el malestar aumente. AfD crece en Alemania... Milei también se está cargando las pequeñas y medianas empresas argentinas.Todo se hace más caro para todos cuando lo público no funciona o deja de estar presente... Berlín debe invertir grandes cantidades en armamento en los próximos años, en parte para paliar el declive de su industria, y desea unas cuentas públicas que hagan posible destinar grandes cantidades de capital a ese sector (Esteban Hernández)

"Las reformas que ha propuesto Friedrich Merz han merecido las felicitaciones de buena parte de la política tradicional europea, así como de importantes sectores económicos. Un editorial de ‘Financial Times’ ha celebrado expresamente la iniciativa del gobierno alemán y la ha calificado como “una medida ambiciosa que podría tener implicaciones positivas en toda Europa”.

Merz pretende, entre otras reformas, que los 67 años sean la edad mínima de jubilación y que se restrinja significativamente el derecho de jubilarse anticipadamente a quienes han cotizado 45 años, pero no han alcanzado todavía la edad legal para pasar al retiro. Al mismo tiempo, establece una medida novedosa, ya que el 0,5 % de los ingresos brutos de los trabajadores (un porcentaje que irá en aumento y alcanzará el 2 % en 2031) se deberá destinar a un fondo público de pensiones que se invertirá en los mercados de capitales. Parte del capital recaudado por el Estado dependerá, para su sostenibilidad, de los vaivenes de los mercados financieros.

Más de 16 M de personas se jubilarán en los próximos 10 años en Alemania, pero solo 12,5 M se incorporarán al mercado

Los argumentos empleados para justificar las reformas se basan en proyecciones, ya que se estima que más de 16 millones de personas se jubilarán en los próximos 10 años en Alemania, mientras que solo 12,5 millones se incorporarán al mercado laboral. La insostenibilidad de las pensiones reaparece como elemento central de las cuentas públicas. Es cierto que son cifras un tanto dudosas: los economistas no saben cómo estaremos el año que viene, pero se dan por buenas estimaciones de mucho mayor aliento. En lo que se refiere a las pensiones, además, las previsiones han sido un fracaso en los últimos 20 años. Se realizaron entonces estimaciones muy similares que se basaban en proyecciones demográficas. Resultaron fallidas: el número de ocupados aumentó en lugar de disminuir ya que la inmigración aportó la mano de obra que era precisa.

El sobrecoste

Estas reformas, sin embargo, responden también a otros objetivos, muy ligados al momento germano. Berlín debe invertir grandes cantidades en armamento en los próximos años, en parte para paliar el declive de su industria, y desea unas cuentas públicas que hagan posible destinar grandes cantidades de capital a ese sector. Otros países europeos tienen problemas similares, y agravados por el peso de la deuda. La exigencia general de que el gasto en prestaciones públicas se ajuste está muy presente, y más cuando, con lo que recauda el Estado, hay que devolver lo recibido e invertir en el desarrollo de las economías nacionales.

El propósito de Merz no se agota con las pensiones, sino que apunta hacia una reforma del estado de bienestar que incluye la sanidad pública y la atención a los mayores, así como a los subsidios por desempleo. Básicamente, consiste en que los ciudadanos se vayan haciendo cargo cada vez de mayores partes de la provisión de bienes necesarios, desde sanidad, hasta educación, pasando por las pensiones y los seguros ante situaciones de necesidad. Lo privado cada vez tendrá más peso y lo público se debilitará aún más, a pesar de que los ciudadanos seguirán pagando al Estado.

Es llamativo que Alemania impulse una reforma que incrementará el coste social que los empresarios deben afrontar

Los votantes conservadores son muy favorables a este tipo de medidas, que ven con muy buenos ojos, ya que entienden que fortalecen la economía. Sin embargo, en una situación complicada como la presente, se ven cada vez más expuestos a las subidas de precios, al retraso en la jubilación y en las menores prestaciones en un momento en que la vida se vuelve muy cara. La atención médica, por ejemplo, se encarece significativamente para los jubilados, incluso para aquellos cuyas pensiones son elevadas, porque deben destinar cada vez más recursos a pagar la atención médica, los medicamentos y todo aquello que el seguro no cubre. Hay distintas señales que muestran cómo las clases medias altas deben pagar cada vez más por la educación de sus hijos, por sus viviendas o simplemente para mantener el nivel de vida de clase media alta. Funciona en cascada y la sanidad en España es un buen ejemplo: dado que la pública está muy saturada, cada vez más personas contratan un seguro privado. Pero estos también han llegado al límite de su capacidad (y están pauperizando a unos médicos a los que retribuyen muy escasamente), por lo que, si se quiere tener atención sanitaria rápida en un especialista, se ha de pagar la consulta íntegra, igual que si no se tuviera seguro. En otro caso, se le atenderá, pero en fechas bastante más lejanas. Todo se hace más caro para todos cuando lo público no funciona o deja de estar presente.

Lo llamativo, en este contexto, es que el gobierno alemán haya aprobado una reforma que incrementará el coste social que los empresarios deben afrontar. El canciller argumenta que es la única manera de garantizar que las pensiones sean sostenibles a largo plazo. No solo deberán afrontar lo que el Estado les pide, sino lo que los mercados de inversión demandan. Un sobrecoste.

Trabajadores y pymes

Para la izquierda, esto debería ser una línea roja, ya que se colocará parte de lo aportado en fondos que impulsan el tipo de gestión que deteriora las condiciones salariales y laborales de los trabajadores. También para las fuerzas nacionalistas, ya que el dinero colocado en ese sector suele ir a parar a Wall Street en lugar de destinarse a la economía productiva del país o de la misma Europa.

Las derechas contemporáneas, cuando gobiernan, no cumplen con lo prometido, salvo en lo que afecta a los mercados

Pero también debería sonar mal a las derechas. Una de las quejas más frecuentes de los empresarios (además de los impuestos) es la carga excesiva que deben soportar por las cotizaciones de sus empleados. Las pequeñas y medianas empresas señalan este punto con insistencia. Esos colectivos esperaban del gobierno alemán que reformase el sistema de forma que aliviase su situación económica y va en dirección contraria.

Esta es una deficiencia de las derechas contemporáneas, que no cumplen lo que prometen, salvo para los mercados. La derecha moderada no benefició ni a los trabajadores ni a los pequeños y medianos empresarios, ya que en los últimos años ha subido los impuestos cuando gobierna. En España, Rajoy fue un ejemplo. Trump ha irrumpido en la Casa Blanca con un buen montón de medidas que han recortado impuestos, pero la economía no ha mejorado para la gente común. En algunos casos es peor, porque Milei se está cargando las pequeñas y medianas empresas argentinas.

Las pymes están operando en un mercado que cada vez exige más gastos y que les deja menos margen y tampoco tienen a nadie que las defienda. No son el votante objetivo de los progresistas, y quienes prometen acoger sus intereses, caso de las derechas, defraudan sistemáticamente cuando gobiernan. Esto explica también el malestar contemporáneo: si las medidas que se no toman no ayudan a los trabajadores, pero tampoco a las pymes, ya que se recargan sobre un ámbito y sobre otro los costes, es normal que tanto a izquierda como a derecha el malestar aumente. AfD crece en Alemania."

(Esteban Hernández , El Confidencial, 05/07/26)  

Los jueces españoles pueden estar contentos. Han conseguido que solo el 10% de la gente crea que su ideología no influye en su trabajo. Ahora dirán que es una conspiración de ese 90% de la población que cree que no son imparciales. Si yo fuera juez, hoy estaría avergonzado (Joaquín Urías)

Joaquín Urías @jpurias

Los jueces españoles pueden estar contentos. Han conseguido que solo el 10% de la gente crea que su ideología no influye en su trabajo. Ahora dirán que es una conspiración de ese 90% de la población que cree que no son imparciales. Si yo fuera juez, hoy estaría avergonzado.

9:06 a. m. · 6 jul. 2026 desde Ηρακλείδες, Ελλάς ·9.127 Visualizaciones



"Seis de cada diez españoles creen que el 'lawfare' existe y que los jueces se dejan influir por su ideología política.

 La confianza ciudadana en la justicia está quebrada. Es la principal conclusión del informe elaborado por 40dB. para la Cadena SER y El País, que analiza la percepción de los españoles sobre uno de los tres poderes fundamentales del Estado.

Para la mayoría de los consultados la Administración de Justicia no está cumpliendo con el papel que tiene constitucionalmente asignado: 8 de cada 10 la consideran lenta, según el 60 por ciento se deja influir por poderes económicos y también son más los que creen que no trata a todas las personas por igual.

Junto a la Hacienda Pública, la Justicia es la institución -de las cuatro por las que pregunta el barómetro- peor valorada, se queda por debajo del 5. Las Fuerzas Armadas o la Policía y la Guardia Civil superan el 6 de media en puntuación. Los encuestados tampoco aprueban a los responsables de aplicar e interpretar la ley: una mayoría piensa que los jueces no actúan de manera honesta, competente e imparcial o que algunos de ellos "toman decisiones guiados por sus propias ideas políticas". Y esa es una de las claves que explica la desconfianza y el descrédito que detecta el informe; la falta de independencia que los ciudadanos observan en el Poder Judicial.

Para tres cuartas partes de la población (un 75,5%) los partidos políticos intentan influir en las resoluciones de jueces y magistrados, una idea transversal, que comparten los encuestados independientemente del partido al que voten. Además, solo 3 de cada 10 españoles considera que los asuntos políticos sobre los que se tienen que pronunciar jueces y magistrados se resuelven de manera justa e imparcial. También son más los que opinan que esas decisiones están condicionadas por el sesgo ideológico de quienes las adoptan. Una percepción relevante teniendo en cuenta que también son mayoría los que creen que cada vez más conflictos políticos acaban resolviéndose en los tribunales y no en los parlamentos.

El 'lawfare' existe

El barómetro, realizado entre el 26 y el 29 de junio, en plena cascada de avances en las investigaciones judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, refleja cómo la idea del 'lawfare' o guerra judicial se extiende entre la ciudadanía del país, independientemente de su ubicación ideológica. El 65,4% de los encuestados aseguran que existe un uso de los procedimientos judiciales con fines políticos. Son más -un 28%- los que piensan que ese 'lawfare' se ejerce principalmente contra el Gobierno y los partidos de izquierdas. Para el 22,6% esa práctica se usa por igual desde todos los ámbitos políticos y son menos, no llegan al 15%, quienes creen que se ejercer contra la oposición y los partidos de derecha. Apenas un 10,8% asegura que el ‘lawfare’ no existe.

Pero aunque los encuestados avalen la existencia de esa guerra judicial, también hay una mayoría que cree que las principales investigaciones que afectan a dirigentes políticos están motivadas por indicios jurídicos sólidos y no por razones partidistas. Lo consideran la mitad de los encuestados cuando se pregunta por la condena a José Luis Ábalos o por el juicio al exministro Jorge Fernández Díaz en la trama Kitchen.

También son más los que creen justificada la causa contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Zapatero o el juicio a David Sánchez, hermano del actual presidente del Gobierno. Solo en el caso de la investigación a su mujer, Begoña Gómez, son más los que creen que hay razones políticas o partidistas, aunque la diferencia es de apenas un punto.

Una percepción desigual

Parte del suspenso general que se lleva la Administración de Justicia en este informe se explica en gran medida por el descrédito que cosecha entre el electorado progresista, que es el que suspende de manera clara en la confianza hacia esta institución. Una valoración que es especialmente negativa cuando se trata de analizar cómo resuelven los tribunales los asuntos relacionados con la política.

Para un 34% de los encuestados, los jueces tienden a favorecer a la derecha con sus resoluciones, una percepción que se dispara por encima del 50% cuando quienes responden son votantes del PSOE, Sumar o Podemos. Esa es también la población para la que una mayoría de los integrantes de la carrera judicial y fiscal tienen una ideología de derechas, frente al electorado conservador y de ultraderecha que defiende que el reparto está más equilibrado.

La izquierda es además la que percibe que el 'lawfare' se ejerce principalmente contra el Gobierno. Los electores de PP creen que se usa por igual y los de VOX se ven como víctimas de esa guerra judicial. El electorado progresista cree además que las investigaciones que afectan a políticos afines a su ideología -Zapatero, Begoña Gómez o David Sánchez- están motivadas por razones políticas y partidistas.

Solo en la condena a José Luis Ábalos observan indicios jurídicos sólidos. Quienes se sitúan a la derecha del arco ideológico son además reacios a cuestionar a los jueces, mientras que los del PSOE justifican que se puedan criticar las resoluciones judiciales desde el gobierno o la oposición.

Esa asimetría ideológica también se observa cuando se abren otros debates, como si es o no necesaria una reforma de la administración de justicia. La mayoría de la población cree que hace falta un cambio en el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, pero solo los votantes de PP y Vox presentan una preferencia clara por que sean los jueces quienes elijan directamente a sus representantes.

Quienes se reconocen afines a la derecha valoran el sistema de acceso a la judicatura como bueno, por su "carácter meritocrático", frente a los grupos de izquierdas que creen que no sirve para medir la verdadera capacidad de los jueces, además de perpetuar barreras socioeconómicas por exigir años de estudio que no todo el mundo puede permitirse.

La fractura partidista se repite en otros asuntos: para la derecha las acusaciones populares, que han impulsado algunas de las investigaciones que hoy afectan al Gobierno, son una garantía democrática que debe mantenerse y un mecanismo útil para luchar contra la corrupción.

Los votantes de izquierdas ponen el foco en su utilización partidista y apoyan que se limite su ejercicio a quienes tengan un interés directo en el caso. Esa brecha se observa incluso a la hora de valorar la confianza que merece cada institución judicial. Mientras que el electorado conservador da su máxima puntuación al Supremo y a la Audiencia Nacional, el progresista solo aprueba a la Fiscalía General."

(Guillermo Lerma, SER, 06/07/26, gráficos en el original)  

Ahora que Washington D.C. se parece más que nunca a Pyongyang, la capital de Corea del Norte, con retratos tamaño mural y loas al líder supremo en cada esquina y plaza de la ciudad, cuesta trabajo renovar la fe en “la democracia en América”... No deja de resultar irónico que aquella monumental y brutalista puesta en escena soviética haya acabado marcando tendencia en el mismísimo imperio del dólar... Si se observan con atención los fastos del 250 aniversario trumpista por la fundación de los USA y los desplazamientos de masas para atender al funeral de Jamenei en Irán, saltan a la vista los parecidos razonables: culto al líder, muerte al enemigo y la fuerza como única fuente de toda legitimidad. No es de extrañar que sincronicen tan bien para romper estratégicamente sus supuestos acuerdos de paz cada vez que les conviene a ambos... Sobran las razones para el pesimismo. La mítica relojería de pesos y contrapesos diseñada por el federalismo norteamericano está rota... Llevará al menos una década reparar el profundo daño institucional causado por el trumpismo, si es que alguna vez nos ponemos a ello en los USA y en el resto del mundo... Ya sabemos todos como era el mundo antes de Trump: violento, cínico y brutal cuando le convenía a un Occidente que solo respeta el derecho internacional cuando le convenía; pero, aun con todo, era mejor (Antón Losada)

"Trump agita el fantasma del enemigo interno en el 250 aniversario de EEUU: “El comunismo es como un cáncer, hay que extirparlo”

Ahora que Washington D.C. se parece más que nunca a Pyongyang, la capital de Corea del Norte, con retratos tamaño mural y loas al líder supremo en cada esquina y plaza de la ciudad, cuesta trabajo renovar la fe en aquello que el ilustrado Alexis de Tocqueville denominó con envidia “la democracia en América”. Pero no pierdan la fe pues siempre nos quedará el hombre que mató a Liberty Valance para contarnos la historia como realmente fue.

No deja de resultar irónico, con un punto de justicia poética, que aquella monumental y brutalista puesta en escena soviética haya acabado marcando tendencia en el mismísimo imperio del dólar, el emperador naranja parezca cada día más un primo lejano aunque con menos porte de King Yong-Un y ambas familias compitan en un duelo cerrado por el liderazgo en la liga de las estrellas del nepotismo.

Si se observan con atención los fastos del 250 aniversario trumpista por la fundación de los USA y los desplazamientos de masas para atender al funeral de Jamenei en Irán, cuesta trabajo encontrar las ocho diferencias y saltan a la vista los parecidos razonables: culto al líder, muerte al enemigo y la fuerza como única fuente de toda legitimidad. No es de extrañar que sincronicen tan bien para romper estratégicamente sus supuestos acuerdos de paz cada vez que les conviene a ambos.

Sobran las razones para el pesimismo. La mítica relojería de pesos y contrapesos diseñada por el federalismo norteamericano está rota, aunque siga dando la hora correctamente al menos dos veces al día; como ha sucedido con las sentencias que limitan el poder presidencial para establecer aranceles y cortan de raíz su intento por anular el principio de nacimiento en el territorio para acceder a la nacionalidad que hizo posible la propia República norteamericana.

Llevará al menos una década reparar el profundo daño institucional causado por el trumpismo, si es que alguna vez nos ponemos a ello en los USA y en el resto del mundo. Antes que los miles de millones que se ha embolsado el presidente más corrupto de la historia yanki, —un puesto de mucho mérito al disputarlo entre una larga lista de mandatarios tan corruptos como incompetentes— costará más amortizar la reinstitucionalización de unas reglas que nos devuelven al siglo XIX y que pensábamos haber dejado atrás; al menos cuando alguien nos estuviera mirando.

No se confundan. No se trata de idealizar aquel pasado. Se trata de controlar los daños de este presente. Ya sabemos todos como era el mundo antes de Trump: violento, cínico y brutal cuando le convenía a un Occidente que solo respeta el derecho internacional cuando le convenía; pero, aun con todo, era mejor. Ya lo dijo Maxwell Scott, el editor del Shinbone Star que no publica quién mató de verdad a Liberty Valance, “Esto es el Oeste, señor, cuando la leyenda se convierte en un hecho, imprime la leyenda”. 

(Antón Losada , eldiario.es, 06/07/26)

5.7.26

Max Blumenthal: Acabo de visitar el funeral más grande de la historia, donde millones lloraron a Sayyed Ali Jamenei, el líder iraní que fue asesinado por la coalición estadounidense-israelí junto con miembros de su familia. Es prácticamente imposible entender cómo es esta escena, o qué significa, a menos que estés aquí... hay gritos indignados de venganza, muestras de dolor y desafío, protestas, canciones y maratones de poesía. Estos días de duelo sumarán uno de los momentos más resonantes en la historia de los movimientos antiimperialistas... Todos con quienes he hablado creen que la guerra regresará a Irán antes de mucho, y ninguno confía en el MOU con Estados Unidos. Pero están seguros de que su país puede desafiar otro asalto. Ven la movilización de sus propios ciudadanos como un componente integral de la supervivencia de Irán... Si el asesinato de Jamenei fue diseñado para impulsar un cambio de régimen, su funeral demuestra cuán estrepitosamente ha salido mal. Y el crimen podría volverse en contra de maneras que sus autores, analfabetos en historia, nunca podrían haber imaginado... Lo que estamos presenciando en el Mosala consolida a la República Islámica y a su sociedad revolucionaria como una realidad política que no puede ser borrada mediante guerras de cambio de régimen o sanciones. Este es un punto de inflexión en la región que resonará durante una generación

Max Blumenthal @MaxBlumenthal

Acabo de visitar el funeral más grande de la historia, donde millones lloraron a Sayyed Ali Jamenei, el líder iraní que fue asesinado por la coalición estadounidense-israelí junto con miembros de su familia. Es prácticamente imposible entender cómo es esta escena, o qué significa, a menos que estés aquí. 

He conocido a personas de todo el mundo que han venido a presentar sus respetos, incluidas muchas del Occidente. Las multitudes que llegan son interminables y se vuelven más grandes e intensas a medida que avanza la noche. 

Desde el Mosala de Teherán, hay gritos indignados de venganza, muestras de dolor y desafío, protestas, canciones y maratones de poesía. Estos días de duelo sumarán uno de los momentos más resonantes en la historia de los movimientos antiimperialistas. 

Todos con quienes he hablado creen que la guerra regresará a Irán antes de mucho, y ninguno confía en el MOU con Estados Unidos. Pero están seguros de que su país puede disuadir otro asalto. Ven la movilización de sus propios ciudadanos como un componente integral de la supervivencia de Irán. 

Si el asesinato de Jamenei fue diseñado para impulsar un cambio de régimen, su funeral demuestra cuán estrepitosamente ha salido mal. Y el crimen podría volverse en contra de maneras que sus autores, analfabetos en historia, nunca podrían haber imaginado. 

Lo que estamos presenciando en el Mosala consolida a la República Islámica y a su sociedad revolucionaria como una realidad política que no puede ser borrada mediante guerras de cambio de régimen o sanciones. Este es un punto de inflexión en la región que resonará durante una generación.

(traducción google)

5:20 p. m. · 5 jul. 2026 ·190,4 mil Visualizaciones

Enriquecimiento del presidente Trump durante su segundo mandato. ¿Cómo calificarlo? Trump realizó más de 21.000 operaciones con valores en su primer año de regreso al cargo, a menudo en intensos periodos vinculados a eventos del mercado que él mismo provocó... Muchas de ellas se produjeron durante periodos de gran volatilidad en Wall Street, después de que Trump ya hubiera anunciado cambios en su política... Muchas de las transacciones involucran a grandes empresas que mantienen relaciones comerciales con el gobierno federal... además, Trump ganó mil millones de dólares con transacciones de criptomonedas mientras sus seguidores perdieron una fortuna (Adam Tooze)

"El presidente Donald Trump realizó más de 21.000 operaciones con valores en su primer año de regreso al cargo, a menudo en intensos periodos vinculados a eventos del mercado que él mismo provocó.

El valor total de las transacciones osciló entre 600 millones y 1.860 millones de dólares, según su declaración financiera de 2025, que incluye rangos de valores. Muchas de las transacciones involucran a grandes empresas que mantienen relaciones comerciales con el gobierno federal.

Según un análisis del informe, Trump realizó un promedio de 85 operaciones por día de mercado. En tan solo 10 días se concentró aproximadamente una cuarta parte de todas las operaciones realizadas en 2025. Muchas de ellas se produjeron durante periodos de gran volatilidad en Wall Street, después de que Trump ya hubiera anunciado cambios en su política

(Fuente: Oficina de Ética Gubernamental de EE. UU.; Bloomberg )

Trump ganó mil millones de dólares con transacciones de criptomonedas mientras sus seguidores perdieron una fortuna.

El año pasado, Morten Christensen hizo una gran apuesta por los tokens digitales vendidos por World Liberty Financial, la empresa de la familia Trump, con la esperanza de que un aumento repentino de su valor fuera suficiente para ayudarle a jubilarse.

En cambio, el valor de esos tokens se desplomó. Mientras que Christensen y muchos otros como él sufrieron grandes pérdidas, el presidente amasó una fortuna, obteniendo 800 millones de dólares de ese proyecto de criptomonedas, según la declaración financiera que presentó esta semana.

“En el mundo de las criptomonedas, se dice que un juego es un juego”, afirmó el empresario de activos digitales. “Él jugó mejor que yo”.

Desde hace tiempo resulta evidente que las incursiones del presidente Trump en el mundo de las criptomonedas han sido lucrativas, pero la sorprendente revelación de que esas empresas le reportaron unos 1.400 millones de dólares el año pasado puso de manifiesto la diferente realidad en la que vive el presidente en comparación con muchos de los inversores que han adoptado los activos digitales junto a él.

El presidente obtuvo grandes ganancias mediante la emisión de nuevos activos: tokens World Liberty y memecoins. Sin embargo, quienes los compraron a precios elevados sufrieron grandes pérdidas cuando su valor se desplomó, como parte de una caída generalizada del mercado de criptomonedas. Sus seguidores políticos y los verdaderos creyentes en las criptomonedas que apostaron por la marca Trump se quedaron con las manos vacías. Lo que para el presidente fue un verano de auge, para ellos fue un invierno desastroso.

Aproximadamente dos tercios de los inversores en la criptomoneda de Trump están actualmente en números rojos, según el proveedor de datos de criptomonedas Nansen, que rastrea 1,48 millones de billeteras de criptomonedas que compraron el token desde su lanzamiento en enero de 2025. Muchos seguidores gastaron unos pocos miles en monedas de Trump, mientras que los mayores inversores desembolsaron millones por el token. El análisis de Nansen de 26.663 billeteras muestra que el 85% de los compradores del token $WLFI de World Liberty en el mercado secundario están en números rojos

(Fuente: Vicky Ge Huang, Amrith Ramkumar, David Uberti; WSJ )

 (Adam Tooze, Gaceta Crítica, 05/07/26)