9.11.26

Europa arde... El creciente distanciamiento entre las élites de gobierno y las poblaciones europeas es el elemento clave que ha llevado a las recientes protestas callejeras y, en general, al creciente descontento de los últimos años. Francia representa quizá el epicentro de la crisis europea, resumiendo los principales elementos que están en la base del descontento generalizado en muchos otros países del continente... Mientras la economía del país ha dejado de crecer y registra una sensible caída de las inversiones, a la opinión pública francesa se le dice que las políticas de austeridad son necesarias para reducir el déficit presupuestario y la enorme deuda pública... El gasto público destinado a la defensa, sin embargo, sigue aumentando... Una contradicción semejante es solo la culminación de medio siglo de fracasos por parte de las élites político-económicas del continente... En Europa, el llamado "mercado único" no ha producido la prosperidad prometida. Un número creciente de regiones europeas registra un empeoramiento del nivel de vida... la UE es cada vez más una Unión de las desigualdades, en la que las tendencias divergentes siguen reforzándose... La creación de una nueva cortina de hierro en Europa ha reorientado el sistema energético continental hacia una creciente dependencia de las más costosas e inciertas fuentes de gas y petróleo estadounidenses... El vertiginoso aumento de la factura energética está contribuyendo a la desindustrialización de Alemania (antaño la "locomotora" de Europa) y de otros países europeos... La decisión de deslocalizar en Asia la producción manufacturera se ha revelado un error estratégico fatal... conocimientos, competencias técnicas e industria auxiliar se pierden allí donde la producción industrial deja de existir... La crisis del Golfo y el cierre del Estrecho de Ormuz han agravado aún más el cuadro de la catástrofe energética europea. Tales guerras están hundiendo a Europa en una crisis sin precedentes en las últimas décadas... Aceptar un tratado que reconozca la neutralidad de Ucrania pondría a las élites políticas europeas en extremo aprieto ante sus respectivas poblaciones, las cuales les pedirían cuentas por todos estos años de guerra que han matado quizá hasta a un millón de personas... La respuesta de los gobiernos, en muchos países europeos, ha sido tender hacia el modelo del "Estado búnker", estamos asistiendo a la progresiva transición de la planificación del "bien común" a la orientada a la preservación del sistema, "la política del Estado se orienta enteramente hacia la securitización y la militarización (Roberto Iannuzzi)

"Europa arde

Las recientes protestas callejeras en muchos países europeos son el resultado de medio siglo de fracasos por parte de las élites político-económicas del continente.

Las crecientes movilizaciones de protesta que desde hace semanas se extienden por numerosos países europeos (y no solo) representan una pieza más que se suma al cuadro de crisis internacional.

En Francia, uno de los principales focos de la emergencia continental, los estudiantes salieron a la calle para protestar contra el deterioro y las desigualdades en el sector de la educación. Se les unieron sindicatos y chalecos amarillos quejándose del aumento de los precios del combustible, el bajo nivel de los salarios, los recortes presupuestarios y la reducción de las pensiones.

Las manifestaciones alcanzaron dimensiones impresionantes, movilizando a menudo a alrededor de medio millón de personas.

En Alemania, decenas de miles de jóvenes salieron a la calle para exigir vivienda, más fondos para la escuela y para oponerse a la reintroducción del servicio militar obligatorio. Los estudiantes también se movilizaron en Italia, España y Bélgica.

En Italia y otros países, sindicatos y trabajadores paralizaron servicios públicos y medios de transporte para denunciar el insostenible costo de la vida.

En España y Portugal, la crisis de la vivienda alimentada por los desahucios y el vertiginoso aumento de los alquileres llevó a las calles una ola de descontento que exige garantías para los sectores más vulnerables de la población.

También se produjeron protestas estudiantiles en Serbia, Grecia y Albania, en el marco de un descontento social generalizado vinculado al deterioro de las condiciones socioeconómicas que también ha afectado a países extraeuropeos como India, Chile, México y Siria.

La revuelta no se dirige solo contra las políticas económicas de los gobiernos europeos, sino, de manera crucial, contra sus decisiones de política exterior que alimentan guerras desde Ucrania hasta el Golfo Pérsico, con evidentes repercusiones en términos de aumento de los precios energéticos y recorte del gasto social en favor del rearme y de la industria armamentística.

A la generación que salió a la calle se le ha pedido que acepte escuelas ruinosas, trabajo precario y alquileres insostenibles con el fin de liberar recursos para el sector de la defensa. Mientras tanto, las desigualdades aumentan dramáticamente.

Como ha observado el economista francés Thomas Piketty, mientras en Francia la deuda pública pasó del 20% del PIB en 1970 al 120% actual, la riqueza privada ha crecido de manera mucho más radical, pasando del 300 al 600% del PIB, con una extrema concentración entre los patrimonios financieros más cuantiosos.

El problema que hay que resolver, concluye Piketty, es un problema de redistribución.

Las reivindicaciones de la heterogénea protesta que se está manifestando en todo el continente europeo también conciernen al abuso de las infraestructuras civiles con fines militares.

El 30 de octubre, los trabajadores de 113 puertos de 22 países de todo el mundo, en su mayoría escalas europeas, cruzaron los brazos. La movilización de los portuarios tiene su origen en la Declaración de Estambul del pasado mayo, en la que se denuncia la progresiva transformación de puertos, rutas marítimas y de toda la cadena de transportes en una infraestructura de guerra.

Además de condenar el genocidio de Gaza, los portuarios exigen poner fin a cualquier movimiento de armas a través de puertos civiles, dejar de emplear las escalas portuarias como bases para las fuerzas armadas de EE.UU., la OTAN y los países europeos, e invocan el fin del rearme y mejores condiciones laborales en los puertos.

Los trabajadores hicieron especial hincapié en la solidaridad con los palestinos, con referencia específica a las catastróficas condiciones en las que sigue viviendo la población de Gaza, pero también a la creciente emergencia en Cisjordania.

Como han observado exponentes del movimiento portuario, "dado que más del 90% de las importaciones israelíes llega por mar, los puertos de todo el mundo representan el punto neurálgico de la economía israelí".
Violencia de Estado y represión del disenso

Por su parte, los gobiernos europeos –que han proporcionado armas y ayuda logística a la operación de exterminio llevada a cabo por Israel en Gaza, que proclaman la necesidad del rearme, que han apoyado las protestas en Irán (aunque infiltradas por Estados Unidos e Israel) e incluso la injustificada agresión militar israelo-estadounidense contra el país, y que han respaldado numerosas revueltas contra gobiernos no alineados con Occidente– no han dudado en estigmatizar y reprimir la "violencia" de las protestas en las plazas europeas, silenciando a las decenas de miles de manifestantes que expresaron pacíficamente su disenso.

En Francia, miles de jóvenes fueron detenidos durante las movilizaciones y decenas resultaron heridos por las fuerzas del orden, incluso de gravedad.

El partido La Francia Insumisa comparó la represión observada en las ciudades de Francia con la aplicada por las fuerzas de seguridad francesas en el territorio colonial de Nueva Caledonia en 2024: estado de emergencia, toques de queda prolongados, prohibición general de manifestarse, amplio despliegue de fuerzas del orden cada vez más militarizadas.
Las razones del descontento

Francia representa quizá el epicentro de la crisis europea, resumiendo los principales elementos que están en la base del descontento generalizado en muchos otros países del continente.

La educación en el país es una de las más discriminatorias del mundo desarrollado. Las escuelas de las zonas desfavorecidas carecen de recursos hasta tal punto que la brecha para los estudiantes que las frecuentan se vuelve insalvable.

Mientras tanto, importantes recursos públicos se asignan a las escuelas privadas a las que recurren las familias más acomodadas.

La crisis de la educación es solo uno de los aspectos del deterioro de los servicios públicos en Francia. Entre otros destacan la reducción del gasto sanitario, el aumento del costo de la vida y el estancamiento de los salarios, el recorte de las pensiones, la crisis de la vivienda pública, el aumento de la pobreza y de las desigualdades.

Mientras la economía del país ha dejado de crecer y registra una sensible caída de las inversiones, a la opinión pública francesa se le dice que las políticas de austeridad son necesarias para reducir el déficit presupuestario y la enorme deuda pública.

El gasto público destinado a la defensa, sin embargo, sigue aumentando. El presidente Emmanuel Macron ha anunciado que los gastos militares alcanzarán los 64.000 millones para 2027, con tres años de antelación respecto a lo inicialmente establecido.

Una contradicción semejante es solo la culminación de medio siglo de fracasos por parte de las élites político-económicas del continente.
El hundimiento de Europa

La decisión de deslocalizar en Asia la producción manufacturera se ha revelado un error estratégico fatal. La idea de que las compañías europeas pudieran producir a costos más bajos aumentando su competitividad a nivel internacional, mientras el know-how, los capitales y la gestión permanecerían en Europa, se ha revelado ilusoria.

Como ha escrito la experta suiza Marianne Volonté,

    la producción misma reproduce y regenera el conocimiento. Donde se desarrolla la actividad manufacturera, los ingenieros interactúan con las líneas de producción en un proceso de aprendizaje continuo. Alrededor de esas fábricas nacen nuevos proveedores y los trabajadores adquieren competencias cada vez más especializadas. Los problemas se resuelven, los procesos se perfeccionan y las tecnologías se mejoran en otros lugares. A lo largo de los años y las décadas, de una simple externalización puede evolucionar todo un ecosistema industrial, y eso es precisamente lo que ha ocurrido.

Al mismo tiempo, conocimientos, competencias técnicas e industria auxiliar se pierden allí donde la producción industrial deja de existir.

En Europa, el llamado "mercado único" no ha producido la prosperidad prometida. Un número creciente de regiones europeas está sumido en el estancamiento y registra un empeoramiento del nivel de vida, una tendencia que nunca se ha invertido realmente desde la crisis financiera de 2008, a la que siguieron la crisis del euro y las políticas de austeridad.

Como escribí en un artículo anterior,

    la UE es cada vez más una Unión de las desigualdades, en la que las tendencias divergentes siguen reforzándose. El ascenso de los partidos de la llamada extrema derecha "euroescéptica" es en gran medida consecuencia del descontento generalizado en las regiones más castigadas.

    Las prolongadas políticas de austeridad, la redefinición de las cadenas de suministro iniciada con la crisis del Covid-19 y la decisión europea de renunciar a la energía de bajo costo suministrada por Rusia no han hecho más que agravar la crisis.

La creación de una nueva cortina de hierro en Europa ha reorientado el sistema energético continental hacia una creciente dependencia de las más costosas e inciertas fuentes de gas y petróleo estadounidenses.

En pocos años, Estados Unidos se ha convertido en el principal proveedor de gas natural licuado (GNL) y de petróleo, y en el segundo proveedor de carbón después de Australia.

El vertiginoso aumento de la factura energética está contribuyendo a la desindustrialización de Alemania (antaño la "locomotora" de Europa) y de otros países europeos.

La crisis del Golfo y el cierre del Estrecho de Ormuz han agravado aún más el cuadro de la catástrofe energética europea.
Imposible invertir el rumbo

Es útil recordar que tanto la agresión a Irán como la guerra contra Rusia en Ucrania forman parte de un conjunto de conflictos destinados a mantener a Occidente "al frente del mundo", según las palabras pronunciadas recientemente por el secretario de Estado Marco Rubio a los pies de la acrópolis de Atenas.

Tales guerras, en cambio, están acelerando su declive y, en particular, están hundiendo a Europa en una crisis sin precedentes en las últimas décadas.

Pero, como ha afirmado el eurodiputado alemán Michael von der Schulenburg, es extremadamente difícil para las élites políticas europeas reiniciar una negociación seria con Rusia, porque negociar después de cuatro años de conflicto significaría reconocer que este gira en torno a la arquitectura de seguridad en Europa, no a cuestiones territoriales.

Admitir que la expansión de la OTAN hacia el este desencadenó el conflicto –argumenta von der Schulenburg– significaría reconocer que la invasión rusa de Ucrania no fue una agresión "no provocada".

En otras palabras, implicaría admitir una responsabilidad europea en el conflicto, derivada del hecho de que no se tuvieron en cuenta las preocupaciones de seguridad de Rusia.

Aceptar un tratado que reconozca la neutralidad de Ucrania como Rusia exigió antes del conflicto, según von der Schulenburg, pondría a las élites políticas europeas en extremo aprieto ante sus respectivas poblaciones, las cuales les pedirían cuentas por todos estos años de guerra que han matado quizá hasta a un millón de personas.

El hecho de que la expansión descontrolada de la OTAN llevaría a una crisis en Europa ya había sido reconocido a finales de los años 90 del siglo pasado por Jack Matlock, exembajador estadounidense en la Unión Soviética, y George Kennan, el arquitecto de la estrategia estadounidense durante la Guerra Fría.

Pero el canciller alemán Friedrich Merz sigue sosteniendo que Moscú pretende en cambio "desestabilizar todo el orden político de nuestro continente europeo" porque "teme la democracia", "las sociedades abiertas" y "el éxito de la integración europea".

Pocos días después, reiteró que es Rusia, no el estado de la economía alemana, su principal preocupación. Afirmaciones que no sentaron bien a la mayoría de la opinión pública alemana, enfrentada a la crisis energética y al aumento del costo de la vida.
El "Estado búnker"

El creciente distanciamiento entre las élites de gobierno y las poblaciones europeas es el elemento clave que ha llevado a las recientes protestas callejeras y, en general, al creciente descontento de los últimos años. La respuesta de los gobiernos, en muchos países europeos, ha sido tender hacia el modelo del "Estado búnker", como lo ha definido la investigadora Nel Bonilla.

Según Bonilla, estamos asistiendo a la progresiva transición de la planificación del "bien común" a la orientada a la preservación del sistema.

En lugar de actuar con el fin de garantizar el bien público, "la política del Estado se orienta enteramente hacia la securitización y la militarización. En este modelo, la población nacional ya no es considerada como un conjunto de ciudadanos titulares de derechos civiles y económicos, sino principalmente como objeto de la seguridad nacional".

El ciudadano se convierte en mero capital humano: un recurso que optimizar y una vulnerabilidad que controlar. El disenso se concibe como una forma de sabotaje del sistema. La censura se convierte en una forma de "higiene administrativa" para mantener un entorno cognitivo "seguro". El espacio público se "esteriliza"."
 

(Roberto Iannuzzi , blog, 06/11/26, traducción Deep Seek, enlaces en el original)   

Mélenchon presenta el programa con el que busca llevar a la izquierda al poder en Francia... de la regla verde a la VI República: Relocalizar las producciones esenciales para la vida del país... Lanzar un gran plan de inversiones útiles desde el punto de vista ecológico y social... Adoptar medidas antidumping de urgencia en las industrias estratégicas: siderurgia, automóvil y farmacia... Estructurar un servicio público de la reutilización, con formación para determinados oficios (electricidad, electrónica, construcción, textil)... Implantar una agricultura relocalizada, diversificada y ecológica y crear 500.000 empleos agrícolas... Revertir las privatizaciones (aeropuertos, autopistas, Française des Jeux, etc.)... Impedir que el derecho de propiedad privada prevalezca sobre la protección del agua, el aire, la alimentación, los seres vivos, el bosque, la salud y la energía... Crear un derecho de tanteo para que los asalariados puedan hacerse con su empresa en forma de cooperativa... Bloquear y regular los precios de los productos de primera necesidad (alimentación, energía, carburante)... Llevar de inmediato el SMIC (salario mínimo) a 1.700 euros netos mensuales e indexar los salarios a la inflación, en el sector privado y en la función pública... Implantar un verdadero impuesto sobre las transacciones financieras... Crear un polo público de banca y seguros y convertir el banco público de inversión (BPI) en un verdadero banco público de las necesidades productivas... Crear una «garantía de autonomía»: los ingresos mensuales de cada persona alcanzarán el umbral de pobreza (1.337 euros para una persona sola)... Crear una garantía de empleo: a todo parado de larga duración se le podrá ofrecer un contrato, como mínimo con el SMIC revalorizado, en un sector de urgencia... Legalizar y regular mediante un monopolio estatal el consumo, la producción y la venta de cannabis con fines médicos y recreativos... Instaurar una conscripción ciudadana ecológica... lleva varios meses apoyándose en una red de 200 altos funcionarios públicos llamados 'los frigios', cuya función es "perfeccionar la implementación del programa"

"Mélenchon presenta el programa electoral con el que aspira a derrotar a Le Pen en las presidenciales

 Le Bourget y la promesa de «cambiarlo todo»

El programa llegó a las librerías francesas el viernes 6 de noviembre, y un día después Mélenchon lo presentó en el Parc des expositions de Le Bourget, en el departamento de Seine-Saint-Denis, el mejor de la Francia metropolitana para La France insoumise (LFI) en las dos últimas presidenciales. Según franceinfo, asistieron más de 20.000 personas. El candidato habló durante más de una hora, y el acto incluyó la proyección de un cortometraje a medio camino entre la ficción y la realidad, con el que su entorno quiso mostrar cómo cambiaría la vida cotidiana si el programa se aplicara.

Mélenchon enmarcó la propuesta en lo que describió como una «crisis global de la civilización humana», a la que dijo querer responder con un programa de ruptura. En el mitin reclamó bloquear los precios de inmediato, subir el salario mínimo (SMIC) e indexar los salarios a la inflación.

Un programa para su cuarta candidatura

LFI actualiza este programa desde 2016. La nueva edición se presenta como la columna vertebral de la cuarta candidatura presidencial de Mélenchon, tras las de 2012, 2017 y 2022. El texto, disponible en la web oficial de la campaña, lo firma en su introducción el propio candidato con una frase que resume el tono: «No es la hora de los arreglos, los apaños ni las medias tintas. Sí, para preparar una vida mejor hay que cambiarlo todo».

La elaboración corrió a cargo de los diputados Clémence Guetté y Hadrien Clouet, que coordinaron un proceso con más de 24.000 contribuciones ciudadanas y una treintena de audiencias, según la presentación oficial. El libro lo publica la editorial La Dispute. La web lo titula «L’Avenir en commun — le programme de la Nouvelle France», un subtítulo que apunta a la idea de refundación que atraviesa todo el texto.

El momento político explica la ambición del acto. Según franceinfo, Mélenchon nunca había estado tan alto en los sondeos antes de unas presidenciales, y todos los institutos lo sitúan clasificado para la segunda vuelta, aunque el propio medio subraya que aún quedan obstáculos. Desde el escenario, según recogió franceinfo, el candidato prometió: «Vamos a pelear hasta el último segundo y, al final, vamos a ganar».

 El programa por dentro: de la regla verde a la VI República

El programa tiene 1.069 medidas en total. Aquí se muestran exclusivamente las 107 medidas clave, agrupadas en las seis partes del libro.

Salarios, pensiones y protección social

El núcleo económico y social es el que más se ha escuchado en la campaña. El programa propone un SMIC de 1.700 euros netos mensuales, con los salarios indexados a la inflación, y el bloqueo de precios de los productos de primera necesidad, acompañado de la prohibición de la «reduflación», la práctica de reducir el contenido de los envases sin bajar el precio. En fiscalidad plantea un impuesto sobre la renta con 14 tramos, frente a los cinco actuales. Sobre las pensiones, prevé derogar la jubilación a los 64 años, volver a los 62 y después a los 60 con 40 años cotizados.

Otras medidas buscan crear un suelo de protección. La «garantía de autonomía» elevaría cualquier ingreso hasta el umbral de pobreza, fijado en 1.337 euros, y se completaría con una garantía de empleo, la vuelta a las 35 horas semanales (32 en los oficios penosos) y un «100 % Sécu», es decir, una cobertura sanitaria íntegra por la Seguridad Social. En el terreno público, el programa propone revertir privatizaciones como las de los aeropuertos, las autopistas o la Française des jeux (FDJ) y crear un polo público bancario.

La ecología es el otro gran eje. El texto introduce una «regla verde» (règle verte) en la Constitución, esto es, el principio de no extraer a la naturaleza más de lo que puede regenerar. Plantea un sistema eléctrico 100 % renovable, y la sección correspondiente planifica la salida de la energía nuclear. Prevé además aislar 700.000 viviendas al año, prohibir las macrogranjas y crear 500.000 empleos agrícolas.

Educación y refundación institucional

En educación, el programa defiende una escuela pública realmente gratuita, con comedor, transporte y material, el desmantelamiento de Parcoursup, la plataforma de acceso a la universidad, y la recuperación de lo perdido por la congelación del punto de índice, la base del salario de los funcionarios, desde 2010. Incluye una conscripción ciudadana ecológica y la legalización del cannabis con monopolio estatal.

El capítulo institucional es probablemente el de mayor carga política. LFI propone una Asamblea Constituyente para fundar la VI República, un referéndum de iniciativa ciudadana con carácter revocatorio (RIC) y «desmantelar los imperios mediáticos de los milmillonarios». En seguridad, apuesta por una policía de proximidad y la disolución de la BAC y la BRAV-M, dos unidades policiales muy cuestionadas por la izquierda. Añade las «ecorregiones» como nueva organización territorial, el derecho de suelo íntegro, también en Mayotte, y una tarjeta de residencia de diez años como referencia para los extranjeros.

Europa y política exterior

La política exterior marca otra distancia con el resto de la izquierda. El programa reivindica un «derecho de objeción soberana» frente a políticas europeas concretas: el semestre europeo, la competencia en servicios públicos, el mercado europeo de la energía y el pacto migratorio. Prevé la salida inmediata del mando integrado de la OTAN y, por etapas, de la organización, y destina el 0,7 % de la renta nacional bruta a ayuda al desarrollo. Son decisiones que conectan con las disputas que mantiene LFI con sus socios potenciales y que se detallan más adelante.

Despliega cada parte para consultar sus medidas clave, traducidas al español a partir del texto oficial.

1. Por una bifurcación ecológica y social · 13 medidas clave

Planificación ecológica

  • Inscribir en la Constitución el principio de la «regla verde»: no extraer de la naturaleza más de lo que esta puede reconstituir
  • Convertir los territorios de ultramar en pilotos de la planificación ecológica: circuitos cortos, autonomía energética y 100 % renovable, autosuficiencia alimentaria, política marítima y protección de la biodiversidad

Producir nosotros mismos para responder a las necesidades

  • Relocalizar las producciones esenciales para la vida del país
  • Lanzar un gran plan de inversiones útiles desde el punto de vista ecológico y social
  • Adoptar medidas antidumping de urgencia en las industrias estratégicas: siderurgia, automóvil y farmacia

Las grandes obras de la bifurcación ecológica

  • Emprender un plan global de renovación de las infraestructuras para adaptarlas al cambio climático
  • Garantizar, cueste lo que cueste, el acceso al agua corriente potable a todos los habitantes de ultramar
  • Crear un polo público del transporte y la movilidad
  • Planificar el paso al 100 % de energías renovables con una doble consigna: sobriedad y eficiencia energéticas
  • Rehabilitar el aislamiento de al menos 700.000 viviendas al año
  • Prohibir las macrogranjas
  • Estructurar un servicio público de la reutilización, con formación para determinados oficios (electricidad, electrónica, construcción, textil)
  • Implantar una agricultura relocalizada, diversificada y ecológica y crear 500.000 empleos agrícolas
2. Una economía al servicio de las necesidades · 12 medidas clave

La era de un nuevo colectivismo

  • Revertir las privatizaciones (aeropuertos, autopistas, Française des Jeux, etc.)
  • Impedir que el derecho de propiedad privada prevalezca sobre la protección del agua, el aire, la alimentación, los seres vivos, el bosque, la salud y la energía
  • Crear un derecho de tanteo para que los asalariados puedan hacerse con su empresa en forma de cooperativa
  • Generalizar la economía social y solidaria y proteger el sector asociativo

Repartir la riqueza

  • Bloquear y regular los precios de los productos de primera necesidad (alimentación, energía, carburante) y prohibir la «reduflación»
  • Hacer más progresivo el impuesto sobre la renta, con 14 tramos en lugar de los 5 actuales
  • Llevar de inmediato el SMIC (salario mínimo) a 1.700 euros netos mensuales e indexar los salarios a la inflación, en el sector privado y en la función pública

Un pacto productivo para responder a las necesidades

  • Implantar un verdadero impuesto sobre las transacciones financieras
  • Crear un polo público de banca y seguros y convertir el banco público de inversión (BPI) en un verdadero banco público de las necesidades productivas
  • Establecer nuevos indicadores estadísticos de progreso humano para poner la economía al servicio del bienestar (salud, educación, etc.)
  • Proponer la reforma del Tratado de Funcionamiento de la UE y del estatuto del BCE para que pueda comprar deuda pública sin pasar por los bancos privados, con una autorización de descubierto para los Estados
  • Endurecer las sanciones por los retrasos de pago de los grandes grupos a las pymes
3. Poner a todos en seguridad social · 25 medidas clave

A cada cual según sus necesidades

  • Crear una «garantía de autonomía»: los ingresos mensuales de cada persona alcanzarán el umbral de pobreza (1.337 euros para una persona sola)
  • Crear una garantía de empleo: a todo parado de larga duración se le podrá ofrecer un contrato, como mínimo con el SMIC revalorizado, en un sector de urgencia
  • Fijar una cuota máxima de contratos precarios: 10 % en las pymes y 5 % en las grandes empresas
  • Restablecer de inmediato la jornada legal de 35 horas semanales (horas extra pagadas un 25 % más las cuatro primeras y un 50 % más a partir de ahí), pasar a 32 horas en los oficios penosos o nocturnos y extenderlas mediante la negociación colectiva
  • Anular las reformas de Macron sobre el acceso al subsidio y el cálculo de su cuantía y duración, para indemnizar según los últimos salarios desde el primer día trabajado
  • Fijar el objetivo de cero muertes en el trabajo
  • Derogar la reforma de Macron que elevó la edad de jubilación a 64 años y después rebajarla hasta restablecer el derecho a jubilarse a los 60 con pensión completa y 40 años cotizados
  • Implantar el «100 % Sécu»: reembolsar al 100 % la atención sanitaria prescrita e integrar los seguros complementarios en la Seguridad Social
  • Garantizar la continuidad de los derechos personales (formación, vacaciones, antigüedad) fuera del contrato de trabajo y trasladarlos de un contrato a otro

Una República de la igualdad real y de nuevos derechos

  • Constitucionalizar la no mercantilización del cuerpo humano y el derecho fundamental a disponer de uno mismo en cualquier circunstancia
  • Poner en marcha un plan contra la violencia sexual contra menores basado en las recomendaciones de la comisión independiente sobre el incesto (Ciivise)
  • Crear una oficina para la autonomía de los jóvenes que dé dirección política a unas políticas de juventud repartidas hoy entre 28 administraciones
  • Crear un servicio público de la dependencia para las personas mayores, vivan o no en su domicilio
  • Garantizar la autonomía económica de las personas con discapacidad elevando su prestación (AAH) al nivel del SMIC
  • Aplicar un plan para erradicar la violencia contra las personas LGTBI
  • Garantizar el derecho a separarse y combatir la precariedad de las madres solas: desvincular de la pareja y revalorizar la ayuda de apoyo familiar (ASF), desgravar las pensiones alimenticias y acortar los plazos de la justicia de familia
  • Frenar la privatización y la destrucción de los espacios comunes y públicos y recuperar espacios gratuitos para los vínculos sociales en los municipios

Entrar de lleno en la era de la emancipación de las mujeres

  • Combatir la jornada parcial impuesta, que afecta en un 80 % a mujeres
  • Aprobar una ley contra la violencia sexista y sexual y dotarla de los 3.000 millones de euros que piden las asociaciones
  • Garantizar el acceso efectivo al aborto y la elección del método, y suprimir la doble cláusula de conciencia de los médicos
  • Crear un verdadero servicio público de la primera infancia

Hacer triunfar la igualdad frente al racismo y las discriminaciones

  • Aplicar un plan contra la islamofobia, el antisemitismo y todas las formas de racismo, dotado con 1.000 millones de euros
  • Garantizar el derecho de suelo íntegro a todos los niños nacidos en Francia, restablecerlo en todo el territorio y facilitar el acceso a la nacionalidad
  • Declarar el 4 de febrero festivo nacional en memoria de las víctimas de la esclavitud y de sus luchas
  • Implantar el justificante de control de identidad de policía y gendarmería contra los controles por perfil étnico, con formación, supervisión y sanciones
4. El gusto por el futuro: las nuevas fronteras de la humanidad · 29 medidas clave

Los nuevos derechos de la especie: proteger los bienes comunes

  • Ayudar a las víctimas de la contaminación y a los denunciantes con un fondo financiado por los consumos contaminantes
  • Consagrar una «regla azul»: no extraer, transformar ni contaminar el ciclo del agua por encima de lo que la naturaleza puede reconstituir
  • Prohibir las talas rasas, salvo en caso de emergencia sanitaria probada
  • Prohibir las patentes sobre organismos vivos

Elevar el nivel de educación y de conocimientos

  • Erradicar el analfabetismo funcional entre los jóvenes que han dejado la escuela y los adultos de aquí a 2032
  • Garantizar la gratuidad real de la educación pública, incluidos comedor, transporte, actividades extraescolares, libros y material
  • Compensar la congelación del punto de índice desde 2010 y revalorizar las escalas salariales negociando con los sindicatos
  • Aumentar el número de clases y de institutos públicos de formación profesional y agrícola
  • Elevar el nivel de inversión pública en investigación
  • Garantizar a todos los bachilleres el acceso sin selección a la carrera elegida, desmantelando Parcoursup, y restablecer el derecho a continuar en el máster
  • Instaurar una conscripción ciudadana ecológica

Humanizar mediante la cultura y el deporte

  • Elevar el gasto público en arte, cultura y creación al 1 % del PIB anual
  • Favorecer la gratuidad de las actividades deportivas, sobre todo para la población más pobre
  • Crear una asociación deportiva y cultural en todos los colegios de primaria, con actividades gratuitas dirigidas por profesionales

Hacer de la salud un asunto global

  • Integrar la salud ambiental en todas las políticas públicas, con evaluación obligatoria de salud y medio ambiente de las infraestructuras y las leyes
  • Reconocer las epidemias y pandemias como catástrofes naturales
  • Crear un Ministerio de la Producción Alimentaria
  • Reconstruir el servicio público hospitalario y activar todas las palancas contra los desiertos médicos
  • Reforzar la red territorial y los medios de los centros médico-psicológicos y médico-psicopedagógicos
  • Legalizar y regular mediante un monopolio estatal el consumo, la producción y la venta de cannabis con fines médicos y recreativos

Adentrarse en el mar sin saquearlo

  • Impulsar un derecho internacional de la biodiversidad marina, en especial en los fondos marinos
  • Desplegar la eólica marina, fija y flotante, hasta al menos 45 gigavatios instalados en 2050, además de otras energías marinas
  • Crear en Francia un instituto del Océano de la Universidad de las Naciones Unidas, con un buque-universidad

Poner el espacio al servicio del interés general humano

  • Combatir la carrera armamentística espacial garantizando a la vez la soberanía de Francia ante las nuevas amenazas
  • Reforzar los medios del CNES, que volverá a dirigir la política espacial francesa
  • Proponer un tratado internacional de no apropiación de los recursos espaciales y desmilitarización del espacio, basado en el Tratado de la Luna, que Francia ratificará

Democratizar la revolución digital

  • Garantizar el derecho a un acceso mínimo gratuito a internet
  • Garantizar la neutralidad de la red
  • Crear una misión nacional de control de la inteligencia artificial, con investigadores, ingenieros y parlamentarios, para impulsar aplicaciones útiles a las necesidades sociales y ecológicas
5. Fundar la VI República · 16 medidas clave

El poder para el pueblo

  • Implantar el referéndum de iniciativa ciudadana (RIC) para revocar cargos electos, proponer o derogar leyes y reformar la Constitución
  • Convocar una Asamblea Constituyente para pasar a la VI República
  • Pasar a una VI República que sea un régimen parlamentario estable y de intervención ciudadana
  • Poner en marcha un plan de separación entre el dinero y el Estado
  • Garantizar la libertad de conciencia y la aplicación estricta de la laicidad
  • Desmantelar los imperios mediáticos de los milmillonarios

Libertades públicas y seguridad

  • Elaborar una nueva estrategia antiterrorista
  • Refundar el servicio público de policía para garantizar el derecho a la seguridad
  • Restablecer la policía de proximidad como pilar del servicio público y disolver la brigada anticriminalidad (BAC) y la BRAV-M
  • Encomendar al Parlamento la orientación de la política penal mediante un debate y una votación anuales
  • Mejorar el acceso a la justicia aumentando la asistencia jurídica gratuita y recuperando los tribunales de proximidad

Una Francia sin desiertos de derechos

  • Devolver a los municipios el papel de célula básica de la democracia local y permitir su libre asociación
  • Crear «ecorregiones» que sustituyan a las regiones actuales, delimitadas por criterios ecológicos (cuencas fluviales, fachadas marítimas, macizos montañosos) y encargadas de la planificación ecológica
  • Reconstruir una red densa de transporte público y servicios, con un máximo de 15 a 30 minutos entre cualquier vivienda y la escuela, la estación, el hospital o la oficina de correos
  • Aplicar el derecho incondicional a un alojamiento de urgencia digno y llegar a «cero personas sin hogar» al final del mandato
  • Poner en marcha un plan plurianual de inversión en servicios públicos de ultramar a partir de las propuestas de los movimientos sociales locales, en especial en Guayana y Mayotte
6. Un mundo ordenado · 12 medidas clave

Una Francia independiente al servicio de la paz

  • Retirarse de inmediato del mando integrado de la OTAN y después, por etapas, de la propia organización
  • Priorizar la inversión en capacidades estratégicas y restaurar la investigación, la formación y la producción para reducir las dependencias militares
  • Reafirmar que la ONU es el único órgano legítimo para la seguridad colectiva
  • Apoyar el derecho y la justicia internacionales para que se apliquen las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional y las medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia
  • Reconocer el delito de ecocidio

Las nuevas cooperaciones de la diplomacia altermundialista

  • Llevar al FMI, el Banco Mundial y la OMC propuestas de ruptura con el neoliberalismo y reactivar la UNCTAD
  • Facilitar el acceso a los visados e instituir la tarjeta de residencia de diez años como permiso de referencia
  • Construir políticas internacionales desde ultramar: preservación de la Amazonia y ayuda a los pueblos indígenas amenazados por la subida del mar y la sequía
  • Destinar el 0,7 % de la renta nacional bruta a la ayuda pública al desarrollo
  • Crear una red de universidades y de formación profesional mediterráneas
  • Construir una política que tenga en cuenta la soberanía de los pueblos africanos y las transformaciones del continente
  • Defender el uso del francés en las instituciones internacionales

Cuánto cuesta y quién paga

La pregunta sobre la financiación acompaña a todo programa de esta envergadura. En el caso de LFI, la respuesta se publicó semanas antes del libro, el 14 de octubre, en un documento titulado «Comment nous allons remettre de l’ordre dans les comptes publics» («Cómo vamos a poner orden en las cuentas públicas»).

Las cuentas que presenta LFI
Concepto Millones de euros
Nuevos ingresos 106.400
Gasto 81.700
Reducción del déficit 24.700
LFI, «Comment nous allons remettre de l’ordre dans les comptes publics» · 14 oct 2026

El papel de la banca pública

El mismo documento incluye un apartado sobre el polo público bancario, una de las medidas estrella. Según LFI, esta entidad movilizaría 100.000 millones de euros anuales. Se trata de cálculos del propio movimiento, como es habitual en cualquier programa electoral, y aquí se recogen tal como los presenta LFI.

Esa arquitectura financiera conecta con la lógica del programa. La subida del SMIC, el regreso a la jubilación a los 60, la garantía de empleo o el aislamiento de 700.000 viviendas al año implican un volumen de gasto público elevado, que LFI plantea compensar con una reforma fiscal, nuevos ingresos y una reorientación del gasto. La discusión de campaña, previsiblemente, no girará solo sobre si las cifras cuadran, sino sobre si la economía y las instituciones europeas permitirían aplicarlas sin el «derecho de objeción» que el programa reclama."                             (electomanía) 

En Italia ya no son ficción las unidades de precrimen... La policía aplica a adolescentes lo que la oposición ya llama “delito de sudadera negra”, una polémica medida de Meloni que permite detener antes de una protesta a quien sea sospechoso de participar LUEGO en disturbios... o sea, detención PREVENTIVA por la pinta de decenas de menores... Ya se aplicaba a adultos, pero el último decreto de seguridad de Giorgia Meloni, el octavo, lo ha ampliado a los menores: permite llevar a comisaría antes de una manifestación a quien se considere sospechoso de crear luego altercados en la protesta. El resultado es que decenas de chicos y chicas han permanecido detenidos durante horas sin haber hecho nada y sin poder llamar a sus padres... Carolina Di Giacomo, de 18 años, ha contado en el diario La Repubblica cómo fue abordada por agentes en la salida de la parada de metro Flaminio, cuando iba a manifestarse con cuatro amigos. “Nos pidieron la documentación y nos tuvieron 40 minutos esperando. Nos grabaron con una cámara. Nos quitaron los teléfonos, nos metieron en dos furgonetas y a tres de nosotros nos llevaron a comisaría. Afirma que ante sus quejas el comisario les amenazó con tenerles allí hasta las tres y media de la mañana. Salieron de allí ya de noche: “Nos dijeron estas palabras exactas: ‘Ahora volved a casa y no vayáis más a manifestaros porque ya os hemos fichado’. Pero manifestarme es un derecho, no me lo pueden quitar”, concluía ella... En algunos casos, según ha denunciado Hub for Defenders, se tomó la huella dactilar a menores, una práctica que solo está permitida ante indicios de delito... Matteo Renzi declaró: "¿Se puede decir que lo que le ha pasado a Carolina no puede suceder en un país civilizado? Si un chico va a una manifestación no hay ningún motivo en el mundo para arrestarlo sin una razón” (Íñigo Domínguez)

"Detenidos por las pintas: decenas de menores en comisaría en Italia con el nuevo arresto preventivo en manifestaciones

La policía aplica a adolescentes lo que la oposición ya llama “delito de sudadera negra”, una polémica medida de Meloni que permite detener antes de una protesta a quien sea sospechoso de participar luego en disturbios

En Italia ya no son ficción las unidades de precrimen, como en la película de Steven Spielberg, Minority Report, en la que el personaje de Tom Cruise veía el futuro y podía actuar antes de que se cometiera un delito. Se trata de arrestos preventivos por lo que la oposición ya llama “delito de sudadera negra”, la prenda más habitual entre los jóvenes que en las últimas semanas han salido a manifestarse en todo el país contra los bajos salarios, el precio de la vivienda y a favor de la paz, la sanidad y la educación públicas. Ya se aplicaba a adultos, pero el último decreto de seguridad de Giorgia Meloni, el octavo, lo ha ampliado a los menores: permite llevar a comisaría antes de una manifestación a quien se considere sospechoso de crear luego altercados en la protesta. El resultado es que el primer día que se puso en práctica, el 24 de octubre, llevó a comisaría a 110 menores en solo 24 horas, aunque según ONG luego ha habido decenas más. Chicos y chicas que han permanecido detenidos durante horas sin haber hecho nada y sin poder llamar a sus padres.

Esto es posible en Italia por esa polémica nueva norma de la líder ultraderechista, que permite a la policía retener de 12 a 24 horas a quien crea que luego puede protagonizar disturbios. En teoría, porque al ser registradas lleven objetos peligrosos, e incluso máscaras o pasamontañas. En la práctica, sin embargo, según denuncia la oposición y las ONG, se ha estado aplicando de forma indiscriminada a decenas de adolescentes, detenidos cuando iban a manifestarse únicamente por su aspecto. Solo porque en los disturbios de Milán del 17 y 18 de octubre, en emulación de los que se registraban en Francia, los grupos de jóvenes que causaron destrozos y saquearon tiendas en el centro de la ciudad iban todos de negro y con sudaderas de ese color.

El Gobierno aprobó el nuevo decreto el 20 de octubre, a los dos días de los altercados de Milán, donde el 80% de los 271 detenidos eran menores, temiendo que se repitieran el fin de semana siguiente. Meloni reaccionó rápido ante la alarma que crearon los disturbios, también entre críticas a la escasa presencia policial del propio alcalde de la ciudad. El Ejecutivo quiso responder con mano dura a un fenómeno imprevisible, pues no se sabía bien de dónde salían estos jóvenes, no estaban organizados, acudieron convocados por redes sociales y no tenían ninguna ideología. Aunque fueron 2.000 personas llegadas desde el extrarradio de Milán en un contexto muy concreto, el de una ciudad con graves desigualdades sociales, ha permitido justificar medidas duras contra los miles de jóvenes que se manifiestan de forma pacífica en toda Italia.

El sábado 24 de octubre se temían nuevos incidentes, que finalmente no se produjeron, o fueron reducidos, pero la nueva norma se aplicó con contundencia. Ese día, con grandes manifestaciones en todo el país, la policía identificó a 4.292 personas, sobre todo en Roma, Milán, Turín y Bolonia. Fueron llevadas a comisaría 371 con arresto preventivo y 110 de ellas, una de cada tres, eran menores, según los datos del Ministerio del Interior. La organización Hub for Defenders, promovida por Amnistía Internacional y otras ONG, tiene un teléfono para pedir asistencia legal e informó de que ese día recibió decenas de llamadas.

La prensa ha publicado varios testimonios, como el de Carolina Di Giacomo, de 18 años y vecina de Roma, que ha contado en el diario La Repubblica cómo fue abordada por agentes en la salida de la parada de metro Flaminio, en el centro de la ciudad, cuando iba a manifestarse con cuatro amigos. Esa tarde había una marcha autorizada, aunque también se habían sucedido llamamientos en redes a protestas no permitidas, sin especificar el lugar exacto. “Nos pidieron la documentación y nos tuvieron 40 minutos esperando. Nos grabaron con una cámara. Luego, cuando pensábamos que ya nos dejaban ir, nos quitaron los teléfonos, nos metieron en dos furgonetas y a tres de nosotros nos llevaron a comisaría”, ha relatado.

Di Giacomo asegura que encima solo llevaba el móvil y un paquete de chicles. Solo después de unas horas e insistir varias veces le permitieron avisar a sus padres con el único mensaje que le permitieron enviar: “Todo OK”. Afirma que ante sus quejas el comisario les amenazó con tenerles allí hasta las tres y media de la mañana. Salieron de allí ya de noche: “Nos dijeron estas palabras exactas: ‘Ahora volved a casa y no vayáis más a manifestaros porque ya os hemos fichado’. Pero manifestarme es un derecho, no me lo pueden quitar”, concluía ella.

“Un golpe a los derechos de la persona”

La oposición se apoyó en este testimonio para pedir explicaciones al Gobierno en el Parlamento. No fue precisamente la extrema izquierda, sino Italia Viva (IV), el partido de centro del exprimer ministro Matteo Renzi. “¿Se puede decir que lo que le ha pasado a Carolina no puede suceder en un país civilizado? Y al decirlo no defiendo a todos los manifestantes ni justifico a quien tenía cócteles molotov en la mochila”, acusó el exdirigente. “Si un chico va a una manifestación no hay ningún motivo en el mundo para arrestarlo sin una razón”.

La Unión de Cámaras Penales Italianas, organismo en el que están inscritos 10.000 abogados penalistas, también criticó el nuevo decreto como “un nuevo golpe a las garantías y a los derechos de la persona y a los principios constitucionales de proporcionalidad y determinación” del delito, declaró Francesco Petrelli, presidente de la institución.

En algunos casos, según ha denunciado Hub for Defenders, se tomó la huella dactilar a menores, una práctica que solo está permitida ante indicios de delito. En otros casos, el motivo de sospecha no parecía ser el color de la sudadera, sino el de la piel. La plataforma ha señalado que una de las personas que asistieron fue un estudiante británico-polaco que estaba en Milán por turismo y para ver un partido. Iba con dos amigos, fueron identificados por la policía y solo se lo llevaron a él a comisaría, el único de los tres que no era blanco. Estuvo 23 horas en una celda con 37 personas sin intérprete y sin ninguna explicación del arresto.

La derecha italiana ha vinculado desde el principio los altercados de Milán a la inmigración y los llamados italianos de segunda generación, nacidos en Italia de padres extranjeros. La propia Meloni, el día que anunció el nuevo decreto, subrayó que de los 330 detenidos en Milán y otras ciudades el 17 y 18 de octubre, la mitad era “de origen extranjero, nacidos en el extranjero o nacidos en Italia de familias extranjeras”.

Estas semanas han ido surgiendo más testimonios. También de padres, porque muchos se han asustado por la actuación policial. En los colegios de Roma circuló a los tres días, el martes 26 de octubre, un comunicado de un grupo de padres del instituto Pilo Albertelli, en pleno centro de Roma, que ya ha sido firmado por más de 2.100 personas. Estaban alarmados porque la policía había arrestado a sus hijos el sábado, simplemente mientras charlaban delante de la puerta del instituto antes de la manifestación autorizada, que discurría al lado del centro. “El único objetivo de este comportamiento parece ser el de intimidar y criminalizar toda una generación y lanzar un mensaje inconstitucional: volved a casa, no protestéis, estamos contra vosotros y os podemos hacer daño”, señala la carta.

Jones Mannino, padre de uno de los chicos detenidos, entrevistado en el diario Il Manifesto, contó que su hijo fue detenido con cuatro amigos. Tres del grupo eran menores y estuvieron tres horas en comisaría. “Dijeron que fue porque eran cinco, y porque uno tenía una kufiya [el pañuelo palestino] y otro una braga de cuello, que potencialmente son dos cosas que podían ser usadas para cubrir el rostro, pero no había ningún motivo para llevarlos a comisaría”, relató. El hecho de que fueran cinco personas se debe a otro punto polémico del último decreto, que permite intervenir a la policía ante grupos iguales o superiores a ese número en lugares públicos que tengan “comportamientos intimidatorios”. “Es absurdo pensar que estar delante del instituto, donde los chicos quedan para salir con los amigos, con la novia o ir al cine, se ha convertido en motivo de arresto”. Nadie llamó a los padres de los menores, aunque la ley obliga a hacerlo.

“Son evidentes abusos de poder”, advierten estos progenitores en su texto. Su reflexión y su preocupación van más allá: “¿Cómo podemos justificar ante sus ojos el comportamiento de la policía? ¿Cómo hacerles entender que no deben temerla, después de los comportamientos violentos de muchos agentes, que ponen en cuestión el buen nombre de la policía y del Estado que la dirige?”. De hecho, lo que dicen estos padres es que cuando sus hijos salieron de comisaría estaban mucho más enfadados que antes y con más ganas de manifestarse ante las injusticias, porque creen que han sufrido personalmente una más.

De forma paralela, aunque no tenga nada que ver con las manifestaciones, el Gobierno hizo el pasado fin de semana un gran despliegue policial en zonas de marcha nocturna de las grandes ciudades. Es verdad que ha aumentado la delincuencia juvenil, pero la operación ha llegado justo en plena polémica por los arrestos de adolescentes. Se llamó Alto Impacto y desde luego sus cifras eran impactantes: fueron identificados 236.138 jóvenes en todo el país, de los cuales 23.060 eran menores. Fueron arrestados 575 jóvenes y 69 menores, y denunciados y puestos en libertad 1.695, de los cuales 373 eran menores. Las acusaciones fueron delitos contra la persona, el patrimonio, posesión de armas o tráfico de estupefacientes.

En este endurecimiento de la represión a menores hay otro punto polémico. El último decreto incluía la bajada de la edad penal en la que se imputa automáticamente un delito de los 18 a los 14 años. Hasta ahora solo se hacía si se probaba que el menor era plenamente consciente del alcance de sus actos, pero ahora se invierte la carga de la prueba y será la defensa del menor quien tendrá que probar que sabía lo que hacía." 

(Íñigo Domínguez ,El País, 08/11/26)

Una nueva jerarquía del racismo en el Reino Unido silenciará a quienes critican a Israel, desde Westminster hasta el patio de recreo... La definición de antisemitismo se centra en estigmatizar la crítica a Israel y a sus apologetas en lugar de proteger a los judíos... Cita como ejemplos de odio a los judíos la descripción de Israel como un estado racista y cualquier tipo de comparación histórica entre Israel y las acciones de los nazis, durante mucho tiempo el baremo cultural de Occidente para juzgar crímenes contra la humanidad... el objetivo principal es una vez más un líder político cuyo partido ha roto con el consenso neoliberal fracasado de décadas... Zack Polanski, está siendo retratado como facilitador del antisemitismo... El pretexto es que los Verdes aprobaron una moción declarando que el sionismo es una ideología política racista... El gobierno de Burnham impondrá a las escuelas británicas la definición de antisemitismo de la IHRA, la que se utilizó para destruir al Partido Laborista de Corbyn y que ahora se esgrime contra Polanski y los Verdes... Requerirá que el personal docente vigilen las aulas y los patios como nunca antes. De ahora en adelante, la preocupación por el sufrimiento de los palestinos se clasificará como aberrante, como “radicalización”... Expresar solidaridad con los niños palestinos asesinados o heridos en Gaza podría ser señalado como una amenaza para la protección de los alumnos judíos. Al igual que llevar insignias propalestinas o contra el genocidio. Al igual que organizar ventas de pasteles para recaudar fondos para alimentar y alojar a los niños de Gaza que viven en las ruinas de Gaza. Al igual que vestir el traje tradicional palestino en los días de identidad nacional que se celebran en muchas de las escuelas más diversas de Britania... Ya desde el genocidio de Gaza, se ha informado de que un número récord de alumnos han sido remitidos al programa “contra el extremismo” Prevent del gobierno por llevar insignias y pegatinas propalestinas... Cualquier alumno que se niegue a ser intimidado, será sometido a una reeducación sionista obligatoria, implementada a través de grupos de presión ferozmente proisraelíes que se hacen pasar por organizaciones de la comunidad judía (Jonathan Cook)

"Una nueva jerarquía del racismo en el Reino Unido silenciará a quienes critican a Israel, desde Westminster hasta el patio de recreo.

Se avecina una nueva jerarquía del racismo en el Reino Unido que silenciará a los críticos de Israel, desde Westminster hasta el patio del colegio**

El antisemitismo vuelve a ser utilizado como arma, mientras el gobierno de Andy Burnham arremete contra los Verdes liderados por judíos e implanta un programa de Gran Hermano en las escuelas.

Britania vuelve a estar firmemente atrapada en un pánico moral desatado en torno al “antisemitismo” de izquierdas, fabricado una vez más por las clases políticas y mediáticas del Reino Unido, desesperadas por protegerse a sí mismas y proteger a Israel del escrutinio.

Están empeñadas en difamar a amplios sectores del público británico como odiadores de judíos, tal como hicieron hace una década cuando se dirigieron contra el Partido Laborista de Jeremy Corbyn.

Pero esta vez la tarea será mucho más difícil.

Se le está diciendo a los británicos que deben fingir que los últimos tres años —años en los que vieron a Israel masacrar y mutilar a muchas decenas de miles de niños en Gaza, y luego matarlos de hambre— nunca ocurrieron. No deben creer a sus propios ojos mentirosos.

Y al parecer tampoco vieron a la clase política británica coludir activamente en esas atrocidades año tras año: suministrando armas, transmitiendo inteligencia, excusando atrocidades, proporcionando cobertura diplomática y aplastando las protestas.

Tampoco fueron testigos de cómo los medios propiedad de multimillonarios difamaban las protestas contra el genocidio como odio a los judíos y minimizaban las implacables atrocidades de Israel como una “guerra contra Hamás”.

Ahora el establishment británico está reclutando una vez más una definición interesada de antisemitismo que impuso a la vida pública hace una década para difamar a sus críticos, desde el líder judío del Partido Verde hasta los escolares que expresan solidaridad con los niños palestinos masacrados.

La definición de antisemitismo impulsada por Israel, formulada por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), se centra en estigmatizar la crítica a Israel y a sus apologetas en lugar de proteger a los judíos.

Cita como ejemplos de odio a los judíos la descripción de Israel como un estado racista y cualquier tipo de comparación histórica entre Israel y las acciones de los nazis, durante mucho tiempo el baremo cultural de Occidente para juzgar crímenes contra la humanidad.

Según la engañosa definición de la IHRA, la Corte Internacional de Justicia, el tribunal más alto del mundo, debe ser considerada antisemita por concluir en 2024 que Israel aplica un sistema de apartheid contra los palestinos, es decir, un sistema de segregación racista institucionalizada.

Del mismo modo, el aclamado documental israelí NAZA debe ser denunciado por odio a los judíos, porque un oficial de inteligencia compara las acciones militares en las que participó en Gaza, utilizando IA para matar palestinos a escala industrial, con las de los nazis.

**Un estado de partido único**

En esta última ronda de instrumentalización del antisemitismo por parte del establishment británico, el objetivo principal es una vez más un líder político cuyo partido ha roto con el consenso neoliberal fracasado de décadas.

Zack Polanski, el único líder judío de un partido político importante, está siendo retratado como facilitador del antisemitismo, acusado de permitir que el odio a los judíos infecte al Partido Verde tal como Corbyn lo hizo mientras dirigía el Partido Laborista.

El pretexto esta vez es que los Verdes aprobaron una moción en su conferencia anual —respaldada por la mayoría de la militancia en general— declarando que el sionismo es una ideología política racista.

La moción señala que el estado de Israel, autoproclamado “judío”, la realización de las ambiciones del movimiento sionista, fue creado mediante la expulsión masiva de la población palestina nativa. Como concluyó la CIJ, Israel también mantiene un sistema de régimen de apartheid en beneficio exclusivo de los judíos.

Todo esto puede ser difícil de refutar, pero a las clases políticas y mediáticas británicas no les interesa la verdad. Quieren sangre, y la definición de antisemitismo de la IHRA les proporciona el cuchillo.

Tanto el primer ministro Andy Burnham como el líder de los Lib Dem, Ed Davey, han respondido a la moción negándose a trabajar con Polanski y los Verdes en caso de que las próximas elecciones generales produzcan un parlamento sin mayoría.

En otras palabras, están dispuestos a rechazar al único partido liderado por judíos, supuestamente por combatir el antisemitismo, incluso si eso significa acabar con sus propias posibilidades de mantener el poder. Por defecto, eso podría abrir la puerta a que la derecha y la extrema derecha formen el próximo gobierno.

Ahí es donde, como saben muy bien tanto el Laborismo como los Lib Dem, el racismo real, no el fabricado, campa a sus anchas.

Según una encuesta de 2017 del Institute for Jewish Policy Research, que registraba actitudes antisemitas por afiliación política, quienes tenían opiniones “muy de derechas” tenían tres veces más probabilidades que otras facciones políticas de tener opiniones fuertemente antisemitas.

En particular, la proporción de votantes “muy de izquierdas” con opiniones fuertemente antisemitas estaba totalmente en línea con el resto de la población, es decir, era un fenómeno marginal.

Una encuesta similar de MORI dos años después mostró un patrón similar: la derecha era tanto mucho más proisraelí que la izquierda como mucho más antisemita.

No obstante, en la época de estas encuestas, las clases políticas y mediáticas afirmaban, contrariamente a todas las pruebas, que un Partido Laborista de izquierdas liderado por Corbyn estaba plagado de odio a los judíos.

Ahora están haciendo exactamente lo mismo con los Verdes.

Las difamaciones contra Polanski por sí solas deberían servir como prueba de la profunda corrupción institucionalizada del sistema político británico, un sistema que sigue excusando y conspirando en el genocidio de Israel.

**Destrozar a los Verdes**

Como en la era Corbyn, el asalto total contra Polanski pretende destruir su partido abriendo divisiones.

Durante el mandato de Corbyn como líder, su capacidad para representar las opiniones de la enorme militancia de base del Laborismo se vio constantemente socavada por la mayor parte de sus diputados y una burocracia partidaria de derechas dispuesta a depender de grandes donaciones de corporaciones y superricos.

Estaban decididos a impedir que Corbyn alcanzara alguna vez una posición de poder desde la que pudiera implementar un programa popular de políticas moderadamente socialistas, como poner fin a la austeridad, redistribuir la riqueza, detener las guerras eternas y devolver a la propiedad pública servicios públicos en quiebra como las privatizadas y lucrativas empresas de agua.

Sus oponentes tuvieron dificultades para atacarlo directamente en materia de políticas, así que se centraron en el asesinato de su carácter.

Ahora Polanski y los miembros de los Verdes se encuentran en la misma situación, enfrentándose a la vieja guardia del Partido Verde, encabezada por la exlíder Caroline Lucas y un puñado de diputados.

Los medios han ayudado a reforzar a este grupo como una supuesta opción segura —los adultos en la sala— que puede recuperar el control del partido.

El objetivo, se supone, es que, despojados de Polanski, los Verdes vuelvan a hundirse en la irrelevancia electoral.

Entonces no habrá peligro de que un partido liderado por Polanski ponga fin a la austeridad, redistribuya la riqueza, detenga las guerras eternas y devuelva a la propiedad pública servicios públicos en quiebra como las privatizadas y lucrativas empresas de agua.

**Política de culebrón**

Durante el mandato de Corbyn, la narrativa del establishment era que los muchos cientos de miles de votantes británicos desilusionados que volvieron a la política gracias al nuevo compromiso del Laborismo con el socialismo democrático eran todos peligrosos “antisemitas”.

En esta fantasiosa versión, el Laborismo se convirtió en el partido más grande de Europa solo porque infiltrados que odiaban a los judíos se apoderaron de él.

En respuesta, sir Keir Starmer, sucesor de Corbyn, purgó al Laborismo de su ala izquierda, haciendo que el partido dependiera una vez más de las donaciones de las grandes empresas.

La izquierda expulsada del Laborismo encontró un nuevo hogar político en el Partido Verde, haciendo que el número de militantes se disparara hasta máximos históricos.

Según la clase política y mediática, esto no es prueba de que amplios sectores del público británico quieran un tipo diferente de política: el fin de la austeridad permanente y las guerras imperiales, el fin de una agenda política dictada por multimillonarios.

No, en su opinión, simplemente significa que la izquierda “antisemita” ahora se ha infiltrado en el Partido Verde y debe ser erradicada de nuevo.

Esta es la interpretación del establishment, al estilo del juego del topo, de la creciente ira pública, una ira que preferiría canalizar hacia el apoyo al chivo expiatorio racista liderado por la extrema derecha de Reforma antes que arriesgarse a que la izquierda gane el poder para abordar el estrangulamiento de la clase multimillonaria sobre la política pública.

Incluso mientras el sistema bipartidista se fragmenta en una serie de facciones, Britania sigue pareciendo sólidamente un estado de partido único, cuyas diferentes escarapelas representan los mismos intereses monetarios.

O apoyas la austeridad neoliberal en casa y las guerras imperiales y genocidios patrocinados por corporaciones en el extranjero, o debes ser quemado figuradamente en la hoguera como antisemita.

**Jerarquía del racismo**

La fabricación de un susto del antisemitismo “de izquierdas” por segunda vez es más ambiciosa y de mayor riesgo que antes. Partes del público están despertando al manual después de tres años de connivencia del gobierno británico en el genocidio de Israel.

Esta vez, las clases políticas y mediáticas están ampliando su red para intimidar a un sector mucho más amplio de la población, mediante un nuevo programa de Gran Hermano que se implementará en las escuelas.

En esta ocasión, la manipulación psicológica y el acoso al público británico no se limita a la izquierda, ni siquiera a los votantes adultos. Está llegando profundamente al sistema educativo del Reino Unido, con el gobierno imponiendo formalmente por primera vez una jerarquía de racismos que se aplicará a los niños.

Ahora se exigirá a las escuelas que traten el antisemitismo como una forma única y especialmente perniciosa de racismo, incluso cuando todas las pruebas muestran que el racismo hacia las comunidades musulmanas y negras es mucho más prevalente e inquietante.

Las grandes turbas que salen a las calles de Britania, tratando de impedir que las pequeñas embarcaciones crucen el Canal y buscando quemar albergues para migrantes, son principalmente hostiles a las personas de color y a los musulmanes, no a los judíos.

Encuesta tras encuesta muestra una marea creciente de islamofobia.

Según los datos recopilados por la Encuesta de Crimen de Inglaterra y Gales para el período de tres años hasta la primavera de 2025, los musulmanes eran el grupo religioso y étnico con más probabilidades de enfrentar delitos de odio tanto religiosos como raciales.

No obstante, el gobierno de Burnham ha anunciado que adopta en su totalidad las 27 recomendaciones hechas por una revisión oficial encargada de abordar una supuesta crisis de antisemitismo en las escuelas británicas. Se estableció a principios de este año, poco antes de que Starmer dejara el cargo de primer ministro.

La revisión fue confiada a sir David Bell, ex inspector jefe de escuelas y alto funcionario del departamento de educación. Bell es descrito en los términos de referencia de la revisión como “independiente del gobierno” y como alguien que “no tiene conflicto de intereses”.

Y sin embargo, como señala el organismo de vigilancia de los medios Newscord, Bell en realidad estaba recibiendo un salario como vicepresidente de una agencia gubernamental llamada Skills England durante gran parte del período en que realizó la revisión.

Durante la última década también ha figurado como miembro del consejo nacional del Academic Study Group.

El ASG declara que su única “política firme” es la oposición al movimiento BDS, que busca medios pacíficos —mediante boicots y sanciones— para poner fin al comportamiento criminal de Israel hacia el pueblo palestino, haciéndose eco de la campaña contra el apartheid en Sudáfrica.

El director del grupo, John Levy, escribió en 2021 que el trust fue fundado para frenar la “hostilidad” hacia Israel y servir “como vehículo para introducir a académicos británicos en algunas de las dificultades del Israel contemporáneo”. Su trabajo incluye ofrecer charlas de apoyo a Israel en escuelas británicas.

El propio Bell ha sido acusado en el pasado de islamofobia. En 2005, cuando era director de Ofsted, señaló a las escuelas religiosas musulmanas por poner en riesgo la “coherencia nacional” de Britania.

**Antisemitismo instrumentalizado**

La decisión de Bell de tratar el antisemitismo como una “forma distinta de racismo” —separada de otros racismos y que requiere procedimientos especiales de protección para proteger a los alumnos judíos— es exactamente el enfoque rechazado con vehemencia en una investigación anterior, establecida por Starmer.

Martin Forde KC fue nombrado a principios de 2020 para investigar las denuncias de un problema de antisemitismo bajo Corbyn, el predecesor de Starmer.

Para gran molestia de Starmer, el informe de Forde, publicado en 2022, concluyó que Corbyn tenía en gran medida razón en que el antisemitismo fue instrumentalizado durante su mandato para obtener ganancias faccionales, principalmente por la derecha del partido que Starmer había llegado a liderar.

Forde también criticó a la burocracia laborista de derechas, que se había opuesto a Corbyn, por “operar en efecto una jerarquía del racismo”, privilegiando el antisemitismo mientras ignoraba o minimizaba otras formas de racismo. Se reprendió al personal por utilizar el antisemitismo para obtener puntos políticos contra la izquierda en lugar de adoptar un enfoque serio para combatir el antisemitismo.

Con la ayuda de los medios, Starmer ha logrado en gran medida borrar el informe de Forde del registro. Casi nunca se hace referencia a él.

Con la revisión Bell, parece que volvemos al punto de partida: la instrumentalización del antisemitismo para crear una jerarquía del racismo se está extendiendo de la política a las escuelas.

Oculto en las páginas posteriores del informe, Bell en realidad señala que no ha habido un aumento del antisemitismo, observando de los últimos años: “Las actitudes antijudías son típicamente menos prevalentes y se han mantenido más estables”.

Quizás no sorprendentemente, en paralelo Bell señala que la oposición a Israel ha aumentado constantemente durante el período en que el mundo observó a Israel asesinar, mutilar y matar de hambre a los niños de Gaza.

O como observa el informe: “Los sentimientos antiisraelíes son más prevalentes y han ido en aumento”.

El propio Bell señala una encuesta realizada en 2025 —en el apogeo del genocidio de Gaza— en la que una cuarta parte de todos los británicos y la mitad de los que tienen entre 18 y 24 años dijeron que se sentían incómodos “pasando tiempo con personas que apoyan abiertamente a Israel”. Por el contrario, solo el 3 por ciento dijo que se oponía a tener amistad con alguien porque fuera judío.

En otras palabras, Bell acepta implícitamente que la premisa misma de su revisión es defectuosa: el antisemitismo no es más un problema de lo que era. Es la oposición a las atrocidades de Israel la que está aumentando.

Y eso, al parecer, es lo que la revisión Bell y la nueva política del gobierno hacia las escuelas realmente buscan sofocar.

**Conjurado de la nada**

Apenas debería ser necesario afirmar que, si las premisas de la revisión son defectuosas, entonces cualquier conclusión basada en esas premisas defectuosas probablemente también sea errónea.

Pero eso es irrelevante. El propósito de la revisión Bell no es erradicar un problema de antisemitismo en las escuelas que la revisión en gran medida tiene que conjurar de la nada.

Se ha señalado ampliamente que la cifra principal de Bell de casi “tres de cada cinco niños judíos” que sufren antisemitismo —citada por la secretaria de Educación Lucy Powell y los medios corporativos— carece completamente de fundamento.

De hecho, la cifra se basa en una muestra de encuesta minúscula de 92 estudiantes judíos de sexto curso, de entre 16 y 19 años. De ellos, 29 informaron haber experimentado antisemitismo, menos de un tercio.

Pero hay un problema adicional. Incluso esos 29 estudiantes judíos que afirman haber experimentado antisemitismo probablemente basaron esa experiencia en la definición de antisemitismo de la IHRA, que se centra en la crítica a Israel más que en el odio a los judíos.

Es muy posible que en muchos, si no en la mayoría, de estos casos los estudiantes judíos percibieran como evidencia de antisemitismo no el odio a los judíos sino la oposición a Israel, o las protestas contra el genocidio, o la promoción de los derechos palestinos.

Eso es aún más probable dado que más de dos tercios de todos los alumnos judíos estudian en escuelas religiosas exclusivamente judías, muchas de las cuales se caracterizan como sionistas y enseñan a los alumnos a identificarse fuertemente con un estado israelí de apartheid que actualmente lleva a cabo un genocidio.

Que algunos niños judíos hayan sido educados, como sus padres, para considerar a los críticos de los crímenes de Israel o de su carácter de apartheid como odiadores de judíos, no hace que los críticos de Israel tengan la culpa. No es su comportamiento lo que necesita ser vigilado.

Más bien, es la educación racista y antipalestina que se promueve en las escuelas sionistas de Britania lo que necesita ser erradicado.

**No apto para el propósito**

No obstante, según las recomendaciones de Bell, se acosará a alumnos, profesores y padres para que acepten que los horrores que vieron cometer a Israel durante los últimos tres años —y en los que el Reino Unido coludió— no son lo que parecen.

¿Cómo se logrará esto? El gobierno de Burnham impondrá a las escuelas británicas la definición de antisemitismo de la IHRA, la que se utilizó para destruir al Partido Laborista de Corbyn y que ahora se esgrime contra Polanski y los Verdes.

Sobre la base de la definición de la IHRA, se está marcando a Polanski como el “tipo equivocado de judío”, es decir, uno cuyas políticas de izquierdas no pueden tolerarse.

Ahora la misma atmósfera de caza de brujas se desatará en las escuelas británicas.

Las principales autoridades legales del Reino Unido criticaron hace tiempo la definición de la IHRA por no ser apta para el propósito. Sir Stephen Sedley, ex juez del Tribunal de Apelación y él mismo judío, advirtió en 2017 que la definición estaba mal redactada, era imprecisa y se estaba utilizando para sofocar el debate legítimo sobre Israel.

Uno de los ejemplos de antisemitismo de la IHRA cita expresamente la responsabilidad colectiva de los judíos por las acciones de Israel.

Y sin embargo, debido a que siete de los 11 ejemplos de la IHRA se centran en Israel, la definición corre el riesgo de aumentar el antisemitismo mediante su confusión de judíos con Israel, paradójicamente, en violación de sus propios preceptos.

Es precisamente debido a este uso continuo y deliberado de la definición de la IHRA que su autor principal, Kenneth Stern, ha declarado repetidamente su oposición a que se codifique en ley y se utilice para vigilar el comportamiento en escuelas y universidades.

En un artículo de opinión en The Guardian en 2019, Stern acusó a “judíos de derechas” de “instrumentalizar” su definición para silenciar el debate sobre Israel.

Pero el problema no es solo los judíos de derechas que instrumentalizan el antisemitismo, sino gobiernos como el de Burnham. Las clases políticas y mediáticas británicas se han dado cuenta de que la definición de la IHRA es demasiado útil —para aplastar a los críticos de izquierdas— como para retirarla alguna vez.

**Reeducación sionista**

No es difícil predecir el efecto combinado de imponer una jerarquía de racismos en la que el antisemitismo ocupa el primer lugar y de aplicar la definición de la IHRA en las escuelas, prohibiendo de hecho la crítica contundente a Israel.

Requerirá que las administraciones escolares y el personal docente vigilen las aulas y los patios como nunca antes y repriman cualquier demostración de comportamientos normales y empáticos entre los alumnos. De ahora en adelante, la preocupación por el sufrimiento de los palestinos se clasificará como aberrante, como “radicalización”.

Expresar solidaridad con los niños palestinos asesinados o heridos en Gaza podría ser señalado como una amenaza para la protección de los alumnos judíos. Al igual que llevar insignias propalestinas o contra el genocidio. Al igual que organizar ventas de pasteles para recaudar fondos para alimentar y alojar a los niños de Gaza que viven en las ruinas de Gaza. Al igual que vestir el traje tradicional palestino en los días de identidad nacional que se celebran en muchas de las escuelas más diversas de Britania.

Ya desde el genocidio de Gaza, se ha informado de que un número récord de alumnos han sido remitidos al programa “contra el extremismo” Prevent del gobierno por llevar insignias y pegatinas propalestinas.

Los actos de solidaridad con los oprimidos, con las víctimas de lo que el tribunal más alto del mundo advierte que es un régimen de apartheid, serán desterrados de las escuelas.

Daniel Kebede, director del Sindicato Nacional de Educación, ha advertido: “Recomendar la definición de la IHRA corre el riesgo de apretar el gélido agarre que ya está sofocando la discusión en el aula sobre el genocidio de Gaza”.

La lógica de la jerarquía de racismos del gobierno se mostrará plenamente.

Se negará a los alumnos el derecho a identificarse con los niños palestinos traumatizados en Gaza, para que los niños judíos en Britania puedan quedar en paz para identificarse con un estado extranjero —Israel— incluso cuando se le acusa ampliamente de cometer genocidio.

Presumiblemente, la esperanza del gobierno es que, si se detectan a tiempo, se pueda entrenar a los alumnos para que abandonen sus instintos normales de cuidar a los menos afortunados, a los que sufren. Se les puede enseñar que tales sentimientos son vergonzosos y evidencia de odio a los judíos.

Y por extensión, se les puede hacer creer que la connivencia de años del estado británico en las atrocidades israelíes no es un crimen sino lo moralmente correcto.

Cualquier alumno que se desvíe del camino correcto, que se niegue a ser intimidado, será sometido a una reeducación sionista obligatoria, implementada a través de grupos de presión ferozmente proisraelíes que se hacen pasar por organizaciones de la comunidad judía.

Esa es también la perspectiva para los niños británicos de ascendencia palestina, árabe o musulmana, incluidos aquellos cuyos familiares han sido asesinados, mutilados, limpiados étnicamente o torturados por Israel.

Durante años han observado el sufrimiento y la humillación de sus comunidades, sabiendo que el gobierno británico —su gobierno— es cómplice de esos crímenes.

Ahora tendrán que ocultar y suprimir permanentemente sus verdaderos sentimientos para evitar el castigo.

Quienes no lo hagan serán sometidos a programas de instrucción patrocinados por el estado británico —reeducación— dirigidos por grupos proisraelíes para “corregir” su pensamiento incorrecto, para obligar a estos niños a amar al mismísimo estado que ha asesinado y abusado de sus compatriotas y seres queridos.

**Doble rasero racista**

Para poner en perspectiva adecuada la represión del gobierno contra un problema de antisemitismo en las escuelas en gran medida inexistente, recordemos que se cree que más de 2.000 jóvenes judíos británicos se dirigieron a Israel para ayudar a su ejército a cometer genocidio en Gaza.

El gobierno no ha hecho nada para impedir que se vayan. Mientras tanto, a la policía británica se le han entregado repetidamente detalles de presuntos sospechosos de crímenes de guerra, pero hasta ahora no ha logrado investigar, arrestar o acusar a ninguno de ellos.

Powell, la secretaria de Educación del Reino Unido, ha dicho a Sky News: “No creo que nuestras escuelas deban ser un lugar donde se trate de hacer protestas y declaraciones sobre eventos geopolíticos en todo el mundo”.

Y sin embargo, hace solo un año, su predecesora, Bridget Phillipson, que estableció la revisión Bell, fue filmada en aulas británicas con niños de primaria ondeando banderas ucranianas.

A pesar de la nueva prohibición de Powell, muchas alumnas judías seguirán siendo animadas por sus escuelas a identificarse fuertemente con el estado extranjero de Israel, un estado casi permanentemente sumido, de la peor manera posible, en “eventos geopolíticos”.

Si es importante que los niños británicos se identifiquen y apoyen a los niños blancos de Ucrania en su sufrimiento, ¿por qué no es posible —por qué es antisemitismo— que los niños británicos se identifiquen y apoyen de manera similar a los niños morenos de Gaza mientras atraviesan un sufrimiento mucho mayor?

Es difícil imaginar una respuesta que no sea racista en su esencia.

Independientemente de lo que afirme el gobierno, estos dobles raseros no están impulsados por principios. No se trata de antisemitismo. Se trata de proteger a Israel.

Burnham asumió el cargo disculpándose por cómo su predecesor, Starmer, “se equivocó” al comienzo de la masacre de Israel en Gaza.

Pero su gobierno ahora está redoblando lo que el Laborismo también hizo mal en los años previos al genocidio, cuando dedicó sus energías a aplastar a la sección del partido liderada por Corbyn que advertía sobre el carácter profundamente racista de Israel y sobre lo que probablemente haría a los palestinos.

El genocidio ha vindicado a Corbyn y a la izquierda de la manera más horrible posible.

No importa. Como con los ataques a Polanski, nada de esto se trata realmente de antisemitismo. Se trata de Israel.

Se trata del establishment británico y la clase multimillonaria protegiendo sus intereses tanto en las industrias bélicas en las que Israel es tan central como en el Medio Oriente rico en petróleo, donde Israel actúa como perro de ataque de Occidente.

Se trata de aplastar la disidencia para apuntalar un orden político occidental en desmoronamiento, liderado por un narcisista codicioso y beligerante en la Casa Blanca, mientras se ve afectado por el colapso en todos los frentes: económico, medioambiental, político y social.

El descontento y los disturbios están creciendo. La violencia está latente. Obligar a los niños a saludar la bandera israelí no detendrá el declive. Simplemente subraya cuánto el orden occidental “liberal” ha perdido el rumbo." 

(Jonathan Cook, blog, 02/11/26, traducción Deepseek, enlaces en el original)

Trump está encarcelando de por vida a MANIFESTANTES de izquierda... Trump firmó el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 7, que ordena a las agencias federales contrarrestar el "terrorismo doméstico", un término vagamente definido y sin un cargo penal federal específico... Según la ACLU, el grupo de trabajo ha monitoreado a activistas de Black Lives Matter, ha atacado a musulmanes, periodistas y ambientalistas, incluyendo visitas intimidantes a sus hogares o lugares de trabajo. Esencialmente, Trump ha ordenado al FBI investigar la protesta y organización de izquierda... Este verano, nueve manifestantes fueron condenados por cargos de terrorismo con sentencias que van de 30 a 70 años por una manifestación ruidosa ocurrida el 4 de julio de 2025 frente a la instalación de ICE en Prairieland, Texas, en la que fué herido un oficial federal... solo una persona cometió realmente un acto de violencia contra un oficial. Los otros activistas están pagando el precio por su proximidad al tirador, y por participar en formas muy comunes de organización política moderna. Los fiscales condenaron a los nueve de Prairieland bajo estas nuevas definiciones establecidas por el NSPM7, condenándolos como una célula terrorista de Antifa, sustentándolo en su manejo de fanzines políticos impresos y material promocional, usar ropa negra similar la noche de la manifestación ruidosa, o su uso de chats grupales de Signal... Los cargos incluyen una sentencia de 50 años para la manifestante Autumn Hill, quien declaró que se marchó antes de que el oficial resultara herido, y una sentencia de 30 años para Daniel Rolando Sanchez-Estrada, quien ni siquiera estaba presente en el lugar del tiroteo y fue condenado por conspiración para ocultar documentos por mover una caja de revistas y panfletos de "literatura antifascista"... Estas condenas no tienen precedentes y solo es el comienzo de la represión de la administración Trump contra la organización (Ryan Johnson)

 "Investigamos cómo Trump está encarcelando de por vida a manifestantes de izquierda.

you tube: https://www.youtube.com/watch?v=Fth1MZzSLnA

En septiembre de 2025, el presidente Donald Trump firmó el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 7, un documento clasificado que ordena a poderosas agencias federales contrarrestar el "terrorismo doméstico", un término vagamente definido y sin un cargo penal federal específico. Aun así, la Administración Trump ha tomado medidas para usarlo como pretexto para atacar y castigar a personas y organizaciones que defienden a comunidades marginadas.

Este verano, nueve manifestantes fueron condenados por cargos de terrorismo con sentencias que van de 30 a 70 años por una manifestación ruidosa ocurrida el 4 de julio de 2025 frente a la instalación de ICE en Prairieland, Texas, que resultó en el disparo contra un oficial federal.

Los cargos incluyen una sentencia de 50 años para la manifestante Autumn Hill, quien declaró que se marchó antes de que el oficial resultara herido, y una sentencia de 30 años para Daniel Rolando Sanchez-Estrada, quien ni siquiera estaba presente en el lugar del tiroteo y fue condenado por conspiración para ocultar documentos por mover una caja de revistas y panfletos de "literatura antifascista". Benjamin Song, el tirador, también recibió 100 años de prisión.

La siguiente es una transcripción apresurada y puede contener errores. Será actualizada.

Ryan Johnson:

En septiembre de 2025, el presidente Donald Trump firmó el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional siete, un documento clasificado que ordena a poderosas agencias federales contrarrestar el terrorismo doméstico, un término vagamente definido y sin un cargo penal federal específico. Aun así, la administración Trump ha tomado medidas para usarlo como pretexto para atacar y castigar a personas y organizaciones que defienden a comunidades marginadas. El memorando también fue redactado solo días después de que Trump designara a Antifa como organización terrorista.

Donald Trump:

Antifa es terrible. Estas no son protestas. Estos son crímenes, lo que están haciendo.

Ryan Johnson:

Así que el memorando comienza conectando vagamente las protestas de ICE en Los Ángeles y Portland, el asesinato de Charlie Kirk y un tiroteo de 2025 en una instalación de ICE en Dallas. El memorando afirma que estos incidentes ocurridos en partes completamente diferentes del país son la culminación de sofisticadas campañas organizadas de intimidación dirigida, radicalización, amenazas y violencia diseñadas para silenciar el discurso opositor y prevenir el funcionamiento de una sociedad democrática. También lanza una red amplia sobre lo que supuestamente cree la red, incluyendo el antiamericanismo, el anticapitalismo, el anticristianismo y, muy importante, el antifascismo.

Donald Trump:

Los Antifa, estas son personas malas. Te das cuenta de que siempre atacan a personas que realmente nunca han sido atacadas antes.

Ryan Johnson:

Entonces, ¿cómo buscará la administración Trump hacer cumplir la persecución y disolución de su supuesta red antifascista a través del grupo de trabajo conjunto contra el terrorismo liderado por el FBI, un equipo que trabaja con redes de aplicación de la ley locales en todo el país para llevar a cabo investigaciones contra el terrorismo? Según la ACLU, el grupo de trabajo ha monitoreado a activistas de Black Lives Matter, ha atacado a musulmanes, periodistas y ambientalistas para investigación, incluyendo con visitas intimidantes a sus hogares o lugares de trabajo. Esencialmente, Trump ha ordenado al FBI junto con otras organizaciones gubernamentales usar toda la extensión de su poder y jurisdicción para investigar la protesta y organización de izquierda.

Donald Trump:

Debería estar claro para todos los estadounidenses que tenemos una amenaza terrorista de izquierda muy seria en nuestro país, radicales asociados con el grupo terrorista doméstico Antifa, del que han oído mucho últimamente, y he oído mucho sobre ellos durante 10 años. Y otros extremistas de extrema izquierda han estado llevando a cabo una campaña de violencia contra agentes de ICE y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley federal.

Ryan Johnson:

Este verano, nueve manifestantes fueron condenados por cargos de terrorismo con sentencias que van de 30 a 70 años por una manifestación ruidosa ocurrida el 4 de julio de 2025 frente a la instalación de ICE en Prairieland, Texas, que resultó en el disparo contra un oficial federal. Los cargos incluyen una sentencia de 50 años para la manifestante Autumn Hill, quien declaró que se marchó antes de que el oficial resultara herido, y una sentencia de 30 años para Daniel Rolando Sanchez Estrada, quien ni siquiera estaba presente en el lugar del tiroteo y fue condenado por conspiración para ocultar documentos por mover una caja de revistas y panfletos de literatura antifascista. Benjamin Song, el tirador, también recibió cien años de prisión. Cada acusado fue condenado por proporcionar apoyo material a terroristas, un cargo que puede incluir servicios, entrenamiento, equipos de comunicaciones, explosivos, personal incluyéndose a sí mismos, o transporte, que conllevaba una sentencia adicional de 15 años. Los fiscales federales acusaron y condenaron a los nueve de Prairieland de ser miembros de lo que llamaron una célula terrorista de Antifa.

En un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, el director del FBI, Kash Patel, declaró que la sentencia demostró que el FBI sigue comprometido a identificar, localizar y desmantelar a Antifa y sus redes de financiamiento en todo el país, y que el FBI continuará trabajando para proteger a las comunidades de todo el país del terrorismo doméstico. Lo que el comunicado de prensa omite es que solo una persona cometió realmente un acto de violencia contra un oficial. Los otros activistas están pagando el precio por su proximidad al tirador, que la administración Trump considera radical, y por participar en formas muy comunes de organización política moderna. Los fiscales condenaron a los nueve de Prairieland bajo estas nuevas definiciones establecidas por el NSPM7, condenándolos como una célula terrorista de Antifa, sustentándolo en su manejo de fanzines políticos impresos y material promocional, usar ropa negra similar la noche de la manifestación ruidosa, y su uso de chats grupales de Signal.

Los manifestantes están ahora en prisión por más del doble del tiempo que cualquier persona condenada por participar en la insurrección del 6 de enero. Estas condenas son sin precedentes y solo el comienzo de la represión de la administración Trump contra la organización. La intención es enfriar el discurso, intimidar a las personas con puntos de vista de izquierda y aplastar estos movimientos." 

(Ryan Johnson , Scheer Post, 08/11/26, enlaces en el original)