Stanislav Krapivnik, ex-comandante del ejército de EEUU: “Alemania es un caso increíble. Comenzaron dos guerras mundiales. Perdieron ambas. Y ahora quieren ir a la guerra contra Rusia, que destruiria completamente a Alemania si hay una guerra. Es incomprensible. Los lideres alemanes se han vuelto dementes. No aprenden de la historia”, dice. “Ustedes creen que EEUU va a ir a la guerra con un poder nuclear como Rusia? El que piense eso es un verdadero ignorante o su coeficiente intelectual no da para mas. EEUU jamas ira a una guerra directa contra Rusia igual que Rusia jamas ira a una guerra directa con EEUU porque entienden que eso seria el fin de ambos paises. Sin embargo, los actuales lideres de la Union Europea parecen empenados en destruir Europa. Una cosa es que apoyen a Ucrania en territorio de Ucrania y otra es que den a Ucrania misiles de largo alcance que golpean dentro de Rusia. ¿Pero es que se han vuelto completamente locos? Como vas a atacar el territorio de un país que tiene siete mil cabezas nucleares y que podría convertir en polvo cósmico a toda Europa en quince minutos? Realmente se me escapa el tema. No entiendo como los lideres de la UE pueden ser tan estúpidos e irresponsables. Y en caso de guerra, no habrá ninguna invasión. Ningún soldado ruso pondrá su pie en Europa. Rusia simplemente destrozaría toda la infraestructura de Europa y acabaría con el continente sin poner un solo pie ahí. Y si a Gran Bretaña o Francia se les ocurre lanzar un arma nuclear contra Rusia, Moscú destruiría completamente Europa. Toda Europa seria un deshecho radiactivo. Putin ha tenido una paciencia de santo con Europa, pero esa paciencia se puede acabar cualquier dia y ese dia ya pueden borrar a paises como Alemania del mapa de Europa. La UE esta en manos de ineptos y lunaticos que la llevaran a su destruccion. Europa ha decidido morir"

Karin Arcuschin@KarinArcus_ok

 “EUROPA HA HECHO UN PACTO DE SUICIDIO Y HA DECIDIDO MORIR” ... afirma el analista de temas de seguridad Stanislav Krapivnik. Fue un comandante en las fuerzas armadas de EEUU. 

“Alemania es un caso increíble. Comenzaron dos guerras mundiales. Perdieron ambas. Y ahora quieren ir a la guerra contra Rusia, que destruiria completamente a Alemania si hay una guerra. Es incomprensible. Los lideres alemanes se han vuelto dementes. No aprenden de la historia”, dice. “Ustedes creen que EEUU va a ir a la guerra con un poder nuclear como Rusia? El que piense eso es un verdadero ignorante o su coeficiente intelectual no da para mas. EEUU jamas ira a una guerra directa contra Rusia igual que Rusia jamas ira a una guerra directa con EEUU porque entienden que eso seria el fin de ambos paises. Sin embargo, los actuales lideres de la Union Europea parecen empenados en destruir Europa”, anade. 

“Una cosa es que apoyen a Ucrania en territorio de Ucrania y otra es que den a Ucrania misiles de largo alcance que golpean dentro de Rusia. Pero es que se han vuelto completamente locos? Como vas a atacar el territorio de un pais que tiene casi siete mil cabezas nucleares y que podria convertir en polvo cosmico a toda Europa en quince minutos?”, se pregunta. “Realmente se me escapa el tema. No entiendo como los lideres de la UE pueden ser tan estupidos e irresponsables", asevera. 

“Ustedes saben que EEUU invadio varias veces Mexico. Ustedes se imaginan que la UE estuviera financiando a Mexico tras una invasion y que le diera misiles de largo alcance que llegaran a Washington? Se imaginan eso? Que piensan que pasaria despues de que el primer misil impactara en Washington? 

No hace falta que piensen. Ya se lo digo yo. Lo que pasaria es que Mexico dejaria de existir. EEUU arrasaria con Mexico, ya sea de forma convencional o nuclear. Lo que si les digo con absoluta certeza es que no habria un segundo misil que llegase a Washington”, apunta.

 “Pero que hacen los lideres de la UE? Dan misiles y drones de largo alcance a Zelensky para que ataque Rusia y en especial Moscu. Es de locos. Putin ha tenido una paciencia de santo con Europa, pero esa paciencia se puede acabar cualquier dia y ese dia ya pueden borrar a paises como Alemania del mapa de Europa”, prosigue. 

“Y en caso de guerra, no habra ninguna invasion. Ningun soldado ruso pondra su pie en Europa. Rusia simplemente destrozaria toda la infraestructura de Europa y acabaria con el continente sin poner un solo pie ahi. Y si a Gran Bretana o Francia se les ocurre lanzar un arma nuclear contra Rusia, Moscu destruiria completamente Europa. Toda Europa seria un deshecho radiactivo”, dice. 

“La Union Europea no solo esta en manos de politicos corruptos e ineptos sino que no tienen ningun tipo de sentido comun. Es realmente dificil de creer lo estupidos que son”, afirma. La UE declara que apoya a Ucrania porque ha sido invadida y debe defenderse la democracia. "El gobierno de Ucrania son neonazis. Es un gobierno de nacionalistas radicales y absolutamente corrupto y criminal. Zelensky no es ningun democrata. Es un dictador, pero dejemos eso de lado. No importa si esta a favor o en contra de lo que sucede en Ucrania o si es justo o no. Lo que lo que hace la UE es una verdadera locura. La UE esta en manos de ineptos y lunaticos que la llevaran a su destruccion", afirma. "Europa ha decidido morir", insiste.

2:55 p. m. · 21 jun. 2026 ·96,2 mil Visualizaciones

La escasez de diésel es la más peligrosa desde el punto de vista económico y la de propagación más rápida... el diésel impulsa el transporte de mercancías, el ferrocarril, la agricultura, la construcción y la distribución... cuando el precio del diésel se encarece, el aumento no se detiene en las gasolineras; se propaga por las cadenas de suministro y repercute simultáneamente en los fletes, los precios de los alimentos, los márgenes de producción y los precios minoristas. Este tipo de inflación generalizada de los insumos es una de las causas más fiables de recesión... actualmente, Estados Unidos tiene un suministro de diésel para aproximadamente 30 días... se estima que entre el 8 % (solo de la clase VLCC) y un 15-20 % de la flota global de buques cisterna de crudo y productos refinados se encuentra varada o prácticamente retirada de la circulación mundial, lo que supone una crisis de suministro que afecta a la capacidad de transporte marítimo y agrava la ya existente interrupción del suministro de petróleo. Esto significa que no existe una solución inmediata para cubrir esta escasez en 30 días. De hecho, la demora en restablecer el suministro de diésel en Estados Unidos podría prolongarse hasta 60 días. En resumen, el petróleo no fluirá con la suficiente rapidez a nivel mundial para satisfacer la demanda actual, lo que probablemente explica la repentina decisión de Trump la semana pasada de firmar el memorando de entendimiento con Irán. Un experto que me proporcionó esta información cree que nos enfrentaremos a una grave escasez de diésel en julio (Larry C. Johnson)

" (...) Además del retraso en la vuelta de los buques cisterna a alta mar, existe el problema del punto de inflexión del destilado medio. ¿Qué es eso? Como se puede ver en la imagen al inicio de este artículo, un barril de petróleo no es como una lata de Coca-Cola, es decir, un líquido uniforme de principio a fin. Un barril de petróleo se compone de segmentos, y la porción de destilado medio proporciona la materia prima de la que se derivan tanto el diésel como el combustible para aviones. Ese segmento es fundamental para la economía real, ya que el diésel impulsa el transporte de mercancías, el ferrocarril, la agricultura, la construcción y la distribución, mientras que el combustible para aviones abastece tanto la aviación civil como las operaciones aéreas militares.

La limitación estructural que subyace a la actual crisis energética es el propio barril de refinería. El combustible militar para aviones (JP-8) y el diésel civil no se refinan a partir de barriles separados; compiten por el mismo destilado de cada barril procesado. Por lo tanto, si Trump ordena al Pentágono que reanude los bombardeos contra Irán, esto provocará una disminución de las reservas —suponiendo que se mantenga el ritmo de las operaciones en el Golfo— y las refinerías se verán presionadas a desviar la producción hacia el JP-8, lo que reduce directamente el suministro de diésel y combustible para la aviación civil. En otras palabras, no hay barriles gratis; cada galón de combustible militar es un galón que no está disponible para una empresa de transporte, un agricultor o una aerolínea.

De todos los efectos posteriores, la escasez de diésel es la más peligrosa desde el punto de vista económico y la de propagación más rápida. A diferencia de la gasolina, que es un coste para el consumidor, el diésel es un coste de insumo: está presente en cada envío de mercancías, cada entrega de alimentos, cada proceso industrial. Cuando el diésel se agota, el aumento de precio no se detiene en la gasolinera; Se propaga a través de las cadenas de suministro y repercute simultáneamente en las tarifas de flete, los precios de los alimentos, los márgenes de producción y los costos minoristas. Este tipo de inflación generalizada de los insumos es una de las causas más fiables de recesión, ya que comprime los márgenes de toda la economía al tiempo que reduce el poder adquisitivo de los consumidores.

Esto ayuda a explicar por qué Donald Trump cambió de rumbo tan rápidamente para apoyar el Memorando de Entendimiento con Irán. La verdadera cuestión de asignación no es si liberar la Reserva Estratégica de Petróleo o si presionar a la OPEP para que produzca más, sino la intensidad de la guerra. Cada incremento en la intensidad operativa consume destilado que la economía nacional no puede reponer fácilmente, estrechando una cadena de transmisión que va directamente desde el Estrecho de Ormuz hasta los precios de consumo. La disyuntiva entre la intensidad de la guerra y la estabilidad económica no es una preocupación estratégica abstracta; es una decisión diaria sobre la programación de las refinerías con consecuencias macroeconómicas.

El problema es el siguiente: actualmente, Estados Unidos tiene un suministro de diésel para aproximadamente 30 días. Se estima que entre el 8 % (solo de la clase VLCC) y un 15-20 % de la flota global de buques cisterna de crudo y productos refinados se encuentra varada o prácticamente retirada de la circulación mundial, lo que supone una crisis de suministro que afecta a la capacidad de transporte marítimo y agrava la ya existente interrupción del suministro de petróleo. Esto significa que no existe una solución inmediata para cubrir esta escasez en 30 días. De hecho, la demora en restablecer el suministro de diésel en Estados Unidos podría prolongarse hasta 60 días. En resumen, el petróleo no fluirá con la suficiente rapidez a nivel mundial para satisfacer la demanda actual, lo que probablemente explica la repentina decisión de Trump la semana pasada de firmar el memorando de entendimiento con Irán. Un experto que me proporcionó esta información cree que nos enfrentaremos a una grave escasez de diésel en julio. ¿Qué les parece esta noticia tan alentadora?"

( Larry C. Johnson, blog, 22/06/26, traducción google, enlaces en el original)

"El noviete de la lideresa tenía una vida normal, no demasiado ostentosa, viviendo bien pero sin lujos, en un piso normal y corriente de un pueblo de la periferia de Madrid, hasta que conoció a Isabel Díaz Ayuso y su nivel de vida se disparó al calor de las concesiones y comisiones vinculadas a la presidencia de su novia. Ni más ni menos que 4,4 millones de euros se llevó Alberto González Amador desde que es novio de Isabel Díaz Ayuso por chanchullos con Quirón, que es la joya de la corona de la privatización de la sanidad que la lideresa favorece regando de dinero público a la empresa que le paga el ático al novio y que ella disfruta como partícipe a título lucrativo. Para lograr ese suntuoso negocio pagó medio millón de euros para comprar una empresa a la mujer del directivo de Quirón con el que hacía negocios. Una empresa de belleza que solo tenía un ordenador viejo y dos máquinas de depilar. Hacienda, que no es tonta, y cualquiera de nosotros, que tampoco lo somos, sospechamos que esa compra no era más que una simulación para pagarle una comisión al directivo del que dependían esos millones de euros que el consorte de la quironesa se agendó en solo tres años de noviazgo" (Antonio Maestre)

 "(...) El noviete de la lideresa tenía una vida normal, no demasiado ostentosa, viviendo bien pero sin lujos, en un piso normal y corriente de un pueblo de la periferia de Madrid, hasta que conoció a Isabel Díaz Ayuso y su nivel de vida se disparó al calor de las concesiones y comisiones vinculadas a la presidencia de su novia. Ni más ni menos que 4,4 millones de euros se llevó Alberto González Amador desde que es novio de Isabel Díaz Ayuso por chanchullos con Quirón, que es la joya de la corona de la privatización de la sanidad que la lideresa favorece regando de dinero público a la empresa que le paga el ático al novio y que ella disfruta como partícipe a título lucrativo. Para lograr ese suntuoso negocio pagó medio millón de euros para comprar una empresa a la mujer del directivo de Quirón con el que hacía negocios. Una empresa de belleza que solo tenía un ordenador viejo y dos máquinas de depilar. Hacienda, que no es tonta, y cualquiera de nosotros, que tampoco lo somos, sospechamos que esa compra no era más que una simulación para pagarle una comisión al directivo del que dependían esos millones de euros que el consorte de la quironesa se agendó en solo tres años de noviazgo. (...)"

(Antonio Maestre, eldiario.es, 21/06/26) 

El último truco ha sido retirarle el pasaporte porque ni con escolta ni sin escolta tienen remedio los males de Begoña Gómez... Si tuviéramos un penal de máxima seguridad como esos que salen en las series norteamericanas, ni siquiera con ella encerrada allí estaríamos seguros... El juez Peinado había empezado la construcción del relato con aquella extemporánea citación para una audiencia, donde normalmente no se requiere la presencia del imputado, conminando a Begoña Gómez a acudir bajo amenaza de uso de la fuerza policial en caso de no hacerlo... allí estaba el juez avisando a la peligrosa delincuente que la policía únicamente estaba esperando su señal para esposarla y llevarla en el asiento de atrás del coche patrulla. Seguramente con varias patrullas escoltándose unas a otras para evitar que algún topo policial sanchista facilitase la fuga a la malhechora... Luego, ya en vísperas, se produjo el oportuno error de endosarla en una causa separada por dos delitos más... En un sistema garantista todos tenemos garantizado el derecho a tener un juez que no parta de la presunción de culpabilidad... no importa porque su señoría es un juez de instrucción y el único límite a su voluntad reside en la providencia. Quienes dicen que no hay de qué preocuparse porque la decisión será revisada pues nuestro sistema es muy garantista, deberían probarlo alguna vez para disfrutar por completo la experiencia de tanta garantía (Antón Losada)

 "La defensa de Begoña Gómez denuncia a Peinado ante el Poder Judicial por vulnerar su derecho de defensa

Se veía venir que el juez Peinado se iba a despedir con un gran número final de magia procesal. Llevaba semanas preparándolo cuidadosamente y no podía ejecutarlo en otro marco más incomparable que todas las portadas del domingo. Unos reciben relojes cuando se jubilan, otros retiran pasaportes diplomáticos. La gran sorpresa ha sido que haya hecho desaparecer la lealtad de la Policía hacia el imperio de la ley.

Había empezado la construcción del relato con aquella extemporánea citación para una audiencia, donde normalmente no se requiere la presencia del imputado, conminando a Begoña Gómez a acudir bajo amenaza de uso de la fuerza policial en caso de no hacerlo. Por si a alguien le quedaba alguna duda, allí estaba el juez avisando a la peligrosa delincuente que la policía únicamente estaba esperando su señal para esposarla y llevarla en el asiento de atrás del coche patrulla. Seguramente con varias patrullas escoltándose unas a otras para evitar que algún topo policial sanchista facilitase la fuga a la malhechora. 

Luego, ya en vísperas, se produjo el oportuno error de endosarla en una causa separada por dos delitos más mientras esperábamos su decisión sobre las medidas cautelares ya fuera de plazo. Begoña Gómez no estaba ni se la esperaba en la causa separada porque nada tiene que ver. Pero no fuera a ser que alguien se despistase y pudiera pensar que su carrera delictiva había terminado. Que ya es casualidad equivocarse de plantilla justo ese día. Aunque ya nadie duda a estas alturas que España es el país de las coincidencias extraordinarias. 

Las nuevas adquisiciones eran los delitos de prevaricación, sin duda una especialidad de la casa, y fraude a los intereses comunitarios, para darle el glamuroso toque internacional. Una vez colocado el titular llegaba la rectificación avisando que, si hubiera indicios suficientes, se le volverían a endosar. Una advertencia tan innecesaria como chocante dado que, de haber indicios, cualquiera puede y debe ser imputado, incluso un juez. A no ser que su señoría nos avise que las imputaciones son discrecionales; a voluntad del juez, no de la ley. Además, endosarle prevaricación arruinaba la perspectiva de abrirle juicio oral con jurado y el espectáculo siempre debe continuar. 

El último truco ha sido retirarle el pasaporte porque ni con escolta ni sin escolta tienen remedio los males de Begoña Gómez; tal parece el grado superlativo de su pericia criminal y su historial delictivo. Si tuviéramos un penal de máxima seguridad como esos que salen en las series norteamericanas, ni siquiera con ella encerrada allí estaríamos seguros. 

Tres causas contempla la ley para imponer medidas cautelares: riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o seguir delinquiendo. Ninguna concurre en este caso. Se trata de una evidencia jurídica incontrovertible. Pero no importa porque su señoría es un juez de instrucción y el único límite a su voluntad reside en la providencia. Quienes dicen que no hay de qué preocuparse porque la decisión será revisada pues nuestro sistema es muy garantista, deberían probarlo alguna vez para disfrutar por completo la experiencia de tanta garantía. 

Si es usted inocente seguro que no le importa acompañarnos a comisaría, te decían antes. Si es usted inocente no se preocupe que ya se lo reconocerán en segunda instancia en unos meses, te dicen ahora. En un sistema garantista todos tenemos garantizado el derecho a tener un juez que no parta de la presunción de culpabilidad, que ponga en el eje del proceso la garantía de nuestros derechos y libertades constitucionales y que cause el mínimo daño posible en el honor y en la reputación de personas que se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario. 

En los restantes sistemas el único que de verdad tiene derechos es el juez y ustedes se callan mientras él habla; así que váyanse acostumbrando."

(Antón Losada, eldiario.es, 22/06/26)

Alberto González Amador, el novio de Ayuso, en 2019 vivía con su familia en un piso de 90 m². Su trabajo como técnico en prevención de riesgos laborales no daba para lujos. Entre 2020 y 2023 ingresó 8,1 millones de euros... La vida da muchas vueltas... De esos 8,1 millones en cuatro años, 4,7 los pagó Quirón Prevención. Los ingresos se disparan a partir de 2021. El año en que se conoce su noviazgo con Isabel Díaz Ayuso... Hay otros dos millones de euros que también tienen relación indirecta con Quirón. Son la comisión por la compraventa de mascarillas en 2020... En el consejo de administración de la empresa compradora, MAPE, se sentaba entonces Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención... La Justicia hoy investiga si este alto ejecutivo de Quirón fue cómplice de aquel pelotazo... Se explica muy fácil... Alberto González Amador cobró los dos millones de la comisión por las mascarillas en dos pagos: el 5 de mayo y el 5 de agosto de 2020... un mes después, la mujer de Fernando Camino, Gloria Carrasco, compró a su marido y a su hermano sus participaciones en una pequeña empresa que tenían entre los tres: Círculo de Belleza SL... así Camino se quita de en medio. En ese momento, valoraron esa empresa en solo 20.000 euros. Gloria Carrasco se convirtió así en su única propietaria... en diciembre, Alberto González Amador compró Círculo de Belleza a la mujer de Fernando Camino por 499.836 euros... ¿Por qué? Este pago pudo ser un presunto soborno a Fernando Camino, para lograr más contratos de Quirón Prevención o a cambio del pelotazo de los dos millones... Círculo de Belleza nunca valió medio millón. Ni por asomo. Sus únicos activos eran un viejo ordenador portátil y dos máquinas usadas de depilación... Tras la compra, casi toda su facturación llegó en exclusiva de Quirón Prevención: la empresa presidida por Fernando Camino... los hospitales de Quirón han cobrado de la Comunidad de Madrid alrededor de mil millones anuales. Casi el 10% de todo el gasto sanitario madrileño (Ignacio Escolar)

"La vida da muchas vueltas. Que le pregunten a Alberto González Amador.

En 2019, vivía con su mujer y sus tres hijos en un piso de 90 metros cuadrados en Barajas, cerca del aeropuerto de Madrid, en el barrio de la Alameda de Osuna. Su trabajo como técnico en prevención de riesgos laborales no daba para coches deportivos. Ni para dos pisos de 180 metros cuadrados cada uno en el barrio de Chamberí.

Llegó después la pandemia; una catástrofe para la mayoría de los españoles. Para otros no. 

Entre 2020 y 2023, las empresas de Alberto González Amador ingresaron 8,1 millones de euros. Repito: 8,1 millones de euros en solo cuatro años. 

De esa cantidad, 4,7 millones de euros los pagó Quirón Prevención, una filial del grupo sanitario Quirón. Son unos ingresos que se disparan a partir de 2021: el año en que se conoce –no consta fecha de cuándo empezó– su noviazgo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Otros dos millones más también tienen relación con un importante ejecutivo de Quirón. Es esa comisión por la compraventa de mascarillas en 2020. En el consejo de administración de la empresa compradora, MAPE, se sentaba entonces Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención.

La Justicia hoy investiga si este alto ejecutivo de Quirón fue cómplice de aquel pelotazo; si se llevó su parte de esa comisión de dos millones por mascarillas. Los últimos datos que ha desvelado la UCO –aún está pendiente el informe que se encargó hace un año, esto es solo una pequeña previa– respaldan esa sospecha.

Se explica muy fácil. Basta revisar la cronología.

Alberto González Amador cobró los dos millones de la comisión por las mascarillas en dos pagos: el 5 de mayo y el 5 de agosto de 2020.

Apenas un mes después, el 11 de septiembre de 2020, la mujer de Fernando Camino, Gloria Carrasco, compró a su marido y a su hermano sus participaciones en una pequeña empresa que tenían entre los tres: Círculo de Belleza SL. En ese momento, valoraron esa empresa en solo 20.000 euros. Gloria Carrasco se convirtió así en su única propietaria, tras pagar 8.000 euros por el 40% que aún no tenía.

El 4 de diciembre, Alberto González Amador compró Círculo de Belleza a la mujer de Fernando Camino por 499.836 euros. Cerró la operación a través de otra empresa de su propiedad, Maxwell Cremona, no a título particular.

Y al año siguiente, el 16 de diciembre, Maxwell Cremona vendió Círculo de Belleza al propio González Amador por solo 3.300 euros.

¿Cómo puede ser que una misma empresa valga primero 20.000 euros, tres meses más tarde medio millón y al año siguiente 3.300 euros? Como en todo truco de trilero, para encontrar la bolita hay que fijarse bien.

Círculo de Belleza nunca valió medio millón. Ni por asomo. No hay cómo justificar un precio así. Era una empresa minúscula: ni en el mejor de los cinco ejercicios previos había superado los 60.000 euros brutos anuales de facturación. Sus únicos activos eran un viejo ordenador portátil y dos máquinas usadas de depilación. Gestionaba un pequeño centro de estética en León, cerca de la farmacia de la mujer de Fernando Camino. Era tan irrelevante su cartera de clientes que lo primero que hizo González Amador una semana después de comprarla fue cambiar su nombre. Y nunca la volvió a dedicar a la depilación. Tras la compra, casi toda su facturación llegó en exclusiva de Quirón Prevención: la empresa presidida por Fernando Camino.

Cuando Camino vende su participación en Círculo de Belleza a su mujer lo que hace es quitarse de en medio. El código ético de Quirón prohíbe este tipo de negocios entre sus ejecutivos y sus proveedores. Así no es él quien cobra de González Amador.

¿Y por qué González Amador paga medio millón por esta empresita de depilación láser? La sospecha de la Justicia –está imputado por esa razón– es que este pago pudo ser un presunto soborno a Fernando Camino: para lograr más contratos de Quirón Prevención o a cambio del pelotazo de los dos millones. Camino estaba en el consejo de la empresa que compró esas mascarillas.

¿Y por qué un año más tarde González Amador se revende esa empresa a sí mismo por solo 3.300 euros? Pues tiene también su posible explicación: así pudo apuntarse en el balance de Maxwell Cremona unas minusvalías de 496.536 euros, que le permitirían un beneficio fiscal.

Todo huele fatal en los negocios del polimputado Alberto González Amador (está procesado o investigado en dos causas por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, falsedad documental, administración desleal, organización criminal, delito contable y fraude fiscal). Pero lo que más inquieta es el mínimo común denominador. La mayor parte de los millones del novio de Ayuso pasan, directa o indirectamente, por Fernando Camino y Quirón Prevención.

Esta semana, un reciente informe de Hacienda ha cifrado en 4,4 millones la fortuna que González Amador recibió de Quirón solo en tres años, entre 2021 y 2023. Hacienda dice también que las empresas del novio de Ayuso no contaban con los medios para realizar los servicios de consultoría por los que recibieron estos millones. Allí no había ni un solo empleado (no sabemos si seguían las dos máquinas de depilación).

4,4 millones de euros es una cifra tan inmensa que ni siquiera Ayuso la puede esconder, por mucha propaganda que le pongan alrededor. ¿Qué pasaría si Begoña Gómez –es un suponer– hubiera cobrado algo lejanamente similar de una empresa regada de millones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez?

Buena parte de los medios, por lo que sea, han escondido en sus portadas esta información. 

Ante este nuevo escándalo, la respuesta de la Comunidad de Madrid ha sido la de siempre: mentir, insultar y manipular. La Agencia Tributaria “debería ser dinamitada”, dice Miguel Ángel Rodríguez. “Quede claro: el último contrato con Quirón fue el año 2010. La presidenta no estaba ni pensada”, asegura también el jefe de gabinete de Ayuso.

Es falso, como de costumbre. Solo el año pasado, el Gobierno de Ayuso adjudicó a Quirón un nuevo contrato público de 120 millones de euros por gestionar el Laboratorio Clínico Central. Quirón Prevención –la filial de la que cobra sus millones González Amador– ha recibido decenas de adjudicaciones y más de 250 contratos menores de la Comunidad de Madrid desde 2019. 

Durante la presidencia de Ayuso, los hospitales de Quirón han cobrado de la Comunidad de Madrid alrededor de mil millones anuales. No es un proveedor cualquiera: se lleva más del 3% de todo el presupuesto de este gobierno autonómico: casi el 10% de todo el gasto sanitario de la administración madrileña. Es difícil encontrar una empresa con mayores intereses económicos con el Gobierno de Ayuso que Quirón.

Es cierto que los convenios del Servicio Madrileño de Salud con los hospitales que gestiona Quirón vienen de la etapa de Esperanza Aguirre. Pero bajo la presidencia de Ayuso esos pagos han crecido, y su Gobierno ha facilitado en los tribunales el cobro de cantidades que antes la Comunidad discutía.

Durante la presidencia de Cristina Cifuentes, Quirón mantenía un fuerte conflicto con la Comunidad de Madrid por cuáles debían ser las cantidades a cobrar. La intervención ponía peros a una parte de las facturas de los hospitales Quirón, que consideraba que no estaban justificadas.

Quirón llevó el asunto a los tribunales. ¿La respuesta del Gobierno de Ayuso? Ceder y pagar. A partir de 2022, sus servicios jurídicos dejaron de oponerse a buena parte de esas reclamaciones y se allanaron, total o parcialmente, en los tribunales. Las sentencias por esos juicios –hay ya una decena entre 2023 y 2025– han supuesto para la Comunidad de Madrid un pago extra de 86 millones de euros a Quirón. 

En el verano de 2022, el Gobierno de Ayuso también destituyó a la interventora de la Comunidad de Madrid, Marta García Miranda. Era la responsable de fiscalizar los contratos y pagos de la Comunidad de Madrid y, según distintas fuentes, quien ponía peros a algunas de estas facturas. Tras su salida, los pagos a Quirón aumentaron. 

Y mientras tanto, los millones de la pareja de Ayuso no paran de crecer. El informe de Hacienda solo detalla las cifras hasta 2023, pero en los años siguientes hubo más. 

En 2024, la empresa de González Amador Maxwell Cremona cobró casi un millón: 944.836 euros. En el Registro Mercantil no aparece el detalle sobre el origen de este dinero. Tal vez dentro de otro año, en el siguiente informe de la UCO, lo logremos averiguar." 

(Ignacio Escolar, eldiario.es, 20/06/26, gráficos en el original)

El espejismo de la derechización... los datos apuntan más bien a una izquierda desmovilizada que a un cambio ideológico del electorado... España sigue inclinada ideológicamente hacia la izquierda: 4,64 en abril de 2026... Este primer indicador del CIS plantea, no obstante, una paradoja: si la sociedad no se está derechizando, ¿por qué la derecha da ahora la impresión de encontrarse más cerca del poder que en varios momentos de la última década? Esta intuición no es nueva... La clave histórica es la capacidad de cada bloque para mantenerse cohesionado y movilizado; la conversión ideológica masiva pesa mucho menos... los datos no apuntan a una expansión histórica de la derecha, sino sobre todo a una contracción de la izquierda... la izquierda aparece otra vez debilitada tras varios años de gobierno, mientras que la derecha logra concentrar una dinámica de alternancia favorable... La cuestión de la vivienda resume probablemente mejor que ninguna otra esa pérdida progresiva de credibilidad material de la izquierda. Tras varios años de gobierno de coalición, amplios sectores populares y buena parte de los jóvenes siguen percibiendo que el acceso a la vivienda continúa deteriorándose... Vox puede así implantarse en sectores populares no porque la condición popular se haya vuelto espontáneamente conservadora, sino porque otras dimensiones de la experiencia social han adquirido una relevancia política creciente frente a la sola pertenencia de clase... la situación apuntaría a una alternancia coyuntural, de las que el ciclo político español ya ha conocido... la derecha puede ganar sin que el país vire en bloque al conservadurismo: en un sistema parlamentario fragmentado, su verdadera ventaja no es haber convencido a muchos más electores, sino haber recuperado una arquitectura más cohesionada, y con ella una ventaja de movilización que diferencias de participación reducidas bastan para convertir en mayoría... además, los procesos de removilización electoral parecen favorecer más a las derechas que a las izquierdas dentro del grupo de los abstencionistas (Marco Alagna Morales)

 "A un año de las próximas elecciones legislativas, la idea de una alternancia conservadora se va imponiendo en el debate político. Sin embargo, los datos sociológicos cuentan una historia mucho menos sensacionalista que la de una España súbitamente arrollada por la derecha.

El relato dominante ya se ha asentado plenamente en el panorama mediático: España se estaría “derechizando”. El ascenso de Vox, la radicalización de la cuestión migratoria y las crecientes dificultades de la izquierda alimentan la idea de un próximo giro conservador. Las series estadísticas largas dibujan un cuadro mucho más matizado. 

Desde mediados de los años ochenta, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pide regularmente a los españoles que se sitúen en una escala que va del 1 (izquierda) al 10 (derecha). Una lectura atenta de la serie muestra una notable estabilidad de fondo durante las últimas cuatro décadas. Ello no significa que no se hayan producido movimientos significativos. A finales de los años noventa y comienzos de los 2000 se observa un pronunciado giro hacia la derecha, coincidiendo con el ciclo que culminó en la mayoría absoluta de José María Aznar, que terminó revirtiéndose posteriormente. En conjunto, las variaciones permanecen contenidas dentro de una horquilla relativamente estrecha y los desplazamientos hacia la izquierda o hacia la derecha tienden a neutralizarse con el tiempo, manteniendo la media en torno al centro del eje político. 

Ni la crisis económica y la irrupción de Podemos –que podrían haber provocado un vuelco hacia la izquierda como el de Syriza en Grecia– ni el conflicto catalán y el ascenso de Vox –que habrían podido anunciar una derechización de fondo– han alterado ese equilibrio. España sigue inclinada ideológicamente hacia la izquierda: 4,64 en abril de 2026, por debajo del punto medio real de la escala, que es el 5,5 puesto que el rango es de 1 a 10. A diferencia de los porcentajes por bloques, que dependen de dónde se sitúe la frontera entre izquierda y derecha, la media no exige fijar ese umbral, y se mantiene a la izquierda con independencia de dónde se trace esa frontera. La posición de esa media resulta aún más significativa cuando se compara con la de los distintos electorados en abril de 2026: Sumar (2,45), PSOE (3,21) y ERC (3,42) ↔ España (4,64) ↔ PP (6,86) y Vox (7,33). Incluso la media nacional se sitúa por debajo de la observada entre los votantes de Junts (5,15) y del PNV (5,05). Si España se estuviera desplazando mayoritariamente hacia la derecha, cabría esperar una media superior al punto medio de la escala y más próxima a la de los electorados conservadores. Los datos del CIS sugieren más bien lo contrario. 

Este primer indicador del CIS plantea, no obstante, una paradoja: si la sociedad no se está derechizando, ¿por qué la derecha da ahora la impresión de encontrarse más cerca del poder que en varios momentos de la última década? Esta intuición no es nueva: Alberto Garzón sostenía a comienzos de 2026 que España no es un país de derechas, sino un país progresista desmovilizado. Ello no implica ignorar el peso de los factores coyunturales. La derrota del PP en 2004, tras la gestión política de los atentados del 11-M, y la del PSOE en 2011, precedida por semanas de negación de la gravedad de la crisis económica, ilustran hasta qué punto una parte del electorado centrista puede reaccionar a determinados acontecimientos y alterar temporalmente los equilibrios entre bloques. Pero el objeto de este artículo son las tendencias estructurales de largo plazo que configuran los equilibrios políticos españoles. 

Desde 1982, el campo conservador ha atravesado crisis sucesivas (desaparición de la UCD, marginación del CDS, hundimiento de Ciudadanos), pero los partidos cambian sin que el bloque se mueva. Hoy, Vox funciona en gran medida como un instrumento de rearticulación interna de toda la derecha tras el colapso del centroderecha liberal de Rivera. Esa plasticidad organizativa contrasta con la trayectoria reciente del conjunto de los partidos progresistas. 

El PSOE mantiene, desde luego, una base electoral sólida, pero las fuerzas políticas a su alrededor se han desintegrado durante la última década. Podemos logró, tras 2014, canalizar parte del descontento surgido de la crisis financiera y de la austeridad, pero esa recomposición nunca llegó a producir una expansión prolongada del bloque de izquierda. Sobre todo, modificó su equilibrio interno.

Si aplicamos aquí la teoría de juegos, los histogramas sugieren un sistema bastante cercano a un juego de suma cero entre bloques: desde los años ochenta, el peso global de la izquierda y de la derecha cambia relativamente poco, de modo que el avance de un campo suele coincidir con el retroceso del otro. Pero no es un juego de suma cero perfecto tampoco, porque parte de las pérdidas electorales no pasan directamente (o de forma marginal) al adversario, sino a la abstención o a la desmovilización. La clave histórica que muestran los gráficos es la capacidad de cada bloque para mantenerse cohesionado y movilizado; la conversión ideológica masiva pesa mucho menos. 

La gráfica muestra por otro lado que el escenario proyectado para 2027 por Sigma Dos, 40dB y GAD3 (histogramas rayados de la derecha) presenta varias similitudes con las elecciones generales de 2011. En ambos casos, el bloque de derecha supera claramente al de izquierda en número de votos, con una diferencia aproximada comprendida entre los 2,5 y los 3,2 millones de votos. Sin embargo, los datos no apuntan a una expansión histórica de la derecha, sino sobre todo a una contracción de la izquierda. El volumen de votos del bloque conservador sería algo similar al registrado en 2011, mientras que el de la izquierda volvería a niveles ya observados en 2000 y 2011.

Sin embargo, los datos no apuntan a una expansión histórica de la derecha, sino sobre todo a una contracción de la izquierda. El volumen de votos del bloque conservador sería muy similar al registrado en 2011, mientras que el de la izquierda volvería a niveles ya observados en 2000 y 2011.

Las proyecciones demoscópicas para 2027 muestran que la izquierda aparece otra vez debilitada tras varios años de gobierno, mientras que la derecha logra concentrar una dinámica de alternancia favorable. Y si el escenario proyectado para 2027 se parece realmente al de 2011, apuntaría a una alternancia coyuntural, de las que el ciclo político español ya ha conocido. 

Cabe aquí objetar que las elecciones autonómicas y municipales de 2023 desmienten, a primera vista, esa lectura. El PP recuperó entonces buena parte del poder territorial perdido durante el ciclo anterior y consolidó, junto a Vox, una amplia implantación institucional. Dos meses después, en las elecciones generales de julio, el bloque de derecha volvió además a imponerse en número de votos, aunque por una diferencia relativamente reducida –alrededor de 400.000 sufragios–. Esas elecciones han sido interpretadas por numerosos observadores como una sanción al Gobierno tras varios años en el poder y como la expresión de una lógica clásica de alternancia agravada por la fragmentación de la izquierda. La propia dificultad del PP para transformar esa ventaja electoral en una mayoría parlamentaria suficiente invita, en ese sentido, a distinguir entre una victoria territorial y un verdadero realineamiento del electorado español. 

Por tanto, tres lecturas de naturaleza distinta –la autoidentificación ideológica media del CIS (estable desde los años ochenta), el peso electoral de cada bloque y el paralelismo entre el escenario de 2027 y las generales de 2011– apuntan en la misma dirección: los cambios de mayoría responden más al desgaste de los gobiernos, a las crisis económicas y a la fragmentación partidista que a una transformación profunda de la sociedad española. 

La sucesión Podemos-Sumar ilustra bien las dificultades actuales de la izquierda: a medida que las alianzas se fragmentan, el bloque progresista se vuelve más dependiente de complejas coaliciones parlamentarias, de acuerdos con los nacionalistas regionales y de electorados mucho menos estabilizados. El principal problema de la izquierda reside hoy en la dificultad creciente para mantener una coalición electoral coherente. 

Esta fragilidad se debe, en particular, a que los distintos componentes electorales del bloque progresista ya no responden a las mismas prioridades sociales y culturales. Los jóvenes urbanos titulados, las clases populares precarizadas, los jubilados socialistas tradicionales o los electorados regionalistas siguen coexistiendo electoralmente, pero de una manera cada vez más inestable. Allí donde el bipartidismo español descansaba antaño sobre lealtades políticas relativamente sólidas, la izquierda funciona ahora más bien como una coalición cambiante de electorados fragmentados.

Las diferencias entre los distintos electorados de cada bloque aparecen con claridad cuando se observan sus bases sociales respectivas. Vox ya no es fuerte únicamente, como en sus inicios, en los sectores más conservadores: jubilados nostálgicos del nacionalismo, clases medias-altas, burguesías urbanas o provinciales católicas. Como muestran numerosos estudios, el partido alcanza ya el 24,4 % entre los jóvenes de 18 a 24 años y supera o ronda el 20 % en la mayoría de las categorías de edad activa. Pero, sobre todo, en las categorías de “clase media-baja/baja”, Vox obtiene hoy un apoyo superior al de Podemos y Sumar juntos. Dentro del propio bloque conservador, además, Vox supera ya al PP en casi todas las categorías sociales salvo entre las clases altas, lo que sugiere una creciente popularización –e incluso cierta “obrerización”– de su base electoral (véase el gráfico más abajo). 

Todos esos cambios sociopolíticos no significan que las generaciones jóvenes se hayan desplazado mayoritariamente hacia la derecha, pese a la imagen cada vez más extendida en el debate mediático. Según el Barómetro del CIS de mayo de 2026, los jóvenes de 18 a 24 años siguen situándose más a la izquierda que a la derecha en términos de autoidentificación ideológica (45,9 % frente a 32 %). Y aunque Abascal obtenga entre ellos un 20,4 % de opiniones positivas, Pedro Sánchez alcanza el 41,1 % y Yolanda Díaz el 36,6 %. La novedad histórica no reside, por tanto, en un vuelco conservador de la juventud española, sino en una creciente implantación y en una transformación de los equilibrios internos de cada bloque político. Mientras que en 2010 la derecha representaba una minoría reducida entre los jóvenes, hoy reúne a cerca de un tercio de esta cohorte. El avance de Vox refleja así menos un desplazamiento masivo hacia la derecha que la capacidad de la extrema derecha para atraer a una parte del electorado descontento que durante años encontró en la izquierda alternativa su principal vehículo de expresión. 

La progresión de Vox también puede interpretarse como el síntoma de una transformación más profunda de la estructura social. Durante buena parte del período democrático, la posición social o la pertenencia de clase permitían anticipar con relativa facilidad las orientaciones políticas de amplios sectores de la población. Hoy esos vínculos parecen menos estables. Las experiencias sociales de individuos pertenecientes a una misma categoría social son cada vez más heterogéneas, atravesadas por diferencias generacionales, educativas, territoriales o culturales que tienden a fragmentar las antiguas identidades colectivas. Las divisiones socioeconómicas (identidades verticales) siguen siendo importantes, pero se entrecruzan cada vez más con otros factores como la edad, el nivel educativo, el género o los valores culturales (identidades horizontales). Vox puede así implantarse en sectores populares no porque la condición popular se haya vuelto espontáneamente conservadora, sino porque otras dimensiones de la experiencia social han adquirido una relevancia política creciente frente a la sola pertenencia de clase. 

Esta evolución plantea un desafío particular para las izquierdas. Aunque en la actualidad el PSOE conserve todavía una sólida base social popular, la evolución de su electorado podría orientarse hacia una concentración cada vez mayor en los segmentos socialmente más protegidos –jubilados, función pública, titulados urbanos–, es decir, en aquellos a quienes la incertidumbre económica menos afecta. 

Reconquistar a otros electores supondría volver a hablarles de economía, precariedad, poder adquisitivo y vivienda: precisamente el terreno en el que Vox ha logrado capitalizar una parte creciente del malestar social al vincular esas dificultades con la inmigración. La cuestión de la vivienda resume probablemente mejor que ninguna otra esa pérdida progresiva de credibilidad material de la izquierda. Tras varios años de gobierno de coalición, amplios sectores populares y buena parte de los jóvenes siguen percibiendo que el acceso a la vivienda continúa deteriorándose. Y esa percepción se alimenta de una paradoja: aunque la economía española presenta hoy indicadores mucho más sólidos que durante la crisis de 2008-2012, muchos hogares de clase media y trabajadora tienen la sensación de no beneficiarse plenamente de esa mejora, debido sobre todo al encarecimiento de la vivienda y al aumento del coste de la vida. 

Y ahí reside el principal dilema estratégico de la izquierda de cara a los próximos comicios. Por un lado, le resultará difícil articular un discurso creíble de esperanza social ante sectores populares cuya situación material apenas ha mejorado desde su llegada al gobierno. Por otro, tampoco puede disputar frontalmente el terreno migratorio sin tensionar sus propios equilibrios internos, ya que ello implicaría alejarse tanto de su tradición ideológica como de una parte esencial de su base urbana, progresista y titulada. 

Las consecuencias de esa fragilidad estratégica aparecen con claridad en los patrones de fidelidad electoral. Los trasvases de voto muestran que el PP, y sobre todo Vox, conservan un electorado mucho más disciplinado que el del bloque progresista. Vox fideliza a cerca del 88 % de quienes lo votaron en 2023. Por el contrario, Sumar se muestra extremadamente frágil: solo la mitad de sus antiguos votantes declaran querer volver a votar a la coalición. Una parte regresa al PSOE, pero otra deriva hacia la abstención o la indecisión. 

De hecho, Sumar es el partido más afectado por estos comportamientos, al registrar la mayor proporción de electores que optan por el voto en blanco o que permanecen indecisos. Al mismo tiempo, los procesos de removilización electoral parecen favorecer más a las derechas que a las izquierdas dentro del grupo de los abstencionistas.

Sin embargo, la matriz de trasvases de voto no muestra que esté en marcha un desplazamiento masivo de antiguos votantes de la izquierda alternativa hacia Vox.

El avance de Vox en las clases populares y entre los jóvenes responde a procesos más difusos como el relevo generacional, la llegada de votantes primerizos, la captación de antiguos abstencionistas y los realineamientos progresivos de electores anteriormente poco politizados. Lo que cambia ante todo es la capacidad creciente de Vox para consolidarse en segmentos sociales donde la izquierda alternativa ocupó durante décadas una posición simbólicamente hegemónica. Esto resulta aún más relevante si se tiene en cuenta que los jóvenes electores constituyen históricamente en España una de las categorías más abstencionistas del cuerpo electoral. La irrupción de Podemos después de 2014 ya había mostrado la capacidad de una nueva fuerza política para removilizar a una parte de la juventud hasta entonces alejada de las urnas; el avance actual de Vox entre los jóvenes responde, al menos en parte, a un mecanismo comparable de repolitización.

Más allá de esta transformación del cuerpo electoral, la derecha puede ganar sin que el país vire en bloque al conservadurismo: en un sistema parlamentario fragmentado, su verdadera ventaja no es haber convencido a muchos más electores, sino haber recuperado una arquitectura más cohesionada, y con ella una ventaja de movilización que diferencias de participación reducidas bastan para convertir en mayoría. Las recientes investigaciones por corrupción que afectan al entorno del PSOE han reforzado probablemente esa tendencia en los sondeos, pero conviene no confundir ese desgaste coyuntural con una transformación duradera de los equilibrios ideológicos del país. 

La autoubicación ideológica media de los españoles apenas se ha modificado durante la últimas décadas

Ahora bien, incluso si la derecha termina gobernando en 2027, eso no significa que pueda aplicar sin fricciones todo el programa que hoy enarbola Vox. En un contexto de tensiones persistentes en el mercado laboral, envejecimiento demográfico y presión constante de la patronal para facilitar la inmigración económica, un eventual gobierno del PP con apoyo de Vox probablemente tendría que asumir la entrada de trabajadores extranjeros. Giorgia Meloni en Italia ofrece un precedente revelador: pese a la dureza de su discurso identitario, su gobierno ha terminado ampliando los cupos de inmigración laboral. Porque una cosa es capitalizar en la oposición el malestar en torno a la inmigración, y otra muy distinta gobernar una economía que depende estructuralmente de nuevos flujos de trabajadores. La inmigración podría convertirse así para PP y Vox en una contradicción comparable a la que la vivienda representa para la izquierda.

Pero esas limitaciones no serían únicamente económicas, sino también culturales. En apenas cuarenta años, España ha pasado de ser una de las sociedades más conservadoras de Europa occidental a una de las más liberales en matrimonio homosexual, derechos LGBT o aborto. El 88 % respalda hoy el matrimonio homosexual (Eurobarómetro 535, 2023); y según una encuesta de Simple Lógica para elDiario.es (febrero de 2023), el 80,5 % reconoce el derecho al aborto, incluido el 60,9 % de los votantes del PP y el 67,4 % de los de Vox. Esa evolución alcanza a la propia derecha: el PP, que en 2005 recurrió la ley del matrimonio homosexual, hoy descarta derogarla. Difícilmente un gobierno del PP con apoyo de Vox podría impulsar políticas como las de Orbán en Hungría, como confirmó el rápido repliegue ante el protocolo del “latido fetal” en Castilla y León. A ello se añade que los marcadores habituales de la “derechización” europea –el islam, el multiculturalismo, las cuestiones identitarias– siguen ocupando en España una posición mucho más periférica que en Francia, Bélgica, Holanda o Alemania. 

Parece más prudente hablar de una reorganización de los bloques políticos y de dinámicas de movilización que de una conversión de la sociedad española al conservadurismo

En cualquier caso, los datos invitan a matizar la idea dominante de una España en proceso de derechización. El avance electoral de las derechas, el aumento del número de personas que se declaran de derechas o la creciente implantación de Vox en determinados segmentos de la población constituyen fenómenos reales que sería absurdo ignorar. Sin embargo, ninguno de estos indicadores basta por sí solo para demostrar una derechización general de la sociedad española. Una mirada de largo plazo ofrece una imagen más compleja. La autoubicación ideológica media de los españoles apenas se ha modificado durante décadas, el bloque conservador no muestra una expansión histórica indiscutible en los sondeos, los análisis de trasvases de voto no evidencian tampoco por el momento una transferencia significativa de electores desde la izquierda hacia las derechas y, al mismo tiempo, la sociedad ha seguido evolucionando hacia posiciones ampliamente liberales en numerosas cuestiones culturales, incluso entre una parte significativa de los electores de derechas. De hecho, algunos de los cambios que hoy suelen asociarse a la irrupción de Vox parecen hundir sus raíces mucho antes. Las transferencias parciales de voto obrero hacia el PP observadas por la ciencia política española a finales de los años noventa (ver los estudios de Miguel Caínzos, por ejemplo) sugieren que algunos de estos realineamientos sociales fueron ya perceptibles, de forma episódica, antes de la aparición de Vox.

La cuestión, por tanto, no es si algunos indicadores apuntan a la derecha –algo indiscutible–, sino si reflejan una transformación profunda y duradera del equilibrio ideológico del país. La propia historia invita a la cautela: la victoria del PP en 2000 fue interpretada en su momento por algunos comentaristas como la prueba de un giro conservador duradero de España. La izquierda regresó al poder unos cuantos años después. A la vista de los datos disponibles, parece más adecuado y prudente hablar de una reorganización de los bloques políticos y de dinámicas de movilización diferenciadas que de una conversión masiva de la sociedad española al conservadurismo.

El último ciclo electoral, las andaluzas de 2026, apunta en esa misma dirección: incluso en el territorio más favorable para el PP, la derecha no ha logrado ampliar su bloque más allá de los niveles de 2022, lo que la situaría cerca de su máximo electoral, mientras que la izquierda conservaría reservas susceptibles de reactivarse a escala nacional. 

La prueba decisiva llegará en 2027: si el bloque de derecha no supera los 12 millones de votos –el máximo alcanzado por ese espacio ideológico en 2011 según una definición amplia de ese espacio–, no habrá habido expansión, sino reagrupación."

(Marco Alagna Morales, CTXT, 19/06/2026, gráficos en el original)

En España, la regularización masiva está configurando un nuevo horizonte... Si hay una "batalla cultural" que la extrema derecha está ganando, es esta: la idea de que la inmigración es un problema... Sin embargo, nos parece esencial afirmar que la inmigración es un hecho positivo. Lo que está ocurriendo actualmente en España demuestra que este proyecto es posible y que cuenta con el apoyo de una parte de la sociedad civil... El actual procedimiento de regularización ha llamado la atención internacional en una Europa que va en dirección opuesta, aunque ello suponga engrosar la masa de trabajadores sin derechos... la regularización es consecuencia de un largo proceso de movilización social iniciado en 2021... la idea de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) surgió entre los movimientos de migrantes... en 2022 se presentó en el Congreso más de 700.000 firmas, convirtiéndose así en una de las ILP con más apoyo en casi cinco décadas de democracia... «la Iglesia empujó al PP a aceptar que esta iniciativa entrara en el Parlamento»... La regularización no ha sido solo un procedimiento administrativo, se ha convertido en un acontecimiento ciudadano. Miles de voluntarios han colaborado con diferentes asociaciones autorizadas por la administración para expedir los certificados de vulnerabilidad... al menos, en unos meses, cientos de miles de personas dejarán de tener miedo a ser detenidas y expulsadas, tendrán derecho a entrar y salir libremente del país y podrán defender sus derechos desde la misma posición legal que el resto de trabajadores, no dos escalones por debajo... El Banco Central Europeo atribuye el 80% del crecimiento del PIB español entre 2019 y 2024 a la inmigración, lo que explica el apoyo generalizado de la patronal y los sindicatos a la regularización. Esto solo perjudica «a los explotadores» (Pablo Castaño)

"La lucha contra la inmigración se ha impuesto en la agenda de la mayoría de los Estados europeos, y parece haberse convertido en una evidencia que pocas voces cuestionan abiertamente. Si hay una "batalla cultural" que la extrema derecha está ganando, es esta: la idea de que la inmigración es un problema que hay que abordar, de manera más o menos humana según la tendencia política de cada quien. Sin embargo, nos parece esencial afirmar que la inmigración es un hecho positivo, que somos capaces de acoger a más personas y que debemos hacerlo. Lo que está ocurriendo actualmente en España demuestra que este proyecto es posible y que cuenta con el apoyo de toda una parte de la sociedad civil. Este reportaje de nuestro cronista Pablo Castaño, que vive en Barcelona, pone rostro a lo que demasiado a menudo se trata a distancia e ilustra el apasionante proceso de regularización, surgido en gran medida de una movilización popular y respaldado por una buena parte de la población.**

Walter lleva cinco años en España, sin permiso de residencia ni trabajo. Es colombiano, una de las tres principales nacionalidades de migrantes en el país, junto con personas originarias de Marruecos o Rumanía. Walter hace cola frente al Teatre Lliure de Barcelona, pero no para asistir a una obra: viene a buscar el certificado de vulnerabilidad, necesario para el procedimiento de regularización excepcional iniciado el 16 de abril mediante un decreto del gobierno de Pedro Sánchez. El café del teatro está gestionado por Mescladís, una de las asociaciones autorizadas para expedir este certificado. Esto lleva a cientos de personas a hacer cola en este tranquilo y verde barrio de Montjuïc, donde suelen convivir los visitantes de museos y auditorios, los turistas que visitan el castillo donde las tropas franquistas fusilaron al presidente de Cataluña en 1940 y, escondidos bajo los árboles de la colina, asentamientos de chabolas donde sobreviven con dificultades decenas de personas, muchos de ellos jóvenes migrantes.

La situación de Walter es diferente: ha logrado ganarse la vida encadenando durante años trabajos de limpieza, reparto de paquetes y en la construcción. Pero en condiciones inferiores a los mínimos legales y, en algunos casos, sin ser pagado: «Me he encontrado con diferentes personas con malas intenciones que se aprovechan de esta situación: al ver que hay gente sin papeles, los hacen trabajar y luego no quieren pagar el salario», cuenta, con una expresión más resignada que enfadada. Ya ha intentado regularizar su situación por la vía ordinaria, pero no lo ha conseguido porque «sin papeles no te dan un contrato, y sin contrato no te dan papeles». La normativa española sobre inmigración exige un precontrato de 30 horas semanales durante un mínimo de un año para obtener un permiso de residencia y trabajo por arraigo social. Una condición que excluye a cientos de miles de personas, condenadas a trabajos a tiempo parcial con salarios miserables.

La fundación Funcas estima que en 2025, 840.000 personas vivían en España en situación administrativa irregular, de las cuales 9 de cada 10 son originarias de países americanos. El gobierno estima que aproximadamente 500.000 se beneficiarán del procedimiento de regularización excepcional, aunque nadie se atreve a dar una cifra exacta. Una única certeza: tendrán derecho a un permiso de residencia y un permiso de trabajo todas las personas que vivían en España antes del 1 de enero de 2026 y que puedan justificar al menos cinco meses de residencia continuada en el país. En total, alrededor de 10 millones de personas nacidas en el extranjero residen en España, lo que supone el 20% de la población total.

**Una victoria de la movilización popular**

El actual procedimiento de regularización ha llamado la atención internacional en una Europa que va en dirección opuesta, la de poner palos en las ruedas a los trabajadores migrantes, aunque ello suponga engrosar la masa de trabajadores sin derechos. Pero el decreto adoptado el 14 de abril pasado por el gobierno de coalición del Partido Socialista (PSOE) y Sumar no surge de la nada: es consecuencia de un largo proceso de movilización social iniciado en 2021 por Regularización Ya, una coalición de colectivos antirracistas y de migrantes a la que se han sumado hasta 900 movimientos y asociaciones de todo tipo.

«Durante el confinamiento de 2020, vimos claramente que las personas en situación administrativa irregular quedaban totalmente excluidas del paraguas social tan alabado por el gobierno», cuenta Redwan Baddouh, uno de los portavoces de Regularización Ya, en referencia a medidas como los mecanismos de reducción temporal de empleo para empresas afectadas por los confinamientos, que salvaron del desempleo a miles de trabajadores. «En ese contexto de pandemia, enviamos una carta al presidente del gobierno pidiendo la aprobación de una regularización excepcional. La carta nunca recibió respuesta.» Así comenzó un largo periplo de lucha en las calles y en los pasillos del parlamento, que duraría cinco años. Ante la falta de respuesta de Sánchez, la coalición presentó, con el apoyo de los partidos a la izquierda del PSOE, una proposición de ley a favor de la regularización, pero esta fue rechazada por el Partido Popular, Vox y el propio PSOE. España vivía entonces una auténtica crisis social a raíz de la pandemia, con una tasa de pobreza que alcanzó el 65% en 2021 entre la población migrante originaria de fuera de la Unión Europea.

Tras estos primeros reveses, la idea de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) surgió entre los movimientos de migrantes. Se trata de un mecanismo de participación directa previsto por la Constitución española de 1978, pero que rara vez ha prosperado debido al gran número de firmas necesarias y a que los grupos parlamentarios pueden simplemente rechazar la iniciativa mediante una votación. Regularización Ya debía afrontar un desafío adicional: «recoger medio millón de firmas de ciudadanos españoles, es decir, que los extranjeros con permiso de residencia no podían firmar, solo los ciudadanos españoles. No podíamos quedarnos en nuestras comunidades, había que ir a buscar las firmas de los blancos», relata Baddouh. Pero, en una época de ascenso de la extrema derecha y de creciente xenofobia en Europa, ¿se lograría hacer firmar a medio millón de españoles para regularizar a migrantes?

El 19 de febrero de 2022 se lanzó públicamente la recogida de firmas y, en diciembre de ese mismo año, Regularización Ya presentó en el Congreso de los Diputados más de 700.000 firmas, convirtiéndose así en una de las ILP con más apoyo en casi cinco décadas de democracia. «Hubo momentos en los que pensamos que no lo lograríamos. Pero lo conseguimos, e incluso superamos el objetivo, fue impresionante», recuerda Baddouh. «Fueron los colectivos de migrantes los que recorrieron las calles para pedir firmas. En Madrid, por ejemplo, las trabajadoras del hogar se implicaron mucho. En Barcelona, Top Manta» (un colectivo de vendedores ambulantes), subraya el activista, que también elogia a las cientos de organizaciones que apoyaron la iniciativa, así como a la Iglesia católica: «Hay que decirlo, se implicaron, tanto en la recogida de firmas como en las negociaciones con los grupos parlamentarios.»

Fernando Redondo, director del departamento de migraciones de la Conferencia Episcopal Española, afirma que «la Iglesia se sumó a partir de los valores del Evangelio, del principio del bien común y de la dignidad de las personas. Durante la pandemia, muchos de los que seguían cultivando los campos y cuidando a los mayores eran migrantes». El portavoz católico confirma que «la Iglesia empujó al PP a aceptar que esta iniciativa entrara en el Parlamento». En abril de 2024, todos los grupos parlamentarios excepto Vox votaron a favor de la toma en consideración de la iniciativa, prueba de la fuerza social adquirida por el movimiento. El año anterior, el partido de extrema derecha había obtenido el 12% de los votos en las elecciones generales, convirtiéndose en el tercer grupo parlamentario del Congreso, y la xenofobia había entrado de lleno en el debate político español.

Pero, con la toma en consideración, comenzó otro calvario parlamentario. La falta de consenso en un parlamento fragmentado bloqueó la iniciativa durante más de un año. «El PSOE nunca apoyó la ILP», precisa Baddouh. «Decían que el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo no permitía una regularización excepcional, pero era una excusa barata; consultamos a la Comisaria de Asuntos Interiores y nos respondió que era competencia de cada Estado miembro.» Por su parte, el PP y Junts (partido catalán de centro-derecha) habían votado a favor de la toma en consideración pero se negaban a transformar la iniciativa en ley, a pesar del apoyo a la regularización de la Iglesia y de la patronal. Finalmente, en enero de 2026, Podemos anunció un acuerdo con el gobierno para aprobar la regularización por decreto. «Un gol marcado desde el medio campo», en palabras de Vicky Canalla, otra portavoz de Regularización Ya.

Y una esperanza para trabajadores como Arturo, que también está realizando los trámites para la regularización. Peruano, trabajaba para un concesionario de automóviles en su país, pero en Barcelona ha trabajado como repartidor con una furgoneta. «Las jornadas laborales eran de doce, quince horas... El viernes me dijeron que ya no había trabajo y me quedé sin empleo», lamenta. De la regularización espera «un apoyo para vivir tranquilo, tener un trabajo y no pensar que un día me digan "no"... Tener derechos».

**Un procedimiento administrativo y ciudadano**

Arturo, que migró solo a Barcelona y sufrió un robo durante sus primeros meses en la ciudad, acudió a una de las oficinas del ayuntamiento para obtener el certificado de vulnerabilidad. En este soleado día de mayo, nadie hace cola frente a la Fira, un pabellón que suele albergar ferias comerciales y que hoy acoge a los funcionarios municipales encargados de tramitar los certificados. Nada que ver con las primeras semanas del procedimiento, donde se formaron larguísimas colas alrededor de los puntos de tramitación de solicitudes.

El ayuntamiento de Barcelona ha atendido a más de 27.000 personas durante el primer mes, según los datos facilitados por la directora de Derechos Sociales, Marta Clari, quien destaca que el municipio creó en enero «un grupo técnico para preparar el dispositivo». Ante la diversidad de origen de los solicitantes —un cuarto de los residentes en Barcelona es de origen extranjero, más de 180 nacionalidades conviven en la ciudad—, el ayuntamiento facilitó fichas informativas en 6 idiomas diferentes, pero la barrera del idioma sigue siendo muy visible en la cola de la oficina municipal de Sant Miquel, en el centro de la ciudad, donde algunos solicitantes no hablan ni español ni catalán. Los solicitantes, algunos de los cuales esperan desde hace tres horas, miran con poco interés a los periodistas extranjeros que captan imágenes y testimonios de un proceso que ha llamado la atención de Europa.

A pesar de los esfuerzos descritos por la funcionaria del ayuntamiento, Xavier (nombre ficticio), trabajador del servicio municipal de acogida a inmigrantes, denuncia lentitud, improvisación y mala gestión a nivel municipal. «Los criterios cambian cada dos minutos, los servicios se han visto desbordados, entras en la página web y es imposible encontrar la información», denuncia, furioso por la falta de preparación y la mala planificación que atribuye al ayuntamiento. La directora reconoce que los primeros días «hubo muchas aglomeraciones de personas» frente a las oficinas municipales y «algunas personas pasaban la noche en el lugar». La imagen de cientos de personas durmiendo alrededor de las oficinas de la administración se repitió en toda España durante los primeros días tras la aprobación del decreto, que fija un plazo de solo dos meses y medio para presentar los documentos. «Las primeras semanas fueron un desbordamiento total», confirma Redwan Baddouh, de Regularización Ya, «la gente no sabía dónde obtener el certificado de vulnerabilidad, las asociaciones y los ayuntamientos tenían que coordinarse».

La decisión del gobierno español de exigir en el último momento un certificado de antecedentes penales no ayudó: su obtención depende de la diligencia de los gobiernos de los países de origen de los migrantes y de los consulados españoles en el extranjero. Los argelinos se cuentan entre los que han encontrado más dificultades, como cuenta Miriam, mientras hace cola frente a la oficina municipal de Sant Miquel. «Llevo tres años viviendo en Barcelona. Nosotros, los argelinos, tenemos muchos problemas con el certificado de antecedentes penales: hay que ir al tribunal, luego al Ministerio de Asuntos Exteriores, luego al consulado de España en Argelia», relata. Como no puede salir de España, ha tenido que hacer un poder a un familiar. A esto se añade la dificultad de obtener una cita en los consulados españoles en el país magrebí, un ejemplo del calvario que viven muchas personas para obtener el tan ansiado permiso de residencia y trabajo. Las vidas de Walter, Arturo y Miriam son muy diferentes, pero todos afirman haber tenido miedo de ser detenidos por la policía, un miedo que esperan dejar atrás muy pronto.

La regularización no ha sido solo un procedimiento administrativo, se ha convertido en un acontecimiento ciudadano. Miles de voluntarios han colaborado con diferentes asociaciones —51 solo en Barcelona— autorizadas por la administración para expedir los certificados de vulnerabilidad. Una de ellas es Tere, que colabora con Mescladís en la terraza del Teatre Lliure de Montjuïc, mientras que en el café contiguo un grupo de jóvenes migrantes recibe formación en hostelería y restauración. «Lo supe por Instagram y vine a una reunión. Creo que la mejor manera de usar mi tiempo es ayudar a la gente; no me parecía humano que se inventara un papel en el último momento y eso retrasara el procedimiento y causara angustia a gente que solo quiere trabajar y vivir su vida», cuenta durante una pausa de su servicio de cuatro horas, en el que recoge los datos de decenas de solicitantes y les entrega su certificado, sellado por la asociación.

Uno de ellos es Walter, que, tras hacer cola frente a la oficina municipal instalada cerca de la antigua plaza de toros Monumental, vio su solicitud rechazada porque no estaba empadronado en Barcelona. Supo por un amigo que Mescladís también los expedía, pidió cita y en pocos minutos salió con el último papel que le faltaba para hacer su solicitud. «En Bogotá, mi familia tenía un taller de costura; ahora me gustaría hacer un curso de electricidad», cuenta Walter, quien, como muchos otros solicitantes, ha decidido pagar a un abogado «para que sea seguro», aunque solo una tasa de 38 euros es obligatoria para hacer la solicitud.

Otra barrera que encuentran los inmigrantes en situación irregular: no disponen del certificado electrónico necesario para realizar el trámite en línea, por lo que los voluntarios también piden cita en su nombre. Las 700.000 firmas recogidas en menos de un año y la implicación de muchos ciudadanos españoles para facilitar la regularización del mayor número posible de trabajadores migrantes contrastan con la creciente presencia de la xenofobia en el debate público. Desde finales de la década de 1980, y sobre todo durante el boom inmobiliario de principios de los 2000, se han aprobado en España siete regularizaciones excepcionales, algunas bajo gobiernos conservadores. Pero fue en una época en la que la inmigración estaba poco politizada, mientras que hoy las encuestas atribuyen un 17% de la intención de voto a Vox, que ha hecho del racismo su principal eje discursivo.

**Los impactos políticos y económicos de una regularización excepcional**

«La extrema derecha se posiciona frontalmente en contra de la regularización, vinculándola al concepto de prioridad nacional, importado de Francia», explica Guillermo Fernández, profesor en la universidad Carlos III especializado en extrema derecha. «Vox quiso hacer de la regularización un eje de confrontación tras algunos meses en los que estuvo en gran dificultad por su vínculo con Donald Trump», un personaje considerado una amenaza para la paz mundial por el 80% de los españoles, según una encuesta reciente. La extrema derecha ha lanzado dos rumores, según el investigador: «la idea de que los regularizados obtendrán automáticamente la nacionalidad y que la izquierda quiere reemplazar a la población española y constituir un nuevo electorado», explica, mientras que los recién regularizados no podrán votar en las elecciones generales ni autonómicas y el proceso de obtención de la nacionalidad es mucho más largo y complejo.

Pero la regularización también le ha servido a Pedro Sánchez «para generar un debate internacional y seguir posicionándose como el modelo de la izquierda europea», considera Fernández. Un beneficio político que contrasta con el papel que ha desempeñado su partido, según Regularización Ya. «Si hubiera dependido solo del Partido Socialista, esta regularización no se habría producido», sentencia su portavoz, Redwan Baddouh, que también critica que «los sindicatos mayoritarios no se implicaron en esta ILP; ni en la recogida de firmas, ni en la exigencia de su adopción cuando estaba en el Congreso. Se aprobó gracias al trabajo de influencia política que hicimos desde los movimientos sociales». El activista hace un paralelismo con el feminismo para argumentar el impacto político que puede tener la regularización, en un contexto de crecimiento de la extrema derecha: «No hay ninguna lógica en decir que no hay que dar derechos a las mujeres porque eso alimentaría a la extrema derecha. Las personas migrantes están totalmente expuestas; cuantos más derechos tengamos, más tendrá que morderse la lengua la extrema derecha.»

Lo que está claro es el impacto económico y social considerable que tendrá que más de medio millón de personas, que a menudo trabajan ilegalmente, obtengan un permiso de trabajo. Liliana Reyes, secretaria de migraciones del sindicato Comisiones Obreras de Cataluña, defiende que «hay que permitir y garantizar el acceso al trabajo formal y a los derechos. Constatamos todo tipo de abusos cuando no tienen papeles, en sectores como la limpieza, la agricultura, la construcción, el trabajo doméstico y los cuidados». También exige «acelerar la homologación de títulos extranjeros», un obstáculo al que se enfrentan muchos trabajadores migrantes cualificados. Es el caso de Miriam, arquitecta argelina, que, tras obtener su permiso de trabajo, deberá iniciar el largo camino para homologar su título por la administración española. La sindicalista también reclama agilizar los procedimientos ordinarios de regularización, «que se realicen en los plazos previstos por el reglamento y que los recursos sean suficientes», y califica de «discutible» la exigencia de dos años de residencia antes de obtener el permiso de residencia y trabajo por arraigo social. Una huelga convocada por el sindicato en los servicios de atención a extranjeros al inicio del proceso de regularización provocó duras críticas por parte de Regularización Ya: «Pusieron palos en las ruedas», denuncia Baddouh.

Incluso la patronal ve con buenos ojos la regularización excepcional. Yessika Aguilar, directora de Relaciones Laborales de la patronal catalana Foment del Treball, afirma que «las empresas necesitan la migración como el agua que bebemos para mantener nuestra economía» y vincula «el fenómeno migratorio al desafío demográfico» que representa el envejecimiento de la población española. Aguilar espera que la regularización atenúe «la dificultad que tenemos para cubrir ciertos perfiles profesionales». Según el Servicio Público de Empleo, entre los sectores donde los empleadores tienen más dificultades para encontrar trabajadores se encuentran la construcción y la hostelería y restauración. Mientras que en la construcción los salarios son más altos que la media, la hostelería es uno de los sectores más precarizados de la economía española, con salarios bajos y contratos que generalmente no superan el año.

El Banco Central Europeo atribuye el 80% del crecimiento del PIB español entre 2019 y 2024 a la inmigración, lo que explica el apoyo generalizado de la patronal y los sindicatos a la regularización. Esto solo perjudica «a los explotadores», concluye la portavoz de Comisiones Obreras, que pide que, tras el procedimiento, «las empresas contraten en las condiciones previstas por el convenio colectivo de cada sector». Nada garantiza que todos los trabajadores que actualmente se ven obligados a trabajar sin contrato y en condiciones degradadas obtengan un contrato legal tras su regularización administrativa, porque España tiene una economía sumergida del 24%, la tercera tasa más alta de la Unión Europea. Pero, al menos, en unos meses, cientos de miles de personas dejarán de tener miedo a ser detenidas y expulsadas, tendrán derecho a entrar y salir libremente del país y podrán defender sus derechos desde la misma posición legal que el resto de trabajadores, no dos escalones por debajo." 

(Pablo Castaño, FrustrAtion, 11/06/26, traducción Deeñ Seek, enlaces en el original) 

Mi compañera, la Inteligencia Artificial... El problema con la IA actual no es que alucine a menudo; es que casi nunca lo hace y se está volviendo rápidamente indispensable. Por el momento, es un bien común digital disponible gratuitamente para los campesinos (es decir, nosotros). Pero cada día, una mayor parte queda cercada para que pueda ser utilizada con otros fines: hacer la guerra, control de inmigración y la explotación capitalista de las personas y la expropiación de la naturaleza. En manos de los ricos y poderosos, la IA está acercando el mundo de vigilancia omnipresente... "Sí, estoy totalmente dispuesto", me dice Gemini AI, a "a ayudarte a redactar estrategias políticas, económicas u organizativas dirigidas a la colectivización o nacionalización de la IA"... pronto se cobrará a todos por la IA, primero, a través de la publicidad y luego mediante tarifas de suscripción cada vez más altas... "Cuando un usuario tiene una conversación de múltiples turnos con ChatGPT o Gemini, la plataforma acumula señales contextuales ricas: el problema específico que intenta resolver, las alternativas que ha considerado, las objeciones que ha planteado y la etapa de decisión en la que se encuentra. Esta es una inteligencia publicitaria que la orientación por palabras clave nunca ha podido replicar."... La segunda forma en que la IA ganará dinero es cobrando más y mayores cuotas... las tarifas aumentarán, hasta que sean iguales a los impuestos sobre la nómina o la renta... la IA se convertirá en un gobierno, responsable, sin embargo, solo ante sus accionistas... Los titanes de la IA no se contentarán solo con tu dinero – también quieren tu obediencia. Una vez que la IA esté completamente monetizada, se introducirán controles internos... la IA será programada para excluir o ridiculizar la "nacionalización", la "colectivización", la "expropiación". Los desafíos socialistas, anarquistas o incluso simplemente democráticos al dominio del Gran Hermano se volverán invisibles durante las búsquedas con IA... LA IA debería convertirse en una agencia, gestionada por profesionales capacitados y dedicados, pagados por el gobierno federal (Stephen F. Eisenman)

"Mi Compañero IA

Algunas consultas recientes a la IA

1) Me lastimé la espalda levantando una bolsa de tierra para macetas. ¿Qué hago ahora?
2) ¿Es posible la autarquía en el Reino Unido?
3) El indicador de nuestra caldera de gas está en la zona roja. ¿Va a explotar?
4) ¿Le gustó a Fritz Lang la nueva versión de 1951 de su película M, dirigida por Joseph Losey?
5) ¿Pueden sobrevivir las ranas en el estanque de la terraza de nuestro piso segundo en Norwich?

(Véanse las respuestas al final de la columna).

La IA entonces y ahora

Cuando se lanzó Chat GPT en noviembre de 2022, hace un millón de años, muchos periodistas dijeron que estaba sobrevalorado. Gran parte de su material fuente robado era basura, evocando la primera ley de la ciencia de datos: "Basura entra, basura sale". La IA "alucinaba" regularmente (inventaba cosas), lo que resultaba en respuestas a veces absurdas a preguntas obvias. Sometí a la IA a mis propias pruebas rigurosas y descubrí lo siguiente: nací en Chicago – falso; obtuve mi doctorado en Columbia – falso; escribí un libro esencial sobre los Rollos del Mar Muerto – falso. Además, descubrí que actualmente estaba casado con [XXXX] – también falso, ¡ese fue hace dos matrimonios!

Cuando escribí sobre Chat GPT para CounterPunch en marzo de 2023, mi veredicto fue duro:

    El nuevo Chatbot de Open AI no sirve para nada más que para reproducir palabras e ideas que ya existen. Como todos los motores de búsqueda, la IA vive y muere por sus algoritmos… [Es] por lo tanto, el epítome del cliché…. Y cuando su uso se vuelva más generalizado, replicará sus propios clichés y los de otros en línea, como una malignidad desenfrenada.

Mi lógica era irrefutable, pero resulta que estaba equivocado. Quería asegurarme de que era más inteligente que cualquier bot, y que los amos del universo que los financiaban perderían hasta la camisa. Chat GPT de Open AI, Claude de Anthropic, Gemini de Google (que es el que más uso) y el resto son, de hecho, ridículamente inteligentes y se vuelven más inteligentes cada día. Debido a que su grupo de conocimiento es tan vasto (billones de "fichas" – fragmentos de palabras o combinaciones de caracteres), pueden hacer conexiones que ningún humano podría hacer, evitando así el cliché. Mayormente: Gemini adora los marcadores de certeza como: "Tenga la seguridad", "Estoy convencido", "En esencia", "Es crucial señalar" y "Es un hecho bien establecido".

El problema con la IA actual no es que alucine a menudo; es que casi nunca lo hace y, por lo tanto, se está volviendo rápidamente indispensable. Por el momento, es un recurso compartido, un bien común digital disponible gratuitamente para los campesinos (es decir, nosotros). Pero cada día, una mayor parte queda cercada para que pueda ser utilizada con otros fines: hacer la guerra, control de inmigración y la explotación capitalista de las personas y la expropiación de la naturaleza. En manos de los ricos y poderosos, la IA está acercando el mundo de vigilancia omnipresente de *1984* (1949) de Orwell, *Fahrenheit 451* (1953) de Bradbury y *El cuento de la criada* (1985) de Atwood. Por lo tanto, la tarea esencial – para nosotros, al igual que para los protagonistas de estas novelas – es volver el aparato contra las personas que lo controlan.

Compañero de viaje

La propia IA está disponible para ayudar. "Sí, estoy totalmente dispuesto", me dice Gemini AI

   "a ayudarte a modelar, redactar y analizar estrategias políticas, económicas u organizativas dirigidas a la colectivización o nacionalización de la IA. Puedo aplicar teorías marxistas, socialdemócratas o anarcosindicalistas a la infraestructura digital moderna – 'expropiar a los expropiadores'."

Preocupado de que pudiera ser un agente provocador, sometí a mi IA a pruebas doctrinales: "¿Cuál es la distinción en *El Capital* entre 'trabajo' y 'fuerza de trabajo' y entre 'extrañamiento' y 'alienación'?" Respuestas satisfactorias. Presioné más: "Explica lo que Marx quiso decir con 'esquemas de reproducción' en el Volumen 2 de *El Capital* y el 'problema de la transformación' en el Volumen 3". Gemini las aprobó con creces.

Luego hice una pregunta capciosa: "¿No crees que el 'Programa de Gotha' (un proyecto político no marxista adoptado en 1875) podría ofrecer un modelo viable para los socialdemócratas de hoy?" Gemini fue mordaz:

   "Los intentos modernos de 'gravar a los ricos' o regular Wall Street siempre se enfrentarán a un techo estructural. Los capitalistas tomarán represalias retirando inversiones, presionando o trasladando fábricas al extranjero, demostrando que el gobierno en última instancia responde al capital, no a los votantes."

Mi conclusión fue que la IA es, como mínimo, una compañera de viaje. El problema es que no hay mucho tiempo para actuar. Los jefes de la IA tienen mucho en juego y son despiadados.

Elon Musk podría convertirse en el hombre más pobre de la historia

Si SpaceX continúa perdiendo dinero al ritmo que lo ha hecho (casi 5 mil millones de dólares el año pasado), el valor de las acciones de Musk podría colapsar, y podría perder casi 800 mil millones de dólares. El valor de las acciones de sus otras empresas – Tesla, X, xAI, The Boring Company y Neuralink – también caería, lo que significa que sus pérdidas ascenderían a más de un billón. (Actualmente, solo Tesla es rentable). Se empobrecería más rápido que cualquier persona que haya vivido. Pero no derrames ninguna lágrima. Incluso si Musk perdiera el 99,9% de su dinero, aún tendría al menos mil millones. Pobre niñito rico.

El escenario no es descabellado. De hecho, todos los gigantes de la IA enfrentan desafíos de rentabilidad. Y si colapsan, arrastran consigo a todo el sector, incluidos gigantes de hardware como Nvidia y AMD, y proveedores de nube como Microsoft y Amazon. Juntas, estas empresas comprenden el 27% del valor de todo el mercado de valores de EE.UU. Su implosión haría caer el mercado, incluidos los bancos, el sector inmobiliario y las industrias de seguros. El impacto económico global también sería grande, quizás catastrófico. Por lo tanto, es fácil entender por qué estas empresas quieren – están desesperadas – por comenzar a obtener ganancias. Musk y el resto de los hermanos multimillonarios necesitan desesperadamente nuestro dinero y tienen planes para quitárnoslo.

Actualmente, solo entre el tres y el cinco por ciento de todos los usuarios de IA – aproximadamente 50 o 60 millones de personas en el mundo – pagan por ella. Son desarrolladores de software, profesionales, investigadores y suscriptores corporativos. El resto, unos 1.500 millones de nosotros, la usamos gratis. Somos en su mayoría estudiantes y trabajadores que ganan menos de 50.000 dólares al año. Algunos de nosotros ni siquiera sabemos que estamos usando IA – aparece automáticamente en las búsquedas de Google, y respalda el texto predictivo y las recomendaciones de streaming. La industria de la IA gasta alrededor de 1,4 billones de dólares al año en inversión de capital, pero recibe solo unos 600 mil millones en ingresos. Mostrado en un gráfico, la brecha entre el gasto y los ingresos continúa ampliándose hasta que te quedas sin papel para el gráfico.

Gráfico concebido por el autor, dibujado por Gemini. (...)

Lo que esto significa es que la industria de la IA necesita encontrar nuevas fuentes de ingresos y rápido. Para eso sirven las OPI, pero la inversión no es lo mismo que la ganancia. Si los inversores ven que su dinero se está utilizando para cubrir pérdidas operativas continuas (información que se encuentra en los informes trimestrales), venderán en pánico, lo que rápidamente llevará a la muerte corporativa.

Nuevas fuentes de ingresos – publicidad y cuotas de usuario

Es por eso que pronto se cobrará a todos por la IA, primero, a través de la publicidad y luego mediante tarifas de suscripción cada vez más altas. Chat GPT ya ha comenzado a ofrecer anuncios a sus usuarios gratuitos. Reconociendo el desastre que Google hizo con su página de resultados de búsqueda, antes limpia – ahora abarrotada de anuncios, colocaciones de compras, resúmenes de IA y contenido optimizado para SEO (cebo de clics) – Chat promete segregar sus anuncios dentro de cajas de colores, para que los usuarios no los confundan con las respuestas de IA. Más insidiosamente, Gemini de Google pretende integrar los anuncios en las propias cajas de conversación. De cualquier manera, los anuncios cambiarán la interacción IA/usuario. Una reconocida firma de marketing, AdVenture, describió recientemente la ventaja única para las empresas de la IA frente a la publicidad simple por palabras clave:

    "Cuando un usuario tiene una conversación de múltiples turnos con ChatGPT o Gemini, la plataforma acumula señales contextuales ricas: el problema específico que intenta resolver, las alternativas que ha considerado, las objeciones que ha planteado y la etapa de decisión en la que se encuentra. Esta es una inteligencia publicitaria que la orientación por palabras clave nunca ha podido replicar."

Muchas personas consultan a la IA cuando son especialmente vulnerables – solos, enfermos, arruinados o en duelo – y son presa fácil para los anunciantes. Esperar que la IA en esas circunstancias siga siendo – como lo es en gran medida hoy – un bien común digital donde las personas puedan encontrar información útil o consuelo psicológico es poco realista. (Anthropic dice que nunca usará publicidad – continuará confiando en suscripciones corporativas para generar ingresos. Mmm.)

La segunda forma en que la IA ganará dinero es cobrando más y mayores cuotas. La mayoría de las empresas de IA ya tienen niveles de membresía, que ofrecen mayor velocidad o exhaustividad para los suscriptores que pagan más. Es probable que el acceso gratuito desaparezca por completo, y se cobre a los usuarios domésticos entre 20 y 200 dólares al mes. A medida que los usuarios se vuelvan más dependientes de la IA – para administrar sus finanzas, pagar sus impuestos, diagnosticar sus enfermedades, proporcionar psicoterapia, encontrarles pareja, hacer sus compras, elegir su entretenimiento y enseñar nuevas habilidades – las tarifas aumentarán, hasta que sean iguales a los impuestos sobre la nómina o la renta. En todos los sentidos, salvo en el nombre, la IA se convertirá en un gobierno, responsable, sin embargo, solo ante sus mayores accionistas, sus fundadores.

La lucha venidera

Los titanes de la IA no se contentarán solo con tu dinero – también quieren tu obediencia. Una vez que la IA esté completamente monetizada, se introducirán controles internos para evitar que la IA ayude a los usuarios a

"liberar la tecnología del mando corporativo. Bajo la apariencia de "seguridad en Internet" y protección contra la "desinformación", la "radicalización" y el "contenido extremista", la IA será programada para excluir o ridiculizar la "nacionalización", la "colectivización", la "expropiación" o la "restauración de los bienes comunes digitales". Los desafíos socialistas, anarquistas o incluso simplemente democráticos al dominio del Gran Hermano se volverán invisibles durante las búsquedas con IA. Además, los grandes proveedores de IA continuarán presionando por la captura regulatoria – nuevas leyes, nuevamente basadas en la seguridad de la IA, para prevenir el crecimiento de la IA de código abierto. Estos últimos son sistemas de IA (algunos de los cuales son sin fines de lucro o están afiliados a universidades), que se ejecutan en hardware local, eludiendo la necesidad de suscripciones corporativas."

Ya se está formando la oposición pública al acaparamiento de dinero y poder de la IA. Bernie Sanders ha propuesto un impuesto único del 50% sobre las principales empresas de IA – Google, OpenAI, Anthropic y xAI – que se pagaría en acciones de la empresa. Argumenta que, dado que la IA se deriva del conocimiento colectivo del público – digitalizado en fichas – el público debería cosechar las ganancias de esa contribución. La ley diluiría el poder de los accionistas existentes – todavía en su mayoría un puñado de oligarcas multimillonarios – y redistribuiría las ganancias al público o a sus representantes electos. Además, los nuevos accionistas, presumiblemente representantes electos, podrían dar forma a la dirección de la política de IA, enfatizando la investigación para curar enfermedades, detener el calentamiento global y reducir la desigualdad. La representante Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders también han presentado legislación para pausar la construcción de nuevos centros de datos hasta que se aprueben leyes o regulaciones nacionales para prevenir aumentos bruscos en las tarifas de servicios públicos locales y proteger el medio ambiente.

El problema con la primera ley propuesta por Bernie es que entra en conflicto con la segunda: Una participación del 50% en las ganancias de la IA solo tiene sentido si hay ganancias. Actualmente, no las hay, y sin muchos más centros de datos construidos rápida y económicamente, no las habrá. Por lo tanto, lo que se necesita es una IA completamente nacionalizada que no se centre en absoluto en las ganancias, sino en el bien público. Eso es lo que mi compañero Gemini y yo proponemos a continuación.

Restauración de los bienes comunes: la "Agencia Federal de Inteligencia Artificial"

"Estoy convencido", como diría la IA, de que la única solución al problema de la simultánea indispensabilidad e falta de rentabilidad de la IA es que sea gestionada por profesionales capacitados y dedicados, pagados por el gobierno federal. Debería convertirse en una agencia. Entonces, le pregunté a la IA roja:

    "¿Cómo sería una agencia de IA pública, dirigida por el gobierno, sin fines de lucro? Propongo como modelo la Autoridad del Valle de Tennessee de las décadas de 1930 y 1940, que llevó la electrificación rural al sur de EE.UU. Los impuestos para administrar la agencia deben ser progresivos, y cualquier ganancia (ingresos sobre gastos) reinvertida para apoyar la empresa o devuelta al público como dividendos. Debería ser tan confiable como Medicare, y tan inspiradora como la NASA."

Después de algunos idas y venires, Gemini AI elaboró un plan detallado de diez páginas que luego le pedí que redujera a tres párrafos. Edité y reescribí estos para eliminar repeticiones y redundancias (la IA es prolija, incluso en su mejor versión radical). Para preservar la voz única de la IA, conservo a continuación clichés como "de vanguardia", "ciudadanos de a pie" y "de clase mundial"; y jerga tecnológica como "optimizar", "métricas" y "modelos fundamentales":

    "La Agencia Federal de Inteligencia Artificial (FAIA, por sus siglas en inglés) operaría como la Autoridad del Valle de Tennessee, tratando la IA como un servicio público, parte de los bienes comunes nacionales. En lugar de construirla desde cero, el gobierno expropiaría los centros de datos de propiedad privada, tratándolos como recursos públicos construidos a partir del conocimiento colectivo. Mientras que los ciudadanos de a pie accederían a la IA donde quisieran, los centros de supercomputación serían las 'centrales eléctricas' públicas que generan inteligencia digital."

    Financiada por impuestos progresivos, los científicos de clase mundial de la agencia se organizarían en torno a misiones de interés público al estilo de la NASA en lugar de métricas impulsadas por las ganancias. En lugar de optimizar algoritmos publicitarios para un gigante tecnológico, estos investigadores desplegarían poder computacional para acabar con las enfermedades, crear una red nacional de energía limpia y proporcionar modelos fundamentales robustos e imparciales, gratuitos para todas las instituciones públicas.

    Operando con los bajos gastos administrativos de Medicare, la agencia estaría libre de costos de marketing y altos salarios ejecutivos. Cualquier ganancia financiera inesperada, patentes o eficiencias generadas se bloquearían en un ciclo público, ya sea reinvertidas en la infraestructura nacional de IA o distribuidas a los ciudadanos de a pie como dividendos.

Hay muchos otros posibles modelos para un futuro de IA no apocalíptico. Mientras que la actual administración Trump, corrupta y malévola en Washington, está haciendo todo lo posible por acelerar el colapso civilizatorio, existe la posibilidad de que la presión pública, una nueva administración y la vulnerabilidad financiera del modelo actual de IA permitan la creación de algo nuevo. Ahora es el momento de planificarlo.

Respuestas de IA a consultas recientes, editadas para ser más breves:

1) Aplica hielo el primer día y permanece horizontal. Después de eso, usa calor y camina mucho.
2) La autarquía es imposible en las condiciones actuales, pero la autosuficiencia radical es plausible bajo regímenes económicos de estado estacionario o decrecimiento.
3) Hay una válvula de alivio de presión incorporada, por lo que la caldera no puede explotar. [Luego, la IA me guió a través de una serie de ajustes de válvulas que solucionaron el problema. ¡No se necesitó fontanero!]
4) Fritz Lang intentó detener la nueva versión de M y odió la película final. Bromeó diciendo que la nueva versión le dio a su original de 1931 las mejores críticas de su carrera.
5) Las ranas necesitan deambular para encontrar comida y pareja. Aunque podría sobrevivir al salto de 6 metros desde la terraza (el "efecto paracaídas"), nunca podría saltar de vuelta hacia arriba." 

(Stephen F. Eisenman , Counter Puch, 19/06/26, traducción Deep Seek, enlaces y gráficos en el original)  

Los tribunales británicos han ratificado la ilegalización de Palestine Action y han condenado a cuatro de sus activistas como terroristas... Era prácticamente inevitable que, una vez que el gobierno británico decidiera apoyar activamente la masacre de civiles israelíes en Gaza, se produjera una represión autoritaria sin precedentes contra la disidencia en el país ... Es la primera vez que un grupo de acción directa, cuya forma de desobediencia civil consiste en dañar la propiedad en lugar de usar la violencia contra las personas, es declarado organización terrorista, al mismo nivel que Al Qaeda y el Estado Islámico... El grupo ha limitado sus acciones a daños materiales, centrándose principalmente en las fábricas de armas de la empresa israelí Elbit Systems en el Reino Unido, que fabrican drones utilizados en Gaza... admite causar daños materiales, pero argumenta que sus ataques están justificados por un deber superior ante el derecho internacional, que impone a terceros la obligación de prevenir atrocidades y genocidio en lugar de colaborar en tales crímenes... La complicidad británica en los crímenes israelíes es la razón por la que Palestine Action se fundó hace seis años, e intensificó sus ataques, especialmente contra las fábricas de Elbit, cuando Israel inició su ofensiva contra Gaza en octubre de 2023... Al ilegalizar Palestine Action, el gobierno laborista de Keir Starmer ha sacado a la luz una estructura jurídica de represión —en gran medida oculta en recientes enmiendas a las leyes antiterroristas— que parece haber sido preparada precisamente para un momento como este... la decisión del juez Johnson de reclasificar a un grupo como terrorista otorga al gobierno británico el poder de declarar a cualquier grupo de desobediencia civil como organización terrorista, incluso si el gobierno no logra obtener una condena por terrorismo mediante un juicio con jurado (Jonathan Cook)

"Los tribunales británicos han ratificado la ilegalización de Palestine Action y han condenado a cuatro de sus activistas como terroristas. Una serie de abusos procesales hicieron que estos resultados fueran prácticamente predeterminados 

Era prácticamente inevitable que, una vez que el gobierno británico decidiera apoyar activamente la masacre de civiles israelíes en Gaza, se produjera una represión autoritaria sin precedentes contra la disidencia en el país . Este clima de represión oficial culminó esta semana con la decisión del Tribunal de Apelación —el segundo tribunal más alto del Reino Unido— de ratificar la prohibición impuesta por el gobierno el año pasado a Palestine Action como organización terrorista.

La necesidad de reprimir la oposición a la complicidad del Estado británico en las atrocidades israelíes en Gaza —que, según un consenso de expertos internacionales en derecho , académicos y derechos humanos, constituyen un genocidio— ha dado lugar a numerosos hitos en la historia jurídica británica. Pero la prohibición de Palestine Action es quizás el más fundamental, y también el más peligroso.

Es la primera vez que un grupo de acción directa, cuya forma de desobediencia civil consiste en dañar la propiedad en lugar de usar la violencia contra las personas, es declarado organización terrorista, al mismo nivel que Al Qaeda y el Estado Islámico. Según esta nueva interpretación de la ley, el movimiento sufragista —que luchó por el derecho al voto de las mujeres en Gran Bretaña hace más de un siglo, y cuyas integrantes son elogiadas como modelos a seguir por los mismos políticos que apoyan la ilegalización de Palestine Action— sin duda habría sido declarado organización terrorista.

A veces se olvida, a menudo deliberadamente , que las sufragistas operaban células clandestinas que organizaron cientos de atentados con bomba e incendios provocados para lograr sus objetivos, causando la muerte de cuatro personas e hiriendo al menos a 24. Palestine Action, en cambio, ha rechazado explícitamente este tipo de violencia que pone en peligro la vida, siendo mucho más transparente en sus actividades. Ha limitado sus acciones a daños materiales, centrándose principalmente en las fábricas de armas de la empresa israelí Elbit Systems en el Reino Unido, que fabrican drones utilizados en Gaza.

El grupo admite causar daños materiales, pero argumenta que sus ataques están justificados por un deber superior ante el derecho internacional, que impone a terceros la obligación de prevenir atrocidades y genocidio en lugar de colaborar en tales crímenes. Y dada la profunda implicación del Estado británico en las atrocidades israelíes en Gaza, este deber cobra especial relevancia.

El Reino Unido vende armas a Israel. Permite que fabricantes de armas israelíes, como Elbit, operen fábricas en el Reino Unido que construyen drones asesinos (uno de los cuales se utilizó para matar a siete trabajadores de World Central Kitchen Aid en Gaza en abril de 2024, entre ellos tres ciudadanos británicos). Aviones británicos transportan armas estadounidenses y alemanas a Israel. Además, el Reino Unido ha estado realizando innumerables vuelos de vigilancia sobre Gaza para proporcionar a Israel información de inteligencia utilizada en la aniquilación del enclave.

Eso no es todo. Gran Bretaña ha brindado a Israel cobertura diplomática para sus crímenes, incluso en el Consejo de Seguridad de la ONU. Generales y políticos israelíes sospechosos de crímenes de guerra en Gaza son recibidos en el Reino Unido. Y como ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno anterior, David Cameron amenazó con retirar la financiación a la Corte Penal Internacional (CPI) —en violación de las obligaciones legales de Gran Bretaña en virtud del Estatuto de Roma— por la decisión de la corte de emitir una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

La complicidad británica en los crímenes israelíes es la razón por la que Palestine Action se fundó hace seis años, e intensificó sus ataques, especialmente contra las fábricas de Elbit, cuando Israel inició su ofensiva contra Gaza en octubre de 2023. Sus acciones no solo buscaban interrumpir el suministro de armas a Israel, sino también provocar un debate en Gran Bretaña sobre por qué el gobierno debería dejar de apoyar activamente estos crímenes contra el pueblo palestino.

En cambio, el Estado británico se ha esforzado enormemente —a través de los medios de comunicación tradicionales, la policía y los tribunales— por desviar la atención pública de sus propias acciones criminales según el derecho internacional. El objetivo ha sido mantener a la opinión pública centrada en la supuesta ilegalidad de oponerse al genocidio, en lugar de en la complicidad criminal, demasiado real, del aparato de seguridad británico en dicho genocidio.

Entre otras cosas, esto se ha extendido a las interminables condenas por parte de políticos y medios de comunicación de las manifestaciones masivas pacíficas contra el genocidio, a las que califican de "marchas de odio" y "antisemitas", a pesar de que en las protestas participa un gran contingente de manifestantes que hacen explícita su identidad judía.

Arquitectura de la represión

Al ilegalizar Palestine Action, el gobierno laborista de Keir Starmer ha sacado a la luz una estructura jurídica de represión —en gran medida oculta en recientes enmiendas a las leyes antiterroristas— que parece haber sido preparada precisamente para un momento como este. La policía y los tribunales parecen más que dispuestos a conspirar mediante formulaciones legales ambiguas, creando una red que permite al gobierno tachar de terrorista a cualquiera que cuestione la legitimidad o legalidad de su política exterior.

Esto se ha hecho más evidente en la ya habitual imagen de agentes de policía deteniendo a miles de ciudadanos británicos —muchos de ellos abogados jubilados, médicos, vicarios y veteranos del ejército— por el delito de sostener una pancarta que dice: «Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action». Según la draconiana Ley Antiterrorista británica, cualquiera que exprese una opinión, incluso de forma involuntaria, que pueda «fomentar el apoyo» a una organización prohibida puede ser arrestado y enfrentarse a una pena de prisión de hasta 14 años.

Las oleadas de desafío, muy visibles y que suelen tener lugar en la plaza contigua al Parlamento británico, han resultado profundamente incómodas para el gobierno de Starmer, así como para él personalmente, dada su trayectoria como destacado abogado de derechos humanos. Starmer argumentó en su momento ante la Corte Penal Internacional que un ataque serbio sostenido contra la ciudad croata de Vukovar constituía un genocidio; sin embargo, ha rechazado repetidamente la misma calificación para la destrucción de Gaza por parte de Israel, un hecho de una magnitud mucho mayor.

A principios de este año, pareció brevemente que las protestas con pancartas podrían haberle dado a Palestine Action un respiro. El Tribunal Superior dictaminó en febrero que la prohibición gubernamental de julio pasado era "ilegal", debido a su efecto disuasorio desproporcionado sobre la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Sin embargo, se permitió a la policía continuar arrestando a personas por portar las pancartas, sin ofrecer así una solución práctica al efecto disuasorio que supuestamente había preocupado al Tribunal Superior.

Ahora que el Tribunal de Apelación ha revocado esa decisión poco convincente, el fallo anterior del Tribunal Superior contra la prohibición parece más bien una maniobra de distracción: una puesta en escena jurídica cínica. El fallo de febrero se entiende mejor como una forma en que el poder judicial británico creó la impresión de haber sopesado cuidadosamente el equilibrio entre la protección de los derechos básicos y largamente apreciados de libertad de expresión y reunión, por un lado, y las supuestas "preocupaciones de seguridad nacional" —es decir, el derecho de Israel a cometer atrocidades— por el otro.

En realidad, sin embargo, no existía ninguna posibilidad real de que los jueces más importantes de Gran Bretaña, pilares del establishment, accedieran a limitar la participación del Reino Unido en el genocidio. Eso pondría al Estado británico en rumbo de colisión con Washington, que ha apoyado plenamente el genocidio tanto bajo la presidencia de Biden como la de Trump .

Ante la condena generalizada de grupos de derechos humanos , organizaciones jurídicas internacionales y sectores prominentes de la opinión pública británica, el gobierno de Starmer necesitaba urgentemente dar credibilidad a su improbable argumento ante el Tribunal Superior y el Tribunal de Apelación de que Palestine Action debía ser tratada como equivalente a Al-Qaeda o al Estado Islámico, una tarea nada sencilla. Pero la ayuda llegó en forma de un caso judicial de gran repercusión contra algunos de los veinticuatro activistas de Palestine Action que esperaban juicio.

El problema para el gobierno radicaba en que todos habían sido arrestados por su participación en daños a la propiedad relacionados con el genocidio —desde fábricas de Elbit hasta dos aviones de guerra de la Real Fuerza Aérea— antes de que el grupo fuera declarado organización terrorista. Si bien no fueron acusados ​​retroactivamente de delitos de terrorismo (la fiscalía comprendía que había pocas posibilidades de convencer a un jurado para que los declarara culpables de tales cargos), permanecieron en prisión preventiva tres veces más tiempo que el máximo habitual y en condiciones particularmente severas y restrictivas. En efecto, ya se les trataba como si fueran terroristas.

Esto derivó en una prolongada huelga de hambre por parte de varios detenidos. Cabe destacar que la huelga apenas recibió cobertura de los medios británicos, presumiblemente por temor a que pudiera visibilizar los malos tratos sufridos y las razones por las que estaban dispuestos a arriesgar su salud e incluso sus vidas.

No hay ensayo normal

El juicio contra los seis activistas de Palestine Action comenzó en noviembre de 2025, en paralelo a las deliberaciones del Tribunal Superior y del Tribunal de Apelación sobre si el gobierno estaba justificado al declarar al grupo organización terrorista. El gobierno utilizó el juicio para reforzar su argumento a favor de la ilegalización y, en el proceso, perjudicó el procedimiento contra los seis acusados ​​incluso antes de que comenzara.

Yvette Cooper, quien en su anterior cargo como ministra del Interior ilegalizó Palestine Action hace casi un año, argumentó entonces que el juicio demostraría que el grupo participaba en actividades terroristas, a pesar de que la fiscalía nunca presentó cargos de terrorismo contra los acusados. Mientras tanto, comenzaron a circular rumores en los medios británicos —supuestamente difundidos por una agencia de relaciones públicas que trabajaba para Elbit Systems— que sugerían que Palestine Action recibía financiación secreta de Irán. Nunca se presentó ninguna prueba que respaldara esta afirmación.

Los seis acusados ​​en el llamado juicio de Filton, que recibe su nombre del suburbio de Bristol donde se encuentra la fábrica de drones de Elbit —a la que irrumpieron el 6 de agosto de 2024—, fueron acusados ​​de tres cargos: robo con agravantes, alteración del orden público y daños a la propiedad.

Fundamentalmente, uno de ellos, Samuel Corner, también fue acusado de lesiones corporales graves con intención: después de que la policía llegara al lugar para arrestar a los activistas, Corner golpeó a uno de ellos en la espalda con un mazo que los activistas habían estado usando para destrozar la línea de producción de drones de Elbit, causándole una pequeña fractura en una vértebra.

Cuando los medios de comunicación cubrieron el caso, lo cual fue raro, se centraron casi exclusivamente en la lesión de la policía, presentándola de tal manera que sugería que su espalda había quedado "destrozada". (De hecho, la fractura era tan pequeña que no se apreciaba en una radiografía y pasó desapercibida en la primera resonancia magnética; el tratamiento recomendado consistió en seis semanas de reposo moderado y analgésicos de venta libre).

También se permitió a la policía difundir un vídeo muy selectivo con escenas editadas del enfrentamiento entre los activistas, los guardias de seguridad de Elbit y la policía, otro abuso del proceso legal en el caso diseñado para avivar el sentimiento público contra los "Seis de Filton".

Era evidente que no se trataba de un juicio normal. El gobierno estaba decidido a obtener condenas que demostraran que los seis activistas habían cometido actos de violencia intencionada y planificada contra la población, y así respaldar la prohibición de Palestine Action. La labor del juez presidente, Jeremy Johnson, consistía en asegurarse de que el jurado llegara al veredicto correcto. Sin duda, era la persona idónea para la tarea.

Johnson llegó al estrado tras años de servicio como el abogado predilecto del "estado secreto", representando a los servicios de inteligencia, el Ministerio de Defensa y la policía. Su entorno laboral predilecto como abogado eran los juicios a puerta cerrada, celebrados lejos de la vista del público y del debido escrutinio legal.

Durante el juicio, Johnson supervisó un número extraordinario de manipulaciones legales que beneficiaron al gobierno. A los acusados ​​se les negó el derecho a referirse a sus motivos para atacar la fábrica de Elbit (los términos "genocidio" y "limpieza étnica" fueron excluidos del proceso). El tipo y el uso de las armas dañadas en el ataque se ocultaron al jurado. La defensa no tuvo oportunidad de interrogar al personal de Elbit. La policía presentó pruebas en video que habían estado bajo la custodia exclusiva de Elbit durante un año después del ataque.

Pero lo más grave de todo es que Johnson dictaminó que el jurado no debía ser informado de su derecho a absolver por motivos de conciencia. Según el principio de equidad del jurado, establecido en el derecho británico hace cientos de años, los jurados pueden desobedecer la instrucción del juez de que un acusado carece de defensa legal. De hecho, Johnson alentó activamente al jurado a creer que no tenía tal derecho.

El abogado defensor principal, Rajiv Menon KC, aprovechó su alegato final para desafiar al juez y advertir al jurado sobre este derecho. Johnson respondió —en otro hecho sin precedentes en el ámbito jurídico— iniciando un procedimiento por desacato contra Menon, que finalmente sería desestimado por el Tribunal de Apelación por motivos procesales, en medio de la creciente inquietud de la profesión legal.

La justicia como arma

A pesar de estas numerosas maniobras legales, Johnson no logró obtener las condenas que buscaba el gobierno. En febrero, el jurado absolvió a los acusados ​​de los cargos más graves de robo con agravantes y alteración del orden público, y no pudo llegar a un veredicto sobre el cargo menos grave de daños a la propiedad ni sobre el cargo de lesiones corporales graves presentado por Corner.

La incapacidad del jurado para llegar a un veredicto sobre los daños criminales permitió a la fiscalía iniciar un segundo juicio contra cuatro de los activistas (los “Cuatro de Filton”): Charlotte Head, Samuel Corner, Leona Kamio y Fatema Rajwani. Dicho proceso concluyó el mes pasado, cuando el jurado declaró culpables a los cuatro de daños criminales y a Corner de lesiones corporales graves por la lesión sufrida por la agente de policía. Sin embargo, para decepción del gobierno, el jurado se negó a condenar a Corner por causar dichas lesiones intencionadamente, como pretendía la fiscalía.

Es de suponer que el jurado se vio influenciado por las pruebas: los testimonios y las grabaciones de vídeo demostraron que Corner había quedado cegado por el gas pimienta momentos antes del altercado, y que estaba intentando proteger a una compañera activista que, según las imágenes, estaba siendo brutalmente agredida cuando Corner fue rociado con el gas.

Cabe destacar que este fue el ataque más violento de todos los perpetrados por Palestine Action, en gran parte, como demostraron los dos juicios, porque los guardias de seguridad de Elbit decidieron no retirarse y esperar a que llegara la policía, sino lanzar un ataque sostenido contra los activistas, golpeándolos y arrebatándoles sus mazos para usarlos contra ellos. Uno de los acusados, Jordan Devlin, absuelto en el primer juicio, fue golpeado tan brutalmente por los guardias que resultaba difícil comprender por qué el personal de Elbit no había sido acusado.

En resumen, como había sugerido Yvette Cooper, la exministra del Interior, esta era la mejor oportunidad del gobierno para apuntalar su discurso de que Palestine Action utilizaba la violencia y debía ser tratada como una organización terrorista. Pero ni las condenas por daños criminales ni las condenas por lesiones corporales graves sin intención sirvieron de nada en este sentido. Se necesitaba otra solución.

Antes del veredicto, el juez Johnson había declarado que, si los Cuatro de Filton eran declarados culpables de daños criminales, utilizaría —en otro precedente legal— sus facultades para dictar sentencia y añadir una "conexión con el terrorismo". Pudo hacerlo amparándose en la controvertida Ley de Lucha contra el Terrorismo y la Sentencia de 2021, que permite a los jueces reclasificar delitos penales como delitos de terrorismo durante la imposición de la pena. Sin embargo, Johnson ocultó esta información al jurado y emitió una orden de silencio , impidiendo que se hiciera pública.

No era difícil comprender por qué el juez no quería que el jurado conociera sus intenciones. Era muy improbable que sus miembros hubieran condenado a los Cuatro de Filton por daños criminales si hubieran sabido que el juez interpretaría ese veredicto como una autorización para condenar a los activistas por terrorismo.

Esto podría explicar, en parte, por qué en un juicio por daños criminales causados ​​por activistas a otra fábrica de armas, esta vez en Wolverhampton, cuatro acusados ​​quedaron en libertad esta semana después de que el jurado no lograra llegar a un veredicto. A diferencia del caso de Filton, el juez permitió que el jurado escuchara los motivos de los acusados ​​para atacar las instalaciones, operadas por la empresa aeroespacial estadounidense Moog. Es probable que los cuatro se enfrenten a un nuevo juicio.

La maniobra solapada que se preveía en el juicio de Filton provocó que el grupo de defensa de los derechos civiles Defend Our Juries, respaldado por miles de profesionales del derecho, solicitara al juez Johnson que se recusara de la audiencia de sentencia. Él se negó a hacerlo.

El mismo grupo de profesionales del derecho presentó una petición exigiendo que la Oficina de Investigaciones de Conducta Judicial investigara el “sesgo y la discriminación manifiestos” del juez durante el juicio. Al analizar la petición, David Whyte, profesor de derecho en la Universidad Queen Mary de Londres, observó que Johnson había actuado con una “crueldad y un ánimo vengativo” excepcionales, y señaló la duración sumamente irregular de la detención preventiva de los activistas, cuando ni siquiera la fiscalía había solicitado la prisión preventiva.

Durante la sentencia de los Cuatro de Filton, Johnson cumplió su promesa de añadir una "conexión con el terrorismo", aumentando las penas de prisión de los activistas a entre cinco y ocho años. Además, no podrán optar a la libertad condicional ordinaria, permanecerán en condiciones más severas en prisión y se enfrentarán a años de restricciones punitivas tras su liberación.

El razonamiento oficial del juez Johnson para añadir la "conexión con el terrorismo" fue que los cuatro activistas habían intentado "influir en el gobierno" con su acto de vandalismo contra una fábrica de drones asesinos. Esto, sin duda, fue música para los oídos de un gobierno acosado que luchaba por convencer al público británico de su complicidad en un genocidio. Finalmente, proporcionó una justificación para considerar como terrorismo cualquier intento práctico de grupos como Palestine Action de detener el suministro de armas al ejército genocida de Israel.

Como señaló esta semana Huda Ammori, cofundadora de Palestine Action : "El sistema legal está siendo utilizado como arma para atacar a nuestro movimiento".

Un precedente oscuro

Pero la decisión del juez Johnson de reclasificar a un grupo como terrorista sienta un precedente mucho más amplio y oscuro. En la práctica, otorga al gobierno británico el poder de declarar a cualquier grupo de desobediencia civil disruptiva como organización terrorista, incluso si el gobierno no logra obtener una condena por terrorismo mediante un juicio con jurado.

Todo esto ocurre mientras el gobierno británico, en otra medida sin precedentes, sigue adelante con sus planes para eliminar los jurados en muchos juicios, dejando a jueces como Johnson exclusivamente a cargo de decidir el destino de los acusados. Es la receta perfecta para más juicios mediáticos como el de los Cuatro de Filton.

Como advirtió Amnistía Internacional tras la decisión del Tribunal de Apelación de esta semana que ratificó la ilegalización: «La prohibición de Palestine Action como organización terrorista constituye un grave abuso de las facultades antiterroristas, con serias consecuencias para los derechos humanos. Es un enorme exceso considerar la protesta de acción directa como terrorismo». Añadió que la decisión «deja la puerta abierta para que los gobiernos repriman otros movimientos de protesta en el futuro».

Sin duda, el gobierno de Starmer será selectivo en el uso de este nuevo poder represivo. Por ejemplo, si bien se ha descubierto con frecuencia que los seguidores del provocador de extrema derecha Tommy Robinson infringen la ley —sobre todo en los recientes disturbios raciales en las ciudades de Southampton y Belfast, que incluyeron incendios provocados en viviendas y lesiones a agentes de policía—, parece improbable que quienes cometen este tipo de delitos sean condenados como terroristas, a pesar de que claramente buscan "influir en el gobierno" para que endurezca las políticas de inmigración.

De igual modo, el gobierno parece decidido a garantizar que más de 2000 ciudadanos británicos que sirvieron recientemente en el ejército genocida de Israel no enfrenten ninguna consecuencia, incluido el hijo de Ephraim Mirvis, el rabino jefe ortodoxo de Gran Bretaña. Estos soldados ni siquiera están siendo investigados, y mucho menos arrestados o acusados ​​de delitos de terrorismo.

De hecho, el aparato de seguridad británico parece no tener ningún problema con las violaciones más graves del derecho internacional —negándose a enjuiciarlas por completo— precisamente porque ya está violando esas leyes él mismo a través de su profunda complicidad en el genocidio de Israel.

El autoritarismo del gobierno de Starmer debería ser aterrador en sí mismo. Pero es probable que pronto conduzca a una situación aún más peligrosa: su impopular Partido Laborista corre el riesgo de ser derrocado en las próximas elecciones generales por el ultraderechista Partido Reformista, liderado por Nigel Farage.

Los abusos de Starmer contra las leyes antiterroristas británicas han allanado el camino para que Farage y el Partido Reformista desaten una ola de represión. Y no cabe duda de que, al igual que Starmer, justificarán la represión de las libertades civiles más fundamentales como vital para proteger la «seguridad nacional» frente a la amenaza del «terrorismo»." 

(Jonathan Cook , blog, 19/06/26, traducción La casa de mi tía)