Artículo 129 de la Constitución española: Los poderes públicos... establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción - Implantar la democracia económica en España es constitucional
"Elecciones de mitad de legislatura en EE. UU.: la IA, en medio de la contienda
Los demócratas ganaron por mayoría aplastante las elecciones de mitad de legislatura al Congreso de EE. UU. de 2026. Antes de la votación, el presidente Donald Trump pidió a los votantes que pensaran en él y en su trayectoria a la hora de votar; parece que así lo hicieron.
Según los datos preliminares del Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida, votaron alrededor de 124 millones de personas. Esta cifra supone un aumento respecto a los 112 millones de 2022 y los 118,6 millones de 2018. Sin embargo, aunque el número total de votos emitidos aumentó, la participación electoral de 2026 siguió siendo inferior a la de las elecciones de mitad de legislatura de 2022 y 2018. Esto significa que más de la mitad de los estadounidenses con derecho a voto no acudieron a las urnas en esta derrota aplastante de Trump y los republicanos.
Entre el menos del 50 % que sí votó, se produjo un giro masivo hacia los demócratas. En el recuento nacional, los demócratas lideraron con una enorme ventaja de 13 puntos porcentuales, la mayor ventaja registrada desde 1982. Ha sido la mayor victoria aplastante en el Congreso en 50 años, lo que supone la derrota más dura para los republicanos desde la era del Watergate en 1974. Los demócratas obtendrán hasta 255 escaños en la Cámara de Representantes, lo que supone su mayor mayoría en casi dos décadas (la mayoría necesaria es de 218 escaños). Además, obtendrán 55 escaños en el Senado, de 100 escaños, y, por lo tanto, también controlarán la cámara alta.
Los demócratas lideraron en todos los estados y en todos los grupos demográficos. Esto fue especialmente evidente entre los votantes de entre 18 y 29 años. Si bien hubo una pequeña mayoría de hombres blancos que votaron a los republicanos, no fue así entre los menores de 30 años, donde los hombres blancos votaron a los demócratas en una proporción de 57 a 40. En todas las demás categorías, la ventaja fue mayor: el 96 % de las mujeres negras menores de 30 años votaron a los demócratas.
Además, un tercio de TODOS los votantes menores de 30 años se identificaron a sí mismos como «socialistas democráticos», según la encuesta a pie de urna de la NBC —tres veces más que los menores de 30 que se consideraban partidarios de Trump y del movimiento MAGA—.
Y los temas estaban claros. Según los datos recopilados por el Pew Research Center en octubre de 2026, la economía era la prioridad número uno para el 84 % de todos los votantes, seguida por el 47 % de todos los votantes que situaban en segundo lugar el conflicto con Irán iniciado por Trump. La sanidad también ocupaba un lugar destacado en la escala de prioridades. El voto a favor de los demócratas fue un rechazo a la guerra innecesaria de Trump contra Irán; al aumento del coste de la vida en alimentos y energía; a sus brutales ataques contra los inmigrantes en las calles; y al rechazo que suscitan su corrupción, sus mentiras y su grandilocuente arrogancia. Las encuestas de opinión mostraron que Trump tiene el índice de aprobación más bajo jamás registrado por un presidente de EE. UU.
Así pues, un Congreso ahora controlado por los demócratas está en condiciones de investigar y cuestionar las actividades y políticas de Trump, así como de proponer alternativas. El economista liberal de izquierdas Daren Acemoglu consideró la victoria demócrata como «un salvavidas para la democracia estadounidense». Pero solo un salvavidas, porque los votantes que llevaron a Trump al poder en 2024 y ahora se han vuelto en su contra podrían cambiar fácilmente de opinión si los demócratas no logran dar respuesta a los problemas de los «niveles obscenos de desigualdad en este país, con la crisis real de la asequibilidad y con el espinoso problema de crear buenos puestos de trabajo para los estadounidenses de todos los niveles de cualificación…». Acemoglu considera que «ni la dependencia de los demócratas progresistas de los impuestos, las transferencias y las regulaciones tradicionales, ni el apego de los centristas al statu quo, ni las ilusiones de quienes confían en la «abundancia» impulsada por la IA son lo suficientemente radicales». Y es que las cosas van a empeorar bajo una economía liderada por la IA.
¿Cuál es la respuesta, según el ganador del Premio Nobel? Los estadounidenses necesitan «puestos de trabajo bien remunerados y que permitan desarrollar una carrera profesional para todos los trabajadores, y especialmente para aquellos sin título universitario, que se han quedado atrás en la economía postindustrial del último medio siglo». Debería haber un «plan viable para reorientar la IA, de modo que esta prometedora tecnología no se vea moldeada por los sueños de un pequeño grupo empeñado en la superinteligencia artificial y la automatización de la mayor parte de lo que hacen los seres humanos. En su lugar, debemos explicar por qué es factible y deseable desarrollar una IA favorable a los trabajadores y cómo esto puede generar empleo e ingresos dignos para los trabajadores».
Mientras tanto, la «crisis de la asequibilidad» es grave, y no solo en EE. UU. Los hogares de todo el mundo se enfrentan a aumentos del coste de la vida debido a las guerras y a las secuelas de la pandemia de COVID-19, y los salarios tienen dificultades para seguir el ritmo de las persistentes presiones sobre los precios. Los precios mundiales de muchas materias primas se han mantenido elevados durante varios años, impulsados primero por la escasez en las cadenas de suministro provocada por la pandemia y, posteriormente, por las guerras en Ucrania e Irán. La guerra en Oriente Medio, que comenzó el pasado mes de febrero, ha elevado la tasa de inflación mundial anual hacia el 5 %, muy por encima del objetivo del 2 % fijado por muchos bancos centrales de todo el mundo. Las subidas de precios de productos de primera necesidad, como los alimentos y la energía, han sido especialmente pronunciadas. El índice mundial de precios de los alimentos ha subido un 42 % desde la caída provocada por la pandemia en 2020. Y solo en el último año, los precios del petróleo crudo han subido un 57 %, mientras que los del diesel lo han hecho un 50 %. El peligro es que la inflación podría acelerarse aún más el año que viene si los conflictos en Oriente Medio continúan hasta finales de este año y más allá. La cadena de suministro mundial ya se encuentra sometida a nuevas presiones y el crecimiento del comercio internacional se está desacelerando.
Hay muchos ámbitos de gasto para los consumidores estadounidenses —como la sanidad, la educación y el cuidado infantil— en los que los costes han superado con creces los aumentos salariales en los últimos 20 años. Pero ahora, desde la pandemia, la inflación de los precios de los alimentos, el combustible y otros productos de primera necesidad también está superando con creces los aumentos salariales. Hace un año, los precios al consumo en EE. UU. subían un 2,7 % interanual. El salario medio por hora de los trabajadores estadounidenses crecía un 4 %. Si avanzamos hasta la actualidad: los precios suben ahora un 3,5 % interanual, pero el crecimiento salarial se ha ralentizado hasta situarse en apenas un 3,2 %. El salario, una vez tenida en cuenta la inflación, pasó a ser negativo ya en abril. En el último año antes de las elecciones, los ingresos medios reales por hora disminuyeron un 0,7 %.
Los tipos hipotecarios medios se han duplicado desde el final de la pandemia hasta superar el 7 % anual. Como consecuencia, en EE. UU. (y en toda Europa), el mercado inmobiliario se ha desplomado. El índice de asequibilidad hipotecaria del FMI (que mide la relación entre los ingresos reales y los ingresos necesarios para un préstamo hipotecario típico) muestra fuertes descensos. En EE. UU., el índice cayó de aproximadamente 150 hasta situarse en torno a 85 (donde los valores superiores a 100 representan la asequibilidad).
Por el contrario, bajo los mandatos de Biden y Trump, el 10 % más rico de los hogares vio cómo su patrimonio neto mediano se disparaba de 2,8 millones de dólares a 3,67 millones, lo que supone un aumento de unos 872 000 dólares, o un 30 %, entre 2022 y 2025. El 40 % de los hogares con menores ingresos perdió terreno. Entonces, Trump firmó su «gran y maravilloso» proyecto de ley, que concedía los mayores recortes fiscales a los que se encuentran en la cúspide.
No es de extrañar que los estadounidenses hayan votado en contra de los republicanos de Trump. Pero, ¿y ahora qué? Los líderes demócratas controlan ahora el Congreso, pero ¿qué proponen hacer? ¿Qué posibilidades hay de que los demócratas tengan alguna idea de cómo frenar el aumento de la inflación y el coste de la vida? ¿Y pueden o quieren poner fin a las guerras en Oriente Medio y Ucrania que han contribuido a la crisis de la asequibilidad?
Los demócratas afirman que revocarán los aranceles de Trump, revertirán los recortes a Medicare, reducirán los costes sanitarios y de la vivienda, y aumentarán la regulación en sectores tecnológicos como la inteligencia artificial. Pero no habrá recortes en el grotesco nivel de gasto en «defensa». De hecho, es probable que se incremente el apoyo a Ucrania en la guerra contra Rusia. En su nuevo libro, El crepúsculo del imperialismo estadounidense, Jack Rasmus calcula el asombroso aumento del gasto y los costes del Gobierno de EE. UU. en «defensa». Según sus estimaciones, el gasto total en defensa de EE. UU. se ha más que duplicado desde 2019, pasando de 1,5 billones de dólares a la asombrosa cifra de 3 billones de dólares el año que viene
Parece que los demócratas no tienen ni idea de cómo controlar la inflación galopante, salvo confiar en que la Reserva Federal suba los tipos de interés —una política que solo aumentará la probabilidad de una recesión—. Y no hay propuestas para revertir la creciente desigualdad.
En los medios de comunicación dominantes y entre los economistas convencionales se hace mucho hincapié en que la economía estadounidense va viento en popa. Es cierto que el crecimiento del PIB real de EE. UU. es más fuerte que en Europa o Japón, pero eso no es precisamente un listón muy alto. El PIB real de EE. UU. aumentó a una tasa anual del 3,4 % en el tercer trimestre de 2026, lo que supone un repunte aparentemente importante con respecto al segundo trimestre. Pero esto oculta la tendencia. El crecimiento interanual del PIB real se está ralentizando. Con un 2,1 % en el tercer trimestre de 2026, se situó cerca de uno de los mínimos registrados desde el inicio de la pandemia. La economía estadounidense sigue creciendo, pero a un ritmo que no supera el 2 % anual.
Además, el crecimiento del PIB real de EE. UU., la inversión y, con ello, el empleo, dependen casi por completo del auge de la inversión en inteligencia artificial. Como señaló el exasesor económico de la Casa Blanca Jason Furman: «El único gran aumento real en el sector de la construcción en Estados Unidos durante el último año ha sido el de los centros de datos, con un incremento del 64 %. Las centrales eléctricas que los abastecen registran un aumento más modesto, del 4 %, y todo lo demás ha descendido —con un descenso especialmente acusado en la industria manufacturera, que ha caído un 24 %, lo que supone un retroceso respecto al pico muy elevado alcanzado en 2024».
Estas megainversiones están logrando impulsar la producción por trabajador. La productividad laboral aumentó un 3,6 % en el tercer trimestre. Eso significó que la tendencia de crecimiento de la productividad coincide ahora con la media a largo plazo de la posguerra y está muy por delante del ritmo del 1,5 % del ciclo 2007-2019.
"El presidente Donald Trump ha pasado los últimos dos años intentando subvertir la democracia estadounidense. El martes, los votantes le hicieron frente.
Ante los muchos intentos del presidente por manipular las elecciones intermedias —mediante la manipulación extrema de distritos electorales, afirmaciones falsas de fraude electoral, esfuerzos para bloquear el voto por correo y más—, decenas de millones de estadounidenses respondieron acudiendo a las urnas y rechazando al Partido Republicano que se lo ha permitido. Los demócratas recuperaron el control del Senado y están a punto de recuperar también la Cámara de Representantes. El repudio fue lo suficientemente grande como para superar la polarización política de Estados Unidos. Los republicanos perdieron contiendas incluso en lugares que tradicionalmente son republicanos, como Kansas, Kentucky, Iowa, Ohio, Carolina del Sur y Texas. Perdieron porque muchos votantes independientes e incluso republicanos consideran que el segundo mandato de Trump es un fracaso.
El resultado crea un control crucial al comportamiento autocrático de Trump. Empodera a los demócratas para investigar su corrupción y sus violaciones de la ley y aprobar legislación que ofrezca una alternativa a su agenda contraproducente. El país ya se siente diferente y cambiará en la práctica en enero.
El país aún enfrenta muchos problemas a largo plazo para los cuales ninguno de los partidos ha ofrecido soluciones claras. Y durante los próximos dos años, mientras Trump siga siendo presidente, el Congreso y los jueces tendrán que estar preparados para contrarrestar sus futuros intentos de socavar el orden constitucional.
Sin embargo, este es un día para sentir orgullo. Los aspirantes autoritarios a menudo utilizan las elecciones legislativas para consolidar su poder y debilitar aún más la democracia. En 2026, el pueblo estadounidense se negó a permitir que Trump lo hiciera. El sistema ha resistido.
Además de los votantes, tres grupos merecen un reconocimiento particular: los trabajadores electorales, los defensores legales y los jueces.
Los trabajadores electorales hicieron su trabajo este año ante la presión implacable de Trump. Él ha afirmado por mucho tiempo que el fraude generalizado decide las elecciones estadounidenses, a pesar de décadas de evidencia de lo contrario. Los trabajadores electorales de todas las afiliaciones políticas respondieron a estas mentiras haciendo su trabajo con la misma diligencia de siempre, ayudando a las personas a emitir sus votos y contando esos votos.
En muchos estados, los funcionarios electorales tomaron medidas específicas para detener la interferencia del gobierno de Trump. El año pasado, el Departamento de Justicia exigió que los estados proporcionaran al gobierno federal las fechas de nacimiento, información de la licencia de conducir y números parciales del Seguro Social de los votantes. Los funcionarios, entre ellos varios republicanos, se negaron a acatar la orden.
Algunos de los más destacados fueron la vicegobernadora republicana de Utah, Deidre Henderson; la secretaria de Estado demócrata de Míchigan, Jocelyn Benson, y el secretario de Estado republicano de Virginia Occidental, Kris Warner. Cada uno se negó a cumplir, cada uno recibió una demanda del gobierno y cada uno ganó en los tribunales.
Su capacidad para resistir al presidente subraya una ventaja del gobierno descentralizado de Estados Unidos. Pudieron negarse porque el presidente no tiene el poder de anular sus decisiones. La cláusula de elecciones de la Constitución permite a cada estado decidir cómo se llevan a cabo sus elecciones. Este federalismo resultó ser un baluarte contra los instintos autoritarios de Trump.
Un segundo grupo que defendió la democracia este año fueron los defensores legales. Cuando Trump intentó interferir en las elecciones —a través de órdenes ejecutivas que buscaban complicar el registro de votantes, prohibir que los estados contaran algunos votos por correo y ordenar al Servicio Postal que decidiera qué votantes recibirían boletas por correo—, los defensores respondieron con rapidez presentando demandas.
Los defensores incluyeron al Brennan Center, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, la Liga de Mujeres Votantes, Common Cause y fiscales generales demócratas. Algunos bufetes de abogados prestigiosos han tenido miedo de confrontar los abusos legales del gobierno de Trump en los últimos dos años, lo que hace que el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro sea aún más importante.
Con frecuencia, las demandas tuvieron éxito debido al tercer grupo: jueces federales que insistieron en seguir la ley y defender la Constitución a pesar de los esfuerzos de intimidación por parte de Trump y sus aliados. Jueces designados por presidentes de ambos partidos, incluido el propio Trump, bloquearon partes clave de las órdenes ejecutivas relacionadas con las reglas electorales. En 27 fallos consecutivos de tribunales de distrito, los jueces rechazaron las exigencias del Departamento de Justicia de obtener los padrones electorales estatales.
La Corte Suprema merece tanto reconocimiento como críticas. El máximo tribunal se equivocó al emitir fallos que hicieron posible la manipulación partidista extrema de distritos electorales de Trump y los esfuerzos de su gobierno por crear una base de datos nacional de votantes. Pero los jueces sí actuaron para proteger la capacidad de los estadounidenses de emitir sus votos este otoño. En septiembre, la Corte Suprema ratificó un fallo de un tribunal inferior que prohibía al Servicio Postal tomar medidas que podrían haber restringido el voto por correo.
Ese fallo fue un recordatorio de que esta corte sí tiene sus límites bien trazados sobre las elecciones. Después de las elecciones de 2020, los jueces se negaron a escuchar casos relacionados con las afirmaciones falsas de Trump sobre fraude electoral. Es posible que los jueces necesiten desestimar afirmaciones similares en las próximas semanas.
Pero los desafíos venideros no deberían ensombrecer lo que lograron los estadounidenses. Este año, trabajadores electorales, abogados y jueces defendieron las reglas que protegen el voto. Y decenas de millones de estadounidenses acudieron a las urnas para ejercer su derecho democrático más básico. Los estadounidenses demostraron que el poder de elegir a sus líderes les pertenece. Ahora deben mantenerse alerta hasta que los funcionarios certifiquen cada contienda y los ganadores asuman el cargo."
" La coalición de multimillonarios y trabajadores de Trump ha sido destrozada por la política de clase
Mientras los jefes tecnológicos se enriquecen y los estadounidenses de a pie luchan por salir adelante, los demócratas defienden la causa contra la grotesca injusticia de EE. UU., y los votantes respondieron
¿Recuerdan el «cambio de vibra»? Apenas el año pasado, columnistas y consejos de administración corporativos por igual declaraban que la segunda venida de Donald Trump significaba que las viejas reglas de la política e incluso de la civilidad cotidiana eran cadáveres en la carretera.
«Me siento liberado», dijo un banquero de alto nivel al Financial Times. «Podemos decir ‘retrasado’ y ‘marica’ sin miedo a que nos cancelen… es un nuevo amanecer».
Bendito era estar vivo en aquel amanecer, pero ser multimillonario era el mismo cielo. Porque en Trump, los jefes tecnológicos tenían un político capaz de obrar magia forjando una alianza eterna entre ellos y la América de cuello azul. Este era el núcleo mismo del trumpismo, el truco que deslumbró a la derecha de todo el mundo: cómo podía uncir juntos a los trabajadores con salario mínimo y al 1 %; a los latinos y votantes negros con aquellos dispuestos a coquetear con un poco de racismo light; a los que odian a Epstein con la clase Epstein (¿quién puede olvidar el correo de Elon Musk a Jeffrey: «¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?»). Y lo hizo transmutando la antagonía de clase en guerra cultural. Olvídate de ese aumento de sueldo: ¿has oído hablar de esos haitianos que se comen a los perros?
Silicon Valley, Wall Street y los dueños de medios de la costa este vieron el trumpismo no como una estrategia política sino como un giro en toda la cultura: un cambio de vibra hacia la derecha. Se equivocaron. La noche del martes fue un rechazo contundente al presidente. Antes de las elecciones de medio mandato, donantes ultraacaudalados como Musk vertieron miles de millones en los representantes de Trump, pero la base trabajadora y de clase media no lo aceptó. La coalición relativamente nueva que llevó al hombre naranja a la Casa Blanca ha sido destrozada por la vieja política de clase.
Cuando los analistas electorales observan que la lucha de los estadounidenses de a pie por costear lo básico de la vida ahora «puntúa en una categoría propia», eso es la clase asomando la cabeza. Es una respuesta a los precios récord de la gasolina en una sociedad centrada en el automóvil, a los enormes vaivenes en todo, desde los huevos hasta la carne picada, a la batalla por pagar el alquiler. Los aprensivos, incluso dentro del establishment demócrata, podrán eufemizarlos como «cuestiones económicas» o «asequibilidad», pero recuerden que en esta misma época el año pasado, el socialista democrático Zohran Mamdani convirtió la asequibilidad de un meme en una plataforma para ganar elecciones. A finales de 2026, y de cara a la próxima batalla por la Casa Blanca, el alcalde de Nueva York ejerce ahora una influencia nacional.
Entre los logros de Mamdani está su recordatorio a los votantes de a pie de que cuando no pueden costear lo básico, no es solo porque los precios sean irrazonablemente altos, sino también porque sus salarios son injustamente bajos. Ha vinculado el coste de la vida con un argumento sobre la desigualdad, y con razón.
Durante décadas —a través de Reagan y Clinton, Bush y Obama—, republicanos y demócratas han modificado el código tributario para recompensar la propiedad en lugar del salario, de modo que los 400 hogares más ricos pagan ahora tasas impositivas más bajas que el 50 % más pobre de los estadounidenses. Como muestran los economistas radicales Fred Magdoff y John Bellamy Foster en su nuevo libro, Grand Theft Capital: What Workers Should Know About the Affordability Crisis, la proporción de la renta nacional que va a los trabajadores de a pie se ha desplomado del 30 % en los años sesenta al 20 % actual. Esta es la destrucción de las vidas y los sueños de la clase trabajadora en la que republicanos y demócratas confabularon. Esta es la carnicería estadounidense que en 2016 ayudó a impulsar a Trump a la Casa Blanca. Pero el rasgo más flagrante de esta era de trumponomía ha sido su desvergonzada desigualdad.
El «país más caliente del mundo», como lo llama el presidente, depende de la IA para crecer. Para la primera mitad de 2025, el economista de Harvard Jason Furman estimó que el gasto en infraestructura de IA constituyó el 92 % del crecimiento del PIB. Estas supuestas ganancias nacionales están siendo acaparadas por un puñado diminuto de personas y fondos, con base abrumadoramente en una franja de la costa oeste.
En octubre, el gestor de fondos Apollo señaló que, de todo el índice S&P de las 500 mayores empresas de EE. UU., solo las llamadas «siete magníficas» firmas tecnológicas florecían. Las otras 493 veían ingresos planos y beneficios planos. Torsten Slok, economista jefe de Apollo, escribió: «A pesar de las inversiones masivas y el bombo generalizado en torno a la inteligencia artificial, la tecnología no ha entregado ningún beneficio financiero a la América corporativa».
Miles de millones para Sam Altman y Dario Amodei y Jensen Huang; una miseria para quienes están fuera de Silicon Valley. No es de extrañar que el candidato más vilipendiado en tantas de las papeletas de esta semana fuera el centro de datos: el centro de datos que consume energía, chupa agua y destruye comunidades, que solo ayuda a procesar a los humanos como apéndices de los chatbots. Un análisis para The Economist mostró que los partidarios de Trump con un centro de datos a su puerta se pasaban en masa al otro lado.
La política de esto se desarrolló con mayor claridad en Texas, que la noche del martes pasó de rojo a azul, a pesar de un cuarto de billón de dólares para los republicanos del estado de un solo hombre: Elon Musk. Texas es el hogar del señor supremo de la IA y una base vital para sus negocios. En los próximos años se espera que Texas se convierta en el centro estadounidense de centros de datos. En solo dos años, se espera que proporcione más de una cuarta parte de toda la nueva potencia informática a la industria de la IA. James Talarico ganó con una agenda marcadamente anti-centros de datos.
Como dijo tras su victoria: «La verdadera lucha en este país no es izquierda contra derecha. Es arriba contra abajo… La gente de arriba nos divide por partido, por raza, por género, por religión, por cultura, para que no notemos que nos están metiendo la mano en el bolsillo. Pero esta noche enviamos un mensaje cristalino a la gente de arriba: no seremos conquistados».
Los demócratas que captaron la imaginación nacional y global este otoño fueron aquellos que defendieron con más estridente firmeza la causa contra la grotesca e inhabitables injusticia de EE. UU. y por una mejor política, tal como hizo Mamdani. Troy Jackson ganó Maine con una plataforma para abolir el ICE. Abdul El-Sayed se llevó Michigan (¡Michigan!) prometiendo Medicare para todos.
Estos resultados sugieren un nuevo futuro para los demócratas: anticorrupción, anti-guerra y anti-multimillonarios. En los días de Bill y Hillary, esto se habría considerado imposiblemente izquierdista. Pero recuerden mis palabras: el demócrata que quiera estar en la papeleta en 2028 sonará más como Bernie Sanders.
Por ahora, alégrense de que un matón corrupto que se sirve a sí mismo se dirija hacia dos años de ignominia, de ser tratado incluso estando en el poder como un número atrasado. Y recuerden que cuando los políticos y periodistas afirman que no hay nada mejor que ofrecer que la misma vieja basura derechista, normalmente se equivocan. «Podría pararme en medio de la Quinta Avenida y dispararle a alguien, y no perdería ningún votante, ¿ok?», dijo Trump una vez. «Es, como, increíble».
"Mélenchon desafía a Bruselas en su programa electoral
El plan para Francia del líder de extrema izquierda «requerirá una confrontación con las instituciones europeas», según su programa presidencial. Escuchar
PARÍS — El candidato presidencial de la izquierda francesa, Jean-Luc Mélenchon, propone una reforma radical de las normas de la UE, lo que le situaría en una trayectoria de colisión con Bruselas.
El líder de extrema izquierda, que ha experimentado un reciente ascenso en las encuestas de cara a las elecciones de 2027, presentó el viernes su programa presidencial, en el que plantea una serie de medidas para replantear de raíz la agenda de la UE. Mélenchon afirmó, además, que, de resultar elegido, desobedecería las normas actuales de la Unión Europea que le impidieran aplicar su programa.
Bajo la propuesta de un «nuevo pacto» para Europa, Mélenchon pretende renegociar los tratados, descartar elementos fundamentales del marco normativo de la UE —incluidos los límites de deuda y déficit—, suspender las normas de competencia en servicios públicos como la energía, el transporte y las telecomunicaciones, y flexibilizar la legislación sobre ayudas estatales.
«Implementaremos nuestro programa de inmediato a nivel nacional. Esto requerirá, por tanto, una confrontación con las instituciones europeas», señala el manifiesto de «Francia Insumisa» (La France Insoumisa), el partido de Mélenchon. «Esto implica también desobedecer, siempre que sea necesario, las normas que nos bloquean».
«Nuestra lógica es sencilla: mientras no se alcance un acuerdo para modificar los tratados, negociaremos con nuestros socios y, paralelamente, desobedeceremos las normas que nos impidan avanzar. Si logramos un acuerdo, este se someterá a referéndum», añade el manifiesto.
Estas propuestas, que se hacen eco de declaraciones anteriores de Mélenchon, se enfrentarían probablemente a una fuerte oposición por parte de los socios de Francia en el Consejo Europeo, actualmente dominado por líderes de corte más conservador. El manifiesto también señalaba que el Banco Central Europeo debería «someterse a un control democrático y movilizarse para financiar la transición ecológica y social». A principios de este año, Mélenchon desató una oleada de críticas al afirmar que «prendería fuego» a una gran parte de la deuda pública francesa en manos del BCE, lo que provocó un debate a escala nacional sobre esta cuestión.
Francia es uno de los países más afectados por el aumento generalizado de los costes de endeudamiento; además, su situación fiscal limita la capacidad del Gobierno para amortiguar el impacto de la subida de los precios de los combustibles y los alimentos, un fenómeno que forma parte de una crisis del coste de la vida más amplia en todo el continente.
Con una deuda pública que asciende al 117,5 % del PIB y un déficit público superior al 5 %, los problemas fiscales se han convertido en una preocupación central para los votantes. Los candidatos presidenciales proponen soluciones radicalmente distintas para abordar este problema.
Le Pen ha intentado proyectar una imagen de gestora económica responsable que no teme aplicar recortes, a pesar de que sus críticos califican su plan de «excesivamente optimista» y señalan que sus principales promesas aún carecen de financiación. Por su parte, los candidatos centristas, como el ex primer ministro Édouard Philippe, se presentan como la voz de la sensatez en materia económica y fiscal, aunque les está costando ganar terreno."
- "La
prensa china identifica a Zapatero como
«intermediario» con la Unión Europea. El expresidente preparó durante
meses y en varios viajes la visita de Sánchez a China de esta semana
- "Zapatero
estrecha sus lazos con China hasta convertirse en "el mejor embajador"
de España en Pekín. El ex presidente volvió a visitar el país asiático
en junio invitado por un grupo de influencia afín al Partido Comunista
Chino
- "Los vínculos de Zapatero con el régimen de Xi Jinping. El expresidente ha allanado a
Pedro Sánchez sus relaciones diplomáticas con el presidente chino y
ahora el PP pone en él el foco por el contrato millonario con Huawei
El
auto en el que el juez Calama presenta al expresidente del gobierno
como líder de una organización criminal de tráfico de influencias tiene
un vacío: ¡no describe cómo lo hizo!
(...) El esfuerzo de la UDEF y de la Fiscalía Anticorrupción, por situar de manera indubitada a Zapatero
como “núcleo decisor” de una banda organizada de delincuentes que
trafican con influencias y blanquean capitales ha sido acogido sin
complejos por el juez José Luis Calama Teixeira, titular del juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.
La entrada del juez Calama es impactante nada más abordar los hechos investigados (página 7).
“En
el vértice de la estructura se sitúa José Luis Rodríguez Zapatero,
quien ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos
institucionales y empresariales de alto nivel.(...)"
Mira por dónde, 49 páginas más tarde, cuando esperabas, en vano, conocer a Zapatero
en acción, esto es, la descripción de que “mantiene los contactos
institucionales y empresariales de alto nivel”, el relato te echa un
jarro de agua fría. (...)
Y entre la página 56 y la 85, la última, resulta que no queda
constancia de “los contactos institucionales y empresariales de alto
nivel” anunciados a bombo y platillo en la página 7, después de haber
proclamado que Zapatero es el “líder estratégico”.
¿Cómo, por tanto, UDEF, Fiscalía Anticorrupción y juez, han llegado a
la conclusión repetida una y otra vez sobre el liderazgo de Zapatero?
Habida cuenta de que “su liderazgo no se manifiesta de forma formal
(sic) o pública, como advierte el juez, la narración se apoya en lo que
dicen que se supone que se le pide a Zapatero que haga.
Dicen que dicen. (...)
Lo que dice Julito -Julio Martínez Martínez, el amigo con el que corría- sobre las acciones emprendidas por Zapatero y que los otros socios-ejecutivo susurran de unos a otros, ¿no forma parte de la célebre técnica del ‘name-dropping’
o la alusión a gente importante o instituciones cuando uno quiere
reforzar su propia posición de fuerza, lo que suele definirse como
‘leverage’ (apalancamiento o ventaja)?
La UDEF, la Fiscalía Anticorrupción y el juez han forzado extraordinariamente los indicios para poner como líder a Zapatero.
Es lo que podríamos llamar voluntarismo golpista.
Todo el relato, insistimos, consiste en lo que dicen aquellos que suponen, o dan por hecho, lo que hacía Zapatero.
Pero no se menciona una sola acción del expresidente para
materializar el tráfico de influencias con aquellos que eran
responsables de otorgar el crédito a Plus Ultra. (...)
Y¿por qué no se han borrado las cuentas bancarias de sus dos hijas?
En otros términos: se ha buscado hacer sangre, ir a saco, contra la
figura del expresidente, arramplar con todo lo que le rodea.
El daño ya está hecho.(...)" (Ernesto Ekaizer, blog, 21/05/26)
"El Estado norteamericano aporta la información clave para imputar a Zapatero.
La inquietante “conexión” americana. Es
posible que las acusaciones contra Zapatero sean verdad o es posible
que acabe demostrándose que no. Pero la información sensible que ha
provocado su imputación procede de unos EEUU muy interesados en un
cambio de gobierno en España.
Sin EEUU no se estaría investigando a Zapatero por
corrupción. Agencias públicas de la superpotencia han proporcionado las
claves que señalan al ex presidente.
Lo afirma el
juez español, en un auto donde se pone en primer plano la colaboración
norteamericana. Lo reconocen responsables de la administración
estadounidense. Lo han publicado medios tan poco antinorteamericanos
como el ABC.
Información “made in USA”
Un
portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU ha confirmado
su papel esencial en la investigación que inculpa a Zapatero.
La
Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EEUU entregó a la
policía española el contenido de un móvil intervenido al empresario
venezolano Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra.
En él
encontramos conversaciones entre altos dirigentes de Plus Ultra donde se
reconoce el pago de mordidas para garantizar que España la incluyera en
el rescate. Afirman que han contactado con Zapatero, dentro de una
estrategia para influir en el rescate -”acaba de hacerse el puente con
ZP”-. Y cuando avanzan, obteniendo “altas recomendaciones”, afirman que
“nuestro pana ZP está detrás”. En lenguaje caribeño “pana” es amigo,
colega.
No hay conversaciones con Zapatero, pero sí aparece señalado indirectamente como el intermediario clave.
El juez Calama utiliza esta información en su auto y agradece la colaboración norteamericana.
Además,
el Tesoso y la Fiscalía norteamericana han proporcionado información
clave sobre transferencias bancarias, con origen en negocios ilícitos
procedentes de Venezuela, y que supuestamente acabaron en pagos a
Zapatero. Y están estrechando el cerco judicial sobre Julio Martínez,
empresario clave en la trama.
Esta información “made in USA” no
proviene de investigaciones periodísticas. Quien la ha proporcionado es
el Estado norteamericano. Agencias públicas hoy controladas por la
administración Trump.
Los funcionarios estadounidenses que
intervinieron el móvil de Reyes y se lo entregaron a la polícía tiene su
sede en España en la embajada norteamericana en Madrid.
Peligrosas preguntas
La
superpotencia ha decidido poner en circulación una información muy
sensible que empujaba al ex presidente hacia el banquillo. Esto no
exonera a Zapatero. Que la información la proporcione EEUU no significa
que sea falsa. Pero sí plantea preguntas peligrosas, inquietantes: ¿por
qué EEUU interviene de esta manera en la política española?
Alguien,
en algún despacho de la superpotencia, ha decidido que esta información
salga a la luz. Y lo hace con objetivos ocultos.
Está demostrado
que Felipe González utilizó sus relaciones internacionales para
propiciar que el gobierno del Chad concediera una gigantesca concesión
minera al monopolio Star Petroleum. También que Aznar pactó una comisión
del 1% con Abengoa para conseguir adjudicaciones en la Libia de Gadafi.
Ninguno de estos dos casos ha sido investigado. Y a EEUU, que como
superpotencia maneja una enorme información, no le ha interesado.
Un
analista como Enric Juliana plantea que ahora la “colaboración
norteamericana” se explica porque “hay expediente Zapatero en
Washington. Y hay expediente Sánchez”.
El “expediente ZP” en EEUU
no se debe a la política antiyanqui de sus gobiernos. Zapatero se
enfrentó a Bush, pero cerró su etapa como presidente aprobando la
instalación del escudo antimisiles de EEUU en Rota.
Las razones de
EEUU son más actuales. Y tienen que ver con el “expediente Sánchez”. El
actual gobierno de coalición se ha negado a cumplir el 5% de gasto
militar que exige Washington, encabeza en la UE la denuncia del
genocidio en Gaza, ha sido el primer país europeo en denunciar los
ataques de EEUU contra Irán, y acaba de encabezar una cumbre
internacional anti Trump.
Al mismo tiempo que estallaba el
escándalo Zapatero, el embajador norteamericano en España se reunía con
Santiago Abascal. Washington da un nuevo espaldarazo público a la
ultraderecha. Y expone que su alternativa de gobierno es un acuerdo
PP-Vox.
Estas son las razones ocultas detrás de la “colaboración” norteamericana.
Fuentes:
“América, América”. Enric Juliana. La Vanguardia. 24 de mayo de 2026
«EEUU aporta informacion clave a España sobre la trama Zapatero». David Alandete. ABC. 21 de mayo de 2026.
“El
Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos colaboró en la
investigación sobre Zapatero”. Iker S. El País. 20 de may de 2026"
Resumen del la transcripción que sigue: Desde un punto de vista de los conceptos abstractos de la justicia, esta
idea de que a ti te investiguen con un teléfono obtenido sin orden
judicial, que se envía a España 5 años después porque casualmente Donald
Trump está enfadado con el gobierno español y que al mismo tiempo acaba
derivando en una imputación y en un proceso judicial donde lo único que
encuentran es algo que no tiene nada que ver con todo lo anterior, pues
acaba siendo un poco mosqueante
El origen de las joyas de Zapatero... la clave es un hombre, que se llama Saud bin Nayef Al Saud. Es de
la familia Saud... fue embajador de Arabia Saudí en Madrid e hizo unas relaciones excelentes con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero... en el marco de la visita del rey Abdula, que fue una visita espectacular
a España, y hubo un
encuentro privado en la residencia del presidente de gobierno en la
Moncloa. Me dicen que Saud bin Nayef Al Saud participó y organizó ese
encuentro privado. Y en ese encuentro privado donde se le entregaron las
cajas con con las joyas, el 19 de junio del 2007... basta demostrar que ese regalo fue un regalo de la monarquía saudí que
fue entregado el 19 de junio del 2007 para mostrar de que no hay delito...
"Vamos a volver con Ernesto Ekaizer. Ernesto, buenas tardes otra vez.
Hola. Vuelvo a la visita. Bueno, vamos a ver a recordar las declaraciones de lo que vamos a hablar ahora, que tiene que ver con las joyas del expresidente Zapatero. Es que precisamente Ernesto nos tiene preparada una exclusiva sobre el posible origen de estas joyas. ¿No has querido desvelar demasiado todavía de dónde vienen? Pero de momento lo que sí sabemos es lo que dijo el expresidente. Vamos a escucharlo. Sin fan patrimonial es un regalo de cortesía personal de hace muchos años. No, no voy a decir el país.
Ernesto, ¿cuál puede ser el origen de estas joyas? Querido Gonzalo, la clave es un hombre. Un hombre se llama príncipe Saud bin Nayef Al Saud. Es de la familia Saúd. Quiere decirse que pudo haber sido el actual rey de Arabia Saudí, solo que el rey Abdullah decidió poner en sus, digamos, en su lugar al actual rey Salman. Y el rey Salman de Arabia Saudí le ha nombrado a Saúd bin Naif Abdulazis su príncipe heredero. Es decir, teóricamente si no hay una escabechina o un crimen o lo que fuere, será el próximo rey de Arabia Saudí. Este nombre, ¿por qué es importante? Porque él estuvo en el año entre 2003 y 2011 como embajador de Arabia Saudí en Madrid e hizo unas relaciones excelentes con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Tienen aproximadamente una edad parecida. Saúd es un poco más joven, 62 años. Zapatero tiene 66 y el 19 de junio, que es a lo que voy, el 19 de junio del 2007, en el marco de la visita del rey Abdula, que fue una visita espectacular a España, que duró 2 días, pero fueron intensísimos, donde se le dio el Toysón de Oro, donde Alberto Gallardón le dio las llaves de la ciudad de Madrid, hubo un encuentro que fue el 19 de junio de ese año 2007 en la Moncloa, un doble encuentro, hubo una cena oficial y hubo un encuentro privado en la residencia del presidente de gobierno en la Moncloa. Me dicen que Saú bin Naif Abdulaz participó y organizó ese encuentro privado. Y en ese encuentro privado donde se le llevaron las cajas con los regalos, con las joyas. 19 de junio del 2007. Las gestiones que se están haciendo en Arabia Saudí son fundamentalmente con Saú Bin Naif Abdulad Sis, que en este momento desde que dejó España es nada menos que el gobernador de la región oriental de Arabia, Saudí, que es la más rica en petróleo, próxima a Kuwait, en fronteras con Kuwait y otros países. Y las gestiones que se están haciendo es porque Said Saú conoce perfectamente el origen, materialmente, físicamente lo conoce. Me dicen que las gestiones están haciendo y que van a rendir frutos. En cualquier caso, dado que el regalo fue del 19 de junio del 2007, el tema está archiprescrito. Solamente basta demostrar que ese regalo fue un regalo de la monarquía saudí que fue entregado el 19 de junio del 2007 para mostrar de que no hay delito.
O sea, entiendo, Ernesto, que lo que podría suponer esta noticia, bueno, esta noticia, esta noticia que publicas tú hoy, que nos estás contando aquí hoy en exclusiva en malas lenguas, pero que Zapatero ya estaría trabajando en que eso está absolutamente prescrito por el ser del año 2007. entiendo que públicamente esto la defensa de Zapatero lo va a afrontar de esa manera, en la causa que tiene abierta por parte de Calama.
En la respuesta a Javier Ruiz, a la entrevista que le realizó Javier Ruiz, él no habló de prescripción y no porque no habló en realidad no hizo ninguna precisión sobre ningún tema. Creo que fue de muy mala gana esa entrevista. Cre de alguna manera sintió que debía darla y por lo tanto no precisó nada. Pero él dijo una cosa, eso ocurrió hace muchos años y esto lo que quiere decir es que está prescrito. Pero bueno, yo estoy absolutamente convencido de que está prescrito porque el regalo se hizo en esa reunión privada en la residencia que ocupaba Zapatero en la Moncloa, 19 de junio del 2007. Y Saúd bin Naif Abdelis es un testigo de cargo. No quiere decirse que va a venir aquí a declarar, pero me da la impresión de que se están haciendo gestiones para que este hombre, que es un príncipe muy importante en Arabia Saudí, prácticamente es el príncipe heredero según la decisión de Salman. O sea, si esta noticia la podrá, no, o sea, puede ser verdad, pero habrá que justificarla delante del juez. Claro. Bueno, si hay una certificación oficial de que ese es un regalo, bueno, pues el juez puede viajar a Arabia Saudí. Lo dudo. El fiscal Bertosa intentó viajar a Arabia Saudí cuando investigaba el tren a Belameca o pidió la colaboración de Arabia Saudí. Es sabido en el mundo jurídico internacional que Arabia Saudí no concede prácticamente no concede extradiciones y la colaboración judicial es nula. Pero en este caso hay una relación personal dado que Saú estuvo como embajador entre el año 2003 y el año 2011. Precisamente en septiembre del 2011, cuando yo dejado ya dejo de ser embajador, el gobierno de Rodríguez Zapatero firmó un decreto por el cual se le concedió la orden de Isabel la Católica.
Novedades en el caso Zapatero tiene que ver con los delitos que se le pueden achacar al expresidente del gobierno precisamente por las joyas que se han encontrado en ese despacho y que están valoradas, ya lo sabemos hoy, en más de 1,300,000 €. Novedad. Paso muy importante, efectivamente, porque el juez José Luis Calama acaba de abrir una pieza separada en la que se va a investigar a José Luis Rodríguez Zapatero por los delitos de contrabando y contra la hacienda pública. Todo por esas joyas que se encontraron en su despacho profesional. Considera el juez, por tanto, que pueda haber esos dos delitos. Delitos fiscales, ya que en teoría no se habrían declarado Hacienda, también delito de contrabando, dos delitos nuevos que se atribuyen al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el hallazgo de esas joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros en la caja fuerte de su despacho profesional.
A ver, Alfonso, vamos por partes. Estamos hablando de nuevos delitos, en este caso delito fiscal, entendemos por la cuantía o la valoración de estas joyas, que son más de 120,000 €. Por otra parte, contrabando. Contrabando, ¿por qué? Porque no se sabe el origen de las joyas o por qué. Efectivamente, porque dice el juez textualmente en el auto que acaba de emitir que ese origen en estos momentos no está justificado. Y ojo, porque cuantifica ya exactamente el valor de esas joyas. Es de 1,323,915 €. Eso es el valor de esas 103 piezas. 1,323,915 € el valor de esas 103 piezas que fueron encontradas en la caja fuerte del despacho de Zapatero en la oficina del expresidente del gobierno en la calle Zabal. Recapitulamos, Alfonso, para que nos enteremos todos aquí y en casa. Ahora mismo, ¿de cuántos delitos se acusa al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero? Pues en principio la pieza estaba abierta por los delitos de tráfico de influencias y también blanqueo de capitales, sin perjuicio de que pudiera haber también un delito de integración en organización criminal y otro de falsedad documental. Eso era la pieza principal, pero ahora se acaba de abrir una segunda pieza separada contra José Luis Rodríguez Zapatero por delitos fiscales y de contrabando, con lo cual ya serían seis tipos delictivos distintos los que indiciariamente se atribuirían al expresidente del gobierno. La nulidad que está buscando la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero también afecta a esta parte de las joyas. Es decir, si la nulidad del todo el proceso incluye todo el proceso incluidas las joyas, pues podría ser efectivamente si el origen de la investigación estaría viciado, afectaría podría afectar a todo el procedimiento. Eso es algo que se va a ver si finalmente se pide esa nulidad de las actuaciones, pero es muy importante cómo justifica el juez la apertura de estas nuevas diligencias, porque apunta que la posesión de bienes de lujo, de elevado valor, unido a la ausencia de una trazabilidad fiscal sobre su adquisición constituye un indicio objetivo y racional sobre la posible existencia de una defraudación tributaria relevante, con lo cual se hace necesario abrir esta pieza separada e imputarle estos nuevos delitos a Zapatero, básicamente porque no está demostrado que declarara esos bienes hacienda.
Sí, vamos por partes. Oficialmente lo que están diciendo en el Palacio de la Moncloa es que después de esta nueva pieza separada abierta por el juez Calama, ellos siguen manteniendo absolutamente su confianza en José Luis Rodríguez Zapatero y no se salen de ahí, Inés. Pero otras fuentes del gobierno consultadas por esta, lo que nos dicen es que toda esta causa es un auténtico disparate, que se va a caer como un castillo de naipes, que los presuntos delitos fiscales que ha podido cometer José Luis Rodríguez Zapatero, si es que ha traído esas joyas y no están declaradas, esos delitos habrían prescrito y que el juez da este paso, abre esta pieza separada precisamente para tapar lo que está siendo todo este procedimiento que está en cuestión su legalidad por el volcado del móvil del principal accionista de Plus Ultra. Un auténtico disparate. Nos dicen que se va a caer como un castillo de naipes. Bueno, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo saben estas fuentes del gobierno que esos delitos habrían prescrito cuando no sabemos de cuándo son estas joyas? Porque no hay papeles sobre el origen de estas joyas, a no ser que en fuentes de esas mismas fuentes del gobierno sí sepan de dónde son esas joyas o de cuándo son esas joyas. Alfonso, claro, la única explicación es que José Luis Rodríguez Zapatero haya comunicado al gobierno que esas joyas pues tienen un origen de más de 5 años y que por lo tanto habrían prescrito los delitos fiscales. Lo que quiere saber el juez, pero ahora mismo juez no sabe de cuándo son esas. Claro. Y por eso le pregunta y le dice que presente la documentación tributaria, documentación fiscal, de si están declaradas, de qué origen tienen, las facturas, la documentación aduanera, de cómo las introdujo en España. Ahora mismo al juez eso no le consta y por eso ha abierto esa pieza separada por delito de contrabando y delitos fiscales. Si saben que los delitos han prescrito es porque saben que su origen es de 2020, antes, o sea, los años anteriores, los ejercicios anteriores a 2020. Entonces, esa información solo puede haber salido de José Luis Rodríguez Zapatero, que evidentemente conocerá el origen de las joyas que guardaba en su caja fuerte.
Hoy contamos la historia de unos pantallazos de móvil. Le seguimos la pista a unos chats de WhatsApp que estaban en el teléfono de un empresario venezolano de viaje en Estados Unidos y que han terminado en un juzgado español dentro de una carpeta donde pone caso zapatero. Esta historia empieza hace 5 años y la contamos con Ignacio Escolar. Estamos en el 9 de mayo de 2021. Rodolfo Reyes, que es el principal accionista de la aerolínea Plus Ultra, intenta entrar en Estados Unidos a través del aeropuerto de Miami, pero es retenido en el control de inmigración. Le retiran el visado para poder entrar en Estados Unidos y acabaría ese mismo día deportado en otro avión con destino a Panamá. Durante las horas en las que está detenido en la aduana, la policía aduanera estadounidense le requis su teléfono móvil y lo clona, guarda una copia del contenido íntegro de ese teléfono móvil. Sabemos que esta persona estaría en algún tipo de lista negra de Estados Unidos por su relación con Venezuela, no en busque captura, porque en caso de que hubiese una investigación penal contra él, lo normal habría sido que cuando llega el aeropuerto no fuese deportado, sino detenido y encarcelado. Estados Unidos define quiénes son sus personas de interés y donde decide en esos casos cuando llegan a los aeropuertos cazarle. Él es un empresario venezolano muy rico, tenía como para comprarse un 40% de una aerolínea, al que la inteligencia estadounidense relaciona con otras tramas de lavado de dinero de Venezuela, del régimen chavista. Y claro, nuestra suposición en la redacción del diario es que estaría en algún tipo de lista negra. Así que al empresario Rodolfo Reyes le vetan la entrada en Estados Unidos, pero Estados Unidos se queda con una copia de su teléfono móvil. Imagínate todas las cosas que puede haber en un teléfono móvil. Hay una que conecta a Rodolfo Reyes con España. En ese clonado del teléfono móvil aparecen muchas conversaciones de WhatsApp, de directivos de la empresa Plus Ultra, de la aerolínea. En esos mensajes, los directivos hablan de todas las gestiones que hicieron para conseguir el rescate de la aerolínea durante la pandemia. Al igual que muchas otras aerolíneas españolas, Plus Ultras acogió un rescate, un crédito blando, un crédito que le dio el estado, la CPI, para poder salvar esta situación tan tremenda para las aerolíneas que fue la pandemia, porque básicamente tenían que seguir pagando los aviones, pero no podían viajar y que eso llevó a muchas de ellas a estar en una situación financiera muy tocada. España decidió que había que rescatar a Plus Ultra y en el teléfono móvil de este venezolano dueño del 40% de Plus Ultra aparecen las conversaciones que implican a Zapatero en la que los directivos de Plus Ultra dicen que vamos a aunque sea pagando un poquito, donde hablan de nuestro pana Zapatero y donde hablan de sobre todo de Julito Martínez, ese empresario amigo de Zapatero que cobró de Plus Ultra para ayudar le con lobby, entre otras cosas para conseguir el rescate. En ese 2020 los mensajes se capturan, las conversaciones, el teléfono móvil se clona en 2021, pero no llega a España hasta el 18 de marzo de 2026. Claro, en estos 5 años la situación geopolítica ha cambiado mucho. Cuando clonan el teléfono de Reyes en Estados Unidos gobernaba Joe Biden y ahora no solo gobierna Donald Trump, sino que en los últimos meses, concretamente desde finales de febrero, existe un enfrentamiento muy fuerte entre la presidencia de Donald Trump, entre el propio Donald Trump, contra España y contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El momento en el que llegan esos mensajes es pocos días después del discurso de Pedro Sánchez con su no a la guerra de Irán. Sabemos también que el volcado del teléfono llega porque lo ofrece de manera espontánea, según los cuentas fuentes de la fiscalía, el departamento en España del Homeland Security dentro de la embajada de Estados Unidos, el personal que está en la embajada de Estados Unidos en Madrid asignado al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y que son estas personas quienes ofrecen a la policía de manera espontánea esos datos comprometidos contra Zapatero.
Ignacio Escolar. Hola. Hola, Juan Lu. Ignacio, esta narración que nos has hecho tiene varios ingredientes llamativos. Lo primero, independientemente de que estemos hablando del caso Zapatero, ¿es legal esto de clonarle el móvil a alguien sin autorización judicial en la frontera?
En Estados Unidos, la legislación permite a los agentes de aduanas fiscalizar el teléfono, los dispositivos digitales, las cámaras de foto de cualquier viajero. No hace falta ni siquiera que sea extranjero, puede ser también un estadounidense. Incluso puede también, simplemente con una autorización burocrática, no hace falta que esto pase por un juez, clonar, copiar íntegramente el contenido de sus dispositivos electrónicos, el ordenador portátil, el móvil, la cámara de fotos, todo lo que lleve. Eso es algo que se basa en estos criterios estadounidenses de seguridad nacional. Lo hace un departamento, una suerte de ministerio que es el Homeland Security, que se ocupa de gestionar las aduanas, que se ocupa de gestionar la respuesta ante los desastres naturales y que lleva también, pues eso, todo el control de todos los aeropuertos en inmigración. Ese departamento, por ejemplo, son también de los que depende el ICE, esta famosa policía casi paramilitar que estuvo persiguiendo inmigrantes en Estados Unidos por órdenes de Donald Trump. Yo creo que casi todo el mundo que viaje mucho ha tenido una experiencia incómoda, ¿no?, en la frontera, en el control de seguridad. A mí, concretamente me pasa siempre que voy a Estados Unidos, o sea, siempre me meten en inmigración porque mi nombre debe coincidir con el de alguien que está en alguna lista. Ya luego cuando ven que no soy me dejan seguir, pero me podrían pedir el móvil, nos podría pasar esto. Nos pueden copiar el móvil así porque sí. Según los datos de la propia Homeland Security, alrededor de 4,000 personas al año se les hace esto que se les hizo a Reyes. Se les detiene en el aeropuerto y se clona su teléfono móvil. Es un porcentaje en realidad muy bajo en relación con todos los viajeros que pasan por los aeropuertos estadounidenses, pero acaba siendo algo que pasa todos los días más de una vez en algún aeropuerto de Estados Unidos. Hay otros casos en los que simplemente se les revisa el celular, pero no se les clona. Ese número de personas es mayor. Pero para hacer el clonado basta con que exista una sospecha por parte de las autoridades aduaneras de que puede haber algún indicio pues de tráfico de dinero o algún tema de interés para Estados Unidos y para su seguridad nacional, sospechas de terrorismo. Al final acaba siendo una herramienta legal estadounidense que es legal en Estados Unidos para violar algo que en Europa es sagrado, que es el secreto de las comunicaciones.
Bueno, vayamos ya al caso Zapatero. Quizá algunos oyentes estén pensando, "Bueno, si había ahí una lista negra de algún tipo y encima el contenido sirve para perseguir un caso de corrupción en España, pues, ¿dónde está el problema?" Sí, este asunto al final es relevante por una cuestión de procedimiento judicial. No todas las pruebas valen en un procedimiento judicial. Y aquí se va a generar un debate, se está generando ya sobre el origen de estos grabaciones. Si es legal usar en un procedimiento penal en España un clonado de un teléfono que se ha conseguido en Estados Unidos sin orden judicial, sin que un juez autorice romper el secreto de las comunicaciones, que en España es un derecho muy protegido, no se puede hacer alegremente. La policía no lo puede hacer sin una orden de un juez. En el informe policial de la UDEF, donde comunican el hallazgo de estos mensajes del teléfono de Rodolfo Reyes y los indicios que hay contra Zapatero, dicen, "En este contexto, en el año 2021, el HCI, el Home Security Investigation, realizó una extracción telefónica de un dispositivo móvil perteneciente a Rodolfo Reyes Rojas. Al considerar que la información obtenida podría ser de interés para las autoridades españolas y resultar relevante para sustentar la presentación de cargos penales contra personas en España implicadas en actividades financieras ilícitas, el HCI obtuvo las autorizaciones necesarias y procedió a compartir dicha extracción para su uso en un proceso judicial en España. Repito la última frase que es la clave. Las autorizaciones necesarias para su uso en un proceso judicial en España. Es decir, según la policía ya tenían autorización para su uso en un proceso judicial. Sin embargo, el juez Calama, que es el que investiga Zapatero esta semana ha decidido mandar una comisión rogatoria a Estados Unidos pidiendo que le aporten legalmente esa prueba para su uso judicial. Hay una contradicción aquí, porque la policía está diciendo que ya cuentan con esas autorizaciones, pero el juez cree que no. Y esto es muy relevante desde el punto de vista legal. Primero porque tú tienes que garantizar que las pruebas que tienes y que estás utilizando tienen un origen legal en España. Pero más o menos lo que dice la Unión Europea es que cualquier tribunal cuando usa una prueba del extranjero tiene que garantizar primero la trazabilidad de esa prueba, la custodia de esa prueba, cómo se guardó, cómo se obtuvo. Segundo, si su origen es o no es legal. Y tercero, si se puede emplear aquí y cómo ha llegado hasta aquí. Cuando a alguien le clonan un teléfono, hay un protocolo, hay una serie de datos que se guardan para garantizar que no se ha modificado nada el momento en el que se obtuvo. Todo eso queda guardado para garantizar que las pruebas son justas en un juicio. Claro, si el juez pide ahora las pruebas por las que decidió en el pasado el auto de imputación contra Zapatero, entramos en una contradicción jurídica porque no puedes poner por delante el carro de los bueyes. En derecho penal tienes que ir siempre con las pruebas legalizadas antes de dar los siguientes pasos. Tú no puedes ordenar un registro, la intervención de comunicaciones, la imputación de cualquier persona o de un expresidente del gobierno si no tienes esas pruebas ya legalmente en tu poder para dar ese paso. Y claro, este auto es por un lado un intento de normalizar esa situación anómala en la que estás utilizando unas pruebas que no tenías y al mismo tiempo un reconocimiento de que diste todos esos pasos sin tenerlas legalmente. Pero en este caso, ¿cómo va a garantizar la justicia española que se hizo de manera legal a efectos españoles? Algo que se obtuvo con algo que en Europa es ilegal.
Fíjate que cuando supimos quién era el abogado de Zapatero, escuché, leí alguna gente decir, "Anda, mira, ha elegido un abogado experto en derecho procesal." No puede tener que ver con esto. Fue llamativo porque es un experto en procesal que es justo ese tipo de detalles. Dentro de las especializaciones del derecho, el ámbito procesal habla del protocolo, de que se cumplan las normas en el protocolo. Yo creo que ha sido más una casualidad porque este era un abogado que tenía relación previa con Zapatero antes de todo el caso y que además también es experto en penal, no solamente en procesal, pero desde luego es el abogado más adecuado con lo que conocemos hoy, que es que existe en la causa una semilla de nulidad, algo que tendrá que decidir la justicia si eso no es legal, pero que podría provocar la nulidad. Es algo que, en fin, ya veremos si ocurre, porque también hemos visto que las nulidades son asimétricas. Una de las más famosas de la historia de la jurisprudencia en española fue el caso Naseiro. Fue un caso que implicaba al Partido Popular hasta las cachas, al tesorero del Partido Popular y que se cerró por un defecto de forma porque las escuchas iniciales que habían dado origen al caso eran por un procedimiento distinto relacionado con el narcotráfico, donde grabaron a uno que pasaba por allí en las llamadas que implicaba al PP en un caso que acabó siendo de financiación ilegal. Aquello se cerró todo sin ningún condenado por un defecto de forma. No sé si en este caso la justicia española va a aplicar un defecto de forma para Zapatero.
Ignacio, La última. Más allá del caso Zapatero, ¿está la justicia preparada para un mundo donde todo lo que hacemos se registra tecnológicamente? Se procesa además ya con herramientas de inteligencia artificial capaces de incluso hacer predicciones estadísticas sobre nuestro comportamiento. ¿Está el sistema de justicia preparado para esto? Yo creo que estamos en un momento un poco especial de la historia porque nuestra huella digital hace que las fichas policiales que podía tener la policía franquista o la estasi alemana sea una juego de niños al lado del de lo que arrastramos nosotros mismos por propia voluntad al portar a todas partes un teléfono móvil que básicamente consiste en un dispositivo de rastreo permanente y localización permanente ligado a un micrófono y una cámara y a un disco duro donde se guardan todos los datos de cada cosa que hacemos con ese micrófono y con ese dispositivo. Cuando esto se junta con Estados, porque esto de clonarte el teléfono no lo hace solo Estados Unidos, también te lo hace Israel, también te lo hace Rusia, también te lo hacen países menos democráticos que Estados Unidos. Si incluso en los países democráticos aceptamos como normalidad que una prueba obtenida de esta manera es legal, pues se abre un debate interesantísimo. Y luego está el fondo del asunto, porque más allá de las dudas sobre este teléfono y sobre el origen de las pruebas, yo creo que el caso Zapatero sigue teniendo todavía serios agujeros en la verdadera acusación que es el tráfico de influencias. A Zapatero le están acusando de haber influido para lograr que el gobierno concediera el rescate de Plus Ultra a pesar de que no era legal, según lo que dice Laudev. El problema que esos indicios son las palabras de terceros hablando en un chat de lo que le contaba a otra persona que no era tampoco zapatero, sino que era uno que sí usaba el nombre de Zapatero, pero que no sabemos hasta qué punto actuaba con él. Esto con defecto de forma o sin defecto de forma sigue siendo todavía muy endeble, pero como todo proceso penal una vez que arranca acaba siendo como poner a alguien agarrado por las piernas boca abajo y agitarlo a ver qué cae. Aquí han caído unas joyas. A saber por dónde evoluciona este proceso penal. Desde un punto de vista de los conceptos abstractos de la justicia, esta idea de que a ti te investiguen con un teléfono obtenido sin orden judicial, que se envía a España 5 años después porque casualmente Donald Trump está enfadado con el gobierno español y que al mismo tiempo acaba derivando en una imputación y en un proceso judicial donde lo único que encuentran es algo que no tiene nada que ver con todo lo anterior, pues acaba siendo un poco mosqueante. Sí."
(Entrevista a Ernesto Ekaizer, La Zurda Television, 08/08/26)
Aquí hay un extracto de mi discurso en el Bundestag alemán ayer:
Ucrania pierde 27.000 soldados muertos y heridos cada mes. Añadan las cifras de las Naciones Unidas de aproximadamente 3.000 civiles muertos y heridos por los ataques rusos cada mes. La suma es el número que debería estar en la pared de cada ministerio que aún habla de «un paquete más de ayuda».
Treinta mil ucranianos muertos y heridos cada mes. Trescientos sesenta mil al año. Eso solo incluye los muertos y heridos por combate y bombardeos. No cuenta a los desaparecidos, a los discapacitados permanentes que nunca llegan a las estadísticas, a las personas que se van y no regresan.
Solo el año pasado perdimos 800 mil personas por muerte y emigración. Este año el número probablemente será mayor. Un país puede perder territorio y seguir siendo un país. No puede perder personas a este ritmo y seguir siendo el mismo país bajo un adjetivo más valiente.
" Cuando el debate político se centra en relacionar de manera
maliciosa la inmigración y la criminalidad -una idea tan falaz como
falsa, puesto que los índices de inseguridad han bajado en los últimos
años, mientras que los trabajadores migrantes han aumentado- la
ultraderecha siempre sale ganando en las estimaciones de voto.
Pero
¿qué pasaría si -de manera perseverante, machacona y didáctica- la
atención mediática pusiera el foco en exponer y desgranar el programa
económico y social de Vox?
¿Qué pasaría por
ejemplo si los nueve millones de pensionistas de este país -algunos de
ellos, por pura estadística, votantes del partido de Abascal- supieran
lo que quiere hacer la ultraderecha con las pensiones públicas?
Al
contrario que el Partido Popular, Vox es el único partido que admite
abiertamente que -de llegar al poder- rebajarán unas pensiones públicas
cuyo gasto considera «insostenible». Así lo dijeron en la última campaña
electoral para las generales del 23 de julio de 2023, en las que
defendieron la necesidad de reducir el gasto estructural (en pensiones)
porque no podemos permitirnos seguir en un estado continuo de déficit”.
Pero
los de Abascal no sólo proponen recortar la cuantía de las pensiones,
atacando las rentas de uno de los sectores más vulnerables de la
población, que además sostienen a familias enteras con todos sus
miembros en el paro (unos 764.200 hogares). Vox pretende, lisa y
llanamente, desmantelar el actual sistema público de pensiones.
Como
alternativa, los ultras proponen sustituirlo por un «nuevo modelo
mixto» en el que la mitad de las actuales cotizaciones irían a engrosar
fondos de gestión privada -generando una enorme inyección de capital
para bancos, aseguradoras y fondos de inversión-, con la «posibilidad de
incrementar la contribución para recibir pensiones más altas».
Es
decir: pensiones de carácter paupérrimo, asistencial, como base. Y si
no quieres sufrir de miseria en la vejez, pues ya sabes: destina una
mayor parte de tu decreciente salario a incrementar la cuota de tu fondo
privado de pensiones.
Quieren aplicar la motosierra de Milei en
España, arremetiendo contra las pensiones públicas, contra la sanidad y
la educación públicas, contra cualquier cosa que huela a políticas de
igualdad o de atención a los sectores vulnerables.
Así lo defiende
sin paliativos Rubén Manso, uno de los «gurús económicos» de Vox:. «No
es función del Estado proveer de ningún bien ni de ningún servicio.
Salvo tres o cuatro, como justicia criminal, policía y Ejército. Todo lo
demás (…) -asegurar la vejez, dar educación a los hijos, gozar de
ahorros suficientes o de un sistema de protección que nos asegure la
sanidad- deben ser decisiones de consumo». Es decir, debe privatizarse y
ponerse en manos de grandes capitales, que traten las pensiones, la
sanidad o la educación como un «negocio rentable», y por tanto sometido a
la ley suprema de minimizar costes para maximizar beneficios para los
inversores,
Este es el ultra agresivo proyecto -al servicio de
bancos y capitales extranjeros, especialmente norteamericanos- del que
Vox es el ariete. ¿No debería difundirse más?"
"El extravagante juez Peinado nos acostumbró -con sus arbitrarias decisiones- a esperar espectáculos judiciales, coincidiendo con la celebración de eventos, especialmente internacionales, con participación del presidente del Gobierno. En mitad de la celebración en Madrid de la XXX Cumbre Iberoamericana, el juez Ismael Moreno ha tomado el relevo del ya jubilado Peinado, para autorizar una intervención/espectáculo de la UCO, abriendo una pieza separada, y por supuesto secreta, del Caso Koldo.
Al ser una pieza secreta, la sitúa al resguardo del escrutinio público, aunque no ha faltado la inmediata filtración de los nombres de seis detenidos (puestos en libertad el mismo día por la tarde, parece que sin cargos). Filtraciones que han venido siendo habituales en las actuaciones de la UCO, cuando tienen que ver con los entornos del Gobierno y del PSOE. La única diferencia esta vez es que quien informa de inmediato de la filtración no es El Confidencial, que ha venido siendo el medio de cabecera para tales menesteres.
No es de recibo que la UCO y la judicatura aparezcan en un contexto electoral haciendo malabarismos y posibles maniobras de distracción
Pero la casualidad que protagoniza el juez Ismael Moreno en este caso es múltiple. Porque no solamente está la Cumbre Iberoamericana. Se produce una coyuntura electoral, en la que, por prudencia, y por preservar el buen nombre del poder judicial, no parece el momento adecuado para este tipo de espectáculos, que pueden influir en la orientación de los electores. A no ser que haya una justificación muy urgente y muy grave, que no parece existir en este caso.
No parece existir, porque se repiten escenarios ya registrados minuciosamente por la misma UCO hace ya año y medio -como la casa de Ábalos en Valencia-. Y no parece que alguien que lleva meses en la cárcel pueda haber modificado las circunstancias del lugar. Se detiene a seis personas a las que se deja en libertad en la tarde del mismo día: poco habría de necesariedad en tal medida, si no es el mero golpe de efecto, como ha ocurrido ya en anteriores intervenciones de la UCO. Golpe de efecto y espectáculo/cortina de humo que se pone de manifiesto con el perentorio intento de poner en relación a uno de los detenidos con el propio presidente de Gobierno.
También coincide esta especie de sesión de fuegos artificiales con dos hechos muy recientes que el juez Ismael Moreno, y la propia UCO, deberían haber tenido en cuenta para no inducir a nadie a sospechas sobre una hipotética complicidad de judicatura y policía judicial con intentos de echar tinta de calamar sobre recientes comprobaciones y refuerzos de una revelación que intentó Koldo García en el mes de mayo ante un tribunal de la Sala Segunda del Supremo, y que el juez Martínez Arrietacortó en seco.
Todos lo conocemos ya, pero los hechos que hay detrás (y ni siquiera digo presuntos, porque de uno hay una demostración palmaria) son de una chocante gravedad que implican a un bando contendiente en las elecciones inminentes; y que apuntan a la línea de flotación del buque insignia de ese bando, con el que están queriendo insistir en una campaña de fango contra Pedro Sánchez: el gran enemigo a abatir.
La abogada de Koldo García, que estaba, y está, siendo acusada de cobrar sus trabajos de defensa de su representado directamente del PSOE, acaba de presentar dos facturas, que suman 242.000 euros, cuyo concepto reza textualmente como “Asesoramiento legal y defensa de don Koldo García”. Caros honorarios que demuestra que los pagó el destinatario de la factura, que no es otro que la empresa de Eduardo Inda, editora de OK Diario. Periodista y medio digital que han destacado, desde su aparición en escena, por su acérrima enemistad contra el presidente del Gobierno y como adalides del “antisanchismo” y del apoyo a PP/Vox.
Y la supuesta casualidad (y ya van cuatro, lo cual disminuye las probabilidades de su carácter casual) coincide también con que Koldo García corrobora lo que Martínez Arrieta no le dejó decir ante el tribunal que le juzgaba, afirmando que el abogado del PP, Alberto Durán, en reuniones de las que señala el lugar de celebración, le garantizó el pago de un millón de euros a través de Eduardo Inda (que, por cierto, no da la cara ante las preguntas de otros medios) si desacreditaba -con verdad o con mentiras- a Pedro Sánchez, Begoña Gómez y Rodríguez Zapatero. Algo que el tal Koldo comenzó a hacer en una entrevista con OKDiario, por las fechas en que sitúa la negociación.
La cuarta parte de lo prometido ya consta que OKDiario la pagó. Lo cual da cierta fiabilidad a la versión. No sé si los ingresos de gestión de un medio como OKDiario dan para tanto dispendio, cuando parece acreditado que en los últimos seis años ha recibido subvenciones de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y Canal de Isabel II (un brazo de la Comunidad de Madrid) de 3,5 millones de euros más IVA en los últimos cinco años.
No desacatamos ninguna disposición del juez Ismael Moreno si calificamos de inoportuna e imprudente su actuación en estas circunstancias -lo mismo que la de la UCO-, a no ser que hubieran sido actuaciones intencionadas. Y en ese caso tendríamos que subir el diapasón de la calificación. Eso se comprobará cuando deje de ser secreta la actuación y se vean los resultados judiciales que salen de ella. Pero eso ya lo sabremos mucho después de que se celebren las elecciones generales. Lo cual nos lleva a añadir a la de imprudente la calificación de presunta irresponsabilidad, y hasta de presunta parcialidad.
No. No es de recibo que la UCO y la judicatura aparezcan en un contexto electoral haciendo malabarismos y posibles maniobras de distracción. Y que aparezcan con una estructura desgraciadamente clásica: intervención sobreactuada, con detenciones aparentemente indiscriminadas, con visitas a Sociedades Públicas como Adif en un momento tan sensible de la misma, y para recabar datos que ya han sido auditados anteriormente sin que se tomara ninguna decisión judicial.
Parece además penoso que tanto el juez instructor como la UCO, dos años después de haber valorado en 5,5 millones las supuestas mordidas por adjudicaciones presuntamente delictivas, y sin haber encontrado el dinero que llevan buscando, sigan abriendo piezas secretas a través de intervenciones que parecen producir más ruidos que nueces. En un contexto en el que ya existen demasiados ruidos, y ante una sociedad que lo que necesita es sosiego para la reflexión, y no la vorágine de nuevas sospechas, que casi siempre se quedan en eso: una eterna cadena de sospechas que no llegan a puerto, y que lo único que generan son incertezas, inquietudes y más ruido.
Quedan otras inquietudes en todo este círculo vicioso que ha llamado nuestra atención. Como la de que el magistrado Martínez Arrieta tuviera tanta prisa en el mes de mayo en taparle la boca a Koldo García, cuando empezaba a denunciar. Y que la fiscalía no tomara nota -igual que la tomaron algunos periodistas- para investigar unas afirmaciones graves, que después se han revelado al menos en parte fundamentadas.
Tampoco el juez Pedraz, ni el fiscal anticorrupción Luzón -quien acusaba al PSOE de financiar la defensa de Koldo- han hecho que se modifique el esquema judicial en el caso Leire, cuando aparece el verdadero financiador (al menos material) de tal defensa. ¿Falta de pulso, o falta de interés en aceptar la realidad?
En fin: demasiadas casualidades, demasiadas coincidencias, demasiadas actuaciones poco claras, demasiado abandono ante indicios muy claros, y demasiados jueces y fiscales metiendo demasiadas veces, y no con mucho tino, sus manos en el mundo de la política. Y, una vez más, demasiado espectáculo de la UCO, convertida en este trienio en un perejil, muy poco claro, de muchas salsas que se cocinan en ese incierto filo entre lo judicial y lo político, o más bien partidista."
"Cara o cruz, Wall Street gana: salvar nuestras pensiones del casino
"La mayoría de los multimillonarios no invierten su dinero en crear más empresas. Lo invierten en el mercado de valores. Eso no es invertir de manera significativa en oportunidades, es solo invertir en otros multimillonarios". Así lo dijo Abdul El-Sayed, quien ganó por estrecho margen las primarias demócratas al Senado en Michigan en agosto. Dijo que preferiría "tener una economía que cree mil millonarios que un solo multimillonario", y que el dinero que de otro modo iría al S&P 500 debería destinarse a "buenas escuelas, buena infraestructura, atención médica, cuidado infantil".
Es un sentimiento loable, pero esos mil millonarios probablemente seguirían invirtiendo su dinero en inversiones diseñadas para generar más dinero sin producir nada. Cuando un inversionista compra acciones de Nvidia en el mercado de valores, el dinero va a quien vendió las acciones, no a Nvidia. Una empresa obtiene nuevo capital solo cuando emite nuevas acciones. Las ganancias de las operaciones bursátiles van al comprador o al vendedor, dependiendo de hacia dónde caiga la moneda. Y no son solo los multimillonarios y millonarios los que juegan en esos mercados financieros. Nuestros ahorros familiares, fondos corporativos y fondos de pensiones también están apostando allí.
Los fondos de pensiones estatales y locales poseen 6,2 billones de dólares, más de una quinta parte del PIB de la economía estadounidense. Ese enorme fondo de dinero no está construyendo viviendas, infraestructura ni empresas locales. Está estacionado en el casino de Wall Street, inflando el precio de los activos existentes, mientras los gestores de activos cobran sus comisiones tanto si los fondos de pensiones ganan como si pierden. Y muchos expertos predicen un inminente desplome del mercado, en el que los fondos perderán mucho.
Peor aún, los rendimientos de los fondos de pensiones no son mejores que los que podrían obtener de un simple fondo indexado sin incurrir en comisiones de gestión externas, y a veces son peores. Mientras tanto, el único banco estatal de la nación, el Banco de Dakota del Norte, obtuvo un rendimiento del 17,2% sobre su capital en 2025 mientras prestaba a la economía de su propio estado, y devolvió 258 millones de dólares de sus ganancias al estado. El dinero de Dakota del Norte está seguro, generando rendimientos e invertido en productividad local
La casa siempre gana
"Todo se siente como un casino", dijo la comentarista financiera británica Anna Bocca en un video de marzo de 2026 titulado "Cómo la financiarización recableó la economía". La "financiarización" es el proceso por el cual los mercados e instituciones financieras han ganado una influencia creciente sobre la política económica y la inversión, desplazando el enfoque de la producción de bienes y servicios físicos hacia el uso del dinero para generar más dinero. La "casa" en el casino financiero actual es el gestor de activos que recauda nuestro dinero de pensiones —Bocca nombra a BlackRock, State Street y Vanguard— y la casa gana incluso cuando los pensionados pierden.
Consideremos la ciudad de Nueva York. Sus cinco fondos de pensiones poseían 326.300 millones de dólares al 30 de junio de 2026. La ciudad aporta unos 10.000 millones de dólares al año a ellos, incluso mientras lucha por cerrar un déficit presupuestario proyectado de 5.400 millones de dólares. ¿Qué obtiene la ciudad por su dinero? En 2015, el entonces contralor Scott Stringer examinó diez años de resultados de los gestores de activos que administraban los fondos de pensiones de la ciudad. Los gestores de acciones y bonos públicos habían superado sus índices de referencia (los rendimientos que el mismo dinero habría obtenido en un índice de mercado estándar como el S&P 500) en 2.063 millones de dólares. Pero eso fue antes de deducir las comisiones de los gestores. Las comisiones consumieron más del 95% de la ganancia, dejando a los fondos solo unos 40 millones de dólares por delante. Los gestores de las inversiones privadas de los fondos (participaciones en activos no cotizados en bolsas públicas, como fondos de capital privado e inmobiliarios) quedaron 2.600 millones de dólares por debajo de sus índices de referencia después de comisiones. En general, los gestores externos quedaron más de 2.500 millones de dólares por debajo de los rendimientos de referencia durante el período de diez años. Los fondos de pensiones habrían funcionado mejor en simples fondos indexados. "Ahora mismo, cara o cruz, Wall Street gana", dijo Stringer.
El estudio de Stringer fue citado por Scott Baker, editor gerente de OpEdNews y experto en fondos de pensiones del Public Banking Institute, en un artículo de noviembre de 2025 titulado "El caso para vender los fondos de pensiones de la ciudad de Nueva York". Baker pregunta: "¿Por qué necesitamos fondos de pensiones en absoluto?". Más sobre su respuesta después de un vistazo al financiamiento de los fondos de pensiones tal como ha evolucionado durante el último medio siglo.
Cómo nuestras pensiones llegaron al casino
La evolución del financiamiento de los fondos de pensiones fue rastreada en un informe de julio de 2025 de la Federación Estadounidense de Maestros (AFT) y otros patrocinadores titulado "De las pensiones públicas a las fortunas privadas: cómo las jubilaciones de los trabajadores llenan los bolsillos de los multimillonarios". Los autores observaron que antes de 1980, los fondos de pensiones estatales y locales a menudo se trataban como un sistema de "pago sobre la marcha": una porción de las primas actuales de los empleados se usaba para pagar beneficios a los jubilados, similar al Seguro Social. Luego, un nuevo enfoque contable "actuarial" comenzó a tratar cualquier déficit entre los activos de un fondo y sus obligaciones futuras como un pasivo "no financiado". La presión para cerrar esa aparente brecha "impulsó una acumulación sin precedentes de activos": inversiones generadoras de dinero como acciones, bonos, bienes raíces y participaciones en capital privado. Entre 1980 y 2007, los activos de pensiones estatales y locales crecieron de 183.000 millones a 3,2 billones de dólares, del 6% al 23% del PIB. Para 2024, ascendían a 6,2 billones de dólares (un porcentaje equivalente del PIB, que también había crecido).
Tom Sgouros, consultor de finanzas públicas, ex asesor principal de políticas del Tesorero General de Rhode Island y miembro del Policy Lab de la Universidad de Brown, ha cuestionado la necesidad de esta acumulación de activos financieros a expensas de la inversión productiva. En un informe de 2022 para la Conferencia Nacional sobre Sistemas de Jubilación de Empleados Públicos, señaló que un plan de pensiones público, a diferencia de uno privado, "no necesita preocuparse por la desaparición de su empleador patrocinador", en este caso la ciudad. Las ciudades pueden quebrar, pero siempre estarán ahí. Un nuevo gobierno simplemente reemplazará al anterior.
Hasta la década de 1960, según un informe de vivienda de noviembre de 2024 coescrito por Sgouros para Americans for Financial Reform (AFR) y la Universidad de Georgetown, era "poco llamativo" que los fondos de pensiones invirtieran en bonos de gobiernos estatales y locales. Hoy, sin embargo, es raro. La mayoría de los bonos municipales están exentos de impuestos y pagan tasas de interés más bajas que los bonos corporativos; y los fondos de pensiones, que no pagan impuestos, no obtienen ningún beneficio de la exención fiscal. El acuerdo anterior, que Sgouros llama "mutualismo fiscal", significaba que los ahorros de los trabajadores públicos financiaban las necesidades públicas: sus fondos de pensiones prestaban a sus propias ciudades y estados para escuelas y otros proyectos, y se les reembolsaba con intereses. Este acuerdo mutuamente beneficioso se desmoronó cuando los fondos de pensiones comenzaron a buscar mayores rendimientos en bonos corporativos, obligando a los gobiernos locales a pedir prestado en el mercado abierto a tasas y comisiones más altas.
Mientras tanto, la mayoría de los trabajadores del sector privado han perdido sus pensiones garantizadas por completo. Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso de marzo de 2026, solo el 14% de los trabajadores del sector privado tenían acceso en 2025 a una pensión de "beneficio definido" (una que garantiza un pago mensual fijo de por vida, generalmente basado en el salario y los años de servicio), en comparación con el 70% con acceso a un plan de "contribución definida" como un 401(k), cuyo valor sube y baja con los mercados.
"Tontos útiles para la industria del capital privado"
Según datos de la Fundación Reason, en 2001 los fondos de pensiones públicos tenían el 57,7% de sus activos en acciones cotizadas en bolsa, el 31,4% en bonos y el 9% en "alternativas": capital privado, fondos de cobertura, bienes raíces y materias primas. Para el año fiscal 2024, el 34% de las inversiones de los fondos de pensiones estaban en las alternativas, que conllevan significativamente más costos y riesgos incluso que el mercado de valores.
El capital privado (PE) es particularmente riesgoso y controvertido. Depende en gran medida del dinero prestado, y los inversionistas deben comprometer su dinero por diez años o más. Las comisiones de gestión también son mucho más altas —típicamente el 2% del valor de los activos más el 20% de las ganancias— y según el informe de la AFT, "los gestores de PE con frecuencia manipulan los valores de activos reportados". Corrigiendo estos factores, el informe concluye que la "ventaja de rendimiento" del capital privado "es poco más que un espejismo, facilitado por el apalancamiento utilizado para las adquisiciones".
Sin embargo, los fondos de pensiones públicos son los mayores patrocinadores de la industria del capital privado. Según el informe de la AFT, las pensiones públicas "constituyen casi un tercio de todos los inversionistas en fondos de capital privado y contribuyen con un asombroso 67 por ciento de su capital".
Las firmas de PE son notorious por la compra apalancada, descrita por el informe de vivienda de AFR como "usar los propios activos de una empresa para financiar su adquisición por inversionistas privados y luego saquearlos después: vender bienes raíces, cerrar planes de pensiones, cerrar abruptamente divisiones menos rentables y despidos masivos". El empleo en las empresas compradas por capital privado se reduce significativamente, y una compra apalancada puede resultar en quiebra. El informe señala el devastador colapso de dos cadenas hospitalarias propiedad de capital privado, Steward Health Care y Prospect Medical Holdings.
¿Qué obtienen los fondos de pensiones por respaldar a las firmas de PE? En un estudio de 2020 titulado "Un hecho inconveniente: rendimientos del capital privado y la fábrica de multimillonarios", el profesor de Oxford Ludovic Phalippou encontró que los fondos de capital privado "han rendido aproximadamente lo mismo que los índices de renta variable pública desde al menos 2006". Sin embargo, las comisiones de rendimiento sobre los fondos recaudados de 2006 a 2015 se estimaron en 230.000 millones de dólares. En una entrevista, Phalippou lo llamó una "transferencia de riqueza de varios cientos de millones de miembros de planes de pensiones a unos pocos miles de personas que trabajan en capital privado", una que "podría ser una de las más grandes en la historia de las finanzas modernas".
En un podcast de abril de 2024, la periodista financiera Bethany McLean contradijo la ficción de que los gestores de fondos de pensiones son inversionistas sofisticados, afirmando: "Son solo los tontos útiles para la industria del capital privado".
Rescatando el casino
La privatización, dice Bocca, ha "desplazado todo el riesgo y la recompensa financieros del estado hacia el pensionado individual", mientras canaliza billones de dólares a las manos de los gestores de activos globales. Solo BlackRock ahora gestiona un récord de 15,3 billones de dólares.
Bocca describe la búsqueda de ganancias para los accionistas por encima de la productividad de la empresa como "recorte de costos en lugar de innovación a largo plazo, carga de deuda en lugar de reinversión, externalización en lugar de empleo estable, recompra de acciones en lugar de crecimiento salarial". Cuando una firma de capital privado carga una empresa con deuda y esta colapsa, "a menudo son los trabajadores, residentes o contribuyentes quienes terminan soportando las consecuencias". Las comisiones de los gestores de activos crecen con el tamaño del fondo, no necesariamente con su rendimiento; y cuando los mercados se desploman, las pérdidas son absorbidas por los pensionados.
Un caso ilustrativo es Blackstone, considerado el gestor de activos más grande del mundo y el mayor arrendador en Estados Unidos. Blackstone está financiado por CalPERS y muchos otros fondos de pensiones públicos. En 2021, compró 5.600 unidades de vivienda asequible en San Diego y aumentó los alquileres entre un 43% y un 65% en dos años. "Entre los aspectos más preocupantes de la crisis de vivienda", escribieron los autores del informe de vivienda de AFR, "está la medida en que el propio capital de los trabajadores se está utilizando para empeorarla". El fondo de pensiones que se supone debe asegurar la jubilación de una maestra puede estar financiando al arrendador que le sube el alquiler.
El producto de más rápido crecimiento de los gestores de activos es el crédito privado: préstamos otorgados directamente a empresas por fondos de inversión en lugar de bancos. Según el informe de la AFT, los préstamos de crédito privado "no están regulados ni cubiertos por las leyes de valores ni siquiera calificados", y el crédito privado "también depende en gran medida de las pensiones públicas". Ahora está viendo un aumento de los incumplimientos en sus préstamos, que a menudo son a empresas propiedad de firmas de PE. Sin embargo, una orden ejecutiva de agosto de 2025 dirigió a los reguladores a facilitar el camino para que el capital privado y otros activos alternativos se incluyan en los planes 401(k).
Cuando todo el casino está en problemas, el público nuevamente lo rescata. Cuando los mercados se congelaron en marzo de 2020, la Reserva Federal contrató a BlackRock para gestionar sus nuevos programas de compra de deuda corporativa. La avalancha de dinero del banco central elevó los precios de los activos, y quienes poseían más activos ganaron más. Según Oxfam, la riqueza de los multimillonarios aumentó más en los primeros 24 meses del Covid-19 que en los 23 años anteriores combinados. "Los inversionistas se quedan con las ganancias", dice Bocca. "La sociedad absorbe las pérdidas". Hoy, informa Moneywise, Estados Unidos tiene un récord de 989 multimillonarios, y los 400 estadounidenses más ricos valen un récord de 8 billones de dólares, frente a 6,6 billones un año antes.
Una mejor manera: pago sobre la marcha y un banco público
La propuesta de Scott Baker para la ciudad de Nueva York es salir del negocio de hacer dinero con dinero por completo. La ciudad podría garantizar a los jubilados sus beneficios actuales más aumentos anuales por costo de vida, y pagarles como lo hace el Seguro Social, con los ingresos corrientes. Podría despedir a los gestores de inversiones externos y vender los activos del fondo gradualmente durante unos cinco años. Parte de los ingresos podría pagar la deuda de la ciudad, elevando inmediatamente la calificación crediticia de la ciudad y reduciendo los costos de endeudamiento. El resto podría capitalizar un banco público. Baker imagina un banco con unos 50.000 millones de dólares en depósitos, prestando a pequeñas empresas locales y personas que los grandes bancos comerciales ignoran.
El modelo estadounidense estelar es el Banco de Dakota del Norte (BND), fundado en 1919. Por ley, los fondos estatales se depositan en el BND, que los utiliza para respaldar préstamos al estado, principalmente en asociación con bancos locales. Como se señaló anteriormente, el BND obtuvo un ingreso neto de 231,8 millones de dólares en 2025 —un rendimiento del 17,2%— y pagó 210 millones de dólares al fondo general del estado y otros 48,3 millones a otros fondos estatales. No hay una casa que se lleve una comisión.
El impulso para los bancos públicos está creciendo en todo el país, como se detalló en una conferencia del Public Banking Institute en Filadelfia del 22 al 24 de octubre. En el estado de Washington y Nuevo México, el entusiasta apoyo a los proyectos de ley de bancos públicos siguió a las presentaciones a principios de este año del presidente del BND, Don Morgan, sobre la mecánica y los beneficios del BND. También están en marcha bancos de propiedad municipal. El 21 de octubre, el Concejo Municipal de Los Ángeles votó 11 a 3 para identificar 460.000 dólares para un estudio de viabilidad de un banco de propiedad municipal; y el 3 de noviembre, otras dos ciudades de California votaron sobre iniciativas de bancos públicos. La Proposición B de San Francisco crearía una corporación financiera municipal como primer paso hacia un banco público de propiedad municipal, y los votantes de Berkeley decidirán sobre un impuesto parcelario de iniciativa ciudadana que recaudaría 58 millones de dólares en seis años para capitalizar un banco público. Ninguno de los votos había sido declarado al 5 de noviembre; California puede tardar hasta 30 días en finalizar las votaciones.
En Filadelfia, donde el Concejo Municipal votó en 2022 para crear una Autoridad Financiera Pública como primer paso hacia un banco público, los defensores están impulsando el "Proyecto Comunidad Amada", un plan de diez años que incluye un banco público municipal y propone invertir los fondos de pensiones de la ciudad en vivienda local, energía limpia y empresas de propiedad comunitaria. En la ciudad de Nueva York, el alcalde Mamdani y el contralor Levine han comenzado a mover los depósitos de la ciudad a prestamistas comunitarios, un primer paso mientras los defensores presionan a Albany para que apruebe la Ley de Banca Pública de Nueva York. Y a nivel nacional, la Ley del Banco Nacional de Infraestructura, HR 5356, ahora tiene 65 copatrocinadores.
El dinero ya es nuestro: nuestras contribuciones a las pensiones, nuestros dólares de impuestos y nuestros depósitos públicos. En lugar de entregarlo a un casino donde la casa siempre gana y los pensionados absorben las pérdidas, podemos ponerlo a trabajar construyendo hogares, empresas e infraestructura en nuestras propias comunidades, y quedarnos con las ganancias para nosotros."
(Ellen Brown, ScheerPost, 05/11/26, traducción deepseek, enlaces en el original)
