"¿Quién controlará las infraestructuras críticas de la
economía digital del siglo XXI? ¿Los Estados nacionales o las
plataformas tecnológicas transnacionales? (El Tábano Economista)
Cuando
Donald Trump anunció un arancel del 25% sobre productos brasileños para el 15
de julio, la explicación parecía servida. Para unos, se trataba de una nueva
demostración de solidaridad ideológica con Jair Bolsonaro y de hostilidad hacia
el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Para otros, era simplemente un
capítulo más del viejo manual proteccionista del trumpismo, castigar
importaciones extranjeras para proteger empleos estadounidenses. Ambas
interpretaciones son equivocadas y resultan insuficientes.
La primera
dificultad aparece cuando se revisan los números. Estados Unidos mantiene un
superávit comercial con Brasil. Es decir, vende más bienes y servicios a la
mayor economía sudamericana de los que compra. No existe, por tanto, un
desequilibrio comercial comparable al que históricamente ha utilizado
Washington para justificar medidas contra China o, en otros momentos, contra
México. Si el objetivo fuera corregir un déficit, Brasil sería un objetivo
insólito.
La segunda
dificultad es Bolsonaro. La cercanía política entre Trump y el expresidente
brasileño es indiscutible. También lo son las críticas de sectores
conservadores estadounidenses hacia el Tribunal Supremo Federal brasileño y las
decisiones adoptadas contra dirigentes y activistas bolsonaristas. Sin embargo,
reducir el conflicto a una cruzada personal en defensa del exmandatario supone
ignorar una serie de transformaciones más profundas que se vienen desarrollando
en Brasil desde hace años.
Para
comprender qué intereses concretos se encuentran detrás de la creciente presión
de Washington sobre Brasil conviene abandonar, al menos por un momento, la
narrativa sobre la libertad de expresión y observar dónde están los negocios.
O, como hemos sostenido, el desenlace de secuestrar al Estado por parte de las
elites tecnologías americana, no es otro que funcione como gendarme de sus
negocios.
En octubre del año pasado, la Computer & Communications Industry Association (CCIA),
una de las organizaciones de lobby más influyentes del ecosistema tecnológico
estadounidense, financiado por grandes empresas tecnológicas que incluyen a
Google, Meta, Apple, Microsoft, Amazon y Uber, presentó un informe ante la
Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) detallando las
barreras que, a su juicio, enfrentaban las empresas norteamericanas en
distintos mercados extranjeros, para que iniciara una investigación sobre
Brasil en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974.
El documento cuestionaba aspectos tan diversos como
las normas sobre comercio digital y servicios de pago electrónico, las
regulaciones sobre plataformas, la protección de la propiedad intelectual,
ciertas medidas tributarias, el tratamiento del etanol y hasta la aplicación de
políticas relacionadas con la deforestación ilegal. Tomadas individualmente,
las observaciones podían parecer dispersas. Consideradas en conjunto, revelaban
algo diferente: la creciente incomodidad de parte del sector tecnológico
estadounidense frente a un país que estaba construyendo reglas propias para
gobernar su economía digital.
La arquitectura regulatoria que Brasil ha
construido desde finales de la década de 2010 no debe analizarse como una
colección aislada de leyes. Vista en conjunto, configura una estrategia de soberanía
digital, fiscal y tecnológica, en la que el Estado brasileño
busca preservar capacidad de decisión sobre infraestructuras críticas, flujos
de datos, plataformas digitales y nuevas tecnologías.
OpenDemocracy mostró cómo varias de las
preocupaciones de las corporaciones americanas terminaron reflejándose en la
investigación comercial impulsada posteriormente por Washington. El dato no
prueba una relación causal automática, pero sí ilumina una convergencia de
intereses entre grandes empresas tecnológicas y la política comercial
estadounidense. Lo que emerge es una pregunta distinta: ¿y si la disputa no
fuera realmente sobre Bolsonaro ni sobre comercio tradicional? ¿Y si el
verdadero conflicto girara alrededor de quién establecerá las reglas del
capitalismo digital del siglo XXI?
Brasil se ha convertido en un laboratorio
inesperado de soberanía tecnológica. La Ley General de Protección de
Datos (Ley Nº 13.709/2018) entró plenamente en vigor en
2020 y creó el marco brasileño de protección de datos personales, estableció
límites al tratamiento y circulación de información personal inspirados en el
Reglamento General de Protección de Datos europeo (GDPR), aunque con
particularidades propias. La LGPD representa una afirmación de que los
datos producidos por la sociedad brasileña son un recurso sujeto a regulación
nacional.
La
discusión sobre la moderación de contenidos y la responsabilidad de las
plataformas constituye otro frente de tensión. La decisión del Supremo Tribunal
Federal brasileño de ampliar las obligaciones de las redes sociales respecto de
contenidos ilícitos fue presentada por algunos sectores estadounidenses como un
ataque a la libertad de expresión. Sin embargo, desde la óptica brasileña se
trataba de resolver una pregunta institucional básica, si las plataformas
globales deben responder ante la legislación nacional de los países donde
operan.
La disputa
alcanzó su máxima expresión en el enfrentamiento entre el Supremo Tribunal
Federal y X, la red social de Elon Musk. La suspensión temporal de la
plataforma por incumplimientos relacionados con representación legal en el país
y decisiones judiciales transformó un conflicto jurídico en un acontecimiento
geopolítico. Musk lo presentó como un ejemplo de censura estatal; las
autoridades brasileñas, como una cuestión elemental de soberanía jurídica.
Pero quizás
el aspecto más revelador sea que Brasil no se ha limitado a regular. También ha
construido alternativas y el sistema de pagos (PIX) es fundamental para
entender la parte menos visible del conflicto entre Brasil y las grandes
tecnológicas estadounidenses. Lo relevante es que PIX no fue creado por una
empresa privada, sino por el Estado brasileño lo desarrollo a través del Banco
Central. El sistema de pagos instantáneos se convirtió en pocos años en una de
las infraestructuras financieras más exitosas del mundo. Permite transferencias
inmediatas, permanentes y de bajo costo, integrando bancos, fintechs y usuarios
finales bajo una arquitectura pública.
Desde la perspectiva del consumidor brasileño,
PIX representa comodidad y eficiencia. Desde una perspectiva geoeconómica,
representa algo mucho más importante. La posibilidad de que el Estado preserve
el control sobre una infraestructura crítica de la economía digital. Con hasta 290 millones de
transacciones diarias, PIX alcanza al 90% de la población
brasileña con impactos especialmente positivos en los excluidos
financieramente, la economía informal y las pequeñas y medianas empresas
(pymes).
El Centre
for International Policy and Technology ha descrito PIX como una manifestación
de soberanía digital financiera. La expresión no es exagerada. Durante años,
las grandes tecnológicas han intentado expandirse hacia el sector de pagos.
Meta, en particular, visualiza en WhatsApp mucho más que una aplicación de
mensajería. El objetivo es construir una superplataforma capaz de integrar
comunicación, comercio electrónico, pagos, crédito e inteligencia artificial.
Brasil, donde WhatsApp Brasil es el segundo
mercado más grande del mundo, Meta busca monetizar la app mediante herramientas
corporativas de cobro (WhatsApp Business), pero ve amenazado su
negocio si el poder judicial brasileño suspende de manera intermitente sus
servicios por desacatos regulatorios. Sin embargo, cada pago realizado mediante
PIX es un pago que no transita necesariamente por una infraestructura privada
controlada por una plataforma tecnológica. Cada transacción representa datos
financieros que permanecen fuera de ecosistemas corporativos cerrados.
La disputa
deja entonces de ser ideológica y adquiere una dimensión económica tangible.
Brasil también ha avanzado hacia la regulación de la inteligencia artificial.
El Proyecto de Ley 2338/2023 busca establecer mecanismos de supervisión diferenciados
según el nivel de riesgo de las aplicaciones. Transparencia, responsabilidad y
protección de derechos aparecen como principios orientadores. Para empresas
estadounidenses inmersas en una carrera global por liderar el desarrollo de la
IA, la proliferación de marcos regulatorios nacionales representa un desafío
significativo. Cada nueva exigencia implica mayores costos de cumplimiento y
posibles restricciones operativas.
La misma
lógica atraviesa el Proyecto de Ley 2768/2022, que ampliaría las facultades
regulatorias de la Agencia Nacional de Comunicaciones (Anatel) sobre
plataformas digitales, y el Proyecto de Ley 4097/2023, orientado a cuestiones
de competencia en mercados digitales. A ello se suman iniciativas tributarias,
como la implementación del impuesto mínimo global del 15%, o medidas destinadas
a gravar determinadas importaciones asociadas al comercio electrónico
transfronterizo.
Observadas
de manera aislada, estas iniciativas responden a debates sectoriales
específicos. Observadas en conjunto, configuran una arquitectura orientada a
fortalecer la capacidad regulatoria del Estado brasileño. No se trata de un
fenómeno exclusivamente brasileño. Europa ha transitado caminos similares
mediante el Reglamento General de Protección de Datos y nuevas normas sobre
servicios digitales. Pero el caso brasileño posee una relevancia particular
debido al tamaño de su mercado.
Brasil es
la mayor economía de América Latina y uno de los mayores mercados digitales del
mundo. Diversos estudios estiman que la inversión anual en publicidad digital
en el país supera los 10.000 millones de dólares. Google concentra una parte
sustancial de ese mercado a través de su ecosistema de búsqueda, YouTube y
herramientas publicitarias. Meta, mediante Facebook e Instagram, ocupa también
una posición dominante.
Aunque las
empresas no desagregan sistemáticamente sus ingresos por país, distintas
estimaciones sitúan a Google capturando aproximadamente entre el 45% y el 55%
del mercado publicitario digital brasileño, mientras Meta controlaría entre el
30% y el 40%. Traducido a cifras, esto podría significar ingresos anuales de
varios miles de millones de dólares para ambas compañías.
El
verdadero desafío, sin embargo, no reside en la publicidad actual sino en los
negocios del futuro. Los datos alimentan sistemas de inteligencia artificial.
Los sistemas de pago generan información valiosa sobre hábitos de consumo. Las
plataformas de comunicación facilitan la integración de servicios financieros y
comerciales. El control de estos ecosistemas permite capturar valor económico a
una escala sin precedentes.
En este
contexto, la decisión brasileña de preservar espacios de soberanía regulatoria
adquiere una dimensión estratégica. La infraestructura 5G ofrece otro ejemplo.
Brasil ha avanzado en la construcción de redes exclusivas destinadas a la
administración pública, separadas de las redes comerciales convencionales.
Según la Global System for Mobile Communications Association (GSMA), la
organización mundial que representa los intereses de más de 1.000 operadores de
telefonía móvil y compañías del ecosistema tecnológico, el país reúne
condiciones para convertirse en un referente regional en materia de 5G.
La decisión
de dotar al Estado de una infraestructura propia para comunicaciones sensibles responde
a consideraciones de seguridad y eficiencia administrativa. Pero también
expresa una convicción política. Determinadas capacidades tecnológicas son
demasiado importantes para depender completamente de actores privados.
PIX y la
red 5G estatal responden, en esencia, a la misma lógica. La pregunta subyacente
es sencilla: ¿deben los Estados conservar el control sobre ciertas
infraestructuras críticas o delegarlo progresivamente a plataformas
transnacionales?
Desde la
perspectiva brasileña, la respuesta parece inclinarse hacia la primera opción.
Desde la perspectiva de parte del ecosistema tecnológico estadounidense, ello
podría representar un precedente preocupante.
El problema
no es únicamente Brasil. Si un país de más de 200 millones de habitantes demuestra
que es posible desarrollar sistemas públicos eficientes de pagos digitales,
regular el tratamiento de datos, establecer límites a las plataformas y diseñar
marcos propios para la inteligencia artificial, otros podrían seguir el mismo
camino. La discusión deja entonces de girar alrededor de un arancel específico.
Lo que está en juego es el modelo de gobernanza de la economía digital.
Por un
lado, emerge un esquema donde plataformas privadas aspiran a convertirse en la
infraestructura dominante de la vida contemporánea, articulando comunicación,
pagos, comercio y procesamiento de datos. Por otro, aparecen Estados que
intentan preservar márgenes de autonomía mediante regulación y desarrollo de
capacidades propias. En esa disputa, Bolsonaro ocupa un lugar secundario.
Su figura
puede funcionar como catalizador político o como elemento movilizador dentro
del debate estadounidense. Pero las tensiones entre Brasil y determinados
sectores económicos norteamericanos preceden y exceden ampliamente la suerte
judicial del expresidente.
El arancel
del 25% constituye, en ese sentido, mucho más que una herramienta comercial.
Puede interpretarse como una señal geoeconómica dirigida hacia un país que ha
comenzado a cuestionar algunos de los supuestos fundamentales del capitalismo
digital contemporáneo. No porque Brasil haya rechazado la tecnología ni porque
haya optado por un camino aislacionista. Todo lo contrario. Brasil busca
insertarse activamente en la economía digital global, pero bajo reglas que
preserven espacios de decisión nacional.
Esa
aspiración inevitablemente genera tensiones. La historia del siglo XXI
probablemente se escriba menos en los campos de batalla tradicionales y más en
disputas relacionadas con estándares tecnológicos, gobernanza de datos, sistemas
de pago y control de infraestructuras digitales.
Vista desde
esa perspectiva, la controversia actual entre Washington y Brasilia adquiere
otro significado. Ya no se trata simplemente de aranceles. Tampoco únicamente
de Bolsonaro. Se trata de quién definirá las normas que regirán el flujo de
información, dinero y conocimiento en las próximas décadas.
Brasil ha decidido participar de esa discusión no solo como mercado,
sino también como regulador y constructor de alternativas. Y esa
decisión, más que cualquier superávit comercial o cualquier disputa
política coyuntural, podría explicar por qué el país se encuentra hoy en
el centro de una batalla silenciosa por el futuro del poder económico
global."
(Alejandro Marcó del Pont, blog, 14/06/26)
