21.11.26

Una explicación breve del efecto dominó de un sistema de capitalización para la jubilación: Hay una aportación pública, pero junto a esto es necesario abrir una cuenta de ahorro individual con un tratamiento fiscal especial... Este dinero es puesto junto a otro creando bolsas de capital ingentes que han de generar beneficios... Los Fondos Buitres pasan a gestionar estas bolsas de capital y lo invierten en vivienda, sanidad y educación privada... Como resultado de políticas paralelas, estos servicios públicos comienzan a deteriorarse. Pasas a contratar servicios privados de sanidad y a escolarizar a tus hijos en escuelas concertadas y privadas. La vivienda se encarece aun más... Los rendimientos generados por estos fondos son insuficientes para complementar tu pensión pública, con lo que alargas tu vida laboral... Pagas un coste cada vez mayor por servicios que antes eran decentes y financiados con impuestos, tu vivienda es cada vez más cara porque es un activo financiero y tu jubilación no te llega y tienes trabajar más años. Llegas a ser un pobre como en EEUU (Jose Mansilla)

 Jose Mansilla @antroperplejo

Una explicación breve del efecto dominó de un sistema de capitalización para la jubilación: 

1.- Hay una aportación pública, pero junto a esto es necesario abrir una cuenta de ahorro individual con un tratamiento fiscal especial. 

 2.- Este dinero es puesto junto a otro creando bolsas de capital ingentes que han de generar beneficios. 

 3.- Los Fondos Buitres pasan a gestionar estas bolsas de capital y lo invierten en vivienda, sanidad y educación privada. 

 4.- Como resultado de políticas paralelas, estos servicios publicos comienzan a deteriorarse. Pasas a contratar servicios privados de sanidad y a escolarizar a tus hijos en escuelas concertadas y privadas. La vivienda se encarece aun más. 

 5.- Los rendimientos generados por estos fondos son insuficientes para complementar tu pensión pública, con lo que alargas tu vida laboral. 

6.- Los salarios no suben, porque liberar parte de las aportaciones a la SS por parte de las empresas no se destina a tu salario. 

 y 7.- Pagas un coste cada vez mayor por servicios que antes eran decentes y financiados con impuestos, tu vivienda es cada vez más cara porque es un activo financiero y tu jubilación no te llega y tienes trabajar más años. Llegas a ser un pobre como en EEUU. 

3:05 p. m. · 15 oct. 2026·2.564 Visualizaciones

Ernesto Ekaizer: En España no hay estrictamente cloacas. El problema más serio es que las instituciones se han convertido en cloacas... Pensemos en Kitchen. ¿Cómo vamos a hablar solo de cloacas si en el procedimiento aparecen implicados responsables situados en la planta noble del Ministerio del Interior? Estamos hablando del exministro Jorge Fernández Díaz, de altos cargos de Seguridad y de mandos policiales, entre ellos Eugenio Pino... La discusión, para mí, no es si había funcionarios que actuaban a escondidas, sino qué responsabilidades podían existir en la estructura formal del poder. Eso es mucho más grave que la imagen de un grupo de agentes operando al margen de sus superiores... en España, la transición política de un partido a otro, la alternancia en el poder, se produce en ocasiones en medio de una crispación enorme, con características que considero golpistas... Después del fracaso de la investidura de Feijóo, Aznar lanza el conocido “el que pueda hacer, que haga; el que pueda hablar, que hable”. A partir de ahí se produce una secuencia de iniciativas judiciales y políticas, incluidas las promovidas por Manos Limpias contra David Sánchez y Begoña Gómez. Para mí, esa secuencia es fundamental... la Ley de Amnistía es el centro de esa confrontación institucional, porque el grueso de la actividad que cohesiona a una parte de la judicatura frente al Gobierno se desarrolla alrededor de la amnistía. A partir de 2018, y especialmente de 2023, ya no hablamos únicamente de jueces aislados, sino de un bloque con un liderazgo reconocible, que yo sitúo en torno al Tribunal Supremo y a las batallas sobre la amnistía. Por eso hablo de “sindicato mediático-judicial”, con Marchena como el motor de un círculo que conecta a los tribunales, a determinados medios de comunicación y, después, a la política... a eso se suma un componente ideológico. En mi opinión, dentro de una judicatura muy conservadora hay sectores que rechazan profundamente las transformaciones sociales impulsadas por la izquierda: el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo o la eutanasia. Eso crea un terreno común que no depende únicamente de un partido o de un episodio judicial

 "Ernesto Ekaizer: “El problema más serio es que las instituciones se han convertido en cloacas”.

El periodista presenta 'Estado de golpe' y analiza el papel de los tribunales, los medios y la derecha en los conflictos políticos recientes

Ernesto Ekaizer acaba de publicar Estado de golpe. Una historia de guerra sucia, un libro en el que reconstruye las relaciones entre política, justicia y medios de comunicación desde los años noventa hasta la actualidad. En esta conversación con José María Garrido, director de ElPlural.com, el periodista aborda las similitudes que aprecia entre las ofensivas contra Felipe González y Pedro Sánchez, el papel del Tribunal Supremo en el procés, las controversias en torno a la amnistía y las conexiones entre determinados magistrados y medios. Sus conclusiones son severas, pero también distingue entre las investigaciones judiciales y la utilización política de sus resultados.

 PREGUNTA: Acabas de publicar Estado de golpe. Una historia de guerra sucia. Es un título muy contundente y un libro que retrata las guerras de poder dentro de las instituciones. ¿Qué te llevó a escribirlo?

RESPUESTA: Lo que me llevó a escribirlo es que he sido testigo, más que periodista, de una serie de acontecimientos del mundo político y jurídico que están muy interrelacionados. Es difícil encontrar a mucha gente que haya seguido todos esos episodios de cerca. Me ha tocado a mí reconstruirlos.

P: Hablas de lo que solemos denominar las cloacas, aunque en el libro vas más allá y entras en las relaciones entre poder político, judicial y mediático. ¿Compartes ese término?

R: Yo tengo mi propio concepto de las cloacas. En España, en mi opinión, no hay estrictamente cloacas. El problema más serio es que las instituciones se han convertido en cloacas. No estamos hablando únicamente de actuaciones ocultas o de personajes que se mueven en los márgenes del Estado. Lo que trato de describir es algo que afecta a las propias instituciones.

P: Para explicar la situación actual te remontas a los años noventa y al llamado Sindicato del Crimen. ¿Qué patrón encuentras entre aquella etapa y la actual?

R: Eso es lo que busco en el libro, una especie de Santo Grial. Jesús Cintora dice que soy una especie de Indiana Jones. Lo que quiero encontrar es el patrón por el cual, en España, la transición política de un partido a otro, la alternancia en el poder, se produce en ocasiones en medio de una crispación enorme, con características que considero golpistas.

Lo vimos durante los gobiernos de Felipe González, especialmente entre 1993 y 1996. En aquella época surgió lo que se llamó el Sindicato del Crimen, una asociación informal de periodistas. Había escándalos muy graves y, en mi opinión, una corrupción sistémica. No se puede negar. Pero esos periodistas desconfiaban de que José María Aznar pudiera capitalizar políticamente los escándalos hasta derrotar a González. Aznar pensaba que ganaría las elecciones y no ganó. Los casos de corrupción existían antes, pero a partir de entonces se colocó sobre ellos un amplificador gigantesco. Hablo de Filesa, de la fuga y la corrupción de Luis Roldán, de Mariano Rubio, de las dimisiones de ministros y, finalmente, del GAL y del secuestro de Segundo Marey. Aquel proceso desembocó en condenas de enorme trascendencia, como las de José Barrionuevo y Rafael Vera. Lo que sostengo es que ese patrón de lucha por el poder reaparece después, sobre todo a partir de 2018 y de 2023. Y lo hace en un contexto diferente, con el PP y también con Vox. Los escándalos de corrupción existen, pero me interesa cómo se amplifican y cómo se articulan las ofensivas políticas alrededor de ellos.

El caso de José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama tiene una dimensión que hay que investigar. Sobre Santos Cerdán, en cambio, sigo planteando preguntas acerca de la concreción de determinados indicios económicos. El hecho de que exista una investigación no nos exime de examinar qué se ha acreditado en cada fase.

Después del fracaso de la investidura de Feijóo, Aznar lanza el conocido “el que pueda hacer, que haga; el que pueda hablar, que hable”. A partir de ahí se produce una secuencia de iniciativas judiciales y políticas, incluidas las promovidas por Manos Limpias contra David Sánchez y Begoña Gómez. Para mí, esa secuencia es fundamental.

P: Hay un episodio del libro que llama especialmente la atención: las sospechas de pucherazo en las elecciones de 1993. La idea de cuestionar la limpieza electoral no nació en 2023...

R: Exactamente. En 1993 aparecen Alberto Ruiz-Gallardón y Javier Arenas hablando de un posible pucherazo. Eran dirigentes relevantes. Se produce una crisis política y, según reconstruyo, Felipe González habla con Juan Carlos I, que a su vez habla con Aznar. Finalmente, Aznar se retira de aquella acusación. No aportaron pruebas de ese supuesto fraude más allá de las acusaciones vertidas por televisión.

En 2023 reapareció ese lenguaje, esta vez alrededor de Correos y del voto por correo. Feijóo habló de las condiciones de trabajo de los carteros y de pagarles horas extraordinarias si llegaba al Gobierno, en un clima en el que se alimentaban las sospechas electorales. Después hemos visto algo que considero todavía más preocupante: la intervención del Tribunal Supremo en la controversia sobre el voto de las personas nacionalizadas mediante la llamada ley de nietos. El ponente de las resoluciones es Antonio Narváez, antiguo magistrado del Tribunal Constitucional. A mi juicio, el problema es que una hipótesis sobre una posible manipulación electoral adquiere otra dimensión cuando se incorpora a una resolución judicial. Eso no equivale a demostrar que exista un pucherazo.

P: En el libro sitúas la Ley de Amnistía en el centro de esa confrontación institucional. ¿Por qué?

R: Porque el grueso de la actividad que cohesiona a una parte de la judicatura frente al Gobierno se desarrolla alrededor de la amnistía. Pero hay que retroceder al procés para entenderlo. Durante el Gobierno de Rajoy se optó por situar el conflicto catalán en la vía judicial. José Manuel Maza, fiscal general del Estado, era una persona muy próxima a Manuel Marchena. La decisión de presentar la querella por los hechos del procés contribuyó a colocar al Tribunal Supremo en el centro de la situación política.

No había base para el delito de rebelión, que exige una violencia específica. Se podía discutir sobre desobediencia y otras conductas, pero la acusación de sedición ofreció una salida jurídica diferente. La Abogacía del Estado, dependiente del Ejecutivo, defendió precisamente esa calificación. Todo esto es esencial para comprender el juicio y la sentencia posterior. Marchena adquiere entonces un enorme protagonismo. La retransmisión del juicio por streaming hizo que se siguiera prácticamente como una serie. En mi libro Cataluña, año cero lo llamé un juicio “a lo Netflix”. No solo reforzó su posición dentro del Supremo, sino también su liderazgo entre muchos jueces de instancias inferiores.

P: Has descrito ese liderazgo como una de las principales diferencias con los años noventa. ¿Qué cambia en el papel de la Justicia?

R: En los años 1993-1996 también intervinieron jueces, pero eran sobre todo jueces estrella. Ahí estaba Baltasar Garzón, que había pasado por la política y después retomó la investigación del GAL; también Javier Gómez de Liaño y otros magistrados. La intervención judicial existía, pero, a mi juicio, tenía un carácter más individual.

A partir de 2018, y especialmente de 2023, creo que la respuesta es mucho más institucional. Ya no hablamos únicamente de jueces aislados, sino de un bloque con un liderazgo reconocible, que yo sitúo en torno al Tribunal Supremo y a las batallas sobre la amnistía. Por eso hablo de “sindicato mediático-judicial”. Los distintos actores saben qué objetivos persiguen. Por ejemplo, hemos visto cómo determinados votos particulares de magistrados del Tribunal Constitucional llegan a los medios antes de su difusión institucional. Eso refleja la existencia de un bloque.

P: En esa reconstrucción dedicas bastante espacio al caso de Aturem el Parlament, las protestas de 2011 contra los recortes en Cataluña. ¿Por qué es tan importante?

R: Porque permite entender que hubo otras interpretaciones jurídicas posibles. La Audiencia Nacional, con Ramón Sáez como ponente, absolvió a varios manifestantes que habían participado en las protestas ante el Parlament. La sentencia daba un peso decisivo al derecho de manifestación. Después, el Supremo revocó aquella absolución.

En 2019, durante el juicio del procés, Cándido Conde-Pumpido defendió en el Tribunal Constitucional una posición que habría permitido dar mayor protección al derecho de manifestación y evitar el efecto disuasorio de las condenas penales. Pero esa deliberación quedó condicionada por la proximidad de la sentencia del procés. Es decir, que se evitó una resolución que pudiera interferir en el trabajo de Marchena. ¿Qué habría ocurrido si se hubiera aprobado esa doctrina? Creo que podría haber cambiado el tratamiento jurídico de algunos conflictos de protesta y, quizá, el curso de parte de la crisis política. Es una valoración contrafactual, naturalmente, pero tiene importancia porque muestra que existían alternativas. Y hay un dato posterior: en septiembre de 2026 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos censuró las condenas por aquellas protestas. Para mí, ese pronunciamiento confirma la relevancia del debate que se había producido años antes.

P: También recuerdas el caso Atutxa. ¿Qué enseñan esos pronunciamientos europeos sobre las decisiones del Supremo?

R: El caso Atutxa fue un primer revés importante. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que se había vulnerado el derecho a un juicio justo al convertir una absolución en condena sin escuchar directamente a los afectados sobre aspectos subjetivos decisivos. No era una declaración sobre la inocencia o culpabilidad de fondo, sino sobre las garantías del procedimiento. Después el Supremo tuvo que anular la condena. El segundo episodio es el de Aturem el Parlament, donde Estrasburgo examinó el equilibrio entre el derecho de protesta y las condenas impuestas. Y el tercero, para mí, es la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a las cuestiones planteadas sobre la amnistía.

Son tribunales diferentes y asuntos diferentes. No hay que mezclarlos. Pero yo veo un hilo común en las correcciones o límites que llegan desde la justicia europea a determinadas interpretaciones adoptadas en España.

P: Tú sitúas a Marchena como el motor de un círculo que conecta a los tribunales, a determinados medios de comunicación y, después, a la política. ¿Por qué le atribuyes un papel tan central?

R: Porque tiene una gran habilidad y una extraordinaria capacidad de comunicación. Interviene en muchos asuntos y mantiene relaciones fluidas con periodistas. Habla con ellos, intercambia mensajes. Yo creo que eso contribuye a su influencia. Un ejemplo es la investigación que se abrió contra Victoria Rosell cuando era candidata de Podemos en Canarias, en contra de la posición del fiscal. También el papel que desempeñó el fiscal Fidel Cadena en los primeros debates sobre la calificación de rebelión en Cataluña y sobre la competencia del Tribunal Supremo. En una reunión impulsada por José Manuel Maza, Cadena defendió que los hechos debían investigarse como rebelión y en el Supremo, en lugar de quedar en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. He contado esa reunión en otros trabajos. Aquella decisión situó al Supremo en el centro del conflicto.

P: Y luego llega la amnistía. En el libro hablas de las "tres murallas" levantadas frente a su aplicación. ¿En qué consisten?

R: La primera es la interpretación de la malversación para considerar que determinados hechos no quedaban amnistiados. La segunda, la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Y la tercera, la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante una cuestión prejudicial. Lo interesante es que esa última vía quedó muy condicionada cuando otros órganos judiciales, entre ellos el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, plantearon sus propias preguntas ante Luxemburgo. En julio de 2026, el tribunal europeo respondió a cuestiones centrales sobre la compatibilidad de la ley con el Derecho de la Unión.

Marchena había anunciado en resoluciones que, si el Constitucional aceptaba aplicar la amnistía a la malversación, estudiaría acudir al TJUE. Las respuestas europeas redujeron considerablemente el margen para insistir en cuestiones ya aclaradas. Eso no significa que desaparecieran todas las controversias jurídicas, pero sí que cambió el escenario.

P: El otro gran protagonista político de tu relato es Aznar. ¿Hasta qué punto crees que sus palabras han marcado las actuaciones posteriores?

R: Aznar tiene una gran influencia y utiliza la fórmula que hemos mencionado - "El que pueda hacer, que haga; el que pueda hablar, que hable" -. La repite en distintas ocasiones y tiene un impacto tremendo. Pero yo diría que el verdadero elemento de cohesión de una parte de la judicatura ha sido la amnistía. A eso se suma un componente ideológico. En mi opinión, dentro de una judicatura muy conservadora hay sectores que rechazan profundamente las transformaciones sociales impulsadas por la izquierda: el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo o la eutanasia. Eso crea un terreno común que no depende únicamente de un partido o de un episodio judicial.

Por eso quería escribir un libro que funcionara como un espejo. No se trata solo de acumular datos, sino de darles una estructura que permita ver las relaciones entre los episodios. Ha sido un trabajo muy duro, sobre todo por la dificultad de ordenar una materia tan extensa.

P: Hablando del libro como espejo, recoges declaraciones de Marchena y asuntos que revelan aspectos de su posición sobre la amnistía que no aparecen con tanta claridad en sus autos.

R: Exactamente. Quiero que Marchena pueda mirarse y reconocer lo que dijo. Por ejemplo, él sostiene que la primera versión del proyecto de amnistía era mejor que la segunda. Mi interpretación es que aquella redacción le habría dejado menos margen para oponerse a su aplicación.

También habla de lo que realmente piensa sobre la amnistía y de una reunión con Pedro Sánchez el 30 de julio de 2020. En el libro reconstruyo cómo se abordó la posibilidad de que presidiera el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. Son episodios que ayudan a entender las relaciones institucionales, más allá de las resoluciones judiciales.

Y hay otra cuestión que me parece relevante: Marchena presentó su libro en el Colegio de la Abogacía de Madrid, una institución que había ejercido la acusación popular en el procedimiento contra el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el caso del correo relacionado con Alberto González Amador. Yo creo que esa elección suscita preguntas sobre la apariencia de imparcialidad. Es mi valoración, pero creo que un magistrado debe extremar esas cautelas.

P: En ese contexto destacas la posición de Ana Ferrer, que formó parte del tribunal del procés. ¿Por qué?

R: Porque, si hablamos de valentía, yo se la atribuyo a Ana Ferrer. Participó en la sentencia del procés, aceptó las condenas por sedición y las penas impuestas. Pero después, cuando llegó la amnistía, discrepó de la interpretación que se hacía del delito de malversación. Vino a decir que eso no era lo que el tribunal había condenado en su momento, y utilizó expresiones muy duras, como “ficción jurídica” o “entelequia”.

Para mí fue una decisión valiente porque significó separarse de la posición mayoritaria de sus compañeros. Sostengo que eso tuvo un coste personal dentro de la Sala Segunda. También ha firmado votos particulares en otros asuntos, como el de los ERE. Es importante subrayar que el desacuerdo dentro de un tribunal no convierte a nadie en adversario de la justicia: es parte del trabajo judicial.

P: Tú prefieres hablar de instituciones y no de cloacas. ¿La operación Kitchen es el ejemplo más claro de esa diferencia?

R: Sí. Siempre he discrepado del uso del término "cloacas" para describirlo todo. Pensemos en Kitchen. ¿Cómo vamos a hablar solo de cloacas si en el procedimiento aparecen implicados responsables situados en la planta noble del Ministerio del Interior? Estamos hablando del exministro Jorge Fernández Díaz, de altos cargos de Seguridad y de mandos policiales, entre ellos Eugenio Pino.

La discusión, para mí, no es si había funcionarios que actuaban a escondidas, sino qué responsabilidades podían existir en la estructura formal del poder. Eso es mucho más grave que la imagen de un grupo de agentes operando al margen de sus superiores.

P: El libro llega casi hasta la convocatoria electoral. Pero después se produjo la actuación de la UCO en el Tribunal de Cuentas, ya con la campaña a punto de comenzar. Tú has sido muy crítico con las circunstancias de esa diligencia.

R: Empecé a escribir el libro en julio y pensaba publicarlo en septiembre. Se fue retrasando y la actualidad se aceleró. Llegué a incorporar episodios muy recientes, como la controversia sobre la ley de nietos y algunos movimientos de la campaña, pero la actuación de la UCO en el Tribunal de Cuentas quedó fuera. El Tribunal de Cuentas es un órgano constitucional que fiscaliza las cuentas de las administraciones públicas y de los partidos, y también ejerce funciones jurisdiccionales en materia contable. Estamos hablando de un organismo de gran relevancia institucional.

Mi crítica se refiere a las condiciones en que se produjo la diligencia. Era una pieza declarada secreta y, sin embargo, las cámaras pudieron grabar a los agentes entrando en su sede. ¿Qué sentido tiene esa exhibición si la investigación está bajo secreto? ¿No podía realizarse de una manera más discreta, además en vísperas del comienzo de la campaña electoral?

Lo que cuestiono es la imagen pública que se produjo y su efecto político. Los agentes permanecieron muchas horas en el tribunal y solicitaron documentación con un plazo de respuesta que coincidía con los últimos días de campaña. A mi juicio, esa secuencia alimenta la impresión de que el PSOE está cercado por una investigación de financiación ilegal, aunque hay que precisar cuál es exactamente el objeto de las diligencias.

La investigación se refiere, entre otras cuestiones, al sistema de reintegros en efectivo de gastos adelantados por cargos del partido y a las posibles irregularidades contables que se están examinando. No podemos convertir automáticamente una investigación sobre esos movimientos en una afirmación acreditada de financiación ilegal. Esa distinción me parece imprescindible.

P: En paralelo, varios jueces han participado en jornadas organizadas por medios de comunicación. Has cuestionado especialmente las de OkDiario. ¿Por qué?

R: Porque el debate no debería limitarse a la independencia formal del juez. Hay que hablar también de la apariencia de imparcialidad. Un magistrado puede impartir conferencias o participar en actividades académicas, pero existe un régimen de incompatibilidades y de autorizaciones que debe respetarse.

A mí me preocupa la relación que se establece cuando un medio que interviene activamente en determinadas controversias judiciales organiza actos con magistrados que pueden tener asuntos relacionados con ellas. Es legítimo preguntarse si esa cercanía afecta a la confianza de los ciudadanos en la imparcialidad de la justicia. En la entrevista hemos hablado de las jornadas de Marbella y de la presencia anunciada de la jueza María Tardón, que finalmente no acudió.

P: Además de esas jornadas, has contado que conoces desde hace años a Eduardo Inda y que incluso te propuso trabajar en su periódico.

R: Sí. Eduardo Inda me ofreció ser responsable de Economía de su diario. Conozco bien cómo fue construyendo su proyecto porque coincidimos cubriendo asuntos como los sobresueldos: él trabajaba en El Mundo y yo en El País.

Cuando salió de El Mundo, creo que identificó un mercado para determinadas informaciones contra Podemos y el independentismo. Creo que había materiales procedentes de ámbitos policiales a los que se podía dar salida a través de un medio. He expresado esta opinión públicamente en otras ocasiones. Es una crítica a un modelo de relación entre información, fuentes y poder que considero muy perjudicial para el periodismo.

P: También has seguido de cerca las actuaciones del juez Juan Carlos Peinado. Incluso escribiste sobre su afición a los caballos de carreras, un aspecto menos conocido de su biografía.

R: Sí. Es una faceta curiosa. Él y su entorno familiar han estado vinculados a los caballos purasangre y a competiciones, especialmente en hipódromos franceses. Pero, más allá de esa actividad personal, lo importante es su actuación judicial.

Por ejemplo, en sus autos ha recurrido a comparaciones entre el entorno de Pedro Sánchez y el reinado de Fernando VII. No fue una alusión aislada; volvió a utilizarla en resoluciones posteriores. A mi juicio, eso revela una orientación y un sesgo que no deberían aparecer en una resolución judicial. La cuestión es la manera en que se expresa desde su posición institucional.

P: Has cuestionado también una filtración relacionada con el procedimiento de Begoña Gómez y la asistente Cristina Álvarez. ¿Qué sucedió?

R: El abogado José María de Pablo denunció que una providencia del juez apareció publicada en OkDiario antes de ser notificada a las partes mediante LexNET. Según la secuencia que he reconstruido, hubo una diferencia de unas quince horas entre la publicación y la notificación oficial.

La defensa reclamó que se aplicara la misma doctrina utilizada en otros procedimientos sobre filtraciones. Esa comparación me parece importante.

Además, observé que la información publicada fue modificada: donde inicialmente se decía que el juez había dictado una resolución, después aparecía que la dictaría. A mi juicio, esa secuencia apunta a una operación coordinada."

(Entrevista a Ernesto Ekaizer,  , El Plural, 21/11/26) 

De Birmania a Gaza: las consecuencias de una sentencia histórica que preocupa a Israel... Es la primera vez que la Corte Internacional de Justicia hace responsable de genocidio a un país. Y la resolución no solo abre la puerta a reparaciones para una minoría desplazada y rota, con más de 700.000 refugiados en Bangladés. «Con este fallo, la jurisprudencia sobre el genocidio y las leyes que lo aplican se fortalecen. Será esencial para casos futuros. Es un importante trampolín para otros esfuerzos orientados a lograr la rendición de cuentas en el ámbito penal»... hasta ahora la Corte no había tenido «muchas oportunidades de precisar el significado de los términos utilizados en la Convención contra el Genocidio». Ahora dispone de una sentencia que lo aclara y los paralelismos con la acusación de genocidio contra Israel son evidentes... Israel ha rechazado tajantemente la acusación de genocidio y ha acusado a Sudáfrica de actuar como emisaria de Hamás... pero las evidencias contra Tel Aviv se acumulan ante una jurisprudencia que se balancea en su contra. Y no solo afecta a los procesos contra naciones. También a juicios contra individuos... «La sentencia da impulso a varios procesos judiciales contra individuos que perpetraron las masacres», destaca Smith. Uno de estos juicios, que dirige ante la Corte Penal Internacional, es contra el mismísimo dictador Min Aung Hlaing, ahora presidente de Birmania. El tribunal ya solicitó una orden de arresto en 2024 por presuntos crímenes de lesa humanidad contra la minoría. Tan solo unos días antes el mismo organismo publicó la misma orden contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu... la sentencia exige que el país culpable se haga responsable de las reparaciones e indemnizaciones a las víctimas... El fallo incluye también la devolución o sustitución de las propiedades individuales y colectivas que hayan sido destruidas o dañadas, pero queda un largo recorrido para que puedan recuperarlas... «El reconocimiento de su igualdad de ciudadanía y libertad de circulación» serían los primeros pasos para garantizar un retorno seguro (Antonio Ponce)

"De Birmania a Gaza: las consecuencias de una sentencia histórica que preocupa a Israel

La sentencia es la primera vez que el tribunal declara a un país culpable de genocidio y abre la puerta a indemnizaciones para la minoría rohinyá, que padeció masacres y desplazamientos en 2017, a la vez que marca jurisprudencia para el caso de Gaza.

El humo de la destrucción se alzaba sobre la ciudad birmana de Maungdaw y cubría con una niebla el río Naf. Cientos de miles de civiles cruzaban sus aguas en una huida desesperada. Era 2017 y Matthew Smith, fundador del grupo de derechos humanos Fortify Rights, estaba al otro lado de la ribera, en suelo de Bangladés, recibiendo a los refugiados que llegaban mutilados por los machetazos de la masacre en curso. «Llevaba investigando violaciones de derechos humanos desde los 2000, pero en ese momento nos dimos cuenta de que algo mucho más grande y siniestro estaba ocurriendo. Nunca había visto nada igual», recuerda a ElConfidencial.

Ese fue el clímax del genocidio contra el pueblo rohinyá, una minoría étnica birmana que se convirtió en el chivo expiatorio de la dictadura del país. La masacre acabó en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2019, tras una denuncia de Gambia que contó con el respaldo de la Organización de Cooperación Islámica. Otros once países se sumaron después al caso. Este jueves, siete años después, el tribunal ha declarado culpable de genocidio a Birmania (también conocida como Myanmar) en una sentencia histórica.

Es la primera vez que la CIJ hace responsable de genocidio a un país. Y la resolución no solo abre la puerta a reparaciones para una minoría desplazada y rota, con más de 700.000 refugiados en Bangladés. «Con este fallo, la jurisprudencia sobre el genocidio y las leyes que lo aplican se fortalecen. Será esencial para casos futuros. Es un importante trampolín para otros esfuerzos orientados a lograr la rendición de cuentas en el ámbito penal», destaca Smith. Directamente, implica «un cambio en los estándares para el juicio que acusa a Israel de ser responsable del genocidio de Gaza«, eleva el investigador. La denuncia, interpuesta por Sudáfrica en la misma corte en 2023, está en curso. Y los abogados, como las naciones involucradas, han seguido la resolución contra Birmania de cerca. 

La sentencia se leyó este jueves en el Palacio de la Paz de La Haya ante víctimas, activistas y representantes de la dictadura. La siguieron online miles de rohinyás en el campo de refugiados de Cox Bazar, en Bangladés, congregados con carteles de agradecimiento a Gambia y que pedían el regreso a su hogar. «El Tribunal concluye que las fuerzas de seguridad de Myanmar mataron a miles de civiles rohinyás, perpetraron actos generalizados de violencia sexual, así como actos de violencia extrema contra niños, y los atacaron mientras estos intentaban huir en gran número hacia Bangladés», declara la sentencia.

«Supone un importante reconocimiento de lo que han tenido que soportar», valora en un comunicado Paul Brockmann, director de operaciones de Médicos Sin Fronteras en el sudeste asiático, quien apunta que, según «las estimaciones más conservadoras, al menos 6.700 rohingya fueron asesinados, incluidos unos 730 niños menores de cinco años», solo entre agosto y septiembre de 2017.

Consecuencias del veredicto

El fallo de la CIJ abre una cadena de consecuencias. La experta en Derecho Internacional de la Universidad de Ámsterdam, Marieke de Hoon, explicó a EFE que hasta ahora la Corte no había tenido «muchas oportunidades de precisar el significado de los términos utilizados en la Convención contra el Genocidio». Ahora dispone de una sentencia que lo aclara y los paralelismos con la acusación de genocidio contra Israel son evidentes.

Israel ha rechazado tajantemente la acusación de genocidio y ha acusado a Sudáfrica de actuar como emisaria de Hamás. La misma estrategia han usado contra Gambia los representantes de la dictadura birmana, que justificó el despliegue militar de entonces como una respuesta a los ataques de una guerrilla de los rohinyás que considera grupo terrorista. El país vive en guerra civil desde 1948, siempre en lucha contra los grupos armados de la periferia del país, convirtiéndose en el conflicto armado más longevo del planeta. Pero este fallo rechaza dicha argumentación. Naipyidó masacró civiles, no soldados.

Israel también ha defendido la invasión de Gaza como una respuesta a los ataques terroristas por parte de Hamás del 7 de octubre. Pero en esta supuesta defensa ha matado a más de 70.000 palestinos y entre ellos, unos 20.000 niños, según la ONU. También ha desplazado a casi dos millones de personas, devastado la franja de Gaza casi por completo y bombardeado sistemáticamente hospitales. Las pruebas presentadas por los grupos de derechos humanos han sido una pieza clave en el juicio contra Naipyidó. Las evidencias contra Tel Aviv se acumulan ante una jurisprudencia que se balancea en su contra. Y no solo afecta a los procesos contra naciones. También a juicios contra individuos.

«La sentencia da impulso a varios procesos judiciales contra individuos que perpetraron las masacres», destaca Smith. Uno de estos juicios, que dirige ante la Corte Penal Internacional, es contra el mismísimo dictador Min Aung Hlaing, ahora presidente de Birmania tras unas elecciones amañadas, según ONG y buena parte de la comunidad internacional. El tribunal ya solicitó una orden de arresto en 2024 por presuntos crímenes de lesa humanidad contra la minoría. Tan solo unos días antes el mismo organismo publicó la misma orden contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Además, la sentencia exige que el país culpable se haga responsable de las reparaciones e indemnizaciones a las víctimas. «Si pensamos en todo lo que ha perdido el pueblo rohinyá —familiares, sus hogares, sus tierras— y en los años que han pasado en campos de refugiados, la indemnización les ofrecería alguna clase de cierre a este trauma», valora Smith. La sentencia alberga desde «atención médica y psicológica, la recuperación de sus tierras y la posibilidad de regresar a casa de manera segura cuando la situación lo permita —lo cual, por supuesto, en este momento no es así—», contempla el fundador de Fortify Rights, quien recuerda que la guerra persiste en Birmania.

El fallo incluye también la devolución o sustitución de las propiedades individuales y colectivas que hayan sido destruidas o dañadas, pero queda un largo recorrido para que puedan recuperarlas. «El genocidio, en lo que a nosotros respecta, sigue ocurriendo», matiza Smith. La destrucción llegó hasta niveles que podían verse desde el espacio. Una rápida mirada con Google Maps permite ver cómo de 2015 a la actualidad, docenas de pueblos rohinyá han sido totalmente demolidos, tal y como demostró Human Rights Watch.

«Los rohinyá que permanecen en Birmania siguen sufriendo violencia selectiva, además de las consecuencias del conflicto más amplio», destaca Brockmann. Algunos, incluso, han sido reclutados forzosamente por la misma dictadura que los masacró. «Si bien este es un momento histórico, las necesidades médico-humanitarias persisten: sigue habiendo una necesidad urgente de que se respete el derecho internacional humanitario, de que cesen de inmediato los ataques contra la población civil y de que se facilite una asistencia humanitaria rápida y sin trabas a quienes sufren las consecuencias», exige Brockmann.

«El reconocimiento de su igualdad de ciudadanía y libertad de circulación» serían los primeros pasos para garantizar un retorno seguro, explica Smith. También les ayudaría la reunificación familiar, debido a que «miles de familias se han separado por la persecución, no solo en Bangladés, sino por múltiples países”, explica Smith. En su diáspora, son víctimas frecuentes de tráfico humano o medidas de repatriación que no contemplan su status de refugiados, como la polémica devolución que protagonizó Malasia este octubre. También para aquellos cuyos familiares desaparecieron en el fuego de las masacres, la sentencia favorece que ahora puedan «rastrear qué pasó con ellos aquellos días».

Genocidio cocido en redes

«Los ataques masivos contra los rohinyás llevaban dándose desde años atrás», enfatiza Smith. La etnia ha estado décadas marginada por las sucesivas dictaduras que han gobernado el país, que la tacha de extranjera, y en 1982 les arrancó la ciudadanía, convirtiéndolos en un pueblo apátrida. «En 2012 ya hubo ataques masivos que el Gobierno descalificó como ‘violencia intercomunal’, quitándole importancia. Pero fueron asaltos coordinados en unos 13 municipios y documenté que se trataba de un intento de limpieza étnica con respaldo gubernamental», explica. 

El discurso de odio fue a más en los años siguientes, alimentado por el miedo al Estado Islámico surgido en Oriente Medio. Bulos y desinformación empezaron a extenderse a través de redes sociales como Facebook, potenciadas por un algoritmo que no ponía frenos. «En 2016 y 2017 los ataques alcanzaron otro nuevo nivel. No nos podíamos creer la escala de lo que ocurría», lamenta Smith.

En el estado birmano de Arakán, donde habitaban la mayoría de los rohinyás, militares, gobierno, fanáticos budistas y milicias de etnias rivales se aliaron para perpetrar el genocidio en esos años. «Les dieron machetes hasta a los niños», relató un joven rohinyá de 25 años que presenció la masacre en el pueblo birmano de Tula Toli. «Cuando intento dormir, recuerdo lo que me hicieron los budistas. Cómo machetearon a la gente y arrojaron a los pequeños a las hogueras», contó otra superviviente. Sus testimonios fueron recopilados en informes de Fortify Rights, y han sido claves como pruebas en el juicio.

«63 cuentas de Facebook, 485 páginas, 17 grupos y 16 cuentas de Instagram: todas ellas vinculadas al ejército de Birmania» y usadas para sembrar el odio contra la minoría, expuso en el juicio Arsalan Suleman, abogado de la Organización de Cooperación Islámica. La propia empresa «Meta determinó que el ejército ocultaba su identidad a través de estas cuentas» y una investigación de The Times confirmó que «cientos de miembros de la dictadura eran los principales operativos detrás de una campaña sistemática de Facebook que tenía a los rohinyá como objetivo», añadió. 

Solo de julio a diciembre de 2017 se han documentado 10.000 publicaciones que alcanzaron a millones de personas y que los dibujaban como una amenaza que debía ser eliminada. Uno de ellos, publicado por el Ejército se tituló ‘Escrito con sangre arakanesa’ el 26 de agosto de 2017, y llamaba a la lucha contra los rohinyás como única manera de supervivencia. Ese día comenzaron «las operaciones de limpieza étnica» a gran escala, apuntó Suleman. O como dijo un soldado birmano en un video diseminado por el Ejército: «Vamos a limpiar las aldeas donde viven esos animales». 

En aquel momento, la dictadura vivía una breve apertura democrática, liderada por la premio Nobel Aung San Suu Kyi, a cuyo partido político el régimen cedió algunos ministerios. Viendo que perdían protagonismo, los militares intentaron presentarse como la única salvación ante una falsa amenaza, los musulmanes. El discurso caló hondo en un país de mayoría budista, respaldado por milicias budistas radicales como las Pyusawhti o el Movimiento 969, que apoyaron la masacre. Pero no evitó que perdieran las elecciones de 2021 ante el partido de Suu Kyi.

La premio Nobel, que había guardado silencio ante el genocidio por miedo a enemistar a los militares, acabó arrestada. La gente salió a las calles, pero fue brutalmente reprimida. Miles huyeron a la jungla para combatir junto a los grupos armados que desafiaban a Naipyidó. Y la guerra civil se recrudeció."

(Antonio Ponce, Other News, 20/11/26)

El escándalo del hospital de Torrejón lo ha demostrado: se ordenó aumentar las listas de espera y rechazar pacientes para ganar más dinero, y reutilizar material sanitario de un solo uso. En la sanidad pública no ocurre eso. Una operación de apendicitis cuesta entre 2.500 y 6.000; un tratamiento de cáncer de mama, hasta 50.000. ¿Podrías pagarlo con tu sueldo si no hubiera sanidad pública? En la privada hace falta dinero o un seguro. Y el seguro también es un negocio privado, así que, o pagas una millonada, o no lo tendrás si tienes una patología complicada y cara. No puede ser de otro modo. Son negocios y no pueden funcionar si no ganan dinero... En España, aproximadamente un tercio de la población tiene ya algún seguro privado. Parecen baratos, pero es un espejismo: lo son porque no cubren lo más caro. A partir de los 50 o 60 años las primas se disparan y la letra pequeña excluye la salud mental grave, las enfermedades raras, los tratamientos largos o la rehabilitación prolongada. ¿Has leído alguna vez lo que cubre y lo que no el que tienes contratado? Estados Unidos es el país de la sanidad privada... en 2025, una persona de 21 años pagaba de media 455 dólares al mes por una póliza elemental, y una persona de 60, 1.235 dólares. Y aun así no tenían cubierto cualquier problema grave... La realidad es que lo complejo, grave y caro (UCI, trasplantes, oncología compleja) lo atiende la pública... Un hospital con ánimo de lucro tiene que dar a sus accionistas una rentabilidad del 10-15%, pues si no, nadie invertiría en él. Para lograrlo, gasta menos por paciente, tiene menos personal cualificado por cama y factura más por cada tratamiento... esto es lo que la derecha no te cuenta de la sanidad privada que apoya (Juan Torres López)

"Lo que la derecha no te cuenta de la sanidad privada que apoya

Hace unos meses publiqué un librito titulado La vida es un derecho, no una mercancía. Lo que hay detrás de la sanidad privada y qué nos estamos jugando.

Ahora, en plena campaña electoral, me parece muy importante que sepas eso, lo que nos jugamos el próximo 29 de noviembre. Te lo resumo para que puedas saber lo más importante en unos minutos.

Tu salud y la de las personas a las que quieres es lo más valioso que tienes. Cuando la enfermedad aparece, casi siempre sin avisar, ya no te basta con tener dinero: necesitas personas y medios dispuestos a cuidar de tu vida. Necesitas solidaridad, no empresas queriendo ganar dinero con tu dolor.

En España disponemos de un auténtico privilegio: un sistema sanitario de acceso universal, que no te pide la tarjeta de crédito al entrar al hospital y que pagamos entre todos con nuestros impuestos, según la capacidad de cada cual.

Ese sistema está en peligro. Grupos económicos y financieros muy poderosos quieren hacer negocio con nuestra salud.

Nunca te van a decir que quieren privatizar la sanidad.

Te dirán que quieren ayudarla, mejorarla, sacarla de su crisis, que la privada colabore con la pública. Muchas veces, incluso, se presentan como sus defensores. Te hablarán de habitaciones más cómodas y de listas de espera más cortas.

Lo que no te dirán es que son empresas cuyo objetivo es ganar dinero, y que eso solo es posible atendiendo a quien puede pagar, reduciendo costes al máximo y quedándose con lo más rentable.

El escándalo del hospital de Torrejón lo ha demostrado: se ordenó aumentar las listas de espera y rechazar pacientes para ganar más dinero, y reutilizar material sanitario de un solo uso.

En la sanidad pública no ocurre eso. No hay negocio, sino que pagamos entre todos y todas. Piensa en lo que cuesta lo que hoy recibes sin pagar por ello: poner el pie en urgencias, 150-200 euros; una noche de hospital, entre 400 y 1.300; una operación de apendicitis, entre 2.500 y 6.000; un tratamiento de cáncer de mama, hasta 50.000. ¿Podrías pagarlo con tu sueldo si no hubiera sanidad pública?

COBERTURA Y PROTECCIÓN

En la sanidad pública te atienden con independencia de tu situación laboral, económica o social. En la privada hace falta dinero o un seguro. Y el seguro también es un negocio privado, así que, o pagas una millonada, o no lo tendrás si tienes una patología complicada y cara. No puede ser de otro modo. Son negocios y no pueden funcionar si no ganan dinero.

En España, aproximadamente un tercio de la población tiene ya algún seguro privado. Parecen baratos, pero es un espejismo: lo son porque no cubren lo más caro. A partir de los 50 o 60 años las primas se disparan y la letra pequeña excluye la salud mental grave, las enfermedades raras, los tratamientos largos o la rehabilitación prolongada. ¿Has leído alguna vez lo que cubre y lo que no el que tienes contratado?

Mira a Estados Unidos, el país de la sanidad privada: en 2025, una persona de 21 años pagaba de media 455 dólares al mes por una póliza elemental, y una persona de 60, 1.235 dólares. Y aun así no tenían cubierto cualquier problema grave. Allí, entre el 60% y el 65% de las quiebras personales están vinculadas a gastos sanitarios. En España, gracias a la sanidad pública, el riesgo de arruinarse por enfermar es muy bajo.

MORTALIDAD Y OTROS RESULTADOS DE SALUD

Lo más duro, pero también lo mejor documentado sobre los efectos de privatizar la sanidad, tiene que ver con algo terrible: morir sin necesidad. Ocurre más en la sanidad privada porque se excluye a quien no puede pagar, porque se recorta personal y tiempo por paciente, y porque la prevención no es negocio.

En Estados Unidos, la falta de seguro se asocia con 45.000 muertes al año. Cuando los fondos de inversión compran hospitales, quien pasa por una cirugía de urgencia tiene un 42 % más de probabilidades de morir. Y no hace falta irse tan lejos: en Inglaterra, cuanto más se externalizó la sanidad pública a empresas privadas, más muertes evitables hubo. Es lo mismo que se está haciendo aquí.

Y no solo se muere más. También se vive peor, porque las enfermedades crónicas se controlan peor en la sanidad privada, porque allí la salud mental queda excluida o fragmentada, y porque la enfermedad empobrece y la pobreza enferma.

ATENCION SANITARIA, SATISFACCION Y SALUD

A menudo te dicen que la sanidad privada es mejor que la pública porque te hace más pruebas, tratamientos e intervenciones. Pero los estudios demuestran que eso ocurre casi siempre con los innecesarios, los que solo son útiles para facturar. Según la OCDE, entre el 20% y el 33% del gasto sanitario privado se debe a sobreutilización, a pruebas duplicadas y tratamientos innecesarios, que además, precisamente porque muchas veces no son necesarios, aumentan los riesgos.

Hay un ejemplo muy claro de eso que afecta a miles de mujeres, el de las cesáreas. La Organización Mundial de la Salud considera adecuado que se realicen en un porcentaje de entre el 10% y el 15% de los partos. En España, en 2022, era del 22,4% en la pública y del 34,5% en la privada.

También es verdad que mucha gente dice estar más satisfecha en la sanidad privada, porque hay más rapidez, más comodidad y mejor trato. Pero sentirse mejor atendido como cliente no es lo mismo que estar mejor curado: un estudio con más de 50.000 pacientes encontró que los más satisfechos tenían más hospitalizaciones, más gasto y mayor mortalidad.

La realidad es que lo complejo, grave y caro (UCI, trasplantes, oncología compleja) lo atiende la pública. En España, más del 90% de los trasplantes se hacen en hospitales públicos.

COSTES Y EFICIENCIA

Hablemos de costes y economía. La sanidad privada es más cara y menos eficiente, si la eficiencia se mide como debe medirse en sanidad: salud obtenida por cada euro gastado.

Estados Unidos gasta en sanidad entre el 16,5% y el 18% de su PIB; España, en torno al 10%. Y, sin embargo, Estados Unidos tiene peor esperanza de vida y más mortalidad infantil y materna. Es decir, con más sanidad privada se paga mucho más por obtener mucha menos salud. Y eso ocurre por una razón sencilla y elemental: como la sanidad privada es un negocio, una parte creciente del dinero no se destina a curar: va a beneficios, dividendos y plusvalías.

EQUIDAD E IMPACTO DISTRIBUTIVO

La sanidad privada, como negocio privado que es, toma el dinero de sus clientes y trata de llevárselo en la mayor medida de lo posible a su cuenta de beneficios. La pública, por el contrario, actúa como un gigantesco mecanismo de transferencia de renta desde quien más tiene hacia quien más lo necesita.

Eso es lo que produce como resultado que dos personas con la misma enfermedad pueden tener tratamientos y pronósticos muy distintos según su renta y su código postal si en lugar de sanidad pública impera la privada. Insisto: no puede ser de otra manera, porque la privada no puede funcionar si no gana dinero, y por eso solo cura a quien le deja ganancia.

COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL DEL SECTOR PRIVADO

Un hospital con ánimo de lucro tiene que dar a sus accionistas una rentabilidad del 10-15%, pues si no, nadie invertiría en él. Para lograrlo, gasta menos por paciente, tiene menos personal cualificado por cama y factura más por cada tratamiento.

Y algo mucho peor ocurre con los llamados fondos de capital riesgo: compran hospitales y residencias de personas ancianas, los cargan de deuda, venden sus edificios y revenden con ganancias. En Estados Unidos invirtieron un billón de dólares en sanidad entre 2013 y 2023. ¿El resultado? En las residencias que compraron, la mortalidad aumentó un 10%.

EN QUÉ ES MEJOR LA SANIDAD PRIVADA Y POR QUÉ

La sanidad privada es mejor que la pública en rapidez y confort. Con más de un millón de personas en lista de espera quirúrgica y esperas medias de 120-130 días, la privada ofrece consultas en pocos días y cirugías en pocas semanas a quien puede pagar. Es cierto.

Pero esa ventaja no es una virtud del modelo privado, sino consecuencia de la infrafinanciación de la pública y de que la privada elige y se especializa en lo simple y rentable.

IMPLICACIONES DEL AFÁN DE LUCRO Y LA MAXIMIZACIÓN DEL BENEFICIO EN LA ATENCIÓN SANITARIA

La empresa privada no tiene pacientes: tiene clientes a los que atiende solo si pueden pagar. En un sistema sanitario sometido al afán de lucro se gana dinero cuando se recorta en el enfermo, cuando se le hacen más cosas de las necesarias, cuando se le retrasan las que son caras y cuando se trasladan los riesgos al sector público.

No es un problema de malas personas: muchos profesionales trabajan con enorme vocación. Es que el marco está diseñado para que la rentabilidad pese más que la salud.

LA COLABORACIÓN Y LOS CONCIERTOS ENTRE LA SANIDAD PÚBLICA Y LA PRIVADA

Como la sanidad pública es muy querida, nadie dice que quiera privatizarla ni lo propone de golpe. Nunca les oirás decir a los políticos de derechas que quieren privatizar la sanidad pública española. Sin embargo, lo cierto es que privatizan cada vez más: desde 2011, el dinero público que se paga a hospitales privados ha crecido más de un 84 %, hasta 4.800 millones de euros al año, y el número de hospitales privados integrados en el Sistema Nacional de Salud ha pasado de 106 en 2011 a 145 en 2023, un crecimiento del 36,8 %.

El procedimiento es bien sabido: se va privatizando poco a poco, dejando que la sanidad pública se deteriore para solicitar la «colaboración» de la privada, pagada con dinero público, como la forma de ayudarla y mejorarla.

Pero lo que llaman colaboración no lo es. No ayuda al sistema público sino que lo descapitaliza y lo deja en peor condición:

– Cada euro que va a la privada es un euro menos para plantillas, centros de salud, atención primaria o prevención en la sanidad pública.

– La experiencia demuestra que los conciertos parecen baratos al principio, pero resultan muy caros al final porque el Estado acaba atrapado en contratos cada vez más caros.

– Los profesionales se van a la privada y la pública se vacía.

– Se crea una sanidad de dos velocidades, en la que quien puede pagar pasa antes y quien no tiene se queda en la cola.

– La “colaboración” se produce muchas veces como un auténtico fraude consentido por la derecha. En la Comunidad de Madrid, las empresas sanitarias privadas presupuestan a la baja con los casos sencillos, y cuando llegan los casos caros, los derivan a la pública. Y la administración, en vez de cobrarles lo que de verdad cuestan, solo les descuenta el precio bajo que se había presupuestado.

BALANCE DE EVIDENCIAS

No estamos hablando de preferencias ideológicas. Las evidencias científicas permiten afirmar con rotundidad que los sistemas sanitarios públicos, universales y bien financiados son superiores a los basados en el mercado en salud, eficiencia, equidad y protección de las familias.

Los sistemas privados:

– Cuestan más

– Protegen menos

– Generan más desigualdad

– Producen más mortalidad evitable

Los sistemas públicos:

 – Salvan más vidas

-Reducen la desigualdad

– Protegen a las familias

– Previenen la enfermedad

– Garantizan la salud como derecho

La privatización no es la solución a los problemas de la sanidad pública. Es la forma de convertir esos problemas en negocio.

¿Podrías pagar un seguro de verdad, completo, si tienes 60 años, o si mañana te diagnostican un cáncer, o si tu nieto o nieta nace con una enfermedad rara? Solo te pido algo muy sencillo. Lee la letra pequeña de tu póliza privada y respóndete con honestidad: ¿de verdad ese sistema te protege?

Cuando nos llega la enfermedad lo hace sin avisar, no pregunta por nuestro saldo bancario y no distingue entre ricos y pobres. Cuando enfermas y llegas a la puerta de la sanidad pública entras sin más. A la privada entrarás si puedes pagarla.

Eso es lo que nos estamos jugando, aunque nunca te lo van a decir así. Poder entrar a que te curen cuando enfermes o quedarte en la puerta si no tienes dinero suficiente.

Piénsalo y vota con conocimiento de causa el próximo 29 de noviembre." 

(Juan Torres López, blog, 29N) 

Parece que se reanudan las negociaciones en un esfuerzo multilateral para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania... Steve Witkoff y Jared Kushner, los propietarios inmobiliarios neoyorquinos que actúan con total incompetencia en su papel de «enviados especiales» del presidente Trump, están presionando a Kiev y a los europeos para que acepten el acuerdo que Moscú lleva mucho tiempo buscando... Rusia busca que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) retire sus tropas de las que actualmente son sus posiciones más orientales; exige límites al despliegue de misiles de la Alianza, una garantía de que Ucrania no se unirá a la OTAN y otras restricciones al tamaño de las fuerzas armadas ucranianas.... También está la cuestión de un acuerdo territorial entre Moscú y Kiev. Sin embargo, a mi juicio, para el Kremlin resulta una prioridad mucho mayor una renovación profunda de las relaciones de Rusia con Estados Unidos y Europa que la definición de las fronteras que se tracen en los mapas de lo que solía ser el este de Ucrania... Ya no se puede negar —dejando a un lado los informes de los medios occidentales— que los ucranianos no tienen ninguna posibilidad de derrotar a los rusos, independientemente del volumen de apoyo que los europeos malgasten en el régimen corrupto de Kiev... percibo la mano de Witkoff en este giro. Rusia ha ganado la guerra, o está en camino de hacerlo, y cualquier «acuerdo» que se alcance con Moscú debe reflejar esta realidad (Patrick Lawrence)

"«Occidente empieza a escuchar a los rusos». 

Steve Witkoff está presionando a Kiev y a los europeos para que acepten el acuerdo que Moscú lleva mucho tiempo buscando.

No hay mucho bueno que decir ni de Steve Witkoff ni de Jared Kushner, los propietarios inmobiliarios neoyorquinos que actúan con total incompetencia en su papel de «enviados especiales» del presidente Trump. Si bien ambos parecen ser muy hábiles a la hora de maximizar beneficios en el mercado inmobiliario de Manhattan, ninguno demuestra aptitud alguna para la diplomacia o el arte de gobernar. No sabría decir qué hace Kushner, más allá de defender los intereses del Estado sionista dentro de los círculos de la Casa Blanca de Trump. En cuanto a Witkoff, parece tener un hábito que, en este caso, resulta ser una virtud: al igual que el hombre a quien representa, tiende a estar de acuerdo con la última persona con la que ha hablado. Esto puede ser positivo cuando esa última persona tiene algo útil que decir.

Así pues, parece que se reanudan las negociaciones en un esfuerzo multilateral para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania y —lo más importante— logre ese arreglo duradero entre Rusia y Occidente que Moscú lleva tanto tiempo buscando.

La semana pasada, Witkoff —acompañado por Kushner— convocó las primeras conversaciones desde febrero en las que Rusia y Ucrania se sentaron frente a frente en la misma mesa de caoba. El encuentro tuvo lugar en Abu Dabi y abordó diversos temas: las exigencias de seguridad de Rusia, un acuerdo territorial en el este de Ucrania, un alto el fuego y algún mecanismo para incluir a los europeos en futuras negociaciones; un punto al que me referiré más adelante.

Según los medios de comunicación occidentales, los dos días que estadounidenses, rusos y ucranianos pasaron en la capital de los Emiratos Árabes Unidos no dieron grandes resultados. Un alto el fuego, por supuesto, queda descartado —algo que Moscú ha dejado claro desde el principio—; Kiev insiste en ello simplemente para provocar un nuevo rechazo por parte de Rusia: un tedioso ejercicio de propaganda. Ni los rusos ni los ucranianos muestran mucho entusiasmo por llegar a un compromiso sobre la cuestión territorial, a pesar de que *The Telegraph*, citando a «funcionarios estadounidenses», informó de todo lo contrario pocos días antes de las conversaciones en Abu Dabi. «Ambas partes han mostrado cierta flexibilidad en privado, así que vamos a empezar a debatir en qué podría consistir», informó el diario londinense desde Washington el 9 de noviembre.

Un poco de flexibilidad. Expresada en privado. Según un funcionario estadounidense. Es difícil saber cómo interpretar este tipo de cosas, pero no veo en ello mucho más que un intento de «preparar el terreno» —o, como dicen los estadounidenses, «cebar la bomba» (*prime the pump*)—. Si se analiza con atención la cita anterior, resulta que los estadounidenses están hablando de negociar las negociaciones.

Sin embargo, observo un giro positivo significativo en los días previos y posteriores a la reunión de Abu Dabi. De manera sutil —más que directa—, Washington y las capitales europeas parecen aceptar, por fin, que ha llegado el momento de reconocer lo que Moscú insiste en incluir en cualquier acuerdo para poner fin a la crisis en Ucrania; un acuerdo que Rusia estaría dispuesta a firmar. A mi juicio, esto parece ser el tipo de avance que, según hemos leído, no se logró alcanzar en las conversaciones recién concluidas.

Lo que Moscú estipula es lo que el presidente Putin y su ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, denominan las «causas fundamentales» de la guerra en Ucrania. *The New York Times*, en un artículo publicado durante el fin de semana, se refirió a estos puntos como «exigencias de línea dura que tienen pocas probabilidades de ser aceptadas por Ucrania y sus aliados europeos». Ciertamente, los intereses de Rusia han sido calificados durante mucho tiempo como «inviables» (*non-starters*) —un anglicismo algo torpe, muy utilizado durante las administraciones de Obama y Biden—. Pero *The Times*, como suele ocurrir, llega una vez más tarde a los acontecimientos. Hablar de «exigencias de línea dura» es una retórica que ya ha quedado obsoleta. Tras lo sucedido en Abu Dabi, los legítimos intereses de seguridad de Moscú solo se perciben como «de línea dura» en la prensa occidental; y, a estas alturas, parece inevitable que las negociaciones aborden dichas cuestiones.

Dependiendo de cómo se haga el recuento, Moscú lleva buscando un nuevo marco de seguridad integral entre Rusia y Occidente desde el inicio de la guerra en Ucrania hace casi cinco años; o bien desde que el propio Putin intentó negociar los dos Protocolos de Minsk tras el golpe de Estado en Kiev —impulsado por Estados Unidos— hace casi 13 años; o incluso desde la disolución de la Unión Soviética, hace ya 35 navidades (que se cumplirán el próximo mes). No obstante, en lo que respecta a los detalles y el contexto, Moscú no ha puesto nada realmente nuevo sobre la mesa. Rusia busca que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) retire sus tropas de las que actualmente son sus posiciones más orientales; exige límites al despliegue de misiles de la Alianza, una garantía de que Ucrania no se unirá a la OTAN y otras restricciones al tamaño de las fuerzas armadas ucranianas. Estas son, fundamentalmente, las aspiraciones que Rusia ha mantenido y expresado desde hace mucho tiempo en relación con una nueva arquitectura de seguridad entre Oriente y Occidente.

También está la cuestión de un acuerdo territorial entre Moscú y Kiev. Sin embargo, a mi juicio, para el Kremlin resulta una prioridad mucho mayor una renovación profunda de las relaciones de Rusia con Estados Unidos y Europa que la definición de las fronteras que, a la larga, se tracen en los mapas de lo que solía ser el este de Ucrania. En este momento, los rusos se encuentran en una situación similar a la de los iraníes: a medida que sus enfrentamientos con las potencias occidentales se han intensificado, ninguna de las dos partes tiene interés en volver al *statu quo* anterior, que las dejaba aisladas y en un estado de inseguridad constante.

  Ya no se puede negar —dejando a un lado los informes de los medios occidentales— que los ucranianos no tienen ninguna posibilidad de derrotar a los rusos, independientemente del volumen de apoyo que los europeos malgasten en el régimen corrupto de Kiev. Si bien esto explica, en parte, la nueva disposición de Occidente a adaptarse gradualmente a Moscú, percibo la mano de Witkoff en este giro. Puede que los rusos no sean los últimos en haber hablado con él en un momento dado, pero es evidente que, cuando lo hacen, él escucha. Witkoff quiere ofrecerle a su amigo y empleador «un acuerdo», y Moscú ha dejado claro que no habrá tal acuerdo a menos que este aborde los intereses a largo plazo de la Federación Rusa. Si esto es lo necesario para sentar a los diplomáticos rusos a la mesa de negociaciones —según parece haber concluido Witkoff—, entonces es esto lo que debe ponerse sobre la mesa. Esa es mi interpretación del razonamiento del empresario inmobiliario neoyorquino y, por extensión, del de Trump.

Baso esta conclusión, en parte, en el plan —sorprendentemente realista— que Witkoff hizo público hace casi un año, tras mantener amplias consultas con altos funcionarios rusos. Un diálogo entre Oriente y Occidente para resolver «todas las cuestiones de seguridad», el cese de la expansión de la OTAN, la neutralidad de Ucrania y una «amnistía general» fueron algunos de los puntos más destacados de los 28 que contenía el documento. El segundo de ellos resume la visión subyacente de esta iniciativa: «Se suscribirá un acuerdo integral de no agresión entre Rusia, Ucrania y Europa. Todas las ambigüedades de los últimos 30 años se considerarán resueltas».

El hecho de que el plan tuviera tan en cuenta los intereses de Moscú le valió a Witkoff numerosas críticas, y tanto Kiev como los europeos hicieron todo lo posible por socavarlo. A mi juicio, este reconocimiento de la perspectiva de Moscú constituía una de las grandes virtudes del documento. Witkoff —y la persona en cuyo nombre actuaba— comprendieron entonces lo que los europeos apenas empiezan a admitir ahora: Rusia ha ganado la guerra, o está en camino de hacerlo, y cualquier «acuerdo» que se alcance con Moscú debe reflejar esta realidad. «Cuando la semana pasada se reanudaron en Abu Dabi las conversaciones —lideradas por Estados Unidos— para poner fin a la guerra en Ucrania», informó *The New York Times* el domingo pasado, «la cuestión fundamental era si Rusia estaba dispuesta a ceder algo tras una pausa de nueve meses en las negociaciones».

Nada más lejos de la realidad. Tras lo ocurrido en Abu Dabi, la cuestión fundamental era —y sigue siendo— cuánto tiempo tardarán el régimen de Kiev y sus patrocinadores europeos en aceptar que la causa está perdida y, en consecuencia, avanzar hacia un acuerdo que, hasta ahora, han hecho todo lo posible por evitar.

Tras haberse negado a mantener cualquier contacto con Moscú durante los últimos cinco años —haciendo que la diplomacia resultara, de facto, inadmisible—, los europeos pretenden ahora ocupar un lugar en la mesa en las conversaciones que sigan a las de la semana pasada. «Europa tendrá voz», declaró con grandilocuencia Volodímir Zelenski tras el encuentro en Abu Dabi. Existe «una ventana de oportunidad» —añadió el dictador ucraniano— para alcanzar la paz antes de que termine el año.

Yo, desde luego, no cuento con ello.

Parece que Jared Kushner ha sido el catalizador de este nuevo entusiasmo. «No podemos cerrar este acuerdo sin que los europeos estén en la mesa», afirmó tras reunirse por separado con el presidente Putin y con Zelenski. Sin embargo, todo apunta a que Jared Kushner ha complicado las cosas. A estas alturas, no está claro si se permitirá a los europeos participar. El diario *The Times* de Londres informó el lunes que, hasta el momento, Moscú ha rechazado de plano cualquier posibilidad de participación europea.

¿Y quién puede culpar a los rusos? La Unión Europea los ha traicionado una y otra vez; un ejemplo claro —aunque no el único— es cuando Alemania y Francia negociaron de mala fe los Protocolos de Minsk, sin ninguna intención de cumplirlos, tal como admitieron más tarde. Más recientemente, los europeos han fingido apostar por la paz mientras, en realidad, prolongaban la guerra con ahínco, atribuyendo a Moscú la responsabilidad del sufrimiento y la carnicería.

La Unión Europea se encuentra en un estado de desconcierto ante el creciente impulso hacia una solución negociada. El apoyo al «proyecto ucraniano» se ha debilitado considerablemente entre algunos de sus miembros, como España, Italia y Hungría. Noruega y el Reino Unido, por su parte, no forman parte de la UE. Los países de Europa del Este temen que el núcleo duro de Europa termine traicionándolos. «Bajo ninguna circunstancia permitiremos que se establezcan nuevas normas de seguridad para esta parte del mundo a nuestras espaldas», declaró Donald Tusk, primer ministro polaco, al concluir las conversaciones en Abu Dabi. Se trata de un argumento conocido, pero insensato. Si bien es cierto que deben reconocerse los traumas que sufrieron los pueblos de Europa del Este durante la era soviética, ellos —marcados psicológicamente como están— son precisamente las últimas personas a las que la UE debería acudir en busca de juicios sensatos sobre Rusia.

En una cumbre celebrada en Dublín el pasado viernes, la UE decidió superar sus divisiones internas nombrando a nada menos que seis representantes —procedentes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, el Reino Unido y la burocracia política de la propia UE— para que, en futuras conversaciones con Rusia, Estados Unidos y Ucrania, hablen con esa «voz europea» a la que aludió Zelenski. No creo que esto vaya a funcionar, ni siquiera suponiendo que Moscú cambie de postura. ¿Cómo sonaría esa voz y qué diría? Como una de las cuatro delegaciones presentes en la mesa, ¿cuál sería su aportación?

  ¿Acaso, al igual que esos detestables «pacifistas» que representan al régimen de Trump, se inclinarán por buscar un acuerdo sensato con los rusos? ¿Dará la Unión Europea un giro radical para trabajar en favor de dicho acuerdo? Uno querría pensar que sí, pero no creo que eso vaya a suceder.

No confío en los pérfidos europeos, al igual que, al parecer, tampoco confía Moscú.

Este será un momento decisivo para Europa, independientemente de si logra o no sentarse a la mesa cuando se reanuden las conversaciones sobre Ucrania. De una forma u otra, quedará claro qué significa «Europa», en qué se ha convertido y hacia dónde se encamina su futuro. No espero nada bueno de esto; durante años abrigaba la vana esperanza de que el continente se transformara en un polo de poder independiente, con una voz que los demás quisieran escuchar.

A veces, los acontecimientos sirven como espejos que reflejan realidades que, de otro modo, permanecerían ocultas; una lección que aprendí durante mis años como corresponsal. Esta es una de esas ocasiones. Tras años de negarse a mantener contactos diplomáticos con Moscú, ¿qué revela el repentino deseo de los europeos de participar en la resolución de la crisis ucraniana, sino el amargo reconocimiento de que es imposible derrotar a los rusos en el campo de batalla y que ya no resulta provechoso ignorar sus intereses?

Mañana, el presidente Trump tiene previsto reunirse con los presidentes Putin y Xi Jinping en el marco de la sesión anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) —un foro de escasa relevancia que, por cierto, nunca ha logrado decidir cómo completar su propio nombre—. Será un encuentro inédito: los tres líderes nunca antes habían coincidido en una cumbre conjunta.

Dependiendo de la fuente que se consulte, Trump abordará —o no— la crisis con Irán, y tratará —o no— la guerra en Ucrania y los posibles avances hacia un acuerdo. Entre las interpretaciones más paranoicas sobre lo que ocurrirá en Shenzhen —la ciudad industrial situada en la costa meridional de China continental—, se sugiere que los tres líderes podrían decidir el futuro de Ucrania al estilo de Yalta, sin consultar siquiera a la propia Ucrania. (Dada la profundidad de la corrupción y la irresponsabilidad del régimen de Zelenski, no veo nada malo en plantearse algo así; pero dejemos esto para otra ocasión).

Todavía no hay nada claro. Trump ha quedado muy debilitado tras los desastrosos resultados de los republicanos en las elecciones legislativas de principios de este mes. En un pódcast recién publicado, Alastair Crooke sugirió que lo que llamamos «Estado profundo» (Deep State) está intentando ahora socavar por completo el mandato de Trump, tal como hizo durante su primer mandato. No está claro hasta dónde llegará esto, pero el objetivo principal de aquel primer intento de hundir su barco fue frustrar los esfuerzos de Trump por reconstruir las relaciones con Moscú.

Habrá que seguirlo de cerca.

Justo antes de las conversaciones en Abu Dabi, Trump hizo un comentario que merece una breve reflexión. En una entrevista con Ross Douthat —excolumnista del *New York Times* y actual corresponsal de CBS News—, Trump reflexionó sobre las perspectivas de una solución inminente a la crisis de Ucrania y afirmó: «Creo que lo lograremos; creo que va a suceder y que Ucrania terminará teniendo una configuración algo distinta».

Cuando Trump habla, nunca se sabe con certeza qué se hará ni cuándo. Sin embargo, interpreto su mención —sorprendentemente específica— a nuevos acuerdos territoriales como otro indicio: uno que refleja el aparente avance de Steve Witkoff hacia un acuerdo definitivo con los rusos, que Ucrania y los europeos terminarán teniendo que aceptar." 

(Patrick Lawrence , blog, 18/11/26, traducción google, enlaces en el original) 

CRASH... Tal y como ha señalado el FT esta madrugada: "Las acciones tecnológicas estadounidenses entraron en un mercado bajista en su peor semana desde que el brote de la COVID-19 sacudiera la economía mundial"... puede que esto aún no sea un colapso. Puede que solo se trate de un mercado bajista, una toma de conciencia de lo sobrevalorados que han estado los precios, lo que ha llevado a un ajuste necesario, pero no da esa sensación... Parece como si la auténtica locura de invertir más de 80 000 millones de dólares en acciones de Anthropic en su salida a bolsa esta semana, haya hecho que los mercados se den cuenta de que nadie tiene la más mínima idea de por qué se puede justificar la valoración de sus futuras fuentes de ingresos... no exista ningún modelo de negocio viable en el ámbito de la IA tal y como se presenta en la actualidad... Y sospecho que ha llegado el momento de darse cuenta... Esto huele a crisis... La multitud se ha dado cuenta de que ha participado en un acto de engaño colectivo. Ahora desea abandonar la escena y, al hacerlo, podría producirse el caos... Ayer se perdieron billones. Es muy posible que se pierdan billones más. Lo más preocupante es que gran parte de lo que podría perderse se financió con dinero prestado, lo que significa que quizá no sea posible devolver los préstamos en cuestión. Así es como este contagio llega a los fondos de cobertura, al capital riesgo, a la banca secundaria y, de ahí, a la banca convencional. Y no hay indicios de que haya personas competentes al mando. Eso es lo más preocupante de todo (Richard Murphy)

"Tal y como ha señalado el FT esta madrugada:

    "Las acciones tecnológicas estadounidenses entraron en un mercado bajista en su peor semana desde que el brote de la COVID-19 sacudiera la economía mundial, ya que los temores a una desaceleración del auge de la inversión en inteligencia artificial desencadenaron una ola de ventas en Wall Street."

    El Nasdaq 100, con gran peso tecnológico, se desplomó un 5,6 % el viernes, lo que elevó su pérdida semanal al 10,4 %, su peor racha en más de seis años. El índice ha caído un 20 % desde su máximo intradía del 6 de octubre, el umbral que suele asociarse con un mercado bajista. (...)

El gráfico del Nasdaq deja claro la magnitud de la caída que se ha producido y lo marcada que es la fase actual de la ola de ventas.

 Insisto, puede que esto aún no sea un colapso. Puede que solo se trate de un mercado bajista, una corrección enorme y una toma de conciencia de lo sobrevalorados que han estado los precios, lo que ha llevado a un ajuste necesario, pero no da esa sensación.

Parece como si la auténtica locura de invertir más de 80 000 millones de dólares en acciones de Anthropic como resultado de su salida a bolsa, o oferta pública de venta, esta semana haya hecho que los mercados se den cuenta de un problema más profundo, y es que nadie en el mundo tiene la más mínima idea de por qué se puede justificar la valoración implícita de sus futuras fuentes de ingresos.

Esto se debe a su voraz demanda de dinero para gastar, al ciclo de vida probablemente increíblemente corto de sus gastos de inversión, dada la velocidad del avance tecnológico, y el hecho de que no haya indicios de que nadie en ningún sitio —excepto los inversores institucionales, que están demostrando una ausencia absoluta de cualquier sentido del deber fiduciario hacia aquellos en cuyo nombre se supone que deben actuar— tenga la más mínima idea de quién quiere comprar lo que estas empresas tienen que vender a la escala necesaria para que puedan siquiera alcanzar el umbral de rentabilidad, y el hecho resultante de que no exista ningún modelo de negocio viable en el ámbito de la IA tal y como se presenta en la actualidad.

 Dicho esto, insisto en que podría existir un modelo de negocio viable para la IA. Los nichos especializados dentro del sector serán, pueden ser y van a seguir siendo de utilidad. De eso no tengo ninguna duda. De lo que está ocurriendo en este momento surgirá algo que podría resultar genuinamente útil y viable. Sin embargo, eso no significa que la locura de este año, en la que se ha invertido dinero en este sector de forma verdaderamente imprudente, haya tenido algún sentido. No lo ha tenido. Y sospecho que ha llegado el momento de darse cuenta.

La multitud ha reconocido la insensatez de sus propios actos. Se ha dado cuenta de que ha participado en un acto de engaño colectivo. Ahora desea abandonar la escena y, al hacerlo, podría producirse el caos.

Ayer se perdieron billones.

Es muy posible que se pierdan billones más.

 Lo más preocupante es que gran parte de lo que podría perderse se financió con dinero prestado, lo que significa que quizá no sea posible devolver los préstamos en cuestión.

Así es como este contagio llega a los fondos de cobertura, al capital riesgo, a la banca secundaria y, de ahí, a la banca convencional.

Llevo mucho tiempo diciendo que esto iba a pasar. Y, si tenemos suerte, quizá aún se demuestre que estoy equivocado. Podría tratarse simplemente de un ajuste. Pero eso parece poco probable. Esto huele a crisis.

Prepárense para lo peor.

Esto podría resultar muy incómodo.

Y no hay indicios de que haya personas competentes al mando. Eso es lo más preocupante de todo. Cuando las necesitemos, ¿contaremos con personas capaces de pensar y guiar nuestras economías? Su ausencia es mi mayor preocupación." 

(Richard Murphy, blog, 21/11/26, traducción DEEPL, enlaces y gráficos en el original)

20.11.26

A 9 días de las elecciones, se impide votar a españoles que viven en España. Repito: ESPAÑOLES QUE VIVEN EN ESPAÑA... aunque estén empadronados en municipios españoles... El Tribunal Supremo cierra definitivamente la puerta a los descendientes de represaliados del franquismo que accedieron a la nacionalidad a través de la ley de nietos, incluso si residen y están empadronados en municipios españoles (Lulo Bala, Elena Herrera)

Lulo Bala @LuloBacabala

Atiende: se impide votar a españoles que viven en España. Repito: ESPAÑOLES QUE VIVEN EN ESPAÑA. Y luego llaman golpismo a subirse a un coche con un megáfono.

"El Supremo veta también el voto en las elecciones a los nacionalizados por la ley de nietos que viven en España. Los jueces, a petición de Vox, trasladan a la Junta Electoral Central y al INE que la suspensión cautelar no solo opera en el censo exterior, sino que impide votar el 29-N a los afectados aunque estén empadronados en municipios españoles" 

https://eldiario.es/politica/supremo-veta-voto-elecciones-nacionalizados-ley-nietos-viven-espana_1_13680980.html

5:24 p. m. · 20 nov. 2026 ·8.450 Visualizaciones


"El Supremo veta también el voto en las elecciones a los nacionalizados por la ley de nietos que viven en España.

Los jueces, a petición de Vox, trasladan a la Junta Electoral Central y al INE que la suspensión cautelar no solo opera en el censo exterior, sino que impide votar el 29-N a los afectados aunque estén empadronados en municipios españoles.

El Tribunal Supremo cierra definitivamente la puerta a que más de 160.000 descendientes de represaliados del franquismo que accedieron a la nacionalidad a través de la ley de nietos puedan votar en las elecciones generales del 29 de noviembre, incluso si residen y están empadronados en municipios españoles. 

En una providencia dictada este viernes, los jueces de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo trasladan a la Junta Electoral Central (JEC) y a la Oficina del Censo Electoral (OCE) que la suspensión cautelar acordada no se limita al voto en el extranjero, sino que obliga a garantizar que ninguna de las 163.355 personas que accedieron a la nacionalidad por esta vía “puedan figurar como electores en el Censo Electoral, sea en el de electores residentes-ausentes que viven en el extranjero, sea en el de electores residentes en España”.

Así, solo podrán votar las 901 personas que han conseguido que el consulado emita un certificado que demuestre que sus antepasados sufrieron persecución política. En sus autos, el Alto Tribunal distingue entre dos formas de acceso a la nacionalidad. Por un lado, quienes aportaron documentos del exilio de sus antepasados. Y, por otro, quienes se acogieron a la instrucción que daba por exiliado a cualquiera que hubiera salido de España entre 1936 y 1955 y sobre la que el Supremo ha lanzado sospechas de que puede ser irregular.

De acuerdo a esos autos, el primer grupo sí puede votar. Pero la decisión que han tomado los jueces es suspender preventivamente el sufragio de todos. Y dejar en manos de cada afectado la tarea de conseguir que el consulado acredite si cuentan con esa documentación y les proporcione el preceptivo certificado, algo que solo han logrado las citadas 901 personas.

Esta nueva resolución judicial atiende las demandas de Vox, que había reclamado a los jueces que precisaran el alcance de las medidas para evitar que los empadronados en territorio nacional acudieran a las urnas a través del censo ordinario (CER). En la providencia, los magistrados reprochan la falta de claridad en las explicaciones de la Administración y censuran que los últimos informes remitidos por la Abogacía del Estado y por la Oficina del Censo Electoral resultan “de difícil comprensión, como atinadamente señala el Ministerio Fiscal”. 

En sus escritos, la Abogacía del Estado había alertado de que las medidas cautelares del Supremo colocaban en desventaja a los ciudadanos que han adquirido la nacionalidad española en el extranjero al amparo de la ley de nietos respecto a quienes residen en España. Según los autos dictados hasta ahora, un nacionalizado que vive en España conservaba su derecho al voto al figurar en el censo de residentes (CER), pero una persona con su mismo título, obtenido por el mismo procedimiento y en la misma fecha, lo veía congelado por residir en el extranjero. El Supremo acuerda ahora suspender el voto en ambos supuestos."

(Elena Herrera , eldiario.es, 20/11/26)