"Heather Akou nunca pensó que viviría para ver a un par de
francotiradores apuntándole desde un techo de su propia universidad,
pero tiene las fotos
para probarlo. Fue a finales de abril de 2024, después de que Akou, que
enseña Historia de la Moda en la Facultad de Diseño de la Universidad
de Indiana, se uniera al pequeño campamento de protesta contra el
genocidio de Gaza en Dunn Meadow, el bucólico parque que linda con el
edificio central del campus universitario en Bloomington. “Y eso que la
protesta no era gran cosa comparada con las que hubo en otras universidades”, me dijo cuando hablé con ella hace poco. “Éramos cuatro gatos: quizá doscientas personas entre alumnos y profesores”.
A pesar de ello, el conflicto no tardó en escalar. La rectora de la
universidad, cuyo nombramiento tres años antes había estado rodeado de
controversia, no solo había prohibido el campamento –a pesar de que Dunn
Meadow era, desde 1969, el lugar donde se permitían este tipo de
actividades de protesta–, sino que llamó a la policía estatal para que
interviniera. Esta se presentó militarizada, en modo antidisturbios,
levantó las pocas tiendas y toldos que había, arrestó de mala manera a
más de 30 alumnos y profesores y situó a francotiradores en los techos
durante al menos cuatro días.
“Allí, para mí, se cruzó una línea roja”, afirma Akou, que se ha
convertido en una de las caras más visibles de la oposición del
profesorado a su propia administración. “La violencia física no es un
método aceptable para controlar a alumnos que se manifiestan
pacíficamente”. Akou, que en julio asumirá la presidencia del Consejo de
Profesores (una especie de senado), tiene claro por qué su universidad
está en la diana de los políticos conservadores: “Nuestro campus en
Bloomington ha sido durante muchos años un centro importante para los
estudios humanísticos y de las artes. Esto nos convierte en un blanco
atractivo para la derecha. Lo cierto es que nos han atacado con más
fuerza que a cualquiera de las otras universidades del estado”.
La admnistración implementó una nueva “política de actividades
expresivas” que prohibía toda expresión pública entre las once de la
noche y las seis de la mañana
La administración, mientras tanto, hace lo posible por suprimir el
descontento. Unos tres meses después de la controvertida acción
policial, implementó una nueva “política de actividades expresivas” que
prohibía toda expresión pública entre las once de la noche y las seis de
la mañana. La medida fue denunciada de inmediato como una violación
flagrante de la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana, que
protege la libertad de expresión y reunión contra toda interferencia del
Estado (representado, en este caso, por los administradores de una
universidad pública). Las y los profesores que, durante las noches
siguientes, acudieron a una protesta contra la nueva medida –anunciada,
simbólicamente, como una vigilia por la difunta libertad de expresión–
se presentaron solo con velas y pancartas en blanco. Aun así, recibieron
una reprimenda oficial. A los pocos días, un juez suspendió la medida
temporalmente, en vista de su probable anticonstitucionalidad; año y
medio después, un tribunal federal confirmó que la política
universitaria había, en efecto, violado los derechos básicos de alumnos y
profesores. “Fuimos diez los que acabamos yendo a juicio, arropados por
la ACLU, la Unión Americana de Libertades Civiles”, relata Heather
Akou. “No se nos otorgó ninguna compensación por daños, pero la
Universidad fue condenada a pagar las costas y la factura de nuestros
abogados, además de los cientos de miles que debieron gastar en los
suyos propios”.
La Universidad de Indiana, cuyo campus en Bloomington cuenta con casi
50.000 estudiantes y 21.000 empleados, se ha convertido en uno de los
focos de los ataques de la derecha norteamericana a las universidades
del país. Aunque los enfrentamientos
del Gobierno federal del presidente Trump con grandes centros privados
como Columbia y Harvard han atraído mucha atención mediática, la verdad
es que las universidades públicas lo han pasado bastante peor –sobre
todo en estados como Indiana, Ohio, Florida o Texas, cuyos gobiernos
cuentan con una mayoría absoluta del Partido Republicano–. Allí los
ataques a la libertad de cátedra y de expresión no solo empezaron antes,
sino que han sido más virulentos. También están teniendo efectos
bastante más tangibles.
La mayoría de las grandes universidades públicas de Estados Unidos
nacieron a finales del siglo XIX y comienzos del XX, después de que el
Gobierno federal decidiera donar enormes lotes de territorio federal a
los estados con la idea de que los vendieran y destinaran las ganancias a
nuevos centros universitarios que ofrecieran una educación asequible y
práctica a sus habitantes. Durante el primer siglo de su existencia,
hasta la década de los ochenta, más de la mitad de los presupuestos de
las universidades públicas provenía de los gobiernos estatales –que, a
cambio, también nombraban a la mayoría de las juntas directivas–. Desde
los noventa, sin embargo, la financiación estatal de la educación
superior ha sufrido varias rondas de recortes draconianos. Hoy, en
muchos casos, el dinero público representa menos de una quinta parte del
presupuesto. (Para la Universidad de Indiana, por ejemplo, apenas llega
a un 12 %.) Los demás gastos se cubren mediante matrículas, que se han
disparado hasta acercarse a las de los centros privados; donaciones
filantrópicas; contratos con empresas privadas; y fondos y contratos de
investigación del Gobierno federal, incluido el Ministerio de Defensa.
El objetivo es obligar a las universidades –que la derecha maguista ve como peligrosos nidos de rebelión– a ajustarse a la horma ideológica del trumpismo
Mientras tanto, los gobiernos estatales de mayoría conservadora, a
pesar de poner cada vez menos dinero, han ido exigiendo cada vez más
poder en la administración de las universidades. ¿Su objetivo? Obligar a
las instituciones de educación superior –que la derecha maguista
ve como peligrosos nidos de rebelión y adoctrinamiento– a ajustarse a
la horma ideológica del trumpismo. O, según el caso, debilitarlas porque
sí, como parte de una larga campaña, emprendida en los años setenta,
para minar los servicios públicos del país.
Ya en 2021, durante la presidencia de Joe Biden, numerosos gobiernos
estatales que en 2020 habían afianzado su mayoría republicana empezaron a
tramitar leyes que prohibían los “temas divisivos”
en la educación primaria, secundaria y superior. (El concepto lo
tomaron prestado de Trump, que durante su primer mandato desató una guerra cultural oponiéndose a revisiones progresistas del relato histórico norteamericano como el Proyecto 1619, iniciativas que tildaba de antipatrióticas y una amenaza directa a la unidad del país.)
En los últimos dos años, aprovechando el regreso de Trump a la Casa
Blanca, los gobiernos estatales conservadores han introducido leyes
dirigidas más directamente a las universidades. Un repaso de sus
diferentes versiones –que, por otra parte, resultan sospechosamente
similares entre sí– revela cuatro grandes objetivos. Primero, pretenden
implementar una censura directa de los contenidos curriculares. Aquí
abanderan no solo ideas netamente derechistas (como la moral cristiana,
el nacionalismo blanco o el anticomunismo), sino también conceptos
prestados de las luchas progresistas de antaño (la comodidad del alumno,
la igualdad de acceso, la lucha contra el antisemitismo). Segundo,
pretenden acabar de debilitar la seguridad laboral de un profesorado que
ya lleva décadas precarizándose. En varios estados, los contratos
permanentes –una primera línea de defensa de la libertad de cátedra– ya
han dejado de existir a todos los efectos. Tercero, los gobiernos
estatales están empeñados en limitar el papel del profesorado en la
gobernanza de sus propias instituciones, una piedra angular de la
autonomía universitaria. Y finalmente, apuestan por políticas de
austeridad que justifican recortar o “consolidar” departamentos y
carreras considerados “poco útiles” desde un punto de vista
cortoplacista y utilitario. Como era de esperar, estas medidas afectan
desproporcionadamente a las humanidades y las ciencias sociales.
En el caso de Indiana, el ataque ha sido doble: de parte del Gobierno
y del rectorado. “No me sorprende que nuestra propia administración nos
perjudique”, dice Deborah Cohn, catedrática latinoamericanista,
“porque, en 2021, nos colaron por detrás a la actual rectora, y el
gobernador republicano ha maniobrado para controlar el consejo de
administración”.
La propia Universidad de Indiana anima a las y los alumnos a denunciar, anónimamente, a profesores que violen las nuevas normas
Gran parte de las medidas que afectan a la Universidad de Indiana
también se están implementando en las universidades de otros estados,
como Ohio, Texas y Florida. Pero Indiana ha sido pionera en la
aplicación de una nueva exigencia curricular: la “diversidad de puntos
de vista” (viewpoint diversity). El Gobierno no solo exige que
las y los profesores se limiten rigurosamente a los temarios; también
demanda una estricta equidistancia en el tratamiento de esos temas e
impone procesos de evaluación que busquen eliminar a docentes “con una
baja probabilidad de fomentar una cultura (…) de diversidad intelectual
dentro de la institución” o “de exponer a los alumnos a obras académicas
desde una variedad de marcos políticos o ideológicos”. La propia
Universidad anima a las y los alumnos a denunciar, anónimamente, a
profesores que violen las nuevas normas. No hay docente,
independientemente del contrato que tenga, que no pueda ser despedido
por violarlas.
También en estados como Texas, Ohio y Florida, los políticos
conservadores insisten en convertir al estudiantado en un cuerpo de
informantes. Organizaciones como la Asociación Americana de Profesores
Universitarios (AAUP) han señalado que esta nueva cultura de la
vigilancia supone un ataque directo a los derechos laborales e
intelectuales del cuerpo profesoral. La censura de contenidos
curriculares, por otra parte, ha llegado a alturas difíciles de imaginar
en una democracia moderna. En la mayor universidad pública del país,
Texas A&M, las y los profesores hoy necesitan un permiso especial
para poder abordar en sus cursos cualquier tema relacionado con el
género, la raza o la sexualidad. Un profesor de Filosofía de la misma
universidad tuvo que eliminar de su curso introductorio un fragmento del
Simposio de Platón (ese notorio filósofo woke) en el que Aristófanes cuenta un relato mitológico según el cual, en tiempos antiguos, no había dos sino tres géneros.
En Florida, mientras tanto, la sociología se ha convertido en una disciplina non grata después de que el estado adoptara una ley que prohíbe hablar de las desigualdades sistémicas. En
febrero, el departamento estatal de Educación impuso un nuevo
currículo, obligatorio para todos los centros públicos, cepillado de
todo contenido “controvertido” y que además prohibía
abordar nueve conceptos específicos. Por ejemplo, los sociólogos de
Florida y sus alumnos ya no pueden debatir la posibilidad de que las
instituciones puedan tener “la intención de oprimir a personas de color”
o que “la mayoría de las variaciones entre varones y hembras” puedan
ser “rasgos y conductas aprendidos”. Tampoco pueden mencionar “cuándo,
cómo o por qué los individuos determinan cuál es su orientación sexual o
identidad de género”.
En Indiana, las cosas se mueven en una misma dirección. “Los políticos conservadores de este estado, cada vez más maguistas,
están intentando imponernos un currículo que refleje su perspectiva
blanca, cristiana y nacionalista”, dice Deborah Cohn, la
latinoamericanista. “Alegan que estos cambios son necesarios porque los
alumnos conservadores no se sentirían cómodos en la Universidad. Es
falso”. Esto lo confirmó
una colega suya, la catedrática de Filología Inglesa Purnima Bose, el
año pasado, citando una investigación de 2021 que indica que casi un 80 %
de las y los alumnos sondeados creen que “pueden expresar sus opiniones
libremente” y que “los docentes escuchan a personas con opiniones
divergentes”.
Para Bose, las nuevas leyes buscan tres objetivos inmediatos:
“Restringir las opiniones y publicaciones que estén en desacuerdo con el
conservadurismo ascendente, desanimar la innovación en la investigación
y preparar a los alumnos para trabajos que pronto estarán obsoletos”.
Pero el objetivo a largo plazo de los recortes y reformas es otro:
destruir todo un sistema educativo que, durante más de medio siglo, tuvo
una clara función emancipadora. Akou está de acuerdo: “Lo que buscan
estos ultraderechistas es desmantelar la educación universitaria
pública”. Que, en el proceso, se carguen un pilar económico del Estado
no parece importarles demasiado. “La incompetencia política es pasmosa”,
dice Cohn. “Es difícil exagerar el peso que tienen las universidades en
una economía como la de Indiana”.
Sea como sea, el profesorado está lejos de abandonar la lucha. La
victoria legal, este pasado enero, en la causa por la libertad de
expresión les ha dado ánimo. Una segunda causa sobre la “diversidad de
puntos de vista” está en proceso de apelación. “Casi no hay día que pase
sin que se nos impongan nuevas normas dirigidas a la línea de flotación
de nuestra libertad de cátedra y seguridad laboral”, dice Cohn. “Pero
tenemos la esperanza puesta en los tribunales. Las mejores mentes
legales de nuestra Facultad de Derecho están de nuestro lado y, por
suerte, el equipo jurídico de la administración no es el más
espabilado”.
“Con las leyes laborales de Indiana, será muy difícil que logremos
sindicalizarnos”, dice Cohn, “pero cada vez más colegas se suman a la
AAUP, la Asociación Nacional de Profesores. Y nada es imposible. También
seguimos intentando convencer a los senadores, incluidos los
republicanos. A fin de cuentas, en diciembre, cuando Trump quiso imponer
un rediseño del mapa electoral para beneficiarse en las elecciones de
este noviembre, el Senado de Indiana, del que los republicanos controlan
el 80 %, se negó a obedecerle”.
Pero los políticos son poco fiables. Si Akou tiene un aprendizaje
interiorizado, es este: cuando las cosas se ponen feas, tampoco cabe
contar con el Partido Demócrata. “Cuando me asaltaron y arrestaron en
este mismo campus por el ‘crimen’ de creer que las y los estudiantes de
mi universidad tienen el derecho a manifestarse pacíficamente”,
recuerda, “quien ocupaba la Casa Blanca no era Trump, sino Joe Biden”.
“No me callo, aunque me despidan”, afirma Cohn. “Estoy harta. Mis
colegas y yo estamos profundamente comprometidos con nuestros alumnos.
Llevamos muchos años invirtiendo nuestra energía en esta Universidad. No
vamos a permitir que un puñado de políticos y administradores destruyan
todo lo que tiene que ofrecer”."
(Sebastiaan Faber
, CTXT, 22/04/2026)
