22.11.26

PP y Vox presentan soflamas que no tienen traslación alguna en el ámbito del coste que significan. Es mera narrativa, sin base... recuerda poderosamente lo que sucedió en 2022 en el Reino Unido con la premier Liz Truss, cuando realizó propuestas muy parecidas y sucumbió a los 40 días de mandato, generando un problema financiero enorme al Banco de Inglaterra y a la libra esterlina: el aumento del déficit y de la deuda y la desconfianza que generan esas medidas en los mercados. Éstos, no se las creen... Nosotros ponemos números a esas propuestas. Y vamos a hacerlo siendo cautos y nada expansivos... Adoptemos una visión ajustada, buscando las franjas bajas de las horquillas posibles: 16 mil millones (rebajas fiscales) más 6 mil millones (nuevos gastos e inversión) más 62,5 mil millones (llegar al 3,5% en gasto de Defensa), en total estamos hablando de una cifra cercana a 80-100 mil millones de euros que es el ajuste que se debería hacer en las cuentas públicas. Y esto no se solventa con el recorte de lo que los conservadores denominan “gasto superfluo” (subvenciones a partidos, sindicatos, etc.), habida cuenta que esas partidas constituyen “el chocolate del loro”, una nimiedad en el océano presupuestario. El tajo se debería producir, entonces, en pensiones, en sanidad y en educación, a parte de en servicios sociales como el Ingreso Mínimo Vital. Ante esto, las consecuencias sobre la sostenibilidad de la deuda y los servicios públicos son enormes, con dos factores que suponen una mayor concreción... además, la reducción del IRPF a solo dos tramos (lo propone Vox) infiere una pérdida de recaudación de unos 40 mil millones de euros anuales, beneficiando a las rentas altas; aquí la coincidencia de Vox con el PP es absoluta... sus propuestas –recordemos: van hacia los 100 mil millones de euros contando rebajas tributarias, incremento de gastos y elevación de la partida de Defensa, pensando solo con estos tres vectores– significan una gran tensión con las reglas fiscales europeas y con las posiciones de los organismos supervisores, de ahí la comparación con Liz Truzz (Carles Manera)

"Las derechas, sin un programa económico realista

Las recientes declaraciones del principal candidato del PP a las elecciones generales sobre las cuentas públicas son de una enorme preocupación: indicar que una de las primeras medidas que tomaría un gobierno PP-Vox sería auditar externamente las cuentas, lanzando así el mensaje de desconfianza total hacia esos números –se habla, por parte de Feijóo, que los gastos están infravalorados, sin aportar indicio alguno; un “déficit oculto”–. Este candidato debiera saber –seguro que lo conoce– que las cuentas del Estado están auditadas, revisadas y analizadas por diferentes organismos, como AIReF, el Banco de España, el Instituto Nacional de Estadística, el Tribunal de Cuentas y, entre otras instituciones, la Comisión Europea y Eurostat. Poner sombras de dudas a esto solo puede obedecer a un objetivo: explicar que la “herencia recibida”, en caso de llegar al gobierno, obliga a realizar ajustes y recortes económicos, por los débitos–y esto suele ser una frase ya tópica– “que se han dejado en los cajones”. Esos pretendidos débitos saldrían de la auditoría externa.

Esto nos conduce entonces a lo que se propone desde las derechas para enderezar esa contabilidad que, según ellos, está maltrecha y repleta de falsedades que deben ser escrutadas. El programa económico de Feijóo se centra en enunciar iniciativas que van desde una medida estrella, la construcción de 1 millón de viviendas en 4 años, a razón de 250 mil anuales, hasta rebajas fiscales que afectarán sobre todo a las rentas altas –buscando el “efecto Laffer”–, junto a una idea, que cada vez toma más fuerza en el espectro de las derechas, de expulsión de inmigrantes o dificultar su entrada en el país. Un país que, para generar ese millón de viviendas, va a necesitar una ingente cantidad de mano de obra: esa que se pretende o expulsar o no admitir. La contradicción es enorme. A su vez, el compromiso de incrementar el gasto de Defensa supone otro desafío. En los programas de PP y Vox no se concreta si la partida debe llegar al 5%, aunque en ambas formaciones se enfatiza –de forma vehemente– que se han de incrementar esos renglones. Sin embargo, debe recordarse que en octubre de 2025 la dirigente del PP Alma Ezcurra afirmó que el partido cumpliría con el 5% acordado en la OTAN.

Pero veamos algunos elementos que definen esta política económica que está por venir, en función de los anuncios que se van materializando. De entrada, debe reseñarse que no existe memoria económica en las propuestas conservadoras. Estamos ante soflamas que no tienen traslación alguna en el ámbito del coste que significan. Es mera narrativa, sin base. Nosotros ponemos números a esas propuestas. Y vamos a hacerlo siendo cautos y nada expansivos. El INE sitúa el PIB nominal de 2025 en 1,69 billones de euros; si se aplica el crecimiento nominal del 5,5% previsto por el Banco de España para 2026, el PIB resultante sería de 1,78 billones de euros. Sobre estos datos objetivos, el impacto de las rebajas fiscales puede suponer un balance estimado en la contracción de ingresos del orden de 16 mil a 18 mil millones de euros al año (entorno al 1% del PIB). Los nuevos compromisos de gastos e inversión pueden tener una horquilla que va de los 6 mil millones a cerca de 9 mil millones de euros anuales (cercano al 0,4% del PIB). El gasto en Defensa, si se elevara al 3,5% del PIB (y no al 5%), representaría 62,5 mil millones de euros –el 2%, que es el actual, es de 35,7 mil millones de euros: estamos hablando, pues, de 26,8 mil millones más–. Llegar al 5% elevaría la cifra en casi 90 mil millones de euros.

Adoptemos una visión ajustada, buscando las franjas bajas de las horquillas posibles: 16 mil millones (rebajas fiscales) más 6 mil millones (nuevos gastos e inversión) más 62,5 mil millones (llegar al 3,5% en gasto de Defensa), en total estamos hablando de una cifra cercana a 80-100 mil millones de euros –siendo generosos– que es el ajuste que se debería hacer en las cuentas públicas. Y esto no se solventa con el recorte de lo que los conservadores denominan “gasto superfluo” (subvenciones a partidos, sindicatos, etc.), habida cuenta que esas partidas constituyen “el chocolate del loro”, una nimiedad en el océano presupuestario. El tajo se debería producir, entonces, en pensiones, en sanidad y en educación, a parte de en servicios sociales como el Ingreso Mínimo Vital. Ante esto, las consecuencias sobre la sostenibilidad de la deuda y los servicios públicos son enormes, con dos factores que suponen una mayor concreción.

En primer término, porque la reducción del IRPF a solo dos tramos (lo propone Vox) infiere una pérdida de recaudación de unos 40 mil millones de euros anuales (nótese cómo nuestras previsiones expuestas antes son netamente a la baja), beneficiando a las rentas altas; aquí la coincidencia de Vox con el PP es absoluta: se fía una vez más al siempre fallido Laffer. Pero incluso desde palestras de economía liberal (como LibreMercado: https://www.libertaddigital.com/libremercado/2026-11-12/lo-mejor-y-lo-peor-del-programa-economico-del-pp-7490503/) se pone en solfa la viabilidad de financiar simultáneamente amplias rebajas fiscales –por ejemplo: deflactación del IRPF, exenciones a jóvenes o el IVA al 0% en alimentos básicos– junto con la revalorización de las pensiones conforme al IPC y el mantenimiento del Estado del Bienestar. La advertencia es clara, y recuerda poderosamente lo que sucedió en 2022 en el Reino Unido con la premier Liz Truss, cuando realizó propuestas muy parecidas y sucumbió a los 40 días de mandato, generando un problema financiero enorme al Banco de Inglaterra y a la libra esterlina: el aumento del déficit y de la deuda y la desconfianza que generan esas medidas en los mercados. Éstos, no se las creen.

En segundo lugar, estas propuestas –recordemos: van hacia los 100 mil millones de euros contando rebajas tributarias, incremento de gastos y elevación de la partida de Defensa, pensando solo con estos tres vectores– significan una gran tensión con las reglas fiscales europeas y con las posiciones de los organismos supervisores. Prometer estabilidad presupuestaria, reducción de deuda pública –con contracción previa del déficit público–, mantenimiento del gasto, al tiempo que se están cuestionando los datos del Banco de España, Tribunal de Cuentas, la Intervención General de la Administración del Estado y AIRef, es un ejercicio de enorme irresponsabilidad para quienes pretenden llegar al gobierno de España. PP y Vox nos señalan que ellos saben multiplicar panes y peces. Pero eso es algo que solo un milagro religioso puede explicar."

(Carles Manera, Economistas frente a la crisis, 20/11/26) 

COP31… «la peor COP de la historia»... un número récord de 700 grupos de presión defendieron que deberíamos olvidarnos de poner fin a la producción de combustibles fósiles y, en su lugar, apostar por tecnologías que pudieran reducir la cantidad de carbono en la atmósfera. La tecnología por sí sola no bastará. Solo la intervención gubernamental, la inversión y la planificación a escala mundial pueden dar a la humanidad y a la naturaleza una oportunidad de salir adelante antes de que la degradación se convierta en algo permanente. El tiempo se está agotando; de hecho, ya se ha agotado... además, la mayor parte de los fondos comprometidos no se conceden en forma de subvenciones, sino de préstamos. Así pues, se espera que los países pobres que intentan hacer frente al calentamiento global y reducir las emisiones devuelvan la mayor parte de las ayudas recibidas de los países ricos... los países deben invertir entre el 1 % y el 2 % del PIB mundial en energías renovables y otras tecnologías, a lo largo de un periodo de entre 30 y 50 años, para alcanzar una economía global con cero emisiones de carbono. Si se hiciera así, el PIB mundial per cápita no sería inferior —y podría ser incluso ligeramente superior— al que se registraría si siguiéramos dependiendo de los combustibles fósiles para el 80 % de nuestra energía... los costes de la inacción son enormemente superiores al coste de la mitigación... Sin embargo, ninguna estrategia creíble para limitar el calentamiento global a un nivel muy por debajo de los 2 °C puede basarse únicamente en la electrificación limpia. Debe incluir también medidas para reducir o compensar las emisiones en aquellos ámbitos en los que la electrificación no puede ofrecer la solución. El sistema alimentario capitalista mundial tiene un enorme impacto perjudicial sobre el medio ambiente... más del 90 % de la deforestación anual se debe a la agricultura, impulsada en su mayor parte por los pastos para el ganado o por la producción de cultivos destinados a la alimentación de diversas categorías de producción de proteínas animales (Michael Roberts)

"COP31… «la peor COP de la historia».

 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2026 (COP31), celebrada en Ankara (Turquía), es «la peor COP de la historia», afirmaron los activistas climáticos en una concurrida rueda de prensa final celebrada hacia el final de la cumbre climática de la ONU. Los delegados se encuentran en profundo desacuerdo respecto al texto de la declaración final. Se ha eliminado del borrador del comunicado toda referencia a la eliminación de los combustibles fósiles. Además, el borrador tampoco aclara cómo recibirán los países en desarrollo ayuda financiera para hacer frente a la crisis climática. «Tiene todas las características de un acuerdo para permitir la captura de carbono a cambio de un objetivo de electrificación que ni siquiera exige electricidad procedente de energías renovables ni garantiza el acceso a quienes más la necesitan. Nada de esto es defendible».

Existe un Fondo de Adaptación que, en teoría, financia proyectos y programas para ayudar a las comunidades vulnerables de los países en desarrollo a adaptarse al cambio climático. Funciona desde 2010 y está financiado en gran medida por donantes gubernamentales y privados. Sin embargo, en esta COP31 solo se han comprometido 50 millones de dólares, frente a los 135 millones comprometidos en Belém el año pasado. Además, la mayor parte de estos fondos comprometidos no se conceden en forma de subvenciones, sino de préstamos. Así pues, se espera que los países pobres que intentan hacer frente al calentamiento global y reducir las emisiones devuelvan la mayor parte de las ayudas recibidas de los países ricos. Los cálculos de Oxfam sugieren que el nivel real de subvenciones específicas para el clima es de aproximadamente una quinta parte de las cifras de «financiación climática» de la OCDE, una vez deducidos los préstamos.

Al inicio de la COP31, el secretario general saliente de la ONU, Guterres, había instado a los países a impulsar la eliminación gradual de los combustibles fósiles, en lugar de limitarse a insinuarlo. «Los argumentos a favor de los combustibles fósiles se están desmoronando», afirmó. «Los combustibles fósiles deben seguir el camino de los dinosaurios. Y eso no sucederá por sí solo. Los dinosaurios no tenían un grupo de presión. Los combustibles fósiles sí lo tienen. Es hora de dejar el hábito y poner fin a la adicción a los combustibles fósiles», afirmó. «Es el momento de actuar o perecer». Sin embargo, el resultado de la COP31 demuestra que Guterres ha sido ignorado por los organizadores y los gobiernos de las principales economías.
Mientras tanto, el mundo sigue calentándose y las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando. Las temperaturas medias anuales a nivel mundial se sitúan en máximos históricos, superando el aumento de 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales —el límite objetivo fijado hace diez años en la COP de París—.

Se prevé que las emisiones de CO₂ alcancen un máximo histórico de 38 100 millones de toneladas, lo que supone un aumento de entre el 0,8 % y el 1,1 % aproximadamente con respecto al año anterior, según los datos recopilados por el Global Carbon Budget.

Con las políticas actuales, el planeta se calentará una media de 2,7 °C para finales de siglo en comparación con la era preindustrial, según concluye un informe de Climate Action Tracker (CAT), lo que supone un nuevo aumento respecto a la previsión del año pasado, que era de 2,6 °C. Incluso en el escenario más optimista —en el que se cumplieran todos los compromisos, objetivos y demás promesas a largo plazo asumidos actualmente por los países—, el mundo seguiría calentándose 1,9 °C para finales de siglo.

El último Informe de la ONU sobre la brecha de emisiones analizó un escenario de «máximo posible» de sobrepaso de 1,5 °C, en el que el pico de calentamiento hacia mediados de siglo se limita a entre 1,7 y 1,8 °C y la temperatura global vuelve a situarse en 1,5 °C o por debajo de ese valor para 2100. Para lograrlo, las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) tendrían que reducirse en un 18 % para 2030, en un 45 % para 2035 y en un 69 % para 2040, todo ello en relación con los niveles de 2025. También sería necesario aumentar los niveles de eliminación de dióxido de carbono (CDR) a lo largo del siglo para volver a los 1,5 °C. Los compromisos actuales de los países solo reducirían las emisiones entre un 5 % y un 8 % para 2030 y entre un 11 % y un 15 % para 2035, con respecto a los niveles de 2025, lo que dejaría al mundo en vías de limitar el calentamiento de este siglo únicamente a 2,6 °C; en otras palabras, apenas supondría un impacto en el aumento previsto del calentamiento global.

Incluso antes de la COP31, Estados Unidos, bajo el mandato de Trump, había abandonado todos sus compromisos climáticos. Y menos de la mitad de los miembros del G20 van por buen camino para subsanar sus deficiencias de aplicación de cara a 2030. Sin embargo, los últimos análisis sugieren que los países deben invertir entre el 1 % y el 2 % del PIB mundial en energías renovables y otras tecnologías, a lo largo de un periodo de entre 30 y 50 años, para alcanzar una economía global con cero emisiones de carbono. Si se hiciera así, el PIB mundial per cápita no sería inferior —y podría ser incluso ligeramente superior— al que se registraría si siguiéramos dependiendo de los combustibles fósiles para el 80 % de nuestra energía. Si no se hace nada para eliminar la producción de energía a partir de combustibles fósiles y el aumento de la temperatura media global se acerca a los +3 °C para 2100, el mundo se enfrentará a pérdidas acumuladas adicionales equivalentes al 11-24 % del PIB de aquí a entonces, pérdidas que podrían haberse evitado en su totalidad si los gobiernos hubieran invertido entre el 1 % y el 2 % del PIB mundial para mantener el calentamiento global por debajo de los 2 °C. Por lo tanto, los costes de la inacción son enormemente superiores al coste de la mitigación.

Sin embargo, la industria de los combustibles fósiles y sus grupos de presión en la COP31 sostienen que la creciente demanda mundial de energía hace imposible un alejamiento significativo de los combustibles fósiles. El magnate de Microsoft, Bill Gates, estima que «lo mejor que podemos hacer» —incluso con rápidos avances tecnológicos— es limitar el aumento a un valor muy ligeramente inferior a 3 °C. Pero no se preocupe, dice Gates. ¡Tal aumento de temperatura no sería catastrófico, y la humanidad y el planeta pueden adaptarse!

Por el contrario, solo una rápida eliminación de la producción y el consumo de energía procedente de combustibles fósiles puede salvar a la humanidad y al planeta de una catástrofe climática cada vez más grave. Además, con electricidad limpia podríamos sustituir los combustibles fósiles en las aplicaciones finales y, al hacerlo, lograr una revolución en la eficiencia energética. La energía procedente de combustibles fósiles es muy derrochadora. Las pérdidas derivadas del refinado de combustibles y de la generación de electricidad basada en la combustión reducen la energía potencial producida en dos tercios. Si la producción de electricidad alcanzara entre el 60 % y el 70 % de la demanda energética final en los próximos 30 años, sería posible reducir el consumo de energía primaria en un 36 % y el de energía final en un 24 %, al tiempo que se incrementaría el consumo de energía útil en un 64 % y el PIB mundial en más del 100 %.

Sin embargo, ninguna estrategia creíble para limitar el calentamiento global a un nivel muy por debajo de los 2 °C puede basarse únicamente en la electrificación limpia. Debe incluir también medidas para reducir o compensar las emisiones en aquellos ámbitos en los que la electrificación no puede ofrecer la solución. El sistema alimentario capitalista mundial tiene un enorme impacto perjudicial sobre el medio ambiente. Los 50 millones de km² dedicados a la producción alimentaria, de los cuales el 80 % se destina a la carne y los productos lácteos, equivalen a 100 veces la superficie necesaria para la generación de energía solar y eólica, 500 veces la superficie actualmente destinada a actividades mineras y 5.000 veces la superficie adicional que se necesitaría para extraer todos los recursos minerales que necesitaremos en la transición energética. El consumo de agua en la agricultura es 500 veces superior al que requieren todas las actividades mineras. Además, más del 90 % de la deforestación anual se debe a la agricultura, impulsada en su mayor parte por los pastos para el ganado o por la producción de cultivos destinados a la alimentación de diversas categorías de producción de proteínas animales.

La Agencia Internacional de Energías Renovables estima que es necesario construir a nivel mundial una media de 1 000 gigavatios de capacidad de energía renovable cada año hasta 2030. Sin embargo, los planes mundiales de energía limpia (y no son más que planes) siguen estando casi un tercio por debajo de lo necesario para alcanzar esa cifra. Y para alcanzar el nivel de inversión necesario, la financiación climática deberá aumentar hasta unos 9 billones de dólares al año a escala mundial para 2030, frente a los poco menos de 2 billones de dólares previstos para 2024, según la Climate Policy Initiative.

¿Por qué no se está cumpliendo ninguno de estos objetivos climáticos? ¿Por qué la mayoría de los participantes en la COP31 han eliminado la referencia a los combustibles fósiles y no han cumplido las promesas de ayudar a las economías del Sur Global a hacer frente al impacto del calentamiento global que más les afecta? ¿Por qué no se está proporcionando la financiación necesaria?
No se trata del precio de coste de las energías renovables. Los precios de las energías renovables han descendido drásticamente. El problema es que los gobiernos insisten en que la inversión privada debe liderar la transición hacia la energía renovable. Pero la inversión privada solo se produce si resulta rentable invertir. Y la bajada de los precios de las energías renovables reduce la rentabilidad de dichas inversiones. La fabricación de paneles solares está sufriendo una grave contracción de los beneficios, al igual que los operadores de parques solares. Esto pone de manifiesto la contradicción fundamental de la inversión capitalista entre la reducción de costes mediante una mayor productividad y la ralentización de la inversión debido a la caída de la rentabilidad. Por otra parte, la inversión en la producción de petróleo sigue siendo muy rentable, tal y como demuestran las cifras de beneficios de las multinacionales petroleras.

En la COP31, un número récord de 700 grupos de presión defendieron que deberíamos olvidarnos de poner fin a la producción de combustibles fósiles y, en su lugar, apostar por tecnologías que pudieran reducir la cantidad de carbono en la atmósfera. La captura y almacenamiento de carbono (CDR) es la respuesta, no detener la producción de combustibles fósiles. Es cierto que, tal y como estimó recientemente la ONU, habrá que eliminar la enorme cantidad de 320 000 millones de toneladas de CO₂ a lo largo de este siglo para volver a situarnos por debajo de los 1,5 °C. Pero, como replicó Rachel Kennerley, activista en materia de captura de carbono del Centro de Derecho Ambiental Internacional: «La atención debe centrarse siempre en reducir las emisiones ahora mismo; es muy peligroso dar por sentado que podemos emitir más gases a la atmósfera y luego suponer que en el futuro dispondremos de la tecnología necesaria para simplemente eliminarlos de nuevo.» La tecnología por sí sola no bastará. Solo la intervención gubernamental, la inversión y la planificación a escala mundial pueden dar a la humanidad y a la naturaleza una oportunidad de salir adelante antes de que la degradación se convierta en algo permanente. El tiempo se está agotando; de hecho, ya se ha agotado."

( , blog, 21/11/26, traducción Salvadro L. Arnal, enlaces y gráficos en el original)

Los sondeos preelectorales del 29-N sitúan a Podemos rondando el 1 %... Es, en su mayor parte, una herida autoinfligida, abierta lentamente con el bisturí del orgullo, la personalización del liderazgo, la confusión entre lealtad y disciplina... Podemos recogió tres herencias: el descontento del 15M, la indignación ante la corrupción y el hartazgo de una generación joven, urbana y formada que no se reconocía ni en el PSOE ni en IU... Aquel Podemos prometía tres cosas que, vistas hoy, duele leer: democracia participativa real, fin del turno de partidos y regeneración ética. Era un relato movilizador, pero también un contrato moral con su base. Cuando, años después las tres promesas se fueron incumpliendo, la desilusión no fue proporcional al fracaso, fue exponencial... Bajo la secretaría general de Pablo Iglesias, Podemos inició su declive electoral... El estilo Iglesias descansó en tres piezas: la movilización permanente contra enemigos externos, reales o supuestos; la personalización extrema del liderazgo, visible hasta en su salida mediante un dedazo sin transición colectiva; y la conversión de toda discrepancia estratégica en deslealtad personal. No instauró un régimen autoritario formal, pero sí facilitó una cultura interna en la que la lealtad pesó más que el debate, la sospecha más que la deliberación y el relato más que el programa... El partido que en sus documentos defendía los círculos, las asambleas y la horizontalidad acabó convertido en una estructura online con escasos cuadros locales y congresos que se resolvían como batallas faccionales por el control... La trayectoria de Podemos en los últimos años representa una de las caídas más dolorosas y autolesivas de la izquierda española reciente... lo urgente no es salvar a Podemos. Lo urgente es salvar lo que Podemos quiso defender y ya no puede: los derechos de quienes no tienen voz en este debate y que, sin embargo, son sus víctimas silenciosas (J. Luis Carpintero Avellaneda)

"El declive de Podemos y el precio de la fragmentación de la izquierda.

Podemos ha pasado de ser, en diciembre de 2015, la tercera fuerza del Congreso, con 69 escaños y el 20,7 % de los votos, a una formación que los sondeos preelectorales del 29-N sitúan rondando el 1 %, sin escaños asegurados en la mayoría de las encuestas y con riesgo real de quedar por detrás incluso de ERC en Cataluña, donde ha decidido concurrir en listas conjuntas con Gabriel Rufián. En apenas once años, el partido que encarnó la ilusión transformadora de una generación se ha convertido en un cadáver político que aún respira. Y, lo que es peor, respira en un momento en que la derecha, unida y crecida, acecha cada grieta de su adversario.

Esta caída no es obra exclusiva de sus enemigos ni del calendario. Es, en su mayor parte, una herida autoinfligida, abierta lentamente con el bisturí del orgullo, la personalización del liderazgo, la confusión entre lealtad y disciplina y una tentación recurrente: la de confundir la pureza identitaria con la fuerza transformadora. Las consecuencias no recaerán sobre los dirigentes que la provocaron, que conservarán actas, cátedras, podcasts y patrimonio simbólico, sino sobre quienes siempre dependen de una izquierda fuerte para no quedar desprotegidos: las mujeres maltratadas, los jóvenes sin futuro, las personas en situación de dependencia, los migrantes, el colectivo LGTBI, los trabajadores precarios. De ellos, y no de las siglas, debería estar hablando hoy Podemos. De ellos calla.

Podemos irrumpió en 2014 recogiendo tres herencias que el sistema del 78 se había negado a procesar: el descontento del 15M, la indignación ante la corrupción y el hartazgo de una generación joven, urbana y formada que no se reconocía ni en el PSOE ni en IU. La comunicación televisiva de Pablo Iglesias, el rigor analítico de Carolina Bescansa, la energía transversal de Íñigo Errejón y la mirada territorial de Juan Carlos Monedero formaron un núcleo que parecía convocar a todos los descontentos sin pedirles carné de nada. En las generales de 2015 logró 69 diputados y el 20,68 % de los votos. Por primera vez en décadas, la izquierda española no solo no perdía: crecía, y lo hacía sin pedir permiso a nadie.

Aquel Podemos prometía tres cosas que, vistas hoy, duele leer: democracia participativa real, fin del turno de partidos y regeneración ética. Era un relato movilizador, pero también un contrato moral con su base. Cuando, años después las tres promesas se fueron incumpliendo, la desilusión no fue proporcional al fracaso: fue exponencial, porque el incumplidor era quien mejor había sabido verbalizar la exigencia ética.

El descenso no fue lineal ni producto de una derrota externa. Fue un goteo constante de quienes habían construido el proyecto. Carolina Bescansa abandonó la Ejecutiva en 2017, antes de Vistalegre II, en medio del choque Iglesias-Errejón. Lilith Verstrynge, exsecretaria de Organización y considerada número tres del partido, devolvió su acta de diputada en enero de 2024. Íñigo Errejón dejó Podemos en 2019 para fundar Más País. Le siguieron Alberto Rodríguez, Rafa Mayoral, Pablo Echenique en su versión más crítica, Rafael Mayalde, Ada Colau y tantos cuadros territoriales cuya suma, hoy, configuraría por sí sola una alternativa seria de gobierno.

Lo singular no es que un partido pierda cuadros: lo singular es que los cuadros que se van coinciden, casi palabra por palabra, en el diagnóstico. Concentración de decisiones en el núcleo de Pablo Iglesias, reducción del debate a una lucha de lealtades, debilidad organizativa territorial y ausencia de mecanismos reales de democracia interna. Cuando tres cofundadores y dos secretarias de Organización dicen lo mismo con años de diferencia y desde posiciones ideológicas distintas, no hay antipatía personal: hay evidencia.

Bajo la secretaría general de Pablo Iglesias, Podemos inició su declive electoral. En noviembre de 2019, ya en coalición con IU, bajó a 26 escaños y el 9,91 % de los votos. Iglesias dejó la secretaría general en 2021 atribuyéndolo a un acoso mediático, judicial y político que describió en términos casi bélicos: “Estado profundo”, ausencia de “plena normalidad democrática”, amenaza fascista permanente. Su narrativa externalizó la causa del deterioro: el enemigo estaba siempre fuera. Esta operación discursiva, eficacísima para movilizar a un núcleo duro de fieles, resultó demoledora para conservar a una base social más amplia que esperaba reformas concretas y no eterna beligerancia.

El estilo Iglesias descansó en tres piezas: la movilización permanente contra enemigos externos, reales o supuestos; la personalización extrema del liderazgo, visible hasta en su salida mediante un dedazo sin transición colectiva; y la conversión de toda discrepancia estratégica en deslealtad personal. No instauró un régimen autoritario formal, pero sí facilitó una cultura interna en la que la lealtad pesó más que el debate, la sospecha más que la deliberación y el relato más que el programa. El daño no se midió entonces: se mide ahora, en cifras electorales y en agendas políticas que ya no incluyen a Podemos como interlocutor.

El partido que en sus documentos defendía los círculos, las asambleas y la horizontalidad acabó convertido en una estructura online con escasos cuadros locales y congresos que se resolvían como batallas faccionales por el control. La crítica interna se presentaba como ataque al proyecto. La fidelidad al líder y al relato de los enemigos externos desplazó a la deliberación plural. Verstrynge describió con precisión cómo la “lealtad ciega” sustituyó al debate y cómo se instaló una cultura de sospecha hacia disidentes y periodistas, una cultura que encontró en la supuesta amenaza fascista permanente su coartada emocional.

Este desajuste entre el discurso horizontal y la práctica vertical generó incoherencias perceptibles para la ciudadanía. Una parte de la militancia se alineó con el liderazgo dominante; otra, la más crítica, abandonó. La ausencia de un clima que favoreciera el espíritu crítico debilitó la capacidad de renovación y adaptación, y contribuyó decisivamente a la desconexión con la base social más amplia. Cuando un partido premia la fidelidad sobre la competencia y el relato sobre el resultado, el órgano que se atrofia primero es la mirada: deja de ver al país y solo se ve a sí mismo.

A los factores internos se sumaron otros estrictamente electorales. El partido se refugió en un lenguaje militante y en la confrontación permanente, dejando de dialogar con electores más amplios. La ruptura con Errejón, la competencia con Frente Amplio y el posterior canibalismo de votos por parte del PSOE erosionaron al electorado morado. Las salidas de parlamentos autonómicos en Andalucía, Aragón, Castilla y León y, sobre todo, en la Comunidad de Madrid dibujaron un mapa territorial cada vez más débil. A la pérdida de representación se sumó una crisis financiera que redujo drásticamente los ingresos públicos y agravó la debilidad estructural. La desilusión, en suma, no se explica solo por ataques externos: se explica por la percepción de que Podemos incumplió sus promesas fundacionales de renovación democrática y participación real.

La negativa de Podemos a integrarse en una candidatura unitaria de la izquierda transformadora —Frente Amplio, heredera de Sumar y encabezada por Ada Colau— y su apuesta por una colaboración preferente con ERC, encabezada por Gabriel Rufián, constituyen uno de los factores más recientes y visibles del acelerado declive. La ruptura se formalizó antes del 16 de octubre de 2026, plazo legal para registrar coaliciones, y desde entonces ambas formaciones solo han logrado acuerdos puntuales en la Comunidad Valenciana y Canarias. El resto del mapa se presenta fragmentado, con dos papeletas rivales a la izquierda del PSOE en la inmensa mayoría de circunscripciones.

La estrategia se justificó como defensa de la “izquierda transformadora” frente a un Frente Amplio percibido como demasiado moderado. Sin embargo, las consecuencias han sido claras y penosas. Los sondeos preelectorales sitúan a Frente Amplio en torno al 3,7 % y a Podemos en el 1-1,5 %, con riesgo real de que los morados queden sin representación o con un único escaño. Una candidatura conjunta podría haber sumado el doble de escaños y presentado una alternativa creíble a la derecha. Muchos exvotantes de Sumar y Frente Amplio, según los barómetros del CIS, optan ahora por el PSOE como opción más efectiva para frenar al bloque PP-Vox. Podemos atrae muy pocos de esos votantes: ya no es ni siquiera la opción útil para frenar a la derecha, que es lo último que le quedaba.

El pacto con ERC —Rufián con Podemos aportando candidatos independientes a las listas republicanas en Cataluña y actos conjuntos— fue presentado por Ione Belarra como una “alianza republicana” y como “voto útil” frente a PP y PSOE. La realidad ha sido otra. La operación ha complicado y descolocado a Frente Amplio, que esperaba una lista conjunta con Rufián. Ha reforzado la imagen de Podemos como fuerza más interesada en acuerdos con nacionalistas catalanes que en la unidad de la izquierda estatal. Y ha sido percibida por muchos ciudadanos como una renuncia a disputar el espacio amplio de la izquierda transformadora, priorizando la diferenciación frente a la suma.

En un momento de ascenso de la derecha y fragmentación progresista, esta estrategia acelera la fuga de votantes moderados o pragmáticos hacia el PSOE o la abstención. La política identitaria, legítima cuando se inscribe en un proyecto compartido, se vuelve suicida cuando se utiliza como trinchera frente a quienes deberían ser aliados. La izquierda transformadora no necesita más pureza: necesita más suma. Y, sin embargo, Podemos ha elegido exactamente lo contrario en el peor momento posible.

Otro factor decisivo en el abandono de amplios sectores de mujeres fue la gestión de la ley del “sí es sí”. Impulsada con legítima ambición feminista, la norma pretendía colocar el consentimiento en el centro y eliminar barreras probatorias que humillaban a las víctimas. Su aplicación, sin embargo, generó revisiones de condenas y excarcelaciones que provocaron una alarma social legítima. En lugar de reconocer los fallos técnicos de la redacción original y proponer correcciones rápidas que mantuvieran el espíritu de la ley, la dirección de Podemos optó por una defensa cerrada de Irene Montero, atribuyendo todos los problemas al “machismo judicial” y rechazando cualquier reforma que reintrodujera elementos de violencia o intimidación.

Esta postura, carente de autocrítica y de explicación serena a la ciudadanía, generó desilusión entre sectores feministas y votantes progresistas que esperaban responsabilidad y rectificación. El daño a la credibilidad del partido en uno de los terrenos donde más apoyo había cosechado fue profundo y, al parecer, duradero: las mujeres que en 2015 y 2019 vieron en Podemos su mejor aliado parlamentario migraron en masa al PSOE o a Sumar/Frente Amplio, y no han vuelto. Perder al feminismo no es perder un votante: es perder el alma del proyecto.

Los sondeos del 29-N son contundentes. El macrobarómetro del CIS publicado el 12 de noviembre sitúa al PSOE en el 33,3 % y 134-143 escaños; a ERC en 10-14 escaños y el 3,1 % del voto; a Frente Amplio en torno al 3,7 %; y a Podemos rozando el 1 %, por debajo incluso de EH Bildu en algunas proyecciones. El sondeo de El Mundo del 18 de noviembre confirma la caída morada por debajo del 1 %. LaSexta, en su recopilación de los cuatro sondeos preelectorales, sitúa a Podemos en el 1,1 % y a Frente Amplio en el 3,7 %. Si se confirma este escenario, Podemos pasará a una irrelevancia parlamentaria y mediática que comprometería su supervivencia organizativa y financiera.

Pero las consecuencias de esta reducción de la izquierda alternativa van mucho más allá de la supervivencia de un partido. Un debilitamiento significativo de las fuerzas progresistas abre la puerta a un gobierno de PP y Vox que podría revertir años de avances en políticas sociales. Y ahí, en ese escenario silencioso que casi nadie nombra, es donde la fragmentación deja de ser un debate de siglas para convertirse en una cuestión moral.

Aquí conviene detenerse, porque los números fríos no transmiten lo que de verdad está en juego. La fragmentación de la izquierda transformadora no es un debate interno entre siglas, ni una disputa de laboratorio, ni una cuestión de orgullo entre cúpulas: es una decisión que tiene rostros concretos, nombres y apellidos, vidas que dependen de qué legislatura se apruebe, con qué mayoría y con qué redacción. Cuando dos formaciones que sumarían el doble juntas deciden presentarse por separado, no están regalando escaños a la derecha: están regalando leyes, presupuestos, sentencias y decretos que, durante cuatro años, decidirán quién duerme en la calle, quién conserva una pensión, quién aborta en condiciones seguras y quién no.

Pensemos, por ejemplo, en la mujer maltratada que acude a un centro de atención integral y descubre que, con un gobierno del PP-Vox, aquel recurso ha sido externalizado, reducido o clausurado por falta de financiación. Pensemos en la joven que en 2023 pudo interrumpir un embarazo en un hospital público sin desplazarse a otra comunidad y que, bajo una eventual reforma de la ley del aborto impulsada por Vox, se verá obligada a viajar cientos de kilómetros o a recurrir a la clandestinidad, como ya ocurrió en Castilla y León. Pensemos en la persona con dependencia severa cuya familia ha agotado el ahorro esperando una plaza residencial que congelará el primer presupuesto conservador que recorte el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Pensemos en el adolescente trans cuya identidad fue reconocida por una ley que la derecha promete derogar el primer día de legislatura.

Pensemos en el joven inmigrante que llegó siendo menor y que, gracias a los avances en documentación, pudo regularizar su situación; piénsese cómo quedará cuando una reforma restrictiva le devuelva a la economía sumergida, al sinhogarismo, al sin papeles. Pensemos en las familias monoparentales que dependen del ingreso mínimo vital para comer, en los trabajadores precarios que solo sobreviven gracias a la regulación de los repartidores y a la restricción de los contratos de obra o servicio, en las víctimas de desahucio que se sostienen gracias a la mediación social pública, en las trabajadoras del hogar cuya cotización obligatoria —logro tardío y frágil— podría revertirse en una sola reforma laboral. En todas y cada una de esas vidas, la fragmentación de la izquierda no es una derrota electoral: es una sentencia.

Lo que hoy parece una disputa interna entre Podemos, Frente Amplio y Sumar podría traducirse, en la práctica, en retrocesos concretos que deterioren la vida de quienes más necesitan de una izquierda fuerte, unida y capaz de defender sus derechos. Cada escaño que se pierde por no haber querido sumar es, el día después de las elecciones, una ley que no se aprueba, una partida que no se eleva, una sentencia del Tribunal Constitucional que se inclina al otro lado, un reglamento autonómico que recorta derechos. La derecha lo sabe y por eso se une: PP y Vox han sellado pactos en más de ciento cincuenta instituciones, desde diputaciones provinciales hasta ayuntamientos de gran ciudad, sin que las identidades de cada sigla se vean comprometidas. La izquierda, en cambio, ha preferido el orgullo a la suma, la diferencia a la influencia, la pureza al poder real. Es una elección moral, y sus víctimas no votarán nunca a quien las protegió: sencillamente, dejarán de ser protegidas.

La fragmentación no es solo un error táctico: es una amenaza real para los más débiles. Y es, sobre todo, una irresponsabilidad histórica. Las conquistas sociales no se pierden por asalto: se pierden por abandono, por cansancio, por la incapacidad de quienes debían defenderlas para entender que defenderlas requiere, antes que cualquier otra cosa, estar juntos. Cuando una izquierda se rompe, no se rompe una sigla: se rompe una red de protección cuya rotura la pagan, calle abajo, quienes nunca pisaron un Congreso.

La trayectoria de Podemos en los últimos años representa una de las caídas más dolorosas y autolesivas de la izquierda española reciente. Lo que nació como un movimiento ilusionante, capaz de canalizar el descontento contra la corrupción, la desigualdad y el régimen del 78, ha terminado encerrado en una espiral de decisiones que han alejado a su propio electorado. Si el 29 de noviembre se confirma lo que anticipan los sondeos, el partido entrará en una travesía del desierto que difícilmente podrá recorrer sin caja, sin cuadros y sin aliados. Habrá tiempo para el balance interno; habrá tiempo para la autocrítica y para las reconstrucciones.

Pero lo urgente no es salvar a Podemos. Lo urgente es salvar lo que Podemos quiso defender y ya no puede: los derechos de quienes no tienen voz en este debate y que, sin embargo, son sus víctimas silenciosas. La izquierda transformadora española tiene nueve días para recordar por qué existe. Si no lo hace, el precio no lo pagarán sus dirigentes: lo pagarán las mujeres, los jóvenes, los dependientes, los migrantes, el colectivo LGTBI y los trabajadores precarios a los que esta izquierda prometió, una vez, que nunca estarían solos."

(J. Luis Carpintero Avellaneda  , Rebelión, 21/11/26) 

Zucman, Piketty, Mazzucato y otros intelectuales suscriben el Manifiesto de París "contra la oligarquía internacional"... La propuesta desarrolla la idea de que "los multimillonarios amenazan la democracia"... Zucman asegura que espera que si Pedro Sánchez vuelve a presidir el Gobierno español, continúe liderando en la escena internacional la iniciativa de un impuesto a los multimillonarios... La extrema riqueza se ha disparado... Frente a esa explosión, hace falta construir una internacional democrática... Con un impuesto mínimo a los ultrarricos combinado con la recuperación de los impuestos impagados en el pasado, una mayor independencia de los medios de comunicación y una mejor protección de los periodistas frente a las injerencias y la censura, y un nuevo modelo de propiedad, internacional y desprivatizado, para las empresas de inteligencia artificial, las fuerzas democráticas del mundo pueden recuperar la ventaja... Están en juego la supervivencia de las democracias y la habitabilidad del planeta

"Zucman, Piketty, Mazzucato y otros intelectuales suscriben el Manifiesto de París "contra la oligarquía internacional"

Más de un centenar de intelectuales han respaldado este sábado 21 de noviembre el Manifiesto de París "contra la oligarquía internacional". Entre ellos se encuentran economistas como Gabriel Zucman, promotor de la idea de un impuesto a los multimillonarios, Thomas Piketty o Mariana Mazzucato.

Zucman: "La extrema riqueza se ha disparado"

Zucman espera que si Sánchez gana, siga liderando la iniciativa del impuesto a multimillonarios

Manifiesto traducido al español que figura en la web, suscrito por los firmantes

(Publico, 22/11/26) 

La Fundación Hind Rajab ha instado a Alemania a detener a un soldado israelí, Almog Keisi, que ha sido visto esta semana en Lüneburg, acusándolo de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y actos de genocidio en Gaza... amparándose en el principio de jurisdicción universal establecido en el artículo 1 del Código alemán de Delitos contra el Derecho Internacional, que abarca el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra... Las autoridades alemanas pueden ejercer su jurisdicción sobre estos delitos independientemente de la nacionalidad del sospechoso o del lugar en el que se hayan cometido los presuntos delitos... «Alemania ha recibido anteriormente pruebas contra presuntos criminales de guerra y optó por hacer la vista gorda. Mientras tanto, detiene y procesa a personas por ondear keffiyehs o corear consignas contra el genocidio... Así pues, la pregunta sigue en pie: ¿durante cuánto tiempo seguirá Alemania dedicando sus recursos a procesar a quienes luchan contra el genocidio en lugar de a quienes lo cometen?» (Middle East Eye)

"La Fundación Hind Rajab (HRF) ha instado a Alemania a detener a un soldado israelí, Almog Keisi, que ha sido avistado esta semana en Lüneburg, acusándolo de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y actos de genocidio en Gaza.

En un comunicado, la fundación ha indicado que ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía Federal de Alemania en Karlsruhe, amparándose en el principio de jurisdicción universal establecido en el artículo 1 del Código alemán de Delitos contra el Derecho Internacional, que abarca el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra.

Las autoridades alemanas pueden ejercer su jurisdicción sobre estos delitos independientemente de la nacionalidad del sospechoso o del lugar en el que se hayan cometido los presuntos delitos, según se lee en el comunicado.

La HRF afirmó que Keisi participó en el incendio de edificios residenciales en el barrio de Sheikh Radwan, en la ciudad de Gaza, entre el 9 y el 10 de octubre de 2025, tras el anuncio de un acuerdo de alto el fuego y antes de la retirada de las fuerzas israelíes del norte de Gaza.

Según la denuncia, Keisi publicó el 10 de octubre fotografías en las que se le veía colocando explosivos alrededor de objetos civiles y, posteriormente, posando frente a edificios envueltos en llamas. Otros soldados de la Brigada Givati también compartieron fotografías de las estructuras en llamas, describiendo la destrucción como una despedida festiva.

HRF afirmó que había geolocalizado los edificios cerca del Instituto Femenino Al-Mawhobeen y citó datos de detección de incendios de la NASA e imágenes de satélite como pruebas que corroboraban los incendios y los daños.

Dyab Abou Jahjah, director general de HRF, declaró: «Alemania ha recibido anteriormente pruebas contra presuntos criminales de guerra y optó por hacer la vista gorda. Mientras tanto, detiene y procesa a personas por ondear keffiyehs o corear consignas contra el genocidio».

«Así pues, la pregunta sigue en pie: ¿durante cuánto tiempo seguirá Alemania dedicando sus recursos a procesar a quienes luchan contra el genocidio en lugar de a quienes lo cometen?»"

(Middle East Eye, 22/11/26, traducción Salvador L. Arnal)

La estrategia del PP y de Vox, esta vez es diferente, porque una sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo —la Sala Tercera— hará que la profecía del pucherazo se autocumpla... ¿Cómo? Con la suspensión provisional del derecho de voto en el extranjero de cuatrocientos mil ciudadanos nacionalizados con la llamada ley de nietos de los exiliados españoles de 2022, sin darles la oportunidad de presentar alegaciones... La Sala Tercera dispara primero sobre el artículo 68.5 de la Constitución y pregunta después... Con ello da credibilidad a las acusaciones contra Sánchez... la sección cuarta está integrada por una compacta mayoría derechista de pura raza, excepto una mujer, la magistrada Alicia Millán, quien les advierte de que no están midiendo lo que acaban de hacer, porque se basan en una «hipótesis futura e incierta», mientras que el perjuicio causado es «inmediato, efectivo y plenamente identificable» (Ernesto Ekaizer)

"(...) Ahora la consigna de la derecha y la extrema derecha es el peligro de pucherazo, la guinda de la criminalización de Sánchez. Las dos vías son la empresa Correos y la llamada ley de nietos de 2022.

Aunque aparentemente no hay nada nuevo bajo el sol en la estrategia del PP y de Vox, esta vez es diferente.

Porque una sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo —la Sala Tercera— hará que la profecía del pucherazo se autocumpla.

¿Cómo? Con la suspensión provisional del derecho de voto en el extranjero de cuatrocientos mil ciudadanos nacionalizados con la llamada ley de nietos de los exiliados españoles de 2022, sin darles la oportunidad de presentar alegaciones.

La Sala Tercera dispara primero sobre el artículo 68.5 de la Constitución y pregunta después.

Con ello da credibilidad a las acusaciones contra Sánchez.

Nadie repara en que la sección cuarta está integrada por una compacta mayoría derechista de pura raza, excepto una mujer, la magistrada Alicia Millán, quien les advierte de que no están midiendo lo que acaban de hacer, porque se basan en una «hipótesis futura e incierta», mientras que el perjuicio causado es «inmediato, efectivo y plenamente identificable».

Y, en cuanto a Correos, Alberto Núñez Feijóo dirá: «He sido presidente de Correos. Primero, confío en los carteros de Correos; segundo, confío plenamente en los empleados públicos de Correos; tercero, no confío en los directivos de Correos».

¡Bienvenidas y bienvenidos a Estado de Golpe!"

 (Ernesto Ekaizer , blog, 21/11/26)

21.11.26

Una explicación breve del efecto dominó de un sistema de capitalización para la jubilación: Hay una aportación pública, pero junto a esto es necesario abrir una cuenta de ahorro individual con un tratamiento fiscal especial... Este dinero es puesto junto a otro creando bolsas de capital ingentes que han de generar beneficios... Los Fondos Buitres pasan a gestionar estas bolsas de capital y lo invierten en vivienda, sanidad y educación privada... Como resultado de políticas paralelas, estos servicios públicos comienzan a deteriorarse. Pasas a contratar servicios privados de sanidad y a escolarizar a tus hijos en escuelas concertadas y privadas. La vivienda se encarece aun más... Los rendimientos generados por estos fondos son insuficientes para complementar tu pensión pública, con lo que alargas tu vida laboral... Pagas un coste cada vez mayor por servicios que antes eran decentes y financiados con impuestos, tu vivienda es cada vez más cara porque es un activo financiero y tu jubilación no te llega y tienes trabajar más años. Llegas a ser un pobre como en EEUU (Jose Mansilla)

 Jose Mansilla @antroperplejo

Una explicación breve del efecto dominó de un sistema de capitalización para la jubilación: 

1.- Hay una aportación pública, pero junto a esto es necesario abrir una cuenta de ahorro individual con un tratamiento fiscal especial. 

 2.- Este dinero es puesto junto a otro creando bolsas de capital ingentes que han de generar beneficios. 

 3.- Los Fondos Buitres pasan a gestionar estas bolsas de capital y lo invierten en vivienda, sanidad y educación privada. 

 4.- Como resultado de políticas paralelas, estos servicios publicos comienzan a deteriorarse. Pasas a contratar servicios privados de sanidad y a escolarizar a tus hijos en escuelas concertadas y privadas. La vivienda se encarece aun más. 

 5.- Los rendimientos generados por estos fondos son insuficientes para complementar tu pensión pública, con lo que alargas tu vida laboral. 

6.- Los salarios no suben, porque liberar parte de las aportaciones a la SS por parte de las empresas no se destina a tu salario. 

 y 7.- Pagas un coste cada vez mayor por servicios que antes eran decentes y financiados con impuestos, tu vivienda es cada vez más cara porque es un activo financiero y tu jubilación no te llega y tienes trabajar más años. Llegas a ser un pobre como en EEUU. 

3:05 p. m. · 15 oct. 2026·2.564 Visualizaciones

Ernesto Ekaizer: En España no hay estrictamente cloacas. El problema más serio es que las instituciones se han convertido en cloacas... Pensemos en Kitchen. ¿Cómo vamos a hablar solo de cloacas si en el procedimiento aparecen implicados responsables situados en la planta noble del Ministerio del Interior? Estamos hablando del exministro Jorge Fernández Díaz, de altos cargos de Seguridad y de mandos policiales, entre ellos Eugenio Pino... La discusión, para mí, no es si había funcionarios que actuaban a escondidas, sino qué responsabilidades podían existir en la estructura formal del poder. Eso es mucho más grave que la imagen de un grupo de agentes operando al margen de sus superiores... en España, la transición política de un partido a otro, la alternancia en el poder, se produce en ocasiones en medio de una crispación enorme, con características que considero golpistas... Después del fracaso de la investidura de Feijóo, Aznar lanza el conocido “el que pueda hacer, que haga; el que pueda hablar, que hable”. A partir de ahí se produce una secuencia de iniciativas judiciales y políticas, incluidas las promovidas por Manos Limpias contra David Sánchez y Begoña Gómez. Para mí, esa secuencia es fundamental... la Ley de Amnistía es el centro de esa confrontación institucional, porque el grueso de la actividad que cohesiona a una parte de la judicatura frente al Gobierno se desarrolla alrededor de la amnistía. A partir de 2018, y especialmente de 2023, ya no hablamos únicamente de jueces aislados, sino de un bloque con un liderazgo reconocible, que yo sitúo en torno al Tribunal Supremo y a las batallas sobre la amnistía. Por eso hablo de “sindicato mediático-judicial”, con Marchena como el motor de un círculo que conecta a los tribunales, a determinados medios de comunicación y, después, a la política... a eso se suma un componente ideológico. En mi opinión, dentro de una judicatura muy conservadora hay sectores que rechazan profundamente las transformaciones sociales impulsadas por la izquierda: el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo o la eutanasia. Eso crea un terreno común que no depende únicamente de un partido o de un episodio judicial

 "Ernesto Ekaizer: “El problema más serio es que las instituciones se han convertido en cloacas”.

El periodista presenta 'Estado de golpe' y analiza el papel de los tribunales, los medios y la derecha en los conflictos políticos recientes

Ernesto Ekaizer acaba de publicar Estado de golpe. Una historia de guerra sucia, un libro en el que reconstruye las relaciones entre política, justicia y medios de comunicación desde los años noventa hasta la actualidad. En esta conversación con José María Garrido, director de ElPlural.com, el periodista aborda las similitudes que aprecia entre las ofensivas contra Felipe González y Pedro Sánchez, el papel del Tribunal Supremo en el procés, las controversias en torno a la amnistía y las conexiones entre determinados magistrados y medios. Sus conclusiones son severas, pero también distingue entre las investigaciones judiciales y la utilización política de sus resultados.

 PREGUNTA: Acabas de publicar Estado de golpe. Una historia de guerra sucia. Es un título muy contundente y un libro que retrata las guerras de poder dentro de las instituciones. ¿Qué te llevó a escribirlo?

RESPUESTA: Lo que me llevó a escribirlo es que he sido testigo, más que periodista, de una serie de acontecimientos del mundo político y jurídico que están muy interrelacionados. Es difícil encontrar a mucha gente que haya seguido todos esos episodios de cerca. Me ha tocado a mí reconstruirlos.

P: Hablas de lo que solemos denominar las cloacas, aunque en el libro vas más allá y entras en las relaciones entre poder político, judicial y mediático. ¿Compartes ese término?

R: Yo tengo mi propio concepto de las cloacas. En España, en mi opinión, no hay estrictamente cloacas. El problema más serio es que las instituciones se han convertido en cloacas. No estamos hablando únicamente de actuaciones ocultas o de personajes que se mueven en los márgenes del Estado. Lo que trato de describir es algo que afecta a las propias instituciones.

P: Para explicar la situación actual te remontas a los años noventa y al llamado Sindicato del Crimen. ¿Qué patrón encuentras entre aquella etapa y la actual?

R: Eso es lo que busco en el libro, una especie de Santo Grial. Jesús Cintora dice que soy una especie de Indiana Jones. Lo que quiero encontrar es el patrón por el cual, en España, la transición política de un partido a otro, la alternancia en el poder, se produce en ocasiones en medio de una crispación enorme, con características que considero golpistas.

Lo vimos durante los gobiernos de Felipe González, especialmente entre 1993 y 1996. En aquella época surgió lo que se llamó el Sindicato del Crimen, una asociación informal de periodistas. Había escándalos muy graves y, en mi opinión, una corrupción sistémica. No se puede negar. Pero esos periodistas desconfiaban de que José María Aznar pudiera capitalizar políticamente los escándalos hasta derrotar a González. Aznar pensaba que ganaría las elecciones y no ganó. Los casos de corrupción existían antes, pero a partir de entonces se colocó sobre ellos un amplificador gigantesco. Hablo de Filesa, de la fuga y la corrupción de Luis Roldán, de Mariano Rubio, de las dimisiones de ministros y, finalmente, del GAL y del secuestro de Segundo Marey. Aquel proceso desembocó en condenas de enorme trascendencia, como las de José Barrionuevo y Rafael Vera. Lo que sostengo es que ese patrón de lucha por el poder reaparece después, sobre todo a partir de 2018 y de 2023. Y lo hace en un contexto diferente, con el PP y también con Vox. Los escándalos de corrupción existen, pero me interesa cómo se amplifican y cómo se articulan las ofensivas políticas alrededor de ellos.

El caso de José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama tiene una dimensión que hay que investigar. Sobre Santos Cerdán, en cambio, sigo planteando preguntas acerca de la concreción de determinados indicios económicos. El hecho de que exista una investigación no nos exime de examinar qué se ha acreditado en cada fase.

Después del fracaso de la investidura de Feijóo, Aznar lanza el conocido “el que pueda hacer, que haga; el que pueda hablar, que hable”. A partir de ahí se produce una secuencia de iniciativas judiciales y políticas, incluidas las promovidas por Manos Limpias contra David Sánchez y Begoña Gómez. Para mí, esa secuencia es fundamental.

P: Hay un episodio del libro que llama especialmente la atención: las sospechas de pucherazo en las elecciones de 1993. La idea de cuestionar la limpieza electoral no nació en 2023...

R: Exactamente. En 1993 aparecen Alberto Ruiz-Gallardón y Javier Arenas hablando de un posible pucherazo. Eran dirigentes relevantes. Se produce una crisis política y, según reconstruyo, Felipe González habla con Juan Carlos I, que a su vez habla con Aznar. Finalmente, Aznar se retira de aquella acusación. No aportaron pruebas de ese supuesto fraude más allá de las acusaciones vertidas por televisión.

En 2023 reapareció ese lenguaje, esta vez alrededor de Correos y del voto por correo. Feijóo habló de las condiciones de trabajo de los carteros y de pagarles horas extraordinarias si llegaba al Gobierno, en un clima en el que se alimentaban las sospechas electorales. Después hemos visto algo que considero todavía más preocupante: la intervención del Tribunal Supremo en la controversia sobre el voto de las personas nacionalizadas mediante la llamada ley de nietos. El ponente de las resoluciones es Antonio Narváez, antiguo magistrado del Tribunal Constitucional. A mi juicio, el problema es que una hipótesis sobre una posible manipulación electoral adquiere otra dimensión cuando se incorpora a una resolución judicial. Eso no equivale a demostrar que exista un pucherazo.

P: En el libro sitúas la Ley de Amnistía en el centro de esa confrontación institucional. ¿Por qué?

R: Porque el grueso de la actividad que cohesiona a una parte de la judicatura frente al Gobierno se desarrolla alrededor de la amnistía. Pero hay que retroceder al procés para entenderlo. Durante el Gobierno de Rajoy se optó por situar el conflicto catalán en la vía judicial. José Manuel Maza, fiscal general del Estado, era una persona muy próxima a Manuel Marchena. La decisión de presentar la querella por los hechos del procés contribuyó a colocar al Tribunal Supremo en el centro de la situación política.

No había base para el delito de rebelión, que exige una violencia específica. Se podía discutir sobre desobediencia y otras conductas, pero la acusación de sedición ofreció una salida jurídica diferente. La Abogacía del Estado, dependiente del Ejecutivo, defendió precisamente esa calificación. Todo esto es esencial para comprender el juicio y la sentencia posterior. Marchena adquiere entonces un enorme protagonismo. La retransmisión del juicio por streaming hizo que se siguiera prácticamente como una serie. En mi libro Cataluña, año cero lo llamé un juicio “a lo Netflix”. No solo reforzó su posición dentro del Supremo, sino también su liderazgo entre muchos jueces de instancias inferiores.

P: Has descrito ese liderazgo como una de las principales diferencias con los años noventa. ¿Qué cambia en el papel de la Justicia?

R: En los años 1993-1996 también intervinieron jueces, pero eran sobre todo jueces estrella. Ahí estaba Baltasar Garzón, que había pasado por la política y después retomó la investigación del GAL; también Javier Gómez de Liaño y otros magistrados. La intervención judicial existía, pero, a mi juicio, tenía un carácter más individual.

A partir de 2018, y especialmente de 2023, creo que la respuesta es mucho más institucional. Ya no hablamos únicamente de jueces aislados, sino de un bloque con un liderazgo reconocible, que yo sitúo en torno al Tribunal Supremo y a las batallas sobre la amnistía. Por eso hablo de “sindicato mediático-judicial”. Los distintos actores saben qué objetivos persiguen. Por ejemplo, hemos visto cómo determinados votos particulares de magistrados del Tribunal Constitucional llegan a los medios antes de su difusión institucional. Eso refleja la existencia de un bloque.

P: En esa reconstrucción dedicas bastante espacio al caso de Aturem el Parlament, las protestas de 2011 contra los recortes en Cataluña. ¿Por qué es tan importante?

R: Porque permite entender que hubo otras interpretaciones jurídicas posibles. La Audiencia Nacional, con Ramón Sáez como ponente, absolvió a varios manifestantes que habían participado en las protestas ante el Parlament. La sentencia daba un peso decisivo al derecho de manifestación. Después, el Supremo revocó aquella absolución.

En 2019, durante el juicio del procés, Cándido Conde-Pumpido defendió en el Tribunal Constitucional una posición que habría permitido dar mayor protección al derecho de manifestación y evitar el efecto disuasorio de las condenas penales. Pero esa deliberación quedó condicionada por la proximidad de la sentencia del procés. Es decir, que se evitó una resolución que pudiera interferir en el trabajo de Marchena. ¿Qué habría ocurrido si se hubiera aprobado esa doctrina? Creo que podría haber cambiado el tratamiento jurídico de algunos conflictos de protesta y, quizá, el curso de parte de la crisis política. Es una valoración contrafactual, naturalmente, pero tiene importancia porque muestra que existían alternativas. Y hay un dato posterior: en septiembre de 2026 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos censuró las condenas por aquellas protestas. Para mí, ese pronunciamiento confirma la relevancia del debate que se había producido años antes.

P: También recuerdas el caso Atutxa. ¿Qué enseñan esos pronunciamientos europeos sobre las decisiones del Supremo?

R: El caso Atutxa fue un primer revés importante. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que se había vulnerado el derecho a un juicio justo al convertir una absolución en condena sin escuchar directamente a los afectados sobre aspectos subjetivos decisivos. No era una declaración sobre la inocencia o culpabilidad de fondo, sino sobre las garantías del procedimiento. Después el Supremo tuvo que anular la condena. El segundo episodio es el de Aturem el Parlament, donde Estrasburgo examinó el equilibrio entre el derecho de protesta y las condenas impuestas. Y el tercero, para mí, es la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a las cuestiones planteadas sobre la amnistía.

Son tribunales diferentes y asuntos diferentes. No hay que mezclarlos. Pero yo veo un hilo común en las correcciones o límites que llegan desde la justicia europea a determinadas interpretaciones adoptadas en España.

P: Tú sitúas a Marchena como el motor de un círculo que conecta a los tribunales, a determinados medios de comunicación y, después, a la política. ¿Por qué le atribuyes un papel tan central?

R: Porque tiene una gran habilidad y una extraordinaria capacidad de comunicación. Interviene en muchos asuntos y mantiene relaciones fluidas con periodistas. Habla con ellos, intercambia mensajes. Yo creo que eso contribuye a su influencia. Un ejemplo es la investigación que se abrió contra Victoria Rosell cuando era candidata de Podemos en Canarias, en contra de la posición del fiscal. También el papel que desempeñó el fiscal Fidel Cadena en los primeros debates sobre la calificación de rebelión en Cataluña y sobre la competencia del Tribunal Supremo. En una reunión impulsada por José Manuel Maza, Cadena defendió que los hechos debían investigarse como rebelión y en el Supremo, en lugar de quedar en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. He contado esa reunión en otros trabajos. Aquella decisión situó al Supremo en el centro del conflicto.

P: Y luego llega la amnistía. En el libro hablas de las "tres murallas" levantadas frente a su aplicación. ¿En qué consisten?

R: La primera es la interpretación de la malversación para considerar que determinados hechos no quedaban amnistiados. La segunda, la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Y la tercera, la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante una cuestión prejudicial. Lo interesante es que esa última vía quedó muy condicionada cuando otros órganos judiciales, entre ellos el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, plantearon sus propias preguntas ante Luxemburgo. En julio de 2026, el tribunal europeo respondió a cuestiones centrales sobre la compatibilidad de la ley con el Derecho de la Unión.

Marchena había anunciado en resoluciones que, si el Constitucional aceptaba aplicar la amnistía a la malversación, estudiaría acudir al TJUE. Las respuestas europeas redujeron considerablemente el margen para insistir en cuestiones ya aclaradas. Eso no significa que desaparecieran todas las controversias jurídicas, pero sí que cambió el escenario.

P: El otro gran protagonista político de tu relato es Aznar. ¿Hasta qué punto crees que sus palabras han marcado las actuaciones posteriores?

R: Aznar tiene una gran influencia y utiliza la fórmula que hemos mencionado - "El que pueda hacer, que haga; el que pueda hablar, que hable" -. La repite en distintas ocasiones y tiene un impacto tremendo. Pero yo diría que el verdadero elemento de cohesión de una parte de la judicatura ha sido la amnistía. A eso se suma un componente ideológico. En mi opinión, dentro de una judicatura muy conservadora hay sectores que rechazan profundamente las transformaciones sociales impulsadas por la izquierda: el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo o la eutanasia. Eso crea un terreno común que no depende únicamente de un partido o de un episodio judicial.

Por eso quería escribir un libro que funcionara como un espejo. No se trata solo de acumular datos, sino de darles una estructura que permita ver las relaciones entre los episodios. Ha sido un trabajo muy duro, sobre todo por la dificultad de ordenar una materia tan extensa.

P: Hablando del libro como espejo, recoges declaraciones de Marchena y asuntos que revelan aspectos de su posición sobre la amnistía que no aparecen con tanta claridad en sus autos.

R: Exactamente. Quiero que Marchena pueda mirarse y reconocer lo que dijo. Por ejemplo, él sostiene que la primera versión del proyecto de amnistía era mejor que la segunda. Mi interpretación es que aquella redacción le habría dejado menos margen para oponerse a su aplicación.

También habla de lo que realmente piensa sobre la amnistía y de una reunión con Pedro Sánchez el 30 de julio de 2020. En el libro reconstruyo cómo se abordó la posibilidad de que presidiera el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. Son episodios que ayudan a entender las relaciones institucionales, más allá de las resoluciones judiciales.

Y hay otra cuestión que me parece relevante: Marchena presentó su libro en el Colegio de la Abogacía de Madrid, una institución que había ejercido la acusación popular en el procedimiento contra el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el caso del correo relacionado con Alberto González Amador. Yo creo que esa elección suscita preguntas sobre la apariencia de imparcialidad. Es mi valoración, pero creo que un magistrado debe extremar esas cautelas.

P: En ese contexto destacas la posición de Ana Ferrer, que formó parte del tribunal del procés. ¿Por qué?

R: Porque, si hablamos de valentía, yo se la atribuyo a Ana Ferrer. Participó en la sentencia del procés, aceptó las condenas por sedición y las penas impuestas. Pero después, cuando llegó la amnistía, discrepó de la interpretación que se hacía del delito de malversación. Vino a decir que eso no era lo que el tribunal había condenado en su momento, y utilizó expresiones muy duras, como “ficción jurídica” o “entelequia”.

Para mí fue una decisión valiente porque significó separarse de la posición mayoritaria de sus compañeros. Sostengo que eso tuvo un coste personal dentro de la Sala Segunda. También ha firmado votos particulares en otros asuntos, como el de los ERE. Es importante subrayar que el desacuerdo dentro de un tribunal no convierte a nadie en adversario de la justicia: es parte del trabajo judicial.

P: Tú prefieres hablar de instituciones y no de cloacas. ¿La operación Kitchen es el ejemplo más claro de esa diferencia?

R: Sí. Siempre he discrepado del uso del término "cloacas" para describirlo todo. Pensemos en Kitchen. ¿Cómo vamos a hablar solo de cloacas si en el procedimiento aparecen implicados responsables situados en la planta noble del Ministerio del Interior? Estamos hablando del exministro Jorge Fernández Díaz, de altos cargos de Seguridad y de mandos policiales, entre ellos Eugenio Pino.

La discusión, para mí, no es si había funcionarios que actuaban a escondidas, sino qué responsabilidades podían existir en la estructura formal del poder. Eso es mucho más grave que la imagen de un grupo de agentes operando al margen de sus superiores.

P: El libro llega casi hasta la convocatoria electoral. Pero después se produjo la actuación de la UCO en el Tribunal de Cuentas, ya con la campaña a punto de comenzar. Tú has sido muy crítico con las circunstancias de esa diligencia.

R: Empecé a escribir el libro en julio y pensaba publicarlo en septiembre. Se fue retrasando y la actualidad se aceleró. Llegué a incorporar episodios muy recientes, como la controversia sobre la ley de nietos y algunos movimientos de la campaña, pero la actuación de la UCO en el Tribunal de Cuentas quedó fuera. El Tribunal de Cuentas es un órgano constitucional que fiscaliza las cuentas de las administraciones públicas y de los partidos, y también ejerce funciones jurisdiccionales en materia contable. Estamos hablando de un organismo de gran relevancia institucional.

Mi crítica se refiere a las condiciones en que se produjo la diligencia. Era una pieza declarada secreta y, sin embargo, las cámaras pudieron grabar a los agentes entrando en su sede. ¿Qué sentido tiene esa exhibición si la investigación está bajo secreto? ¿No podía realizarse de una manera más discreta, además en vísperas del comienzo de la campaña electoral?

Lo que cuestiono es la imagen pública que se produjo y su efecto político. Los agentes permanecieron muchas horas en el tribunal y solicitaron documentación con un plazo de respuesta que coincidía con los últimos días de campaña. A mi juicio, esa secuencia alimenta la impresión de que el PSOE está cercado por una investigación de financiación ilegal, aunque hay que precisar cuál es exactamente el objeto de las diligencias.

La investigación se refiere, entre otras cuestiones, al sistema de reintegros en efectivo de gastos adelantados por cargos del partido y a las posibles irregularidades contables que se están examinando. No podemos convertir automáticamente una investigación sobre esos movimientos en una afirmación acreditada de financiación ilegal. Esa distinción me parece imprescindible.

P: En paralelo, varios jueces han participado en jornadas organizadas por medios de comunicación. Has cuestionado especialmente las de OkDiario. ¿Por qué?

R: Porque el debate no debería limitarse a la independencia formal del juez. Hay que hablar también de la apariencia de imparcialidad. Un magistrado puede impartir conferencias o participar en actividades académicas, pero existe un régimen de incompatibilidades y de autorizaciones que debe respetarse.

A mí me preocupa la relación que se establece cuando un medio que interviene activamente en determinadas controversias judiciales organiza actos con magistrados que pueden tener asuntos relacionados con ellas. Es legítimo preguntarse si esa cercanía afecta a la confianza de los ciudadanos en la imparcialidad de la justicia. En la entrevista hemos hablado de las jornadas de Marbella y de la presencia anunciada de la jueza María Tardón, que finalmente no acudió.

P: Además de esas jornadas, has contado que conoces desde hace años a Eduardo Inda y que incluso te propuso trabajar en su periódico.

R: Sí. Eduardo Inda me ofreció ser responsable de Economía de su diario. Conozco bien cómo fue construyendo su proyecto porque coincidimos cubriendo asuntos como los sobresueldos: él trabajaba en El Mundo y yo en El País.

Cuando salió de El Mundo, creo que identificó un mercado para determinadas informaciones contra Podemos y el independentismo. Creo que había materiales procedentes de ámbitos policiales a los que se podía dar salida a través de un medio. He expresado esta opinión públicamente en otras ocasiones. Es una crítica a un modelo de relación entre información, fuentes y poder que considero muy perjudicial para el periodismo.

P: También has seguido de cerca las actuaciones del juez Juan Carlos Peinado. Incluso escribiste sobre su afición a los caballos de carreras, un aspecto menos conocido de su biografía.

R: Sí. Es una faceta curiosa. Él y su entorno familiar han estado vinculados a los caballos purasangre y a competiciones, especialmente en hipódromos franceses. Pero, más allá de esa actividad personal, lo importante es su actuación judicial.

Por ejemplo, en sus autos ha recurrido a comparaciones entre el entorno de Pedro Sánchez y el reinado de Fernando VII. No fue una alusión aislada; volvió a utilizarla en resoluciones posteriores. A mi juicio, eso revela una orientación y un sesgo que no deberían aparecer en una resolución judicial. La cuestión es la manera en que se expresa desde su posición institucional.

P: Has cuestionado también una filtración relacionada con el procedimiento de Begoña Gómez y la asistente Cristina Álvarez. ¿Qué sucedió?

R: El abogado José María de Pablo denunció que una providencia del juez apareció publicada en OkDiario antes de ser notificada a las partes mediante LexNET. Según la secuencia que he reconstruido, hubo una diferencia de unas quince horas entre la publicación y la notificación oficial.

La defensa reclamó que se aplicara la misma doctrina utilizada en otros procedimientos sobre filtraciones. Esa comparación me parece importante.

Además, observé que la información publicada fue modificada: donde inicialmente se decía que el juez había dictado una resolución, después aparecía que la dictaría. A mi juicio, esa secuencia apunta a una operación coordinada."

(Entrevista a Ernesto Ekaizer,  , El Plural, 21/11/26)