4.9.26

Partido Popular y Vox, ¿qué desean? Desean ver a Sánchez sentado en el banquillo ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo... No les salió con la amnistía. Tampoco con el hermano de Sánchez. No les salió con Begoña Gómez ni tampoco señalando la corrupción. Ahora quieren sentar al Presidente en el banquillo por Traición. Tienen mucha prisa por recuperar el gobierno (Enric Juliana, Fernando Berlín)

Fernando Berlín @radiocable

No les salió con la Amnistía; tampoco con el hermano de Sánchez. 

No les salió con Begoña Gómez ni tampoco señalando la corrupción. 

Ahora quieren sentar al Presidente en el banquillo por Traición. 

Tienen mucha prisa por recuperar el gobierno.

Declaraciones de Enric Juliana: https://x.com/HoyPorHoy/status/2095808624723411347/video/1

2:13 p. m. · 4 sept. 2026 ·21,3 mil Visualizaciones

"Yo destacaría dos puntos, dos notas.

Primero, los cañones de Wad-Ras. Si alguien nos dice hace 15 días que el presidente arrancaría un discurso en el Congreso de los Diputados mencionando que los leones del Congreso fueron fundidos con el bronce de los cañones requisados a Marruecos en la batalla de Wad-Ras en 1860, no nos lo creemos. ¿Y eso qué significa, más allá de la anécdota y del aporte histórico? Significa que ayer Sánchez empezó a modular la posición respecto a Marruecos. ¿Hasta dónde la modulará? Ese es uno de los interrogantes para la próxima y las siguientes semanas.

Pero hay más. La derecha, la oposición. Convergencia sobre un punto con modulación distinta, con versión distinta, pero ambos partidos, Partido Popular y Vox, ¿qué desean? Desean ver a Sánchez sentado en el banquillo ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Vox plantea lo siguiente. Acusar a Sánchez de alta traición. Ayer quedó perfectamente verbalizado por parte de Santiago Abascal. Vox recoge a Abascal una idea lanzada el pasado mes de julio por el jurista Pedro Cruz Villalón en un artículo en la prensa. Exmagistrado del Tribunal Constitucional. Acogido luego con cierto entusiasmo por algunos núcleos de opinión de Madrid.

Alta traición. Pero para ello debería aprobarse esta iniciativa en el Congreso de los Diputados. Artículo 102 de la Constitución. Nadie había reparado en él. Ha de faltar el 25% de los diputados para llevarlo a la discusión. Mayoría absoluta para aprobarlo y luego conducirlo al Tribunal Supremo.

Que debería ver si tiene lugar un juicio sobre ello. Una vía difícil. Necesitaría de arranque el voto del PP. El PP no se lo va a dar de entrada. Hoy por hoy no lo contemplan. Pero ayer habló del Tribunal Supremo.

Mencionó el Tribunal Supremo. ¿Y por qué mencionó el Tribunal Supremo ni que fuese de pasada? Porque el PP está pensando en la posibilidad de que la instrucción iniciada en la Audiencia Nacional por la juez Tardón, que estos días está siendo objeto de un primer barullo táctico, salte en algún momento determinado al Tribunal Supremo. Es decir, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. A la Sala Segunda rompe olas de todas las grandes tensiones de España."         (Ser,04/09/26)

Durante más de 40 años, Colombia ha sido frenada por redes criminales construidas en torno a un solo producto ilícito: la cocaína. La “industria” de la cocaína en Colombia equivale a un cuasi-sector exportador, y el negocio está en auge. Un estudio estima que solo en 2024, el narcotráfico de cocaína generó cerca de $16,500 millones de dólares para las organizaciones criminales—alrededor del 4.4% del PIB, más de lo que el país obtiene por sus exportaciones petroleras. A esto se suman los costos más amplios del crimen y la violencia—estimados por el BID y Fedesarrollo en 3.6% del PIB en 2022—y el lastre sobre el crecimiento se vuelve aún mayor... En México, las organizaciones criminales cobran, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, un impuesto ilegal—eufemísticamente llamado derecho de piso—solo por poder operar. Como cada eslabón de la cadena de distribución está sujeto a este tipo de cobros, los precios se inflan progresivamente: los limones que salen de la finca a 13 pesos ($0.77) el kilo pueden llegar a costar 85 pesos para cuando alcanzan al consumidor... México Evalúa calcula que la extorsión le cuesta al país alrededor del 2% del PIB anualmente... Esto ayuda a explicar por qué el crecimiento se ha mantenido obstinadamente débil, pese a unos fundamentos macroeconómicos en general sólidos... En Brasil, el crimen organizado opera cada vez más como un actor financiero sofisticado, en lugar de un depredador territorial. Organizaciones criminales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) se han diversificado mucho más allá del narcotráfico hacia la distribución de combustibles, la minería, los bienes raíces y los fondos de inversión. La reciente Operação Carbono Oculto destapó un esquema que utilizaba más de 1,000 gasolineras y empresas de fachada para lavar ganancias ilícitas a través del sistema financiero formal... En 2025, el Instituto Igarapé situó el valor total del crimen organizado en 10.24% del PIB—cerca de R$1.3 billones ($250,000 millones)... A lo largo de dos décadas, esto deja a estas economías entre un 15% y un 30% más pequeñas de lo que podrían haber sido. Eso, también, representa un alto costo humano (Guillermo Ortiz)

"Es casi seguro que América Latina paga el precio económico más alto del mundo por el crimen organizado. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el crimen le cuesta a América Latina y el Caribe (ALC) un promedio de 3.44% del PIB anualmente, equivalente al 78% de todo el gasto público en educación de la región. Pero hay discrepancias significativas dentro de ALC. Brasil, Colombia y México destacan tanto por la magnitud del problema como por la forma en que opera el crimen organizado.

Antes de pasar a las cifras, es indispensable una advertencia. Este análisis cubre únicamente los costos económicos —inversión, productividad y crecimiento perdidos— y no el costo humano de las vidas perdidas, las comunidades desplazadas y las familias destrozadas, ya que ninguna cifra podría capturarlo sin trivializarlo. Los números que siguen son un piso, no un techo, del daño real.

Durante más de 40 años, Colombia ha sido frenada por redes criminales construidas en torno a un solo producto ilícito: la cocaína. La “industria” de la cocaína en Colombia equivale a un cuasi-sector exportador, y el negocio está en auge. Un estudio estima que solo en 2024, el narcotráfico de cocaína generó cerca de $16,500 millones de dólares para las organizaciones criminales—alrededor del 4.4% del PIB, más de lo que el país obtiene por sus exportaciones petroleras.

A esto se suman los costos más amplios del crimen y la violencia—estimados por el BID y Fedesarrollo en 3.6% del PIB en 2022—y el lastre sobre el crecimiento se vuelve aún mayor. Colombia ha padecido durante mucho tiempo un conflicto armado que involucra a grupos paramilitares de extrema derecha, organizaciones guerrilleras de extrema izquierda y carteles criminales, en el que la industria del narcotráfico juega un papel clave. El gobierno combatió a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante más de medio siglo, antes de alcanzar un acuerdo de paz en 2016.

Un estudio calculó que eliminar por completo el conflicto armado en Colombia entre 1988 y 2009 podría haber sumado hasta 4.4 puntos porcentuales al crecimiento económico anual. Cuando el cultivo de coca se dispara en una zona determinada, los homicidios le siguen de cerca, junto con el desplazamiento forzado y los ataques de grupos armados. Y el daño se agrava también a nivel empresarial. Una investigación sobre empresas colombianas encontró que los secuestros dirigidos contra negocios específicos—a diferencia de la violencia generalizada en sus alrededores—hacen que los gerentes reduzcan la inversión durante años después, pues el propio miedo se convierte en un impuesto sobre hacer negocios.

El acuerdo de 2016 con las FARC no trajo consigo ese dividendo de paz. La economía criminal que el pacto buscaba desmantelar ha seguido prosperando, con el cultivo de coca alcanzando un récord de 253,000 hectáreas en 2023. Además, los grupos de crimen organizado se han diversificado hacia la extorsión y la minería ilegal—los principales obstáculos al crecimiento en México y Brasil, respectivamente.

En México, las organizaciones criminales cobran, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, un impuesto ilegal—eufemísticamente llamado derecho de piso—solo por poder operar. Como cada eslabón de la cadena de distribución está sujeto a este tipo de cobros, los precios se inflan progresivamente: los limones que salen de la finca a 13 pesos ($0.77) el kilo pueden llegar a costar 85 pesos para cuando alcanzan al consumidor. Mientras que los ingresos de la cocaína colombiana al menos traen divisas a la economía, la extorsión en México representa una pérdida pura.

México Evalúa calcula que la extorsión le cuesta al país alrededor del 2% del PIB anualmente. De manera similar, el economista en jefe para México de la OCDE estima que el crimen le resta entre 1 y 2 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB de México. Esto ayuda a explicar por qué el crecimiento se ha mantenido obstinadamente débil, pese a unos fundamentos macroeconómicos en general sólidos. Los costos se ven agravados por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que ahora trata a los carteles mexicanos como un asunto de comercio y seguridad. Las amenazas arancelarias, las sanciones y la amenaza implícita de una acción militar unilateral aumentan la incertidumbre y socavan la confianza de los inversionistas.

En Brasil, el crimen organizado opera cada vez más como un actor financiero sofisticado, en lugar de un depredador territorial. Organizaciones criminales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) se han diversificado mucho más allá del narcotráfico hacia la distribución de combustibles, la minería, los bienes raíces y los fondos de inversión. La reciente Operação Carbono Oculto destapó un esquema que utilizaba más de 1,000 gasolineras y empresas de fachada para lavar ganancias ilícitas a través del sistema financiero formal.

Cabe destacar que los homicidios en Brasil cayeron aproximadamente una quinta parte entre 2013 y 2023, pero el costo económico del crimen organizado siguió aumentando—una señal de la profesionalización y financiarización de los grupos criminales. En 2025, el Instituto Igarapé situó el valor total del crimen organizado en 10.24% del PIB—cerca de R$1.3 billones ($250,000 millones). Si Brasil redujera su tasa de criminalidad al promedio mundial, el Fondo Monetario Internacional estima que su PIB podría crecer 0.6 puntos porcentuales más rápido cada año.

La creciente presencia del crimen organizado se está convirtiendo en un tema político central en los tres países. En Colombia, Abelardo de la Espriella acaba de ganar la elección presidencial más reñida en la historia reciente del país, con la promesa de desmantelar la economía criminal. Tiene un mandato para hacerlo, pero es muy estrecho.

En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva ha pasado gran parte de su actual presidencia evitando el tema de la seguridad pública, incluso cuando la policía de Río de Janeiro llevó a cabo un operativo de gran escala contra el CV y Estados Unidos designó al PCC y al CV como organizaciones terroristas. Ahora, Flávio Bolsonaro, el rival de Lula en la elección de octubre, busca capitalizar esta debilidad, posicionándose como el candidato de mano dura. Aunque Lula ya firmó un paquete propio contra el crimen organizado de R$11,000 millones—y aún lidera en la mayoría de las encuestas—, este es un terreno en el que preferiría no estar peleando. (...)

Incluso sin contar las vidas perdidas, las comunidades desplazadas y las familias destrozadas, los costos económicos del crimen organizado dibujan un panorama sombrío, restando entre 0.5 y 2 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB en los países más afectados. A lo largo de dos décadas, esto deja a estas economías entre un 15% y un 30% más pequeñas de lo que podrían haber sido. Eso, también, representa un alto costo humano."

(,  Project Syndicate , 31/08/26)

Los marxistas chinos temen desde hace mucho tiempo que el giro capitalista del país lo conduzca a la “trampa de la renta”; cuando la competencia en los sectores productivos hace bajar las tasas de beneficio, los inmuebles que generan renta se vuelven más atractivos para los inversores que buscan la mayor rentabilidad ponderada por el riesgo. Cuanta más riqueza persigue las rentas, más suben los precios de los activos y más rápido se traslada la riqueza de la industria al sector rentista... Las trampas de la renta vacían la industria y convierten en páramos a zonas industriales que en su día fueron orgullosas, como el norte de Inglaterra y el Medio Oeste estadounidense... Si la clase capitalista china emergente destina los aproximadamente 170 billones de yuanes (25 billones de dólares) de ahorro acumulado procedente del superávit a la compra de activos, China no evitará su trampa de la renta... las empresas chinas de IA se han centrado en la producción material, utilizando su robótica industrial para la fabricación de productos, inclusive verduras. Se están automatizando cadenas de suministro enteras, incluido el diseño del propio proceso de producción. Asimismo, todas estas capacidades de IA son de código abierto y están al alcance del fabricante chino más pequeño por una miseria. No se trata simplemente de una tecnología que otorga una ventaja competitiva a un Henry Ford o a un Steve Jobs. En el modelo industrial emergente de China, impulsado por la IA, los marxistas chinos detectan la base material para la abolición del valor en sí mismo... Cuando el tiempo de trabajo necesario se reduce a cero en todos los sectores a la vez, los bienes se vuelven tan abundantes que su valor de cambio se desploma. Lo que queda es un valor de uso, una utilidad y una funcionalidad enormes... La idea más profunda que plantean los marxistas chinos es que el capitalismo no puede sobrevivir al gran salto adelante de la IA. Tarde o temprano, deberá generar crisis y guerras para sobrevivir. Pero China no está sujeta a la misma lógica de acumulación de riqueza capitalista... Puede absorber el impacto, redistribuir los beneficios en forma de bienes y servicios de alta calidad a precios irrisorios, y crear las condiciones materiales previas para un ámbito de libre asociación en el que produzcamos según nuestras capacidades y distribuyamos según nuestras necesidades, y donde el estado, tras haber contribuido a hacer realidad la utopía comunista, se atrofie... Incluso si los marxistas renacidos de China tienen razón, persisten interrogantes difíciles: cuando llegue esta singularidad de la productividad, ¿el estado chino garantizará que los beneficios y el tiempo libre que permiten los robots impulsados por la IA se utilicen para propiciar un auténtico florecimiento humano? (Yanis Varoufakis)

" A medida que China se abría al capitalismo, sus principales universidades adoptaron los libros de texto occidentales convencionales para moldear la forma de pensar de sus estudiantes sobre la economía. “La mayoría de mis colegas solo hablan del marxismo de la boca para afuera”, me confesó un profesor de economía de uno de los mejores departamentos de economía de China. “Solo una pequeña minoría se toma en serio a Marx”.

Eso fue hace dos años. Hoy, la revolución de la IA le está dando un poderoso impulso a la economía marxista china.

Los marxistas chinos temen desde hace mucho tiempo que el giro capitalista del país lo conduzca a la “trampa de la renta” tan conocida en las economías del Atlántico Norte: un período de inflación de los precios de los activos, una desaceleración rápida, estancamiento, desindustrialización y discordia social. Cuando la competencia en los sectores productivos hace bajar las tasas de beneficio, los inmuebles que generan renta se vuelven más atractivos para los inversores que buscan la mayor rentabilidad ponderada por el riesgo.

Cuanta más riqueza persigue las rentas, más suben los precios de los activos y más rápido se traslada la riqueza de la industria al sector rentista. Las trampas de la renta vacían la industria y convierten en páramos a usinas industriales que en su día fueron orgullosas, como el norte de Inglaterra y el Medio Oeste estadounidense.

China ya estuvo a punto de caer en una trampa de la renta con el colapso de la promotora inmobiliaria Evergrande -la punta de un iceberg especulativo que estuvo a punto de hundir el milagro económico chino-. Los académicos leales al régimen chino desestiman esos temores, confiados en que el estado chino, a diferencia de sus pares occidentales, sabe cómo orientar la inversión para eludir la trampa de la renta. Señalan casos de éxito como los minerales críticos, la energía verde, los vehículos eléctricos, los trenes ultrarrápidos, los microchips y, más recientemente, la IA.

La minoría de economistas chinos que se mantuvieron fieles al marxismo temía en secreto que el estado chino, por muy competente que fuera, pudiera no bastar para que China eludiera su trampa de la renta. A principios de 2025, varios de ellos me comentaron que consideraban que el enorme superávit comercial del país era producto de una guerra de clases despiadada contra las clases trabajadoras tanto chinas como occidentales, en la que los únicos vencedores son los capitalistas chinos y occidentales.

Si la clase capitalista china emergente destina los aproximadamente 170 billones de yuanes (25 billones de dólares) de ahorro acumulado procedente del superávit a la compra de activos, China no evitará su trampa de la renta. Si, por el contrario, los ahorros se invierten en el extranjero, por ejemplo, en los países del BRICS+ o en África, China se convertirá, al igual que Occidente antes, en un rentista que extrae excedentes de los países en desarrollo -lo cual no es precisamente un objetivo marxista-. Asimismo, al enviar sus ahorros al exterior, los ahorristas chinos se verán algún día atados, al igual que los ahorristas alemanes antes que ellos, a los caprichos de los prestatarios extranjeros -otra perspectiva poco atractiva.

Una sensación similar de inquietud solía invadir a los economistas marxistas chinos cuando se enfrentaban a la recomendación política habitual, principalmente por parte de economistas anglosajones, de que China debía aumentar el gasto interno -tanto privado como público- para evitar la trampa de la renta. Los marxistas chinos dudan de que el consumismo aleje al país de la trampa de la renta del capitalismo de forma sostenible. “He leído La sociedad opulenta de Galbraith, y por eso sé que correr más rápido en la cinta de correr del consumismo es un tipo especial de infierno”, me dijo uno de ellos.

Para comprender cómo los robots impulsados por IA de China ayudaron a sus economistas marxistas a volver a la primera línea, debemos recordar un principio fundamental de la economía marxista: el valor económico solo lo crea el trabajo humano. El valor de un producto refleja el tiempo mínimo de trabajo necesario para producirlo, dado el estado actual de la tecnología y los conocimientos técnicos. Los capitalistas nunca pueden extraer plusvalía de una máquina -solo de los seres humanos-. Las máquinas industriales pueden ser inmensamente útiles, pero se limitan a transferir el valor que les han infundido los seres humanos que las construyeron.

Desde la invención de la máquina de vapor, a medida que las máquinas fueron sustituyendo progresivamente al trabajo humano, el valor de las mercancías descendió, los márgenes de beneficio se redujeron y la trampa de la renta se agudizó. Pronto, para restablecer la creación de valor, el capitalismo necesitó una guerra que redujera la oferta de mano de obra o una crisis grave que la abaratara. Esta es la crítica marxista habitual al capitalismo.

Los marxistas chinos creen que esto está ocurriendo con renovado vigor en Estados Unidos, por cortesía de las grandes empresas tecnológicas. Silicon Valley le presta poca atención a la producción material, pero está obsesionado con crear agentes de IA para alquilárselos a personas y a empresas como proveedores de servicios. Mientras que el sector de servicios estadounidense prescinde de la mano de obra humana y pierde su capacidad para generar plusvalía, los magnates tecnológicos estadounidenses extraen más plusvalía de la producción material que la IA deja relativamente intacta. La trampa de la renta en Estados Unidos crece, al igual que la desigualdad, el populismo y la agitación social.

Por el contrario, las empresas chinas de IA se han centrado en la producción material, utilizando su robótica industrial para la fabricación de productos, inclusive verduras. Se están automatizando cadenas de suministro enteras, incluido el diseño del propio proceso de producción.

Asimismo, todas estas capacidades de IA son de código abierto y están al alcance del fabricante chino más pequeño por una miseria. No se trata simplemente de una tecnología que otorga una ventaja competitiva a un Henry Ford o a un Steve Jobs. En el modelo industrial emergente de China, impulsado por la IA, los marxistas chinos detectan la base material para la abolición del valor en sí mismo.

Cuando el tiempo de trabajo necesario se reduce a cero en todos los sectores a la vez, los bienes se vuelven tan abundantes que su valor de cambio se desploma. Lo que queda es un valor de uso, una utilidad y una funcionalidad enormes. De repente, la riqueza ya no sustenta los precios de los activos, la trampa de la renta desaparece y resulta posible imaginar una China futura que ya no necesite exportar para mantener su equilibrio interno.

La idea más profunda que plantean los marxistas chinos es que el capitalismo no puede sobrevivir al gran salto adelante de la IA. Tarde o temprano, deberá generar crisis y guerras para sobrevivir. Pero China no está sujeta a la misma lógica de acumulación de riqueza capitalista. Al operar dentro de un marco de capitalismo de estado que privilegia los objetivos a largo plazo por sobre las ganancias a corto plazo, puede llevar la automatización hasta su conclusión lógica sin temor a una caída de los beneficios. Puede absorber el impacto, redistribuir los beneficios en forma de bienes y servicios de alta calidad a precios irrisorios, y crear las condiciones materiales previas para un ámbito de libre asociación en el que produzcamos según nuestras capacidades y distribuyamos según nuestras necesidades, y donde el estado, tras haber contribuido a hacer realidad la utopía comunista, se atrofie.

Incluso si los marxistas renacidos de China tienen razón, persisten interrogantes difíciles: cuando llegue esta singularidad de la productividad, ¿el estado chino garantizará que los beneficios y el tiempo libre que permiten los robots impulsados por la IA se utilicen para propiciar un auténtico florecimiento humano? ¿Se extinguirá con entusiasmo? ¿O dará lugar a una élite parasitaria que utilice la IA, como lo hacen las grandes empresas tecnológicas, para enriquecerse?" 

(Yanis Varoufakis, Project Syndicate, 31/08/26) 

La semana pasada, Pakistán anunció que no acatará las últimas sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán y que continuará comerciando con su vecino. La noticia se produjo pocos días después de que China hiciera una declaración similar... ante el inminente fracaso de las sanciones anunciadas por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent... la campaña está dirigida contra China, pero si Estados Unidos sanciona al Banco de China o al Banco Industrial y Comercial de China, Pekín restringirá sus exportaciones de tierras raras, porque ya ha realizado este experimento una vez y ha salido victorioso... En abril de 2025, China impuso licencias de exportación a las tierras raras pesadas en respuesta a los aranceles de Trump, y en cuestión de semanas, los fabricantes de automóviles estadounidenses y europeos paralizaron sus líneas de producción por falta de imanes de tierras raras... Washington cedió, aceptando retirar sus propias restricciones, recientemente ampliadas, a las empresas chinas a cambio de la suspensión de las medidas de Pekín durante un año... la suspensión finaliza en noviembre. Así pues, Bessent ha elegido este momento, poco más de dos meses antes de que vuelva a entrar en vigor el régimen ampliado de tierras raras de China para dejar claro a Pekín que está con Estados Unidos o en su contra... Esta es una trampa que Estados Unidos se ha tendido... En todo el mundo, los países están reduciendo sus tenencias de deuda del Tesoro estadounidense en sus reservas de divisas. Asimismo, están optando por los modelos de IA de ponderación abierta de China para satisfacer sus necesidades de inteligencia artificial... Los gobiernos de todo el mundo no seguirán ciegamente a Estados Unidos hacia el desastre (Jeffrey D. Sachs)

 "El inminente fracaso de la “Operación Marginación Económica”.

La semana pasada, Pakistán anunció que no acatará las últimas sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán y que continuará comerciando con su vecino. La noticia se produjo pocos días después de que China hiciera una declaración similar.

Las sanciones anunciadas por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, el 24 de agosto, en el marco de la “Operación Marginado Económico”, se consideran “las sanciones más duras de la historia” y están diseñadas para imponer “el mayor aislamiento económico coordinado de la historia mundial”.

Anteriormente, el presidente Donald Trump las denominó en una publicación en redes sociales “Día D Económico”. Prometió “tremendas consecuencias económicas” para cualquier nación que ofreciera a Irán “cualquier tipo de ayuda”.

Seis meses de bombardeos y bloqueo naval estadounidenses no han producido ninguna victoria para Estados Unidos, por lo que el plan ahora es asfixiar económicamente a Irán hasta la capitulación. Este nuevo enfoque es ilegal, cruel y fracasará por varias razones.

Para empezar, está el historial. Las sanciones económicas no derrocan a gobiernos decididos a sobrevivir a ellas. Sí, las sanciones pueden empobrecer a las poblaciones, fortalecer a los servicios de seguridad que controlan el contrabando y brindar al país sancionado un argumento basado en la hostilidad estadounidense. Pero no derrocan gobiernos.

Consideremos, además, la lógica básica del mercado petrolero mundial. Bessent propone eliminar las exportaciones de petróleo iraní de un mundo que ya ha perdido una quinta parte de su suministro debido al cierre del estrecho de Ormuz. Estados Unidos propone agravar la crisis de estanflación que ya sufren Europa, Japón y sus demás aliados, y ordena a estos países que apliquen sanciones que estrangularán sus economías.

Sobre todo, la campaña está dirigida contra China, que compra más del 80% de las exportaciones de petróleo iraní. Si Estados Unidos sanciona al Banco de China o al Banco Industrial y Comercial de China, Pekín no responderá con una nota diplomática moderada. Restringirá sus exportaciones de tierras raras, porque ya ha realizado este experimento una vez y ha salido victorioso.

En abril de 2025, China impuso licencias de exportación a las tierras raras pesadas en respuesta a los aranceles de Trump, y en cuestión de semanas, los fabricantes de automóviles estadounidenses y europeos paralizaron sus líneas de producción por falta de imanes de tierras raras. En octubre de 2025, China anunció un paquete mucho más amplio, y Washington cedió, aceptando retirar sus propias restricciones, recientemente ampliadas, a las empresas chinas a cambio de la suspensión de las medidas de Pekín durante un año.

Los controles de abril nunca se levantaron y la suspensión de las medidas de octubre finaliza en noviembre. Así pues, Bessent ha elegido este momento, poco más de dos meses antes de que vuelva a entrar en vigor el régimen ampliado de tierras raras de China y semanas antes de la visita del líder chino Xi Jinping a Washington, para dejar claro a Pekín que está con Estados Unidos o en su contra. Esta es una trampa que Estados Unidos se ha tendido.

Pekín ha dejado clara su postura. “China ha dejado clara en numerosas ocasiones su firme oposición a las sanciones unilaterales ilícitas que carecen de fundamento en el derecho internacional o de la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. La guerra económica y la máxima presión no ofrecen ninguna solución”, declaró a la prensa Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

No es solo la opinión del gobierno chino que las sanciones estadounidenses sean ilícitas. El artículo 2(4) de la Carta de la ONU prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. El repudio estadounidense a la Carta de la ONU va mucho más allá de Irán.

De los 193 Estados miembros de la ONU, Estados Unidos es ahora el país menos alineado con el multilateralismo basado en la ONU. En enero de 2026, Washington se retiró de más de 60 organizaciones internacionales. En 2025, votó con la mayoría internacional en tan solo el cinco por ciento de las resoluciones registradas de la Asamblea General de la ONU.

En este punto, todo gobierno debería llegar a tres conclusiones. Primero, Estados Unidos ha repudiado la Carta de la ONU. Segundo, las garantías de seguridad estadounidenses no son fiables. En tercer lugar, depender del comercio basado en el dólar deja a los Estados vulnerables a las sanciones estadounidenses.

En todo el mundo, los países están recurriendo a nuevos acuerdos de defensa, como el Acuerdo de La Meca entre Arabia Saudita, Turquía y Pakistán. También están, como era de esperar, alejándose de las liquidaciones en dólares estadounidenses y reduciendo sus tenencias de deuda del Tesoro estadounidense en sus reservas de divisas. Asimismo, están optando por los modelos de IA de ponderación abierta de China para satisfacer sus necesidades de inteligencia artificial, en lugar de pagar por modelos propietarios estadounidenses.

El antiguo relato de Tucídides sobre la Guerra del Peloponeso se interpreta hoy como un reflejo de la rivalidad entre Estados Unidos y China. Su frase más famosa es la burla que los generales atenienses lanzaron a los habitantes de Melos en el 416 a. C.: «Los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben». Sin embargo, apenas doce años después de estas burlas, Atenas fue derrotada por Esparta.

Ahora, Estados Unidos se burla de Irán y otros países con el mismo tono. La soberbia precede a la caída, y ningún gobierno actual es más arrogante que el de Estados Unidos bajo el mandato de Trump y su mano derecha, Bessent.

Los gobiernos de todo el mundo no seguirán ciegamente a Estados Unidos hacia el desastre."

( Jeffrey D. Sachs y Sybil Fares, Datos, 31/08/26, fuente Aljazeera)

En 2025, los demócratas descubrieron que la mayoría de sus votantes consideraban que ya no podían llegar a fin de mes con sus ingresos. Según múltiples empresas de sondeos, esto no afectaba únicamente a los pobres —que siempre han sufrido una crisis del coste de la vida—, sino también a la denominada «clase media»... el 60 % de los votantes afirmó que «les preocupa poder permitirse lo más básico: el alquiler, la gasolina, las facturas habituales y la compra». 3 Sin embargo, la misma encuesta también reveló que los votantes consideraban que algunos elementos clave de «alto coste», esenciales para la vida en esta sociedad, eran en realidad «inasequibles»: la educación (58 %); la vivienda (54 %); la asistencia sanitaria (44 %) y formar una familia (44 %)... La brecha entre los gastos y los ingresos ha provocado que la deuda de los hogares se haya disparado en las últimas dos décadas, pasando de 8,29 billones de dólares en 2004 a 18,8 billones de dólares en 2025... Por ello, la gente se muda a viviendas más baratas, deja a los niños solos durante un tiempo, aplaza los pagos de la tarjeta de crédito, busca un compañero de piso o se va a vivir con sus padres, y busca un trabajo adicional... Los extremos de la riqueza no han pasado desapercibidos y gran parte de la opinión pública apoya la idea de gravar tanto las rentas altas como las grandes fortunas... Las nuevas industrias que desempeñan un papel fundamental en nuestra economía (las grandes empresas tecnológicas, la sanidad, el comercio electrónico, etc.) se basan en salarios bajos para la mayoría de los trabajadores... El impuesto del 5 % sobre el patrimonio propuesto por Bernie Sanders puede financiar los programas necesarios y ayudar a las familias, pero no aumentará de manera significativa la parte de los ingresos o la riqueza que corresponde a la mayoría, ni afectará a las dinámicas subyacentes de la desigualdad... Resulta difícil imaginar que se puedan hacer «asequibles» para la mayoría los gastos más onerosos de la vida, como la vivienda, la asistencia sanitaria, la educación y el cuidado infantil, sin retirarlos del mercado; es decir, sin ponerlos a disposición de la mayoría como servicios públicos. Resulta aún más difícil imaginar a la gran mayoría de los dirigentes y cargos electos del Partido Demócrata luchando por ello, o por algo similar a la Ley de Ingresos de 1935, que gravaba las rentas superiores a un millón de dólares con el 75 % necesario para financiar esos servicios públicos... es evidente que necesitamos un enfoque programático unificador que distinga las políticas socialistas de las liberales... Esto incluye reivindicaciones inmediatas como aquellas por las que Mamdani se presentó a las elecciones (guarderías gratuitas, control de alquileres, transporte local gratuito), pero va más allá para incluir reivindicaciones de transición más radicales (Medicare para todos, programas masivos de vivienda pública de alquiler reducido a nivel local y nacional, educación superior gratuita, empleo público sostenible para quienes no puedan conseguir un puesto en el sector privado, un salario mínimo vital a nivel nacional, un «New Deal verde» mucho más radical e impuestos seriamente redistributivos sobre las rentas altas y la riqueza). Por supuesto, estas medidas distan mucho del socialismo, pero apuntan hacia soluciones colectivas (Kim Moody)

"En 2025, los demócratas descubrieron que la mayoría de sus votantes consideraban que ya no podían llegar a fin de mes con sus ingresos. Según múltiples empresas de sondeos, esto no afectaba únicamente a los pobres —que siempre han sufrido una crisis del coste de la vida—, sino también a la denominada «clase media». Al dudar de que la inflación fuera una descripción convincente de la crisis a la que se enfrentaba la mayoría de la gente corriente, las encuestadoras demócratas Celinda Lake y Anat Shanker-Osorio «instaron a los candidatos demócratas a hablar, en su lugar, de la asequibilidad». 1 Siguiendo ese consejo, las demócratas moderadas Abigail Spanberger y Mikie Sherrill ganaron con holgura sus elecciones a la gobernación. El ferviente demócrata centrista y líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, afirmó que la «asequibilidad» era «sin duda alguna, la cuestión decisiva», mientras que la progresista Elizabeth Warren señaló que era «la razón fundamental para ser demócrata». »2 El demócrata socialista Zohran Mamdani también basó su campaña en la asequibilidad, aunque sus propuestas para abordarla eran mucho más concretas que las de la mayoría.

Este término anodino ha sido adoptado tanto por los republicanos (incluso por Trump) como por los demócratas. Es más fácil de pronunciar y menos inquietante que «crisis del coste de la vida», menos insultante que «Es la economía, estúpido» y más convincente que la última cifra del IPC. Pero, ¿qué significa exactamente? En concreto, ¿qué significa para todos aquellos votantes que responden positivamente a este concepto? Pues bien, según una encuesta del New York Times/Siena, el 60 % de los votantes afirmó que «les preocupa poder permitirse lo más básico: el alquiler, la gasolina, las facturas habituales y la compra». 3 Sin embargo, la misma encuesta también reveló que los votantes consideraban que algunos elementos clave de «alto coste», esenciales para la vida en esta sociedad, eran en realidad «inasequibles»: la educación (58 %); la vivienda (54 %); la asistencia sanitaria (44 %) y formar una familia (44 %).4 Esos cuatro «elementos» van más allá de la simple inflación. Son fundamentales para la reproducción social de la mayoría de la clase trabajadora y vienen determinados por el nivel de desarrollo de la sociedad y «por los hábitos y expectativas con los que se ha formado la clase de los trabajadores libres», como señaló Marx.5 Así pues, al menos en la mente de esas personas corrientes encuestadas, lo que tenemos es una crisis de la reproducción social. Y eso, por supuesto, podría no ser un «mensaje» muy atractivo para los votantes más acomodados de los que dependen actualmente los demócratas.

Aquí conviene hacer una digresión sobre la teoría marxista. Como escribió Marx: «Por lo tanto, el tiempo de trabajo necesario para la producción de la fuerza de trabajo es el mismo que el necesario para la producción de esos medios de subsistencia; en otras palabras, el valor de la fuerza de trabajo es el valor de los medios de subsistencia necesarios para el mantenimiento de su propietario». 6 Siendo el «propietario» el trabajador y sus personas a cargo, algunos de los cuales aportan su trabajo necesario, pero no remunerado, como un «regalo gratuito» al capital al reducir el coste de la reproducción social; es decir, el tiempo y la energía que los trabajadores dedican a mantener sus propias vidas y a criar a la futura generación de trabajadores.7 Una disminución del coste de la fuerza de trabajo —y, por tanto, de su coste de subsistencia en una sociedad determinada— constituye una de las tendencias contrarias a la caída de la tasa de ganancia, lo cual supone un problema real para el capital. Esta caída de los costes laborales —o el tiempo de la jornada laboral que se necesita para producir esta subsistencia determinada socialmente— puede reducirse mediante aumentos de la productividad laboral, ya sea acelerando el ritmo de trabajo o mediante nuevas tecnologías. Sin embargo, esto no ha sido así durante más de una década en la mayoría de los sectores de producción de bienes y servicios. Como veremos más adelante, cada vez más capitalistas han preferido quedarse con los beneficios en lugar de invertir en tecnología. Por lo tanto, el capital ha intentado contener los aumentos salariales en la medida de lo posible. Es decir, para un amplio sector de la clase trabajadora, los salarios se sitúan ahora por debajo del nivel de subsistencia socialmente determinado; las personas ya no ganan lo suficiente para alimentarse y alojarse —y mucho menos para mantener a sus familias y personas a su cargo— porque los capitalistas se quedan con una mayor parte del excedente en concepto de beneficios. Y eso es algo más que una mera cuestión de «accesibilidad económica». Se trata, repito, de una crisis de la reproducción social de la clase trabajadora. Es una cuestión de clase.

Incluso según el criterio más restrictivo de la carrera entre precios y salarios, los trabajadores han salido perdiendo, incluso a pesar de que la tasa oficial de inflación se ha ralentizado. La razón principal es el rápido crecimiento del Índice de Precios al Consumo (IPC-W, la medida para los trabajadores urbanos) en 2022, cuando se situó en el 8,5 % anual, tras lo cual se ralentizó y el aumento salarial superó ligeramente a los precios. Sin embargo, los aumentos salariales por encima del IPC-W fueron demasiado reducidos para compensar los costes acumulados, y suponiendo que el IPC-W se mantuviera en torno al nivel actual del 2,5 %, se necesitarían al menos cinco años —hasta 2027, o incluso 2028— para contrarrestar el impacto de 2022. 8 En un artículo publicado en Labor Notes, el exrepresentante del sindicato Teamsters Richard de Vries argumentó que el hecho de no tener en cuenta la inflación pasada a la hora de formular las reivindicaciones salariales sindicales y comparar únicamente los niveles salariales actuales con la inflación fue el «mayor error» del movimiento sindical en 2025.9 Al menos, fue uno de ellos. Es probable que la inflación aumente, dadas las presiones de los aranceles de Trump (incluso tras la decisión del Tribunal Supremo), su posterior guerra contra Irán, y el menor crecimiento y la distribución altamente desigual de los beneficios entre los capitales (lo que lleva a aquellos con bajos rendimientos a subir los precios).10

Sin embargo, las cifras medias de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) sobre los aumentos salariales ocultan una gran desigualdad. El Banco de la Reserva Federal de Atlanta publica un «Indicador de Crecimiento Salarial» que realiza un seguimiento del crecimiento de los salarios por hora de dos mil personas concretas a lo largo de doce meses y desglosa las medias entre el 25.º percentil inferior y el 75.º percentil superior del crecimiento salarial (no de la población), utilizando datos de la Encuesta de Población Actual. Lo que esto pone de manifiesto es que el porcentaje de trabajadores que prácticamente no registran aumentos salariales o que incluso sufren descensos reales (-2,2 al año en diciembre de 2025), tras varios años de caídas, ha aumentado del 10 % en mayo de 2023 al 13,4 % de los trabajadores en febrero de 2026, mientras que aquellos más cercanos a la parte superior, en el percentil 75 del rango de crecimiento, experimentaron aumentos de alrededor del 14 % anual. 11 Este hecho sorprendente pone de relieve la profunda desigualdad en los ingresos y la riqueza, que constituye la causa subyacente de la crisis de la reproducción social de la clase trabajadora. No es difícil adivinar qué grupos raciales están representados de manera desproporcionada en este 13 % inferior. Aunque no se muestran las medias de los cuartiles intermedios, es obvio que un número significativo de personas de la clase trabajadora no gana el salario medio ni nada que se acerque a un salario digno, y que muchas se están quedando cada vez más rezagadas. Un indicio de ello se aprecia en el hecho de que incluso los aumentos salariales anuales negociados por los sindicatos descendieron del 7 % y el 8 % en 2022 a en torno al 5 % el año pasado, lo que apenas permite seguir el ritmo de la inflación acumulada.12 Al parecer, son demasiados los negociadores sindicales que están cometiendo el «mayor error» de De Vries. ¡Muchas personas viven por debajo del umbral de subsistencia a pesar de tener empleo! Los más acomodados de la cúspide social, por el contrario, están superando con creces la inflación.

No es solo el aumento de los precios de los gastos esenciales para la reproducción social lo que importa, sino su coste absoluto y su proporción respecto a los ingresos familiares. El cuidado infantil, que es esencial para las familias jóvenes trabajadoras con dos asalariados, puede oscilar entre 7.696 dólares al año en Misisipi (donde supone el 10,5 % de la renta mediana) y 22.628 dólares en California (donde asciende al 20 % de la renta familiar mediana). Representa alrededor del 19 % de los ingresos en Illinois y en el estado de Nueva York.13 Es fundamental señalar que estos porcentajes se refieren a los ingresos familiares medianos. Por lo tanto, el elevado coste de muchos elementos necesarios para la reproducción social se lleva una parte aún mayor de los ingresos de la mitad de la población.

La vivienda, asimismo, resulta «inasequible» para muchos hogares de la clase trabajadora. Se supone que la vivienda no debería costar más del 30 % de los ingresos. Un informe de la CBS sobre los costes de la vivienda reveló que, a partir de 2025, una persona tendría que ganar 124 000 dólares al año para mantenerse en el nivel del 30 % o por debajo de él. La renta mediana en 2025 era de 84 000 dólares —y, de nuevo, la mitad de la población gana menos que eso.14 O, por citar ejemplos de citycost.org para los habitantes de las ciudades: el coste de vida mensual, incluido el alquiler, para una familia de tres miembros se estima en 5.405 dólares. Un piso de tres habitaciones en la ciudad cuesta 2.827 dólares. Ese alquiler supone más de la mitad del coste de vida total y casi dos tercios de unos ingresos mensuales medios de 4.326 dólares después de impuestos. Aunque los alquileres fuera de la ciudad son ligeramente más bajos, el panorama es el mismo. Para quienes buscan evitar el alquiler mediante la adquisición de una vivienda en propiedad, comprar ese piso cuesta 3.391 dólares al mes, lo que queda fuera de su alcance para una familia media de tres miembros. 15 No es de extrañar que la gratuidad de los servicios de guardería y la congelación de los alquileres desempeñaran un papel fundamental en la exitosa campaña de Mamdani a la alcaldía de Nueva York.

Si tomamos otro gasto esencial de «gran envergadura», la asistencia sanitaria, también supone un coste importante. Los gastos a cargo del usuario, como copagos, franquicias y otros costes no cubiertos, ascendieron a una media de 1.514 dólares en 2025 (frente a los 1.318 dólares de 2020). Las primas medias de los seguros ascendieron a 888 dólares en 2025 y el Congreso aún no ha restablecido las ayudas de la ACA para las familias con bajos ingresos. Se prevé que incluso los trabajadores con seguro médico proporcionado por la empresa sufran un aumento del 7 % en sus pagos.16 Según una encuesta de 2025, un tercio de los encuestados afirmó que «estaba haciendo sacrificios» para pagar la asistencia sanitaria, lo que incluía renunciar a comidas.17

La brecha entre los gastos y los ingresos ha provocado que la deuda de los hogares se haya disparado en las últimas dos décadas, pasando de 8,29 billones de dólares en 2004 a 18,8 billones de dólares en 2025, según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. La mayor parte de esta deuda correspondía a la vivienda —hipotecas y líneas de crédito con garantía hipotecaria—, que ascendía a 13,60 billones de dólares. La deuda de tarjetas de crédito a finales de 2025 ascendía a 1,28 billones de dólares y los préstamos estudiantiles, a 1,66 billones de dólares.18 Aunque el servicio de la deuda de los hogares había disminuido como porcentaje de la renta disponible desde la Gran Recesión, volvió a aumentar, pasando del 9 % de la renta disponible en 2022 al 11 % en el tercer trimestre de 2025. 19 Si el cuidado de los hijos supone entre el 10 % y el 20 % de los ingresos, la vivienda hasta un 66 % y el pago de las deudas otro 11 %, no queda nada para cubrir las necesidades básicas.

Por ello, la gente se muda a viviendas más baratas, deja a los niños solos durante un tiempo, aplaza los pagos de la tarjeta de crédito, busca un compañero de piso o se va a vivir con sus padres, y busca un trabajo adicional. Aunque el número de personas con varios empleos descendió ligeramente hacia finales de 2025 al ralentizarse la creación de empleo, había aumentado en más de un millón desde finales de 2022 hasta alcanzar los 8,7 millones a finales de 2025. Como era de esperar, el número de mujeres casadas con cónyuge presente que tenían empleo creció al doble de ritmo que el de los hombres casados con cónyuge presente, con un aumento de 1,5 millones durante ese periodo.20

Más allá de las estadísticas sobre el coste de la vida: el aumento de la desigualdad económica

Las tendencias salariales y de precios no nos revelan qué hay detrás de la creciente crisis de la reproducción social que afecta a la mayoría. Más importante aún es la redistribución de los ingresos y la riqueza hacia arriba, hacia el 10 % más rico de la población. Por un lado, la participación de los trabajadores en los ingresos en Estados Unidos descendió del 55,6 % a lo largo de la década hasta el 53,8 % en el tercer trimestre de 2025. Se trata de la participación más baja desde que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicara estas cifras por primera vez en 1947, ¡cuando la participación de los trabajadores era del 70 %! 21 Así pues, la participación que corresponde a los inversores —es decir, a los capitalistas— aumentó un 16 % a lo largo de esas décadas. No es de extrañar que el 10 % de los hogares con mayores ingresos represente el 45 % del gasto en consumo, frente al 38 % anterior a la pandemia.22

Sin embargo, la causa más profunda de la crisis de la reproducción social radica en la desigualdad de riqueza, aún más radical. Según el Banco de la Reserva Federal, el 10 % de los hogares con mayores ingresos poseía el 68 % de toda la riqueza, mientras que la mitad inferior solo poseía el 2,5 % en el tercer trimestre de 2025 (frente al 2,7 % en 2022). 23 La riqueza del 10 % más rico y la de la mitad más pobre de los hogares son muy diferentes. A diferencia de la mitad más pobre de la nación, los ricos obtienen la mayor parte de sus ingresos de los activos: acciones, bonos y otras inversiones constituyen la mayor parte de su riqueza, más allá de sus exorbitantes salarios. La mitad más pobre depende casi exclusivamente de sus salarios o del valor potencial de sus viviendas, en caso de ser propietarios —lo cual también supone un coste, como en el caso de los pagos hipotecarios—. Si se tienen en cuenta únicamente las acciones de empresas y las participaciones en fondos de inversión que generan ingresos, el 10 % más rico posee el 87,2 %, mientras que la mitad inferior de la población posee apenas el 1,1 %.24

La debilidad de los sindicatos en Estados Unidos y su dependencia del Partido Demócrata, profundamente capitalista, forman parte de la incapacidad de la clase trabajadora para mantener su participación en la renta nacional. Sin embargo, es el fracaso del imperialismo estadounidense —incluso en su manifestación trumpista más extrema— a la hora de contrarrestar la tendencia a largo plazo de la caída de la tasa de ganancia lo que ha llevado a amplios sectores de la clase capitalista a buscar diversos medios para aumentar su propia riqueza, tanto a través de la especulación financiera como de la apropiación directa de proporciones cada vez mayores de la plusvalía de la sociedad (es decir, los beneficios que permiten que las empresas y la economía crezcan en un sistema capitalista). La tendencia a la caída de la tasa de ganancia (que, no obstante, sigue aumentando la masa de beneficios, aunque a un ritmo de crecimiento más lento) es la fuerza que impulsa estas «estrategias» de enriquecimiento personal. Si bien hay más dinero, debido a una tendencia general a la baja en las tasas de ganancia, invertirlo en la industria productiva genera rendimientos más escasos. Por ello, los dirigentes del capital se orientan tanto hacia su apropiación personal como hacia la especulación. El proceso de acumulación, que es fundamental para el capitalismo, ya se encontraba en dificultades y se ha visto distorsionado por la creciente apropiación de beneficios por parte de individuos extremadamente ricos, principalmente a través del aumento de los dividendos y la sobrevaloración de las acciones.

Dos indicadores proporcionan la evidencia de esta tendencia: por un lado, el porcentaje de los beneficios de las empresas no financieras que se destina a dividendos en lugar de a beneficios no distribuidos e inversión; y, por otro, la relación entre el valor de «mercado» de una empresa y los costes de reposición de sus activos totales (es decir, su valor real, conocido como «Q de Tobin», en honor a su creador). En la década de 1950, la relación entre los dividendos y los beneficios no distribuidos de las empresas no financieras rondaba un tercio. En 2010 había aumentado hasta el 45 % de los beneficios y, en 2025, hasta aproximadamente el 60 %. 25 Los accionistas se quedaban con una mayor parte de los beneficios en forma de dividendos, ya fuera a título individual o a través de las instituciones que controlaban, y dejaban menos para la inversión y la acumulación de capital, lo que se tradujo en un crecimiento más lento y una menor productividad. De hecho, mientras que el total de los salarios pagados a todos los trabajadores se duplicó entre 2010 y 2025, el valor de los dividendos —pagados principalmente al 10 % más rico de la población— se triplicó.26

El coeficiente Q de Tobin nos indica que, si el valor de las acciones de una empresa es superior a 1, la empresa está sobrevalorada, y si es inferior a 1, está infravalorada (como ocurre en una recesión). Entre septiembre de 2015 y septiembre de 2025, la relación entre los precios de las acciones corporativas (es decir, el valor de «mercado») y el valor real de los activos de las empresas aumentó de 1,198 a 2,026 —un incremento que pasó del 69 % a el doble del valor real de los activos de las empresas—.27 Es evidente que las acciones corporativas se situaban muy por encima del valor real de las empresas estadounidenses.

De hecho, las empresas estadounidenses se dividen entre aquellas a las que les va extremadamente bien (las «Siete Magníficas» de la gran tecnología, algunas empresas emergentes y sus seguidores), frente tanto al 20-30 % de empresas «zombis» que apenas sobreviven a duras penas gracias al endeudamiento como a las que se sitúan en un término medio.28 Los superricos como Bezos y Musk poseen acciones en las empresas con mejor rendimiento. Así pues, los propietarios de esas acciones se han convertido en multimillonarios, incluso durante un periodo de crecimiento económico lento, en el que a muchas empresas no les va del todo bien y resulta más difícil conseguir aumentos salariales. Dado que los dividendos recaen en los propietarios de las acciones de las empresas, estos se han enriquecido cada vez más, mientras que el resto se estanca o se empobrece.

Al mismo tiempo, la sobrevaloración de las acciones de las empresas, junto con otras fuentes de especulación como las criptomonedas, ha incrementado la riqueza acumulada de los superricos. Gran parte de esta riqueza es ficticia, pero, no obstante, genera dinero si se vende. También apunta hacia una «corrección» del mercado —es decir, una caída del mercado si se vende demasiado y demasiado rápido—. Aun así, cuando se calcula este valor en cientos de millones (o miles de millones), incluso una caída significativa deja a la mayoría de estos plutócratas extremadamente ricos. Recientemente, para mantener alto este valor inflado de las acciones, las grandes empresas tecnológicas se han estado comprando acciones entre sí. Por supuesto, nada de esta riqueza inflada va a parar a la clase trabajadora, que prácticamente no posee acciones de este tipo y cuya crisis del coste de la vida no hace más que agravarse.

El incrementalismo marginal y el problema de la riqueza

Los extremos de la riqueza no han pasado desapercibidos y gran parte de la opinión pública apoya la idea de gravar tanto las rentas altas como las grandes fortunas. Harold Meyerson, de la revista American Prospect, ha argumentado: «Los demócratas están empezando en masa a reformar el sistema tributario para tener en cuenta la redistribución masiva hacia arriba de la riqueza y los ingresos que ha experimentado la nación desde 1980». 29 Presenta cuatro ejemplos de reforma fiscal: los demócratas de los estados de California, Nueva York y Washington, así como en el Congreso, proponen e impulsan, ya sea mediante legislación o un referéndum, el aumento de los impuestos sobre la renta e incluso sobre el patrimonio. Estas propuestas aún están lejos de convertirse en ley. Si bien ahora son más los demócratas que se atreven a pronunciar las palabras «gravar a los ricos», la mayoría de estas propuestas impondrían aumentos moderados a las rentas elevadas o al patrimonio de los multimillonarios en particular. Lejos de constituir el cambio «en masa» del que habla Meyerson, estas propuestas son moderadas si se comparan con los tipos impositivos que pagan la mayoría de las personas de clase trabajadora, con el hecho de que muchos multimillonarios y multimillonarios pagan pocos o ningún impuesto y —lo que es más importante— con una corrección significativa de este desequilibrio. 30 Como escribe Meyerson, señalando el grave aumento de la desigualdad: «Los actuales esfuerzos de reforma fiscal de los demócratas no pretenden más que actualizar nuestros impuestos para tener en cuenta la enorme redistribución al alza de la riqueza y los ingresos que ha experimentado la nación durante el último medio siglo». Equivalen a una especie de statu quo anterior a la guerra.

Y ahí radica el problema de gran parte del pensamiento actual del Partido Demócrata y del centroizquierda sobre cómo abordar la «asequibilidad» y el increíble crecimiento de la desigualdad económica que subyace a ella. La mitad de la década de 1970 no fue una época dorada para la clase trabajadora; fue la plataforma de lanzamiento tanto de la «globalización» como del neoliberalismo. Aun así, habría que remontarse más allá de esos cincuenta años para encontrar una fiscalidad que marcara la diferencia: hasta la época de Eisenhower y la década de 1950, cuando el tipo impositivo máximo era del 91 por ciento. La reducción de los impuestos a los ricos y a las empresas comenzó con John F. Kennedy y quedó plasmada en la Ley de Ingresos Públicos de 1964. A partir de entonces, los impuestos a los ricos no dejaron de bajar y, en cualquier caso, los ricos rara vez pagaban un tipo que se acercara al máximo. La idea de que unos modestos aumentos de los impuestos sobre la riqueza concentrada, combinados con medidas «antimonopolio» para desmantelar las grandes empresas tecnológicas (la otra panacea principal de los liberales y progresistas), revertirán el estado actual del capitalismo y el poder de los tecnoplutócratas es, sencillamente, utópica.

Por un lado, muchas de las industrias y puestos de trabajo que, bajo la presión de un movimiento sindical relativamente fuerte, proporcionaban ingresos de «clase media» a muchos trabajadores han visto reducida su proporción en la economía y la población activa. Las nuevas industrias que desempeñan un papel fundamental en nuestra economía (las grandes empresas tecnológicas, la sanidad, el comercio electrónico, etc.) se basan en salarios bajos para la mayoría de los trabajadores. La fiscalidad no cambiará eso. La organización y la lucha de clases sí pueden hacerlo. La distribución de la plusvalía y, por ende, de los ingresos, tiene su origen en la relación entre el capital y el trabajo en la producción de bienes y servicios. La caída de las tasas de beneficio incentiva al capital de todos los sectores a resistirse a los sindicatos y a aumentos salariales o de prestaciones lo suficientemente significativos como para alterar dicha distribución. Se necesitará una gran revuelta obrera para cambiar eso de manera significativa —por no hablar de volver al 70 % de la plusvalía que se atribuía al trabajo en 1947.

Además, aunque unas subidas moderadas de los impuestos puedan ayudar a financiar programas sociales como el servicio de guardería gratuito que propone Mamdani, no reducirán la desigualdad de forma significativa, dado que personas solteras o familias poseen varios miles de millones de dólares. El impuesto del 5 % sobre el patrimonio propuesto por Bernie puede financiar los programas necesarios y ayudar a las familias, pero no aumentará de manera significativa la parte de los ingresos o la riqueza que corresponde a la mayoría, ni afectará a las dinámicas subyacentes de la desigualdad. Tampoco reducirá el poder que el gran capital tiene actualmente en la política, lo que supone un obstáculo importante para cualquier solución real —o incluso para algunas de las propuestas que enumera Meyerson—. Ese poder es la razón por la que el proyecto de ley de Bernie tiene tan pocas posibilidades de ser aprobado en el Congreso mientras dependamos de los demócratas para llevar a cabo esa tarea. En segundo lugar, las leyes «antimonopolio» no resolverán el problema, ya que ni la inflación, ni la tendencia subyacente a la caída de las tasas de ganancia, ni la carrera entre los principales capitalistas por apropiarse de la plusvalía son consecuencia del «monopolio» o la concentración. Más bien, estas presiones sobre la participación de la mano de obra en la plusvalía son el resultado de su contrario: la competencia capitalista real (como ocurre con las grandes empresas tecnológicas actuales que luchan por la cuota de mercado y el primer puesto en la carrera de la inteligencia artificial).31

Existe además el problema de que incluso aquellos demócratas elegidos por su compromiso con la asequibilidad, como la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, conceden al mismo tiempo desgravaciones fiscales a los centros de datos —las principales armas competitivas de moda de los mayores multimillonarios tecnológicos—. Los políticos que prometen reducir las facturas de los servicios públicos otorgan a las empresas concesiones que elevan los costes de la electricidad y el agua y merman los ingresos públicos.32 De hecho, las desgravaciones fiscales siguen siendo uno de los principales incentivos de la «política industrial» demócrata, tanto a nivel estatal como nacional. No se puede tener todo.

Estas modestas propuestas de centroizquierda se combinan a veces con el enfoque de la «abundancia» en lo que respecta a los bienes de alto coste (la vivienda en particular), que se centra en aumentar la oferta mediante la desregulación de la producción. ¿Le suena familiar? Se trata de la vieja economía neoclásica de la oferta. Basta con eliminar aquellas regulaciones, permisos y normas de ordenación territorial que ralentizan la construcción de viviendas. Por ejemplo, una propuesta bipartidista en materia de vivienda impulsada por Elizabeth Warren se ganó el apoyo republicano al basar la construcción de viviendas en dichos principios de mercado.33 Puede que contenga algunas cláusulas positivas, pero, al igual que muchas propuestas liberales dirigidas a crear viviendas «asequibles», se basa en la noción neoclásica de que el mero hecho de construir más viviendas —es decir, ampliar el lado de la oferta del mercado— hará bajar los precios de la vivienda. Mientras el 10 % más rico domine el mercado y la «asequibilidad» se defina en función de porcentajes de los ingresos medianos, los promotores inmobiliarios construirán para ellos. El aumento de la producción impulsada por el mercado no resolverá el problema, aunque se reserve un pequeño porcentaje para familias con bajos ingresos.

Tal y como sostienen Ben Rosenberg y Holden Taylor en su crítica al «YIMBYismo» («Yes in my back yard», el supuesto antídoto contra el «NIMBYismo»): se trata de «una versión aplicada al desarrollo urbano de la economía clásica de la oferta, que sostiene que la amplia y generalizada “crisis de la vivienda” puede resolverse principalmente mediante la construcción (y, lo que es crucial, eliminando todo lo que pueda interponerse en el camino de dicha construcción)». 34 Como demuestran en el caso de la ciudad de Nueva York, esto tiende a generar mucha más gentrificación que viviendas asequibles. Ha sido el principio rector de alcaldes tan diferentes como Bill de Blasio y Eric Adams, y sigue estando arraigado en las propuestas de Mamdani. En ningún ámbito se abusa más del término «asequibilidad» que en el de la vivienda, y la mayoría de las viviendas nuevas son, de hecho, inasequibles para la mayoría de las personas de clase trabajadora. Sin embargo, el enfoque de eliminar las regulaciones resulta atractivo para los demócratas de centro (es decir, la mayoría de ellos) y para los republicanos. En palabras de Trump, quien se sumó al plan de Warren: «Construir, amigos, construir».

Otro estudio reciente de Maximilian Buchgolz, Tom Kemeny, Gregory Randolph y Michael Storper va más allá de Nueva York para demostrar que, en condiciones de desigualdad de ingresos, la mera ampliación de la oferta de vivienda mediante la desregulación no reducirá los precios lo suficiente como para beneficiar a las familias con bajos ingresos. Tal y como resumen su argumento en relación con la vivienda, «la brecha entre los precios y los ingresos estancados es el motor principal de la crisis de la asequibilidad».35 Sin embargo, su estudio sobre el impacto relativo de la desregulación frente a los ingresos en la oferta de vivienda utiliza únicamente cifras de sueldos y salarios de empleados con y sin título universitario para medir la desigualdad. Tal y como señalan, «los ingresos procedentes de todas las fuentes han aumentado más rápidamente que los ingresos derivados únicamente de sueldos y salarios… y es posible que los ingresos no salariales sean, cada vez más, factores determinantes de lo que está ocurriendo también en los mercados inmobiliarios».36 Esto es quedarse corto. Los ingresos procedentes del patrimonio son una de las principales fuerzas impulsoras de la falta de asequibilidad para la mayoría, ya que aumentan la demanda de viviendas de lujo caras, lo que deja sin espacio a la construcción de residencias de bajo coste. La desregulación no hace más que fomentar eso.

Resulta difícil imaginar que se puedan hacer «asequibles» para la mayoría los gastos más onerosos de la vida, como la vivienda, la asistencia sanitaria, la educación y el cuidado infantil, sin retirarlos del mercado; es decir, sin ponerlos a disposición de la mayoría como servicios públicos. Resulta aún más difícil imaginar a la gran mayoría de los dirigentes y cargos electos del Partido Demócrata luchando por ello, o por algo similar a la Ley de Ingresos de 1935, que gravaba las rentas superiores a un millón de dólares con el 75 % necesario para financiar esos servicios públicos.37 Es decir, resulta difícil imaginar al Partido Demócrata luchando por cualquier cosa que pudiera suponer realmente una diferencia sustancial. Como he escrito recientemente en otro lugar, la estructura, el funcionamiento y la economía de este partido hacen que eso resulte extremadamente poco realista.38 El incrementalismo marginal sigue siendo, en el mejor de los casos, el límite del horizonte de los demócratas. La esperanza de cualquier cambio significativo, o incluso de la mayoría de las propuestas más moderadas que enumera Meyerson, descansa por completo en una transformación de las relaciones de poder organizadas entre las clases, tanto en el frente económico como en el político.

Resulta difícil imaginar que se puedan hacer «asequibles» para la mayoría los grandes gastos básicos de la vida, como la vivienda, la sanidad, la educación y el cuidado infantil, sin sacarlos del mercado; es decir, sin ponerlos a disposición de la mayoría como servicios públicos.

El creciente número de «ONG» de defensa de causas, dependientes de donantes y de carácter verticalista, que compiten por la financiación y el acceso a los políticos, ha reforzado esta tendencia de larga data hacia políticas marginales, típicas de los políticos demócratas y de las organizaciones del partido. Algunas de estas ONG son vestigios de movimientos sociales, pero carecen de una base de masas y están desprovistas de un funcionamiento democrático. Es evidente que este enfoque ni siquiera ha logrado frenar el crecimiento de la desigualdad, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca o la Casa del Estado. De hecho, como muestran las cifras sobre la distribución de la renta anteriores, la desigualdad se aceleró durante los años de Biden y, por supuesto, bajo el mandato de Trump.

Independientemente de que los activistas y las organizaciones de la izquierda socialista apoyen o no algunas de estas reformas moderadas, es evidente que necesitamos un enfoque programático unificador que distinga las políticas socialistas de las liberales —e incluso de las más progresistas—. Esto sigue siendo cierto incluso si colaboramos con liberales y progresistas en algunas cuestiones, como a menudo nos vemos obligados a hacer. Es necesario ir más allá de la «asequibilidad» para abordar directamente la crisis de la reproducción social de la clase trabajadora. Esto incluye reivindicaciones inmediatas como aquellas por las que Mamdani se presentó a las elecciones (guarderías gratuitas, control de alquileres, transporte local gratuito), pero va más allá para incluir reivindicaciones de transición más radicales (Medicare para todos, programas masivos de vivienda pública de alquiler reducido a nivel local y nacional, educación superior gratuita, empleo público sostenible para quienes no puedan conseguir un puesto en el sector privado, un salario mínimo vital a nivel nacional, un «New Deal verde» mucho más radical e impuestos seriamente redistributivos sobre las rentas altas y la riqueza). Por supuesto, estas medidas distan mucho del socialismo, pero apuntan hacia soluciones colectivas. Sin embargo, las reivindicaciones sin organizaciones de base masivas formadas por miembros no son más que propaganda.

En estos momentos, estamos asistiendo a un repunte de la actividad de los movimientos de izquierda y progresistas en la lucha contra Trump, con iniciativas como el «No Kings Day», el «May Day Strong» y las acciones contra el ICE, así como a un crecimiento significativo de los sindicatos, de los sindicatos de inquilinos y a la proliferación de grupos de presión a favor de la reforma sindical (entre otros). Pero existe el peligro de que —al igual que el breve auge en torno a Occupy Wall Street, Black Lives Matter y la resistencia durante el primer mandato de Trump— gran parte de esta actividad se agote por falta de una sólida organización de base, para acabar dejando otro rastro de ONG de defensa antidemocráticas y un número minúsculo de «representantes electos» socialistas que nadan a contracorriente en el Partido Demócrata. El rápido crecimiento reciente de la DSA también es una señal positiva, pero se trata de un aumento apenas superior a los casi treinta mil miembros que perdió entre 2021 y 2024. La falta de una perspectiva común, la rutina de la actividad electoral en el Partido Demócrata, un liderazgo débil, un enorme número de afiliados «de papel», la división sobre la prioridad de los pueblos oprimidos y cualquier revés en su prioridad electoral podrían hacer que volviera a caer en picado. Por eso, un enfoque común en la organización de base, democrática y de la clase trabajadora, combinado con programas radicales para abordar la crisis de la reproducción social de la clase trabajadora, debe ser fundamental para la izquierda en su conjunto. Hay miles de activistas, muchos de ellos en la DSA, organizándose a distintos niveles, incluido el movimiento sindical. Esto debe convertirse en un movimiento de masas para lograr un cambio real.

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Apéndice

Inflación acumulada frente a los ingresos por hora de los trabajadores de producción y no supervisores

Media anual del IPC-W Ingresos medios por hora de los trabajadores de producción y no supervisores, variación porcentual Pérdida/Ganancia

2022: 8,5 4,9 -3,6

2023: 3,8 4,0 +0,2

2024: 2,9 3,5 +0,6

2025: 2,5 3,3 +0,8

Pérdida = – 3,6

Ganancia = 1,6

Pérdida/ganancia neta = – 2,0

Fuente: BLS, «Salarios medios por hora de los empleados de producción y no supervisores, sector privado total», 24 de febrero de 2026, «Bases de datos, tablas y calculadoras por tema»; BLS, «Índice de precios al consumo para asalariados urbanos y empleados administrativos (CPI-W)», BLS Data Viewer, consultado el 24 de febrero de 2026.

Kim Moody fue uno de los fundadores de Labor Notes en EE. UU. y autor de varios libros sobre trabajo y política, entre ellos On New Terrain: How Capital is Reshaping the Battleground of Class War (Haymarket Books, 2017). Actualmente es investigador visitante en la Universidad de Westminster de Londres y miembro del sindicato University and College Union y del Sindicato Nacional de Periodistas." 

(Kim Moody  , Spectre, 21/04/26, traducción Salvador L. Arnal)  

3.9.26

Irán atacó ayer 7 bases militares estadounidenses diferentes en 4 países distintos con docenas de misiles balísticos y drones, y parece que EE.UU. no va a responder... La disuasión iraní ha sido restablecida, mientras que América enfrenta reservas críticas continuas de misiles interceptores. Mientras tanto, Irán conserva la mayoría de sus lanzadores de misiles balísticos, miles de misiles balísticos en sus ciudades subterráneas... Irán aún mantiene su capacidad para atacar cualquier barco en el Estrecho de Ormuz, y también puede atacar cualquier base militar estadounidense debido a la falta de reservas de misiles interceptores... las imágenes de CENTCOM solo mostraron un par de objetivos valiosos siendo alcanzados en el sur de Irán, y nada más... El ritual de humillación americano continúa... (AMK Mapping)

AMK Mapping 🇳🇿 @AMK_Mapping_

Irán atacó ayer 7 bases militares estadounidenses diferentes en 4 países distintos con docenas de misiles balísticos y drones, y parece que EE.UU. no va a responder. 

La disuasión iraní ha sido restablecida, mientras que América enfrenta reservas críticas continuas de misiles interceptores. Mientras tanto, Irán conserva la mayoría de sus lanzadores de misiles balísticos, miles de misiles balísticos en sus ciudades subterráneas, y está expandiendo activamente una vez más sus sitios de producción de misiles balísticos. 

A pesar de afirmar haber llevado a cabo una gran oleada de ataques contra objetivos militares iraníes ayer, las imágenes de CENTCOM solo mostraron un par de objetivos valiosos siendo alcanzados en el sur de Irán, y nada más. Irán aún mantiene su capacidad para atacar cualquier barco en el Estrecho de Ormuz, y también puede atacar cualquier base militar estadounidense debido a la falta de reservas de misiles interceptores. 

El ritual de humillación americano continúa...

3:21 a. m. · 3 sept. 2026 ·123,3 mil Visualizaciones

2.9.26

Sudáfrica acusa a Israel ante la Corte Internacional de Justicia de incumplir medidas para prevenir genocidio en Gaza. El Gobierno sudafricano entregó un nuevo expediente a la Corte Internacional de Justicia en el que sostiene que Israel ha desatendido sistemáticamente las órdenes provisionales dictadas para proteger a la población palestina... La presentación profundiza la ofensiva jurídica iniciada por Pretoria a fines de diciembre de 2023, cuando recurrió a la CIJ amparándose en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y acusó a Israel de cometer actos de carácter genocida durante su operación militar en Gaza... A partir de la demanda sudafricana, la CIJ ha dictado sucesivas medidas provisionales jurídicamente vinculantes para Israel. Entre ellas, la obligación de adoptar las acciones necesarias para impedir actos comprendidos dentro de la Convención sobre Genocidio, evitar y sancionar la incitación directa y pública al genocidio y facilitar las condiciones para el ingreso de asistencia humanitaria... El tribunal también ha ampliado sus disposiciones a medida que se deterioraron las condiciones humanitarias en Gaza. Sin embargo, la CIJ carece de mecanismos propios para ejecutar sus resoluciones, por lo que su cumplimiento depende en gran medida de los Estados y de la actuación de los órganos políticos de Naciones Unidas... Pretoria asegura que, incluso después del alto el fuego declarado en octubre de 2025, ha muerto, en promedio, un niño al día en Gaza a manos de las fuerzas israelíes... Pretoria también considera que está en juego la capacidad de la CIJ para hacer valer sus decisiones y, con ello, la legitimidad del sistema internacional de justicia

"Sudáfrica presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un nuevo expediente contra Israel en el que acusa al Gobierno israelí de incumplir las medidas provisionales ordenadas por el máximo tribunal de Naciones Unidas para prevenir la comisión de un genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza.

La presentación profundiza la ofensiva jurídica iniciada por Pretoria a fines de diciembre de 2023, cuando recurrió a la CIJ amparándose en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y acusó a Israel de cometer actos de carácter genocida durante su operación militar en Gaza.

El conflicto comenzó después de los ataques perpetrados por Hamás y otras milicias palestinas contra territorio israelí el 7 de octubre de 2023, que dejaron alrededor de 1.200 muertos y unos 250 secuestrados. Israel respondió con una amplia campaña militar sobre la Franja de Gaza, dando inicio a una guerra que se convirtió en uno de los principales focos de tensión de Medio Oriente y que posteriormente tuvo repercusiones en Líbano, Siria, Yemen, Irán y el mar Rojo.

Las medidas ordenadas por la CIJ

A partir de la demanda sudafricana, la CIJ ha dictado sucesivas medidas provisionales jurídicamente vinculantes para Israel. Entre ellas figura la obligación de adoptar las acciones necesarias para impedir actos comprendidos dentro de la Convención sobre Genocidio, evitar y sancionar la incitación directa y pública al genocidio y facilitar las condiciones para el ingreso de asistencia humanitaria.

El tribunal también ha ampliado sus disposiciones a medida que se deterioraron las condiciones humanitarias en Gaza. Sin embargo, la CIJ carece de mecanismos propios para ejecutar sus resoluciones, por lo que su cumplimiento depende en gran medida de los Estados y de la actuación de los órganos políticos de Naciones Unidas.

El pasado 25 de agosto, Sudáfrica entregó un extenso expediente en el que sostiene que Israel ha incumplido de manera sistemática estas obligaciones.

Pretoria asegura que, incluso después del alto el fuego declarado en octubre de 2025, la población civil ha continuado sufriendo las consecuencias de las operaciones militares. Entre los antecedentes incorporados al documento, el Gobierno sudafricano afirma que desde entonces ha muerto, en promedio, un niño al día en Gaza a manos de las fuerzas israelíes.

Pretoria promete continuar la ofensiva judicial

Sudáfrica recordó que las órdenes dictadas por la CIJ tienen carácter vinculante y sostuvo que la comunidad internacional también tiene obligaciones derivadas de la Convención sobre Genocidio para prevenir y sancionar este crimen.

Ante lo que considera un incumplimiento israelí, el Gobierno sudafricano anunció que seguirá explorando las vías jurídicas disponibles para conseguir que Israel aplique «de forma plena e inmediata» las decisiones del tribunal.

Pretoria también advirtió que el caso excede la situación particular de Gaza, pues considera que está en juego la capacidad de la CIJ para hacer valer sus decisiones y, con ello, la legitimidad del sistema internacional de justicia.

Un proceso abierto desde enero de 2024

La disputa judicial tuvo uno de sus principales hitos el 26 de enero de 2024, cuando la CIJ ordenó por primera vez medidas provisionales en respuesta a la demanda sudafricana. El tribunal no determinó entonces que Israel estuviera cometiendo genocidio —una cuestión que corresponde resolver en la sentencia sobre el fondo—, pero consideró necesario proteger provisionalmente determinados derechos de la población palestina contemplados en la Convención sobre Genocidio.

Posteriormente, ante el agravamiento de la crisis humanitaria, la corte emitió nuevas disposiciones. En marzo de 2024 ordenó garantizar sin demora la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria a gran escala, mientras que en mayo de ese año adoptó nuevas medidas relacionadas con la ofensiva israelí sobre Rafah.

El procedimiento impulsado por Sudáfrica se convirtió desde entonces en uno de los principales frentes jurídicos internacionales derivados de la guerra de Gaza. Otros países han respaldado o buscado intervenir en el proceso, ampliando la dimensión diplomática del litigio.

En paralelo, la guerra desencadenó otros procedimientos ante organismos judiciales internacionales y profundizó las divisiones diplomáticas respecto de Israel y Palestina. Mientras Pretoria mantiene que existen fundamentos para aplicar la Convención sobre Genocidio, Israel ha rechazado reiteradamente esa acusación y sostiene que sus operaciones militares responden al derecho de defenderse frente a Hamás.

La presentación del nuevo expediente no implica una resolución definitiva de la CIJ sobre la acusación de genocidio. El procedimiento sobre el fondo continúa abierto y será el tribunal el que deberá determinar finalmente si Israel incurrió en responsabilidad internacional bajo la Convención de 1948.

La nueva actuación sudafricana busca, entretanto, mantener la presión sobre el cumplimiento de las medidas provisionales y situar nuevamente la conducta de Israel en Gaza en el centro del debate jurídico internacional."

(El Periodista, 29/08/26) 

Paul Krugman: Recompensando a los más deshonestos... es casi un lugar común decir que, bajo el mandato de Donald Trump, Estados Unidos está gobernado por los peores. Pero no creo que se haya valorado hasta qué punto también estamos gobernados por los más corruptos... el factor realmente importante que nos ha alejado de la sociedad relativamente igualitaria que éramos hace 50 años —obviamente, ni mucho menos verdaderamente igualitaria, pero nada que ver con el dominio de una élite minúscula que tenemos ahora—, el factor realmente importante es la política y, sobre todo, la política fiscal... Un factor en todo esto es el aumento de la práctica de, sencillamente, no pagar los impuestos... Gravamos los beneficios empresariales a un tipo mucho más bajo que en la década de 1950; gravamos las rentas más altas a un tipo mucho, mucho más bajo que en la década de 1950. Pero lo que también es cierto es que, sencillamente, permitimos que la gente se salga con la suya sin pagar impuestos en una medida enorme... Las cifras son enormes. El dinero que no se recauda supera los 600 000 millones de dólares al año... algo así como el 40 % del déficit presupuestario de EE. UU. Es un factor que contribuye de manera significativa a la acumulación de enormes fortunas... llama la atención que, lejos de hacer un esfuerzo real por frenar esa brecha fiscal, nuestro sistema político, básicamente, ha intentado convertir a Estados Unidos en un lugar seguro para los evasores fiscales... desde 2010 —y especialmente desde que los republicanos de extrema derecha tomaron el control de la Cámara de Representantes—, hemos avanzado hacia la eliminación casi total de cualquier intento de controlar ese tipo de evasión fiscal... si eres un multimillonario honesto te ves en desventaja por el hecho de que los multimillonarios deshonestos pueden salirse con la suya al evadir impuestos... Favorecemos literalmente a personas que no solo tienen enormes cantidades de dinero, sino que además hacen trampa, no pagan sus impuestos y incumplen las normas... Creo que la decadencia moral es peor que las cifras, lo cual es decir mucho

 "De la kakistocracia a la tramposocracia. Recompensando a los más deshonestos .

 A estas alturas, ya es casi un lugar común decir que, bajo el mandato de Donald Trump, Estados Unidos se ha convertido en una «kakistocracia», gobernada por los peores. Pero no creo que se haya valorado plenamente hasta qué punto también nos hemos convertido en una «cheatistocracia», gobernada por los más corruptos.

El comentario de hoy es una continuación de la introducción de ayer, que versaba sobre el papel de la evasión fiscal tanto a la hora de provocar o contribuir a nuestra espiral descendente hacia la oligarquía, como en su calidad de factor sorprendentemente importante en el déficit presupuestario y, por lo tanto, en el problema de la deuda de Estados Unidos.

Antes de entrar en materia sobre la evasión fiscal, permítanme decir algo sobre el rumbo que he seguido en mi especie de viaje intelectual para comprender la oligarquía. Como economista, normalmente mi instinto es pensar en la mano invisible, en las fuerzas del mercado y en la tecnología como motores de lo que ocurre en la sociedad. E incluso ahora, hasta cierto punto, el aumento de la desigualdad común y corriente —el ascenso del quintil superior a costa de la clase media— puede explicarse en parte por el sesgo de la tecnología hacia unas competencias formales más elevadas, aunque eso puede estar llegando a su fin ahora con la IA y todo eso.

 Pero cuando empecé a centrarme en la oligarquía, en ese número tan reducido de personas que poseen una riqueza y unos ingresos enormes —aunque la riqueza es un factor aún más importante—, en ese puñado de personas que han llegado a desempeñar un papel tan importante en nuestra sociedad, en nuestra economía y, sobre todo, por supuesto, en nuestra política, me vi obligado, más o menos por las cifras, a afirmar que esto no tiene nada que ver con la «mano invisible». No se trata de las fuerzas del mercado. Ni siquiera se trata, en su mayor parte, de la tecnología.

Sí, algunas tecnologías crean mercados en los que «el ganador se lo lleva todo», lo que hace que las personas que están en el lugar adecuado se hagan extremadamente ricas. Pero el factor realmente importante que nos ha alejado de la sociedad relativamente igualitaria que éramos hace 50 años —obviamente, ni mucho menos verdaderamente igualitaria, pero nada que ver con el dominio de una élite minúscula que tenemos ahora—, el factor realmente importante es la política y, sobre todo, la política fiscal.

Básicamente, dejamos de aplicar impuestos progresivos que limitaban el crecimiento de las grandes fortunas. Y, como era de esperar, a medida que desaparecían las barreras fiscales a la acumulación de riqueza excesiva, esta comenzó a concentrarse.

 Esta es, en muchos sentidos, la historia fundamental. Nos deshicimos de la «Edad Dorada» —con su dominio, como dijo FDR, del poder del dinero organizado— y le pusimos fin, en gran medida gravando con impuestos gran parte de ese dinero organizado. Y hemos vuelto a una situación que, en muchos aspectos, es peor que la «Edad Dorada», al eliminar esos impuestos y permitir que las grandes fortunas crezcan como una bola de nieve y se compren un enorme poder político, lo que les permite crecer aún más.

Un factor en todo esto es el aumento de la práctica de, sencillamente, no pagar los impuestos que se supone que hay que pagar. Gran parte de ello se debe a unos tipos impositivos legales reduccionistas. Gravamos los beneficios empresariales a un tipo mucho más bajo que en la década de 1950; gravamos las rentas más altas a un tipo mucho, mucho más bajo que en la década de 1950. Pero lo que también es cierto es que, sencillamente, permitimos que la gente se salga con la suya sin pagar impuestos en una medida enorme, casi con toda seguridad en una medida mucho mayor de lo que solía ser el caso.

Las cifras son enormes, y en el manual analizo la brecha fiscal. El dinero que se debe pero que, de hecho, no se recauda supera sin duda los 600 000 millones de dólares al año. Representa algo así como el 40 % o más del déficit presupuestario federal de EE. UU. Es un factor que contribuye de manera significativa a la acumulación de enormes fortunas.

 Lo que llama la atención es que, lejos de hacer un esfuerzo real por frenar esa brecha fiscal, en su mayor parte nuestro sistema político ha optado por dejarla campar a sus anchas y, básicamente, ha intentado convertir a Estados Unidos en un lugar seguro para los evasores fiscales.

Esto beneficia de forma abrumadora a las personas con altos ingresos y gran patrimonio, porque las personas con ingresos realmente elevados, las que son extremadamente ricas, para empezar, tienen unos ingresos mucho más complejos. Es mucho, mucho más difícil localizar y auditar a alguien que tiene múltiples negocios, algunos de los cuales son empresas ficticias, otros pueden ser reales, pero que, en cualquier caso, son conductos a través de los cuales puede circular el dinero. Y solo los muy ricos pueden mantener cuentas en paraísos fiscales que les permiten ocultar ingresos y demás.

Así pues, la evasión fiscal es algo que beneficia de manera abrumadora a las personas con un patrimonio y unos ingresos muy elevados. ¡No a todas! No todos los multimillonarios son evasores fiscales. Hay distintos niveles. Hay algunas personas que simplemente consideran que eso no es algo que quieran hacer; personas que piensan que estaría mal. La moralidad sí existe. Hay personas que consideran que sus pérdidas personales, en caso de que las pillaran cometiendo una evasión fiscal grave, serían enormes. Por eso se preocupan por su reputación.

 Y luego están los que no lo hacen.

Lo sorprendente es que, sobre todo desde 2010 —y especialmente desde que los republicanos de extrema derecha tomaron el control de la Cámara de Representantes—, hemos avanzado hacia la eliminación casi total de cualquier intento de controlar ese tipo de evasión fiscal.

Las cifras son realmente alarmantes, y el IRS ha publicado información muy útil al respecto. Si eres una persona con unos ingresos muy elevados, el IRS deja de contabilizarlos prácticamente a partir de un millón o más al año, pero es de suponer que la cifra es aún mayor en los tramos superiores de la escala.

En 2011, antes de que el Congreso de derechas pudiera hacer su trabajo, se auditó más del 7 % de las declaraciones de la renta en ese tramo, lo cual no es descabellado, ya que, obviamente, allí hay muchas posibilidades de que se produzcan irregularidades. Esto no quiere decir que el 7 % de las personas con ingresos superiores al millón acabaran en la cárcel. Obviamente, nada de eso, pero se llevaban a cabo auditorías generalizadas, lo que, entre otras cosas, animaba a la gente a no defraudar al fisco.

En 2019, tan solo ocho años después, esa cifra había pasado del 7,2 % al 0,7 %. Así pues, casi nadie con ingresos elevados era objeto de auditoría por posible fraude fiscal.

 Ahora bien, ¿por qué ocurría esto? Se habían producido recortes drásticos en la financiación del IRS. Eran muy cuantiosos, de al menos un 25-30 % ajustados a la inflación, lo que supuso una reducción de alrededor del 40 % en la plantilla dedicada a la aplicación de la ley. Y resulta que auditar los impuestos de una persona con ingresos muy elevados es mucho más caro que auditar los de una persona corriente. Un trabajador manual corriente, de ingresos medios, o un empleado de oficina que quizá no declare algunos ingresos, en muchos casos le resulta realmente muy difícil evadir impuestos. Y si lo hace, suele ser relativamente sencillo desentrañar lo que está pasando. Por eso, las inspecciones a la gente corriente son baratas.

Las inspecciones a millonarios y multimillonarios —por decirlo al estilo de Bernie Sanders— son muy caras. Por eso, el IRS, con recursos limitados y con el deseo de demostrar que, de hecho, estaba inspeccionando a la gente, renunció en gran medida a inspeccionar a los extremadamente ricos.

Y se trata de una cifra enorme. La cantidad que perdemos por la evasión fiscal equivale más o menos al presupuesto total de Medicaid. Es unas seis veces lo que gastamos en cupones de alimentos. Es unas 15 veces la cantidad de dinero que Elon Musk se ahorró al destruir la USAID y matar a millones de personas en África. Y, sin embargo, se ha permitido que prospere.

 Fíjate, por cierto, en que todo esto es anterior a Trump.

Ahora bien, con Biden se impulsó una iniciativa para rectificar la situación, para restablecer la aplicación de la ley, aumentar los recursos del IRS e intensificar las medidas de control, en un intento de reorientar las prioridades de la agencia hacia donde deberían estar: perseguir a los grandes capitales. Y eso apenas estaba empezando. Se necesita tiempo para poner en marcha esas medidas.

Y ya sabéis lo que pasó. Por supuesto, la «gran y maravillosa ley» de Trump supuso recortes drásticos en los recursos del IRS destinados a la aplicación de la ley. Recortes drásticos de personal. Ahora hemos vuelto a una situación en la que las cosas están peor de lo que estaban antes de que Biden empezara a intentar arreglarlas. Así que esto va a continuar.

Lo que me parece notable e interesante —bueno, no diría que me desconcierta, pero creo que es algo que requiere cierto análisis— es el motivo exacto.

Quiero decir, una cosa es favorecer los intereses de los superricos. Vale, sabemos que eso es lo que es el Partido Republicano moderno, diga lo que diga.

 Pero otra cosa muy distinta es favorecer sistemáticamente a los menos honestos. Lo que hace esta política es, básicamente, decir que si eres un multimillonario honesto —me da miedo nombrar a alguien porque quién sabe qué podría salir a la luz en algún futuro conjunto de archivos—, pero si eres un multimillonario honesto, te ves en desventaja por el hecho de que los multimillonarios deshonestos pueden salirse con la suya al evadir impuestos. Deberías oponerte a eso, pero, obviamente, el partido que actualmente controla el Congreso, la Casa Blanca y el Tribunal Supremo, ese partido en realidad prefiere a los hombres deshonestos de gran riqueza. De hecho, es una preferencia clara por los defraudadores.

Puedo especular muy a grandes rasgos. A menudo se ha observado en Trump —y probablemente sea cierto también para algunos otros de su bando— que, en un nivel fundamental, no cree que nadie tenga buenas intenciones. Y que alguien que parece ser realmente una persona decente que respeta las normas es, precisamente por eso, alguien en quien Trump desconfía.

 De alguna manera da por hecho que deben de ser aún peores que él. De lo contrario, no fingirían tener buenas intenciones, algo de lo que personas como él nunca disponen. Quizá haya algo más detrás, algo más profundo. Pero, en cualquier caso, hemos desarrollado un sistema en el que no solo favorecemos enormemente los intereses de quienes ya poseen enormes cantidades de dinero, sino que, literalmente, favorecemos a los «malhechores de gran riqueza», por usar la expresión de Teddy Roosevelt. Favorecemos literalmente a personas que no solo tienen enormes cantidades de dinero, sino que además hacen trampa, no pagan sus impuestos y incumplen las normas.

Esto no es Estados Unidos. La opinión pública sigue creyendo firmemente que la gente debe pagar los impuestos que debe. No somos un país que valore, recompense o honre a quienes hacen trampa. Pero nos hemos convertido en una sociedad que, en la práctica, sí recompensa a quienes hacen trampa.

¿Cómo afecta esto a nuestra cohesión social? ¿Cómo afecta a nuestra identidad como nación? Creo que, en cierto modo, la decadencia moral es peor que las cifras, lo cual es decir mucho."
 

(Paul Krugman , blog, 31/08/26, traducción DEEPL) 

Las próximas elecciones podrían ser las últimas. Donald Trump está decidido a sabotear las elecciones de mitad de legislatura... Trump ha puesto en marcha una serie de mecanismos para manipular o invalidar las elecciones de mitad de legislatura. El Congreso no nos salvará. Los tribunales no nos salvarán... Si se aplican las medidas defendidas por la Administración Trump, se invocarán los poderes de emergencia para ejercer un control federal sin precedentes sobre la votación... Los requisitos de identificación federal y de documentos de ciudadanía privarán del derecho al voto a millones de votantes con derecho a ello, incluidos los estadounidenses con bajos ingresos que carecen de acceso a los documentos requeridos y las mujeres casadas cuyos nombres actuales no coinciden con los que figuran en sus registros de ciudadanía... Se desplegarán tropas federales y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los colegios electorales o en sus inmediaciones que cuenten con una mayoría tradicional del Partido Demócrata... La supervisión del fraude electoral masivo correrá a cargo de leales colocados por la Administración Trump en las oficinas electorales estatales y federales... Trump y sus partidarios en Silicon Valley son plenamente conscientes de que el nivel de su corrupción y su desdén por la democracia —sin precedentes en la historia de EE. UU.— les hace vulnerables en caso de que pierdan el poder. No tienen intención alguna de permitir que esto suceda, por muy graves que sean las violaciones constitucionales (Chris Hedges)

"La Casa Blanca de Trump ha puesto en marcha una serie de mecanismos para manipular o invalidar las elecciones de mitad de legislatura. El Congreso no nos salvará. Los tribunales no nos salvarán. Nuestra única esperanza —en caso de que las elecciones sean amañadas o robadas— son las huelgas a nivel nacional. Nuestra única esperanza es paralizar la maquinaria del comercio y del Gobierno, aunque esta militancia se enfrentará a una represión estatal salvaje.

De lo contrario, estamos condenados. No habrá salida.

Si se aplican las medidas defendidas por la Administración Trump, se invocarán los poderes de emergencia para ejercer un control federal sin precedentes sobre la votación. Los agentes federales confiscarán el material electoral. Ya han confiscado papeletas de elecciones anteriores.

El Servicio Postal de EE. UU. solo enviará papeletas a quienes figuren en las listas de elegibilidad aprobadas a nivel federal, elaboradas a partir de los censos electorales estatales. Estos censos, sujetos a comprobaciones de ciudadanía, denegarán por completo los servicios de correo electoral en aquellos estados que se nieguen a cumplir las exigencias de la Administración en cuanto a los datos de los votantes.

La manipulación de circunscripciones respaldada por Trump a mediados de la década ya ha desmantelado distritos controlados por los demócratas y ha creado otros nuevos para los republicanos.

Los requisitos de identificación federal y de documentos de ciudadanía privarán del derecho al voto a millones de votantes con derecho a ello, incluidos los estadounidenses con bajos ingresos que carecen de acceso a los documentos requeridos y las mujeres casadas cuyos nombres actuales no coinciden con los que figuran en sus registros de ciudadanía.

Se desplegarán tropas federales y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) —con 113 500 millones de dólares en financiación adicional asignada por el Congreso hasta septiembre de 2029— en los colegios electorales o en sus inmediaciones que cuenten con una mayoría tradicional del Partido Demócrata. Aquellos tildados de «anticapitalistas» y «anticristianos» o acusados de pertenecer a antifa serán intimidados o se les impedirá votar.

La mayoría republicana en la Cámara de Representantes —independientemente del resultado de la votación— utilizará su autoridad para certificar los resultados electorales con el fin de retener el poder, manipulando el Colegio Electoral y negándose a admitir a los miembros de la oposición recién elegidos.

La supervisión del fraude electoral masivo correrá a cargo de leales colocados por la Administración Trump en las oficinas electorales estatales y federales.

Trump —quien intentó anular los resultados de las elecciones de 2020 y afirmó que se negaría a aceptar el resultado de las elecciones de 2024 si perdía— reflexiona sobre la posibilidad de desafiar la Constitución con el fin de ejercer un tercer mandato. También ha planteado la idea de cancelar las próximas elecciones, declarando a Reuters: «Si lo piensa bien, ni siquiera deberíamos celebrar elecciones».

Cuando Volodymyr Zelensky —cuyo mandato presidencial finalizó en mayo de 2024— informó a Trump de que no se celebrarían elecciones en Ucrania debido a la guerra, Trump respondió: «Así que está diciendo que, durante la guerra, no se pueden celebrar elecciones… Permítame decirle algo: dentro de tres años y medio, ¿quiere decir que, si por casualidad estamos en guerra con alguien, no habrá más elecciones? Oh, eso está bien».

Trump declaró a The New York Times en enero que lamentaba no haber ordenado a la Guardia Nacional que confiscara las máquinas de votación tras las elecciones de 2020. Trump no solo quiere abolir el voto por correo —los demócratas votan por correo en mayor número que los republicanos—, sino también las máquinas de votación y los recontadores que permiten a las juntas electorales publicar los resultados la misma noche de las elecciones.

Trump sentó las bases para la injerencia federal en su discurso nacional de julio sobre el fraude electoral, al afirmar que las elecciones están peligrosamente expuestas al «hackeo, la manipulación y la injerencia extranjera».

Este ataque lleva décadas gestándose. No comenzó con Trump.

Ya advertí sobre el movimiento nacionalista cristiano y su fascismo latente en mi libro «American Fascists: The Christian Right and the War on America». Estos fascistas cristianos son enemigos de la sociedad abierta. Pretenden privar del derecho al voto a amplios sectores de la población, exigen la desregulación de la industria y la eliminación de todos los servicios sociales, incluida la educación pública, los programas de salud pública y la protección del consumidor. Consideran que las únicas funciones propias del Gobierno federal son la recaudación de impuestos, la guerra y la seguridad interior.

Estos objetivos se exponen con un detalle técnico abrumador en el Proyecto 2025.

El poder —como en todas las dictaduras— debe ser permanente. Se configurará para enriquecer al círculo más cercano de Trump y su familia, quienes han ganado al menos 2.3 mil millones de dólares con sus inversiones en criptomonedas durante el primer año de Trump desde su regreso a la presidencia. La clase multimillonaria y las grandes empresas seguirán pagando pocos o ningún impuesto sobre la renta. No tendrán restricciones ni supervisión externas mientras explotan a la ciudadanía y contaminan y envenenan la tierra.

El resto de nosotros, bajo constante vigilancia estatal y privados de cualquier recurso legal, quedaremos reducidos a la condición de siervos.

La disidencia será tipificada como delito. Los medios de comunicación se convertirán en una cámara de eco de la dictadura. La educación —desde la guardería hasta los estudios de posgrado— será adoctrinamiento. La cultura quedará reducida a su mínimo común denominador: el kitsch sentimental. Se emplearán tropos, iconografía y símbolos cristianos para sacralizar la supremacía blanca, el capitalismo, la guerra sin fin y el imperio, al tiempo que se demoniza a quienes se encuentran en los márgenes de la sociedad.

A Trump ya se le ha otorgado el poder absoluto. En 2024, el Tribunal Supremo concedió a Trump inmunidad frente a cualquier proceso judicial por actos realizados en el marco de su autoridad constitucional «concluyente y excluyente». En su opinión disidente, la magistrada Sonia Sotomayor denunció que, como consecuencia de la decisión del tribunal, «en cada ejercicio del poder oficial, el presidente es ahora un rey por encima de la ley».

Trump y sus partidarios en Silicon Valley son plenamente conscientes de que el nivel de su corrupción y su desdén por la democracia —sin precedentes en la historia de EE. UU.— les hace vulnerables en caso de que pierdan el poder. No tienen intención alguna de permitir que esto suceda, por muy graves que sean las violaciones constitucionales. Pretenden extinguir los últimos vestigios de la democracia. Creen, tal y como escribió en 2009 Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, que «la libertad y la democracia» no son «compatibles».

Thiel está recopilando toda nuestra información obtenida de los registros fiscales del Gobierno, médicos y de las fuerzas del orden. Esta información se está enviando a bases de datos que pueden explotarse con fines de control estatal y lucro. Thiel y su círculo de multimillonarios tecnócratas están llevando a cabo la agenda que él previó hace 16 años: convertir la tecnología en una «alternativa a la política».

«Los populistas se quedan con el himnario anti-woke de MAGA», escriben Mark Medish y Joel McCleary en su serie «Dancing in the Dark» de The Spectator sobre las próximas elecciones:

Los señores de la nube se quedan con los contratos y la desregulación; el presidente se queda con la adulación, el dinero, las herramientas para destruir a sus enemigos y el dominio de todos los medios de comunicación. Cada uno de los socios cree que está utilizando hábilmente a los demás. Todos ellos necesitan esta alianza para sobrevivir este noviembre y consolidar aún más su poder.

Agentes del FBI incautaron papeletas originales de 2020, imágenes de papeletas y censos electorales en Georgia. El Departamento de Justicia incautó papeletas de 2024 en Míchigan. Y Chad Bianco, el sheriff del condado de Riverside, en California, tal y como señalan Medish y McCleary, «incautó en marzo unas 650 000 papeletas a raíz de una denuncia presentada por un grupo local de “integridad electoral” que se está organizando para replicar la maniobra en media docena de condados más durante este ciclo electoral».

Esto es, supongo, un anticipo de las incautaciones generalizadas de papeletas que se producirán en noviembre.

Los Documentos de Acción Presidencial de Emergencia (PEAD), que son «órdenes de emergencia redactadas previamente en caso de un ataque al territorio nacional», esperan «solo una decisión y una firma para convertirse en ley operativa por necesidad», señalan Medish y McCleary, lo que otorga a Trump el poder unilateral de suspender las libertades civiles en caso de crisis interna.

Creadas por primera vez bajo el mandato del presidente Dwight Eisenhower, estas directivas secretas han sido desde entonces periódicamente revisadas y ampliadas por sucesivas administraciones.

«Existen al menos cincuenta y seis de estos PEAD, según el último recuento fiable», continúan Medish y McCleary. «Ninguno ha sido jamás publicado, filtrado, invocado, revisado por el Congreso ni sometido a prueba en ningún tribunal. Entre los temas que, según se informa, abordan se incluyen la suspensión del hábeas corpus, la ley marcial, la censura, la detención de ciudadanos “considerados peligrosos” [y] la incautación de bienes».

La debilidad de los poderes legislativo y judicial, unida a la transformación de las agencias federales en apéndices de la Casa Blanca de Trump —incluidos el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional—, hace que estas instituciones carezcan de fiabilidad.

Solo podemos salvarnos a nosotros mismos.

Esto significa paralizar el país.

Millones de nosotros debemos estar preparados para salir a la calle; de lo contrario, las puertas de hierro del fascismo se cerrarán de golpe." 

(Chris Hedges , blog, 31/08/26, traducción Salvador L. Arnal)