Craig Murray @CraigMurrayOrg
El Reino Unido arrestó a unas 11.000 personas por delitos de expresión en los últimos 12 meses, incluidas 3.000 acusadas de terrorismo por pancartas o camisetas con mensajes.
Rusia —un país que está realmente en guerra— arrestó a unas 800 personas por delitos de expresión en el mismo período. ¿Cuál es la dictadura atroz?
10:20 a. m. · 19 sept. 2026·65,1 mil Visualizaciones
"La socialdemocracia transformó el siglo XX, otorgando a los trabajadores una parte de la riqueza y el poder que sus abuelos apenas podían imaginar. Sin embargo, el movimiento que se propuso superar el capitalismo acabó teniendo dificultades para defender lo que había conseguido dentro del propio sistema.
El domingo, el Partido Socialdemócrata de Suecia (SAP) se erigió como la principal fuerza política en unas elecciones que serán recordadas por todas las razones equivocadas. Magdalena Andersson está a punto de volver a ocupar el cargo de primera ministra, ya que su bloque de cuatro partidos cuenta con una mayoría de un escaño en un Riksdag de 349 escaños. El SAP obtuvo tan solo el 28 % de los votos, su peor resultado en más de 110 años.
Así es como se presenta hoy la victoria para el partido de centroizquierda con mayor éxito electoral de la historia. El SAP pasó de ser pionero en la gobernanza socialdemócrata —gobernando de forma casi ininterrumpida durante casi medio siglo e incluso debatiendo la transferencia de grandes empresas a la propiedad de los trabajadores— a convertirse en un baluarte cada vez más débil frente a la extrema derecha, con poco más de una cuarta parte del electorado a su favor.
El «modelo» sueco solo puede describirse en pasado. Lo que ha llevado a ello no es una historia de traición. Es una historia sobre lo que puede lograr una estrategia para reformar el capitalismo y sobre el punto en el que choca con la propia estructura del capitalismo.
En 1976, el primer ministro sueco Olof Palme señaló que existían dos caminos para los socialistas: «O bien volver a Stalin y Lenin, o bien tomar el camino que se une a la tradición de la socialdemocracia». Como líder del Estado que encarnaba esta última, su elección era obvia. El modelo sueco gozaba de tal prestigio que incluso un gaullista como el presidente francés Georges Pompidou afirmó que su sociedad ideal era «Suecia, con un poco más de sol».
Pero, aunque los caminos divergentes del socialismo no podían parecer más marcados en la época de Palme, no siempre fue así. Inmediatamente tras la Revolución Rusa, importantes minorías socialdemócratas se unieron a las escisiones comunistas, pero la mayoría de los socialdemócratas rechazaron la insurrección y se adaptaron a la república democrática como forma política para sus ambiciones. Al mismo tiempo, casi todos estos socialdemócratas seguían siendo marxistas en lo doctrinal y compartían un horizonte socialista. Sus partidos se habían construido siguiendo el modelo del Programa de Erfurt de 1891 del Partido Socialdemócrata Alemán, que combinaba un objetivo máximo —la socialización de toda la producción privada— con un programa mínimo de reformas inmediatas, y que partía de la premisa de que el propio desarrollo del capitalismo acabaría por hacer realidad el primero a través del segundo. Para la mayoría, eso significaba una economía nacionalizada en la que la tiranía del mercado diera paso a una planificación racional. Querían instaurar un sistema sucesor del capitalismo y dudaban de hasta qué punto se pudiera cambiar dentro del propio capitalismo.
La socialdemocracia nunca alcanzó los fines deseados, pero las reformas que llevó a cabo resultaron un éxito mucho mayor de lo esperado. La Suecia de la década de 1970 no era simplemente la sociedad más habitable de la historia; era también el país europeo en el que, tras la Segunda Guerra Mundial, los socialistas llegaron más lejos a la hora de socavar el poder del capital. Mientras los capitalistas se preocupaban por las promesas de Nikita Khrushchev —que golpeaba la mesa con el zapato— de enterrar a Occidente, surgía otra amenaza para el capital en Escandinavia, donde la combinación de un Estado del bienestar universal, el pleno empleo y unos sindicatos centralizados otorgaba a los trabajadores un enorme poder. Los sindicatos suecos llegaron incluso a presentar, en 1976, una propuesta de fondos para los asalariados que habría socializado progresivamente las empresas privadas. Cómo llegaron los socialdemócratas suecos a ese punto, y por qué su experimento acabó fracasando, es una historia insólita e instructiva.
Sin embargo, para comprender el éxito de la Suecia de la posguerra, primero debemos entender los fracasos de la socialdemocracia de entreguerras y la importante lección que ofrecen sobre los escollos con los que se topan los socialistas cuando gobiernan sin un plan para lograr el cambio económico y político.
A los socialistas europeos se les presentó la oportunidad de pasar de la oposición al poder más rápidamente de lo que muchos imaginaban. Salieron de la Primera Guerra Mundial con una gran legitimidad —en algunos casos, como en Alemania, debido al descrédito de las élites; en otros, en parte gracias a su propio apoyo a la causa nacional durante la guerra—. Como afirmó Karl Kautsky en 1924: «Habíamos aprendido a ser una oposición» antes de la guerra. Ahora «teníamos que asumir el Gobierno, y eso en el sentido más amplio; en la industria, en las localidades, en el Estado». Pero su partido, al igual que otros partidos socialistas durante el periodo de entreguerras, solo gobernó mediante gobiernos minoritarios o de coalición.
Los partidos de izquierda tuvieron un éxito desigual a la hora de impulsar reformas democráticas. Intentaron eliminar cualquier barrera existente al sufragio universal y democratizar las cámaras altas de los parlamentos. Las monarquías que sobrevivieron en toda Europa fueron despojadas de su poder político. Al igual que su predecesor Jean Jaurès, el socialista francés Léon Blum consideraba el Estado republicano como una herramienta para «definir, proteger y garantizar la condición de la clase trabajadora».
El sueño radical —sustituir el capitalismo por una economía socialista que funcionara por el bien común— seguía vivo. En los años inmediatamente posteriores a la guerra, las oleadas de huelgas crearon un terreno fértil para nuevas reivindicaciones y, con el inicio de la Gran Depresión, el colapso del capitalismo se convirtió en una realidad. La nacionalización de las grandes empresas y la introducción de la planificación económica serían los primeros pasos. Pero los socialdemócratas solo tenían una vaga idea de lo que querían hacer.
De hecho, fuera de Francia, la socialdemocracia de entreguerras no nacionalizó ninguna empresa a nivel federal (a pesar de que los socialistas participaran en otros ocho gobiernos de Europa Occidental). En su lugar, los socialistas crearon comisiones para estudiar el tema, enfrentándose por primera vez a las dificultades técnicas que entrañaba la construcción de una nueva economía política. Estas comisiones no dieron muchos frutos, e incluso Kautsky se vio obligado a admitir al cabo de unos años que «la creación de una organización socialista no es, por lo tanto, un proceso tan sencillo como solíamos pensar».
El Gobierno laborista británico de 1929-1931, bajo el mandato de Ramsay MacDonald, fue el ejemplo más extremo de la futilidad del periodo de entreguerras. El Partido Laborista había sido durante mucho tiempo más moderado que muchos de sus homólogos europeos; el partido rechazaba el marxismo y, desde el principio, actuó dentro de un marco liberal-constitucional. Era un partido impulsado por los intereses de los sindicatos y nunca tuvo las mismas influencias ideológicas radicales que el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) . Durante años se le negó al Partido Laborista la admisión en la Segunda Internacional debido a su énfasis en la colaboración de clases, pero dio un giro hacia la izquierda tras la Gran Guerra. La cláusula IV de sus estatutos, adoptada en 1918, abogaba por «la propiedad común de los medios de producción, distribución e intercambio».
La primera etapa del partido en el poder se produjo tras las elecciones generales de 1923, en las que el Partido Laborista obtuvo más de un millón de votos menos que el Partido Conservador, pero logró formar un gobierno en minoría con el apoyo de los liberales. El experimento solo duró diez meses y, con menos de un tercio de los escaños del Parlamento, MacDonald no pudo aprobar nada más que reformas menores en materia de educación, vivienda y empleo. Un gobierno en minoría siempre funciona con los días contados, pero el Partido Laborista también tuvo que hacer frente a una campaña conservadora de caza de comunistas que cuestionaba sus tímidas iniciativas diplomáticas hacia la joven Unión Soviética.
En 1929, el Partido Laborista se presentó con un programa electoral que abogaba por la construcción de obras públicas y una reducción de la semana laboral para combatir el desempleo. Esto se vio recompensado con una ganancia de 136 escaños, lo que lo convirtió en el partido mayoritario en el Parlamento, aunque no alcanzó la mayoría absoluta. Una vez más, el Partido Laborista dependía del respaldo del Partido Liberal.
El segundo Gobierno de MacDonald se formó en junio de 1929, apenas unos meses antes del inicio de la Gran Depresión. El momento no podía haber sido peor para el programa de reformas del Partido Laborista. A medida que aumentaba el desempleo, la dirección del partido se aferró a una rígida ortodoxia económica en lugar de ampliar el programa de obras públicas. Los dirigentes querían tranquilizar a los mercados, y se enfrentaban a una fuga de capitales que afectaba a la libra y a un déficit creciente. Abogando por la austeridad, MacDonald razonó que defender la moneda era una tarea más urgente que combatir el desempleo, y que mantener el libre comercio y «el más estricto respeto» por la sabiduría económica imperante permitiría, con el tiempo, que los desempleados volvieran a integrarse en la industria. Su tarea urgente era evitar que la democracia naufragara «contra la dura roca de las finanzas».
El propio MacDonald procedía de un origen excepcionalmente humilde, pero entró en conflicto con los sindicatos y se consideraba a sí mismo un administrador responsable de toda la sociedad, no solo de una clase. Algunos parlamentarios laboristas más cercanos a los sindicatos se opusieron a los recortes en las prestaciones por desempleo y en las ayudas sociales, abogando en su lugar por una mayor planificación y gasto estatales. Aunque tenían objetivos políticos muy diferentes a los de MacDonald, la mayor parte de la izquierda extraparlamentaria compartía la convicción de la dirección del partido de que no se podía hacer gran cosa a través del Gobierno. «Por muy capaces, sinceros y comprensivos que sean los hombres y mujeres laboristas que se comprometan a administrar el capitalismo, este llevará su empresa al desastre», afirmaba un artículo publicado en el Socialist Standard del Partido Socialista de Gran Bretaña.
El Gobierno de MacDonald gobernó sin intentar poner en marcha una alternativa socialista y sin creer que pudiera reformar el sistema existente. En el mejor de los casos, tranquilizó a los trabajadores asegurándoles que no se les pediría a ellos solos que se sacrificaran en una época de escasez, pero ese fatalismo contribuyó a llevar al Partido Laborista al desastre. En agosto de 1931, MacDonald rompió con su partido y formó un Gobierno Nacional con conservadores y liberales. En octubre, esa coalición obtuvo una victoria aplastante, mientras que el Partido Laborista sufrió una derrota aplastante.
Fue el economista John Maynard Keynes, un liberal que consideraba a los socialistas unos idiotas bienintencionados, quien presentó el mejor enfoque de la época para domar el capitalismo. Los métodos expuestos en su obra de 1936, Teoría general del empleo, el interés y el dinero, una vez aplicados, contribuirían a impulsar el empleo, garantizar la inversión productiva y mitigar las crisis. Antes de la revolución keynesiana, la teoría clásica dominante sostenía que las oscilaciones cíclicas de la producción y el empleo se ajustarían por sí solas: a medida que la demanda agregada cayera, la producción y el empleo disminuirían, junto con los precios y los salarios. La bajada de los precios y los salarios animaría entonces a los capitalistas a realizar inversiones de capital generadoras de empleo, restableciendo así el crecimiento. Cualquier interferencia en ese ciclo no haría más que prolongar el sufrimiento de los trabajadores. Sin embargo, la Gran Depresión no daba señales de remitir. Los salarios eran bajos, pero el desempleo seguía siendo elevado. Keynes abogó por una respuesta fiscal anticíclica: gasto con déficit, recortes fiscales y otras medidas para estimular la demanda agregada durante una recesión, y subidas de impuestos y recortes del gasto en épocas de bonanza.
Durante el segundo mandato de MacDonald, sin embargo, Keynes aún no había publicado su Teoría general, aunque ya abogaba por las obras públicas para combatir el desempleo. Al igual que los trabajadores inspirados por Ferdinand Lassalle en el siglo XIX se aferraban a la creencia en una «ley de hierro de los salarios» que limitaba los logros del sindicalismo, resultaría difícil desengañar al movimiento obrero del siglo XX de la economía ortodoxa. Dos años después de su comentario comprensivo sobre el esfuerzo «sincero» del Partido Laborista de MacDonald, el Socialist Standard consideraría la experiencia de gobierno como prueba definitiva de que «no es posible que el Partido Laborista ni ningún otro partido administre el capitalismo de tal manera que los problemas de los trabajadores puedan resolverse dentro del marco del sistema existente».
El gobierno del Frente Popular del líder socialista francés Léon Blum (1936-1937) estaba más decidido que el de MacDonald a llevar a cabo cambios. Los socialistas franceses habían perdido gran parte de su base industrial a manos del nuevo movimiento comunista, pero seguían siendo, en gran medida, marxistas. Mientras reconstruía la infraestructura del partido a lo largo de la década de 1920, Blum se enfrentó a la cuestión de por qué y en qué condiciones un socialista entraría en el gobierno. Distinguía entre el «ejercicio del poder» (asumir el cargo para sentar las bases del socialismo) y la «conquista del poder» (el desmantelamiento efectivo del capitalismo). Al final, Blum se conformó con «la ocupación del poder», para mantenerlo fuera del alcance de los fascistas.
Cuando el radical judío Blum llegó al poder en 1936, el político antisemita Xavier Vallat se quejó diciendo: «Por primera vez, esta antigua tierra galorromana será gobernada por un judío». Justo antes de convertirse en primer ministro, Blum fue sacado a la fuerza de un coche y golpeado, casi hasta la muerte, por una turba de extrema derecha. Una fotografía suya, con el rostro muy vendado y hinchado, apareció en la portada de la revista Time del 9 de marzo de 1936.
Los reaccionarios odiaban a Blum tanto por ser judío como por ser socialista. Podría haberse quejado de que sus ambiciones inmediatas no eran tan escandalosas. El Partido Comunista Francés apoyaba al Gobierno de Blum, pero, en contra de sus deseos y de los de su propia dirección, fue presionado por Moscú para que se mantuviera al margen del gabinete.
Bajo la influencia de la estrategia del Tercer Período de la Comintern, desde el verano de 1928 hasta uno o dos años después del auge del nazismo en 1933, los partidos comunistas habían considerado a los socialdemócratas reformistas como su enemigo principal. Llegaron incluso a tildarlos de «socialfascistas». Pero en 1934, las relaciones entre socialistas y comunistas en Francia se habían vuelto más fraternas.
En un drástico cambio de rumbo, la Comintern comenzó a buscar alianzas —«frentes populares»— con otros movimientos de izquierda siempre que fuera posible. La justificación para mantenerse al margen del gabinete de Blum en 1936 no fue la pureza de izquierdas. De hecho, a Joseph Stalin le preocupaba que la participación comunista ahuyentara el apoyo del Partido Radical, de centro, al Frente Popular.
La elección del Gobierno socialista de Blum, sin embargo, desató una oleada masiva de huelgas. Más de dos millones de trabajadores participaron en huelgas, ocupando fábricas y paralizando la producción. Marceau Pivert, líder de la izquierda radical del Partido Socialista, proclamó que «todo es posible» en el nuevo contexto. Los líderes empresariales instaron a Blum a restablecer el orden. El resultado fueron los Acuerdos de Matignon, que garantizaron el derecho a la negociación colectiva, reforzaron las protecciones sindicales y proporcionaron aumentos salariales sustanciales. Una legislación independiente otorgó a los trabajadores franceses la semana laboral de cuarenta horas y dos semanas de vacaciones pagadas. Agotados pero rebosantes de alegría, millones de personas acudieron en masa al campo y al mar por primera vez aquel verano. La dignidad que estas reformas otorgaron a la clase trabajadora era innegable. Aunque fueron fruto de una rebelión popular, y no del programa de Blum, no habrían podido aplicarse sin el Frente Popular en el poder.
Las reformas también contenían las semillas de su propia ruina. Los levantamientos de mayo y junio de 1936 desencadenaron una fuga de capitales y una contraofensiva empresarial contra la aplicación de las reformas. Ante la creciente inestabilidad política, los socios de coalición de clase media de Blum abandonaron la lucha. El líder carecía tanto del apoyo como de la determinación necesarios para aplicar medidas más radicales o para ofrecer una ayuda adecuada a sus compañeros socialistas-republicanos que libraban una sangrienta guerra civil contra los fascistas en España. Blum fue apartado del poder de nuevo en 1938, sin dejar de alegar que había intentado ser un «gestor leal del capitalismo».
Quizá Blum subestimara sus reformas y su visión radical. Pero, incapaz de proteger sus políticas, el Frente Popular francés tuvo, al final, poco más éxito que los dos primeros gobiernos del Partido Laborista británico. Solo en Suecia los socialistas del periodo de entreguerras lograron plantear un desafío serio a la ortodoxia fiscal. Los economistas suecos llevaban mucho tiempo defendiendo ideas económicas heterodoxas y, a partir de la década de 1930, el SAP las puso en práctica.
Los relatos sobre el auge de la socialdemocracia en Suecia suelen centrarse en las características excepcionales del país. Se suelen mencionar su cultura cívica, la limitada represión estatal e incluso la homogeneidad racial. Pero, en general, la izquierda del país se enfrentó a retos similares a los de sus homólogos de otros lugares; simplemente logró encontrar formas de superarlos. Una diferencia relevante fue que la nación se industrializó relativamente tarde, en la década de 1870. El sindicalismo se expandió en las décadas siguientes, y la Confederación Sindical Sueca (LO) se fundó en 1898. Este desarrollo relativamente tardío brindó a los defensores del sindicalismo industrial un mayor margen para organizarse más allá de las divisiones por oficios.
Este inicio tardío supuso que el sindicalismo sueco se desarrollara bajo la influencia ideológica del socialismo: el Partido Socialista de Suecia (SAP) se fundó en 1889, el mismo año que la Segunda Internacional. Los fundadores del partido se sintieron atraídos por el socialismo gracias al ejemplo de los movimientos de Dinamarca y Alemania, y la ideología se arraigó rápidamente en Suecia. Los socialistas se enfrentaron a la oposición intransigente de las élites; un artículo del New York Times de 1902 describía las batallas entre trabajadores y capitalistas y los temores ante la «temida bandera roja» ondeando en una Suecia que solo tenía como rival a Rusia como «el país más feudal y oligárquico de Europa». Suecia se describía de manera similar en la literatura del SAP como un «asilo para pobres armado».
Suecia no concedió el sufragio universal masculino hasta principios del siglo XX, lo que significaba que, al igual que los bolcheviques, los socialistas suecos se vieron obligados a centrar la mayor parte de sus esfuerzos iniciales en los lugares de trabajo, en lugar de en el Parlamento. En la lucha política por las reformas civiles, los socialistas demostraron ser más capaces que los liberales del país. Al igual que en Alemania, el poder limitado de los cargos electos también disimuló las posibles diferencias entre una derecha parlamentaria en ciernes y las fuerzas más radicales. Sin embargo, en Suecia, bajo el liderazgo de Hjalmar Branting, los socialdemócratas lograron mantener una amplia coalición relativamente estable y llevar a cabo una fructífera labor de coalición con las fuerzas liberales y agrarias.
A pesar de algunas inclinaciones reformistas, desde el principio el movimiento sueco se construyó sobre bases ideológicas socialistas: defendía políticas que tendían puentes entre los trabajadores artesanales y los industriales, y ponía énfasis en mejorar la situación de los peor remunerados. Los socialdemócratas dieron prioridad de forma sistemática a los programas universales —que beneficiaban tanto a los pobres como a los agricultores— y no solo a los intereses particulares de los trabajadores. En lugar de buscar atajos en sus primeros años en la oposición, los socialistas suecos comenzaron a construir una hegemonía más duradera que la de otros partidos de la Segunda Internacional.
En la década de 1920, las cosas iban según lo previsto: la lucha por la democracia política había tenido un éxito considerable y, como resultado, el partido contaba con un mandato electoral cada vez mayor. Sin embargo, los primeros gobiernos minoritarios del SAP se mostraron incapaces de dar paso a la segunda fase: la consecución de la socialdemocracia. Esto comenzó a cambiar en 1932, cuando el partido inició casi medio siglo de gobierno prácticamente ininterrumpido. El SAP había basado su campaña en la ampliación de las obras públicas y una mayor intervención estatal en la economía y, tras llegar al poder, comenzó a aplicar algunas de las políticas anticíclicas que los socialistas de otros países habían abandonado.
El verdadero avance, sin embargo, se produjo más adelante en esa década, cuando el SAP formó una coalición parlamentaria con el Partido Agrario y la LO negoció el Acuerdo de Saltsjöbaden de 1938 —también conocido como Acuerdo Básico— con la poderosa Confederación Sueca de Empresarios (SAF). Conciliar los intereses de la clase obrera con los de los pequeños agricultores significaba que la nacionalización quedaba descartada por el momento. El acuerdo consolidó un compromiso cuyas bases se habían sentado en 1906, cuando la LO reconoció el «derecho a gestionar» de la dirección —es decir, a dirigir el proceso laboral y tomar decisiones sobre el personal— a cambio del reconocimiento por parte de los empresarios del derecho de los trabajadores a organizarse. La planificación se redefinió gradualmente, pasando de la nacionalización estatal a la inversión pública y la previsión económica.
El partido había dado un giro significativo: había pasado de representar los intereses de los trabajadores en la oposición a construir un «hogar popular» cooperativo para toda la población. Reconoció que la prosperidad dependía del crecimiento y que no existía una alternativa inmediata a la empresa privada. Ya en 1897, en medio de encarnizadas luchas sindicales, los socialistas suecos establecieron como objetivo declarado «el fomento y el desarrollo de la cultura intelectual y material». » La nacionalización, en aquel momento, era el medio que habían adoptado, pero el objetivo era más abierto. Sin embargo, a diferencia del Partido Laborista de MacDonald, no capitularon ante el mercado tal y como era, sino que realizaron un intento radical de cambiar su funcionamiento.
El modelo sueco maduró tras la guerra. Durante el período de gestación del programa «de posguerra» del SAP de 1944, el ministro de Hacienda, Ernst Wigforss, argumentó que el problema era la concentración del poder económico, no necesariamente la propiedad privada. Se trataba de un nuevo reconocimiento de que el principal problema de Suecia era el subdesarrollo, y de que era mejor para los trabajadores compartir parte de un pastel en crecimiento con los capitalistas que intentar quedarse con la totalidad de uno pequeño.
Sin embargo, el SAP no descartaba la socialización inmediata si el mercado privado, una vez controlado, demostrara ser compatible con los valores y objetivos del partido. Los debates de la época muestran a un partido que aún se tomaba en serio su compromiso con el socialismo. Algunos socialistas incluso compartían la expectativa del ministro de Asuntos Sociales, Gustav Möller, de que tras el fin de la guerra pudiera producirse una ola de revoluciones que madurara las condiciones para un programa socialista más tradicional.
Con el voto comunista triplicándose hasta alcanzar el 10 por ciento, la izquierda unida obtuvo una mayoría absoluta en las elecciones de 1944. E incluso en un período marcado por controles de emergencia sobre los salarios, los precios y el consumo, la planificación gozaba de un gran halo de misterio. A pesar de las garantías de Wigforss sobre el papel que seguiría desempeñando el capital privado, el programa de 1944 abogaba por la nacionalización de las industrias básicas y del sector financiero, así como por una responsabilidad estatal general para orientar la inversión y mantener el pleno empleo. El economista y ministro de Comercio Gunnar Myrdal habló de una «época de cosecha» para el movimiento obrero, en la que los frutos del reciente desarrollo económico recaerían en los trabajadores. Sin embargo, el impulso a la nacionalización se topó con la resistencia de una clase capitalista que podía amenazar de forma creíble con retener la inversión. Ese clima, combinado con el inicio de la Guerra Fría, moderó al SAP, que renunció a una alianza con los comunistas en favor de una nueva coalición con los agrarios.
Al verse bloqueada la marcha hacia la socialización, el partido acabó adoptando un plan de 1951 elaborado por los economistas de la LO Gösta Rehn y Rudolf Meidner. Ambos compartían el deseo del SAP de promover e influir en la expansión económica, pero abogaban por hacerlo a través de una negociación colectiva centralizada respaldada por un Estado activo. El punto de partida de la estrategia de Rehn y Meidner era el compromiso de utilizar esa negociación sectorial entre la LO y la SAF para ayudar a igualar los niveles salariales de todos los trabajadores. Esto no significaba que todos ganaran lo mismo, pero sí que se reducía la brecha entre los trabajadores mejor y peor remunerados. El principio de «igual salario por igual trabajo» también implicaba que los salarios diferenciados debían determinarse en función del tipo de trabajo realizado, y no en función de la capacidad de pago de un empleador concreto ni del poder que tuviera el empleado en su lugar de trabajo.
Esto se hizo por tres razones. En primer lugar, debido a un compromiso ideológico con la igualdad: aunque los salarios no puedan ser iguales, como mínimo deberíamos elevar los ingresos de los más desfavorecidos y limitar las ventajas de los más favorecidos. En segundo lugar, porque la compresión salarial resultaba útil desde el punto de vista político: reducía las divisiones dentro de la clase trabajadora y fomentaba la solidaridad entre sectores. En tercer lugar, porque desempeñaba un importante papel macroeconómico en el plan Rehn-Meidner.
Las reivindicaciones salariales se fijarían de tal manera que las empresas con un nivel medio de eficiencia pudieran sobrevivir, pero las menos eficientes se verían presionadas y obligadas a reestructurarse radicalmente o a declararse en quiebra. Las empresas más productivas, sin embargo, se beneficiarían de la moderación salarial de sus trabajadores y obtendrían beneficios extraordinarios. Estos beneficios les permitirían ampliar su capacidad productiva y, por lo tanto, generar más riqueza. El sistema contribuyó a fomentar una industria con salarios elevados y de uso intensivo de capital.
Estas negociaciones se llevaban a cabo directamente entre los trabajadores y el capital, pero el papel del Estado era crucial: las «políticas activas del mercado laboral» ayudaban a los trabajadores que anteriormente estaban empleados en empresas menos productivas a reincorporarse a los sectores de la economía en expansión. Las garantías sociales —en materia de asistencia sanitaria, educación, cuidado infantil, etc.— implicaban la existencia de un sector estatal en crecimiento destinado a contribuir al pleno empleo. Se trataba de un programa de «socialismo funcional», en el sentido de que dejaba claras ciertas prioridades socialistas, pero las perseguía moldeando los resultados de la empresa capitalista en lugar de recurrir a la nacionalización. Sin embargo, los capitalistas solo aceptarían un modelo así bajo coacción. Como señaló Meidner, «la dirección prefiere la negociación descentralizada» y «las diferencias salariales como instrumentos de control directivo».
Aunque los capitalistas se beneficiaron del plan Rehn-Meidner en muchos aspectos, este solo se aplicó porque un poderoso movimiento obrero y un partido socialdemócrata lo impusieron. No obstante, se trataba de un «socialismo» administrado conjuntamente por una poderosa federación patronal, capaz de establecer límites máximos en cuanto al grado en que podían verse mermados los derechos de propiedad privada.
Esta contradicción no surgiría hasta más tarde. Suecia prosperó en el período de posguerra. No había sido devastada por la guerra, y una Europa en reconstrucción necesitaba las materias primas que exportaba. Lo que era bueno para Volvo también parecía serlo para Suecia. Durante los veintitrés años de mandato del primer ministro Tage Erlander, las empresas disfrutaron de beneficios en alza, y los frutos de ese crecimiento se repartieron ampliamente.
Se abandonó el sueño de construir el socialismo mediante nacionalizaciones y, aún en 1976, solo el 5 % de la industria sueca era de propiedad pública. Pero los resultados eran innegables. El modelo Rehn-Meidner combinaba, por un lado, el dinamismo del capital y el libre comercio con, por otro, el poderío de un movimiento sindical organizado y un Estado socialdemócrata, para garantizar resultados igualitarios. Más allá de distribuir los ingresos de forma más justa, el sistema permitía a los suecos satisfacer sus necesidades básicas al margen del mercado gracias a las garantías del Estado del bienestar. Era lo que Wigforss denominó una «utopía provisional».
Observadores internacionales como Anthony Crosland extrajeron profundas lecciones del ejemplo sueco. El diputado laborista británico creía que el socialismo era compatible con la propiedad privada de la industria. Su libro de 1956, El futuro del socialismo, criticaba el enfoque socialista tradicional centrado en los medios —la preferencia por la nacionalización, por ejemplo— en lugar de en el objetivo final de la igualdad social. «La peor clase de confusión», escribió, «es la tendencia a utilizar [el socialismo] para describir, no un determinado tipo de sociedad, sino políticas concretas que son, o se considera que son, medios para alcanzar ese tipo de sociedad». Se trataba de la obra revisionista más influyente desde El socialismo evolutivo de Eduard Bernstein, perfecta para una época en la que el capitalismo parecía dinámico y el margen para la reforma en su seno era casi ilimitado. Crosland fue explícito acerca de su intención, y le dijo a un amigo que estaba «inmerso en una gran revisión del marxismo, y que sin duda se erigirá como el Bernstein moderno».
La comparación era acertada. Bernstein había sido coautor del Programa de Erfurt y uno de los marxistas más respetados de su generación antes de que, en una serie de artículos a finales de la década de 1890, comenzara a cuestionar su ortodoxia. La sociedad no se estaba «dividiendo en dos grandes bandos hostiles», como afirmaba El Manifiesto Comunista; las clases intermedias y las pequeñas empresas gozaban de buena salud, y la situación material de los trabajadores mejoraba lentamente en lugar de deteriorarse. El capitalismo, argumentaba, había encontrado formas de autorregularse y evitar crisis, y la clase obrera había conseguido los medios, en forma de parlamentos, para influir en su desarrollo y promulgar reformas de forma gradual.
«El objetivo último del socialismo no es nada», escribió, «pero el movimiento lo es todo». La socialdemocracia alcanzaría nuevas cotas cuando se liberara de la «fraseología obsoleta» y estuviera «dispuesta a mostrarse tal y como es hoy en día: un partido reformista socialista-democrático». Kautsky y Rosa Luxemburg encabezaron la réplica, y el SPD repudió formalmente a Bernstein en 1898. Pero los revisionistas tendrían su momento.
Mientras que Bernstein tenía una vaga idea de lo maleable que era el capitalismo, Crosland tenía pruebas. A pesar de la Depresión y la guerra de los años treinta y cuarenta, el sistema no se había derrumbado, sino que, por el contrario, se estaba transformando. El nivel de vida mejoraba, y el capital privado se veía cada vez más subordinado tanto al Estado como a los trabajadores. Así ocurría en la Gran Bretaña de Clement Attlee y, más aún, en la Suecia de Erlander. Gravar las ganancias derivadas del crecimiento capitalista y ampliar el gasto social, en lugar de proceder a una expropiación directa, parecía ser suficiente. Yendo más allá de lo que Bernstein había hecho jamás, Crosland escribió: «Marx tiene poco o nada que ofrecer al socialista contemporáneo, ya sea en lo que respecta a la política práctica, al análisis correcto de nuestra sociedad o incluso a las herramientas o el marco conceptual adecuados». » Tres años después de la publicación de El futuro del socialismo, incluso el venerable Partido Socialdemócrata Alemán abandonó el concepto marxista de la lucha de clases en su Programa de Godesberg. La reconciliación con el capitalismo que la socialdemocracia llevaba tiempo practicando quedó finalmente codificada en la teoría.
Sin embargo, en 1969, cuando Olof Palme asumió el cargo de primer ministro de Suecia, el compromiso de clases que sustentaba el sistema comenzaba a desmoronarse. Que Palme saltara a la palestra no fue ninguna gran sorpresa; lo que sí lo fue fue que lo hiciera amparándose en la política de la clase obrera. Nació en el seno de una familia luterana aristocrática y pasó gran parte de su infancia en fincas y en compañía de tutores privados. Sus tíos eran de una derecha tan radical que lucharon en la Guerra Civil finlandesa como voluntarios extranjeros apoyando al brutal Ejército Blanco. Uno de ellos, de quien recibió el nombre, fue asesinado por los rojos en la batalla de Tampere en 1918.
Es posible que Palme siempre hubiera tenido ciertos instintos igualitarios. Tras su asesinato en 1986, una antigua empleada doméstica recordó que, ya de niño, con tan solo ocho años, se diferenciaba de los demás miembros de su familia: «Siempre nos ayudaba a las criadas a llevar los platos y nos hablaba de igual a igual». Sin embargo, por lo que sabemos de su etapa en la escuela primaria y en el ejército, Palme no era en absoluto una persona política e incluso mostraba ciertas tendencias conservadoras. Por improbable que parezca, se convenció del socialismo durante su estancia en Estados Unidos.
En 1947, Palme recibió una beca para estudiar durante un año en el Kenyon College, una facultad de humanidades de Ohio. Llegó a enamorarse de Estados Unidos, un país rebosante de la confianza de la posguerra y con un vibrante movimiento sindical. Palme formó parte de una asociación socialista mientras estudiaba y tuvo como profesores a académicos progresistas. Escribió su tesis sobre el sindicato United Auto Workers (UAW) e incluso llevó a cabo una investigación en una fábrica de rodamientos de bolas cerca de Kenyon. Aquel verano, Palme también conversó con el líder del UAW, Walter Reuther, en Detroit, y quedó admirado por lo que observó del movimiento socialdemócrata estadounidense.
Libre por primera vez de los rígidos internados y de la disciplina militar, Palme viajó haciendo autostop y en autobuses Greyhound por todo el país. Durante el trayecto, descubrió lo extendido que estaba el racismo en la América de las leyes Jim Crow. Recordaba haber estado sentado en la parte trasera del autobús junto a pasajeros negros en el sur. Cuando unos hombres blancos le pidieron que se trasladara a la parte delantera, se negó. Tal y como escribió en una carta a su familia, probablemente solo evitó una paliza porque «me tomaron por un extranjero loco». Para cuando Palme regresó a Suecia, el joven que hasta hacía poco pensaba que había que reducir a la mitad el tipo impositivo sueco escribía artículos sobre El Manifiesto Comunista.
Palme, recién politizado, se involucró en el SAP y fue elegido presidente de la Unión de Estudiantes de Suecia en 1952. Muchos se fijaron en su carisma e inteligencia, y pronto fue incorporado como asistente del primer ministro Erlander. Su papel en la administración llegó a ser tan fundamental que los medios de comunicación a veces describían a Palme como quien movía los hilos de Erlander. Sin embargo, el prestigio y la atención no agradaban a algunos miembros de su familia. Su abuela, orgullosa de los sacrificios de sus propios hijos frente a los «bárbaros finlandeses», lamentaba que su querido nieto estuviera «al servicio de un partido que se dedica a destruir nuestro país».
Cuando llegó a ser primer ministro a la edad de cuarenta y dos años, Palme esperaba tomar el modelo construido bajo el mandato de Erlander y ampliar su alcance. Sus ambiciones tenían su origen en sus propias opiniones, pero también reflejaban la creciente presión de las bases de la LO y del SAP. Resultó que décadas bajo un sólido Estado del bienestar no solo no satisfacían las demandas igualitarias, sino que fomentaban otras aún más ambiciosas. Tras los reveses del SAP en las elecciones locales, una conferencia celebrada en 1967 comprometió al partido a una «ofensiva de política industrial» que se remontaba al debate sobre la planificación de la década de 1940. Anteriormente, la socialdemocracia sueca había intervenido muy poco en la planificación industrial directa, basándose en las demandas de los sindicatos y en intervenciones específicas para moldear las fuerzas del mercado. Pero ahora, el Gobierno creó un banco de inversión pública y amplió las empresas estatales y los mecanismos para la coordinación de dichas empresas. Los cambios no eran necesariamente anticapitalistas: las empresas necesitaban mano de obra y apoyo estatal para adaptarse a un mercado mundial en constante cambio. Sin embargo, aunque los capitalistas podían aceptar una política industrial activa, la presión para ampliar la democracia en el lugar de trabajo encontró una resistencia encarnizada.
Los dirigentes de la LO tuvieron que hacer frente a una oleada de huelgas salvajes y, como consecuencia, se vieron empujados hacia la izquierda a principios de la década de 1970. La federación comenzó a abogar por la ampliación de la negociación colectiva a cuestiones no económicas. Los empresarios, organizados en la SAF, rechazaron cualquier reforma de este tipo, por lo que los sindicatos (tanto la LO como las federaciones de trabajadores de oficina) recurrieron a imponer sus reivindicaciones mediante la legislación socialdemócrata. Con el respaldo del Partido Socialdemócrata de Palme, los empresarios se vieron obligados a negociar con los sindicatos prácticamente todas las cuestiones laborales. El equilibrio establecido por el Acuerdo Básico de 1938 se veía cuestionado, y fueron los sindicatos quienes dieron el primer paso.
El cambio más radical fue el respaldo de la LO en 1976 a un nuevo Plan Meidner, una propuesta para crear un fondo de propiedad colectiva de los asalariados. Décadas de moderación salarial en las empresas productivas habían frenado las presiones inflacionistas y permitido la expansión. Pero estas políticas también dieron lugar a «beneficios excesivos» masivos —fruto de la negociación centralizada, no de un poder débil en las plantas de producción— que no siempre se invertían de forma productiva. Muchos trabajadores, especialmente aquellos con cualificaciones valiosas, consideraban que los aumentos salariales que se les habían concedido eran inferiores a lo que merecían. A esos sentimientos se sumaba la constatación de que algunas de las mayores empresas de Suecia obtenían beneficios extremadamente elevados, en gran parte debido a la disposición de los trabajadores a limitar sus reivindicaciones. Un diputado comunista, C.-H. Hermansson, pudo señalar que, incluso tras años de gobierno socialdemócrata ininterrumpido, «quince familias» poseían la mayor parte de la industria sueca. La propuesta de la LO, que no se había acordado previamente con el SAP, abordaría tanto los problemas ideológicos como los prácticos derivados del control unilateral por parte de los capitalistas de la riqueza creada socialmente.
En los años de la posguerra se habían planteado la creación de fondos de asalariados en Alemania, los Países Bajos y Dinamarca, pero el plan sueco era más ambicioso. Un pequeño grupo de trabajo creado en 1973 dedicó dos años a formular una estrategia para reforzar la política salarial solidaria del país. Acabaron presentando un informe que abogaba por una forma de participación en los beneficios: las empresas con más de cincuenta empleados tendrían que emitir nuevas acciones equivalentes al 20 % de sus beneficios anuales a favor de fondos de asalariados controlados por los trabajadores. Aunque la propuesta fue recibida en un principio con indiferencia por los dirigentes de la LO, estos acabaron viéndola como una posible solución a los problemas a los que se enfrentaba el modelo sueco. La respuesta de las bases sindicales fue más entusiasta, sobre todo debido a las implicaciones anticapitalistas del plan. En el plazo de varias décadas, los fondos (controlados por los trabajadores a través de juntas sindicales) podrían arrebatar la propiedad al capital privado. Como afirmó Meidner en una entrevista de 1975: «No podemos cambiar fundamentalmente la sociedad sin cambiar su estructura de propiedad». Se trataba de un rechazo desde la izquierda al «socialismo funcional».
Por su parte, muchos trabajadores que habían estado ejerciendo indirectamente el poder político a través del Partido Socialdemócrata consideraban que contaban con las habilidades y los conocimientos necesarios para gestionar sus propios centros de trabajo sin transigir con el capital. La aprobación de la resolución en el congreso de la LO de 1976 fue seguida de una interpretación espontánea de «La Internacional».
El comité de Meidner previó una fuerte resistencia por parte de las empresas y subrayó que no se estaba expropiando a los empresarios. Estos conservarían sus acciones actuales, pero su participación en el capital se vería diluida a medida que se acumularan nuevas acciones en los fondos. Y dado que esa parte de los beneficios no estaría sujeta a impuestos, el propio Estado estaría subvencionando los fondos. El plan podría incluso haber fomentado una mayor moderación salarial y unas relaciones menos conflictivas entre trabajadores y dirección. Sin embargo, tras reflexionar un poco, los líderes empresariales vieron el plan tal y como era: una amenaza existencial.
Mientras tanto, Palme impulsó su proyecto más amplio a lo largo de sus primeros siete años en el cargo. Le gustaba recurrir a la poesía para describir el mundo que la socialdemocracia pretendía construir, un mundo que reconociera que «el hombre, y no la Luna, es la medida de todas las cosas. Una ciudad abierta sin fortificaciones es lo que estamos construyendo juntos, cuya luz resplandece frente a la soledad del espacio».
Para las mujeres suecas, en particular, la socialdemocracia supuso una gran bendición en lo que en su día se consideró el país más patriarcal de Escandinavia. Históricamente, los socialistas se habían desempeñado mucho mejor en la cuestión de la igualdad de género que sus rivales, ya que la mayoría coincidía con August Bebel en que no podía haber una sociedad justa sin «igualdad entre los sexos». Sin embargo, radicales como Alexandra Kollontai y Vladimir Lenin, que reconocían la «doble opresión» a la que se enfrentaban las mujeres —tanto por parte del capital como del sexismo—, consideraban que el margen para la reforma era limitado dentro del capitalismo. (A principios del siglo XX, Kollontai llegaba a calificar el propio movimiento feminista de «veneno»). Los socialistas, en general, defendían el sufragio universal, el empleo y otros derechos civiles, pero se mostraban menos proactivos en otras luchas y recelaban de las causas feministas que traspasaban las clases sociales.
Suecia demostró hasta qué punto se podía reducir la opresión sexual dentro del capitalismo. Las prestaciones por hijos, los permisos familiares, el cuidado infantil e incluso la provisión de comidas escolares: todo ello aliviaba las cargas que recaían sobre las mujeres. Más allá de dicha legislación, el principio de «igual salario por trabajo igual» y la negociación colectiva a nivel sectorial, que favorecía a los sectores con salarios más bajos, ayudaron de manera desproporcionada a las mujeres. Aun así, a mediados de la década de 1960, aproximadamente la mitad de las mujeres suecas en edad de trabajar se quedaban en casa. Un popular folleto de 1961 señalaba que, si bien las mujeres tenían ahora derecho a competir con los hombres en el mercado laboral, también debían ocuparse de sus tareas domésticas, lo que en la práctica dificultaba compaginar ambas cosas.
En medio del debate sobre esta cuestión, el Estado tomó medidas para facilitar la participación de las mujeres en la población activa. Se creó un consejo asesor sobre igualdad de género que trabajaba directamente con la oficina del primer ministro con el fin de elaborar políticas que fomentaran el «libre desarrollo» de las mujeres y cuestionaran los roles de género tradicionales. Palme se comprometió de todo corazón con esta iniciativa y escribió en un reflexivo ensayo titulado «La emancipación del hombre» que la lucha de las mujeres por la igualdad significaba hacer frente a la «presión de tradiciones milenarias».
A finales de esa década, aproximadamente tres cuartas partes de las mujeres del país tenían un empleo remunerado —la tasa más alta del mundo—. En combinación con la más amplia transformación social y económica que se estaba produciendo, la sociedad sueca se vio revolucionada: el tradicionalismo decayó, el laicismo creció y florecieron nuevas formas de liberación sexual. Lo que antes era una nación jerárquica, una cultura que aún anhelaba las glorias imperiales del pasado, podía ahora enorgullecerse de ser una democracia comprometida con la igualdad en el ámbito nacional y con las luchas anticoloniales en el extranjero.
Cuando llegaron las elecciones generales de 1976, los socialdemócratas llevaban en el poder casi ininterrumpidamente cuarenta y cuatro años, más tiempo del que la mayoría de los suecos llevaban vivos. Se habían enfrentado a un duro desafío en 1973 y, posteriormente, en 1976, el bloque socialista no logró alcanzar la mayoría. La causa inmediata de la derrota pudo haber sido el debate sobre la energía nuclear. Los socialdemócratas la apoyaban, pero el Partido del Centro se oponía a ella, ampliando así su ámbito de actuación hacia la política ecologista.
El mayor desafío provenía del dilema estructural de la socialdemocracia. Por muy creativamente que se aplicara, seguía dependiendo de los beneficios del sector privado y del cálculo por parte de las empresas de que mantener la paz con un poderoso movimiento sindical merecía la pena. Efectivamente, los empresarios disfrutaron de estabilidad: desde 1938 hasta el inicio de la ola de huelgas salvajes en 1969, los niveles de huelga fueron más bajos en Suecia que en el resto de Europa. Pero la agitación política y el fin del auge económico de la posguerra hicieron que la tregua no pudiera durar para siempre. La izquierda comenzó a romper con algunos aspectos del Acuerdo Básico de 1938. En algunos casos, se trató de un acto ideológico, como en la intromisión en las prerrogativas de la dirección empresarial y el impulso a la democracia industrial. En otros casos, como con los fondos de los asalariados, fue una combinación de imperativos prácticos e ideológicos.
La federación patronal, por su parte, también se radicalizó. Por primera vez en décadas, la SAF inició una campaña mediática contra los pilares fundamentales de la socialdemocracia. Atacó el Plan Meidner, presentándolo como un intento de los burócratas sindicales de concentrar el poder en sus propias manos. Las bases de la LO siguieron apoyando el plan, pero el SAP nunca se comprometió mucho con él desde el principio. Tampoco lo estaban los profesionales de cuello blanco que votaban a la izquierda. Las acusaciones calaron. Unas setenta y cinco mil personas se manifestaron por Estocolmo en contra del Plan Meidner el 4 de octubre de 1983, en lo que fue entonces la mayor manifestación de la historia del país.
Al mismo tiempo, los empresarios comenzaron a resistirse incluso a las demandas moderadas de aumentos salariales. En medio de cambios económicos más amplios que dieron lugar a la internacionalización de la economía sueca, y de acontecimientos como la crisis mundial del petróleo de 1973, creció la amenaza del desempleo y la inflación. El Estado, que seguía teniendo la tarea de absorber las pérdidas de empleo en el sector privado y mantener amplias prestaciones sociales, comenzó a crecer rápidamente, hasta el punto de que el gasto público alcanzó casi el 70 % del PIB.
La socialdemocracia siempre se basó en la expansión económica. La expansión supuso un respiro tanto para la clase trabajadora como para el capital. Cuando el crecimiento se ralentizó y las reivindicaciones de los trabajadores afectaron cada vez más a los beneficios de las empresas, los empresarios se rebelaron contra el compromiso de clase.
El neoliberalismo —un conjunto de políticas destinadas a utilizar el poder del Estado para restablecer los beneficios de los empresarios mediante la reducción de la regulación y el desafío a los sindicatos— fue una forma de resolver la crisis de la década de 1970. Sus defensores argumentaban que el capitalismo keynesiano funcionaba hasta cierto punto, pero tenía límites fijos: un estímulo que superara a ellos provocaría inflación sin crecimiento, y reactivar el crecimiento no significaba gastar más, sino reducir el Estado del bienestar y restringir el poder de negociación de los sindicatos. En resumen, la clase trabajadora tendría que conformarse con menos. Arrebatar el control de la inversión al capital era otra vía para salir de la crisis. Pero los socialdemócratas no estaban preparados para esta opción. Al creer que habían abolido el ciclo económico mediante la intervención estatal, olvidaron un principio fundamental del marxismo: que las contradicciones del capitalismo, y su tendencia a la crisis, no pueden resolverse dentro del propio sistema. Tras intentar, sin éxito, salir de la crisis mediante el endeudamiento, los socialdemócratas acabaron respondiendo a la acusación de que la propia socialdemocracia era la raíz de la crisis económica mostrándose plenamente de acuerdo con ella.
Quizás las cosas habrían transcurrido de otra manera si Palme y su partido hubieran respaldado sin reservas el Plan Meidner en la década de 1970. Sin embargo, se toparon con otro gran dilema de la socialdemocracia: las direcciones socialdemócratas tienen que ganar elecciones y construir instituciones estables. No deseaban necesariamente una movilización de la clase trabajadora fuera de las urnas. Para mantener la estabilidad electoral y su propia capacidad de mediar entre el capital y los trabajadores, así como para promulgar reformas, los socialdemócratas rehuían las soluciones de izquierdas a la crisis. Al hacerlo, irónicamente acabaron socavando su propio bloque electoral, la verdadera fuente de su poder.
A pesar del revés sufrido por el SAP en 1976, los fundamentos de la socialdemocracia permanecieron sin cuestionarse durante más tiempo en Suecia que en cualquier otro lugar de Europa. Pero en la década de 1980, las políticas y prácticas de negociación centralizada comenzaron a desmoronarse, y el Plan Meidner quedó despojado de su ambición transformadora. Los fondos de los asalariados, introducidos en 1984, adquirían acciones en el mercado en lugar de exigir a las empresas que las emitieran, y los límites a sus participaciones restringieron su capacidad para desafiar el control privado. Tras la victoria del centro-derecha en 1991, el nuevo Gobierno tomó medidas para desmantelarlos. Las políticas de pleno empleo fueron abandonadas por un Gobierno socialdemócrata cuando Suecia entró en su crisis financiera a principios de la década de 1990. Aunque Suecia sigue teniendo mejores indicadores sociales que casi cualquier otra nación, su Estado del bienestar se reformó mediante medidas que privatizaron aspectos clave de la prestación de servicios. La adhesión a la Unión Europea en 1995 supuso un nuevo desafío para lo que quedaba del modelo sueco.
Aunque otros experimentos socialdemócratas se estancaron y fracasaron, la izquierda no se encontraba en plena retirada en todas partes. En Francia, cuarenta y tres años después de la caída del segundo Gobierno de Léon Blum, el Gobierno socialista de François Mitterrand de la década de 1980 supuso un intento de luchar contra la extinción de la luz. Su programa fue el más radical presentado por un partido mayoritario en décadas. «Se puede ser gestor de la sociedad capitalista o artífice de una sociedad socialista», solía decir Mitterrand. «Por lo que a nosotros respecta, queremos ser lo segundo».
Cuando Mitterrand llegó al poder con el apoyo de los comunistas en 1981, Francia ya se enfrentaba a un desempleo creciente, al estancamiento económico y a un clima empresarial internacional desfavorable. A pesar de su retórica, el programa inmediato de Mitterrand era de carácter keynesiano radical. Sus «110 propuestas para Francia» contemplaban un programa de obras públicas y la construcción de viviendas sociales, guarderías y centros de salud. Las primeras victorias legislativas del Gobierno ampliaron los derechos sindicales en el lugar de trabajo, junto con medidas de codeterminación. Se aumentaron el salario mínimo y las pensiones, mientras que la semana laboral se redujo a treinta y nueve horas. Un proyecto de ley de nacionalización de 1982 puso bajo control estatal a cinco grupos industriales, casi cuarenta bancos, dos empresas siderúrgicas y gran parte de las industrias de armamento y aeroespacial. Estas nacionalizaciones, tachadas de bolchevismo en la prensa económica, se llevaron a cabo no tanto por motivos ideológicos como para ayudar a mantener el empleo y supervisar la reestructuración económica.
No obstante, la resistencia empresarial creció hasta alcanzar niveles sin precedentes, y se perdieron 5.000 millones de dólares debido a la fuga de capitales. Apenas unos años después de reafirmar sus credenciales revolucionarias, Mitterrand suplicaba a los líderes empresariales franceses: «Esta será una de las formas de poner fin a la lucha de clases. Queremos desarrollar una economía mixta. No somos marxistas-leninistas revolucionarios». Quizá recordara lo que le había dicho a uno de sus colaboradores apenas unos meses antes: «En economía hay dos soluciones: o se es leninista o no se cambia nada».
El programa de Mitterrand sí que desató una ola de apoyo popular, pero no fue capaz de canalizar esa energía ni de hacer frente de manera eficaz a la resistencia de los empresarios. Su decisión de dar marcha atrás se vio facilitada por las restricciones impuestas por el Sistema Monetario Europeo, que vinculaba el franco al marco alemán y a otras monedas europeas dentro de unos márgenes de tipo de cambio acordados. Francia devaluó el franco en tres ocasiones entre 1981 y 1983, pero Mitterrand optó finalmente por la austeridad para permanecer en el sistema (hoy en día, la zona del euro permite aún menos flexibilidad monetaria). Las audaces «110 propuestas» no pudieron imponerse a la disciplina tanto de las élites nacionales como del mercado internacional. Los socialistas franceses se vieron obligados a dar un giro radical, no solo deteniendo su avance, sino adoptando la política de austeridad.
Olof Palme no vivió lo suficiente para presenciar tal retroceso en su propio país. Pero a los pocos años de su asesinato en 1986, tanto el socialismo de Estado como la socialdemocracia fueron declarados muertos de forma generalizada. Los socialdemócratas seguían gobernando en muchos lugares. Desde mediados de siglo, habían renunciado a la ambición de construir un sistema sucesor del capitalismo, conformándose con introducir dosis de socialismo en su seno. Ahora acababan, al igual que en el periodo de entreguerras, siguiendo la estela de los gobiernos de Ramsay MacDonald y, como mucho, combinando medidas redistributivas con la ortodoxia económica.
Tony Blair en Gran Bretaña, Gerhard Schröder en Alemania y sus homólogos norteamericanos, entre ellos Bill Clinton y otros miembros del Consejo de Liderazgo Demócrata, contribuyeron a codificar la retirada socialdemócrata en una nueva ideología. La recién acuñada «Tercera Vía» prometía «oportunidades, no gobierno» y «una política de inclusión», no bienestar social. Los socialdemócratas que en su día habían exigido un término medio entre el comunismo y el capitalismo —lamentó el líder socialista francés Lionel Jospin— proponían ahora uno entre la socialdemocracia y el neoliberalismo. Las reglas del juego se habían desplazado hacia la derecha. Como parte de este cambio, los históricos partidos obreros se transformaron en partidos socioliberales, con un discurso dirigido más a los profesionales de clase media que a sus bases de clase trabajadora, largamente desatendidas.
La sustitución fue deliberada. Tras la derrota del Partido Laborista en las elecciones generales de 1992, la Sociedad Fabiana publicó Southern Discomfort, un panfleto en el que se instaba al partido a reorientarse hacia los profesionales del sur de Inglaterra. Sus conclusiones —un énfasis en la «oportunidad», el «individualismo» y la austeridad fiscal— fueron adoptadas por Blair en su exitosa campaña de 1997. El Nuevo Laborismo fue, al menos en parte, un proyecto para transformar al Partido Laborista de un partido socialdemócrata de la clase trabajadora en «el ala política del pueblo británico»: joven, cosmopolita y dinámico. Clinton hizo prácticamente lo mismo, acogiendo a los profesionales de los barrios residenciales y a los «trabajadores del conocimiento» como sustitutos de los votantes que su partido había perdido y encontrando nuevas fuentes de apoyo capitalista en las finanzas y las grandes empresas tecnológicas. Chuck Schumer expuso esta lógica con claridad en vísperas de las elecciones de 2016: «Por cada demócrata de clase obrera que perdamos en el oeste de Pensilvania, ganaremos dos republicanos moderados en los suburbios de Filadelfia, y lo mismo ocurre en Ohio, Illinois y Wisconsin». »
Las consecuencias se reflejan en los datos electorales. Según Political Cleavages and Social Inequalities, editado por Amory Gethin, Clara Martínez-Toledano y Thomas Piketty, en la década de 1950 la clase trabajadora de las democracias occidentales votaba a la izquierda en un porcentaje 31 puntos porcentuales superior al de los votantes de otras clases. En 2020, ese margen era de 8 puntos porcentuales. Los ricos han mantenido su lealtad a los partidos de la derecha, pero las clases profesionales cambiaron de orientación en respuesta al giro social-liberal de los partidos socialdemócratas. Los partidos obreros se convirtieron en partidos de los cultos. A lo largo de décadas, la socialdemocracia abandonó a los trabajadores; luego, los trabajadores abandonaron a la socialdemocracia.
La obra de Anthony Crosland, El futuro del socialismo, alcanzaba su mayor intensidad en sus reivindicaciones de «no solo mayores exportaciones y pensiones de jubilación, sino también más cafeterías al aire libre, calles más luminosas y animadas por la noche… restaurantes más luminosos y limpios, más cafeterías a orillas del río, más jardines de recreo al estilo de Battersea». Sin duda, el Estado del bienestar no debería ser el punto final de las ambiciones humanas. Pero quienes abrazaron el legado moderado de Crosland en un intento por modernizar sus antiguos partidos demostraron ser más capaces de hacer realidad sus sueños de renovación urbana ecológica que los de igualdad social.
¿Significa eso que las décadas de esfuerzo por construir la socialdemocracia fueron en vano? Podemos recordar la comparación que hizo Rosa Luxemburg, en su polémica de 1899 contra Bernstein, entre el reformismo y la «tarea de Sísifo, » el rey de la mitología griega condenado a empujar una roca cuesta arriba por toda la eternidad, solo para ver cómo vuelve a deslizarse hacia abajo cuando se acerca a la cima. Sin una ruptura decisiva con el capitalismo, argumentaba ella, lo único que las reformas podían lograr era la «supresión momentánea de los abusos del capitalismo, en lugar de la supresión del capitalismo en sí mismo». Pero, incluso tras años de retrocesos, la roca no se ha desplomado por completo. En las sociedades avanzadas moldeadas por los socialdemócratas, las victorias clave de la clase trabajadora han demostrado ser duraderas, y la población disfruta de protecciones frente a las formas más extremas de pobreza e inseguridad. La democracia impide que el capitalismo vuelva a su peor faceta: la «guerra de todos contra todos». Sin embargo, para quienes aún aspiran a una era de abundancia y solidaridad, defender las victorias existentes o negociar los términos de la derrota no es suficiente.
Hace una década, los movimientos en torno a Jeremy Corbyn y Bernie Sanders parecían un desafío sorprendente a la Tercera Vía. Corbyn sigue siendo la voz moral que siempre ha sido, pero esa voz se encuentra ahora de nuevo en los márgenes de la política británica. Sanders tiene más de ochenta años y está destinado a pasar a la historia como un gran «y si…» de la historia estadounidense. Sin embargo, en otros lugares está surgiendo una «socialdemocracia de lucha de clases». Cuenta con un alcalde en la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, un grupo de legisladores estatales y concejales municipales por todo Estados Unidos, y una generación de activistas que buscan utilizar los cargos públicos para construir un poder organizado de la clase trabajadora.
Pero si logran un éxito que ahora solo pueden soñar, se enfrentarán a los mismos retos estructurales que tuvieron los suecos: la dependencia de la rentabilidad del capital y las contradicciones económicas que acompañan a unos lugares de trabajo empoderados y al pleno empleo. La resolución de esas cuestiones conducirá a uno de dos caminos, aunque diferentes de los que sugirió Palme: el retorno a la ortodoxia económica o hacia una tradición socialista democrática más radical.
El Plan Meidner fue el último intento serio por parte de un movimiento obrero de tomar el segundo camino desde el interior de una socialdemocracia en funcionamiento. Sigue siendo incierto si las condiciones para otro intento de este tipo surgirán a través de una reforma constante o de una ruptura revolucionaria. Pero cualquier movimiento socialista democrático tendrá que enfrentarse a la pregunta que el movimiento obrero sueco puso sobre la mesa: ¿A quién pertenece la riqueza que crean los trabajadores y quién decide cómo se utiliza?
Este ensayo es una adaptación de El Manifiesto Socialista: Argumentos a favor de la política radical en una era de extrema desigualdad, que Basic Books publicará en una nueva edición en rústica con un nuevo epílogo el 6 de octubre de 2026."
(Bhaskar Sunkara , JACOBIN, 18/09/26, traducción Salvador L. Arnal)
"El resultado más importante alcanzado en la cumbre de los BRICS celebrada en la India el pasado fin de semana es la declaración conjunta firmada por países que, como es bien sabido, suelen tener intereses y prioridades divergentes.
Estados Unidos tiende a describir a los BRICS como una alianza antioccidental. En realidad, no es así. El grupo no es una alianza formal, ni lo será jamás. Se trata de una coalición heterogénea, compuesta, en su versión ampliada, por diez Estados miembros y diez países «asociados».
Algunos de los Estados fundadores, como Brasil, la India y la propia China, así como muchos de los nuevos miembros, mantienen importantes relaciones comerciales con Washington.
Por el contrario, los BRICS comparten unos pocos intereses esenciales, entre los que destaca la determinación de continuar la transición hacia un mundo multipolar en el que el Sur del mundo pueda tener voz propia.
El grupo no busca el enfrentamiento con EE. UU., sino una mayor autonomía estratégica a la luz de la crisis de la globalización liderada por Estados Unidos, desencadenada por el colapso estadounidense de 2008.
Desde el punto de vista de estos países, son precisamente la irresponsabilidad financiera y las intervenciones unilaterales de Occidente las que han desestabilizado la globalización.
La cumbre de Nueva Delhi se inscribe en un panorama alarmante de conflictos y focos de crisis en el mundo, desde Ucrania hasta Irán, pasando por Gaza, Yemen y Sudán, por citar solo algunos. Estos desestabilizan los mercados energéticos y financieros, las rutas comerciales y las cadenas de suministro alimentario.
A ello se suma el recurso cada vez más agresivo a sanciones, aranceles, controles de las exportaciones e incluso prohibiciones en alta mar por parte de Washington, lo que acelera la fragmentación de la economía mundial.
La transformación del sistema financiero internacional, dominado por el dólar, en un arma que Estados Unidos esgrime contra todos aquellos que no se pliegan a su voluntad, ha impulsado a los BRICS a buscar contramedidas defensivas.
El objetivo no es dejar de comerciar con Occidente, sino disponer de la libertad de establecer relaciones también con otros países sin la espada de Damocles que suponen las represalias estadounidenses.
En 2025, la Administración estadounidense impuso aranceles de hasta el 50 % sobre los productos indios porque Nueva Delhi compraba petróleo a Rusia. Brasil está aún más expuesto a las presiones de Washington.
La doctrina Monroe, resucitada por el presidente Donald Trump y convenientemente rebautizada como «Doctrina Donroe», considera que América Latina pertenece a la esfera de influencia estadounidense y limita la libertad de los países latinoamericanos para diversificar sus relaciones internacionales.
En julio de 2026, EE. UU. impuso aranceles del 25 % sobre algunos productos brasileños, que en ocasiones llegaron al 37,5 %.
Brasilia teme las injerencias estadounidenses en las elecciones que se celebrarán en octubre, e incluso la posibilidad de una intervención armada después de que Washington haya incluido de manera pretextuosa a algunos grupos criminales brasileños en su lista de organizaciones terroristas.
Esto contribuye a explicar por qué, dentro del BRICS, Brasil e India son los miembros más cautelosos a la hora de impulsar el proceso de desdolarización.
En cualquier caso, una moneda común del BRICS no es concebible a la luz de las diferencias existentes entre los sistemas monetarios y fiscales de los países miembros.
El camino que está siguiendo el grupo es, en cambio, el de una adopción progresiva de las monedas locales en los intercambios comerciales entre los países miembros. El uso del renminbi, la rupia y el rublo sirve para protegerse de medidas de represalia, reduciendo la dependencia del dólar, sin llegar, no obstante, a sustituirlo.
Naturalmente, esta fragmentación económica conlleva un aumento de los costes y de las ineficiencias, lo cual, sin embargo, es ineludible si estos países desean escapar de los instrumentos coercitivos de Washington.
La adopción de las monedas nacionales en los intercambios comerciales entre dos países, en particular, solo funciona sin problemas si existe un equilibrio sustancial, como ocurre, por ejemplo, entre Rusia y China.
En el caso de una relación desequilibrada como la que existe entre Rusia y la India, esta última se ve obligada a pagar en renminbi chinos para evitar que Moscú acumule enormes cantidades de rupias no convertibles que no puede gastar en el mercado indio.
Estamos asistiendo, por tanto, a un proceso lento y laborioso que, no obstante, está reforzando la interoperabilidad entre los sistemas de pago de estos países y que, paradójicamente, continuará precisamente debido a la obstinación estadounidense por utilizar el dólar como arma.
El camino hacia un nuevo mundo multipolar sigue siendo largo e incierto. El grupo de los BRICS sigue sin ser capaz de adoptar posturas firmes y unívocas ante los numerosos focos de crisis del planeta.
Pero es probable que continúe impulsando el laborioso proceso de creación de sistemas económicos y financieros paralelos al dominado por Washington. La armonía renovada entre Rusia, la India y China en la cumbre de Nueva Delhi parece confirmarlo.
La cálida acogida que el homólogo indio Narendra Modi dispensó al presidente ruso Vladimir Putin deja claro que Delhi no renunciará a Moscú para complacer a Washington.
La cumbre del BRICS del próximo año será organizada por China, que se dispone a asumir la presidencia rotatoria de la organización y sin duda dará un nuevo impulso a su proceso de integración económica.
Este artículo ha aparecido en Fatto Quotidiano."
(Roberto Iannuzzi , blog, 18/09/26, traducción Salvador L. Arnal)
"La crisis de Ceuta nos está enfrentando descarnadamente con una dura realidad: la deriva antidemocrática del poder judicial español. Lo que hasta hace poco podía verse como una serie de excesos ocasionales y casos puntuales de mal funcionamiento empieza a revelarse como un problema sistémico. Jueces y juezas se están apropiando de la soberanía popular y no parecen dispuestos a soltarla.
El principio democrático se asienta en un principio bien simple: la soberanía reside en el pueblo, del que emanan todos los poderes. En su virtud, el poder público solo es legítimo cuando sus decisiones traen causa en la voluntad del cuerpo electoral, expresada mediante elecciones representativas, y se desarrollan en el marco fijado por la Constitución.
En nuestro sistema parlamentario la legitimidad democrática del poder implica que todas las decisiones de mera oportunidad deben ser tomadas por órganos políticos integrados en el poder ejecutivo. Son autoridades designadas parlamentariamente encargadas de gestionar el Estado mediante una selección de prioridades que se basa en consideraciones ideológicas o de oportunidad. El gobierno y la administración representan las preferencias políticas de la mayoría de la ciudadanía y son los únicos que pueden decidir en esos parámetros.
Por supuesto, en la medida en que la ley parlamentaria como expresión de la voluntad general se sitúa en la cúspide del ordenamiento, las decisiones políticas solo pueden tomarse dentro del marco previsto por las leyes. Los jueces se encargan de asegurar ese imperio de la ley vigilando que las decisiones políticas se muevan dentro del espacio legalmente permitido. Tanto en cuanto a la forma en que se adoptan como en cuanto a su contenido.
Este esquema general, en vigor prácticamente desde la revolución francesa, empieza a desvanecerse en nuestro país. La creciente tendencia del poder judicial español de sustituir la voluntad política del gobierno por la de los jueces pervierte todo el sistema. No se trata ya de lo que ahora se denomina lawfare o utilización de la justicia para alterar los resultados electorales. Tampoco de mero activismo judicial, cuando los jueces utilizan sus decisiones para inspirar genéricamente las políticas estatales. Lo que se está generalizando aquí es la mera sustitución de los políticos por los jueces.
Las causas de esta deriva están relacionadas con el momento político que vivimos en la última década. Durante el desafío secesionista catalán de hace diez años, la justicia asumió la tarea de defender un modelo de país antes que unas normas jurídicas concretas. A partir de ahí, cuando el Partido Popular pierde el poder el núcleo duro de la judicatura decide asumir el papel de oposición política frente al gobierno progresista. En un primer momento, lo hace para evitar la amnistía a los independentistas, pero pronto da un paso más y se abre entre parte de la judicatura una competición por ver quién logra hacer caer al presidente del Gobierno. Los casos judiciales contra el Fiscal General del Estado y familiares directos del propio presidente son la muestra más evidente de este espíritu.
La crisis de Ceuta está sirviendo para que estos tribunales, politizados hasta el extremo y convencidos de llevar adelante una auténtica cruzada anticomunista, den un paso más. El objetivo es boicotear las soluciones políticas a la crisis hasta exacerbar el daño que la situación causa al Gobierno. Mientras una jueza encuadrada en el Partido Popular intentaba crear una crisis diplomática con Marruecos, sus compañeros han amagado con impedir que el Gobierno pueda sacar a los migrantes de las calles.
Para alcanzar estos objetivos, muy a menudo los magistrados no solo se extralimitan en sus propias competencias, como ha pasado con la ley de nietos, sino que directamente usurpan las competencias del Gobierno.
La decisión de la Audiencia Nacional de paralizar cautelarmente la instalación de un campamento para refugiados en el puerto de la ciudad autónoma ha sido una aberración democrática. Un sindicato policial impugnó la decisión gubernamental alegando que no es sitio adecuado porque puede plantear problemas de orden público, de compatibilidad con la actividad portuaria pública y de seguridad en el trabajo de los agentes policiales. Esas consideraciones de oportunidad y la excusa sobre la eventualidad de un daño incierto y futuro sirvieron a la Audiencia para paralizar la acción. Acabó por autorizarlo, seguramente porque sus jueces no están dispuestos a asumir la responsabilidad por dejar a cientos de personas deambulando por las calles ceutíes, pero ha servido para sembrar dudas sobre la gestión gubernamental.
No le corresponde a un tribunal de justicia decidir el emplazamiento más adecuado para un campamento. Tampoco si es más urgente cobijar a los inmigrantes que duermen en las calles o incentivar la actividad económica del puerto. Ni siquiera examinar preventivamente medidas de seguridad laboral que aún no se han adoptado. Pero eso dio igual para paralizar temporalmente el campamento. De retorcer las leyes, la judicatura está dando el paso a sustituir al Gobierno en la tarea de orientar políticamente a la sociedad.
La suspensión se ha levantado por ahora, pero no hay ninguna garantía de que la Audiencia Nacional no vaya a volver a invadir competencias estatales. La politización de jueces y magistrados reconocida por las propias asociaciones de jueces (el foro judicial independiente acaba de denunciarla en una carta abierta), se ha convertido en una amenaza para la democracia. Vivimos tiempos de absoluta inseguridad jurídica en los que un juez lo mismo anula el art. 68 de la Constitución y deja sin derecho al voto a medio millón de españoles, que decide cómo conviene solucionar la crisis ceutí. El sistema institucional que muchos estudiamos, basado en el Estado de derecho y el imperio de la ley empieza a ser una ilusión. El poder que debería servir para controlar a los demás no es capaz de controlarse a sí mismo. Se han lanzado a decidir en nombre de todos sin rendir cuentas ante nadie."
(Joaquín Urías, eldiario,es, 18/09/26)
"Olga Matute nació en el barrio de Santa Eulalia de Hospitalet de Llobregat hace 54 años, creció, tuvo dos hijas, se unió a la asociación vecinal, preparó el referéndum de independencia del 2017, militó por el derecho a la vivienda y, finalmente, muriendo después de ser desahuciada. La vecina de L'Hospitalet se suicidó el pasado 7 de septiembre y su entorno explica que esto es la consecuencia directa de haber sido expulsada, hace cuatro meses, de lo que había sido su casa durante años.
El día antes de ser desahuciada, de hecho, fue ingresada en urgencias psiquiátricas del Hospital de Bellvitge y después dada de alta. Había amenazado con suicidarse. "Su abogado aportó esta prueba a los juzgados para suspenderle, pero el juez se negó. Es más, abrió un expediente al abogado alegando que la petición de suspensión del desahucio por su frágil estado de salud no estaba suficientemente acreditada", ha explicado Khristian Giménez, compañero de milit de calle, esta mañana.
El abogado de la mujer, Jordi Naya, de Arrels Advocats, ha detallado también que la situación de vulnerabilidad de la vecina, que tenía dos hijas, una mayor de edad y una menor, quedaba protegida por el decreto antidesahucios que había existido en España en los últimos años. Sin embargo, desde que decayó, por la falta de mayorías parlamentarias, la familia se quedó sin esa protección. Igualmente, argumentaron que la situación de fragilidad mental de la mujer y el mayor interés del menor deberían haber servido para detener el desahucio, pero que no sirvió de nada.
La vecina, que también había militado en ERC, llevaba años intentando solucionar el lío de su piso. "Como miles de familias de clase trabajadora, Olga compró un piso hace 20 años a través de una hipoteca con el Banc Sabadell. Después de separarse se quedó sin trabajo con dos hijas menores a cargo. Separada y sin percibir la manutención de las hijas, no pudo hacer frente al pago de la hipoteca de su piso en la calle Comerç", en el barrio de Santa sus amigos y vecinos. Luego vinieron la dación en pago y el alquiler social que le permitía seguir viviendo en su hogar, hasta que la última propiedad que se hizo cargo de su piso, el fondo Promontoria Coliseum Real Estate, le "cortó" ese alquiler asequible y pidió el desalojo.
"Movió cielo y tierra contactando con todo el que creía que podía hacer algo: prensa, partidos, organizaciones, Sindicatura de Greuges... Incluso asistió a una Comisión de Estudio sobre la salud mental en el Parlamento donde denunció de forma muy clara la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encontraba", recuerda su entorno y entre ellos Sindicato de Vivienda de Hospitalet.
En las últimas semanas en su casa incluso acogió a otra familia, una mujer marroquí con un hijo, que también habían sido desahuciados. En el momento de la ejecución judicial todo el mundo acabó quedando en la calle.
El entorno señala responsabilidades
Los compañeros de Olga, tanto las amistades como el asociacionismo vecinal como el movimiento por la vivienda, han insistido en un acto conjunto y con un escrito pactado entre todas las partes que el caso de esta vecina es un ejemplo de la desprotección del sistema. Señalaron la falta de alternativas habitacionales y ayuda social del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, la falta de respuestas más protectoras por partes de los gobiernos de la Generalitat y el Estado, con los socialistas al frente, pero también el hecho de que Junts hiciera decaer el decreto antidesahucios que protegía casos como el del O. E, igualmente, han señalado como "responsables" al fondo Promontoria Coliseum Real Estate y sus accionistas, a las autoridades judiciales ya los Mossos, para ejecutar los desahucios y que ningún agente haya sido nunca objetor de conciencia por no participar.
"Exigimos al Ayuntamiento de Hospitalet, a la Generalitat de Catalunya ya las administraciones competentes en cada ámbito que tomen todas las medidas necesarias para que ésta sea la última muerte vinculada al negocio inmobiliario", remataba el texto colectivo.
Ahora, quienes la conocían preparan un acto de homenaje y recuerdo a la mujer que durante tantos años ha formado parte de la vida comunitaria y de la lucha por la vivienda digna en Hospitalet. Será el sábado 3 de octubre a las 19h en la plaza Pius XII. "Por Olga. Madre, amiga, vecina y compañera. Asesinada por el capitalismo. ¡Basta desahucios!", clama el cartel que han preparado para la ocasión.
El seguimiento del Ayuntamiento
Fuentes oficiales del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, consultadas por Nació, detallan que desde el año 2020 habían acompañado a la mujer en la cuestión de la vivienda, pero también en el ámbito laboral y de salud, poniéndola en contacto con "servicios sanitarios y otros recursos especializados" para "garantizar una respuesta integral a las necesidades detectadas". Entre las actuaciones desplegadas, el consistorio apunta que en la carpeta residencial acreditó su situación de vulnerabilidad, redactaron informes de riesgo de exclusión residencial y llegaron a gestionar, en 2026, una ayuda económica extraordinaria para encontrar una alternativa habitacional. Sin embargo, no detallan de cuánto era la ayuda, con qué condiciones, ni qué acabó ocurriendo con esta propuesta.
Ahora, sin embargo, a partir del suicidio de Olga, remarcan que los servicios sociales activaron la atención de acompañamiento a las hijas y ofrecieron "orientación, valoración de necesidades y tramitación de recursos y prestaciones" para la nueva situación familiar."
(David Cobo , Nació Digital, 21/09/26, traducción google)
"Laffer en Madrid: el oráculo conservador, la economía contra el bienestar común.
Invitado por el partido Vox, el economista estadounidense Arthur Laffer disertó en el Congreso de los Diputados, en la sala Ernest Lluch (si el gran catedrático de historia económica y pensamiento económico levantara la cabeza…), explicando las tesis que marcan el frontispicio económico no solo de la ultraderecha, sino igualmente de la derecha conservadora, a saber: deben bajarse los impuestos a los más ricos y es necesario reducir el Estado en la economía. Esto equivale a inferir que deben hacerse recortes en los sectores estratégicos del bienestar –sanidad y educación, principalmente– e impulsar privatizaciones de esos servicios. Reducir impuestos a los más pudientes tiene como efecto –ha vuelto a indicar Laffer– una mayor inversión en el país y, por tanto, más recaudación. Digámoslo claro, sin rodeos: la evidencia histórica no respalda esto. La experiencia de las rebajas fiscales estadounidenses de los años ochenta ha demostrado que no existe compensación completa de la pérdida de ingresos.
Recordemos que el presidente Ronald Reagan aprobó una enorme reducción de impuestos: el tipo marginal máximo del impuesto federal sobre la renta pasó del 70% al 28% durante su presidencia, y venía de porcentajes mucho más elevados desde la década de 1950 –llegando al 90%–, con administraciones tanto republicanas como demócratas. Con esa fiscalidad, el crecimiento económico se consolidó, la productividad aumentó, la recaudación se incrementó y se pudieron sufragar los grandes ejes de la política de Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial: su consolidación como potencia mundial. El giro copernicano de Reagan supuso que los ingresos federales no aumentaron como consecuencia directa de los recortes en la magnitud necesaria para compensarlos; de hecho, las reducciones iniciales de ingresos confirmaron un importante deterioro fiscal. La revisión histórica señala que los ingresos federales cayeron en términos reales durante los primeros años posteriores a la reforma de 1981 –inspirada en Laffer–, tal y como demuestran (entre otros muchos economistas) las investigaciones de Emmanuel Saez, Joel Slemrod y Seth Giertz (2012). Además, el déficit federal creció, con datos oficiales del National Bureau of Economic Research (NBER). No se recaudó más, se ampliaron los desequilibrios presupuestarios y se incrementó la deuda pública.
La posición de Laffer no puede ser más abstracta: no señala cuál es el tipo impositivo que maximiza la recaudación en una economía determinada, sobre qué base tributaria y en qué momento. Se limita a lanzar un mensaje espurio: bajen los impuestos en general, y todo funcionará mejor. Laffer considera, de entrada, que los impuestos son demasiado elevados, sin que nos indique cuál sería para él el “impuesto óptimo”, tema sobre el que la teoría económica ha debatido (por ejemplo: Mirrlees, 1976). Al mismo tiempo, su planteamiento no sugiere cuánto puede aumentar la producción con la reducción tributaria, cuánto aumentaría la recaudación, quién saldría beneficiado, quién perjudicado y, en definitiva, si todo ello mejora el bienestar de la población. La nada.
Un ejemplo reciente, ya canónico, del fracaso estrepitoso de esta política económica se observó en el gobierno de la premier británica Liz Truss y de su ministro económico Kwasi Kwarteng, en 2022, que propusieron un presupuesto con una medida estrella: rebaja impositiva de 45 mil millones de libras a las rentas más altas, cancelación de la subida en el impuesto de sociedades, mantenimiento del gasto público y financiación por medio de deuda pública. Se pretendía una reactivación económica pensando que el recorte de los impuestos a los más poderosos contribuiría a “inundar” de dinero el mercado, todo en un contexto en el que el Banco de Inglaterra estaba subiendo los tipos de interés por la inflación. Laffer sobrevolaba sobre todo esto, en unas coordenadas complejas agravadas por las consecuencias del Brexit y de la guerra de Ucrania. Pero su idea de bajar impuestos era, en efecto, la pieza medular. El resultado: el desplome de la libra esterlina y depreciación en el tipo de cambio con el dólar, crisis en los fondos de pensiones, incremento de costes en el endeudamiento nacional e intervención del Banco de Inglaterra para evitar un default. Truss tuvo que destituir a su gurú económico, un economista proveniente de Cambridge y Harvard (poca broma) y ella mismo dimitió sin haber llegado a los dos meses de gobierno. La curva de Laffer es tortuosa, con efectos letales incluso en gobiernos muy conservadores.
Pero avancemos. Las investigaciones de más largo plazo que se han ido publicando delatan un hecho clave: los estudios a nivel macro sobre las consecuencias económicas de reducir las tasas marginales más altas de impuestos sobre la renta en Australia, Nueva Zelanda y Noruega, determinan su escaso impacto sobre la génesis de un crecimiento económico robusto (Angelopoulos et alt., 2007; Piketty et alt., 2014; Rubolino-Waldenström, 2020). Como decíamos, esta línea de razonamiento ha sido medular en los argumentos presentados a favor de varias reformas fiscales importantes, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña. Pero, insistimos, las evidencias empíricas no acompañan a tales premisas benefactoras para el crecimiento y el empleo, a raíz de una reducción impositiva (véase también Trabandt-Uhlig, 2011).
Una publicación reciente ofrece datos muy robustos y definitivos. Se trata del trabajo de David Hope y Julian Limberg (Hope-Limberg, 2022), en el que se ofrecen nuevas metodologías y cálculos econométricos –claramente explicitados en su texto– que concluyen que las contracciones impositivas a la franja más rica de la población no aportan prácticamente nada a la consecución del crecimiento económico. Esta es la conclusión seminal de la investigación de Hope y Limberg. El trabajo, con amplia perspectiva, analiza todas las reducciones importantes en los impuestos sobre los ricos en 18 países de la OCDE desde 1965 hasta 2015: nada más y nada menos que ¡cincuenta años de datos! La batería estadística es de impresión, incontestable. Los resultados son palmarios. Uno: los grandes recortes de impuestos para los ricos aumentan la desigualdad de ingresos; dos: la magnitud del efecto es considerable ya que, en promedio, cada reforma importante conduce a un aumento de más de 0,7 puntos porcentuales en la participación del 1% superior del ingreso nacional antes de impuestos; tres: el crecimiento económico, medido por el PIB real per cápita y la tasa de desempleo no se ve significativamente afectado por importantes recortes de impuestos para los ricos.
Lo expuesto supone una severa crítica, demostrada empíricamente, a la tesis de Laffer y sus derivadas. Estos hallazgos sobre los efectos del crecimiento y el desempleo aportan evidencia en contra de las teorías del lado de la oferta, que sugieren que los impuestos más bajos para los ricos inducirán respuestas de la oferta laboral de las personas de altos ingresos (más horas de trabajo, más esfuerzo, etc.), lo cual impulsará la actividad económica. En relación con esto, los resultados de las investigaciones muestran –acotamos más esta idea– poco apoyo a la influyente tesis político-económica de que los recortes de impuestos para los ricos “se permean” para impulsar un desarrollo económico más amplio. Reiteramos de nuevo que la realidad de los resultados es otra: se certifica que las moratorias del impuesto sobre la renta, las ganancias inesperadas y los recortes de impuestos dirigidos al decil superior de la distribución del ingreso, no inducen a las personas a alterar significativamente la cantidad de trabajo que realizan.
De hecho, los ricos no tienen mayores incentivos para trabajar e invertir cuando se reducen los impuestos, dado que no se encuentran efectos estadísticamente relevantes sobre el crecimiento, el desempleo o la inversión a partir de la retirada de impuestos sobre ese segmento social. En otros términos, para Hope y Limberg los impuestos más bajos sobre los ingresos más altos inducen a los ricos a negociar de manera más agresiva, para aumentar así sus propias recompensas en detrimento de los que están más abajo en la distribución del ingreso.
Este es el modelo fiscal que defiende el conservadurismo económico, con Laffer como uno de sus referentes. Ya se está aplicando en las comunidades autónomas en las que las derechas están gobernando. Esto es lo que se ha expuesto, una vez más, en una de las salas del Congreso de los Diputados, con discursos alambicados del propio Laffer, alejados de la economía real. Aplaudidos y jaleados por las derechas. Y ello significa, en román paladino: reducir los impuestos a las franjas más ricas va a contraer los ingresos y, por tanto, reducirá las asignaciones a la educación, la sanidad, los servicios sociales. Es el desplome del gasto social, en definitiva; el que se distribuye a la población. El que proporciona una parte esencial del bienestar.
Referencias
ANGELOPOULOS, K. et alt. (2007): “Tax-Spending Policies and Economic Growth: Theoretical Predictions and Evidence from the OECD”, European Journal of Political Economy, 23, pp. 885-902.
HOPE, D.-IMBERG, J. (2022): “The economic consequences of major tax cuts for the rich”, Socio-Economic Review, vol. 00, pp. 1-21.
MIRRLEES; J. A. (1976): Optimal Tax Theory: A Synthesis”, Journal of Public Economics, 6, pp. 327-358.
PIKETTY, T. et alt. (2014): “Optimal Taxation of Top Labor Incomes: A Tale of Three Elasticities”, American Economic Journal, 6, pp. 230-271.
RUBOLINO, E.-WALDENSTRÖM, D. (2020): “Tax Progressivity and Top Incomes Evidence from Tax Reforms”, The Journal of Economic Inequality, 18, pp. 261-289.
SAEZ, E.-SLEMROD, J.-GIERTZ, S. (2012): “The Elasticity of Taxable Income with Respect to Marginal Tax Rates: A Critical Review”, Journal of Economic Literature, 50 (1), pp. 3–50.
TRABANDT, M.-UHLIG, H. (2011): “The Laffer curve revisited”, Journal of Monetary Economics, 38, 4, pp. 305-327."
(
