Servicios públicos universales: El poder de desmercantilizar la supervivencia... los servicios públicos universales son cruciales para una transición justa y efectiva durante el cambio climático... El capitalismo se basa en mantener una escasez artificial de bienes y servicios esenciales (como la vivienda, la sanidad, el transporte, etc.), mediante procesos de cercamiento y mercantilización... el cercamiento permite a los monopolistas subir los precios y maximizar sus beneficios (pensemos en el mercado del alquiler, el sistema sanitario estadounidense o el sistema ferroviario británico). Pero también tiene otro efecto. Cuando los bienes esenciales se privatizan y se encarecen, la gente necesita más ingresos de los que necesitaría de otro modo para acceder a ellos... A nivel de toda la economía, esta dinámica significa que necesitamos más producción agregada, más crecimiento, para satisfacer las necesidades básicas... Hay una forma de salir de esta trampa: desmercantilizando los bienes y servicios esenciales, podemos eliminar la escasez artificial y garantizar la abundancia pública, desvincular el bienestar humano del crecimiento y reducir las presiones del crecimiento... Los servicios universales también pondrían fin a la actual crisis del coste de la vida, al reducir directamente el coste de la vida... el control público sobre los sistemas de aprovisionamiento facilita la rápida descarbonización de esos sectores... En este momento es imposible tomar medidas, incluso obvias, para mitigar el cambio climático (como reducir la producción de combustibles fósiles u otros sectores destructivos), porque las personas de las industrias afectadas perderían el acceso a salarios, vivienda, atención médica, etc. Nadie debería aceptar tal resultado. Con servicios universales y una garantía de empleo emancipadora, podemos protegernos contra cualquier inseguridad económica y garantizar una transición justa. No existe una contradicción necesaria entre los objetivos ecológicos y sociales. Los dos pueden y deben perseguirse juntos (Jason Hickel)

 "Una de las ideas centrales que surgen de la investigación sobre el decrecimiento y la mitigación del cambio climático es que los servicios públicos universales son cruciales para una transición justa y efectiva.

El capitalismo se basa en mantener una escasez artificial de bienes y servicios esenciales (como la vivienda, la sanidad, el transporte, etc.), mediante procesos de cercamiento y mercantilización. Sabemos que el cercamiento permite a los monopolistas subir los precios y maximizar sus beneficios (pensemos en el mercado del alquiler, el sistema sanitario estadounidense o el sistema ferroviario británico). Pero también tiene otro efecto. Cuando los bienes esenciales se privatizan y se encarecen, la gente necesita más ingresos de los que necesitaría de otro modo para acceder a ellos. Para conseguirlos, se ven obligados a aumentar su trabajo en los mercados capitalistas, trabajando para producir cosas nuevas que puede que no sean necesarias (con un mayor uso de energía, de recursos y una mayor presión ecológica) simplemente para acceder a cosas que claramente sí son necesarias, y que muy a menudo ya están ahí.

Tomemos la vivienda, por ejemplo. Si su alquiler sube, de repente tiene que trabajar más solo para mantener el mismo techo sobre su cabeza. A nivel de toda la economía, esta dinámica significa que necesitamos más producción agregada, más crecimiento, para satisfacer las necesidades básicas. Desde la perspectiva del capital, esto asegura un flujo constante de mano de obra para las empresas privadas y mantiene una presión a la baja sobre los salarios para facilitar la acumulación de capital. Para el resto de nosotros, esto significa explotación innecesaria, inseguridad y daño ecológico. La escasez artificial también crea dependencias del crecimiento: debido a que la supervivencia está mediada por los precios y los salarios, cuando las mejoras de productividad y las recesiones conducen al desempleo, las personas sufren la pérdida de acceso a bienes esenciales, incluso cuando la producción de esos bienes no se ve afectada, y el crecimiento es necesario para crear nuevos empleos y resolver la crisis social.

Hay una forma de salir de esta trampa: desmercantilizando los bienes y servicios esenciales, podemos eliminar la escasez artificial y garantizar la abundancia pública, desvincular el bienestar humano del crecimiento y reducir las presiones del crecimiento.

Este enfoque también tiene otros beneficios sociales y ecológicos directos. Por un lado, puede tener un fuerte impacto positivo en el bienestar humano. Sabemos por estudios empíricos que los servicios públicos son un poderoso motor de mejora de la esperanza de vida, el bienestar y otros indicadores sociales clave (aquí, aquí y aquí). Los servicios universales también pondrían fin a la actual crisis del coste de la vida, al reducir directamente el coste de la vida.

También sabemos que los países con servicios públicos desmercantilizados o universales pueden ofrecer mejores resultados sociales en cualquier nivel de PIB y uso de recursos (aquí, aquí, aquí, aquí y aquí). Los servicios universales garantizan una conversión eficiente de los recursos y la energía en resultados sociales. Además, como veremos, el control público sobre los sistemas de aprovisionamiento facilita la rápida descarbonización de esos sectores.

Por último, junto con una segunda política clave —la garantía de empleo público—, este enfoque pondría fin de forma permanente a la inseguridad económica y resolvería la contradicción actual entre los objetivos sociales y ecológicos. En este momento es imposible tomar medidas, incluso obvias, para mitigar el cambio climático (como reducir la producción de combustibles fósiles u otros sectores destructivos), porque las personas de las industrias afectadas perderían el acceso a salarios, vivienda, atención médica, etc. Nadie debería aceptar tal resultado. Con servicios universales y una garantía de empleo emancipadora, podemos protegernos contra cualquier inseguridad económica y garantizar una transición justa. No existe una contradicción necesaria entre los objetivos ecológicos y sociales. Los dos pueden y deben perseguirse juntos.

Por servicios universales me refiero no solo a la sanidad y la educación, sino también a la vivienda, el transporte, la alimentación nutritiva, la energía, el agua y las comunicaciones. En otras palabras, una desmercantilización del sector social básico: los medios de supervivencia cotidiana. Y me refiero a servicios atractivos, de alta calidad, gestionados democráticamente y adecuadamente universales, no a los sistemas de última instancia deliberadamente de mierda que vemos en Estados Unidos y otros países neoliberales. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo llegamos allí?

Sanidad y educación. Este es común: la mayoría de los países europeos tienen sistemas universales de sanidad y educación, muchos de los cuales se encuentran entre los mejores sistemas sanitarios del mundo. El principio clave es que la asistencia sanitaria debe ser gratuita en el punto de uso, idealmente a través de un proveedor público, sin la intermediación de costosas aseguradoras privadas. Del mismo modo, la educación pública debe ser gratuita desde la escuela primaria hasta la universidad. Las deudas existentes acumuladas por la sanidad y la educación deben ser canceladas.

Vivienda. Los costes de la vivienda constituyen una gran parte de los gastos domésticos. Se trata de un bien esencial, tan necesario como la sanidad y la educación. Sin embargo, la gente suele gastar entre el 30 y el 50 % de su salario en el alquiler (de viviendas que a menudo son lamentablemente deficientes), y en muchos lugares la compra de una casa es cada vez más inasequible para cualquiera que no sea rico. Es importante reconocer la diferencia entre ser propietario de la propia residencia (bien) y el control privado de las unidades de alquiler, que es donde surgen los problemas, sobre todo en el caso de los grandes propietarios corporativos que controlan docenas o incluso miles de viviendas. Esto último representa el cercado de un recurso clave que es fundamental para la supervivencia. No toleramos esto en la atención sanitaria, pero por alguna razón lo hacemos regularmente cuando se trata de la vivienda.

Una intervención eficaz sería limitar simplemente el número de unidades de alquiler que puede poseer cualquier persona o empresa, y exigir la venta de las propiedades sobrantes. La afluencia de viviendas al mercado haría bajar los precios, haciendo más asequible la compra de una residencia para la gente, pero también haciendo más asequible para los gobiernos municipales la compra de unidades, la ampliación del parque de viviendas públicas y la mejora de la calidad de las viviendas, que se integrarían naturalmente en el tejido de la ciudad. Las unidades de alquiler público pueden estar disponibles a un precio asequible, y las unidades de alquiler privado restantes tendrían que tener tarifas lo suficientemente bajas como para competir con la opción pública. Viena y Singapur ofrecen un modelo de vivienda pública atractiva y de alta calidad que disfruta entre el 60 y el 80 % de la población. Y este enfoque puede utilizarse para lograr rápidas mejoras de eficiencia en el sector de la vivienda, incluyendo aislamiento, bombas de calor y electrodomésticos eficientes, contribuyendo así a una rápida descarbonización.

Transporte público. El transporte público debería ser gratuito o muy barato. Barcelona es un buen ejemplo, donde los viajes en metro y tranvía a través del brillante, limpio y eficiente sistema de la ciudad cuestan solo un euro, y las bicicletas eléctricas cuestan una fracción de eso. Pero casi 100 ciudades de todo el mundo van más allá y ofrecen transporte público gratuito. En los lugares donde la infraestructura de transporte público existente es inadecuada, debería desarrollarse hasta el punto de que la gente no necesite coches de forma habitual. El transporte público de alta calidad es fundamental para reducir la demanda de automóviles y las emisiones del transporte.

Alimentos. Nuestro sistema alimentario adolece de varios problemas. Muchas personas no pueden permitirse o acceder a alimentos nutritivos, incluso en las naciones más ricas del mundo. Los supermercados tienden a estar controlados en su inmensa mayoría por unas pocas grandes corporaciones, que dan prioridad a los alimentos procesados rentables, con cadenas de suministro que dependen en gran medida de los envases de plástico y el transporte de larga distancia. Este modelo es muy intensivo en energía y monocultivos, con vastas extensiones de tierra apropiadas para la producción industrial de carne, lo que conduce a la deforestación, las emisiones, el agotamiento del suelo y la pérdida de biodiversidad.

Un programa de justicia alimentaria podría garantizar el acceso universal a alimentos nutritivos, regenerativos y vegetarianos. Los gobiernos pueden financiar el desarrollo de granjas regenerativas, así como huertos en zonas urbanas y suburbanas, con productos que se vendan a precios asequibles a través de centros comunitarios en cada barrio que puedan funcionar también como cafeterías que sirvan comidas vegetarianas. Estos serían lugares convenientes y atractivos para que cualquiera compre y coma, proporcionando alimentos de alta calidad que cubran todas las necesidades nutricionales necesarias, al tiempo que facilitan la convivencia y el compromiso de la comunidad. Un sistema de este tipo mejoraría los resultados sanitarios y también ayudaría a reducir drásticamente el uso de la tierra y el impacto ecológico del sistema alimentario.

Energía y agua. Son esenciales para la supervivencia humana. La energía y el agua deben gestionarse como servicios públicos, con un sistema de precios de dos niveles: debe ponerse a disposición de todos los hogares una cuota de energía y agua gratuita, ajustada al número de residentes, suficiente para satisfacer las necesidades básicas. El uso adicional de energía y agua más allá de esta cuota puede cobrarse a una tarifa progresiva para desincentivar el exceso de producción, lo que reporta aún más beneficios para el medio ambiente. Este enfoque tiende a tener un fuerte apoyo popular. El sistema público de energía puede utilizarse para reducir el uso de combustibles fósiles según un calendario basado en la ciencia y dar prioridad a una rápida transición a las energías renovables, mientras que las normas que rigen el sistema público de agua pueden utilizarse para evitar la extracción excesiva por parte de empresas privadas y garantizar un suministro de agua estable y equitativamente distribuido durante las sequías.

Las comunicaciones. El acceso a Internet y los datos de telefonía móvil son necesarios para la vida diaria y deben tratarse como servicios públicos. Debe ofrecerse un paquete mensual básico gratuito a las personas o los hogares, con datos adicionales y otros servicios disponibles a precios de mercado. El proveedor público sería totalmente independiente del gobierno, con una seguridad de datos de vanguardia para impedir cualquier censura estatal. Al igual que el servicio postal no lee las cartas que entrega, una red pública de datos debe diseñarse para proteger la privacidad.

A esta lista también debemos añadir tres servicios clave más que deberían ser desmercantilizados y estar disponibles para todos: cuidado infantil, cuidado de ancianos e instalaciones recreativas (parques, gimnasios, campos deportivos, salones comunitarios, teatros, etc.).

¿Cómo pagarlo? La respuesta tradicional es que para pagar los servicios públicos primero se necesita un mayor crecimiento del PIB: aumentar la producción corporativa de cosas que no necesitamos, y luego gravar los ingresos de esa producción para financiar la producción pública de cosas que sí necesitamos. Esta suposición está tan arraigada en la imaginación pública que se da por sentada. Se aprovecha el derecho a afirmar que los servicios públicos nos los dan de alguna manera los ricos (los que pagan «más» impuestos, lo que, por supuesto, a menudo ni siquiera es cierto), por lo que deberíamos estarles agradecidos y hacer lo que sea necesario para que acumulen más. También es ecológicamente peligroso. Necesitamos urgentemente cosas como el transporte público y las energías renovables para cumplir nuestros objetivos climáticos. Si necesitamos más crecimiento empresarial para «pagar» estas cosas, aumenta la demanda total de energía y dificulta la descarbonización.

En realidad, no hay ninguna razón por la que la producción pública deba depender de la «financiación» de la producción privada anterior (como si las empresas produjeran dinero de alguna manera, lo que, por supuesto, no hacen). Cualquier gobierno que tenga suficiente soberanía monetaria puede movilizar la producción pública directamente, simplemente emitiendo financiación pública para hacerlo. Como señaló Keynes: todo lo que realmente podamos hacer, en términos de capacidad productiva, podemos pagarlo. Y en lo que respecta a la capacidad productiva, las economías de altos ingresos ya tienen mucho más de lo que necesitan. El despliegue de las finanzas públicas simplemente desplaza el uso de esta capacidad de las empresas al público, donde puede utilizarse para objetivos sociales y ecológicos ratificados democráticamente, en lugar de para la acumulación de capital.

La garantía de empleo. Este mismo enfoque puede utilizarse para financiar una garantía de empleo público. La garantía de empleo pondría fin al desempleo de forma permanente y garantizaría que todo aquel que quiera pueda formarse para participar en los proyectos colectivos más importantes de nuestra generación: ampliar la capacidad de energía renovable, regenerar ecosistemas, mejorar los servicios públicos, el trabajo asistencial, etc., es decir, una producción urgente y socialmente necesaria con salarios dignos y democracia en el lugar de trabajo. El JG ayudaría a reorientar el trabajo hacia un valor de uso social y ecológico en lugar de servir a los beneficios corporativos. El programa tendría que ser financiado por el gobierno, el emisor de la moneda, pero debería ser gestionado democráticamente en el nivel local adecuado, para determinar qué formas de producción son más necesarias para satisfacer las necesidades de la comunidad. Y, por supuesto, debería haber una renta básica disponible para cualquiera que no pueda trabajar o que, por cualquier razón, decida no hacerlo.

Esta idea resulta tremendamente popular en las encuestas. Y el poder adicional de la garantía de empleo es que puede utilizarse para establecer normas salariales y de tiempo de trabajo (acortando la semana laboral a, digamos, 32 horas) y democracia laboral en toda la economía, ya que las empresas privadas se verían presionadas a adoptar normas similares a las del JG o, de lo contrario, correrían el riesgo de perder personal. Porque si las personas pueden optar por realizar un trabajo digno y socialmente importante en un lugar de trabajo democrático, ¿por qué aceptarían realizar un trabajo sin sentido en peores condiciones para empresas cuyo objetivo principal es simplemente acumular capital? No lo harían.

El poder de los servicios públicos universales radica en que podemos mejorar el acceso de las personas a los bienes necesarios para una vida digna, con sistemas de aprovisionamiento que requieren un menor uso agregado de energía y materiales y que nos permiten acelerar la descarbonización. Estos resultados pueden mejorarse aún más garantizando una sólida gobernanza democrática de los sistemas públicos. Junto con la garantía de empleo, se elimina permanentemente la inseguridad económica —logrando un objetivo que el crecimiento por sí solo nunca ha podido alcanzar— y el bienestar humano se desvincula del requisito de una producción agregada cada vez mayor. Esto cambiaría el panorama político, liberándonos para llevar a cabo la necesaria acción climática sin ningún riesgo para el empleo y los medios de vida, al tiempo que mejoraría los resultados sociales, reduciría la desigualdad y facilitaría el cambio hacia una economía más justa y ecológica.

Estas políticas deberían ser las demandas centrales de un movimiento laboral y climático unido. Servicios universales, garantía de empleo, salarios dignos, una semana laboral más corta: estas son intervenciones populares que podrían sentar las bases de un apoyo político masivo. Para el movimiento obrero, debemos dejar de fingir que el crecimiento capitalista acabará mágicamente con el desempleo, garantizará salarios dignos y traerá democracia en el lugar de trabajo, lo cual nunca sucede, y en su lugar luchar para lograr estos objetivos directamente. Y para el movimiento climático, al que a menudo se acusa de ignorar las condiciones materiales de las comunidades de clase trabajadora, este enfoque aborda las necesidades reales de subsistencia y crea una causa para alianzas con formaciones de clase trabajadora. Este es el movimiento político que necesitamos."

 (Jason Hickel , blog, 13/02/25, traducción DEEPL)

Uruguay, lecciones para la economía de cuidados... Para responder a la creciente demanda de esos servicios, Uruguay implementó el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) en 2015. Su objetivo era proporcionar cobertura universal de atención social y sanitaria a los grupos vulnerables, como los niños menores de 13 años, las personas con discapacidades y otros adultos dependientes. Después de casi una década, sin embargo, el SNIC enfrenta graves desafíos... Aunque el SNIC ha logrado avances en el reconocimiento del cuidado como derecho y en resaltar su impacto socioeconómico, su eficacia depende de ampliar la cobertura y el financiamiento... La experiencia uruguaya pone de relieve la necesidad más amplia de un enfoque integral del cuidado, que promueva la igualdad de género y la inclusión social tanto en el sector público como en el privado. Enfatizando esas reformas, Uruguay podría satisfacer sus necesidades inmediatas de cuidado y convertirse en un ejemplo para el mundo sobre cómo crear sociedades más resilientes e inclusivas en una época de cambio demográfico... Todos debieran centrarse en el cuidado como imperativo social, invertir en el desarrollo de la niñez temprana y promover la igualdad de género... no solo por motivos éticos, sino porque es fundamental para el crecimiento sostenible (Carmen Estrades, Florencia Amábile)

 "A medida que las poblaciones envejecen en todo el mundo, la demanda de servicios de cuidado está llegando a niveles nunca vistos y plantea desafíos complejos a todas las sociedades, pero especialmente a las del mundo desarrollado. Esto también ocurre en Uruguay, cuyo perfil demográfico se asemeja más al de Norteamérica y Europa que al de sus vecinos.   

La brusca caída de la tasa de fertilidad uruguaya pone de relieve la urgencia del cuidado para todos los grupos etarios. Cabe destacar que Uruguay ha logrado la menor tasa de pobreza en la región para las personas de la tercera edad, en gran medida gracias a sólidas transferencias de seguridad social... pero los índices de pobreza de las cohortes más jóvenes son nueve veces mayores que los de los ancianos.

Para responder a la creciente demanda de esos servicios, Uruguay implementó el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) en 2015. Su objetivo era proporcionar cobertura universal de atención social y sanitaria a los grupos vulnerables, como los niños menores de 13 años, las personas con discapacidades y otros adultos dependientes. Después de casi una década, sin embargo, el SNIC enfrenta graves desafíos.

La cobertura pública para adultos de más de 65 años y personas con discapacidades sigue siendo baja, de apenas el 15 %, y aún existen brechas significativas en la cobertura para las personas de entre 30 y 79 años con discapacidades graves, y niños de entre 0 y 3 años (más del 30 % de ellos recibe educación en guarderías especializadas). Aunque la cobertura pública aumentó al 57 % para ese grupo etario desde 2015, gran parte de las mejoras reflejan más la reducción de la tasa de natalidad que una ampliación del servicio.

Algo fundamental es que la carga de la atención no remunerada recae de manera desproporcionada en las mujeres, especialmente sobre aquellas con menores niveles de educación e ingreso. Las mujeres no solo dominan el sector informal del cuidado, además son las más agobiadas por ese tipo de responsabilidades en los hogares, lo que suele limitar su participación en el mercado laboral. Las mayores diferencias de género en el tiempo destinado al cuidado se dan en hogares con niños de menos de 12 años.

En el sector remunerado del cuidado —donde el 94,9 % de los trabajadores son mujeres— hay una gran informalidad y subempleo, y los salarios están por debajo del promedio nacional. Los cuidadores (y trabajadoras domésticas) cuentan con menos años de educación formal que el trabajador promedio, y en el sector privado del cuidado sus servicios no representan una proporción significativa del presupuesto de sus clientes (en su mayor parte, hogares con ingresos medios y altos) Esas disparidades destacan las desigualdades sistémicas que hay que corregir para garantizar prácticas laborales justas y un mejor apoyo a los cuidadores.

Aunque el SNIC ha logrado avances en el reconocimiento del cuidado como derecho y en resaltar su impacto socioeconómico, su eficacia depende de ampliar la cobertura y el financiamiento. Durante los últimos cinco años su presupuesto se estancó (en términos de participación en el PBI), a pesar de la necesidad de aumentar los recursos para impulsar la educación en la niñez temprana y brindar servicios a todas las poblaciones vulnerables, aliviando así la pobreza y fomentando el crecimiento inclusivo.

Hay muy buenos motivos que justifican la asignación de recursos al sector: invertir en la niñez temprana no solo es beneficioso para el desarrollo de los niños, también incide positivamente sobre los resultados económicos y la productividad a largo plazo. Es fundamental mejorar esos puntos de referencia, dada la caída de la tasa de fertilidad y la reducción de la población infantil. Con la integración de políticas que amplíen las licencias parentales y fomenten la igualdad de género, Uruguay podría empoderar aún más a las mujeres en la fuerza de trabajo y alentar su participación en ella.

La experiencia uruguaya pone de relieve la necesidad más amplia de un enfoque integral del cuidado, que promueva la igualdad de género y la inclusión social tanto en el sector público como en el privado. Enfatizando esas reformas, Uruguay podría satisfacer sus necesidades inmediatas de cuidado y convertirse en un ejemplo para el mundo sobre cómo crear sociedades más resilientes e inclusivas en una época de cambio demográfico.

Es fundamental mejorar las condiciones de vida de las cohortes más jóvenes, de lo contrario se corre el riesgo de que las próximas generaciones de trabajadores no logren integrarse al mercado laboral y, en consecuencia, no apoyen al sistema de seguridad social con el pago de impuestos. Está demostrado que invertir en la educación temprana de las poblaciones más vulnerables mejora la salud, el comportamiento, las habilidades cognitivas y los resultados escolares de los niños en el corto plazo, y sus resultados en el mercado laboral y la productividad a largo plazo, especialmente cuando también se invierte en su educación más adelante.

Además, si extiende la atención sanitaria y adopta otras políticas que actualmente no están incluidas en el sistema de cuidados —como la ampliación de la licencia parental—, Uruguay podría fomentar una mayor participación de la mujer en la fuerza de trabajo, especialmente en el caso de las poblaciones más vulnerables. El sector público del cuidado tiene un gran potencial para absorber a esa cohorte y, si la expansión de servicios de cuidado va acompañada de controles de calidad y un aumento de la capacidad, se podrían mejorar, simultáneamente, las condiciones de trabajo.

Por último, la promoción de políticas que refuercen el papel de ambos padres en la crianza de los niños no solo beneficia a las mujeres, también fomenta la creación de vínculos más estrechos entre los padres y los niños. De manera similar, las políticas dirigidas a cambiar las normas tradicionales de género contribuirán a distribuir de manera más equitativa las tareas domésticas en los hogares, reduciendo así la pobreza de tiempo que sufren las mujeres.

En suma, la experiencia uruguaya del SNIC ofrece lecciones valiosas para los responsables políticos de todo el mundo. Todos debieran centrarse en el cuidado como imperativo social, invertir en el desarrollo de la niñez temprana y promover la igualdad de género... no solo por motivos éticos, sino porque es fundamental para el crecimiento sostenible."

(Carmen Estrades is Associate Professor of Economics at the Universidad de la República in Uruguay. Florencia Amábile is Assistant Professor of Economics at the Universidad de la República in Uruguay. Revista de prensa, 15/08/24. Este artículo, publicado originalmente en Project Syndicate)

Bloqueo total de los trabajadores suecos a Tesla: la huelga que se le ha ido de las manos a Elon Musk... Su negativa firmar un convenio con sus 120 mecánicos del país desata una acción sindical nacional para impedir que sus coches entren en Suecia o que los talleres reciban repuestos... El bloqueo es total. Los sindicatos de estibadores han declarado que no descargarán ni un Tesla más hasta que no se llegue a un acuerdo. Los trabajadores de la red eléctrica no intervendrán en sus puestos de carga ni los repararán cuando se averíen. Los empleados de mantenimiento no pisarán sus instalaciones. Los taxistas se han comprometido a no adquirir ninguno de sus modelos hasta que haya convenio colectivo... “Los empleados de Tesla merecen condiciones laborales dignas y seguras, como todos los trabajadores de Suecia. Es por eso que IF Metall lleva mucho tiempo negociando con Tesla. Desafortunadamente, se han negado a firmar un convenio colectivo y, por lo tanto, violan los principios básicos del mercado laboral sueco”

 "Elon Musk es un patrón poco amigo de los sindicatos. Los empleados de Tesla han denunciado durante años coacciones y despidos para dificultar la acción sindical. Una política que la marca está intentando imponer en Suecia, pero donde le puede salir muy cara, con una reacción en cadena de trabajadores de todo el país para forzar al fabricante de coches eléctricos a firmar un convenio con sus 120 mecánicos. 

 El bloqueo es total. Los sindicatos de estibadores han declarado que no descargarán ni un Tesla más hasta que no se llegue a un acuerdo. Los trabajadores de la red eléctrica no intervendrán en sus puestos de carga ni los repararán cuando se averíen. Los empleados de mantenimiento no pisarán sus instalaciones. Los taxistas se han comprometido a no adquirir ninguno de sus modelos hasta que haya convenio colectivo.

“Los convenios colectivos son la base del modelo sueco de mercado laboral”, justifica IF Metall, el poderoso sindicato sueco de la industria metalúrgica y manufacturera que representa a los mecánicos de Tesla: “Los empleados de Tesla merecen condiciones laborales dignas y seguras, como todos los trabajadores de Suecia. Es por eso que IF Metall lleva mucho tiempo negociando con Tesla. Desafortunadamente, se han negado a firmar un convenio colectivo y, por lo tanto, violan los principios básicos del mercado laboral sueco”.

La negativa de Tesla a ratificar el convenio derivó en una huelga de IF Metall que comenzó el 27 de octubre. La semana pasada sus mecánicos consiguieron que los estibadores de los cuatro principales puertos del país secundaran la acción y bloquearan los vehículos del fabricante a partir de este lunes. Sin embargo, han sido los intentos de Tesla de sortear la huelga −IF Metall denuncia que ha intentado subcontratar a otros mecánicos y derivar sus coches a puertos secundarios− los que han desencadenado la campaña a nivel nacional.

elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con Tesla, que no ha respondido a la solicitud de información. La compañía ha manifestado a TT, la principal agencia de noticias sueca, que “es lamentable que IF Metall haya tomado estas medidas”. “Ya ofrecemos acuerdos equivalentes o mejores que los cubiertos por la negociación colectiva y no encontramos ninguna razón para firmar ningún otro acuerdo”, argumentan fuentes de la empresa.

Según IF Metall, lo que piden los mecánicos para su convenio es un pacto sobre aumentos salariales anuales, coberturas de seguros y pensiones, y otros beneficios que recibirían si estuvieran bajo un convenio colectivo de otra industria del país.

“Los convenios colectivos se negocian sector por sector, y a los empleados se les garantizan los salarios y las condiciones de trabajo habituales en todo el sector. Esto permite a las empresas operar en igualdad de condiciones, al tiempo que se evita el riesgo de que un solo empresario distorsione la competencia en el sector imponiendo malas condiciones a sus empleados”, argumenta el sindicato.

“Una vez firmado un convenio colectivo, tanto empresarios como trabajadores tienen la obligación de mantener la paz”, continúa: “Como resultado, el convenio colectivo garantiza un mercado laboral sueco con muy pocos conflictos o huelgas. Se basa en una larga tradición de más de 100 años de negociaciones entre las partes del mercado laboral. El convenio colectivo crea una situación de claridad y orden tanto para los trabajadores como para los empresarios, al tiempo que evita los conflictos”.

“La pequeña Suecia contra el poderoso Musk”

Suecia es un mercado pequeño pero importante para Tesla. El coche más vendido en el país nórdico en lo que va de año ha sido, con diferencia, su Tesla Model Y. La industria automovilística española pone como ejemplo a seguir la implantación de la electromovilidad en los países nórdicos, Suecia incluida. En 2023, el 38% de los vehículos vendidos en el país han sido completamente eléctricos y otro 28%, híbridos.

La pugna laboral entre el pequeño grupo de mecánicos utilizando todos los recursos a su alcance para presionar al gigante estadounidense de la movilidad eléctrica (que tiene 127.000 trabajadores en todo el mundo) se ha convertido en un acontecimiento en el país. Este miércoles más sindicatos seguían sumándose a la campaña, con los representantes de las empresas de paquetería y transporte avisando que no llevarán ni repuestos ni cartas a la empresa hasta que el conflicto se solucione.

El Dagens Nyheter, el periódico más importante de Suecia, ha lanzado una cobertura especial que incluye el seguimiento de cómo se está contando la situación a nivel internacional. “La huelga de Tesla en Suecia se ha convertido en noticia en todo el mundo: la 'pequeña' Suecia libra la primera gran batalla contra el 'anti-sindicatos' Elon Musk”, resume.

“Si lo dejamos pasar se abrirá una grieta en todo el sistema”, ha avisado Tommy Wreeth, responsable del Sindicato Sueco de Trabajadores del Transporte, en declaraciones a The New York Times: “No se trata solo de los sindicatos de trabajadores del metal y del transporte. Esto es importante porque está en juego todo el modelo sueco”. Wreeth ha informado este miércoles a la prensa sueca de que está en contacto con los sindicatos daneses y noruegos para intenta evitar que Tesla eluda el bloqueo sueco a través de sus puertos.

Elon Musk, por su parte, no ha hecho ninguna referencia al conflicto laboral que vive su empresa en Suecia. No obstante, una de sus últimas publicaciones en X (conocida anteriormente como Twitter) fue precisamente para alabar a los trabajadores de la empresa. “El equipo de Tesla es increíble: se enorgullecen de trabajar duro, construyen grandes productos y son gente de buen corazón”, escribió en respuesta a un comentario con un vídeo que le mostraba dando un discurso en la nueva gigafactoría de Berlín, una instalación similar a la que quiere atraer la Comunidad Valenciana. "

(Carlos del Castillo, eldiario.es, 08/11/23)

BB Serveis, la historia del mayor fraude conocido en el sector de las residencias... Los responsables de BB Serveis crearon empresas franquiciadas por toda España con las que se presentaban a concursos públicos para recibir adjudicaciones de comunidades autónomas y ayuntamientos... se hicieron con unas 90 adjudicaciones. “Una vez los franquiciados habían conseguido los contratos se desentendían de todas sus obligaciones y se preocupaban únicamente de recaudar el dinero fruto de estos contratos obviando incluso el pago de Seguridad Social, tributos a Hacienda y sueldos y salarios de los trabajadores”... y el abandono extremo que se vivía en la residencia: “No tener pañales, no tener esponjas, no tener geles. Incluso para comer no tener cubiertos, no tener platos, manteles. Llegar hasta ese punto. A los ancianos los hemos enterrado en vida”... Dos de los implicados siguen a día de hoy activos en el sector residencial

 "La pandemia convirtió a las residencias en la zona cero de la emergencia sanitaria, con 25.000 mayores fallecidos en menos de un año, y puso en el foco la actuación de determinadas multinacionales que se lucran con las adjudicaciones que reciben para gestionar geriátricos. Pero la tentación de enriquecerse con el dinero público destinado al cuidado de los ancianos no nació con la pandemia. 

Y en alguna ocasión se llegó a ejecutar a través de una presunta organización criminal, como ocurrió con la trama del grupo BB Serveis, que la Guardia Civil desarticuló el 23 de febrero de 2016. Se cumplen ahora cinco años y está a punto de finalizar la instrucción judicial de un caso considerado como la mayor estafa conocida en el sector de las residencias: afectó a más de 750 mayores, que recibieron una asistencia en muchos casos deficiente, y a 2.000 empleados. Algunos de ellos estuvieron hasta siete meses trabajando sin cobrar sus salarios y se enfrentaron a graves situaciones de precariedad económica, desahucios incluidos. 

 La lucha de un grupo de trabajadores fue clave en la operación contra la trama, al denunciar los hechos ante la Justicia, lo que está en el origen de las diligencias que lleva el Juzgado de Instrucción 11 de Barcelona. La Plataforma de Afectados BB Serveis se creó en 2011, promovida por una trabajadora en una residencia del grupo (María José Alarcón), su pareja (Roberto Martínez) y el marido de otra empleada (Eduard Montells). “María José y yo sufrimos nuestro primer desahucio por aquellas fechas, y fuimos conociendo otros casos similares, lo que nos hizo ver que debíamos organizarnos”, rememora Roberto en conversación con infoLibre. El 8 de enero de 2013, una treintena de afectados presentaron una querella y la consiguiente investigación de la Guardia Civil llevó a la detención de cinco personas en febrero de 2016, por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, alzamiento de bienes y contra el derecho de los trabajadores. 

 Además de presentar la querella, la Plataforma de Afectados BB Serveis también decidió grabar un documental explicando lo que habían sufrido ancianos y empleados. Se titula Pactos de silencio, lo dirigió Toni Navarro –director del Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona– y está construido sobre los testimonios de extrabajadoras del grupo (lo puedes ver aquí). Isabel Jiménez, por ejemplo, relata el abandono extremo que se vivía en la residencia: “No tener pañales, no tener esponjas, no tener geles. Incluso para comer no tener cubiertos, no tener platos, manteles. Llegar hasta ese punto. A los ancianos los hemos enterrado en vida”. Pilar García Sirvent recuerda que era “horrible estar en la lavandería porque no había nada. Ni jabón, ni nada. Nos han robado descaradamente, a los ancianos, a los familiares y a nosotros”. María José Alarcón, primera firmante de la querella, pone el énfasis en la injusticia de que se haya estafado a “gente que está en la fase más vulnerable de su vida”. “Nos faltaban medicinas, pañales. Nos faltaba de todo”, denuncia José Cano, que fue usuario de uno de los centros.

LA TRAMA

Los responsables de BB Serveis, con sede en Cataluña, crearon empresas franquiciadas por toda España con las que se presentaban a concursos públicos para recibir adjudicaciones de comunidades autónomas y ayuntamientos, tanto para la gestión de geriátricos como para servicios de atención a domicilio. En total se hicieron con unas 90 adjudicaciones. “Una vez los franquiciados habían conseguido los contratos se desentendían de todas sus obligaciones y se preocupaban únicamente de recaudar el dinero fruto de estos contratos obviando incluso el pago de Seguridad Social, tributos a Hacienda y sueldos y salarios de los trabajadores”, explicó la Guardia Civil, que cifró inicialmente en 34.6 millones el dinero adeudado a los diferentes acreedores de BB Serveis. Parte de ese dinero se destinó a la adquisición de propiedades y de vehículos de lujo, como un Aston Martin valorado en 305.144 euros que compró el presunto jefe de la organización.

 En diversos informes que constan en el sumario, al que ha tenido acceso infoLibre, la Guardia Civil sostiene que la supuesta organización delictiva tenía una estructura piramidal: el líder era Jesús Puyoles, en un segundo escalón se situaban Ismael Soriano y Alain J. Dominique Hernández, y en el tercero figuraban Diego Parra y Bauduin Noel Antoon Hayen, entre otros. Esas fueron las cinco personas detenidas hace cinco años. A dos de ellos ya no les alcanzará la Justicia porque han fallecido, Hayen y Puyoles, aunque la plataforma de afectados desconfía sobre este último deceso. “La muerte de Jesús Puyoles no acabamos de creérnosla. Es un personaje tan oscuro que no nos extrañaría que se hubiese fugado tras fabricar su muerte”, sostiene Roberto Martínez.

La Guardia Civil considera probada la existencia de financiación de procedencia extranjera, que “pudiera ser con el fin de llevar a cabo un blanqueo de capitales, generado por los beneficios económicos que los investigados han obtenido del desvío de capital de las sociedades de la trama”. En ese esquema se encuadran cuentas abiertas en bancos de Andorra y Suiza, además de la sociedad luxemburguesa Primedale Participation SA, todo ello controlado por Puyoles. Las últimas cuentas presentadas en el Registro Mercantil de Luxemburgo por Primedale son del año 2012 y en ellas reconocía ser dueña del 60% de una de las compañías españolas de la trama (instituto Geriátrico Fenix). En mayo de 2020 se inscribió la disolución judicial de Primedale.

En cuanto al dinero de Suiza, el Juzgado de Instrucción 11 de Barcelona está pendiente de la respuesta a una comisión rogatoria enviada al país helvético, que es en principio la única diligencia que falta antes de cerrar la instrucción y decidir si procesa a los investigados.

La Agencia Tributaria, por su parte, emitió un informe en el que concluye que varias empresas del grupo cometieron delitos fiscales y que en total se produjo un “desvío de fondos” de 10,42 millones de euros.

ACTIVOS EN EL SECTOR RESIDENCIAL

Dos de los implicados siguen a día de hoy activos en el sector residencial. Se trata de Ismael Soriano y Diego Parra, que son matrimonio. A través de la sociedad DP Consultores de Dependencia SL, donde consta como administrador y socio único Parra, gestionan las residencia Verge de la Salut en Granollers y en La Roca del Vallès (Barcelona). infoLibre contactó con ambos para conocer su versión sobre los hechos, pero declinaron realizar declaraciones.

 Este periódico también preguntó al Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales de la Generalitat por la situación de ambos geriátricos. Una portavoz explicó que el centro de Granollers tiene 21 plazas financiadas por la Generalitat, a través de lo que se conoce como prestación económica vinculada al servicio residencial (PEV), mientras que el de La Roca del Vallès no recibe fondos públicos.

“En las visitas de oficio que ha realizado la Inspección de Servicios Sociales no se han detectado faltas remarcables en cuanto al mantenimiento o la atención asistencial”, añadió dicha portavoz sobre ambas residencias.

Que Soriano y Parra sigan vinculados al sector residencial, después de lo que ocurrió con BB Serveis, es una de las cuestiones que más indigna a los afectados. “Imaginemos que alguien ha sido detenido por ser un presunto pederasta y, mientras llega el día del juicio, se le permite abrir dos guarderías. Esto es lo que está ocurriendo con los ancianos en el caso de BB Serveis. Son personas que están acusadas de robar dinero público destinado a dependientes y se les permite seguir gestionando dos residencias”, denuncia Roberto Martínez.

En los informes de la Guardia Civil que constan en el sumario, a Ismael Soriano se le define como “hombre de confianza” de Puyoles, que se apoya en él “en lo relativo al funcionamiento de los centros” residenciales por su experiencia en el sector socio-sanitario. A Diego Parra, por su parte, lo acusa de utilizar precisamente la empresa DP Consultores para emitir facturas falsas que permitan “maquillar” los balances de compañías de la trama y de ayudar a la organización “en lo referente a la ocultación y distracción de bienes”.

las víctimas

Las víctimas de los directivos de BB Serveis fueron los ancianos y las trabajadoras. La quiebra del grupo afectó a 750 mayores, pero para ellos aquel momento supuso el fin de la desatención que habían sufrido en los meses anteriores. Para muchas trabajadoras, en cambio, sólo supuso un punto y seguido en una situación de desamparo. "Hubo precariedad económica, miedo, dolor, desahucios, embargos, deudas, incluso años después muchas personas siguen arrastrando deudas y son acosadas por empresas de recobros, un acoso impune por cierto. En uno de los casos que conocimos se produjo un suicidio. Esto es lo que sabemos, pero hay muchas historias que a día de hoy se desconocen. No es solo lo que te hacen en esos momentos, sino que muchos veces arrastras las consecuencias durante años", destaca Roberto Martínez.

La investigación judicial estuvo cuatro años bajo secreto y, cuando se levantó, la Plataforma de Afectados comprobó con agrado "la buena investigación del grupo de delitos económicos de la Guardia Civil, además del buen trato hacia las víctimas, algo que lo hace más llevadero". Así que ahora esperan el cierre de la instrucción y el procesamiento de los imputados, "que ya va siendo hora de verles sentados en el banquillo". Eso sí, lamentan que no se hayan investigado también las adjudicaciones de los concursos públicos, además de la trama económica en la que se ha centrado el Juzgado: "Todo huele muy mal. En Cataluña, por ejemplo, es algo que vergonzosamente no han investigado desde la Oficina Antifrau o desde el Sindic, pese a conocerlo desde 2015".  

En la plataforma están convencidos de que es necesario un cambio en el modelo residencial. Su portavoz, Roberto Martínez, señala que "el principal problema es que se han metido en el sector empresas cuyo interés es evidente es el de hacer negocio. Y no se puede hacer negocio de necesidades básicas, así que la solución pasa por que sean expulsadas e investigadas y que el cuidado de los mayores sea un servicio cien por cien público. Si quitas a todas esas empresas, las personas dependientes estarían bien cuidadas, las trabajadoras bien pagadas y sobraría dinero. Así de sencillo".

Este año se cumplirán diez años de la creación de la Plataforma de Afectados BB Serveis. ¿Ha merecido la pena? "Depende de lo que se considere merecer la pena", reflexiona Martínez. "Si lo miras desde el punto de vista individual o de las personas que luchan, posiblemente no; pero si lo miras desde el punto de vista social y del interés general, se van generando cambios que hacen que no sea tan fácil para las tramas criminales seguir con su actividad. Lo que sí que es urgente es que se proteja a quienes denuncian, algo demandado por los alertadores de corrupción, que acabamos siendo perseguidos, intentan destruirnos y en muchos casos malvivimos. Es algo que echa para atrás a mucha gente a la hora de denunciar y obviamente no parece que sea por casualidad".                  (Manuel Rico , InfoLibre, 21 de febrero de 2021)

Es frustrante que cada vez que faltan trabajadores para tener suficientes contribuyentes a la Seguridad Social y/o para llenar los puestos de trabajo que están vacíos, se piensa en la necesidad de aumentar la inmigración... hay medidas alternativas o complementarias a la inmigración para resolver los problemas derivados de la falta de trabajadores... como la necesaria y urgente integración de la mujer española en el mercado del trabajo... esta liberación de la mujer significaría un enriquecimiento económico que beneficiaría también a toda la población, porque aumentan el numero de contribuyentes a la Seguridad Social y también los recursos humanos en la sociedad... una de las medidas más eficaces para facilitar la integración de la mujer al mercado de trabajo es, entre otras, los servicios de ayuda a las familias tales como escuelas de infancia desde los 0 años y los servicios de atención a la dependencia, ya sea domiciliaria o institucional... si España tuviera el porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo que tiene Suecia, hubiéramos tenido antes de la pandemia 2.7 millones de personas más trabajando y cotizando a la Seguridad Social, aportando 16,650 millones de Euros adicionales, que casi cubrirían el déficit que existía en tal institución

 "Es frustrante que cada vez que faltan trabajadoras y trabajadores para tener suficientes contribuyentes a la Seguridad Social (para pagar las pensiones) y/o para llenar los puestos de trabajo que están vacíos, se piensa en la necesidad de aumentar la inmigración. Es tan frecuente que esto pase, que uno tiene que asumir que los que siempre defienden esta postura no conocen (o no quieren conocer) que hay medidas alternativas o complementarias a la inmigración para resolver los problemas derivados de la falta de trabajadores.

 Y esto último casi nunca ocurre. Un ejemplo es la propuesta del Ministro de I­­­­­­nclusión Social y Seguridad Social, el Sr. José Luis Escrivá, quien ha indicado que para resolver el problema del déficit de la Seguridad Social se necesitan 270.000 inmigrantes al año hasta el 2050 para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, puesto que estas personas se convertirían en contribuyentes a la Seguridad Social. En principio, esta propuesta parece lógica, pero habría que añadir que es también necesario continuar el aumento de los salarios aprobado por el gobierno este año, para todos los próximos años también, que habían estado bajando durante la época de dominio neoliberal en los gobiernos anteriores.

Estas propuestas son distintas y opuestas a las medidas neoliberales aplicadas por aquellos gobiernos, que llevaron a cabo la misma receta de siempre, la de reducir las pensiones y retrasar la edad de jubilación, lo cual empeoró notablemente la situación de los pensionistas. Ahora bien, tales propuestas del Ministro Escrivá, aunque significan un paso adelante, son insuficientes, pues la experiencia muestra que hay otras alternativas incluso mejores que también deberían proponerse y aplicarse. 

 Y me estoy refiriendo a la necesaria y urgente integración de la mujer española en el mercado del trabajo, lo cual es necesario no solo para la liberación de la mujer, sino también para la mayor eficiencia económica del país. (...) 

  Pero lo que no se reconoce es que esta liberación de la mujer significaría un enriquecimiento económico que beneficiaría también a toda la población.

 La evidencia existente de ello es abrumadora pero constantemente ignorada. Aquellos países que facilitan la integración de la mujer al mercado de trabajo al igual que el hombre han visto mejorar el bienestar de toda la población, pues aumentan el numero de contribuyentes a la Seguridad Social y también los recursos humanos en la sociedad. 

 Los datos están ahí para los que quieran verlos. Y una de las medidas más eficaces para facilitar la integración de la mujer al mercado de trabajo es, entre otras, los servicios de ayuda a las familias tales como escuelas de infancia desde los 0 años y los servicios de atención a la dependencia, ya sea domiciliaria o institucional. En España hay un gran déficit en estos servicios, que deberían llamarse El Cuarto Pilar del Estado de Bienestar para resaltar su importancia complementando el Primer Pilar (el derecho de acceso a la sanidad), el Segundo Pilar (el derecho a la educación), y el Tercer Pilar (el derecho a la jubilación). Este Cuarto Pilar sería el derecho individual y universal a los servicios de atención a las familias incluyendo los cuidados a la infancia y la adolescencia, así como a las personas ancianas y con dependencias.

Los países nórdicos de Europa que han estado gobernados durante la mayoría del periodo después de la II Guerra Mundial por coalicionas de gobiernos progresistas y de izquierda tienen porcentajes muchos más altos de mujeres en el mercado de trabajo en comparación a España. Suecia 80.2 %, Noruega 76.56 %, Finlandia 74.5 % y Dinamarca 64 %. Para darnos cuenta del retraso de España tenemos que reconocer que si España tuviera el porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo que tiene Suecia, hubiéramos tenido antes de la pandemia 2.7 millones de personas más trabajando y cotizando a la Seguridad Social, aportando 16,650 millones de Euros adicionales, que casi cubrirían el déficit que existía en tal institución el año antes de la pandemia (18,286 millones de Euros). Suecia tenía entonces el Cuarto Pilar de Bienestar más desarrollado del mundo. En aquel país las familias tienen mayor calidad de vida y la fertilidad, por cierto, es mucha más alta que la española que es de las más bajas del mundo.

¿POR QUÉ NO HA EXISTIDO ESTE CUARTO PILAR DEL ESTADO DEL BIENESTAR EN ESPAÑA?

 La respuesta a esta pregunta es fácil de responder. Se debe a la enorme influencia que las fuerzas conservadoras han tenido y continúan teniendo sobre el Estado Español, responsables de la falta del escaso poder de la mujer y de la desatención que las familias tienen en las políticas públicas del Estado. En España a la familia se la pone retóricamente en un altar para luego crucificarla .Y cuando en España decimos "familia", lo que queremos decir es "mujer", y la única fórmula familiar promovida, es el tipo de familia patriarcal que es la que limita más a la mujer, que es quien cuida a los infantes, a los adolescentes, a los jóvenes que viven en casa como promedio hasta los 29 años, al esposo o equivalente y además el 61 % de ellas están también trabajando en el mercado laboral. No es de extrañar que la mujer española tenga tres veces más enfermedades debidas el estrés que el hombre y que la fertilidad (el número de infantes por mujer fértil) sea de las más bajas del mundo. Este país es también uno de los países Europeos con menor desarrollo de los servicios del Cuarto Pilar del Estado del Bienestar. La causa de todo ello es el escaso poder de la mujer y de las fuerzas progresistas del Estado Español además de la escasa sensibilidad feminista en los establecimientos económicos, mediáticos y políticos del país.  (...)

¿POR QUÉ EL MODELO PROGRESISTA NÓRDICO ES MUCHO MEJOR PARA LAS MUJERES, PARA LAS FAMILIAS Y PARA LA SOCIEDAD QUE EL MODELO LIBERAL ESTADOUNIDENSE?

 En los países nórdicos la mujer tiene mucho más poder que en el sur de Europa y su fortaleza no deriva de tener un partido feminista que canalice las demandas de la mujer (pues no existe), sino de la fortaleza de la sensibilidad feminista en todos los partidos progresistas, lo cual no ocurre en los países de sensibilidad liberal como son los Estados Unidos. En tal modelo liberal, cada grupo de liberación va por su cuenta y hay movimientos sociales de todo tipo, que compiten entre ellos para recibir la atención del Estado. Y como tal, el movimiento feminista es muy débil, como se muestra ahora con la abolición del derecho constitucional del aborto en aquel país.  

En los países nórdicos, sin embargo, que han estado gobernados durante largos periodos de tiempo por coaliciones progresistas y de izquierda, la sensibilidad feminista es fuerte en la mayoría de tales partidos, que al gobernar conjuntamente ofrecen espacios comunes para todos los movimientos de liberación. El punto clave es encontrar elementos comunes entre tales movimientos de liberación. Y es ahí la causa del enorme problema de los Estados Unidos: la falta de un espacio político de izquierdas en el panorama estatal estadounidense que haga suyo todas las demandas de los movimientos de liberación como parte de su proyecto de transformación profunda de la sociedad.

 Las mujeres de Estados Unidos tienen muy poco poder, pero los ancianos también tienen muy poco poder, los trabajadores también tienen muy poco poder, los negros y latinos tienen también muy poco poder, los ecologistas también tienen muy poco poder, y el sistema democrático liberal estadounidense es muy poco representativo y muy poco democrático. Y la causa de esta situación es la ausencia de partidos políticos de izquierda en EEUU que tengan representación parlamentaria para promover un modelo de sociedad distinta que elimine las distintas formas de explotación (...)

LA ACEPTACIÓN DEL CUARTO PILAR DEL ESTADO DEL BIENESTAR EN ESPAÑA

El Cuarto Pilar del Estado de Bienestar se introdujo tímidamente en España por el gobierno de Zapatero con la introducción de los servicios domiciliarios de dependencia que ya desde su origen estuvieron muy poco financiados, manteniendo la mayoría de los servicios de dependencia institucional en el sector privado, gestionadas incluso por empresas comerciales que antepusieron sus objetivos de acumulación de beneficios económicos privados sobre las necesidades colectivas.

Las medidas aplicadas por el Gobierno Español actual significan un cambio cualitativo de gran calado y significado. Gran número de protestas encajan dentro del modelo del Cuarto Pilar del Bienestar de manera tal que puede decirse que el modelo de este pilar ya existe en la cultura política del País. Las recientes declaraciones de la Vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Diaz  y del Secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, así lo atestiguan (ver tweet de Nacho Álvarez: https://twitter.com/nachoalvarez_/status/1530193707965853696). Existe hoy en España una exigencia popular para que se establezca este Cuarto Pilar del Estado de Bienestar. (...)

No hay duda de que hay una enorme resistencia al desarrollo del Cuarto Pilar del Bienestar por parte de grupos económicos que se benefician de la situación actual deficitaria de tales servicios públicos, así como una hostilidad debida al cambio cultural que implica una nueva concepción de lo que es la familia, crítica de la tradicional familia patriarcal promovida por las fuerzas conservadoras del país, que tienen gran poder sobre el Estado Español. Y también hay que reconocer que hay cierta resistencia, incluso dentro el Gobierno, de enfrentarse con los poderos fácticos de siempre y del rol de la mujer en la sociedad. 

De ahí que aplauda estos cambios citados  introducidos por partidos progresistas. Pero también aconsejo su profundización dando mayor protagonismo a la responsabilidad pública, pues ya tenemos evidencia que la privatización de tales servicios con fines comerciales ha sido un error, no solo en España si no también en los países nórdicos, incluyendo Suecia. En este país, el Gobierno liberal conservador que antecedió al Gobierno de coalición progresista actual, privatizó las residencias de ancianos, incluyendo criterios de gestión que favorecieron intereses comerciales sobre los colectivos deteriorando su calidad. 

Por otra parte, favoreció la inmigración creando tensiones dentro la clase trabajadora que ha dado pie al crecimiento de un partido ultraderechista que ha alcanzado unas dimensiones alarmantes en el Parlamento Sueco. Sectores de la clase trabajadora se sintieron amenazados por el crecimiento de tal inmigración, pues el mundo empresarial aprovecho esta disponibilidad de inmigrantes para disminuir los salarios y empeorar las condiciones de trabajo. De esta manera la composición laboral del personal en los servicios de dependencia cambio también notablemente. De ahí la importancia de utilizar la experiencia de otros países, tanto las positivas como las negativas para mejorar el nuestro.

La importancia del Cuarto Pilar del Estadio de Bienestar es posicionar a la familia dentro de los temas centrales de la España social, cuestionando el control que han hecho las derechas y ultraderechas del concepto de familia, presentándose como los grandes defensores de ella, lo cual ha contribuido a su atractivo en grandes sectores, incluida la clase trabajadora. 

Hay que señalar claramente que las políticas promovidas por ellos han perjudicado a las familias, a las mujeres, a los infantes y jóvenes, a los ancianos y a los trabajadores, siendo las fuerzas progresistas enraizadas históricamente en el movimiento obrero las que han sido más pro-familia. Tal énfasis también es necesario dentro de las izquierdas donde frecuentemente la familia no entra en el diseño de sus propuestas. 

Por ejemplo, la bienvenida propuesta de reducción del tiempo de trabajo por semana no ha considerado que un punto clave de tal propuesta debería ser el impacto en la familia, pues no es lo mismo disminuir el tiempo de trabajo convirtiendo el fin de semana en tres días en lugar de dos, que disminuir el número de horas por día que se trabaje, para dar más tiempo a que las trabajadoras y los trabajadores pasen más tiempo con sus familias. Los datos muestran que las trabajadoras con infantes y adolescentes prefieren más lo segundo que no lo primero. Otra intervención es en la repartición de las responsabilidades familiares. (...)"                (Vicenç Navarro , Público, 04/07/22)

Italia ha aprobado una prestación por hijo mensual completamente universal (aunque ajusta la cuantía por renta), desde el 7 mes de embarazo hasta los 21 años, calculan que unos 250€ al mes por hijo. Hay que tener en cuenta que se suprimen todas las demás ayudas y deducciones fiscales existentes para familias, por lo que se calcula que un 29,7% de hogares recibirá menos, sobre todo las que trabajen los dos cónyuges y las familias numerosas

Alberto Tena @AlbertoTenaC

 Pues se me había pasado esto. Italia ha aprobado una prestación por hijo mensual completamente universal (aunque ajusta la cuantía por renta), desde el 7 mes de embarazo hasta los 21 años, calculan que unos 250€ al mes por hijo. Assegno unico per i figli, ecco come funziona il nuovo sostegno alle famiglie

7:15 p. m. · 6 abr. 2021
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Raul Sanchez Flores @raulsanchezfl
En respuesta a @AlbertoTenaC

 Hay que tener en cuenta que se suprimen todas las demás ayudas y deducciones fiscales existentes para familias, por lo que se calcula que un 29,7% de hogares recibirá menos, sobre todo las que trabajen los dos cónyuges y las familias numerosas. Assegno unico: le famiglie numerose sono in allarme

 3:51 p. m. · 7 abr. 2021

 "(...) Universalizar una prestación de 100 euros mensuales por menor costaría en España 9.600 millones de euros, comparados con los poco más de 1.000 millones que gastamos hoy en día en prestaciones por hijos a cargo y por maternidad

¿Por qué no simplemente universalizar la prestación a la infancia con una cuantía digna? Cierto es que ello supondría ponernos al nivel de muchos países europeos que disponen de prestaciones universales para los menores a cargo, pero cabe tener en cuenta, al menos a corto plazo, el coste de dicha medida. Universalizar una prestación de 100 euros mensuales por menor, como a veces se ha propuesto, costaría en España unos 9.600 millones de euros, que comparados con los poco más de 1.000 millones que gastamos hoy en día en prestaciones por hijos a cargo y por maternidad supondrían un incremento muy importante.

Si la prioridad son los más desfavorecidos, un paso intermedio debería ser cubrir a todos los menores que viven en hogares con ingresos bajo el umbral de la pobreza monetaria. A ello se dirigían, por ejemplo, iniciativas como la Proposición de Ley sobre Prestaciones por Hijo a Cargo que presentó el grupo de Unidos Podemos en el año 2017, o las propuestas de Ingreso Mínimo Vital o Renta Garantizada que llevaban en sus programas electorales el PSOE y Podemos durante las elecciones del 2015 y 2016.

 Se necesitarían unos 2.400 millones adicionales a los 300 que actualmente se gastan en prestaciones por menores a cargo (dejando aparte las prestaciones por maternidad) para conseguir este objetivo con una cuantía de 100 euros mensuales. Nótese que, aunque su situación mejorase, aún no se habría sacado a todos esos hogares con menores de la pobreza monetaria, porque en muchos casos la renta disponible del hogar continuaría estando bajo el umbral de la pobreza.

Una medida modesta pero factible, sin aumentar la cobertura teórica de la actual prestación (sino sólo su cuantía) sería la de extenderla a todos los hogares con menores que ya tienen derecho a ella con los actuales umbrales de renta establecidos en la ley. Esto no requeriría reformas legales, sino sólo una actuación administrativa de detección y abono automático de las prestaciones a las que se tiene derecho (como ya se hace, por ejemplo, en Navarra con los complementos a las pensiones): es lo que técnicamente se denomina eliminación del ‘non take-up’, es decir, del porcentaje de beneficiarios potenciales que cumplen con los requisitos para recibir una prestación pero no la solicitan. 

En el caso que nos ocupa, un sencillo cálculo a partir de la ECV permite comprobar que si bien casi 1,39 millones de menores causan prestación (según los últimos datos de la Seguridad Social para finales de 2017), deberían causarla 1,55 millones, de forma que el non take-up es de aproximadamente un 10,26%, un porcentaje relativamente bajo. Aun así, recordemos que son 2,27 millones de menores los que viven en hogares pobres.

Otra vía para lograr un aumento de la cobertura sería la integración de dichas prestaciones con la fiscalidad. Pensemos que en el IRPF existen muchas reducciones y deducciones que se aplican a todos los contribuyentes con hijos o a la mayoría de ellos, empezando por el mínimo vital por descendientes. Si se unificase una prestación por hijos mejorada con todos estos beneficios fiscales e, idealmente, con todos los complementos por hijos que se incluyen en el cálculo de cuantías de otras prestaciones (como subsidios por desempleo o rentas mínimas de inserción), quizá se podría crear el germen de una prestación universal por hijos con un gasto adicional moderado. 

Una estimación apresurada a partir de la muestra del IRPF del Instituto de Estudios Fiscales, y sin contar con País Vasco y Navarra, nos diría que el coste de los beneficios fiscales relacionados con hijos a cargo y los costes de cuidarlos (esto es, lo que dejan de pagar los contribuyentes por tener hijos a cargo) deben rondar los 5.000 millones. 

Si se destinase ese dinero a una prestación de 100 euros por hijo al mes, podríamos cubrir a 4,16 millones de menores (aunque habría que precisar que en el mínimo por descendientes y otras deducciones actuales entran muchos hijos a cargo mayores de edad cuyos padres saldrían perdiendo). Si en vez de 100 euros fuesen 50, como la prestación actualmente propuesta en los Presupuestos, se cubriría ya prácticamente a todos los menores y tendríamos una prestación universal. (...)"  ( José Antonio Noguera , Agenda Pública,  24/01/19)

Vicenç Navarro: La expansión y consolidación de los servicios asociados al 4º pilar del Estado del Bienestar en España crearía 651.000 nuevos empleos públicos directos, no contaminantes y no deslocalizables. El incremento neto total del gasto público sería de 4.821 millones de euros, cantidad también asumible en el periodo de implementación de 10 años. Sería la inversión de gasto público que generará más empleo en España

"(...)  Recomendaciones: resumen de propuestas 

 Es urgente y prioritario que se haga un 

1) restablecimiento de los servicios esenciales de cuidado (escuelas de infancia y servicios de atención a la dependencia) anulados o reducidos por la pandemia; 

 2) universalización del derecho a la atención suficiente y de calidad de los servicios públicos que componen el 4º pilar del Estado del Bienestar;  

3) reversión gradual de los contratos con empresas privadas; 

4) aumento de las prestaciones de los servicios públicos y 

5) desaparición progresiva de las prestaciones y desgravaciones relacionadas con el cuidado. El compromiso para la implementación total debería ser de 5 años para educación/atención a la infancia y de 10 años para la atención a la dependencia.

Dentro del establecimiento de un nuevo sistema de atención/educación infantil (0-3 años) se deberían aprobar permisos igualitarios para cubrir los 8 primeros meses (escolarización temprana o servicio a domicilio en caso de familias monoparentales).  

Para ello se necesita una reforma del RD 6/2019 para permitir que, pasadas las dos primeras semanas, los progenitores se tomen el permiso a tiempo completo y sucesivamente. Se requiere también, el reconocimiento del derecho universal a una plaza escolar  

1) en una escuela pública de calidad, 

2) con horarios suficientes, 

3) próxima al domicilio; y que haga innecesarios los cheques guardería.

También se requiere un nuevo sistema de atención a la dependencia, mediante el establecimiento de un derecho universal a la atención suficiente por parte de los servicios públicos a base de: 

1) aumentar la cobertura para atender a toda la demanda sin contar con el cuidado familiar, 

2) con solo servicios públicos de gestión y provisión pública: revirtiendo privatizaciones, y 

3) eliminar prestaciones y desgravaciones relacionadas con la dependencia.

El incremento neto (incremento del coste menos retornos directos) del nuevo sistema de atención/educación a la infancia sería de 1.521 millones de euros, cantidad que se debería asumir durante el periodo de implementación de 5 años. Por otro lado, en los servicios de atención a la dependencia la propuesta permitiría atender a 800.000 nuevas personas. El incremento neto total del gasto público sería de 4.821 millones de euros, cantidad también asumible en el periodo de implementación de 10 años.

 Creación de empleo a través del 4º pilar del Estado del Bienestar. La inversión de gasto público que generará más empleo en España

 En el año 2017 solamente un 13,3% de la población activa española trabajaba en el sector público, lo que representaba unos 3 millones de puestos de trabajo. Se trata de una cifra escasa si la comparamos con la situación de Suecia. En aquel país, en 2017 el empleo público alcanzaba al 27,3% de la población activa, más del doble que en el caso español. La magnitud del impacto que podría tener en el mercado laboral español transitar hacia un escenario similar al sueco se hace patente con la siguiente cifra. 

Tener en España un porcentaje similar de la población activa trabajando en el sector público que en Suecia significaría la creación de nada más y nada menos que de 3,2 millones de puestos de trabajo, hasta alcanzar (con cifras de 2017) los 6,2 millones de trabajadores en el ámbito público.

La expansión y consolidación de los servicios asociados al 4º pilar del Estado del Bienestar tendría un papel fundamental en esa potencial creación de ocupación. La implantación total de un nuevo sistema de educación/atención infantil de primer ciclo gratuito y universal conllevaría la creación de unos 143.000 nuevos puestos de trabajo. Estos nuevos puestos de trabajo irían asociados a efectos positivos para la economía como el incremento de los salarios percibidos por las familias, de los ingresos a la Seguridad Social y de la recaudación por IRPF.

Sumado a la cifra anterior, al ámbito de la atención a la dependencia se podrían crear más de 508.000 empleos públicos a tiempo completo, los cuales corresponderían a las categorías de 

(1) atención directa y cuidados, 

(2) funciones de hostelería en centros de día o residencias, 

(3) mantenimiento de centros y servicios, 

(4) personal especializado (médicos, trabajadores sociales...), y 

(5) administración y gestión de los centros.

 Además de estos empleos directos, se generarían previsiblemente otros efectos sobre el empleo debidos a las siguientes razones: 

(i) necesidad de ampliar y adaptar la red de infraestructuras necesarias para suministrar los servicios de forma adecuada y suficiente,  

(ii) empleos indirectos en empresas proveedoras de productos relacionados con la actividad hotelera o de actividades relacionadas con la rehabilitación y cuidados de salud, 

(iii) afloración de empleo sumergido, al convertirse empleo privado precario en empleo público. También hay que señalar el efecto que un aumento en la renta disponible de determinadas familias tendría sobre el consumo y la demanda de empleo.

 Por otra parte, el hecho de que la mayor parte de las cuidadoras sean mujeres, y su posible incorporación al mercado laboral, independientemente de su cuantificación, tiene una importancia fundamental en la configuración de un sistema de cuidados que contribuya positivamente a la igualdad entre hombres y mujeres.

En total, 651.000 nuevos empleos públicos directos, no contaminantes y no deslocalizables, además de los empleos indirectos y del número de mujeres que, tras ser liberadas de sus cargas familiares, podrían incorporarse al mercado laboral (450.000 en base a estimaciones de acuerdo con varias experiencias internacionales), sumando un total de 1,1 millones de puestos de trabajo. (...)"              

 (Vicenç Navarro . Resumen de la presentación a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, Público, 22/06/20)

Tenemos derecho a la Salud porque existe la Sanidad Pública... si se bajan los impuestos no hay recursos económicos, no hay gasto público, si no hay gasto no hay servicios públicos, no hay sanidad pública, y si no hay servicios no hay derechos. Si no hay ingresos no hay derechos

"La idea de bajar los impuestos no es nueva, ni brillante, ni inteligente, sin embargo se repite machacona con la persistencia de un mantra por aquellos que aspiran a gobernar o a mantenerse gobernando.  (...)

Suelen adornarla con un argumentario maniqueo en el que elevan a la categoría de principios frases como “donde mejor está el dinero es en el bolsillo de la gente”, una simpleza muy útil como reclamo a la caza de votos que debería avergonzar a cualquier servidor público solo por pensarlo. (...)

Como añadido, la propuesta de rebajar los impuestos suele referirse a los directos, más progresivos y que gravan la mayor riqueza del contribuyente. Una reducción que se combina en ocasiones con una elevación o mantenimiento de los indirectos, que castigan sobre todo a la población con menos recursos, y con la subida desbocada de la deuda pública, poniendo el futuro de toda la sociedad en manos de unos pocos acreedores privados.  (...)

Estas acciones tienen su correlato nacional y están planificadas para un fin concreto: disminuir el Estado, restarle capacidad de constituir un referente significativo y relevante para las vidas de la personas, y que sea la iniciativa privada la que cubra sus carencias, después de haber deteriorado el Estado del bienestar por la vía de ir retirando los recursos que precisa.

Esta “reducción” del Estado tendría menos importancia si no fuera porque nos afecta de manera absolutamente desigual. (...)

Así, tenemos derecho a la Salud porque existe la Sanidad Pública; a la Educación porque disponemos de un Sistema Educativo Público; a la Justicia porque hay Tribunales; a la vivienda; a una vida digna cuando perdemos el trabajo (protección por desempleo); o cuando finalizamos nuestra vida laboral (pensiones). Tenemos derechos aunque no están plenamente cubiertos.

En este contexto, las rebajas de impuestos no hacen otra cosa que despojar a los poderes públicos, a las administraciones, de la principal herramienta para asegurar los derechos, además de impedirles establecer un sistema de protección y solidaridad entre quienes más y menos oportunidades tienen.

Si no hay recursos económicos no hay gasto público, si no hay gasto no hay servicios públicos, y si no hay servicios no hay derechos, en resumen, si no hay ingresos no hay derechos. La reclamación continuada, sin contención, de la reducción sostenida de impuestos conlleva la rebaja de derechos. (...)

 Difícil resistirse a la tentación de este discurso cuando desde la izquierda política se ha combatido poco. Ahora ya es tarde para enfrentarlo con la fuerza que se debiera para quienes tienen que presentarse al examen electoral y se juegan obtener buenas notas. (...)"           (CC.OO, Madrid, 16/05/19)