Las cláusulas suelo, colocadas secretamente por las entidades financieras en las hipotecas que impedían a millones de hogares beneficiarse de las bajadas de los tipos de interés, son nulas por abusivas y falta de transparencia, según sentencia del Tribunal de Justicia Europea, que ha obligado a rectificar al Tribunal Supremo, corregido a los poderes públicos desde el Banco de España a la Abogacía del Estado y censurado las malas prácticas financieras... afecta a más de un centenar de entidades financieras y millones de contratos... los hogares afectados varía entre los 3,8 millones y 2,2 millones... La cuantía de los intereses indebidos pagados por los afectados oscila entre los 7.600 millones de euros, y 15.945 millones, hasta 2019... El TJUE ha tenido que dictar cinco resoluciones (2016, 2020, 2021, 2022 y 2024) que han obligado al Tribunal Supremo a rectificar... La sentencia del Supremo es de aplicación inmediata en todos los casos bajo apercibimiento de multas, y es un apoyo decisivo a la ley sobre demandas colectivas que tramita el congreso (Andreu Missé)

 "En unos momentos de tanta desazón por la incapacidad de los líderes europeos para actuar en consecuencia ante las vulneraciones de tantos derechos vale la pena destacar los logros de la sociedad civil al amparo del derecho europeo. Los principios de la Unión se mantienen sólidos en los ciudadanos que los han hecho suyos. “Europa, siempre Europa”, es la expresión de la abogada Karina Fábregas, de la asociación de consumidores Adicae, que mejor sintetiza el impacto de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que culmina una larga historia de abusos bancarios. 

 Una epopeya en buena parte explicable por las reiteradas resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) favorables a los ciudadanos que han obligado a rectificar al Tribunal Supremo, corregido a los poderes públicos desde el Banco de España a la Abogacía del Estado y censurado las malas prácticas financieras.

La sentencia, de la que ha dado completa información este diario, hace referencia al largo conflicto de las cláusulas suelo, que ha perjudicado a millones de hogares durante 15 años. Los hechos ofrecen una ilustrativa radiografía de las relaciones entre los poderes económicos y los derechos ciudadanos. Ahora ha quedado fuera de duda que las cláusulas suelo, colocadas secretamente por las entidades financieras en las hipotecas que impedían a millones de hogares beneficiarse de las bajadas de los tipos de interés son nulas por abusivas por falta de transparencia. Los sobre costes hipotecarios han hecho más gravosa la crisis para millones de trabajadores.

 Las cifras revelan las extraordinarias dimensiones del conflicto como admite el Tribunal Supremo: “más de un centenar de entidades financieras y millones de contratos”. El número de hogares afectados varía entre los 3,8 millones, según apuntó Adicae en 2010 y los 2,2 millones de la Memoria del Real decreto 1/2017. La cuantía de los intereses indebidos pagados por los afectados oscila entre los 7.600 millones de euros, según el Banco de España, y los 15.945 millones de euros hasta 2019, cifrados por la consultora AFI.

En la resolución favorable de este inmenso litigio han sido determinantes la labor de numerosas asociaciones de consumidores, abogados y jueces que han invocado en numerosos escritos el derecho europeo. Hay que destacar la tenacidad de Manuel Pardos, presidente de Adicae, que desde el primer momento optó por las demandas colectivas para evitar un colapso judicial como ha ocurrido. “Ahora ya me puedo morir tranquilo”, dice Pardos al ver reconocidos sus esfuerzos.

No ha sido nada fácil. El TJUE ha tenido que dictar cinco resoluciones (2016, 2020, 2021, 2022 y 2024) que han obligado al Tribunal Supremo a rectificar. Han sido sustanciales los votos particulares del entonces magistrado del Supremo Javier Orduña, cuya doctrina de la transparencia ha sido tenida en cuenta por el TJUE y la Comisión Europea. La sentencia del Supremo es de aplicación inmediata en todos los casos bajo apercibimiento de multas, según Adrián Rebollo de ASJ Jurídico, antiguo abogado de Adicae. La sentencia es un apoyo decisivo a la ley sobre demandas colectivas que tramita el congreso." 

( Andreu Missé , El País, 23/06/25)

La indefensión de los ciudadanos ante los abusos de las entidades financieras está rebasando todos los límites... la asociación de consumidores Asufin ha denunciado ante el Ministerio de Consumo, a estas entidades “por la reiteración en el ejercicio de prácticas abusivas por las entidades financieras y de crédito ya condenadas con carácter anterior por usura o falta de transparencia” y “por la práctica abusiva disuasoria para la reclamación de consumidores, consistente en la oposición y recursos sistemáticos”... Es especialmente injusto el caso de las tarjetas revolving por afectar a las personas con menos recursos, y que puede dar lugar al “efecto bola de nieve”, que es “el riesgo de encadenarse a una deuda indefinida, que nunca se termina de pagar” (Andreu Missé)

 "La indefensión de los ciudadanos ante los abusos de las entidades financieras está rebasando todos los límites. La última alarma la ha lanzado el Juzgado 104 bis, especializado en asuntos financieros, básicamente tarjetas revolving y microcréditos. El juzgado ha pedido al Ministerio de Consumo y al Banco de España que tomen medidas ante la actitud recalcitrante de las entidades que alargan con recursos sin fin los pleitos a pesar de ser ganados masivamente por los clientes. Adrián Gómez, letrado de la Administración de Justicia de este juzgado ha ofrecido a las autoridades “el listado de entidades, procedimientos y fallos”, de estos casos.

La gravedad de los hechos ha llevado a la asociación de consumidores Asufin a elevar una denuncia ante el Ministerio de Consumo, para que sancione a las entidades “por la reiteración en el ejercicio de prácticas abusivas por las entidades financieras y de crédito ya condenadas con carácter anterior por usura o falta de transparencia” y “por la práctica abusiva disuasoria para la reclamación de consumidores, consistente en la oposición y recursos sistemáticos”. La asociación recuerda la saturación de los juzgados especializados, que han recibido más de 850.000 demandas por asuntos bancarios desde 2017 y todavía quedan 138.714 por resolver.

Los hechos revelan que las entidades financieras utilizan el sistema judicial, atestado de demandas que a veces tardan hasta cinco años para resolverse, para disuadir a sus clientes de reclamar. Los expediente de tarjetas representan el segundo producto con más reclamaciones, el 29% del total, según el Banco de España.

Es especialmente injusto el caso de las tarjetas revolving por afectar a las personas con menos recursos. Una sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2020, ya advertía de los riesgos de estas operaciones por “el público al que suelen ir destinadas, personas que por sus condiciones de solvencia y garantías disponibles no pueden acceder a otros créditos menos gravosos”. La resolución avisaba del pago de cuotas “con una elevada proporción correspondiente a intereses y poca amortización del capital, hasta el punto de que puede convertir el prestatario en un deudor cautivo”.

 El Banco de España también se ha referido a las consecuencias del crédito revolving al señalar que puede dar lugar al “efecto bola de nieve”, que es “el riesgo de encadenarse a una deuda indefinida, que nunca se termina de pagar”.

Otra sentencia del Tribunal Supremo, del pasado 30 de enero, ha confirmado por fin “el carácter abusivo de la cláusula que fija el interés remuneratorio” por falta de transparencia, de un contrato de tarjeta revolving. Para apreciar la falta de buena fe del banco, los magistrados tuvieron en cuenta “la incitación por parte del profesional a la contratación en la modalidad revolving en los términos más proclives a acentuar los riesgos, como son la comercialización fuera de establecimientos financieros (estaciones, aeropuertos o centros comerciales) y el empleo de “denominaciones que ocultan esos riesgo”. Las autoridades deberían superar el miedo reverencial del derecho canónico (temor a desagradar a personas a quien se debe sumisión) y actuar civilmente ante los abusos bancarios."                ( Andreu Missé , El País, 10/03/25)

Ayer se aprobó la toma en consideración de la denominada Ley REDAL, un texto legal fundamental para la protección y la justicia con millones de familias afectadas por los abusos de la banca en los contratos hipotecarios

 "El Pleno del Congreso de los Diputados aceptó la toma en consideración de la denominada Ley REDAL, no aprobó la proposición de Ley, ni va a ser publicada en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado, tal y como se ha escuchado y publicado en algunos ámbitos. Esta ley, cuyo responsable principal es el diputado Félix Alonso, de Sumar, es muy importante para millones de afectados por los abusos de la banca en los contratos hipotecarios. Sin embargo, no se puede crear falsas expectativas en estas personas.

Friedrich Nietzsche afirmó que «la esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre». Por esa razón, es cruel que se creen falsas esperanzas porque las personas afectadas no pueden creer lo que no es.

Lo que sucedió ayer en el Congreso de los Diputados fue el punto de partida. A partir de hoy los diferentes grupos parlamentarios tienen 15 días para la presentación de enmiendas que pueden ser a la totalidad o al articulado. Las primeras se dividen entre aquellas de devolución y las de texto alternativo. Así, cuando un grupo parlamentario ve inoportuna la tramitación del texto o se opone a su contenido, presenta una enmienda de devolución, para que la iniciativa no se tramite. Por su parte, las enmiendas de texto alternativo rechazan el contenido de la iniciativa, al tiempo que proponen un texto articulado diferente.

Durante estos quince días, plazo que es prorrogable, los diputados pueden presentar enmiendas al articulado, es decir, incluir una modificación parcial del texto original: sustituir un texto por, incorporar nuevo articulado o suprimir algún fragmento de la iniciativa.

A partir de este momento, la Ley REDAL tendrá que pasar primero por el debate de la ponencia, es decir, el grupo de diputados constituido en el seno de la comisión que debatirá la iniciativa a puerta cerrada, tanto el texto tramitado como las enmiendas presentadas. Esta ponencia tiene capacidad para proponer una nueva redacción aunque ésta no esté recogida por las enmiendas. El informe final de la ponencia incluirá el texto final de la proposición surgido de las enmiendas y las nuevas redacciones aprobadas por voto ponderado.

Ese documento pasa a la comisión, órgano que ratifica, debate y vota el informe de la ponencia, junto con las enmiendas que no fueron incluidas. Tras el debate, se votan las enmiendas al articulado y las transaccionales, si se presentan. Los acuerdos de la comisión se aprueban por mayoría simple.

El texto final surgido de la comisión se eleva al Pleno, aunque el Reglamento del Congreso permite, dependiendo del caso, que se delegue en la comisión para aquellas proposiciones o proyectos de Ley que son de obligatorio debate en el Pleno, tal y como se recoge en la Constitución.

La Ley REDAL, en el momento de debatirse en el Pleno, terminará con una votación de las enmiendas que se mantengan vivas y que no han sido ya incorporadas al texto. La aprobación definitiva se exige con mayoría absoluta o simple. Si se aprueba, pasa al Senado que la puede aprobar, vetar o devolver al Congreso. Si sucede esto último, volverá a debatirse en el Pleno. De aprobarse, será entonces cuando se promulgue y publique en el BOE.

Este es un resumen del procedimiento parlamentario. Ahora empieza el camino de verdad y queda mucho trabajo por hacer. Pero el primer paso ya está dado."

 ( José Antonio Gómez , Diario16+, 23/10/24)

Escrivá no altera la independencia del Banco de España... lo que sí causa un descrédito de la institución es el fracaso de los antecesores en la defensa de los usuarios de banca y entidades financieras, y en cómo se ponen de perfil ante las estafas bancarias, como por ejemplo las clausulas suelo y las sucesivas crisis bancarias que han sido el punto más negro de la última década... Los llamados técnicos y no políticos, como Linde o Hernández de Cos, han mirado para otro lado, y se han dedicado básicamente a alertar sobre las catástrofes de la subida del salario mínimo o la recesión que supuestamente llegaría a España en el año 2023... Lo que hay que pedirle al nuevo gobernador es que se ocupe de la selva en el sector financiero, que mejore la capacidad de defensa de los consumidores, y que sí sea independiente en materia de control y sanción para las entidades que estafan a muchos clientes, no como sus predecesores (Alejandro Inurrieta)

 "Lo que hay que pedirle al nuevo gobernador es que se ocupe de la selva en el sector financiero, que mejore la capacidad de defensa de los consumidores, y que sí sea independiente en materia de control y sanción para las entidades que estafan a muchos clientes, no como sus predecesores

Escrivá, un ex del Banco de España que vuelve de gobernador tras cuatro años como ministro

Una vez más la conversación pública en España se ha convertido en un vertedero de descalificaciones e insinuaciones entre los agentes políticos y mediáticos, tras el nombramiento del ministro Escrivá como gobernador del Banco de España. De nada sirve que en el Consejo del BCE, donde estará Escrivá ya el próximo día 11 de septiembre, esté lleno de ex ministros, como el caso de Austria o Portugal, asesores y otros cargos políticos que pasan directamente a formar parte del directorio, siendo gobernadores de los respectivos bancos centrales de cada país. 

El pecado del ministro Escrivá, según estas voces, es que pasa directamente de la mesa del Consejo de Ministros al edificio de Cibeles, sin solución de continuidad, por lo que, según estas fuentes interesadas, provocará un descrédito de la institución y una “colonización” de la misma, siempre porque el elegido es un supuesto socialista peligroso.

La realidad es bastante distinta a la que dibujan estos agoreros, cuya vigencia del argumento durará escasos días, porque la próxima institución ya no tiene las funciones que otrora sí podían verse afectadas por un cargo político. En primer lugar, hay que destacar que el currículum de Escrivá es impecable para cubrir la vacante; si lo comparamos, por ejemplo, con Luis de Guindos, le supera ampliamente, y este es hoy, nada menos, que vicepresidente del BCE. Para los puristas académicos liberales y libertarios, a Escrivá solo le falta ser doctor, algo de lo que también adolece De Guindos, o la propia Christine Lagarde, pero ellos siempre se callan a la hora de juzgar a sus correligionarios ideológicos. 

En segundo lugar, para los que ponen el grito en el cielo, España hace tiempo que delegó la política monetaria y cambiaria al BCE, perdiendo la soberanía monetaria, algo que muchos seguimos echando de menos para poder llevar a cabo políticas fiscales expansivas que pudieran acabar con el desempleo. Esto hace que no quepa incidencia del titular del Banco de España sobre la política económica del país, lo cual despoja de cualquier veleidad de intervención o falta de independencia a la hora de votar en los Consejos del BCE sobre el devenir de los tipos de interés. 

En consecuencia, no existen conflictos de intereses por pasar de ministro a gobernador, dadas las funciones que la propia Ley de Autonomía del Banco de España otorga a su rector. Adicionalmente, y por el flanco ideológico, Escrivá es un liberal de libro y neoclásico de formación, lo cual no desentona para nada a la hora de analizar el papel de los tipos de interés, o la función y definición del dinero, muy alineada con los colegas del BCE. 

Pero vayamos, de verdad, a lo que sí causa un descrédito de la institución. El Banco de España sí conserva, por delegación, la supervisión financiera y bancaria y por tanto, la defensa de los usuarios de banca y entidades financieras. Aquí el fracaso de los antecesores ha sido palmario. La burbuja inmobiliaria, negada en el propio servicio de estudios del Banco de España, y las sucesivas crisis bancarias han sido el punto más negro de la última década, y especialmente cómo se ponen de perfil ante las estafas bancarias, como por ejemplo las clausulas suelo, entre otras. Los llamados técnicos y no políticos, como Linde o Hernández de Cos, han mirado para otro lado, y se han dedicado básicamente a alertar sobre las catástrofes de la subida del salario mínimo o la recesión que supuestamente llegaría a España en el año 2023. Estos factores, disfrazados de análisis académicos, seguirán presentes ante la llegada de cualquier nuevo gobernador, ya que dicha figura no redacta los informes que se publican, sino que son los economistas titulados los que los llevan a cabo. 

Otro argumento que se ha esgrimido es que el Banco de España ejerce de contrapoder al Gobierno, algo que no es así, y que se encarga de fiscalizar las políticas públicas, lo que tampoco es cierto. Estas aseveraciones son las que se utilizan para negar la posible independencia del ministro Escrivá, lo que no se utilizó con De Guindos, Caruana u otros en el caso europeo. 

El Banco de España emite informes no vinculantes, también realiza previsiones, cuya fiabilidad en los últimos años es muy discutible, pero no intervine en ninguna faceta de la determinación de la política económica del país y nunca podrá influir en las decisiones del Ejecutivo, y mucho menos en las del Legislativo. 

En suma, el ministro Escrivá es un perfecto economista liberal, monetarista y neoclásico, con aprioris ortodoxos sobre el concepto del dinero, la excitante e inverosímil teoría sobre la velocidad de circulación del mismo. Además, como se ha demostrado, es intercambiable en gobiernos del PSOE y del PP, por lo que no causará ningún problema en el Consejo del BCE, algunos de cuyos miembros tienen menor capacidad profesional que él. 

Lo que hay que pedirle desde mañana es que se ocupe y preocupe de la selva en el sector financiero, que mejore la capacidad de defensa de los consumidores, y que sí sea independiente en materia de control y sanción para las entidades que estafan a muchos clientes, no como sus predecesores. Y por su supuesto, en sus ratos libres que haga suyas las conclusiones de la doctrina que emana del Servicio de Estudios, es decir no hay que subir el salario mínimo, obviando la teoría de salarios de eficiencia, que se desdiga de las bondades de su reforma de pensiones, y que mantenga las fantásticas soflamas de la teoría económica y monetaria neoclásica. Nada de esto afectará a la independencia del Banco de España, salvo para los nostálgicos que siguen pensando en pesetas."               (Alejandro Inurrieta , eldiario.es, 04/09/24)

Sumar registra una histórica Proposición de Ley contra los abusos hipotecarios... Según ha declarado Félix Alonso, «reclamamos que los bancos pasen una ITV de las hipotecas y enmendar los ‘errores’ contractuales. Desgraciadamente, mucha gente perdió su vivienda cuando su contrato hipotecario estaba mal hecho»... También se aplicará a aquellos contratos que contengan cláusulas de amortización basadas, total o parcialmente, en un sesgo de comprensión matemático-financiero que supere el entendimiento del consumidor medio. En otro orden, y esto es muy importante para los afectados por cláusulas abusivas de la banca, la Proposición de Ley incluye las cláusulas «que utilicen herramientas conocidas de sesgo en la decisión financiera, que llevan al prestatario a tomar decisiones económicas en contra de sus intereses». Aquí se incluyen técnicas como el anclaje, la parcialidad en la redacción del contrato o la atenuación

 "Félix Alonso lo ha vuelto a hacer. Tras los históricos informes sobre IRPH e hipotecas Redito Ad Libitum (REDAL), ahora, junto al Grupo Parlamentario Sumar, ha registrado en la mañana de hoy en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley, a la que Diario16+ ha tenido acceso.  

El objetivo principal es «establecer nuevas opciones de resolución de los contratos y préstamos hipotecarios en aquellos casos en que existan cláusulas de carácter abusivo   vinculadas a la amortización del pago de la cuota y de sus intereses, que estos carezcan de fórmula para su cálculo o que, en caso de existir, esta pueda contener errores fundamentales que no hagan posible el cálculo exacto de estas cuotas a pagar o esté referenciada en índices para cuya elaboración se hayan tenido en cuenta cláusulas abusivas, así como establecer el mecanismo para la integración de los contratos en las que estuvieran insertadas».

Según ha declarado Félix Alonso, «reclamamos que los bancos pasen una ITV de las hipotecas y enmendar los ‘errores’ contractuales. Desgraciadamente, mucha gente perdió su vivienda cuando su contrato hipotecario estaba mal hecho».

La futura ley tendrá afectaría a los contratos hipotecarios que contuvieran cláusulas REDAL, esto es, que influyan en la amortización que no permiten el cálculo de las cuotas mensuales, «ya sea por errores financieros en las fórmulas o sistemas de amortización, o por falta de información relativa a la carga económica y obligaciones financieras del contrato», indica la proposición.

También se aplicará a aquellos contratos que contengan cláusulas de amortización basadas, total o parcialmente, en un sesgo de comprensión matemático-financiero que supere el entendimiento del consumidor medio.

En otro orden, y esto es muy importante para los afectados por cláusulas abusivas de la banca, la Proposición de Ley incluye las cláusulas «que utilicen herramientas conocidas de sesgo en la decisión financiera, que llevan al prestatario a tomar decisiones económicas en contra de sus intereses». Aquí se incluyen técnicas como el anclaje, la parcialidad en la redacción del contrato o la atenuación.

La Proposición de Ley registrada hoy en el Congreso incluye también todo tipo de cláusulas de amortización «que no provean al prestatario las informaciones relativas a los importes de las cuotas mensuales bajo diferentes escenarios posibles de movilidad de los tipos de interés aplicables al contrato».

También se aplica a la inclusión en los contratos de expresiones de tipo financiero, tales como «sistema francés», «cuotas constantes» o «amortización progresiva», entre otras, que no suelen ir acompañadas de su definición y de sus correspondientes fórmulas.

Según la Proposición de Ley, «las entidades de crédito deberán implantar un sistema de reclamación específico, que tendrá carácter voluntario para el consumidor, y cuyo objeto será atender a las peticiones que estos formulen en el ámbito de esta ley. Las entidades de crédito deberán garantizar que ese sistema de reclamación es conocido por todos los consumidores que tuvieran incluidas cláusula objeto de esta ley en su préstamo hipotecario y puede ser ejercido por cualquier consumidor, independientemente de las acciones judiciales que haya llevado a cabo previamente».Además, limita a los bancos de iniciar acciones judiciales por incumplimiento de las condiciones de pago siempre y cuando las cuotas satisfechas por el cliente «sean superiores a los intereses mensuales». En este orden, la entidad estará obligada a ofrecer al consumidor el acogimiento a un sistema de pago de cuotas mixtas «de importe suficiente para cubrir los intereses y amortizar una cantidad mínima de capital, a su voluntad, siempre que dicha cantidad no sea nula, de modo que no se le podrá atribuir el incumplimiento de la condición del pago de las cuotas mixtas establecida en el mismo».

Por otro lado, la Proposición de Ley afirma que, en el caso de que exista contradicción entre los tecnicismos del contrato y los pactos financieros acordados, el consumidor podrá elegir entre la nulidad de la cláusula de amortización o la aplicación de condiciones financieras que al consumidor le sean más favorables."                   (José Antonio Gómez , Diario16, 16/07/24)

Más de cien banqueros juzgados se han librado de la cárcel tras un rescate cuyo coste ya supera los 100.000 millones

 "El inminente cierre de la instrucción del caso Banco Popular en la Audiencia Nacional, con la decisión de qué directivos se sientan en el banquillo por la ampliación de capital de 2016, marca un cambio de época justo cuando se cumplen doce años del anuncio del rescate bancario, mentado oficialmente por vez primera en un decreto del 4 de febrero de 2012, y casi quince de la primera intervención de una caja de ahorros, la de Castilla-La Mancha, en marzo de 2009 y tras fracasar su fusión con Unicaja.

¿En qué consiste ese cambio de época? Básicamente, en que, salvo que una eventual condena en el caso Popular acabara conllevando algún tipo de responsabilidad civil subsidiaria para el Estado, este habrá dejado de soportar los costes de recolocar el negocio de los bancos quebrados (para no dejar tirados a sus usuarios) y en que los directivos de estos perderán cualquier capacidad de enjuagar operaciones fraudulentas con dinero público antes de que Hacienda, el Banco de España o algún damnificado pueda hallar pruebas de ellas.

El primero de esos dos ámbitos, el de los costes del rescate para el erario público, sigue creciendo tras haber superado los 100.000 millones de euros como consecuencia del aparataje diseñado para afrontarlo por los gobiernos de Mariano Rajoy, con Luis de Guindos como ministro de Economía.

El otro, el de las responsabilidades penales de los directivos de las entidades financieras que fueron objeto de rescate y de reestructuración, está cerrado con un balance de algo más de un centenar de absoluciones, que se suman al centenar y medio de exoneraciones de imputados previas a los juicios orales, y apenas una veintena de condenas que en muchos casos permitieron a sus destinatarios eludir el ingreso en prisión.

Más de 200 investigados y solo veinte entre rejas

Tres de cada cuatro condenados a penas de prisión de más de dos años se concentran en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, en el que, no obstante, otros 48 fueron absueltos o se les asignaron penas inferiores al bienio, cuyo cumplimiento puede eludirse cuando se carece de antecedentes y no se reincide.

La principal condena firme de las black, un sistema de remuneración, o quizás de saqueo, por el que los miembros del consejo de administración disponían de una tarjeta de crédito con la que podían gastar lo que quisieran en lo que quisieran, recayó sobre el exministro popular Rodrigo Rato, condenado a cuatro años y medio de prisión.

Su antecesor en la presidencia de la caja, Miguel Blesa, que había sido condenado a seis años de cárcel por la Audiencia de Madrid, se suicidó antes de que el Supremo se pronunciara sobre su recurso. Él y Rato encabezaban una lista de quince castigados con penas que conllevaban el ingreso en la cárcel.

El que fuera consejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra, fue objeto de varias sentencias condenatorias, una de ellas de tres años y ocho meses por causar un agujero millonario en la entidad.

A la cárcel por no devolver el dinero

También llegaron a ser encarcelados cinco miembros de la cúpula de NovaCaixaGalicia, tres de ellos condenados por prepararse un retiro millonario mientras pedían ayudas públicas para la entidad, otro por hacer la vista gorda y uno más por encargarse de la parte jurídica del fraude.

La Audiencia Nacional, que más tarde acabaría excarcelando al expresidente Julio Fernández Gayoso por su avanzada edad, les impuso sendas penas de dos años de prisión que no pudieron eludir por no haber desembolsado los 22 millones con los que deberían haber indemnizado a la entidad.

La devolución del dinero cobrado de más, 26,8 millones de euros en este caso, fue lo que permitió eludir la prisión a cuatro directivos de Caixa Penedés tras ser condenados a penas de hasta dos años de prisión.

Y lo mismo ocurrió, aunque con sendas multas de menos de 30.000 euros, con los expresidente y exdirector general de Caja Castilla-La Mancha, Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega, y con dos directivos de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo).

Paralelamente, el Supremo revocaba las condenas de cuatro años de prisión que la Audiencia de Zaragoza había impuesto a cuatro directivos de la CAI, mientras que los 41 miembros de la cúpula de Caixa Catalunya juzgados, con el exministro Narcís Serra a la cabeza, como presuntos responsables de un agujero de 720 millones de euros eran exonerados en la Audiencia de Barcelona.

La mayoría de los casos sobre el hundimiento de las cajas de ahorro que llegaron a juicio acabaron con absoluciones para el conjunto de los acusados, como ocurrió en el de la ampliación de capital de Bankia previa a su quiebra, o con penas que no conllevaban el encarcelamiento.

La factura del rescate sigue creciendo tras superar los 100.000 millones

El reflote de esa entidad, que desde su intervención en mayo de 2012 ha quedado como paradigma del fiasco financiero en España, le costó al Estado 26.000 millones en números redondos, una cifra que suponía un tercio de los 73.000 en los que hace casi cinco años el Banco de España cifraba la cuantía del rescate bancario.

Esa cifra no ha sido actualizada oficialmente desde la nota del 20 de noviembre de 2019, aunque sí lo ha hecho el trabajo de algunos economistas como Carlos Sánchez Mato, que la sitúan en 100.194 millones de euros al cierre de 2022 y a la espera de que tanto la Sareb (Sociedad de gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) o banco malo  y el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) presenten sus cuentas de 2023.

El grueso de esa cifra, 79.587 millones, corresponde a la capitalización de entidades (57.813) y a los esquemas de protección de activos (12.3157), a lo que se añaden 5.878 en créditos fiscales diferidos (DTA), la capitalización de la Sareb (2.192) y el coste de las preferentes de Caixa Catalunya y las cajas gallegas (1.387).

Completan el cuadro los 15.032 millones de pérdidas (3.411) y deterioro de activos (11.621) del banco malo, otros 1.505 en avales y garantías a distintas entidades financieras y 4.070 más en otros gastos asociados al rescate, una factura que a fecha de hoy proyecta más perspectivas de incremento que de merma.

"La Sareb perdió otros mi millones solo en el primer semestre del año pasado, con lo que la cifra actualizada va a ser superior", explica el economista, que destaca el incremento de más de 25.000 millones de euros que ha tenido el coste del rescate en cinco años.

También llama la atención sobre otro aspecto: "No hay en la Administración una web que ofrezca estos datos para que el ciudadano los tenga a su disposición. Llevan años soltando tinta como los calamares para que la gente no pueda conocer el coste real del rescate".

"Al principio no computaban las pérdidas iniciales de las Sareb porque decían que iba a ganar dinero. Y tampoco entraban las del Fondo de Garantía de Depósitos alegando que era una entidad privada cuando en realidad está dentro del perímetro de las administraciones", anota."                 (Eduardo Bayona, Público, 17/02/24)

Cada vez es más clara la necesidad de Banca Pública... mientras, por tercer año consecutivo, los bancos españoles han batido récord de beneficios... Los banqueros, en las juntas de accionistas venderán que los resultados obedecen a la magnífica labor de los equipos directivos y los consejos de administración, justificando así que la presidenta del Santander gane 11,7 millones de euros, que el presidente del BBVA 8,29 millones de euros... Nada dirán de las horas de trabajo no pagadas a sus trabajadores... No cuantificarán los recortes de personal o los obtenidos por cierre de miles de sucursales. Ni explicarán que los beneficios proceden de las comisiones abusivas a los clientes... Mucho menos pondrán el acento en que por un préstamo personal están cobrando entre un 5% y un 12% TAE... Como no han dudado a la hora de subir el coste de las hipotecas, llevando al límite a muchos de los hipotecados... Los pequeños ahorradores, los que necesitan un préstamo hipotecario para adquirir una vivienda, los que necesitan banca básica, requieren que el Estado les dé una solución. Incluso el propio Estado necesita una solución para no depender de las entidades privadas, a la hora de hacer llegar a sus destinatarios las campañas de ayuda que lanza el Instituto de Crédito oficial (ICO)... Esto ya ocurrió en la pandemia, cuando el Gobierno lanzó las líneas de avales a empresas y autónomos, y los bancos aprovecharon para colocar sus productos condicionando a los beneficiarios de las ayudas públicas... Ocurre otro tanto de lo mismo ahora, con la línea de 2.500 millones de euros en avales que el Gobierno ha lanzado para la adquisición de vivienda... Los pequeños ahorradores, los que necesitan un préstamo hipotecario para adquirir una vivienda, los que necesitan banca básica, requieren que el Estado les dé una solución... Este país tiene muchos problemas pendientes: vivienda, industria, investigación... Una herramienta fundamental para las necesidades del Estado y para las de los ciudadanos de a pie es tener una Banca Pública. Países como Alemania, Francia, Italia o Finlandia la tienen. Es tan solo un problema de valentía política para apostar por fortalecer el Estado (Roberto Tornamira)

 "Por tercer año consecutivo, los bancos españoles han batido récord de beneficios. Solo el oligopolio que concentra más del 70% del mercado financiero, compuesto por: Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Bankinter, ha ganado más de 26.000 millones de € en 2023.

Un incremento medio del 18,22% en 2022 y del 26,71% en 2023, en tanto que sus plantillas, como muchos otros trabajadores, tienen una pérdida acumulada de poder adquisitivo de entre el 9% y el 12%. Es más que comprensible que los sindicatos del sector financiero se estén movilizando y que hayan convocado una huelga para el 22 de marzo.

                Los banqueros, en las juntas de accionistas venderán que los resultados obedecen a la magnífica labor de los equipos directivos y los consejos de administración, justificando así que la presidenta del Santander gane 11,7 millones de euros, que el presidente del BBVA 8,29 millones de euros o que el presidente de Caixabank 2,2 millones de euros al año (datos de 2022, pues aún no se han publicado las retribuciones de 2023).

                Nada dirán de las horas de trabajo no pagadas a sus trabajadores y trabajadoras, ni de los procesos de ansiedad que hacen padecer a sus plantillas por la carga de trabajo y la consecución de objetivos. No cuantificarán los recortes de personal o los obtenidos por cierre de miles de sucursales. Ni explicarán que los beneficios proceden de las comisiones abusivas a los clientes. Mucho menos pondrán el acento en que por un préstamo personal están cobrando entre un 5% y un 12% TAE, según la entidad y la cuantía. Como no han dudado a la hora de subir el coste de las hipotecas, llevando al límite a muchos de los hipotecados.

                Estos emperifollados banqueros viven en su burbuja de avaricia, pues por un lado saquean a sus clientes y cada día les dan un peor servicio, y por otro se hacen los remolones para pagar intereses por los depósitos. Cómo será de escandaloso que, hasta el Banco Central Europeo (BCE), llama la atención a los bancos españoles por “quedarse atrás a la hora de retribuir los depósitos”.

                Frente a esta orgía de beneficios económicos, los banqueros lloran lágrimas de caimán porque el Gobierno les ha hecho pagar 637 millones de euros, – las compañías energéticas han pagado 817- del gravamen extraordinario. Pero no recuerdan que para obtener esos beneficios fueron dopados con más de 100.000 millones de euros de dinero público; entre el dinero para el saneamiento bancario, 65.000 millones, más los 35.000 de la Sareb que la Comisión Europea obligó a que el Estado lo cubriese con deuda pública, de esa que pagamos todos.

                Si a lo expresado hasta aquí añado la exclusión financiera que el cierre de oficinas bancarias ha ocasionado en la “España vaciada”, a lo largo de los tres últimos lustros, la conclusión es que se hace más necesario que nunca que el Estado se dote de Banca Pública. Una prueba cuantitativa de ello es que los ahorradores se están llevando el dinero de los depósitos a los productos de ahorro que ofrece el Banco de España: desde noviembre de 2022 a noviembre de 2023 se ha pasado de 950 millones en Letras del Tesoro, a 23.977, es decir, que se ha experimentado un crecimiento del 2.424%. Los pequeños ahorradores, los que necesitan un préstamo hipotecario para adquirir una vivienda, los que necesitan banca básica, requieren que el Estado les dé una solución.

                Incluso el propio Estado necesita una solución para no depender de las entidades privadas, a la hora de hacer llegar a sus destinatarios las campañas de ayuda que lanza el Instituto de Crédito oficial (ICO). Esto ya ocurrió en la etapa de pandemia, cuando el Gobierno lanzó las líneas de avales para facilitar liquidez a empresas y autónomos. Más de 91.000 millones de euros que se gestionaron a través de las entidades financieras. Los bancos aprovecharon para colocar sus productos condicionando a los beneficiarios de las ayudas públicas. Ocurre otro tanto de lo mismo ahora, con la línea de 2.500 millones de euros en avales que el Gobierno ha lanzado para la adquisición de vivienda para jóvenes menores de 35 años; las entidades pretenderán colocar los seguros de protección hogar de sus aseguradoras.

                Este país tiene muchos problemas y retos pendientes de resolver: política de vivienda, que no decaiga aún más la industria, apostar decididamente por la investigación… además de blindar los pilares básicos del Estado de Bienestar: Pensiones, Sanidad, Educación y Dependencia.

                Una herramienta fundamental para las necesidades del Estado y para las de los ciudadanos de a pie es tener una Banca Pública que no compita con la privada, que no entre en su lógica.

                No vale decir que en Europa no hay banca pública. Países como Alemania, Francia, Italia o Finlandia la tienen. Es tan solo un problema de valentía política para apostar por fortalecer el Estado. Ya sé que eso no gusta a los de siempre, a los que pretenden jibarizar el Estado hasta su mínima expresión, ni gustará a los banqueros que incrementan insultantemente sus fortunas cada año. Pero que le vamos a hacer, la democracia consiste en respetar las decisiones de la mayoría del pueblo soberano, si no es así, entonces no le llamemos democracia. 

(Roberto Tornamira Sánchez, fue Secretario General de FeS-UGT-Madrid, attac España, 06/03/24)

"Me fiaba del director porque a veces me había ayudado. Me propusieron una inversión de 300.000 euros a cinco años, que el mismo banco me prestó y aseguró que era solo para los mejores clientes, los VIP. En 2011 resultó que la inversión solo valía 45.000 euros y yo debía al banco 255.000. Entonces me sentí perdido"... Muchas víctimas continúan atrapadas en largos litigios tras perder sus ahorros y parte de su salud. Los atropellos no se han limitado a los abusos en las hipotecas, sino que han consistido en incomprensibles contratos como los llamados productos estructurados o swaps. Los damnificados son particulares y pequeños y medianos empresarios... Es injustificable que las entidades sigan alargando los pleitos con recursos (Andreu Missé)

 "Muchas heridas causadas por las malas conductas bancarias que provocaron la crisis financiera de 2008 siguen abiertas. Hay víctimas que continúan atrapadas en largos litigios tras perder sus ahorros y parte de su salud. Los atropellos no se han limitado a los abusos en las hipotecas, sino que han consistido en incomprensibles contratos como los llamados productos estructurados o swaps. Los damnificados son particulares y pequeños y medianos empresarios.

Las operaciones tienen un elemento común. Los bancos asumieron riesgos excesivos y, para cubrirse, los trasladaron a sus clientes. Conductas que han sido masivamente condenadas por los tribunales. Desde 2012, las Audiencias Provinciales han dictado más de 4.000 sentencias sobre estos productos, favorables a los clientes en un 80% en los swaps y en un 65% en los estructurados, según el Observatorio de Fieldfisher Jausàs de 2020. En el Tribunal Supremo, los éxitos de los clientes superaron el 88% en 2019.

Detrás de los fríos números hay historias de sufrimientos de miles de personas atrapadas en operaciones de muy alto riesgo. Es el caso de José Miguel Martín de la Sierra, un pequeño empresario de Palencia, que vive un verdadero calvario por la combinación de tres productos (estructurado, swap y préstamo) que en 2006 le ofreció el Banco de Castilla, filial del Banco Popular, hoy Banco de Santander. Los hechos están en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 28 de abril de 2023 que anuló “todos los contratos de inversión y de financiación” y obligó a las partes a restituirse las cosas objeto de contrato. El banco recurrió al Supremo.

Martín de la Sierra, 72 años, explica: “Me engañaron. Me he pasado la vida trabajando desde los 14 años. Con mi esfuerzo monté una empresa de distribución de alimentos. Trabajaba siempre con el Banco de Castilla y me fiaba del director porque a veces me había ayudado. Me propusieron una inversión de 300.000 euros a cinco años, que el mismo banco me prestó y aseguró que era solo para los mejores clientes, los VIP. En 2011 resultó que la inversión solo valía 45.000 euros y yo debía al banco 255.000. Entonces me sentí perdido, tuve mucho miedo y no dije nada a nadie ni a mi familia. El banco me renovó los préstamos. Han sido muchas noches sin dormir. He tenido tras cánceres. En 2017, enfermo, mis hijos me llevaron a un abogado”.

 La Audiencia se apoya en “un supuesto semejante” del Tribunal Supremo de marzo de 2023 que estableció que con este contrato “el cliente no podía obtener resultados positivos, pero sí cuantiosas pérdidas”. No obstante, según el banco, el cliente conocía el riesgo. “No se hizo una representación mental equivocada sobre los riesgos del estructurado”, indica la sentencia.

El abogado Fernando Zunzunegui, presidente de Finsalud, entidad que investiga los efectos de los abusos bancarios sobre la salud, tomó el caso. Sostiene que “era una práctica antisocial habitual en los bancos que acudían a los clientes y les trasladaban el riesgo que tenían en sus carteras”. Es injustificable que las entidades sigan alargando los pleitos con recursos."                (Andreu Missé , El País, 04/03/24)

Bancos avarientos que destruyen economías y democracias... existe un auténtico “Club de banqueros” formado por políticos, funcionarios, directores ejecutivos de empresas no financieras, dirigentes de los bancos centrales, abogados y economistas que unen sus fuerzas para defender los intereses de la banca privada y hacer que las leyes le favorezcan... Gracias a ello, se ha podido imponer una libertad de acción generalizada que permite a la banca desentenderse de la economía real para dedicarse a la especulación financiera... Prueba de ello es que no más del 15% de la actividad financiera global se dirige a financiar a la que realizan empresas y consumidores para crear bienes y servicios o consumirlos. El resto, pura especulación improductiva... y es cada día más evidente que la banca de nuestro tiempo es la fuente de donde mana el dinero sucio que utilizan los delincuentes que cometen los delitos internacionales más aberrantes y sostienen el crimen organizado, y que son los propios bancos quienes corrompen y financian la corrupción de la vida social y económica, habiendo sido condenados por ello en docenas de ocasiones... Los más de 26.000 millones de euros de beneficios de la banca española son una manifestación más de la degeneración del sistema financiero actual. No son el resultado de una actividad que ayude a las empresas y cree riqueza. Son, en realidad, una autentica regalía, el resultado de un privilegio. El que concede el Banco Central Europeo a los bancos cuando lleva a cabo una política monetaria que sólo sirve para aumentar sus ganancias... Si viviéramos en un mundo decente no se permitiría que todo esto ocurriera (Juan Torres López)

 "Ha querido al azar que hayan coincidido dos hechos que merece la pena comentar. El primero, el anuncio de que sólo los cinco mayores bancos españoles ganaron 26.088,1 millones de euros en 2023, un 25,96 % más que el año anterior. El segundo, la publicación de un nuevo libro del economista Gerald Epstein sobre el papel de los bancos en las economías contemporáneas.

Epstein es catedrático de Economía en la Universidad de Massachusetts Amherst y este libro es el resultado, según él mismo ha comentado, de varias décadas de investigación. En esta obra demuestra, con multitud de datos y documentos, que existe lo que llama un auténtico “Club de banqueros” formado por políticos, funcionarios, directores ejecutivos de empresas no financieras, dirigentes de los bancos centrales, abogados y economistas que unen sus fuerzas para defender los intereses de la banca privada y hacer que las leyes le favorezcan.

Gracias a ello, se ha podido imponer una libertad de acción generalizada que permite a la banca desentenderse de la economía real para dedicarse a la especulación financiera llevando a cabo inversiones muy rentables, pero sumamente arriesgadas. Así ha obtenido cada vez más ganancias y poder, aunque produciendo al mismo tiempo la mayor intensidad de crisis financieras de la historia de la humanidad.

Prueba de ello es que no más del 15% de la actividad financiera global se dirige a financiar a la que realizan empresas y consumidores para crear bienes y servicios o consumirlos. El resto, pura especulación improductiva.

Y no sólo eso, es cada día más evidente que la banca de nuestro tiempo es la fuente de donde mana el dinero sucio que utilizan los delincuentes que cometen los delitos internacionales más aberrantes y sostienen el crimen organizado, y que son los propios bancos quienes corrompen y financian la corrupción de la vida social y económica, habiendo sido condenados por ello en docenas de ocasiones, a pesar de la influencia directa que, en todos los países, tienen sobre la administración de justicia. Basta consultar en cualquier buscador de internet para encontrar multitud de noticias, estudios e informes sobre ello y comprobarlo

Los más de 26.000 millones de euros de beneficios de la banca española son una manifestación más de la degeneración del sistema financiero actual. No son el resultado de una actividad que ayude a las empresas y cree riqueza. Son, en realidad, una autentica regalía, el resultado de un privilegio. El que concede el Banco Central Europeo a los bancos cuando lleva a cabo una política monetaria que sólo sirve para aumentar sus ganancias. Les deja que transmitan las subidas de tipos al crédito sin apenas aumentar la retribución de los depósitos que reciben, mientras que les paga más por los que la banca hace en el banco central. Lo cual, además, genera pérdidas en los bancos centrales que tendrán que pagar los gobiernos, es decir, el conjunto de la ciudadanía.

Los beneficios que vienen obteniendo los bancos españoles sólo pueden calificarse como obscenos e insultantes, no sólo por su cuantía exagerada, cuando las empresas y familias pasan tantas dificultades para salir adelante; sino también por ese origen mencionado y porque muestran que la banca actual, como señala Epstein en su libro, ha perdido su función tradicional, la de administrar el ahorro y financiar a quien necesita recursos para crear riqueza y satisfacer necesidades.

El negocio bancario de nuestros días no contribuye a que funcione la economía. Por el contrario, le pone palos en las ruedas, es corrupto, provoca crisis que pagan los ciudadanos y las ganancias ingentes que obtienen dan a los banqueros un poder político y mediático que destroza las democracias, porque su libertad para ganar dinero sin descanso, sin límites y sin miramientos es, por definición, incompatible con la del resto de las personas.

Si viviéramos en un mundo decente no se permitiría que todo esto ocurriera. La actividad bancaria se consideraría un servicio público esencial para la economía y los bancos estarían obligados a proporcionar recursos a empresas y familias solventes, sin poder provocar su escasez artificial. Habría una banca pública para encargarse de la financiación no necesariamente rentable pero imprescindible, y la privada tendría que someterse a ese principio, ser transparente y rendir cuentas; exactamente lo mismo que los bancos centrales que no pueden seguir siendo meros instrumentos al servicio del interés privado.

Lo que hay tras el vergonzoso beneficio de la banca es sólo avaricia y lo que esta esconde lo descubre a la perfección el saber popular: en el arca del avariento, el diablo yace dentro."               (Juan Torres López, blog, 06/02/24)

Golpe a la banca: Europa declara la nulidad de los préstamos concedidos sin análisis de solvencia... Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE abre la puerta a terminar con los préstamos que la banca concede sin la evaluación adecuada de la solvencia del cliente

 "El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado una nueva sentencia, a la que Diario16 ha tenido acceso, sobre la responsabilidad en la prestación de crédito. La decisión del Alto Tribunal de Luxemburgo es contundente: serán nulos los contratos de préstamo concedidos por los bancos que no cuenten con un informe adecuado de solvencia de los clientes, con consecuencias directas como la imposibilidad de cobrar intereses por el crédito o imposición de sanciones.

En concreto, la sentencia afirma que «procede responder a la cuestión prejudicial que los artículos 8 y 23 de la Directiva 2008/48 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que, cuando el prestamista ha incumplido su obligación de evaluar la solvencia del consumidor, ese prestamista sea sancionado, de conformidad con el Derecho nacional, con la nulidad del contrato de crédito al consumo y la pérdida de su derecho al pago de los intereses pactados, aun cuando ese contrato haya sido ejecutado en su totalidad por las partes y el consumidor no haya sufrido consecuencias perjudiciales a causa de ese incumplimiento».

El procedimiento se refiere al crédito que un consumidor checo suscribió por unos 2.000 euros aproximados con la sociedad JET Money, a la que sucedió EC Financial Services, con la particularidad de que dicho crédito fue satisfecho por un total de 3.500 euros. En tal sentido, el TJUE establece la posibilidad de anulación del contrato se extiende aun cuando éste haya sido ejecutado en su totalidad por las partes y el consumidor no haya sufrido consecuencias perjudiciales a causa de ese incumplimiento.

De hecho, el TJUE insiste en que esta labor de evaluar la solvencia del consumidor «para evitar el mero riesgo de sobreendeudamiento o de insolvencia como consecuencia de una comprobación insuficiente de la capacidad de este para reembolsar el crédito y de su propensión a ello» también pueden producirse después del reembolso del crédito.

Según Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), «esta decisión abre la puerta, a nuestro modo de ver, a revisar productos de crédito que han resultado sumamente nocivos por la incorrecta evaluación del riesgo, como puedan ser las hipotecas crecientes».               (J. A. Gómez, Diario16, 14/01/24)

El oligopolio bancario ha tenido atrapadas a las familias hipotecadas a tipo variable en un corralito del que no ha dejado escaparan durante la subida de tipos, para extraerles toda la renta que ha podido. Además tampoco les ha remunerado sus ahorros como debía... La razón es la falta de competencia resultado de la alta concentración bancaria. Entre ambos períodos se pasa de 60 bancos y cajas a solo 9 bancos. Solucionar este problema pasa por imponer una portabilidad real de hipotecas entre bancos, como se hizo con la telefonía móvil... Los bancos tendrían que estar obligados a publicar en la web de la CNMC sus ofertas hipotecarias y los perfiles de riesgo asociados. No pudiendo rechazar a los clientes que cumplan con las condiciones. La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero vigilaría que así fuera... Solucionar la falta de competencia en el sector bancario exige, no obstante, de cambios de mayor calado: crear un banco público a partir del ICO y las sucursales de la antigua Caja Postal que restaure la competencia (C. M. Urriza)

Carlos Martín Urriza   @carlosurriza

(1/5) El oligopolio bancario ha tenido atrapadas a las familias hipotecadas a tipo variable en un corralito del que no ha dejado escaparan durante la subida de tipos, para extraerles toda la renta que ha podido. Además tampoco les ha remunerado sus ahorros como debía.

(2/5) Esto se ve claramente en la evolución del número de novaciones (cambiar las condiciones hipotecarias dentro del mismo banco) y subrogaciones (cambiarlas saltando a otro banco). Actualmente se ha registrado un volumen menor de ambas en comparación la anterior alza de tipos.

 (3/5) La razón es la falta de competencia resultado de la alta concentración bancaria. Entre ambos períodos se pasa de 60 bancos y cajas a solo 9 bancos. Solucionar este problema pasa por imponer una portabilidad real de hipotecas entre bancos, como se hizo con la telefonía móvil

 (4/5) Los bancos tendrían que estar obligados a publicar en la web de la CNMC sus ofertas hipotecarias y los perfiles de riesgo asociados. No pudiendo rechazar a los clientes que cumplan con las condiciones. La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero vigilaría que así fuera.

 (5/5) Solucionar la falta de competencia en el sector bancario exige, no obstante, de cambios de mayor calado. Como segregar las entidades en unidades más pequeñas o en crear un banco público a partir del ICO y las sucursales de la antigua Caja Postal que restaure la competencia.

3:59 p. m. · 2 ene. 2024 17,4 mil Reproducciones

En España, el tipo de interés medio entre 2010 y 2022 de las tarjetas de crédito en las que el pago se aplaza automáticamente (revolving) fue del 20,14%. Bancos como el Sabadell o el BBVA han estado ofreciendo préstamos al consumo este verano al 19,09% o 15,6%, respectivamente. El resto, a una media del 10%, un tipo que hace que la deuda se duplique cada 7,2 años... los intereses bancariosson una aberración económica, además de una espada de Damocles... los bancos crean el dinero de la nada cuando dan préstamos, lo mismo que hacen los bancos centrales... Si el dinero que prestan los bancos sale de la nada ¿por qué cobran intereses? ¿No bastaría, en todo caso, con realizar un pago en concepto de administración? Y lo que es peor ¿por qué se le da a los bancos la capacidad de cobrar, no un interés normal o natural, sino los leoninos que multiplican ad aeternum la deuda? El sistema actual que permite a los bancos cobrar interés por proporcionar el dinero que no le cuesta nada obtener es un privilegio inmoral y una aberración económica que sobrecarga a hogares, empresas y gobiernos y provoca ruina y crisis económicas. Sólo para hacer bimillonarios a los banqueros (Juan Torres López)

 "El semanario The Economics calculó en un informe publicado el pasado mes de febrero que las empresas, hogares y gobiernos de 58 países que en conjunto representan el 90% del PIB mundial pagaron en 2022 un total de 13 billones de dólares en intereses a las entidades financieras, 2,6 billones más que en 2021. Casi lo mismo que el dinero destinado a salud y educación en todo el mundo.

Los intereses que se pagan a los bancos constituyen una losa brutal para hogares, empresas y gobiernos pues dificultan o incluso impiden el ahorro, la inversión y el desarrollo adecuado de la actividad productiva que satisface necesidades humanas. Sirvan un par de ejemplos.

En España, el tipo de interés medio entre 2010 y 2022 de las tarjetas de crédito en las que el pago se aplaza automáticamente (revolving) fue del 20,14%. Bancos como el Sabadell o el BBVA han estado ofreciendo préstamos al consumo este verano al 19,09% o 15,6%, respectivamente. El resto, a una media del 10%, un tipo que hace que la deuda se duplique cada 7,2 años.

En la Eurozona, la deuda pública aumentó en 12,2 billones de euros desde 1995 a 2022 y los intereses en 7,2 billones. Es decir, 6 de cada 10 euros de aumento de la deuda pública europea en ese periodo vinieron del pago de intereses.

Pero los intereses no sólo no son una losa. Una de las grandes mentiras económicas que la gente se cree es la que dice que los bancos han de cobrar intereses porque arriesgan el dinero de sus clientes puesto que prestan sus depósitos. Es falso, como explico con claridad en mi libro Econofakes. En realidad, los bancos crean el dinero de la nada cuando dan préstamos, lo mismo que hacen los bancos centrales. Y lo crean, como decía el economista liberal francés Maurice Allais, gracias a una ficción: quien deposita el dinero en un banco cree que lo tiene disponible allí, pero el banco lo usa para prestar a mayor interés o para invertir, de modo que el dinero se multiplica.

Se pagan intereses a los bancos sin necesidad, porque se les ha concedido ese privilegio. De hecho, los bancos ni siquiera desempeñan hoy día su función económica natural, la de intermediar entre quienes ahorran y quienes invierten. Se han convertido ellos mismos en inversores del dinero ajeno, quedándose con las ganancias y trasladando a la economía el riesgo enorme y el gran coste que eso lleva consigo.

Si el dinero que prestan los bancos sale de la nada ¿por qué cobran intereses? ¿No bastaría, en todo caso, con realizar un pago en concepto de administración? Y lo que es peor ¿por qué se le da a los bancos la capacidad de cobrar, no un interés normal o natural, sino los leoninos que multiplican ad aeternum la deuda?

El sistema actual que permite a los bancos cobrar interés por proporcionar el dinero que no le cuesta nada obtener es un privilegio inmoral y una aberración económica que sobrecarga a hogares, empresas y gobiernos y provoca ruina y crisis económicas. Sólo para hacer bimillonarios a los banqueros.

El escritor italiano y superviviente del Holocausto Primo Levi escribió en su libro Los hundidos y los salvados sobre los campos de concentración nazis: «Es el deber de los hombres justos hacer la guerra a todos los privilegios inmerecidos». Para nuestra desgracia, quienes gobiernan el mundo y hacen las leyes no sólo no siguen este principio sino que son ellos mismos quienes conceden los privilegios y protegen a los privilegiados."             (Juan Torres López, Ganas de escribir)